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Posts Tagged ‘Isabel Miranda de Wallace’

Libertad para Alfonso Martín del Campo

Artículo de Jesús Aranda publicado el 18 de marzo de 2015 en la Jornada.

Alfonso Martin del Campo libre

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Martín del Campo Dodd sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de su hermana y su cuñado, ocurrido en 1992.

Con el voto en contra del ministro Jorge Pardo Rebolledo, la sala concedió un amparo liso y llano a su favor y ordenó su inmediata libertad.

La mayoría integrada por Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideraron que el acusado fue torturado y que la única prueba en su contra fue la confesión arrancada por este medio, lo cual fue violatorio de sus derechos humanos.

En las próximas horas se espera que salga de la prisión en la que se encuentra, ubicada en el estado de Hidalgo.

Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH.

Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH. Fuente: Foro TV.

La señora Wallace en defensa de la brutalidad policiaca

Artículo de Guadalupe Lizárraga, publicado el 14 de marzo del 2015 en el Los Angeles Press.

Isabel Miranda Torres en rueda de prensa. Foto: Jonhatan Telles.

Isabel Miranda Torres en rueda de prensa. Foto: Jonhatan Telles.

Ahora Isabel Miranda Torres, alias la señora Wallace, busca nuevos reflectores mediáticos en las diferentes entidades de la república mexicana con su nueva propuesta: “defender a los policías”. Esta ama de casa que cobró notoriedad en la Ciudad de México por simular el secuestro y homicidio de su hijo en julio de 2005, se ha valido de su impunidad para seguir entrometiéndose en la administración judicial federal, y manipular las instituciones del Estado de derecho, ahora con la ocurrencia de una defensoría de policías acusados de violar derechos humanos.

Según Miranda, “se ha dado constantemente que los policías son acusados de violar derechos humanos cuando realizan una detención”. No precisa mayor información, casos, nombres, datos mínimos para sostener su alegato dado en rueda de prensa en Culiacán, Sinaloa. Pero tampoco alude a los propios casos de sus culpables fabricados en el falso secuestro Wallace, cuando ella participó directamente en sus detenciones arbitrarias y violatorias de derechos humanos, usurpando funciones judiciales sin tener ninguna facultad para ello: técnicamente una secuestradora que operó con agentes ministeriales de la PGR de cómplices.

Con su habla cantinflesca, Miranda Torres pretende convencer por qué los mexicanos debemos aceptar la creación de una defensoría de policías con dinero publico:

“Al momento de que un policía ingrese a una casa a rescatar a una víctima, si tiene el temor de ser destituido o de ser sancionado porque nada más con el simple hecho de que un imputado, que además no sé de qué valor moral pueda tener un imputado para acusar a un policía, y creo que ahí es donde viendo que no hay equilibrio y esto es lo que queremos cambiar con esta figura, que los policías tengan quién los defienda desde el punto de vista de derechos humanos y también jurídicamente”. (Línea directa 11/Mar/2015)

Seguramente, Miranda vio en la televisión la primera parte del caso de Ferguson, donde un policía blanco fue exonerado de cargos por un juez, después de asesinar a un joven afroamericano. Lo que ignora es la segunda parte, en la que la decisión del juez le ha resultado contraproducente, porque ahora es repudiado por la opinión pública y su reputación profesional se ha visto seriamente comprometida, luego de que el Ayuntamiento de Ferguson aprobara por unanimidad la dimisión del administrador municipal, John Shaw, y la del jefe de la policía, Thomas Jackson, ante la publicación de un duro informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre sesgos raciales en esa localidad. Incluso, se prevé que pudieran desmantelar todo el departamento de la Policía de Ferguson a raíz de este caso. Son las consecuencias esperadas por delitos y omisiones de los servidores públicos en un Estado de derecho.

Pero en México, a la señora Wallace –con esa vocación de delincuente que la caracteriza– y a las mismas autoridades que toleran su impunidad, les parece no sólo atinado defender a los policías acusados de violar derechos humanos, sino hacerlo en un momento de profunda crisis de las instituciones judiciales y de procuración de justicia precisamente por sus prácticas de corrupción y abuso de poder. Sobre todo, cuando el caso Ayotzinapa no ha sido seriamente atendido y el Estado es el principal responsable de este crimen; cuando un violador de derechos humanos como Eduardo Medina Mora es designado por el Ejecutivo como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuando hay cientos de casos de mujeres inocentes criminalizadas por la corrupción de funcionarios judiciales como el caso de Nestora Salgado y de Brenda Quevedo Cruz. Esto es, resulta absurda la defensa de la brutalidad policiaca en un momento en que uno de los pilares del Estado mexicano como es el sistema de justicia ha sido sistemáticamente quebrantado por varias décadas con la impunidad de crímenes de derechos humanos y violación de garantías individuales, por las masacres perpetradas por el ejército y las corporaciones policiacas y paramilitares.

Basta recordar sólo unos ejemplos para saber de qué calidad de Estado hablamos: Tlatelolco en 1968; Rivera de San Cosme en 1971; la Guerra sucia de los años 70; el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995; Acteal en Chenalhó, Chiapas, en 1997; El Charco, Guerrero, en 1998, y nos brincamos a las más recientes de Ayotzinapa, Guerrero, y de Tlatlaya, Estado de México, 2014, porque la lista es larga. A ésta, hay que agregar el sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y opositores políticos a lo largo y ancho del país y en los diferentes sexenios gubernamentales.

Estamos en un tiempo, pues, en que el surgimiento de las policías comunitarias y autodefensas han sido la respuesta de los pueblos ante la trayectoria criminal de las corporaciones policiacas por el acoso a las comunidades, por su corrupción y vínculos con el narcotráfico. Estamos en un tiempo en que la creación de una defensoría de policías al estilo de la señora Wallace es un arma más para el crimen que gobierna.

Isabel Miranda de Wallace -twitt

Más aún, no es fortuito que criminales impunes como Isabel Miranda Torres tomen iniciativas de tergiversar la justicia y la defensa de los derechos humanos con escenarios fabricados por los medios de comunicación oficiales. Especialmente, cuando el reporte más reciente de la ONU sobre derechos humanos en México observa que la tortura, el maltrato, las detenciones arbitrarias y la suspensión de garantías individuales son prácticas generalizadas. La señora Wallace, sin ser funcionaria judicial, ha protagonizado estas prácticas junto con ministeriales. Es parte del absurdo y la oscuridad que vive México hoy, como los sistemas descritos por Kafka en sus cuentos, en los que el terror es la base para mantener impune la depredación y el control de los vulnerables.

Sin embargo, no hay que olvidar quién es “la señora Wallace”, independientemente de quien esté detrás de ella. Esta criminal ha destacado en nuestro país por su capacidad de corromper jueces y funcionarios judiciales, por su impudor de imaginar a su hijo descuartizado y venderlo así a los medios, ha destacado no sólo por ordenar a agentes ministeriales las torturas de sus culpables fabricados, sino por participar directamente en éstas, y mantenerse impune con cada administración judicial. Si bien, ahora puede obtener algunos apoyos oficiales para defender la brutalidad policiaca, no tiene ni tendrá la capacidad intelectual para construir un argumento medianamente sólido y justo para sostener propuestas de esta naturaleza. Ni ella ni el Estado. De ahí, que sólo la corrupción y la represión sean sus recursos, las tácticas de la ignorancia ante la falta de legitimidad y legalidad.

Ellos pueden cercar la información en territorio nacional, pero las redes no tenemos fronteras geográficas. Ellos pueden ejercer el terror in situ, pero nosotros podemos denunciarlo por internet en el mundo. Ellos pueden seguir siendo impunes dentro del país, pero internacionalmente son reconocidos como criminales. La señora Wallace está denunciada en Migración de Estados Unidos por el delito de perjurio ante la Corte de Chicago, cometido en marzo de 2008, por sostener que su hijo Hugo Alberto no tenía antecedentes penales, cuando había sido procesado por contrabando en 2001. De tal suerte, que el día que Miranda cruce la frontera de México a Estados Unidos corre el riesgo de ser detenida y procesada.

Pese a que Miranda goza de impunidad por la red de funcionarios que se han beneficiado con su corrupción, ha llegado el momento en que es insostenible para el sistema judicial mexicano. El caso de Elba Esther Gordillo es ejemplo. Su fortuna hecha a base de corrupción y tráfico de influencias no le valió para perpetuarse en absoluta impunidad. Miranda es mucho menos que eso, ni la fortuna ni la red institucional ni la inteligencia posee, y sus crímenes mas burdos, perpetrados por ella misma, son ya de dominio público. Sus días de libertad, sin duda, están contados.

La brutal “Señora Wallace”, tras la orden de NO liberar a la activista Nestora Salgado

El diario La Jornada reveló hoy que la empresaria Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, es la causante de que el fiscal general de Guerrero negara la libertad a la líder comunitaria Nestora Salgado, presa desde agosto de 2013 en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de plagiar a dos jovencitas de 17 años.

Pese a que el empleado de Peña Nieto en el “gobierno” interino de Guerrero, Rogelio Ortega, prometió que la activista sería liberada a principios de este año, el fiscal general Miguel Ángel Godínez rechazó la petición para desistirse de los cargos contra Nestora, justo cuando la panista Miranda de Wallace y su patiño Alejandro Martí, intervinieron en el caso antes de que venciera el plazo legal para dictar la resolución.

De hecho, las causas penales contra la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fueron desechadas en marzo de 2014 por un tribunal federal, ordenando su excarcelación. No obstante, desde entonces se viene retrasando la ejecución de la orden con gran variedad de pretextos.

El caso de Nestora Salgado se remonta a junio de 2013, cuando ella era comandante de la CRAC-PC en su comunidad natal de Olinalá, Guerrero. Dos señoras se acercaron a ella para plantearle el caso de sus dos hijas de 17 años –Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa–, que se encontraban desaparecidas desde hacía varios días y, según sus propias madres, andaban en malos pasos.

Nestora movilizó a sus fuerzas y pronto dio con el paradero de las adolescentes, halladas en casas de sus “amigos” en Huamuxtitlán y Tulcingo. Como parte de las acciones de reinserción social implementadas por la CRAC desde 1995, las jovencitas fueron remitidas con el consentimiento de sus familias a diversas casas de justicia administradas por maestros de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, encargada de proyectos educativos para jóvenes infractores en conjunción con las autoridades comunitarias. Consta el acuerdo firmado entre las madres de las jóvenes y la CRAC, con fecha del 10 de junio de 2013.

Meses más tarde, las madres se “echaron para atrás” inexplicablemente y acusaron a Nestora Salgado de secuestro agravado y extorsión, cambiando sus versiones ante el Ministerio Público. A raíz de estas acusaciones, Ángel Aguirre y Peña Nieto emprendieron una brutal cacería sobre las autodefensas de la CRAC en varias localidades de La Montaña. Duarante un violento operativo, militares y efectivos de la Marina detuvieron en Olinalá a Nestora Salgado junto a otras 50 personas. Hasta el momento, 12 autodefensas permanecen encarcelados y declarados presos políticos del régimen sangriento de Aguirre/Peña.

En marzo de 2014, tras una dura lucha de organizaciones sociales, activistas y abogados defensores de derechos humanos para recuperar la libertad de la lider comunitaria, madre de tres hijas y migrante mexicana Nestora Salgado, el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco, José Luis Arroyo, determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no procedían, ya que Salgado había actuado facultada por su autoridad como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones legales derivadas de un acto de autoridad.

El mismo juez detectó contradicciones e inconsistencias en los dichos de los denunciantes, concluyendo que los supuestos montos de dinero que la policía comunitaria les exigía para liberar a los detenidos, en realidad eran fianzas y no sobornos como habían acusado. Por todo ello, el magistrado ordenó el no ejercicio de la acción penal contra Nestora Salgado y los otros 11 integrantes de la CRAC encarcelados. Sin embargo, retrasos deliberados del “sistema de justicia” han impedido que se ejecute la orden, la diligencia se mantiene trunca y no se han presentado en su totalidad las pruebas de descargo en favor de Salgado.

A principios de enero de este año, Rogelio Ortega presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien debía evaluar si procedía o no la liberación de Nestora. Un semana antes de que venciera el plazo para que Godínez informara su decisión, los empresarios panistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace emprendieron una campaña bestial de desprestigio contra la líder comunitaria.

Erigiéndose en jueces y dictadores de los destinos de este país, ambos panistas declararon a voz en cuello que la liberación de Nestora Salgado sería “ilegal y contraria a derecho”. Además acusaron a Ortega de no tener facultades para hacer dicha solicitud y denunciaron una supuesta “negociación” entre diputados federales y locales del PRD, para sacar raja política del caso.

Montando un teatro miserable, la “terrible Señora Wallace” ha utilizado a la joven Dulce Rubí Burgos, una de las acusadoras de Nestora, en sus conferencias de prensa para echar pestes contra las policías comunitarias. La muchacha prácticamente no habla, sólo se dedica a llorar junto a la poderosa empresaria mientras ésta, dramáticamente, la abraza.

De izquierda a derecha: Alejandro Martí, líder de “México SOS”; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de “Alto al Secuestro”, y la joven Dulce Rubí Burgos. Foto: Humberto González / La Jornada

El abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, denunció que la intervención de Miranda de Wallace y Martí “desvirtuó el debate jurídico” y violaría el debido proceso de Salgado, plagado ya de un sinfín de irregularidades, pues ambos sujetos pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público.

La feroz empresaria panista Isabel Miranda de Wallace tiene un largo historial de arbitrariedades cometidas en diversos casos, con tal de salirse con la suya. Su exabrupto más reciente lo aplicó a la periodista de investigación Anabel Hernández, luego de que ésta revelara que la empresaria manipuló a su antojo el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace, presuntamente asesinado por secuestradores, y que incluso el occiso podría seguir vivo. La panista estalló contra Hernández y acusó a la revista Proceso de presionar a testigos citados en el reportaje de la periodista para que mintieran.

En su libro “México en Llamas”, Anabel Hernández dedicó un capítulo entero a exhibir las acciones ilegales de esa terrible empresaria para hacerse “justicia” por su propia mano contra personas inocentes, solapada por el régimen genocida del usurpador Felipe Calderón.

El padre Goyo habla de Isabel Wallace desde Nueva York

#RepudioaWallace

Entrevista subida en la página youtube de Mexicanos en la ciudad de New York.

La CIDH ordenó que se proteja a Nestora Salgado

Aríiculo publicado el 2 de febrero de 2015 en Aristegui Noticias.

Nestora Salgado CIDHLa representante de la comandante, ante la CIDH, asegura que en México “hay un uso abusivo del derecho penal” y Nestora es un claro ejemplo de criminalización.

La representante de la comandante, ante la CIDH, asegura que en México “hay un uso abusivo del derecho penal” y Nestora es un claro ejemplo de criminalización.

La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para Nestora Salgado; ha ordenado que se le “proteja de manera inmediata”, explicó, Alejandra Gonza, representante de Salgado ante la CIDH.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, expuso que a la comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, actualmente presa en un penal federal en Nayarit, se le acusa del delito de secuestro y se le ha calificado como “presa de alta peligrosidad”.

Refirió que “las violaciones a sus derechos humanos han tenido impacto a su salud”, por lo que las medidas dictadas por la CIDH son en función de “proteger su salud y vida que se da en el marco de este hostigamiento“.

Sostuvo que el caso de Nestora es un claro patrón de criminalización, pues “hay un uso abusivo del derecho penal, de una manera que no puedan defenderse. De forma tal que se están creando verdades históricas a través de la versión oficial que puede dar un Procurador o un sistema penal”, señaló Gonza.

Documento de la CIDH: aquí

Entrevista completa en MVS a Alejandra Gonza:

Desarman las acusaciones contra Nestora Salgado

Artículo de Jesusa Cervantes publicado el 29 de enero de 2015 en la revista Proceso

Los defensores de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, confían en el que fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acusación para que ella recupere la libertad. El diputado perredista Roberto López Suárez relata las maniobras del exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien movió incluso a la señora Isabel Miranda de Wallace y a Alejandro Martí para impedir la liberación de Nestora, y de paso exhibe las turbias andanzas del exfuncionario.

Integrantes de la CRAC exigen la liberación de Nestora Salgado. Foto: Jessica Torres

Integrantes de la CRAC exigen la liberación de Nestora Salgado.
Foto: Jessica Torres

Nestora Salgado García afectó el negocio del grupo criminal Los Rojos en Olinalá y detuvo la trata de personas en la región, concluye la comisión plural de diputados federales que promueve la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), quien desde el 21 de agosto de 2013 está presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.

El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.

Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.

El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.

El diputado federal López Suárez comenta que el domingo 11 –tres días después de la petición del gobernador al fiscal–, autoridades de Guerrero le advirtieron que Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, se pronunciaron contra la libertad de Nestora pues, arguyeron, “ha indignado a sus víctimas y sus familiares”.

Al conocerse la petición de Ortega Martínez, cuenta López Suárez, Martínez Chávez localizó a una de las presuntas víctimas de la comandante de la PCO para que contara a los medios las atrocidades que sufrió por parte de Nestora, quien la tuvo encarcelada para “reeducarla”. El exsubprocurador también se acercó a Miranda de Wallace y a Martí para decirles que ella es una “secuestradora peligrosa”.

Martínez Chávez, dice el legislador, fue subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero y antes fungió como abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de los bares Cadillac y Lobohombo en la Ciudad de México.

Durante un tiempo él fue defensor de giros negros en el Distrito Federal e incluso en un principio litigó en favor de 14 personas que trabajaban en el bar Cadillac, detenidas en un operativo de julio de 2013 acusadas de presunta participación en la trata de personas.

Y ese es uno de los delitos que Nestora combatió en Olinalá cuando estuvo al frente de la PCO, por considerar que era explotación sexual y laboral que afectaba a mujeres y hombres: a ellas las prostituían, a ellos los integrantes de Los Rojos los usaban para el trasiego de drogas, como sicarios y para cometer actos de extorsión.

Ella afectó la ruta del trasiego de droga y el abigeato de ese grupo criminal, recuerda López Suárez. E insiste en que Martínez Chávez está detrás de las denuncias de Miranda de Wallace. Hay elementos que nos llevan en esa dirección; uno de ellos, dice, es que el único que sabía dónde estaban las presuntas víctimas de Nestora es precisamente Martínez Chávez.

Sin embargo ellas aparecieron en la conferencia organizada el lunes 12 por Miranda y Martí para dar a conocer fragmentos de la grabación de un encuentro del 1 de julio de 2014 en el cual participaron, entre otros, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador guerrerense Iñaki Blanco y el propio Martínez Chávez, sostiene el legislador.

Asimismo entregó a Proceso la versión íntegra de lo que se dijo en esa reunión en la cual Blanco, custodiado por Martínez Chávez, se lanzó contra Nestora y defendió a sus presuntas víctimas. Ese mismo discurso fue presentado por la señora Miranda en su conferencia de prensa.

El arresto

El 27 de octubre de 2012 Nestora Salgado fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, municipio que colinda con Puebla y donde, según las autoridades federales, está asentado el grupo criminal de Los Rojos.

Diez meses después, a mediados de agosto de 2013, un grupo de ganaderos fue emboscado. Dos de ellos murieron y uno desapareció. Los familiares acudieron con el síndico procurador del ayuntamiento, Armando Patrón Jiménez, a levantar la denuncia, pero no se les atendió.

Decidieron ir con Nestora, entonces dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien sí los atendió. Y cuando fue a recoger los cuerpos de los ganaderos encontró a Patrón Jiménez en la escena del crimen, “borrando evidencias”.

Nestora lo detuvo y lo trasladó a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para que fuera juzgado. Cinco días después, en un operativo conjunto, efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la estatal la arrestaron y la acusaron de secuestro y delincuencia organizada. Liberaron al síndico y a otros 40 detenidos.

En el encuentro del 1 de julio de 2014 en Casa Guerrero con Blanco y Martínez Chávez, los legisladores perredistas y dirigentes sociales solicitaron a Aguirre Rivero la liberación de la comandante.

Según el video mostrado por el diputado­ López Suárez, ese día el procurador, respaldado en todo momento por Martínez Chávez, expuso: “Quiero hacer un respetuoso llamado para atender a las víctimas (de Nestora). Para que esta mesa esté completa se requiere la asistencia de las mismas y de sus abogados… Hago un respetuoso llamado porque (entre ellas) hay dos menores de edad.

“Pareciera que de repente queremos borrar y desaparecer a estas personas (las detenidas en la Casa de Justicia). Lo cierto es que al estar ellas en casas de justicia estuvieron en condiciones deplorables, con toda clase de castigos y el artículo 36 de la Ley 701 que reconoce usos y costumbres, no dice qué es lo que se entiende por sistema de justicia…

“El problema es que parte de las personas fueron sujetas a sanciones y medidas de rehabilitación (pero) tenemos un severo problema en cuanto a la aplicación del derecho. Estas personas no tuvieron oportunidad de defenderse y presentar pruebas de descargo.

“Y algo muy importante: no aparecen las supuestas víctimas u ofendidas; tampoco ha aparecido un expediente debidamente integrado para sustentar una impu­tación y la imposición de una sanción a estas personas.

“Reitero el caso de los menores de edad, uno de 11 y otro de 13 años. Esto me parece absurdo… ellos fueron juzgados como cualquier otra persona, sin que en ningún momento se les permitieran medios de defensa (aun cuando) ningún artículo de la ley 701 refiere que se puede solicitar dinero a cambio de que alguien sujeto a una medida de reeducación (sea liberado).”

Añadió: “Ellos temen que al ser puestos en libertad atenten contra sus personas. Nosotros, en atención a las órdenes del señor gobernador, les implementamos asistencia jurídica, psicológica y social.

“Quiero recodar que una de las personas que estuvo sometido a medidas de reeducación­ en la Casa de Justicia fue agredido a machetazos. Él hace imputacio­nes contra integrantes de la CRAC-PC, particularmente contra Nestora Salgado.”

Luego de que el funcionario, respaldado por Martínez Chávez, abogó por las supuestas víctimas, incluido el síndico Armando Patrón, Aguirre Rivero se incorporó a la reunión y declaró: “Quiero dejar muy claro que la detención (de Nestora) no fue interés del gobierno.

“De mi parte –añadió– hay la voluntad política. Si hay que trasladar a la compañera Nestora a la Ciudad de México, yo no tengo ningún problema; y si tengo que hacer alguna gestión, la haré.”

Los legisladores le mencionaron, según el video, una ley de amnistía como salida, pero le pidieron a Aguirre Rivero que su gobierno se desistiera de su acusación.

El entonces mandatario respondió: “Lo que yo no quiero es que siga en la cárcel. Para decirlo en cristiano: no me interesa. Además, ustedes han hablado con Nestora de que habrá nuevas reglas…”

“Y ella está de acuerdo”, respondieron los legisladores.

En otra parte del video se escucha a los diputados cuando le aclaran a Blanco y a Martínez Chávez que ellos no estaban ahí para tomar clases de derecho, sino para encontrar una vía política y la pronta liberación de Nestora.

La andanada de Miranda

Después de que un juez federal reconoció que Nestora Salgado fue nombrada comandante por usos y costumbres, consideró que no cometió ningún secuestro, pues sólo cumplió con sus obligaciones, y la exculpó del presunto delito de delincuencia organizada, el jueves 8 el gobernador interino Rogelio Ortega pidió a la autoridad local desistirse de esos cargos.

Entonces Miranda de Wallace y Martí exigieron a Ortega Guerrero respetar la autonomía del fiscal Godínez Muñoz en el caso de Nestora y presentaron en la conferencia de prensa del lunes 12 a una de las presuntas víctimas de la comandante: Dulce Rubí Burgos Pérez, quien dijo haber sido detenida por la CRAC-PC el 8 de junio de 2013.

“El lugar donde estuvimos era horrible, fue lo peor que nos pudo haber pasado en la vida. Había ahí menores de 13 años; nos golpeaban, nos maltrataban… Por las malas condiciones en que nos tenían nos salieron piojos.

“Yo soy una víctima de secuestro de la señora Nestora Salgado. Como víctima sólo pido que se haga justicia… Y es que el tiempo que estuvimos ahí encerradas no nos daban de comer. Nos ponían a trabajar muy duro. Yo estuve enferma los tres meses y nadie me atendió”, narró Burgos.

El martes 13, Francisco Flores Jiménez, otro de los presos en la Casa de Justicia liberados en agosto de 2013 por las fuerzas especiales, organizó una conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad de México, para dar su versión:

“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas (en alusión a Dulce Rubí). No es verdad, la señora Nestora siempre nos trató (bien), de una manera que valorizáramos las cosas, el trabajo y a los compañeros de la (Policía) Comunitaria; nos daba comida buena, de la que había”, expuso.

Sobre las menores detenidas dijo que sus madres, que hoy son las principales acusadoras de la comandante detenida, le pidieron que ingresaran a sus hijas en la Casa de Justicia, porque “no entendían”.

También reveló que el día que lo liberaron junto con el síndico Armando Patrón y otros presos, el funcionario “nos dijo a todos que denunciáramos a Nestora Salgado por secuestro. Yo me negué”.

Después de la conferencia, Flores Jiménez regresó a Olinalá. Pero tuvo que salir de la comunidad, pues Patrón los amenazó a él y a su familia y le advirtió que no siguiera hablando, comenta el dipu­tado López Suárez.

El viernes 23, dice, Flores Jiménez pidió protección al gobierno estatal ante las amenazas de síndico. El secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, le propuso presentar una denuncia formal contra su acosador para poder ayudarle.

Asimismo, insiste, fue Martínez Chávez quien puso en contacto a las personas liberadas de la Casa de Justicia con Miranda de Wallace, “pues él fue abogado en el caso de su hijo desaparecido”.

Martínez Chávez defiende lo mismo a propietarios de giros negros, como Alejandro Iglesias Rebollo, que a las madres de Jerzy Ortiz Ponce y Said Sánchez, hijos de presuntos capos de la droga en Tepito, quienes desaparecieron en el bar Heaven en mayo de 2013.

Fue él quien formó el expediente contra los implicados en el Pemexgate al ser asignado al Ministerio Público de la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.

López Suárez reitera: detrás de Miranda de Wallace y de Martí está el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, “pues sabe que si Nestora sale libre va a detallar cómo le armaron delitos y cómo convencieron a la gente para que la acusaran de secuestro”.

Alejandro Martí ha sido mal informado sobre el caso Nestora, comenta el legislador, pero Miranda sí tendría que explicar “cuál es su relación con Martínez Chávez, vinculado con tráfico de mujeres de Europa y Centroamérica”.

Proceso buscó a Martínez Chávez en la agrupación de Miranda de Wallace para conversar con él, pero no lo encontró.

Denuncian a la expresidiaria @WallaceIsabel por calumniar y atacar a la activista Nestora Salgado

Artículo publicado el 20 de enero de 2015 en Ah Diario.

Cuauhtémoc Ruiz Ortiz, coordinador del Comité Nestora Libre, aseguró que Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, emprendió una campaña en contra de la líder comunitaria Nestora Salgado García, quien se encuentra presa en Tepic, Nayarit desde agosto de 2013, acusada FALSAMENTE (agregamos) de secuestro agravado en contra de seis personas.

En conferencia de prensa, acompañado por la hermana de Nestora, Ruiz Ortiz aseguró que lo dicho por Miranda de Wallace la semana pasada son una serie de infundios y calumnias, ya no sólo en contra de Nestora sino también contra las policías comunitarias y los mismos pueblos indígenas.

En días pasados, Miranda de Wallace hizo un llamado al usurpador Enrique Peña Nieto y a las autoridades del poder judicial para que revisen el caso y se lleve a cabo, dijo, un debido proceso y no se politice el asunto. Consideró que la liberación de la líder comunitaria era “ilegal y contrario a derecho”.

También dio a conocer un audio en el que, supuestamente, diputados federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) negociaban la liberación de Salgado.

La principal actora de esta campaña, la señora Miranda de Wallace, es una impostora y un dócill instrumento de los peores intereses en Guerrero, del ex gobernador Aguirre y de su procurador Iñaki, así como de algunos sectores de empresarios y el PRI”, dijo Ruiz Ortiz.

Por su parte, la hermana de Nestora, Cleotilde Salgado García, afirmó que lo dicho por Miranda de Wallace son “puras mentiras” y la exhortó a que investigue antes de difamar a una persona. “Yo le pido que vayan a Olinalá a investigar quién es Nestora Salgado García y quiénes son sus defendidos. Todo mundo los conoce, todo mundo sabe qué clase de personas son estas”.

Miranda de Wallace junto con Alejandro Martí, de la organización México SOS, afirmaron que Nestora secuestraba a personas y cobraba hasta 50 mil pesos por liberarlos. Llevaron a cinco presuntas víctimas que aseguraron que Salgado García las encarceló en Paraíso.

LA HISTORIA

Nestora Salgado García fue detenida el pasado 21 de agosto, acusada del secuestro en agravio de por lo menos seis personas, entre ellos dos menores de edad, sin embargo, en abril pasado, un juez federal exoneró de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por lo que el Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito dictó auto de libertad.

El 8 de enero el gobierno de Guerrero desistió de emprender la acción penal en contra de la comandante, sin embargo hasta el momento no ha sido liberada.

De acuerdo con testimonios y otros elementos de prueba que constan en el expediente, el Juez decretó la formal prisión y sin derecho a fianza en contra de Nestora Salgado.

En la conferencia, también estuvo presente Francisco Flores Jiménez, un joven que estuvo en la Casa de Justicia de Paraíso, quien convivió con las dos jóvenes menores de edad que acusan a Nestora de secuestrarlas.

“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas. No es verdad, la señora Nestora Salgado siempre nos trató de una manera en la que valorizamos las cosas, el trabajo. Los compañeros de la comunitaria si trabajábamos nos daban comida buena; si no, nos daban lo que había”.

También explicó que las madres de las menores, las mayores acusadoras en contra de Nestora, incluso firmaron para que éstas mismas fueran ingresadas por lo que no entendía por qué hablaban mal de la comandanta.

Flores Jiménez también dijo que cuando fue detenido, el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, lo obligó a atacar a Nestora, sin embargo, el joven se negó.

Por otra parte, Cruz Morales Reyes, comandante regional, explicó que el sistema comunitario, bajo el cual se rigen, es diferente al sistema de justicia que conocemos todos. Ahí existe la Casa de Justicia donde los jóvenes son llevados porque no “hacen cosas de bien”.

Aseguró que la salida de los que ingresan depende de su avance, si trabajan y si están rehabilitados, pero que en ningún momento han pedido una cooperación.

“Cuando sale se le entrega a su familia con un compromiso ante la comunidad de que no regresará”.

Finalmente, Cuauhtémoc Ruiz dijo que Nestora podía ser liberada en cualquier momento. “Podría salir en cualquier momento, si se desiste de los cargos el gobierno del estado, que es la que la acusa, entonces queda libre ella y todos los demás”.

El 7 de enero, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, se comprometió a que en su administración no habría más luchadores sociales detenidos y anunció que la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajaban en la elaboración de una Ley de Amnistía que permitiera liberar a líderesa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Ortega Martínez aseguró que mantiene contacto con los familiares de los dirigentes de la CRAC que se encuentran presos en penales de máxima y mediana seguridad, entre ellos Nestora Salgado García de Olinalá y Gonzalo Molina González de Tixtla.

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