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Libertad para Alfonso Martín del Campo

Artículo de Jesús Aranda publicado el 18 de marzo de 2015 en la Jornada.

Alfonso Martin del Campo libre

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Martín del Campo Dodd sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de su hermana y su cuñado, ocurrido en 1992.

Con el voto en contra del ministro Jorge Pardo Rebolledo, la sala concedió un amparo liso y llano a su favor y ordenó su inmediata libertad.

La mayoría integrada por Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideraron que el acusado fue torturado y que la única prueba en su contra fue la confesión arrancada por este medio, lo cual fue violatorio de sus derechos humanos.

En las próximas horas se espera que salga de la prisión en la que se encuentra, ubicada en el estado de Hidalgo.

Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH.

Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH. Fuente: Foro TV.

Defensa de Cassez demanda a Calderón, García Luna, Televisa y Loret por 36 mdd

Artículo publicado el 26 de enero de 2015 en la revista Proceso.

Florence Cassez a su llegada a Francia.  Foto: AP / Christophe Ena

Florence Cassez a su llegada a Francia.
Foto: AP / Christophe Ena

José Patiño, abogado de Florence Cassez, anunció que presentó una demanda por 36 millones de dólares por el delito de daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, el exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la empresa Televisa, el locutor Carlos Loret de Mola y el reportero Pablo Reinha, entre otros.

El monto de la demanda obedece a “la capacidad económica” y porque a Cassez “la mataron en vida”, argumentó el abogado.

El periódico La Jornada publica hoy una entrevista con Patiño quien le detalla que Cassez incluyó como responsable del daño moral a Luis Cárdenas Palomino, exdirector general de Investigación Policial de la AFI; a Israel Zaragoza Rico, titular en ese momento de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro; a Facundo Rosas, exfuncionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada y al actual senador Roberto Gil Zuarth, en ese entonces secretario particular de Calderón Hinojosa.

Y hoy, en entrevista con MVS Noticias, Patiño defendió la decisión: “Si no la defendemos ahora, cualquiera de nosotros puede ser acusado de manera injusta y señalado por la sociedad. El delito, es un delito doloso no culposo pues supieron que era ilegal”, refirió el abogado.

El pasado jueves 23 de enero se cumplieron dos años de la liberación de Cassez, quien pasó siete años en prisión acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Ese día la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa bajo el argumento de que su detención fue producto de un montaje televisivo y “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión”.

El resurgimiento de Florence Cassez

Artículo publicado en SDP Noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 3 de octubre de 2014

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”.

Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de lo que la ley le exige incurre en una grave violación al “Debido Proceso”, lo que quiere decir que incumple flagrantemente con el mandato de la ley.

El día de ayer nos desayunamos con la noticia de que la ciudadana de origen francés Florence Cassez, conocida por el denominado “juicio del siglo” como bien lo intituló el Dr. Luis de la Barreda, tras un encarcelamiento que compurgó durante siete largos años en México y, que culminara después de una oleada de múltiples acontecimientos y cuestiones mediáticas tanto a favor como en contra, en su libertad absoluta en enero de 2013, reapareció el día de ayer tras interponer una denuncia formal en París por “detención y encarcelamiento ilegales”.

Florence “pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”, y no debemos omitir en ningún momento que el único culpable conforme a derecho de la violación de los derechos constitucionales de Cassez en su momento, es el desaparecido ex Secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, personaje polémico del sexenio calderonista que se le caracterizó además de los montajes, por los presuntos vínculos con la delincuencia organizada, como también se encuentra documentado y sustentado por medio del semanario Proceso, pero que para que pueda estarse en posibilidad de prosperar tal acción legal que ya realiza la ciudadana francesa, bien debe acudir ante la justicia mexicana, es decir, regresar a nuestro país, ahora revertiendo la situación, tal y como esa “ley del boomerang” como denunciante, e insisto, en contra del ex funcionario, que se encuentra hasta este momento sin saberse nada sobre su paradero oficial.

Retomando un poco el análisis de este controvertido caso, Francia, en su momento recurrió a la Convención Sobre Traslado de Personas Condenadas firmada en Estrasburgo en 1983 de la cual México también es parte y que tiene por objeto “que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen”, y en consecuencia, fue solicitado el traslado de Florence Cassez a Francia, insisto, tomando como base legal la presente convención, para cumplir su sentencia en dicho país; sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón se negó a tal acción, por todas las presiones que existían en ese momento, así como también para encubrir a García Luna, violando flagrantemente los términos de esta Convención Internacional, que dicho sea de paso, es de rango y observancia constitucional, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eleva como derecho fundamental la garantía o derecho humano de “debido proceso legal”; es decir, ser sometido a juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”; desde entonces, incluso antes de ser procesada, Cassez quedó estigmatizada. En febrero de 2006, las autoridades tuvieron que reconocer que las imágenes televisadas “no correspondían ni a la realidad ni a un rescate en vivo”.

En el caso Cassez, el propio montaje ocurrido, en efecto, fue una violación al “Debido Proceso”, los artículos 14 (formalidades esenciales del procedimiento) y 16 párrafo cuarto, dentro de los requisitos formales de legalidad que exigen los dispositivos constitucionales de nuestra Carta Magna fueron a todas luces quebrantados en perjuicio tanto de la francesa como de Israel Vallarta, dos de sus hermanos y tres sobrinos de este último, quienes siguen recluidos ilegalmente y aún sin sentencia.

El presente asunto, dejó de ser un caso de secuestro para convertirse en una controversia a todas luces política, donde las autoridades no podían desprestigiarse más a sí mismas, toda la atención que habían volcado en Cassez era ahora su mayor enemiga.

Tras siete años se cerró un caso, mismo que se solucionó “al estilo mexicano”; es decir, se resuelve en menos de un mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decidirse reabrir el caso en amparo en revisión, donde la controvertida Florence Cassez es puesta en absoluta libertad, y la autoridad reconoce simplemente su equivocación y dejan salir libre a alguien, que regresa a su país de origen, previa estancia ilegal en los Penales tanto de Santa Martha Acatitla y Tepepan en el Distrito Federal, y que ahora regresa “a escena” para pedir castigo a los culpables de su ilegal encierro. ¿Ahora hasta a dónde llegará todo esto?

Isabel Miranda pretende entorpecer justicia a Alfonso Martín del Campo

Artículo publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 15 de septiembre de 2014

 

Isabel Miranda aleccionando en fabricar culpables a las hijas Zamudio Martín del Campo por el hmicidio de sus padres. Foto: cortesía

Isabel Miranda aleccionando en fabricar culpables a las hijas Zamudio Martín del Campo por el hmicidio de sus padres. Foto: cortesía

El caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, preso durante 22 años por la confesión bajo tortura del homicidio de su hermana Juana Patricia y su cuñado Gerardo Zamudio en 1992, ha servido a periodistas y cineastas para obtener reconocimientos internacionales por demostrar las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano. Pero también ha sido pretexto para Isabel Miranda Torres, conocida como la “señora Wallace”, para presionar a miembros del Poder Judicial a preservar estas fallas y evitar la reparación de justicia.Recientemente, Martín del Campo lanzó un comunicado para denunciar públicamente a Isabel Miranda de interferir en su proceso sin tener personalidad jurídica para ello. La acusó de desafiar al Estado de derecho y de sembrar la duda sobre la independencia del Poder Judicial. “Ella da por hecho que no se va a comprobar la tortura en mi caso y da a entender de que ya sabe el sentido de la resolución, lo cual sería gravísimo”, señaló.

En entrevista a Los Ángeles Press, Martín del Campo dijo que ignoraba por qué Isabel Miranda se ha entrometido en su caso, sin siquiera conocerlo a profundidad ni tener personalidad jurídica para ello. Incluso se mostró sorprendido de los recursos que ha destinado Miranda para la campaña mediática y en las redes sociales para que no lo liberen, pese a que se trata de un caso emblemático de violaciones por derechos humanos del Estado mexicano. “¿Qué interés tiene esta señora en mi caso? Ella puede decir cualquier cosa, pero no tiene ninguna validez jurídica”, comentó telefónicamente Martín del Campo Dodd desde la prisión.

Isabel Miranda Torres, quien también ha sido denunciada ante la Procuraduría General de la República por simular el secuestro de su hijo Hugo Wallace, obtener lucro con ello y fabricar culpables bajo tortura, el pasado 6 de septiembre difundió en las redes que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México “se probará que no hubo tortura” en el caso de Martin del Campo. De la misma manera, hizo referencia a que la víctima sólo quería que el Estado lo compensara “millonariamente” por el tiempo que lleva en la cárcel.

Hijas de los Zamudio Martin del Campo con Emilio ALvarez Icaza, de la CIDH. Foto: especial

Hijas de los Zamudio Martin del Campo con Emilio ALvarez Icaza, de la CIDH. Foto: especial

Junto con las declaraciones por la próxima resolución del Poder Judicial, Miranda Torres también exhibió en espectaculares públicos cuestionamientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la defensa a Alfonso Martín del Campo, durante la visita del secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, el pasado 15 de agosto. No obstante, el funcionario sin hacer alusión a los cuestionamientos posó para las fotografías junto a las hijas de los occisos Zamudio Martin del Campo.

El caso de Alfonso fue uno de los primeros atendidos por tortura y violaciones al debido proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se acreditó cabalmente que fue obligado a confesar bajo tortura física el doble homicidio de sus familiares perpetrado el 30 de mayo de 1992 en la Ciudad de México, se le detuvo ilegalmente y se le sentenció a 50 años de prisión sin respeto a las normas del debido proceso, según el informe 117/09 de la CIDH. Las violaciones a su integridad física y a sus garantías constitucionales fueron validadas también ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras. Incluso se argumentó la simulación de pruebas por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El Comité por la liberación de Alfonso Martín del Campo, coordinado por Alejandro Juárez, ha registrado y documentado las violaciones de derechos humanos, ordenando la información con las evidencias del caso en el blog #AlfonsoLibre y ha elaborado varios videos con la argumentación jurídica y pruebas periciales que demuestran la inocencia del inculpado. Incluso periodistas como Kevin Sullivan y Mary Jordan del The Washington Post ganaron el Pulitzer en 2003 por demostrar las violaciones en el caso de Alfonso. Sin embargo, su liberación de ha sido postergada.

Las sobrinas de Alfonso Martín del Campo, por su parte, han abierto un blog para subir imágenes y documentos orientados a incriminarlo; y aleccionadas por Isabel Miranda, han lanzado una campaña de hostigamiento contra la víctima de tortura y prisión injustificada en las redes sociales. María Fernanda escribió una narración en el blog en el que acusa directamente a su tío, a quien dijo haberlo visto matar a sus padres a los cuatro años de edad. Mientras Brenda no duda en posar frente a las cámaras empuñando armas, quien junto con su hermana Tamara se lanzan contra la libertad de Alfonso ignorando el proceso judicial durante 22 años.

Brenda Zamudio empuñando armas y luciendo autos lujosos. Foto: especial

Brenda Zamudio empuñando armas y luciendo autos lujosos. Foto: especial

Los presuntos responsables del homicidio

En la investigación realizada para juntar las evidencias que demuestran la fabricación de la culpabilidad contra Alfonso Martín del Campo dos personas han sido señaladas como principales beneficiados del crimen: José Roberto Zamudio Aldaba y su madre María del Carmen Aldaba Corral. Ambos con un largo historial de fraudes millonarios en diferentes ciudades mexicanas desde principios de los años noventa y con antecedentes delictivos en Reno, Nevada.

Alfonso Martín del Campo también ha denunciado que a raíz de las evidencias reveladas contra los presuntos delincuentes, ellos han dejado de fungir como coadyuvantes del Ministerio Público en su caso, y se encuentran en calidad de prófugos. Ante la ausencia de los presuntos autores intelectuales del crimen, Isabel Miranda de Wallace ha tomado la estafeta de “fiscal”, y pese a que no tiene personalidad jurídica para ello hace declaraciones, presiona a los jueces, y manipula a las jóvenes hijas de los occisos a quienes incluso les adjudica frases en espectaculares de su empresa Show Case Publicidad, SA de CV como las siguientes:

¿Por qué te olvidas de las víctimas de Alfonso Martín del Campo? ¿Será porque no nos representas?

No somos invisibles, somos las víctimas del Alfonso Martín del Campo.

Yo vi que Alfonso Martín del Campo mató a mis padres.

Esta última frase, Miranda Torres se la adjudicó a María Fernanda Zamudio Martín del Campo, cuando tenía cuatro años de edad, y a quien doce años después llevó a declarar ante los medios de comunicación que había visto asesinar a sus padres. Miranda usa el espectular para volver al caso de Brenda Quevedo Cruz, acusando a la CIDH de favorecerla en referencia al falso secuestro de su hijo, dado a conocer en los medios por ella como “el caso Wallace”.

 


Aunque María Fernanda Zamudio tampoco tiene personalidad jurídica en el proceso de Alfonso Martín del Campo, se puso en evidencia que Gerardo García Chavarría, cuñado del occiso Gerardo Zamudio Aldaba, al haber sido el primero en entrar en la escena del crimen, declaró ante el Ministerio Público que sacó dormidas a las entonces niñas Brenda y a María Fernanda (quien es la que ha declarado en contra de Alfonso Martín del Campo).

Más aún, la propia procuraduría concluyó que no podía incorporar las imputaciones hechas ahora de la joven, por tratarse de hechos que fueron juzgados hace más de doce años.

Sin embargo, para Isabel Miranda no ha pasado el tiempo, y al igual que manipula la prensa, falsea declaraciones y ratifica la simulación de pruebas pese a testimonios y evidencias de rastros de vida de Hugo Wallace, pretende inmiscuirse en el proceso de Alfonso Martín del Campo, quien se encuentra desde hace años a un paso de la libertad.

Intervención vía telefónica de Brenda Quevedo Cruz (Desde la raíz, el 30 de junio 2014)

Fuente: Femcai

Con Patricia Barba

Fecha: el 30 de junio 2014

 

 

Caso Wallace, ¿ejemplo de fabricación de culpables?

Fuente: Noticias Terra MX

Por Armando Hernández

Las dudas en torno al caso Wallace abren el debate y cruda realidad en México sobre la fabricación de delitos y culpables.

El caso es complejo. Investigaciones dadas a conocer por la periodista Anabel Hernández señalan que la activista, quien recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, ayudada por autoridades, protagonizó la fabricación de pruebas para encontrar culpables en torno al supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Anabel Hernández generó controversia con sus últimas publicaciones sobre el Caso Wallace.

Foto: Terra

En los últimos días, la periodista dio conocer las supuestas anomalías del caso, en el que habría encontrado tres interrogantes:

1)      Isabel Miranda mintió sobre la verdadera paternidad de Hugo Alberto, ya que no es producto de su matrimonio con Enrique Wallace Díaz.
2)      Se sospecha de una doble identidad de Hugo Alberto, con la posibilidad que esté con vida.
3)      Quedaría al descubierto la presunta complicidad de la PGR en la investigación, con omisiones y alteraciones periciales.

Según la periodista, el caso va más allá de una guerra de declaraciones entre ella y Miranda de Wallace, pues su objetivo es mostrar la deficiencia del sistema judicial en México.

“La señora no es mi problema, el problema es cómo la PGR permitió fabricar estos temas y ayudar a sostenerlos por tanto tiempo”, dijo en entrevista para Terra.

Agregó que la PGR, lejos de refutar o confirmar la posible fabricación de pruebas y culpables, parece dejar sola a la presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro”.

Revista Proceso Número 1961, donde se revivió el tema.

Foto: Revista Proceso

Isabel Miranda y el fallido del sistema de justicia 

De acuerdo al análisis de Hernández,  Isabel Miranda Torres es una de las figuras más importantes de la fábrica de culpables en México.

Entre los cabos sueltos, también está que aun sin el cuerpo de la víctima, se expidió una autopsia ficticia firmada por un médico forense, además de la desaparición de la única muestra de sangre que acompañó el peritaje inicial, principal sostén de la acusación y  que desencadenó condenas a César Freyre, Juana Hilda González y los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, junto a Jacobo Tagle y Brenda Quevedo Cruz.

Pese a ello, en una de sus últimas declaraciones públicas, Wallace aseguró la solidez en el proceso penal sobre el secuestro y asesinato de su hijo, donde hay tres confesiones de los sentenciados aceptando el crimen. Sin embargo, la sombra de la supuesta tortura a la que fueron sometidos también acompaña esta afirmación.

Para la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que respaldó  a Florence Cassez ante la violación del debido proceso y la fabricación de pruebas, los hechos anteriores demuestran que el caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace está plagado de irregularidades y contradicciones.

También la política está envuelta. Jenaro Villamil, periodista especializado en medios de comunicación, considera que el protagonismo de Miranda de Wallace se dio al convertirse en el contrapeso a las críticas que encabezó otro activista,  Javier Sicilia, dirigente del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, quien condenó la violenta estrategia del gobierno calderonista. En tanto que, Miranda, quien siempre apoyó la lucha de Felipe Calderón, recibió de las manos del Presidente el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Isabel Miranda de Wallace recibió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Foto: Notimex

La falacia en el sistema de justicia 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) asegura que el panorama es claro: en México es notorio que existe un arcaico sistema de justicia, que corresponde en muchos casos a intereses.

“Los ministerios públicos y autoridades en general trabajan con la fabricación de delitos, utilizan pruebas ilícitas, sin investigaciones reales. En su mayoría, los delitos quedan impunes o personas inocentes están en prisión”, aseguró Andrés Díaz Fernández, coordinador del Área de Defensa del Centro.

“Existen muchas personas que son parte de esta gran falacia en el sistema de justicia”, agregó el abogado, quien formó parte de la defensa que logró la libertad de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial,  junto a Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas, sin pruebas contundentes pero efectivas para las autoridades, para mantenerlas en prisión durante tres años.

“Un gran problema en este sistema es el centralismo de Poder Ejecutivo, por encima del Legislativo y Judicial, donde hay grandes intereses que operan en ciertas áreas”, sin dejar de lado la corrupción que permea entre jueces y ministerios públicos, explicó Díaz Fernández.

Por este y otros casos, no sorprende la desconfianza de los ciudadanos ante el sistema judicial. Incluso,  de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental, 8 de cada 10 mexicanos percibe a la policía como el sector social más corrupto, seguido por los ministerios públicos y partidos políticos.

Caso Vallarta: Entrevista de las periodistas Emmanuelle Steels y Delphine Rigaud con Blanche Petrich

Israel Vallarta

 

Para ver la Primera parte de la entrevista.

Para ver la Segunda parte de la entrevista.

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