“Florence Cassez en exclusiva”: El documental que hubieran sacado hace años

El documental en tres partes de Daniel Ruiz está disponible en youtube.

Lo encontramos un poco anacrónico. Pero mas vale (muy) tarde que nunca. Que lastima también que le sigan dando la palabra a esa torturadora y corrupta de Isabel Wallace. ¿O sea que todavía creen que esta harpía tiene alguna autoridad moral para hablar de justicia?

¿Para cuándo un documental sobre Israel Vallarta, sobre Brenda Quevedo Cruz, sobre Jacobo Tagle, …? La historia de Florence abrió un camino que todavía “nos” negamos a iniciar… Llamada a los documentalistas: tomen riesgos. Es lo que nosotros hacemos cuando ustedes tuvieron miedo a denunciar las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos.

El Teatro del Engaño en librerias: la verdad sobre el caso de los Vallarta

Teatro del Engano

El Teatro del Engaño, un libro de la periodista Emmanuelle Steels, actualmente en librerías.

Es la historia de un monumental engaño al pueblo de México. Ni el primero, ni el último… Pero han pasado diez años, y la farsa sigue. El caso de Israel Vallarta, ex pareja de Florence Cassez, y sus familiares, torturados, encarcelados, acusados de pertenecer a la supuesta banda de Los Zodiaco, es, más allá de una perturbadora fabricación de culpables, un montaje que daña a la opinión pública, utilizada como altavoz de las mentiras oficiales. La digna indignación de la sociedad mexicana por el tema del secuestro fue aprovechada para engañarla y hacer creer que se luchaba eficazmente contre el crimen, cuando lo único que se hacía era usar recursos públicos para armar un perverso simulacro, burlarse de las víctimas y condernarlas a mentir. Se torturó para ofrecer a las televisoras un buen show, porque para las “verdades históricas” de todo índole, hace falta tortura. Mientras los autores de esta vergonza pantomima salieron premiados, Israel Vallarta lleva diez años en la cárcel. Sus dos hermanos y tres sobrinos suman, entre todos, 24 años privados de su libertad. El libro analiza el tratamiento mediático, político y judicial del caso y exhibe un poder adicto a la simulación.
A través de esta página, iré compartiendo contenidos, fotos, convocatorias, para dar a conocer el doble engaño, el montaje mediático y su interminable secuela judicial.

Ver: librosméxico.mx

Descargar: ISF

Comprar en línea: megustaleer.com.mx

Ricardo Raphael analiza la postura de Isabel Miranda de Wallace en contra de la CIDH

Una entrevista de NRM Comunicaciones con Ricardo Raphael.

“Ciertamente, Wallace y el propio Samuel pertenecen a un grupo que se puso a otro en el tema de la violencia  durante el sexenio pasado.”

Foto: Cuartoscuro/Archivo
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ricardo Rafael analiza las acusaciones que lanzó Isabel Miranda de Wallace en contra de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Documentos legales de la demande de Florence Cassez vs. Procuraduría General de la República

Florence Cassez25 de febrero de 2015: Acreditación de archivos del hospital

23 de febrero de 2015: 2o acuerdo de la apelación

13 de febrero de 2015: 1o acuerdo de la apelación

9 de febrero de 2015: Apelación

22 de enero de 2015 : Demanda por daño moral de Florence Cassez contra Procuraduría General de la República y otros.

A Florence Cassez “le destruyeron su vida”: abogado en CNN

Artículo publicado el 2 de febrero de 2015 en el sitio Aristegui Noticias.

“La inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando… si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”, comentó José Patiño.

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La ciudadana francesa, Florence Cassez es víctima del sistema mexicano, pero no del sistema de justicia en general, sino que fue víctima de una serie de personas que se reunieron para crearle un problema y ese daño moral que le han causado, desde que ingresó a la penitenciaria hasta actualmente donde vive ella en Francia. “A ella le destruyeron su vida”, señaló José Patiño Hurtado, abogado de Cassez.

En entrevista para Aristegui CNN, reconoció que todo el mundo duda de su defendida; “ella es una persona que siempre fue inocente, prueba de ello es que estas personas le escenificaron algo fuera de la realidad -como dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar -, y la inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando, porque si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”.

A través de su abogado, Cassez interpuso una demanda en México, contra el ex presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, por daño moral. La demanda también incluye a varios de funcionarios del anterior sexenio, e incluso contra el conductor de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola, quien transmitió en 2005 el montaje que resultó la detención de la francesa. Sin embargo, un juez federal rechazó la demanda.

Patiño aseveró que “Felipe Calderón envía a su secretario particular, eso lo leí en todas las notas, por eso lo tenemos documentado con todas las notas periodísticas, envía a Roberto Gil para que gestione e impida que los ministros la liberen, es una presión política, invadiendo un poder distinto al que el tenía, violando cualquier norma y teniendo un interés personal. Porque solamente una persona que tiene interés personal envía a su secretario particular a gestionar a que no le den un amparo, cuando realmente ya no es papel de él”.

Lo hizo “invocando que se le iba a caer el plan, que se iba a caer el secretario de Seguridad Pública, si el secretario y todos los demás están escenificando algo, el señor tenía el deber de actuar e impedir que se llevaran más anomalías en el proceso, está incurriendo en una situación anómala y por eso es su responsabilidad”, acusó Patiño.

Sobre la participación de Televisa, el abogado indicó que también tiene una responsabilidad,  “porque sabían el daño que le iban a ocasionar, al haber escenificado algo fuera de la realidad, ellos conocían el daño que iban a ocasionar, no fue delito culposo, usaron toda la fuerza del Estado para hacerle creer a la población, tanto de México como del mundo, que estaban combatiendo la delincuencia. Cuando fue una escenificación de algo que no fue cierto”.

Recordó que “también estamos demandando a la Procuraduría General de la República (PGR), por eso es una demanda de Estado, no es una demanda únicamente contra los particulares, aquí estamos demandando a la PGR, a quien era el titular Daniel Cabeza de Vaca, a los funcionarios Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Israel Zaragoza Rico, Facundo Rosas, a Roberto Gil Zuarth, y al propio ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, también a Carlos Loret de Mola y a un periodista que se llama Pablo Reinah”.

Patiño explicó que ante la demanda, “el juzgado se declara incompetente. La denuncia la presentamos el 23 de enero, tenemos tres días para impugnarlo y lo vamos a impugnar, estamos analizando los argumentos que son muy sencillos porque tiene responsabilidad, el juez tiene la jurisdicción y la capacidad de resolver este asunto”.

Buscamos “que se le repare el daño en las peticiones que estamos solicitando, de acuerdo a las capacidades económicas de los que están involucrados en haberle hecho el daño”, enfatizó.

Defensa de Cassez demanda a Calderón, García Luna, Televisa y Loret por 36 mdd

Artículo publicado el 26 de enero de 2015 en la revista Proceso.

Florence Cassez a su llegada a Francia.  Foto: AP / Christophe Ena
Florence Cassez a su llegada a Francia.
Foto: AP / Christophe Ena

José Patiño, abogado de Florence Cassez, anunció que presentó una demanda por 36 millones de dólares por el delito de daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, el exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la empresa Televisa, el locutor Carlos Loret de Mola y el reportero Pablo Reinha, entre otros.

El monto de la demanda obedece a “la capacidad económica” y porque a Cassez “la mataron en vida”, argumentó el abogado.

El periódico La Jornada publica hoy una entrevista con Patiño quien le detalla que Cassez incluyó como responsable del daño moral a Luis Cárdenas Palomino, exdirector general de Investigación Policial de la AFI; a Israel Zaragoza Rico, titular en ese momento de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro; a Facundo Rosas, exfuncionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada y al actual senador Roberto Gil Zuarth, en ese entonces secretario particular de Calderón Hinojosa.

Y hoy, en entrevista con MVS Noticias, Patiño defendió la decisión: “Si no la defendemos ahora, cualquiera de nosotros puede ser acusado de manera injusta y señalado por la sociedad. El delito, es un delito doloso no culposo pues supieron que era ilegal”, refirió el abogado.

El pasado jueves 23 de enero se cumplieron dos años de la liberación de Cassez, quien pasó siete años en prisión acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Ese día la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa bajo el argumento de que su detención fue producto de un montaje televisivo y “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión”.

Florence Cassez, contra la impunidad

Articulo publicado en SDP Noticias
El 3 de octubre del 2014
Florence Cassez
Florence Cassez
Los responsables de este lamentable suceso están debidamente identificados, además son repudiados por un amplio sector de la población.
Tenía que venir de fuera una verdadera adversaria del corrupto Poder Judicial para desafiar con indudables posibilidades de éxito una cruenta batalla frente a una institución que por siglos se ha mantenida intacta, y que por lo tanto es garante del conveniente Estado de Derecho que hoy nos rige.
La ciudadana francesa acusada y encarcelada por un delito del que nunca pudimos saber a ciencia cierta si lo cometió o no, fue liberada por cuestiones metaconstitucionales, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir dado el corruptísimo proceso a través del cual se le acusó, condenó y encerró; lo que derivó en elevar el descrédito de las instituciones responsables de impartir la justicia en nuestro país. El asunto fundamental que desde el inicio de este tormentoso caso se procuró, fue la nefasta participación de los actores encargados de la seguridad nacional, así tenemos que el hasta hoy intocable Genaro García Luna era ya visto con ojos de absoluto desdoro porque nunca pudo demostrar a la opinión pública que su función como servidor público, correspondía con todas sus responsabilidades contraídas; desde entonces se sabía que este farragoso caso no tendría el final feliz que los panistas que entonces gobernaban le auguraban.
Esta demanda no es menor, sobre todo si nos atenemos a las altas expectativas que en materia de política exterior  viene sosteniendo el presidente Peña Nieto, la petición en contra de quienes resulten responsables dará frutos muy provechosos, porque podría ser el inicio de un fortalecimiento del Estado de derecho, y un esfuerzo por atacar a la corrupción desde sus raíces.
No es gratuito fundamentar lo anterior, ya que posterior a la liberación de la susodicha, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (hoy tan desacreditada y acusada de solapar a los verdaderos delincuentes) sostuvo que además merecían sanción los directamente involucrados, tan es así que afamados juristas han señalado que aplicar la ley para corregir este bochornoso delito cometido en contra de la ciudadana francesa, era y sigue siendo de extrema urgencia; más aún, ahora que se consiguió reformar la Constitución para llevar a cabo planes de crecimiento económico y social, es cuando más se necesita que el Poder Judicial se fortalezca y se demuestre al exterior que con este gobierno las cosas van muy en serio.
Por supuesto no es tarea fácil, si en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue ampliamente criticada por su intervención en un caso que supuestamente estaba debidamente fincado jurídicamente, imaginemos que los emisarios del pasado están muy fortalecidos y eso constituye un grave problema para que la procuración de justicia sea amplia y expedita; de resultar esto, la República estaría transitando por inéditas avenidas que desde luego ofrecerían al interior y al exterior, mejores posibilidades de progreso sostenido y democrático.
Los responsables de este lamentable suceso están debidamente identificados, además son repudiados por un amplio sector de la población, de llevar a cabo un proceso limpio y legal, el Poder Judicial rescataría un poco del prestigio perdido; para esto es necesario un gran esfuerzo político, acción que hace muchos años no vemos como práctica cotidiana de quienes nos gobiernan; al fin y al cabo la demanda de la Sra. Cassez está debidamente fundamentada y es generosamente conocida a nivel internacional, lo cual constituye una importante oportunidad para retomar el camino democrático que  el gobierno Calderonista omitió para privilegiar oscuros intereses.
Una de las principales batallas de este gobierno, es el combate a la impunidad, ojalá y esta acción tenga las repercusiones que todos los mexicanos estamos esperando.

Florence Cassez presenta denuncia por su detención ilegal en México

Artículo publicado en Proceso

El 2 de octubre de 2014

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A 22 meses de su liberación, luego de permanecer siete años en prisión acusada de secuestro, Florence Cassez decidió que ya era hora de saldar cuentas con los protagonistas del infierno que vivió en México y presentó una denuncia en los tribunales franceses por su detención ilegal.

Según las agencias internaciones que recogieron el hecho, la querella fue promovida el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía parisina; en ella no responsabiliza a ninguna persona en particular, pero busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto, el 8 de diciembre de 2005. En el juicio que enfrentó dichas personas están claramente identificadas. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y su brazo derecho, el exsubsecretario Luis Cárdenas Palomino.

Incluso, la propia Corte dejó en claro que su arresto fue un montaje para Televisa, particularmente para su conductor estrella Carlos Loret de Mola.

Luego de permanecer siete años en prisión, Cassez apeló la sentencia y el 23 de enero de 2013 la SCJN la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa por tres votos contra dos.

El argumento central fue que el montaje televisivo de su detención “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión” ante la justicia mexicana.

Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. Sólo fijaron su postura sobre si se violaron sus derechos humanos y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.

Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo “liso y llano”, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron “tan graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso”. En contra votaron José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo.

Florence Marie Louise Cassez Crepin llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, que quedó al descubierto en febrero de 2006.

La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. En marzo de 2012 la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.

Durante su administración, el expresidente francés Nicolas Sarkozy presionó al gobierno mexicano, que encabezaba el panista Felipe Calderón, para que Florence Cassez cumpliera su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).

Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.

La “reconciliación” entre ambos países se materializó en abril pasado, en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó, junto al mexicano Enrique Peña Nieto, la voluntad de abrir una “nueva página” a través de una “cooperación excepcional” en una amplia gama de sectores.

El resurgimiento de Florence Cassez

Artículo publicado en SDP Noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 3 de octubre de 2014

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”.

Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de lo que la ley le exige incurre en una grave violación al “Debido Proceso”, lo que quiere decir que incumple flagrantemente con el mandato de la ley.

El día de ayer nos desayunamos con la noticia de que la ciudadana de origen francés Florence Cassez, conocida por el denominado “juicio del siglo” como bien lo intituló el Dr. Luis de la Barreda, tras un encarcelamiento que compurgó durante siete largos años en México y, que culminara después de una oleada de múltiples acontecimientos y cuestiones mediáticas tanto a favor como en contra, en su libertad absoluta en enero de 2013, reapareció el día de ayer tras interponer una denuncia formal en París por “detención y encarcelamiento ilegales”.

Florence “pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”, y no debemos omitir en ningún momento que el único culpable conforme a derecho de la violación de los derechos constitucionales de Cassez en su momento, es el desaparecido ex Secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, personaje polémico del sexenio calderonista que se le caracterizó además de los montajes, por los presuntos vínculos con la delincuencia organizada, como también se encuentra documentado y sustentado por medio del semanario Proceso, pero que para que pueda estarse en posibilidad de prosperar tal acción legal que ya realiza la ciudadana francesa, bien debe acudir ante la justicia mexicana, es decir, regresar a nuestro país, ahora revertiendo la situación, tal y como esa “ley del boomerang” como denunciante, e insisto, en contra del ex funcionario, que se encuentra hasta este momento sin saberse nada sobre su paradero oficial.

Retomando un poco el análisis de este controvertido caso, Francia, en su momento recurrió a la Convención Sobre Traslado de Personas Condenadas firmada en Estrasburgo en 1983 de la cual México también es parte y que tiene por objeto “que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen”, y en consecuencia, fue solicitado el traslado de Florence Cassez a Francia, insisto, tomando como base legal la presente convención, para cumplir su sentencia en dicho país; sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón se negó a tal acción, por todas las presiones que existían en ese momento, así como también para encubrir a García Luna, violando flagrantemente los términos de esta Convención Internacional, que dicho sea de paso, es de rango y observancia constitucional, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eleva como derecho fundamental la garantía o derecho humano de “debido proceso legal”; es decir, ser sometido a juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”; desde entonces, incluso antes de ser procesada, Cassez quedó estigmatizada. En febrero de 2006, las autoridades tuvieron que reconocer que las imágenes televisadas “no correspondían ni a la realidad ni a un rescate en vivo”.

En el caso Cassez, el propio montaje ocurrido, en efecto, fue una violación al “Debido Proceso”, los artículos 14 (formalidades esenciales del procedimiento) y 16 párrafo cuarto, dentro de los requisitos formales de legalidad que exigen los dispositivos constitucionales de nuestra Carta Magna fueron a todas luces quebrantados en perjuicio tanto de la francesa como de Israel Vallarta, dos de sus hermanos y tres sobrinos de este último, quienes siguen recluidos ilegalmente y aún sin sentencia.

El presente asunto, dejó de ser un caso de secuestro para convertirse en una controversia a todas luces política, donde las autoridades no podían desprestigiarse más a sí mismas, toda la atención que habían volcado en Cassez era ahora su mayor enemiga.

Tras siete años se cerró un caso, mismo que se solucionó “al estilo mexicano”; es decir, se resuelve en menos de un mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decidirse reabrir el caso en amparo en revisión, donde la controvertida Florence Cassez es puesta en absoluta libertad, y la autoridad reconoce simplemente su equivocación y dejan salir libre a alguien, que regresa a su país de origen, previa estancia ilegal en los Penales tanto de Santa Martha Acatitla y Tepepan en el Distrito Federal, y que ahora regresa “a escena” para pedir castigo a los culpables de su ilegal encierro. ¿Ahora hasta a dónde llegará todo esto?

Inventando culpables

Publicado en la revista Proceso

Por Denise Dresser

Fecha: 31 de agosto de 2014

El-montaje-de-García-Luna-Cartón-de-RochaUn ejercicio contra la impunidad. Un argumento para que los intocables no sigan siendo intocables. Un llamado de atención a quienes tomaron el país como su propiedad. Su feudo. Su reino particular. Una denuncia contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y Marisela Morales por lo que hicieron en el caso controvertido de Florence Cassez. Así es el libro de José Reveles, El affair Cassez / La indignante invención de culpables en México. En cuyas páginas describe ese caso paradigmático que evidenció la podredumbre de las instituciones que supuestamente imparten justicia en México pero acaban saboteándola.

He allí al gobierno de Calderón manipulando, politizando, criminalizando, prefabricando el caso Cassez para demostrar que actuaba con “firmeza” contra la delincuencia organizada. Creando una “justicia a la carta”, al gusto y conveniencia de Los Pinos y sus aliados. Llevando a que muchos mexicanos continúen considerando a Cassez culpable, liberada por razones ajenas a su condición de “secuestradora”. Y por ello es imprescindible desmenuzar las iniquidades de su detención, arraigo y consignación. Los procesos judiciales irregulares que acompañaron su caso. La condena excesiva sin evidencia. La siembra de rehenes y testigos. Irregularidades y arbitrariedades a las que se ven sometidos muchos más que el caso Cassez tan sólo sacó a la luz.

La forma en la cual numerosos mexicanos son torturados. La manera en la cual familias enteras son criminalizadas. Cómo se compran testigos. Cómo se alteran archivos, testimonios y peritajes. Cómo se siembran rehenes. Por qué hay tantos inocentes presos a los que se han negado los más elementales derechos de acceso a la justicia. Y la responsabilidad de sucesivos procuradores de la República –Rafael Macedo de la Concha, Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales– que encarcelaron con imputaciones apoyadas sólo en declaraciones de testigos protegidos o comprados. Responsables de manufacturar delitos con fines propagandísticos o personales.

Valiente el hecho de que José Reveles vaya a contracorriente de lo que la mayoría de la población cree sobre Florence Cassez. Valiente que cuestione la “verdad única” que los medios y la autoridad sembraron con la pregunta: ¿Pesan más las violaciones a los derechos de una secuestradora que el sufrimiento de sus víctimas? Valiente que ponga en tela de juicio dos premisas falsas y percepciones equívocas: Que ella sí era plagiaria y que las víctimas fueron violadas o lastimadas. Reveles expone –a pesar de lo que piensan muchos mexicanos de manera prejuiciosa– que la justicia se prostituyó por motivos políticos y de glorificación personal.

No hay que olvidar que Genaro García Luna promovió un montaje televisivo para engañar a la opinión pública y fingir un rescate “en vivo” de tres víctimas de secuestro. O que los supuestos plagiarios habían sido detenidos un día antes. O que Florence Cassez pasó –según Reveles– 53 horas sin asistencia consular. O que a lo largo de un proceso amañado no tuvo acceso efectivo a la justicia. Y que a pesar de la decisión de la Suprema Corte que la liberó, el juzgamiento de los funcionarios públicos responsables de esta gran impostura nunca ocurrió.

No hay que olvidar las preguntas sin respuesta: ¿Por qué las víctimas del secuestro jamás denunciaron que fueron utilizadas por la Policía Federal para una recreación televisiva? ¿Por qué no presentaron una queja por el abuso de su calidad de rehenes dobles, primero de la delincuencia y después de la autoridad? ¿Por qué insistieron en que fueron rescatadas el día del montaje y nadie les ha reclamado esa mentira, repetida hasta el cansancio? ¿Por qué cambiaron drásticamente sus declaraciones después de que la PGR las premió enviándolas a vivir a Estados Unidos? ¿Las víctimas se convirtieron en victimarios a modo?

Y en todo ese proceso irregular, plagado de interrogantes a las que nadie quiere responder, hay un tema fundamental. Si Genaro García Luna y Marisela Morales no son investigados y sancionados, el gobierno de Enrique Peña Nieto seguirá mandando el mismo mensaje de siempre. Que los mexicanos estamos a merced de policías corruptos, jueces parciales y magistrados politizados. Que el histórico fallo de la Suprema Corte –en el cual se liberó a una mujer a la cual le violaron todas sus garantías fundamentales– habrá servido de poco. Que nadie pagará en México por tanto abuso. Hasta el momento la Procuraduría General de la República no se ha pronunciado sobre si los delitos posiblemente cometidos por Genaro García Luna han prescrito o no. Prevalece el silencio, y con él la impunidad.

La impunidad que protege a Genaro García Luna. A Luis Cárdenas Palomino, entonces director de Investigación Policial. A Garza Palacios, director de Operaciones Especiales. A Jorge Rosas García, titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro. A Israel Zaragoza Rico, subdirector del área de secuestros de la AFI. A los AFI José Aburto Pazos, José Escalona Aldama, María Isabel Arzate, Germán Ovidio Zavaleta y Carlos Servín Castorena. Por obstaculizar la administración de la justicia, por abusar de la autoridad, por falsedad de declaraciones y por el ejercicio indebido del servicio público.

El caso de Florence Cassez debería funcionar como una alerta, un foco rojo, un llamado a la acción urgente. Porque reveló cómo no funciona la justicia en México, desde el momento en que la captura fue recreada como montaje a modo. Porque reveló que los intereses políticos y personales –en esta instancia de Genaro García Luna– pesaron más que el respeto a los derechos individuales. Y así el “debido proceso” se convirtió en el “indebido proceso”. La justicia convertida en farsa, lo que indigna a José Reveles y que debería indignar a cualquier mexicano. La capacidad que tiene el sistema judicial para aprehender a presuntos inocentes y transformarlos en indudables culpables. La capacidad que tiene el sistema penal para encarcelar a alguien porque al presidente en turno le conviene. La sensación surrealista que queda después de leer el libro y entender lo que ocurrió. El Estado mexicano inventó un culpable y, dado que no hubo sanción, sigue y seguirá haciéndolo.