Los Ángeles Press: nuevas evidencias en caso Wallace

Artículo de Guadalupe Lizárraga publicado en el Los Ángeles Press.
Fecha de publicación: 6 de Julio del 2015
Adulterio de Isabel Miranda, falsificación de actas de Hugo Alberto Wallace y certificación de acta original por juez de Registro civil son parte de nuevas evidencias que desmoronan el caso Wallace.

Isabel Miranda Torres y Martín Moreno en la promoción del falso secuestro Wallace. Foto: El Universal

 

El mito del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005 ha llegado a su fin al confirmarse oficialmente su verdadera identidad, escondida y manipulada desde su nacimiento, por su madre Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace”. El juez 28º del Registro civil de la Ciudad de México, José Luis Keymur Landeros, certificó el 26 de junio de 2015 que el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, es copia fiel del original perteneciente al libro 01, foja 27, partida 27, año de 1970. Con ello, se valida la evidencia de una doble identidad de la supuesta víctima de secuestro y homicidio presuntamente perpetrado el 11 de julio de 2005, y de la que no se encontró nunca el cuerpo, pero por la que pagan cadena perpetua cuatro sentenciados y dos más aún están en proceso judicial.

María Isabel Miranda Torres, el 15 de enero de 1970, presentó a un hijo vivo ante el Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, bajo el nombre de Hugo Alberto. Ella se identificó como Isabel Torres, de 21 años de edad y trabajadora del hogar. El supuesto progenitor de Hugo Alberto se presentó como Jacinto Miranda, de 31 años de edad y empleado de una empresa. Con esta acta de nacimiento, según el código de verificación 29230515, del que da fe de originalidad el juez Keymur Landeros, se ratifica también la invalidez de la única evidencia aportada por los Wallace consistente en la prueba de ADN de una gota de sangre extraída del departamento donde supuestamente Hugo Alberto fue mutilado con una sierra eléctrica, según la versión de su madre. El resultado de la prueba de ADN fue la coincidencia con el perfil de ADN de Isabel Miranda y Enrique Wallace Díaz, quien –con esta acta– se corrobora legalmente que no es Wallace el padre biológico de Hugo Alberto.

Con la autenticidad del acta de nacimiento también se revela que Isabel Miranda mintió ante las autoridades del Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, sobre su verdadero nombre y edad. Ya que registró a su hijo identificándose como Isabel Torres, de 21 años, hija de Mónica Romero y Alfredo Torres. Mientras que en su propia acta de nacimiento se señala que ella nació el 27 de mayo de 1951, y por lo tanto tendría 18 años de edad al momento del nacimiento de su hijo en 1969. En la misma acta se especifica que Isabel Miranda es hija de Fausto Miranda Romero y Elfega Torres Jaimes, de acuerdo con los datos oficiales de la Entidad 9, Delegación 1, Juzgado 3, Libro 20, Acta 288, del año 1951.

Acta original certificada por el Juez 28ª del Registro Civil.

Copia de acta con fecha de registro del 19 de noviembre de 1975, expedida en diciembre de 2006.

Una copia certificada de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto con los apellidos de Wallace Miranda fue expedida el 10 de febrero de 1982 por la Oficialía 1 del Registro civil de Texcoco, Estado de México. En esta copia se especifica que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, el 12 de octubre de 1969, y da fe de certificación Alejo Vázquez Ávila, quien no cuenta con cédula profesional. El oficial que levanta el registro civil es Abundio Vergara Mata con el número de acta 2371 y el número de control 1399. Sin embargo, el documento no especifica día ni mes, ni aparece el original del registro en la Consejería del Distrito Federal ni del Estado de México.

En esta misma fecha de expedición, Abundio Vergara Mata fungía como oficial del Registro civil de Texcoco, sin embargo aún no contaba con una cédula profesional. Fue hasta el 26 de marzo de 1982, cuando obtuvo el grado de Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cédula profesional 765481.

El 18 de diciembre de 2006, un año y cinco meses después del supuesto homicidio de Hugo Alberto, su madre, Isabel Miranda solicitó otra copia certificada de una tercera versión del acta de nacimiento de su hijo. En esta versión se incluyó el reconocimiento por parte de Enrique Wallace Díaz y el acta fue expedida en el municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, bajo la fe y el sello de la notaría 157, a cargo del notario Plácido Núñez Barbosa. No obstante, en este tercer documento, en el que se especifica también que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, y no en Tuxpan como dice su acta original, Isabel Miranda declaró tener 24 años de edad cuando supuestamente presentó a su hijo vivo ante el Registro civil de Texcoco, mientras que en la segunda acta declaró tener 21 años, y en el acta original se señala que en realidad tenía 18.

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El mito desmoronado

Para el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, el personaje de la señora Wallace, “el de la figura ficticia de la madre coraje quién se supone investigó sola el secuestro y el asesinato de su hijo ha desaparecido”. El activista reconocido por la defensa de los culpables fabricados en México, abunda que “el mito de la señora Wallace, a todas luces cumplía con una función política en el período del gobierno de Felipe Calderón”.

Bertet explica que al defender el caso de los culpables fabricados de Isabel Miranda para sostener el falso secuestro de su hijo, estaban conscientes, él y su equipo de trabajo, de los riesgos que corrían, “ya que que todas las personas que se habían atrevido a seguir las líneas de investigación descartadas por las autoridades mexicanas habían recibido amenazas o habían sido objetos de represalias”.

“Lo más aterrador en el caso Wallace”, señala el activista canadiense para Los Ángeles Press, “es darse cuenta que Hugo Alberto Wallace Miranda ni siquiera existe como persona legal. Es decir, que seis personas, más las víctimas colaterales y los demás inocentes encarcelados para hacer creer que existía una banda de secuestradores responsables de la desaparición de Hugo Alberto y de otros, fueron procesadas, torturadas y cuatro de ellas condenadas a cadena perpetua por un crimen que nunca sucedió, por el simple hecho de que el victimario no existe”, enfatiza.

Por otra parte, Bertet destacó los rastros de vida de Hugo Alberto Miranda Torres, que desde el 31 de mayo de 2014 en siete ediciones presentó Los Ángeles Press sobre el falso secuestro Wallace y la tortura a las víctimas para que se incriminaran. El activista enfatiza que “a cambio, existen pruebas contundentes que su alter ego, Hugo Alberto Miranda Torres, estuvo vivo al menos hasta el año 2010, ya que él mismo tramitó su CURP cinco años después de la supuesta muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda.”

El adulterio de Isabel Miranda

Isabel Miranda, madre soltera y empleada en el hogar, tenía 27 años y dos hijos cuando se casó con Enrique del Socorro Wallace Díaz, nicaragüense, de 39 años de edad, divorciado y empresario. El matrimonio fue consumado el 28 de septiembre de 1978 en Coyoacán, Distrito Federal, según el acta. Para entonces, Hugo Alberto tenía nueve años de edad y su hermana Claudia tres.

Sin embargo, desde 1973, Isabel Miranda sostenía relaciones sexuales adulterinas, según lo especificado por la primera esposa de Enrique Wallace, la señora Guadalupe Magallanes, motivo por el cual demandó a su esposo el divorcio necesario. Magallanes dejó asentado en el acta que el 3 de noviembre de 1973 llegó a su domicilio conyugal una señora de nombre Isabel Miranda y “le manifestó que llevaba relaciones sexuales adulterinas con el esposo de la actora, y que en eso llegó su madre, María Teresa Villareal, viuda de Magallanes, y que nuevamente Isabel Miranda repitió lo antes expuesto”, además de preguntarle por los bienes de propiedad de su esposo.

El divorcio fue promovido por Magallanes y para el 22 de julio de 1974, Enrique Wallace perdía la custodia de sus cinco hijos y enfrentaba el proceso de sentencia como cónyuge culpable, la cual se consumó un año después, coincidiendo con el nacimiento de su hija Claudia concebida con Isabel Miranda.

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El cuento de “El Caso Wallace”

La historia que Isabel Miranda narró a Martín Moreno, autor de El Caso Wallace, bajo el sello editorial Aguilar en 2010, muy poco tiene que ver con la realidad. Sin embargo, Miranda utilizó el libro de ficción –del que ella era la única fuente– como una evidencia de hechos para denigrar, calumniar y difamar a sus víctimas.

En la página 16, narra cómo fue su acercamiento con Enrique Wallace y afirma que ella tenía 16 años cuando se enamoró de él, y que se casaron siendo ella todavía menor de edad. Su padre, Fausto Miranda, dice la voz narrativa del autor, que dejó de hablarle: “el rechazo… fue absoluto, hasta que llegó su primer nieto: Hugo Alberto Wallace Miranda, quien nació el 12 de octubre de 1969 Isabel tenía 18 años”. Los únicos datos que coinciden con la verdad, de acuerdo al acta original, es que parió a Hugo Alberto a la edad de 18 años y la fecha de su nacimiento. Su padre firmó el acta, y Enrique Wallace Díaz, casado con Guadalupe Magallanes, no conocía todavía a Miranda.

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Ongs canadienses piden medidas cautelares para víctima de Isabel Miranda

Artículo publicado el 14 de abril del 2015 en la revista Los Ángeles Press y en el sitio de ACDV.

#WallaceMiente
#WallaceMiente

A través de un comunicado público la Asociación Contra la Fábrica de Culpables y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad informaron que el día 25 de marzo de 2015 solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima de Isabel Miranda Torres por la simulación del secuestro de Hugo Wallace.

La petición de protección a Tagle por violaciones de derechos humanos fue interpuesta el pasado 25 de noviembre de 2014 a iniciativa de las organizaciones canadienses lideradas por los activistas David Bertet y Luis Vargas, quienes llevan varios años en la defensa de los inculpados por falsos delitos, como el conocido Caso Wallace.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el número de referencia MC549-14 P.MX para el caso de Jacobo Tagle, quien se encuentra actualmente bajo proceso penal con la causa 35/2006.

Los firmantes de la solicitud, Vargas y Bertet, señalaron que las medidas cautelares solicitadas para Tagle tienen como principal finalidad proteger su integridad física y psicológica ante el inminente riesgo de daños irreparables. El inculpado ha denunciado que ha sido torturado en varias ocasiones para incriminarse y que lo mantienen en condiciones insalubres en el CEFERESO número 2 en Puente Grande, Jalisco, como represalias por sus denuncias, además de negarle atención médica adecuada por parte de las autoridades carcelarias.

Isabel Miranda pretende entorpecer justicia a Alfonso Martín del Campo

Artículo publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 15 de septiembre de 2014

 

Isabel Miranda aleccionando en fabricar culpables a las hijas Zamudio Martín del Campo por el hmicidio de sus padres. Foto: cortesía
Isabel Miranda aleccionando en fabricar culpables a las hijas Zamudio Martín del Campo por el hmicidio de sus padres. Foto: cortesía

El caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, preso durante 22 años por la confesión bajo tortura del homicidio de su hermana Juana Patricia y su cuñado Gerardo Zamudio en 1992, ha servido a periodistas y cineastas para obtener reconocimientos internacionales por demostrar las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano. Pero también ha sido pretexto para Isabel Miranda Torres, conocida como la “señora Wallace”, para presionar a miembros del Poder Judicial a preservar estas fallas y evitar la reparación de justicia.Recientemente, Martín del Campo lanzó un comunicado para denunciar públicamente a Isabel Miranda de interferir en su proceso sin tener personalidad jurídica para ello. La acusó de desafiar al Estado de derecho y de sembrar la duda sobre la independencia del Poder Judicial. “Ella da por hecho que no se va a comprobar la tortura en mi caso y da a entender de que ya sabe el sentido de la resolución, lo cual sería gravísimo”, señaló.

En entrevista a Los Ángeles Press, Martín del Campo dijo que ignoraba por qué Isabel Miranda se ha entrometido en su caso, sin siquiera conocerlo a profundidad ni tener personalidad jurídica para ello. Incluso se mostró sorprendido de los recursos que ha destinado Miranda para la campaña mediática y en las redes sociales para que no lo liberen, pese a que se trata de un caso emblemático de violaciones por derechos humanos del Estado mexicano. “¿Qué interés tiene esta señora en mi caso? Ella puede decir cualquier cosa, pero no tiene ninguna validez jurídica”, comentó telefónicamente Martín del Campo Dodd desde la prisión.

Isabel Miranda Torres, quien también ha sido denunciada ante la Procuraduría General de la República por simular el secuestro de su hijo Hugo Wallace, obtener lucro con ello y fabricar culpables bajo tortura, el pasado 6 de septiembre difundió en las redes que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México “se probará que no hubo tortura” en el caso de Martin del Campo. De la misma manera, hizo referencia a que la víctima sólo quería que el Estado lo compensara “millonariamente” por el tiempo que lleva en la cárcel.

Hijas de los Zamudio Martin del Campo con Emilio ALvarez Icaza, de la CIDH. Foto: especial
Hijas de los Zamudio Martin del Campo con Emilio ALvarez Icaza, de la CIDH. Foto: especial

Junto con las declaraciones por la próxima resolución del Poder Judicial, Miranda Torres también exhibió en espectaculares públicos cuestionamientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la defensa a Alfonso Martín del Campo, durante la visita del secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, el pasado 15 de agosto. No obstante, el funcionario sin hacer alusión a los cuestionamientos posó para las fotografías junto a las hijas de los occisos Zamudio Martin del Campo.

El caso de Alfonso fue uno de los primeros atendidos por tortura y violaciones al debido proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se acreditó cabalmente que fue obligado a confesar bajo tortura física el doble homicidio de sus familiares perpetrado el 30 de mayo de 1992 en la Ciudad de México, se le detuvo ilegalmente y se le sentenció a 50 años de prisión sin respeto a las normas del debido proceso, según el informe 117/09 de la CIDH. Las violaciones a su integridad física y a sus garantías constitucionales fueron validadas también ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras. Incluso se argumentó la simulación de pruebas por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El Comité por la liberación de Alfonso Martín del Campo, coordinado por Alejandro Juárez, ha registrado y documentado las violaciones de derechos humanos, ordenando la información con las evidencias del caso en el blog #AlfonsoLibre y ha elaborado varios videos con la argumentación jurídica y pruebas periciales que demuestran la inocencia del inculpado. Incluso periodistas como Kevin Sullivan y Mary Jordan del The Washington Post ganaron el Pulitzer en 2003 por demostrar las violaciones en el caso de Alfonso. Sin embargo, su liberación de ha sido postergada.

Las sobrinas de Alfonso Martín del Campo, por su parte, han abierto un blog para subir imágenes y documentos orientados a incriminarlo; y aleccionadas por Isabel Miranda, han lanzado una campaña de hostigamiento contra la víctima de tortura y prisión injustificada en las redes sociales. María Fernanda escribió una narración en el blog en el que acusa directamente a su tío, a quien dijo haberlo visto matar a sus padres a los cuatro años de edad. Mientras Brenda no duda en posar frente a las cámaras empuñando armas, quien junto con su hermana Tamara se lanzan contra la libertad de Alfonso ignorando el proceso judicial durante 22 años.

Brenda Zamudio empuñando armas y luciendo autos lujosos. Foto: especial
Brenda Zamudio empuñando armas y luciendo autos lujosos. Foto: especial

Los presuntos responsables del homicidio

En la investigación realizada para juntar las evidencias que demuestran la fabricación de la culpabilidad contra Alfonso Martín del Campo dos personas han sido señaladas como principales beneficiados del crimen: José Roberto Zamudio Aldaba y su madre María del Carmen Aldaba Corral. Ambos con un largo historial de fraudes millonarios en diferentes ciudades mexicanas desde principios de los años noventa y con antecedentes delictivos en Reno, Nevada.

Alfonso Martín del Campo también ha denunciado que a raíz de las evidencias reveladas contra los presuntos delincuentes, ellos han dejado de fungir como coadyuvantes del Ministerio Público en su caso, y se encuentran en calidad de prófugos. Ante la ausencia de los presuntos autores intelectuales del crimen, Isabel Miranda de Wallace ha tomado la estafeta de “fiscal”, y pese a que no tiene personalidad jurídica para ello hace declaraciones, presiona a los jueces, y manipula a las jóvenes hijas de los occisos a quienes incluso les adjudica frases en espectaculares de su empresa Show Case Publicidad, SA de CV como las siguientes:

¿Por qué te olvidas de las víctimas de Alfonso Martín del Campo? ¿Será porque no nos representas?

No somos invisibles, somos las víctimas del Alfonso Martín del Campo.

Yo vi que Alfonso Martín del Campo mató a mis padres.

Esta última frase, Miranda Torres se la adjudicó a María Fernanda Zamudio Martín del Campo, cuando tenía cuatro años de edad, y a quien doce años después llevó a declarar ante los medios de comunicación que había visto asesinar a sus padres. Miranda usa el espectular para volver al caso de Brenda Quevedo Cruz, acusando a la CIDH de favorecerla en referencia al falso secuestro de su hijo, dado a conocer en los medios por ella como “el caso Wallace”.

 

Aunque María Fernanda Zamudio tampoco tiene personalidad jurídica en el proceso de Alfonso Martín del Campo, se puso en evidencia que Gerardo García Chavarría, cuñado del occiso Gerardo Zamudio Aldaba, al haber sido el primero en entrar en la escena del crimen, declaró ante el Ministerio Público que sacó dormidas a las entonces niñas Brenda y a María Fernanda (quien es la que ha declarado en contra de Alfonso Martín del Campo).

Más aún, la propia procuraduría concluyó que no podía incorporar las imputaciones hechas ahora de la joven, por tratarse de hechos que fueron juzgados hace más de doce años.

Sin embargo, para Isabel Miranda no ha pasado el tiempo, y al igual que manipula la prensa, falsea declaraciones y ratifica la simulación de pruebas pese a testimonios y evidencias de rastros de vida de Hugo Wallace, pretende inmiscuirse en el proceso de Alfonso Martín del Campo, quien se encuentra desde hace años a un paso de la libertad.

Demandan a Wallace por simular secuestro de su hijo

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 

Artículo publicado en Hoy Estado
El 4 de septiembre de 2014

Isabel Miranda de Wallace fue demandada ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por familiares de los inculpados del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace en julio de 2005.

Los denunciantes manifiestan que Wallace ha caído en contradicciones en sus declaraciones ministeriales dadas a las autoridades, así como amenazas, tráfico de influencias y cohecho.

El documento ya fue presentado ante el procurador Jesús Murillo Karam, en donde además se denuncia a varias autoridades ministeriales de la Federación que presuntamente la ayudaron con torturas a las víctimas y a sostener la simulación de pruebas.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación implicados en la denuncia bajo cargos de torturas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho y simulación de pruebas, fueron Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, todos adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

La denuncia se deriva de “una serie de pruebas en diversos reportajes del medio digital Los Ángeles Press y la revista Proceso”, donde se puso en evidencia los delitos en contra del estado civil, la simulación de pruebas y la falsedad en declaraciones judiciales.

Hugo Alberto Wallace, no es hijo del nicaragüense Enrique Wallace Díaz, si no que éste lo reconoció como hijo adoptivo cuando contrajo matrimonio con Isabel Miranda.

Una de las funcionarias de la PGR implicadas en la denuncia fue la perito Yanet Rogel Montes, por falsear información en el reporte forense sobre la gota de sangre encontrada en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los supuestos hechos.

Rogel Montes atestiguó como perito que esa gota de sangre sí correspondía al perfil genético de Isabel Miranda Torres y de Enrique del Socorro Wallace, simulando con ello la única prueba pericial que pretendía sostener el asesinato, pues ahora se sabe que Hugo no era hijo biológico de Enrique Wallace.

Por su parte, El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, dijo que con la presentación de esta denuncia contra la Señora Wallace y sus cómplices, este caso, se vuelve emblemático para la comunidad internacional de derechos humanos y para todas las personas que han sido víctimas de la simulación de pruebas en México.

Con información de: Los Ángeles Press

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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Wallace delincuente

Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre (segunda parte)

Fuente: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 7 de junio 2014

 

Leer la primera parte.

 

Las evidencias sobre rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda dados a conocer por Los Ángeles Press, el pasado 31 de mayo, indignaron fuertemente a su madre Isabel Miranda Torres. “Que den pruebas, no suposiciones”, escribió a esta periodista por su cuenta de Twiter @WallaceIsabel y abundó por el mismo medio descalificando la información periodística: “los delincuentes se mienten tanto a sí mismos que se creen sus propias mentiras…”.

En el primer contacto por la misma cuenta, Miranda adjuntó la imagen de una denuncia en contra de Ámbar Treviño Pérez, quien fue abogada de la inculpada Brenda Quevedo Cruz, en 2010. En el documento se señala la orden de acción penal PGR/SIEDO/UEIS/144/2010 en contra de Treviño por supuestos delitos de “falsificación de documentos, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, responsabilidad profesional y delincuencia organizada con finalidad de cometer secuestro”.

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Por esta acusación, se libró la orden de aprehensión contra la abogada Ámbar Treviño y estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010.  El Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Durango resolvió la exoneración de cargos y le dictó el auto de libertad –el 6 de mayo– bajo el Exhorto Número 67/2010 del Juez Decimoquinto de Procesos penales “por falta de elementos para procesar en favor a Ámbar Treviño por los antijurídicos de falsificación de documentos…”. Isabel Miranda no desconoce este dictamen, y sin embargo, sigue usando una denuncia presentada por ella misma como prueba de «delincuencia organizada con intención de secuestro» en flagrante calumnia contra la abogada.

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El perjurio de Isabel Miranda ante la Corte de Chicago 

Otra de las pruebas que delataron a Isabel Miranda sobre la manipulación del caso Wallace es el delito de perjurio cometido contra la Corte de Chicago en Illinois, el 6 de enero de 2008, al haber presentado una carta apócrifa de no antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Brenda Quevedo Cruz, refugiada en Estados Unidos después de la acusación pública de Miranda en 2006, fue localizada y detenida en Louisville, Kentucky en 2008. Los agentes de Migración la internaron en un centro de detención en Chicago, donde enfrentó el juicio de deportación. Fue cuando la Corte de Chicago solicitó el récord de los antecedentes criminales tanto de la inculpada como de la presunta víctima de secuestro Hugo Alberto Wallace Miranda.

Quevedo Cruz no tuvo antecedentes penales. Wallace Miranda, por el contrario, había sido procesado por el delito de “contrabando” en 2001. Sin embargo, el documento presentado a la Corte de Chicago por su madre afirmaba:

“Hugo Alberto Wallace Miranda does not have any preliminary investigations, court orders or criminal background for a crime for local matters in this Attorney General’s Office”.

La misiva en inglés contiene un logo alterado del Gobierno de la Ciudad de México y el membrete de la Procuraduría General de la República con el número 203/2606/08-10. Incluía supuestamente la firma del entonces fiscal Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Juan Maya Avilés (actualmente retirado del cargo).

en ingles

La Secretaría de Seguridad Pública en México es quien realiza los trámites de no antecedentes penales, y para ello se requiere el acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente y credencial de elector presentado por el interesado. De acuerdo a la información oficial, si éste no puede asistir, lo puede tramitar un familiar directo, con carta poder firmada por el interesado. Ante la pregunta de esta periodista a la funcionaria pública que atiende dichas solicitudes de si era posible otorgar una carta de no antecedentes penales a una persona fallecida a petición de la madre, respondió sin cortapisas que no, pero continuó: “A menos que sea una institución que lo solicite a nuestra institución, esto es que mande un oficio por escrito a la secretaría” –y reiteró– “una solicitud de institución a institución, esos son casos especiales en los que no se niega”.

–¿Puede un fiscal de Autosecuestros firmar una carta de no antecedentes penales, suponiendo que se solicitó de institución a institución? –preguntó la periodista.

–No, de ninguna manera. Ningún fiscal está autorizado para firmar esos documentos, sólo los directores y,  por ausencia, los subdirectores –respondió la funcionaria.

–Tengo copia de una carta de no antecedentes penales presentada en una Corte de Estados Unidos, firmada por un fiscal de Antisecuestros y con un sello de la Ciudad de México y membrete de la PGR. La carta es de 2008, ¿esto posible, es decir, podría ser legal?

–No es posible. Le repito, ningún fiscal firma cartas de no antecedentes penales, eso no es una política nueva, es nuestro reglamento. Pero además nosotros dependemos de la Segob (Secretaría de Gobernación), no del Gobierno de la Ciudad de México. La carta de no antecedentes penales la expide la Secretaría de Seguridad Pública y las cartas llevan el sello de la Segob.

La explicación de la funcionaria coincidió con la información del sitio oficial de la PGR en la red: “La Procuraduría General de la República no expide cartas de no antecedentes penales, toda vez que éstas son solicitadas a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social”.

El gobierno mexicano, a través del agente del Ministerio Público, Jesús Andrés Hernández López, desmintió a Isabel Miranda y presentó una declaración jurada en apoyo de la petición de extradición de Brenda Quevedo Cruz, al localizar información criminal a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda. En este documento, se hizo referencia a la orden de reaprehensión por el Juez Decimotercero de Distrito de Procedimientos Penales Federales dentro de la causa 196/2001. En su declaración dijo el agente que Wallace fue liberado bajo fianza por la cantidad de $14,665.00 pesos mexicanos (USD$ 1,173).

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De acuerdo con la argumentación de la defensa de Quevedo Cruz en el juicio de deportación, realizada por el abogado Stanley J. Horn,  y el despacho jurídico en el que trabajaba entonces “Horn, Khalaf, Abuzir, Mitchell & Schmitd”, el gobierno mexicano no proveía las suficientes evidencias de que su cliente hubiera participado en el supuesto crimen y le resultaba “cuestionable la veracidad de las confesiones” de los imputados que habían intentado retractarse.

“De hecho, la evidencia proveída por el gobierno –señaló Horn en el alegato de ocho páginas– junto con las explicaciones de la acusada son radicalmente diferentes. La falta de evidencia del gobierno es todavía más cuestionable basada en la información proveída por Quevedo Cruz que demuestra una excelente probabilidad de que la supuesta víctima esté viva, incluyendo los récords de llamadas telefónicas, correos electrónicos y testimonios…”. La defensa de Quevedo concluyó que si a su cliente la deportaban sería torturada en México para obligarla a incriminarse. Tal como sucedió, aunque no se ha incriminado hasta la fecha, pese a haber sufrido dos torturas y la violación sexual de sus agresores, el 27 de noviembre de 2009 y el 13 de octubre de 2010.

El esposo de Isabel Miranda, sin comparecer

La evidencia más contundente para Isabel Miranda Torres ha sido la prueba de ADN obtenida de un elemento piloso y una gota de sangre, encontrados en el departamento de Perugino #6, supuesto lugar del crimen, correspondiente al perfil biológico de su cónyuge José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Sin embargo, una segunda acta de nacimiento que se dio a conocer en la primera parte de este reportaje revela que él no es el padre biológico de Hugo Alberto. A Enrique Wallace se le citó a declarar en varias ocasiones, pero su esposa, Isabel Miranda, respondió, al Juez Décimo Sexto de Distrito de Procedimientos Penales el 9 de noviembre de 2006 que no tenía comunicación con él y desconocía su paradero:

“…me permito informar a usted que desconozco dónde pueda ser localizado el C. José Enrique del Socorro Wallace Díaz en virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad, no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado”.

 

Posterior a esa fecha, a Isabel Miranda y Enrique Wallace se les ha visto en diferentes ocasiones en eventos sociales. Uno de éstos fue el 15 de diciembre de 2011, el cual se trataba de un festejo de cumpleaños de un alto funcionario, cuyo evento fue amenizado por el Mariachi de la Secretaría de Marina. Incluso en la campaña política de Miranda cuando aspiró a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal en 2012, Enrique Wallace acompañó a su esposa en varios eventos políticos. No obstante, desde 2006 hasta la fecha no se le ha obligado a presentarse ante el Ministerio Público para responder a la solicitud de la autoridad.

Carta Isabel niega a Enrique (1)

En evento social de 2011

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En evento político de 2012

En la campaña a la jefatura de Gobierno en 2012. Foto: red

El torturador, de las confianzas de Isabel Miranda

Dos de los inculpados identificaron al agente del Ministerio Público, Oswaldo Jiménez Juárez, como su torturador: Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín. Por parte de la defensa de Quevedo se presentó una inconformidad de no acción penal contra Jiménez Juárez ante la Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la indiferencia de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor de Quevedo Cruz, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a Quevedo por la tortura recibida el 27 de noviembre de 2009.

Fragmento imagen de texto

NO Ejercicio de la Accion Penal A.P. 411 AP DGDCSPI 11. 06 Jul 2012. 2

En la reciente audiencia pública del 5 de marzo de 2014 en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, que presidió el Juez  Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres inculpados con la causa penal 35/2006, estuvieron presentes María Isabel Miranda, su hermano Roberto Miranda, defensores de oficio, secretario y el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez.

En el careo, tanto Jacobo Tagle como César Freyre deslindaron a Brenda Quevedo de toda responsabilidad. Incluso, ratificaron que ella no conocía personalmente a Hugo Alberto Wallace Miranda, sólo había escuchado hablar de él. Según el análisis del abogado especialista, Luis Vargas, de la  Asociación contra la Fábrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos, “los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y César Freyre durante el careo, refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio”.

Abunda Vargas que las declaraciones por parte de los co-procesados que llegaron a incriminar a Brenda al inicio del proceso “fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo”.

Jacobo Tagle, en su declaración preparatoria, ya había expuesto que “fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz”. César Freyre también manifestó que Brenda no fue partícipe del crimen y afirmó haber sido víctima de tortura física y mental, por lo que puso una denuncia ante la Corte Interamericana de derechos Humanos por los actos de tortura.

En la audiencia, era la primera vez que leía un documento el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez. Fue cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Veracruz.

Después de esta denuncia, Jacobo Tagle fue trasladado con “carácter urgente” al penal del Altiplano en Guanajuato, a solicitud de José Luis Musi Nahmías, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, según el oficio SEGOB/OADPRS/20847/2014, con fecha del 12 de mayo. La defensa de Tagle solicitó el motivo de traslado y de incomunicación, y la respuesta del Juez Cuarto de Distrito de Procedimientos Penales, Ricardo Garduña Pasten, fue que había sido “por seguridad” porque lo estaban “molestando verbalmente” de acuerdo al alegato de Musi. La familia, por su parte, declaró a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad que Jacobo Tagle no estaba siendo hostigado en el penal como para decidir con urgencia su traslado y mantenerlo incomunicado, “Jacobo estaba bien”, enfatizó a la organización de derechos humanos.

Martes 27 de julio de 2010, al salir de la de la audiencia. Foto: Alfonso García/Metro

En la imagen, de izquierda a derecha, se encuentra Roberto Miranda (hermano de Isabel Miranda), Oswaldo Jiménez Juárez, Isabel Miranda, el abogado Ricardo Martínez Chávez y el sobrino de Isabel Miranda. La evidente relación entre Miranda y el agente ministerial identificado como responsable de tortura Oswaldo Jiménez Juárez con Miranda, sin embargo no ha sido investigada por las autoridades, pese a las denuncias de los inculpados y la valoración psiquiátrica certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como Protocolo de Estambul, tanto de Brenda Quevedo como de Jacobo Tagle.

Los nacimientos de Isabel Miranda

Isabel Miranda, además de tener varias versiones de su vida, ha usado diferentes nombres personales, ha dado diferentes nombres de padres y diferentes fechas de nacimiento. Los ha utilizado en documentos oficiales, como en el acta de nacimiento de su hijo Hugo Alberto Miranda Torres, bajo el nombre de Isabel Torres y el padre Jacinto Miranda Jaimez, que ya se reportó en la primera parte. Miranda señaló el pasado 1 de junio en su cuenta de Twitter que no sabía quién era «Isabel Torres», pero guardó silencio con el nombre de su hijo de apellidos Miranda Torres y de su primera pareja, que se separó de ella después de haber registrado a su hijo en 1970.

Crédito: Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

Isabel Miranda –en entrevistas a los medios– ha dado, al menos, cuatro fechas de nacimiento: 1949, 1951 (con dos fechas distintas) y 1955. A CNN, por ejemplo, dijo que había nacido el 27 de mayo de 1951 y así fue difundido por la televisora, mientras que al El Universal le especificó el 17 de enero de 1951. Pero en las actas de nacimiento y el CURP de Hugo Alberto, así como en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, del que ella es la única fuente, coinciden en que la fecha de nacimiento de su hijo es el 12 de octubre de 1969. Si ella hubiese nacido en 1951, habría tenido su hijo a los 16 años; edad en la que dijo haberse casado con Enrique Wallace. El acta de reconocimiento a Hugo Alberto, por parte de Wallace Díaz se expidió con fecha del 19 de noviembre de 1975, año en que nació su hija Claudia, y Hugo Alberto tenía seis años de edad.

Si Isabel Miranda hubiese nacido en 1955, como ha sostenido a TV Azteca y a la Revista Quién, entre otros medios, y siguiendo la fuente de su biógrafo Martín Moreno, habría tenido a su hijo a los doce años de edad. Sin embargo, en las actas de nacimiento de su hijo, con lo apellidos «Wallace Miranda» ella dice tener 24 años de edad, y en la de «Miranda Torres», 21 años.

Isabel Miranda también ha cambiado los nombres de su padre. refiriendo los nombres de Fausto Miranda, Heriberto Miranda y Alfredo Torres, usados también en documentos oficiales. En el caso de la madre, el nombre de pila ha sido constante: Mónica, pero varía en los apellidos: Torres Jaimes y Romero.

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Quiénes han visto a Hugo Alberto Wallace

Hay siete testigos que afirman haber visto a Hugo, en diferentes fechas posteriores al supuesto homicidio. Algunos de estos testigos cuando informaron a las autoridades judiciales de haber sido testigos visuales, o de evidencias como llamadas por teléfonos, mensajes de texto, correos electrónicos, gastos con tarjeta de crédito a su nombre, fueron hostigados por Isabel Miranda y acusados de intentar extorsionarla o de querer “dañar a su familia”.

Uno de estos casos fue el del empresario José Luis Moya, pareja sentimental de la mejor amiga de Hugo Alberto en 2005, quien después de dar su testimonio, en 2006, de manera contundente a las dos procuradurías, la federal y la del DF, Isabel Miranda lo acusó públicamente a los medios de intento de extorsión. Incluso, en su última comparecencia, dos horas antes fue amenazado de muerte.

En su declaración, Moya afirmó que tenía información de que Hugo estaba vivo:

“(…) que tengo información que consta que se encuentra con vida Hugo Alberto Wallace Miranda, y según declaración de la señora Isabel, dice que estoy interfiriendo y tengo documentación del secuestro, lo cual es falso, porque no he interferido en su investigación en ningún lado y solicito a esa representación social que acredite con pruebas la señora Wallace y sus testigos cómo he interferido en su investigación y contrariamente a sus falsas imputaciones de extorsión que hizo públicas en televisión y medios de prensa. Omitió la señora Informar que antes de su denuncia ya nos habíamos presentado voluntariamente a las dos procuradurías y al programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, para ponernos públicamente a disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las indagatorias y tan es así que cuando recibí los primeros mensajes de Hugo Alberto, informe telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios, siendo, al respecto declaro que he recibido mensajes telefónicos vía TELCEL, supuestamente de Hugo Wallace, y se confirme la posible autenticidad de los mismos en un principio porque se le hicieron preguntas claves de información que solamente entre él y Laura Domínguez conocían, y es de hacer notar a esta representación social de la federación que antes de tener el contacto supuestamente con Hugo, recibimos información y documentación de un supuesto informante que también nos informó que Hugo Wallace estaba vivo, y en el teléfono celular 5533337676, Hugo Wallace presuntamente ha tenido múltiples conversaciones con Laura”.

Laura Domínguez, amiga muy cercana a Hugo Alberto Wallace y de muchos años, también fue amedrentada por Miranda y no quiso volver a hablar del tema, después de que ella misma le había pedido a José Luis Moya que le ayudara a buscar a su amigo. Cuando Moya empezó a tener resultados contundentes de la investigación y parte de ésta la dio a conocer en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Miranda mostró su hostilidad hacia ellos que ayudaban con la investigación, y poco después se convirtieron en el blanco de sus amenazas. Laura Domínguez pidió a la defensa de los inculpados que no la buscaran, porque su vida estaba en riesgo.

Otra de las personas intimidadas por Miranda fue el padre biológico de Hugo Alberto, el señor Jacinto Miranda, quien en una reunión privada también enfatizó a la defensa de los inculpados: “por favor, no me vayan a llamar declarar, puedo decirles todo, pero no me llamen a declarar”. Jacinto Miranda radica ahora en Baja California, según la fuente confidencial.

Una persona más que vio a Hugo Alberto con vida fue un informante, que de acuerdo a varios funcionarios públicos de testigos, tuvo contacto directo con Isabel Miranda. “El Alfil”, es el alias con el que se llegó a identificar y señaló en su declaración que Hugo Alberto estaba vivo. La información fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en ese entonces a cargo de Jorge Rosas García, uno de los 21 funcionarios denunciados en marzo de 2013 por delitos cometidos en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. La información de “El Alfil” se dio en junio de 2006, sin embargo, para febrero de 2007 ya había desaparecido la declaración de las indagatorias. Según la fuente, ese año, había nuevas llamadas de Hugo Alberto Wallace, a través de un nuevo celular, y se dieron constancias de acuse de recibo por parte de Jorge Rosas García, expedidas en su oficina de Plaza de la República, Número 43, en el segundo piso.

Otra persona cercana a Hugo Albeto Wallace lo reconoció en un bar en Tres Palos, municipio de Acapulco. Al saludarlo le dijo: “No mames, guey, tu madre está lucrando con tu muerte”. A lo que Wallace respondió haciendo un chasquido con la boca: “Ah, mi madre está loca, por eso ni la veo”. Después de beber algunas cervezas, se despidieron, y antes de irse, Hugo Alberto lo amenazó de muerte si llegaba a mencionar que lo había visto.

Hay dos testigos más que estuvieron en contacto con Hugo Alberto Wallace en dos ocasiones después de la fecha de su supuesto homicidio. A mediados de julio y la primera semana de agosto de 2005. La primera ocasión él iba conduciendo una camioneta negra con vidrios oscuros, acompañado por otras dos personas en el auto; y la segunda, Hugo conducía una motocicleta, también acompañado por otras dos personas. Estos testigos han aceptado declarar ante el Ministerio Público de la Federación y ante cualquier autoridad judicial en México.

 

Investigación sobre el caso de Jael, otra victima de Isabel Miranda de Wallace

Fuente: AFCDDH y MXporFCassez

Autores: Miguel y Nolverto

Jael Antonio Malagon Uscanga[1] fue detenido el 28 de diciembre del 2006[2] por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Jael Antonio viajaba con dos personas más, Aníbal Ruiz y Víctor Mendoza, por calles de la colonia Polanco. Al haberlo detenido, los agentes policiacos contactaron a Isabel Miranda de Wallace quien se presentó en el lugar para darles sus directivas[3].

En la mente de la activista y madre del presunto desaparecido Hugo Wallace, desde antes de su detención, Jael Antonio Malagon Uscanga figuraba en la lista de las personas que necesariamente formaba parte la banda de secuestradores encabezada por Cesar Freyre Morales[4] y responsables del secuestro de su hijo[5]. Por el simple hecho de que Jael, junto con su esposa y su hijo menor de edad, figuraba en una foto que Isabel Miranda exhibió como prueba de la existencia de la presunta banda delictiva en la que aparecen los integrantes. Una foto sin ninguna particularidad en la que se observa a un grupo de amigos (incluyendo a un niño) delante de una iglesia[6].


[1] Sección Apoyamos a Jael Antonio Malagon Uscanga, México por Florence Cassez: https://mexicoporflorencecassez.wordpress.com/apoyamos-a-jael-antonio-malagon-uscanga/

[3] Testimonio de la madre de Jael Antonio.

[4] Una banda que no tiene nombre.

[5] No existe ninguna prueba válida (que no sea la palabra de Isabel Miranda o de Martin Moreno, o las declaraciones contradictorias de los presuntos responsables de dicho secuestro, los cuales declararon bajo tortura) que nos permita pensar que Hugo Wallace estuviera secuestrado ni menos asesinado. Al contrario, existen indicios muy contundentes que nos indican que Hugo Wallace estaba vivo y prófugo meses después de su supuesta muerte. Véase el capítulo “La Terrible Sra. Wallace” en el libro de Anabel Hernández: México en Llamas. Resumen de este capítulo: https://mexicoporflorencecassez.wordpress.com/2013/02/05/resumen-del-capitulo-la-terrible-senora-wallace-mexico-en-llamas-por-anabel-hernandez/

[6]Véase El Caso Wallace por Martin Moreno, p. 163.

Cabe recordar que, según la versión oficial de los hechos tal como narrados en el libro de Martin Moreno El Caso Wallace, Isabel Miranda inició una investigación personal[1] que culminó menos de 24 horas después de la supuesta desaparición de su hijo la cual ocurrió el 11 de julio del 2006[2].

En el caso que nos preocupa, nuestra interpretación de los hechos se basa en un estudio meticuloso del expediente así como otras investigaciones sobre las actividades de Isabel Miranda de Wallace: para “acreditar” la tesis del secuestro de su hijo por una banda de secuestradores, y habiendo ya empezado a señalar como delincuentes a todos los que figuraban en la foto mencionada, por lo que siguió naturalmente con su lógica. Cuando detuvieron a Jael Antonio Malagon Uscanga, no existía ninguna orden de aprehensión en su contra, fue cuando decidió integrar a Jael, así como a su esposa, en esa banda ficticia.

Rezumemos el silogismo que sustenta implícitamente la detención y la incriminación de Jael por órdenes de Isabel Miranda:

1)      Jael aparece en una foto en la que figuran (presuntos) secuestradores.

2)      Bajo el principio tácito según el cual “dime con quién andas y te diré quién eres”

3)      Ergo, Jael es un secuestrador.

Naturalmente, para acreditar la acusación contra Jael, se tuvo que iniciar una búsqueda de “victimas” del nuevamente detenido, la cual búsqueda se decidió y se llevó a cabo después de que Isabel Miranda de Wallace hubiera tachado a Jael de secuestrador.


[1] “No deja de asombrarme la rapidez con la que su instinto de madre despertó en ella la fatal sospecha: antes de 24 horas, ella sola ya había descubierto el lugar donde se encontraba la furgoneta de Hugo, comenzando así a desarrollar unas dotes de investigadora dignas de Agata Christie.” (El Caso Wallace, p. 114). Recordemos que uno de los métodos de investigación al que suele recurrir Isabel Miranda es el siguiente:: “A cambio de billetes conseguía información. Así se acostumbra en México. (…) la delación clandestina como método de investigación.” (El Caso Wallace, p. 52)

En otras palabras, las “pruebas” de sus crímenes llegaron después de su condena ante la opinión pública por exhibición como secuestrador. Lo que abre la puerta a que se le hayan fabricado los delitos que se le imputaron después de su exhibición en los espectaculares, propiedades de Isabel Miranda a través de su empresa Showcase. En el caso de Jael como en todos los de las personas que Isabel Miranda acusó, la acusación inició la búsqueda de un delito sin el cual la acusación hubiera carecido de fundamento, en vez de originarse en el descubrimiento de un delito, como lo requiere el estado de derecho.

 

Para llevar ese plan a cabo, Isabel Miranda de Wallace no perdió tiempo: a los diez días luego de la detención de Jael, el 8 de enero del 2007, la activista hizo lo que ya lo había hecho con los otros presuntos integrantes de la banda: levantó un espectacular con el rostro de Jael, presentándolo ante los medios como un “secuestrador”, violando así el principio de presunción de inocencia e incitando a la población a que lo denunciaran.

 

Luego de su detención y exhibición en los medios de comunicación y carteles publicitarios, propiedades de Isabel Miranda de Wallace, Jael fue acusado por su presunta participación en la detención de tres sujetos: Sr. Julio Villegas Cravioto (secuestrado el 8 de diciembre 2005, liberado el 14 de enero 2006), Sra. Barbara Cindy Zurita Rojas[1] y su hijo menor de edad  (secuestrados el 5 de julio 2004, liberados el 3 de septiembre 2004), Sr. Eduardo Antonio Contreras Chavez (secuestrado el 6 de febrero 2005)

 

A pesar de que Isabel Miranda de Wallace y su acolite Martin Moreno, ahora abogan en las redes sociales por los derechos humanos y critican la fábrica de culpables, lo cierto es que cada vez que la activista está involucrada en un caso, encontramos irregularidades tremendas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al debido proceso, inconsistencias asombrosas, testimonios contradictorios, testigos con perfiles poco confiables. En pocas palabras, antes de señalar a otros presuntos casos de culpables fabricados, el primer caso que deberían denunciar Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno resulta ser el propio caso Wallace.

Finalmente, solicitamos que se investigue a Isabel Miranda de Wallace por presunto tráfico de influencia, presunta inducción de testigos, presuntas amenazas, presiones y tortura; así como, probable corrupción por medio de su empresa de espectaculares Showcase.

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Exigimos que Jael Antonio Malagon Uscanga tenga derecho a un juicio justo, que se pueda defender con justicia, que esté a salvo de las amenazas directas o indirectas de la Sra. Isabel Miranda de Wallace, que tenga derecho a que se presuma su inocencia y que se garanticen sus derechos humanos fundamentales. En caso de que, por lo que refiere al proceso judicial del Sr. Malagon Uscanga, se siga violando el artículo 20 de la Constitución de nuestro país y no se tomen medidas para poner un alto al poder de la Sra. Wallace, nuestra asociación acudirá a instancias internacionales para denunciar la inacción del gobierno mexicano ante la expresión de fuerzas antidemocráticas que infiltraron las estructuras e instituciones del Estado. No permitiremos que individuos corruptos como la Sra. Wallace sigan apoderándose del título de “victima” y teniendo sus entradas libres hasta en la Secretaria de Gobernación encabezada por Osorio Chong.

No permitiremos que la Sra. Wallace siga insultando el Máximo Tribunal de nuestro país, poniendo en peligro el Estado de derecho. Este tipo de individuos representa un peligro mayor para toda democracia.

 

Estas son las primeras conclusiones que redactó nuestro colaborador Iván sobre las inconsistencias que maculan el caso de Jael. Cabe notar que Iván encontró algunas similitudes con el otro caso de culpable fabricada en que involucró Isabel Miranda, el caso de Florence Cassez.

 

Inconsistencia general 1: El tatuaje.

Las dos víctimas, Barbara Zuñiga (testigo B) y Julio Villegas (testigo A), ambos supuestamente secuestrados en la casa de la madre de Jacobo Tagle Dobin[2], hablan de que el secuestrador de apodo Hulk (el cual apodo se le atribuyó a Jael) tenía un tatuaje en el pie en forma de dragón. Sin embargo, Jael no está tatuado en ninguna parte de su cuerpo (eso lo verificó la SIEDO). Es más, Jael tiene una cicatriz muy grande y en forma de Z en la frente, y ninguno de los testigos la menciona.

 

Inconsistencia testigo A[3] – 1: Los lentes negros y el parche de noche.

Julio Villegas relata cómo lo secuestraron: habla de un hombre que llevaba, a las 8:30 pm, o sea de noche, unos lentes negros. Este hombre estaba manejando…Además dice que llevaba un parche en el ojo izquierdo. Es muy difícil manejar de noche, sobre todo con un parche en un ojo y lentes negros. Julio Villegas señala que el secuestrador que traía parche y que lo intercepto levantó sus lentes. Resulta inverosímil que en la primera ocasión un secuestrador se descubra el rostro ante su víctima.

 

Inconsistencia testigo A – 2: Julio Villegas no reconoce a los inculpados

Villegas no reconoce físicamente a ninguno de los inculpados. Y cuando se les pide que hablen para reconocer su voz: no reconoce ni a Freyre, ni a Jael Malagón.

 

Inconsistencia testigo A – 3: Julio Villegas reconoce a un hombre, que no es Jael

Villegas dice reconocer la persona con un parche en el ojo por una foto que le fue presentada. Este hombre no lleva cicatriz en la frente, y no se trata de Jael. Ni siquiera tiene la misma fisionomía de Jael.

 

Elemento de ilegalidad 1: La Cámara de Hessell

En el momento en que Jael estuvo en la cámara de Hessell, estaba solo, no se encontraba otra persona más que él. Villegas lo confirma en su ampliación ante el juzgado cuarto. Además Villegas no se acuerda si la persona que él vio en la cámara de Hessel llevaba un parche en el ojo izquierdo. También dice que vio al individuo de la cámara de Hessel “un fracción de segundo”. Resulta evidente que la diligencia de reconocimiento ante la cámara de Hessel no cumple con los requisitos legales establecidos por ley.

 

Inconsistencia testigo A – 4: La hora a la que ocurrió el secuestro.

En su declaración en fecha del 30 de junio 2006, Julio Villegas Cravioto declara lo siguiente:

 

“…fui secuestrado el día 8 de diciembre 2005 aproximadamente a las veinte horas a veinte horas con veinticinco minutos, cuando Salí de mi lugar de trabajo ubicado en la calle Pedro Benavides (…) en la Delegación de Xochimilco.”

 

Sin embargo, a esa misma hora (8:00 horas de la noche) del día 8 de diciembre 2005, Jael Antonio Malagon Uscanga, quién el 6 de diciembre había ingresado en el hospital Central de la Cruz Roja Mexicana[4], salía de la institución como queda comprobado en el documento titulado “Registro de Evolución”

 


[1] Con una firma bastante extraña.

[2] Lo que resulta totalmente inverosímil dada la situación geográfica de la casa. Cabe señalar también que Hugo Wallace era coproprietario del terreno donde se ubica la casa.

[3] Julio Villegas Craviotto

[4] Ubicado en Av. Ejército Nacional No. 1032, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo

Inconsistencia testigo B – 2: ¿Violación o relación sexual?

Bárbara Zuñiga dice que  “AMARILLO me obligó a tener relaciones sexuales con él, penetrándome vía vaginal”. La expresión “tener relaciones sexuales… vía vaginal”. Se escucha demasiado descriptiva, técnica, hasta medical como para ser creíble de parte de una presunta víctima de abuso sexual. Además que no se practicó ningún examen médico para comprobar las alegaciones.

 

Elemento de ilegalidad 1: Posibilidad de inducción o coacción de parte de Miranda de Wallace.

 

Villegas reconoce haber cenado con Isabel Miranda de Wallace, pero dice no recordar el tema de la conversación que tuvieron.

Cabe recordar que Isabel Miranda de Wallace reconoció en entrevista que la lucha por la justicia requiere a veces “negociaciones en lo oscurito”

Elemento de ilegalidad 2: Violación al Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos sobre el plazo razonable del proceso penal

 

Artículo 20, Aparte B, Párrafo VII. (El imputado) SERA JUZGADO ANTES DE CUATRO MESES SI SE TRATARE DE DELITOS CUYA PENA MAXIMA NO EXCEDA DE DOS AÑOS DE PRISION, Y ANTES DE UN AÑO SI LA PENA EXCEDIERE DE ESE TIEMPO, SALVO QUE SOLICITE MAYOR PLAZO PARA SU DEFENSA.

 

Jael Antonio Malagon Uscanga fue detenido a finales del 2006. Lleva 7 años encarcelado sin que se haya resuelto su caso.

 

Elemento de ilegalidad 3: Violación al Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos sobre la presunción de inocencia

Artículo 20, Aparte B, Párrafo I. (La persona imputada tiene derecho)  A QUE SE PRESUMA SU INOCENCIA MIENTRAS NO SE DECLARE SU RESPONSABILIDAD MEDIANTE SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE LA CAUSA;

Isabel Miranda de Wallace violó la presunción de inocencia al declarar que Jael Antonio Malagon Uscanga era un secuestrador y a exhibir su rostro en espectaculares propiedad de su empresa Showcase.

 

 

Semejanzas con el caso Cassez

 

1 – Una mujer y su hijo

Dos de las tres víctimas cuyo secuestro se le atribuyo injustamente a Florence Cassez eran una madre y su hijo menor de edad, igual que en el caso de Jael Antonio Malagon Uscanga (Bárbara Zuñiga y su hijo). La familia de Cristina Ríos se refugió en San Diego, USA un poco más de un mes después de su liberación. La mujer secuestrada y su hijo también se fueron a San Diego, un día después de la liberación.

 

2 – Una historia más compleja de lo que parece, a primera vista, con líneas de investigación deliberadamente descartadas

Como en el caso de Florence Cassez en el que la policía federal decidió no profundizar en otras líneas de investigación (actividades ilícitas del padre de Ezequiel, posible tortura de éste último, personas señaladas por Ezequiel y Cristina Ríos que nunca fueron interrogadas, etc.). Existe en la declaración de Bárbara Cindy Zurita Rojas la mención de un seguro de vida que su ex marido había contratado, así como, una entrevista de ella con agentes de la compañía de seguros de la que no recuerda el nombre, ni el lugar de encuentro. Según nuestros conocimientos, no se ha investigado la pista del ex marido quién hubiera organizado el secuestro de la Sra. Zurita Rojas para cobrar el seguro de vida.

 

3 – El acento norteño

Dice Javier Salazar Mejía, esposo de Bárbara Zuñiga, que uno de los secuestradores “tenía acento del Norte”, que era “mal hablado”. En la segunda declaración de Ezequiel Elizalde (caso Florence Cassez), Ezequiel habla del Norteño, un hombre con acento del Norte, amigo de su suegra.

 

4 – El doctor y la inyección

En su declaración del 30 de junio del 2006, Julio Villegas menciona que uno de sus secuestradores llevaba puesto una blusa blanca, como la de un doctor. Dice que, estando en la casa de seguridad, lo amenazaron con ponerle una inyección. En el caso Florence Cassez, el menor de edad Cristian Ríos menciona una persona que le presentaron como siendo un doctor que le habría hecho una inyección. Ezequiel Elizalde dice que le hicieron una inyección en el dedo meñique.

 

5 – La tele prendida

Las víctimas dicen que en la casa de seguridad, había una tele, con el volumen  puesto al máximo. En el caso Cassez, las tres supuestas víctimas mencionan lo mismo.

 

6 – “No tienes nada que ver con eso”

A Julio Villegas, los secuestradores le dicen que él no tiene nada que ver con eso.

Lo mismo le dijeron sus secuestradores a Ezequiel Elizalde. Le dijeron que era un asunto entre ellos y su padre.

 

7 – Victimas que necesitan medicación

A Julio Villegas, le preguntan que si necesita medicinas. En el caso Cassez, le preguntaron lo mismo los secuestradores a Cristina Ríos.

 

8 – Uniformados policiacos

Dice Julio Villegas que sus secuestradores “levaban uniformes” y que “cortaban cartuchos“. En el caso Cassez, Ezequiel Elizalde dice que escuchó el ruido de un radio de la policia y que el jefe de los secuestradores “le dijo a una o varias personas que apagaran el radio de la patrulla”, lo que significa que en los dos casos, los secuestradores eran policías.

 

Ningún policía fue arrestado e investigado, ni el caso Cassez, ni en el caso Jael Antonio Malagon Uscanga. Además, declara Julio Villegas: “me dijeron que  en mi declaración iba a decir que no me vieron…'”. También dice ” me dijeron… que ellos verían lo que declarara”. Lo que deja suponer una vez más que Julio Villegas fue secuestrado por policías.

 

9 – 8- 9 de diciembre del 2005

El secuestro de Julio Villegas aconteció el 8 de diciembre del 2005, mismo día que fue secuestrada Florence Cassez por elementos de la policía Federal. El 9 de diciembre, Julio Villegas escucha en la tele que la policía arrestó a 2 secuestradores, Florence Cassez e Israel Vallarta,  en el rancho Las Chinitas.

 

10 – “Me dijeron que estaba en peligro mi vida”

A Julio Villegas, le dijeron sus secuestradores que estaba en peligro su vida. Lo mismo que le dijeron a Cristina Ríos cuando la cambiaron de casa de seguridad.

 

11- El Jetta Gris

Afirma Julio Villegas que el carro de los secuestradores era un Jetta gris. En el caso Cassez, aparece también este Jetta gris.

 

 

CONCLUSIONES

Existe la posibilidad de que el secuestro de Bárbara Zuñiga y de Julio Villegas fue organizado por elementos policiacos (“(radio de la patrulla, uniformes”), y no por una banda de civiles encabezada por Cesar Freyre Morales, como lo asegura Isabel Miranda de Wallace. Como sucedió en el caso de las personas que luego rindieron testimonios falsos dirigidos a incriminar injustamente a Florence Cassez, donde también existen indicios claros de intervención de elementos policiacos durante el traslado de las víctimas de una primera casa de seguridad a otra a finales de noviembre del 2005 según nuestras estimaciones basadas en un estudio minucioso de las declaraciones.

En cuanto a Isabel Miranda de Wallace, quién desempeño un papel clave en el caso Cassez, al parecer por su amistad con Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, protector de la comunidad judía de Polanco, importador de armas para el ejército mexicano, negociante en secuestros, y, secuestrador, relacionado con la policía federal y sus eminentes jefes, Genaro Garcia Luna y Luis Cárdenas Palomino. Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol está implicado en el caso Cassez, ya que fue socio de Sébastien Cassez, hermano de Florence Cassez

 

Además, existe una coincidencia en los tiempos entre el caso de Florence Cassez y los casos de supuestos secuestros de los que Isabel Miranda de Wallace, sin ninguna prueba más allá de su propia palabra, acuso a los supuestos integrantes de una banda sin nombre que hubiera encabezado Cesar Freyre y de la que Jael Antonio Malagon Uscanga hubiera sido integrante.

 

Isabel Miranda Torres es esposa del Sr. Enrique Wallace del Socorro, uno de los miembros del directorio del PAN.

Finalmente, solicitamos que se investigue a Isabel Miranda de Wallace por presunto tráfico de influencia, presunta inducción de testigos, presuntas amenazas, presiones y tortura; así como, probable corrupción por medio de su empresa de espectaculares Showcase.

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Exigimos que Jael Antonio Malagon Uscanga tenga derecho a un juicio justo, que se pueda defender con justicia, que esté a salvo de las amenazas directas o indirectas de la Sra. Isabel Miranda de Wallace, que tenga derecho a que se presuma su inocencia y que se garanticen sus derechos humanos fundamentales. En caso de que, por lo que refiere al proceso judicial del Sr. Malagon Uscanga, se siga violando el artículo 20 de la Constitución de nuestro país y no se tomen medidas para poner un alto al poder de la Sra. Wallace, nuestra asociación acudirá a instancias internacionales para denunciar la inacción del gobierno mexicano ante la expresión de fuerzas antidemocráticas que infiltraron las estructuras e instituciones del Estado. No permitiremos que individuos corruptos como la Sra. Wallace sigan apoderándose del título de “victima” y teniendo sus entradas libres hasta en la Secretaria de Gobernación encabezada por Osorio Chong.

No permitiremos que la Sra. Wallace siga insultando el Máximo Tribunal de nuestro país, poniendo en peligro el Estado de derecho. Este tipo de individuos representa un peligro mayor para toda democracia.

Para descargar el documento completo (con imagenes): Investigación Jael