Carta Aclaratoria sobre información difundida en el programa “Ciro Gómez Leyva por la Mañana” el 4 de marzo de 2016

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Ciro Gómez Leyva

Grupo Radio Fórmula

Presente

Escribo en mi carácter de Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) con el objeto de hacer las siguientes aclaraciones respecto a la información inexacta y de mala fe presentada por la Sra. Isabel Miranda de Wallace en la entrevista realizada en su programa “Por la mañana” el día de hoy 4 de marzo en la estación 104.1 FM de Radio Fórmula, que además se refleja en la nota titulada “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez” publicada en la página de internet de Grupo Fórmula (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=575364&idFC=2016). Dicha información por no ajustarse a elementos fácticos de la realidad, generan una falsa apreciación de mi persona, de la organización que represento y de los casos que acompañamos, así como afectación a nuestra honra y reputación por hacernos señalamientos de presuntos actos delictivos sin sustento alguno.

En primer lugar, queremos informar a la opinión pública que la CMDPDH es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace 25 años, que representa víctimas de violaciones graves de derechos humanos como tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales (asesinato por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o por motivo de estos), feminicidios y desplazamiento interno forzado. Se trata de una organización que representa a las víctimas ante las diferentes instancias de protección de los derechos humanos nacionales e internacionales. Si ustedes en su calidad de periodistas o su auditorio tienen interés en conocer los casos que la CMDPDH representa revisen nuestra página de internet (http://cmdpdh.org/casos/).

Sobre el origen de los recursos de la CMDPDH es muy importante informar que al ser una asociación sin fines de lucro, sus actividades son financiadas a través de fondos que obtiene de instituciones filantrópicas y de la cooperación internacional. Si en tu calidad de periodista tuvieras interés en conocer los detalles de nuestro financiamiento con mucho gusto te puedo mostrar la documentación y las auditorias que anualmente se nos hace por instituciones contables independientes. Asimismo, es nuestro deber aclarar que la CMDPDH y las personas que laboran en ella no cobran a, ni reciben honorarios de, las víctimas por los servicios de representación legal, ni tampoco nos hemos beneficiado de porcentaje alguno cuando hemos logrado que las instituciones del Estado cumplan con su obligación de reparar los daños causados cuando se acreditan las violaciones a los derechos humanos. Es muy importante enfatizar que ni la CMDPDH ni el suscrito han recibido del Fondo de Atención a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dinero en el contexto de las reparaciones cubiertas a las víctimas que representamos. Estoy seguro que en tu calidad de periodista, interesado en estos temas, solicitarás información directamente a la CEAV para corroborar lo anterior.

También es importante aclarar que conforme al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. La Ley General de Víctimas crea, como lo sabes, una institución (la CEAV) y, conforme a dicha legislación, la calidad de víctima la puede determinar la autoridad responsable de la violación, los ministerios públicos, los jueces, los organismos públicos de derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y ciertos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura (CCT), estos últimos de Naciones Unidas. Una vez que se reconoce la calidad de víctima de una violación a los derechos humanos y que se registra a la víctima ante la CEAV, ésta a través de sus procedimientos -lo que incluye una decisión del Pleno (integrado por Sergio Jaime Rochín del Rincón, Adrián Franco Zevada, Susana Thalia Pedroza de la Llave, Julio Antonio Hernández Barros)-, determina el monto de la reparación, conforme a sus propias reglas y a los estándares constitucionales aplicables.

Sobre el caso aludido en la entrevista de la Señora Miranda, conocido como el de los “4 Civiles de Rosarito”, debemos señalar que tras un análisis independiente y autónomo dentro del marco de sus atribuciones conferidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, con base en información enviada por las víctimas, las organizaciones representantes y el propio Estado mexicano, el CCT determinó que dichas 4 personas habían sido víctimas de tortura por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En la decisión del CCT (México soberanamente se sometió al procedimiento del CCT), se señala que tanto la SEDENA como la Procuraduría General de la República (PGR) fabricaron pruebas falsas que se usaron en juicios en los que las víctimas fueron acusados[1]. Además, indebidamente, las instituciones del Estado emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron. Esa determinación del CCT fue coincidente con el análisis hecho por la CNDH a través de su recomendación 33/2015[2] la cual fue aceptada tanto por la PGR como la SEDENA. Con base en la inexistencia de pruebas, el Poder Judicial de la Federación determinó que las cuatro personas no eran responsables penalmente de los delitos imputados, es decir que los encontró inocentes.

En se mismo caso, la propia SEDENA, en un hecho inusitado y al estar consciente de los hechos ilícitos de sus funcionarios, en un oficio que le fue entregado a la CEAV en 2015 reconoció la calidad de víctimas a esas personas. Dicho oficio firmado por el Gral. Brig.J.M. y Lic. José Carlos Beltrán Benites, señala que “toda vez que los hechos materia del expediente número CNDH/2/2010/2830/Q, notificada a ésta Dependencia del Ejecutivo Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le reconoce que son víctimas directas a los señores […], quienes fueron detenidos por parte del personal militar el día 16 de junio de 2009, en Playas de Rosarito, Baja California y por lo tanto sujetos a las prerrogativas que el orden jurídico consagra a su favor”[3].

En suma, un organismo nacional y un organismo internacional de derechos humanos, así como la autoridad responsable (SEDENA), reconocieron que los 4 civiles fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, es importante aclarar que al día de hoy aún no han sido reparados ni por la CEAV ni por ninguna otra institución del Estado mexicano.

El caso de los 4 civiles de Rosarito es muy significativo porque es un ejemplo de cómo se recurre al uso de la tortura por las instituciones del Estado mexicano y como se pretende justificar esa abominable práctica para la investigación y acusación por delitos graves como el secuestro o el narcotráfico. Es tan frecuente la práctica de la tortura en México para la investigación de los delitos que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la han calificado como generalizada. A ello debemos adicionar que recientemente, dos muy prestigiosas académicas, Ana Laura y Beatriz Magaloni, después de haber efectuado encuestas representativas de personas privadas de libertad en Centros Federales de Readaptación Social han concluido lo siguiente “se puede afirmar que la tortura sí es una práctica generalizada del sistema de persecución criminal en el ámbito federal.”[4]

Te compartimos información relevante, en tu calidad de periodista, así como para tu auditorio, sobre la dimensión del problema de la tortura.[5] La PGR nos informó que del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre 2014 ha recibido 4,055 denuncias de tortura,[6] de las cuales 1,273 son atribuibles a personal militar.[7] De los casos denunciados, 1,884 se transformaron en averiguaciones previas,[8] de las cuales en sólo 11 ocasiones se consignó ante un juez el asunto.[9] Por su parte, las Fiscalías de 22 Estados recibieron 1,166 denuncias por actos constitutivos de tortura y de éstas sólo 13 investigaciones han sido consignadas ante un juez.[10] A la fecha, no hemos podido conocer las 5 sentencias firmes que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reportado a diversos mecanismos internacionales a pesar de múltiples solicitudes de información.

En ese mismo periodo la CNDH recibió 4,404 quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes, abrió 109 expedientes de queja por tortura, y emitió 79 recomendaciones por tortura[11]. En al menos 7 de esas recomendaciones se hace referencia que la víctima de tortura fue señalada de haber cometido el delito de secuestro.[12] Entre los años 2007 y 2014 se interpusieron 4,133 quejas por tortura en otras 15 comisiones públicas de la República Mexicana.[13]

Resulta verdaderamente preocupante que ante el evidente y grave contexto que atraviesa el país, aún existan personas que toleren la práctica de la tortura, e incluso le vean utilidad en las investigaciones de delitos como secuestro. Como lo hemos señalado, nosotros representamos casos o víctimas de violaciones a los derechos humanos y estamos convencidos que la responsabilidad penal de una persona, en un estado democrático de derecho, solo puede ser determinada por los jueces, después de un juicio que respete el debido proceso de las víctimas y acusados, pero definitivamente no por cualquier persona, incluso aquellas que enarbolan las mejores causas.

De igual manera, debo destacar que el suscrito, actual director ejecutivo de la CMDPDH, nunca ha laborado en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como erróneamente ha sido difundido por la Señora Miranda, lo cual evidencia la mala fe con la que se conduce para fabricar supuestas ligas entre personas e instituciones. CEJIL, como estoy seguro estas enterado, es una de las más prestigiosas organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, con sede en Washington D.C., Estados Unidos de América, que se especializa en acompañar víctimas y casos de organizaciones de América Latina que buscan justicia en los órganos interamericanos de protección de los derechos humanos, cuando las instituciones de justicia nacionales no quieren o pueden hacerlo. Con mucho gusto si te interesa puedes conocer mi semblanza curricular en las dos páginas que aquí acompaño[14] y si tienes dudas o requieres información adicional puedo profundizar contigo sobre quienes fueron mis superiores, subordinados e incluso contrapartes en las diferentes posiciones que he ocupado en los últimos 20 años tanto en el sector público como en el no gubernamental y académico.

Finalmente debemos señalar que actos criminalizantes en mi contra y de la CMDPDH, como los efectuados a través de la entrevista de la señora Isabel Miranda de Wallace, parecen tener como finalidad última desacreditar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, sean de índole nacional o internacional, en un contexto sumamente complejo de negación por diversas autoridades del diagnóstico de la situación del país en materia de derechos humanos. Además, señalamientos infundados en nuestro perjuicio arrojan como resultado incrementar el riesgo de quienes realizamos la labor de defensa de derechos humanos. Estamos convencidos que los medios de comunicación y las y los comunicadores tienen una enorme responsabilidad para informar adecuadamente a la sociedad y deben evitar ser utilizados para avanzar agendas autoritarias, que erosionan el Estado de Derecho y promueven o toleran el abuso del poder.

La sociedad mexicana tiene derecho a estar informada sobre la situación de los derechos humanos, a tener elementos que le permitan valorar objetivamente lo que ocurre en nuestro lastimado México, y conocer los recursos de defensa que el orden jurídico les ofrece. Decir que quienes buscamos erradicar la tortura es una afrenta a los derechos de las víctimas del delito, es una mentira. Por el contrario, las organizaciones que trabajamos por la erradicación de la tortura lo hacemos no solo para el beneficio de las personas imputadas o procesadas, sino de las víctimas del delito, ya que solo con investigaciones respetuosas de los derechos humanos se pueden lograr condenas que garanticen la justicia, la verdad y la reparación integral a dichas víctimas, incluidas las del secuestro. Las víctimas del delito tienen derecho a que los ministerios públicos hagan investigaciones profesionales y que lleven ante la justicia a los responsables basados en pruebas lícitas.

Con el objetivo de aclarar la información difundida por la Señora Miranda de Wallace, con el debido respeto solicitamos a Grupo Radio Fórmula que esta carta sea leída íntegramente en el programa “Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva”, dándole la misma difusión, alcance y repetición que a la entrevista de la Señora Isabel Miranda de Wallace. También solicitamos que esta carta se difunda con la misma intensidad y en los mismos lugares y redes sociales que publicaron la nota “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez”.

Les agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente y sin más por el momento aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

 

José Antonio Guevara Bermudez

Director Ejecutivo

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. A.C.


[1] Véase, decisión del Comité Contra la Tortura, disponible en: http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2012/12/cmdpdh_715_comunicacion_final4c_4_civiles.pdf
[2] La CNDH determinó: “174. La Comisión Nacional advierte la responsabilidad en la que incurrieron servidores públicos de la SEDENA por la violación al domicilio, la detención arbitraria, la retención ilegal y la tortura; los agentes del Ministerio Público Federal a cargo de la AP 1 y quienes tuvieron bajo su custodia a V1, V2, V3 y V4 antes de la determinación de su situación jurídica y por la retención en instalaciones militares y por haber tolerado la tortura”, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_033.pdf
[4] Véase comunicado conjunto Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/6915-532
[5] Un método de investigación llamado tortura, Nexos, 1º marzo 2016, http://www.nexos.com.mx/?p=27781
[6] Los datos que aquí incluimos fueron publicados en su mayoría recientemente en un artículo de mi autoría que aparece en la Revista Nexos de este mes de marzo de 2016: http://www.nexos.com.mx/?p=27769
[7] PGR. Folios: 0001700300414 y 0001700020615.
[8] PGR. Folio: 0001700020115.
[9] PGR. Folio 0001700020615.
[10] PGR. Folio 0001700133014.
[11] Información recabada a partir de solicitudes de información pública. Los estados a los que hacemos referencia son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora (informó controles preliminares), Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz (informó sólo investigaciones iniciadas) y Zacatecas.
[12] CNDH-Folio: 00062714.
[13] Recomendaciones:  2015/33, 2013/68, 2012/62, 2012/59, 2011/52, 2010/75, 2010/42
[14] La suma contempla las quejas interpuestas en los organismos públicos de derechos humanos estatales.
[15] Semblanza curricular en página de la CMDPDH: http://cmdpdh.org/2014/01/nombra-cmdpdh-a-jose-antonio-guevara-como-nuevo-director-ejecutivo/ También puedes ver otra semblanza en la página de Naciones Unidas: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Members.aspx

Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel. 5564 2582 ext. 114

Wallace trata de impedir que se le practique el Protocolo de Estambul a Brenda Quevedo Cruz

Nuestra queridísima (y tantito hipócrita) amiga Isabel (Miranda de Wallace o Miranda Torres), quién se pronunció en contra de la tortura en el programa Tragaluz el 08 de mayo del 2015 y mas recientemente en Twitter, no deja de ampararse para evitar que se demuestre que una de sus inculpadas en el caso del falso secuestro de su hijo, Brenda Quevedo Cruz, fue torturada.

Wallace contra Tortura

Ya van cuatro amparos que la madre dolida va solicitando . De los cuatro, tres fueron rechazados, y se está estudiando actualmente el cuarto amparo que viene a continuación:

Juicio de amparo 385/2015, la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el D.F.

Se sobresee dicho amparo y la quejosa solicita Revisión de la resolución del 3 de septiembre de 2015, argumentando lo siguiente:

Así pues el amparo debió entrar al estudio de los conceptos de violación esgrimidos en el amparo, puesto que la práctica del denominado “Protocolo de Estambul” a la procesada BRENDA QUEVEDO CRUZ, viola en mi perjuicio derechos fundamentales inmersos en la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicano, como es el caso mi derecho a que se me imparta una justicia pronta y expedita, para obtener sentencia en breve termino, de conformidad con los artículos 1°, 17°, 20 de dicho ordenamiento, así como el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al permitir la práctica de dicha probanza cuando retrasaría aún más el proceso penal instaurado en contra de la procesada BRENDA QUEVEDO CRUZ y otro, por el secuestro y homicidio de mi hijo HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, violando como ya lo señale, mi derecho a la justicia pronta, expedita y mi derecho a la verdad, impidiendo se emita sentencia a los procesados en la causa penal 35/2006 del índice del juzgado Decimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F.

Al sobreseer sin entrar al estudio de los conceptos de violación en el juicio de amparo 385/2015, la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el D.F., viola en mi perjuicio mi derecho humano previsto por el artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  que señalan lo siguiente:
“Articulo 17… Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (…)”

En el anotado contexto, la suscrita considera que la responsable ordenadora en el juicio de garantías 385/2015 del índice del juzgado octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, ha incurrido en un retardo  en la impartición de justicia en perjuicio de la quejosa, pues pretende que se le practiquen a la procesada BRENDA QUEVEDO CRUZ, dictámenes en materia de medicina, psicología y fotografía por hechos que ya fueron debidamente  investigados por autoridad competente, como se desprende del escrito inicial de demanda lo cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertaran en obvio de inútiles repeticiones, violando flagrantemente mi derecho fundamental a una impartición de justicia pronta y expedita.

Las anteriores razones ponen en evidencia sin lugar a dudas, que la autoridad responsable ha incumplido con el deber que le imponen los artículos 1°, 17°, 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo  8.1 de la Convención Política de los Estados Unidos Mexicanos, inherentes a la pronta y expedita impartición de justicia para juzgar a los procesados en los términos legales establecidos, así como mi derecho a la verdad que poseo como víctima indirecta en el juicio de origen.

Consecuentemente solicito de este órgano de control constitucional se declaren fundados los presentes agravios, se revoque la resolución recurrida y en su oportunidad se conceda el amparo y protección de la justicia federal a favor de la suscrita quejosa.

Por lo antes expuesto y fundado

A USTEDES C.C. MAGISTRADOS  atentamente pido se sirva

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito en tiempo y forma INTERPONIENDO RECURSO DE REVISION Y EXPRESANDO AGRAVIOS, en contra de la sentencia RECURRIDA.

SEGUNDO.- Admitir a trámite el RECURSO DE REVISION y hacer por expresado los Agravios que causa la Resolución incurrida y que se contienen en el presente escrito.

TERCERO.- Ordenar se tengan por exhibidas las copias de ley.

CUARTO.- En su oportunidad y previos los tramites de Ley, revocar la resolución recurrida y conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.

Atentamente

MARIA ISABEL MIRANDA TORRES
México, D.F. a 18 de septiembre de 2015.

Periodistas que avergüenzan: Martín Moreno y el Caso Wallace

Artículo,de Patricia Barba Avila (Femcai)
Fecha: 20 de Julio del 2015
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)
Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. R
– Ryszard Kapuscinski
En julio de 2005, un considerable número de Mexicanos se sintieron conmovidos por la historia de Isabel Miranda [de Wallace], convertida en “madre coraje” merced de una historieta de absoluta ficción que narra cómo, de manera supermanesca, logró una hazaña digna de las taquilleras y grotescas películas de Rambo, al haber llevado a cabo una “investigación” sin la ayuda de absolutamente nadie, que la condujo a “descubrir” las identidades de seis personas a las que señaló como culpables del secuestro y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El motivo de iniciar este escrito con la reflexión de Kapuscinski, el extraordinario periodista polaco –quien atinadamente afirmara que las malas personas no pueden ser buenos periodistas– es justamente porque fue la pluma de Martín Moreno la que se encargó de transformar el cúmulo de falsedades inventadas por Miranda Torres, en un libro que no sólo le ha redituado un inmerecido prestigio como “periodista” y “escritor” sino que ha servido a esta heroína de barro para lucrar política y financieramente con la mentira y el delito. Y aquí es moralmente obligado preguntar: ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, no haya tenido la imprescindible pulcritud, ética y honestidad para comprobar la veracidad de las narraciones de Miranda, antes de atreverse a publicarlas? ¿Cómo es posible que una auténtica criminal no sólo reciba fondos públicos para sustentar su A.C. “Alto al Secuestro”, sino que haya sido acreedora del Premio Nacional de los Derechos Humanos y, además, haya sido lanzada como candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012?
El pasado sábado 11 de julio, se cumplieron 10 años de la maraña de mentiras que integran el tristemente famoso “Caso Wallace”, concebido por la mente sociópata de una delincuente que ha engañado, difamado, privado de la libertad y ordenado torturar a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre, Alberto y Antonio Castillo Cruz, para obligarlos a declararse culpables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, muy probablemente vivo de acuerdo con las evidencias surgidas del trabajo investigativo de verdaderas periodistas como Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Angeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, además del comprometido involucramiento de David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes con un indiscutible sentido de responsabilidad, solidaridad y ética, han revelado las evidencias que hacen pedazos no sólo el “Caso Wallace” sino la fabricada reputación de Miranda Torres, quien además, ha tenido el cinismo de amenazarlos con demandas que no ha podido concretar.
Algo muy alarmante y ominoso ocurre en una sociedad cuando cualquier persona corre el riesgo de ser detenida, difamada y torturada en el marco de un sistema eminentemente podrido, con la complicidad de “periodistas” que se atreven a elevar a la categoría de literatura, embustes insostenibles, como lo hizo Martín Moreno, con el apoyo de medios de “comunicación” que difundieron este cúmulo de falsedades convirtiéndose, por este sólo hecho, en cómplices de una de las infamias más deleznables de la triste entelequia en la que se ha transformado el sistema de “justicia” mexicano. Y aquí es menester resaltar la elemental importancia de fomentar en la sociedad el sano escepticismo que nos obliga no sólo a dilucidar con lógica los acontecimientos, sino a analizar a fondo las circunstancias que los rodean, permitiéndonos así determinar su veracidad o falsedad.
Tal como lo dijeran David Bertet y Guadalupe Lizárraga, es tiempo ya de que quitar la venda de los ojos a un importante sector de la sociedad engañado vilmente por Miranda Torres, para hacer posible que las víctimas inocentes del “Caso Wallace” reciban la justicia que merecen y sean exoneradas, junto con la Comandante Nestora Salgado García, privada de su libertad desde el 22 de agosto de 2013 gracias a cargos fabricados por auténticos hampones insertados en el gobierno, como es el caso, entre varios más, de Ricardo Martínez, tratante de niñas y jóvenes que fungía como Subprocurador de Atención a Víctimas bajo la administración de Angel Aguirre Rivero, y quien además, es parte del grupúsculo delictivo capitaneado por Isabel Miranda.
No se puede publicar un documento sin los datos completos…y esto debería ser la norma del periodismo.
– Julian Assange
 

Los Ángeles Press: nuevas evidencias en caso Wallace

Artículo de Guadalupe Lizárraga publicado en el Los Ángeles Press.
Fecha de publicación: 6 de Julio del 2015
Adulterio de Isabel Miranda, falsificación de actas de Hugo Alberto Wallace y certificación de acta original por juez de Registro civil son parte de nuevas evidencias que desmoronan el caso Wallace.

Isabel Miranda Torres y Martín Moreno en la promoción del falso secuestro Wallace. Foto: El Universal

 

El mito del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005 ha llegado a su fin al confirmarse oficialmente su verdadera identidad, escondida y manipulada desde su nacimiento, por su madre Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace”. El juez 28º del Registro civil de la Ciudad de México, José Luis Keymur Landeros, certificó el 26 de junio de 2015 que el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, es copia fiel del original perteneciente al libro 01, foja 27, partida 27, año de 1970. Con ello, se valida la evidencia de una doble identidad de la supuesta víctima de secuestro y homicidio presuntamente perpetrado el 11 de julio de 2005, y de la que no se encontró nunca el cuerpo, pero por la que pagan cadena perpetua cuatro sentenciados y dos más aún están en proceso judicial.

María Isabel Miranda Torres, el 15 de enero de 1970, presentó a un hijo vivo ante el Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, bajo el nombre de Hugo Alberto. Ella se identificó como Isabel Torres, de 21 años de edad y trabajadora del hogar. El supuesto progenitor de Hugo Alberto se presentó como Jacinto Miranda, de 31 años de edad y empleado de una empresa. Con esta acta de nacimiento, según el código de verificación 29230515, del que da fe de originalidad el juez Keymur Landeros, se ratifica también la invalidez de la única evidencia aportada por los Wallace consistente en la prueba de ADN de una gota de sangre extraída del departamento donde supuestamente Hugo Alberto fue mutilado con una sierra eléctrica, según la versión de su madre. El resultado de la prueba de ADN fue la coincidencia con el perfil de ADN de Isabel Miranda y Enrique Wallace Díaz, quien –con esta acta– se corrobora legalmente que no es Wallace el padre biológico de Hugo Alberto.

Con la autenticidad del acta de nacimiento también se revela que Isabel Miranda mintió ante las autoridades del Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, sobre su verdadero nombre y edad. Ya que registró a su hijo identificándose como Isabel Torres, de 21 años, hija de Mónica Romero y Alfredo Torres. Mientras que en su propia acta de nacimiento se señala que ella nació el 27 de mayo de 1951, y por lo tanto tendría 18 años de edad al momento del nacimiento de su hijo en 1969. En la misma acta se especifica que Isabel Miranda es hija de Fausto Miranda Romero y Elfega Torres Jaimes, de acuerdo con los datos oficiales de la Entidad 9, Delegación 1, Juzgado 3, Libro 20, Acta 288, del año 1951.

Acta original certificada por el Juez 28ª del Registro Civil.

Copia de acta con fecha de registro del 19 de noviembre de 1975, expedida en diciembre de 2006.

Una copia certificada de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto con los apellidos de Wallace Miranda fue expedida el 10 de febrero de 1982 por la Oficialía 1 del Registro civil de Texcoco, Estado de México. En esta copia se especifica que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, el 12 de octubre de 1969, y da fe de certificación Alejo Vázquez Ávila, quien no cuenta con cédula profesional. El oficial que levanta el registro civil es Abundio Vergara Mata con el número de acta 2371 y el número de control 1399. Sin embargo, el documento no especifica día ni mes, ni aparece el original del registro en la Consejería del Distrito Federal ni del Estado de México.

En esta misma fecha de expedición, Abundio Vergara Mata fungía como oficial del Registro civil de Texcoco, sin embargo aún no contaba con una cédula profesional. Fue hasta el 26 de marzo de 1982, cuando obtuvo el grado de Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cédula profesional 765481.

El 18 de diciembre de 2006, un año y cinco meses después del supuesto homicidio de Hugo Alberto, su madre, Isabel Miranda solicitó otra copia certificada de una tercera versión del acta de nacimiento de su hijo. En esta versión se incluyó el reconocimiento por parte de Enrique Wallace Díaz y el acta fue expedida en el municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, bajo la fe y el sello de la notaría 157, a cargo del notario Plácido Núñez Barbosa. No obstante, en este tercer documento, en el que se especifica también que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, y no en Tuxpan como dice su acta original, Isabel Miranda declaró tener 24 años de edad cuando supuestamente presentó a su hijo vivo ante el Registro civil de Texcoco, mientras que en la segunda acta declaró tener 21 años, y en el acta original se señala que en realidad tenía 18.

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El mito desmoronado

Para el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, el personaje de la señora Wallace, “el de la figura ficticia de la madre coraje quién se supone investigó sola el secuestro y el asesinato de su hijo ha desaparecido”. El activista reconocido por la defensa de los culpables fabricados en México, abunda que “el mito de la señora Wallace, a todas luces cumplía con una función política en el período del gobierno de Felipe Calderón”.

Bertet explica que al defender el caso de los culpables fabricados de Isabel Miranda para sostener el falso secuestro de su hijo, estaban conscientes, él y su equipo de trabajo, de los riesgos que corrían, “ya que que todas las personas que se habían atrevido a seguir las líneas de investigación descartadas por las autoridades mexicanas habían recibido amenazas o habían sido objetos de represalias”.

“Lo más aterrador en el caso Wallace”, señala el activista canadiense para Los Ángeles Press, “es darse cuenta que Hugo Alberto Wallace Miranda ni siquiera existe como persona legal. Es decir, que seis personas, más las víctimas colaterales y los demás inocentes encarcelados para hacer creer que existía una banda de secuestradores responsables de la desaparición de Hugo Alberto y de otros, fueron procesadas, torturadas y cuatro de ellas condenadas a cadena perpetua por un crimen que nunca sucedió, por el simple hecho de que el victimario no existe”, enfatiza.

Por otra parte, Bertet destacó los rastros de vida de Hugo Alberto Miranda Torres, que desde el 31 de mayo de 2014 en siete ediciones presentó Los Ángeles Press sobre el falso secuestro Wallace y la tortura a las víctimas para que se incriminaran. El activista enfatiza que “a cambio, existen pruebas contundentes que su alter ego, Hugo Alberto Miranda Torres, estuvo vivo al menos hasta el año 2010, ya que él mismo tramitó su CURP cinco años después de la supuesta muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda.”

El adulterio de Isabel Miranda

Isabel Miranda, madre soltera y empleada en el hogar, tenía 27 años y dos hijos cuando se casó con Enrique del Socorro Wallace Díaz, nicaragüense, de 39 años de edad, divorciado y empresario. El matrimonio fue consumado el 28 de septiembre de 1978 en Coyoacán, Distrito Federal, según el acta. Para entonces, Hugo Alberto tenía nueve años de edad y su hermana Claudia tres.

Sin embargo, desde 1973, Isabel Miranda sostenía relaciones sexuales adulterinas, según lo especificado por la primera esposa de Enrique Wallace, la señora Guadalupe Magallanes, motivo por el cual demandó a su esposo el divorcio necesario. Magallanes dejó asentado en el acta que el 3 de noviembre de 1973 llegó a su domicilio conyugal una señora de nombre Isabel Miranda y “le manifestó que llevaba relaciones sexuales adulterinas con el esposo de la actora, y que en eso llegó su madre, María Teresa Villareal, viuda de Magallanes, y que nuevamente Isabel Miranda repitió lo antes expuesto”, además de preguntarle por los bienes de propiedad de su esposo.

El divorcio fue promovido por Magallanes y para el 22 de julio de 1974, Enrique Wallace perdía la custodia de sus cinco hijos y enfrentaba el proceso de sentencia como cónyuge culpable, la cual se consumó un año después, coincidiendo con el nacimiento de su hija Claudia concebida con Isabel Miranda.

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El cuento de “El Caso Wallace”

La historia que Isabel Miranda narró a Martín Moreno, autor de El Caso Wallace, bajo el sello editorial Aguilar en 2010, muy poco tiene que ver con la realidad. Sin embargo, Miranda utilizó el libro de ficción –del que ella era la única fuente– como una evidencia de hechos para denigrar, calumniar y difamar a sus víctimas.

En la página 16, narra cómo fue su acercamiento con Enrique Wallace y afirma que ella tenía 16 años cuando se enamoró de él, y que se casaron siendo ella todavía menor de edad. Su padre, Fausto Miranda, dice la voz narrativa del autor, que dejó de hablarle: “el rechazo… fue absoluto, hasta que llegó su primer nieto: Hugo Alberto Wallace Miranda, quien nació el 12 de octubre de 1969 Isabel tenía 18 años”. Los únicos datos que coinciden con la verdad, de acuerdo al acta original, es que parió a Hugo Alberto a la edad de 18 años y la fecha de su nacimiento. Su padre firmó el acta, y Enrique Wallace Díaz, casado con Guadalupe Magallanes, no conocía todavía a Miranda.

Publicación ilegal a través de la cuenta de twitter de @Altoalsecuestro sobre caso Brenda Quevedo Cruz

El 3 abril, vía Twitter, Isabel Miranda de Wallace publicó la foto de un artículo, cuyo título era: « Dan revés a acusada en caso Wallace », indicando que un tribunal federal encabezado por el Magistrado Paredes Calderón había rechazado el incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas interpuesto por la defensa de Brenda Quevedo Cruz. Con su retórica habitual, Isabel Wallace se felicitó por la decisión, aprovechando la oportunidad para de nueva cuenta tachar de “delincuentes” a sus víctimas.

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Por un lado, cabe señalar que el hecho de publicar una decisión de un juzgado antes de que la acusada haya sido notificada resulta ser un acto ilegal. Por otro lado, el hecho de que se haya filtrado dicha noticia, de la cual por el momento no tenemos confirmación, confirma nuestras sospechas sobre los posibles vínculos de complicidad entre Isabel Miranda de Wallace y la oficina del Magistrado quién presuntamente tomó la decisión de rechazar el incidente de libertad inmediata de Brenda Quevedo Cruz, el Lic. Paredes Calderón.

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Libertad para Alfonso Martín del Campo

Artículo de Jesús Aranda publicado el 18 de marzo de 2015 en la Jornada.

Alfonso Martin del Campo libre

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Martín del Campo Dodd sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de su hermana y su cuñado, ocurrido en 1992.

Con el voto en contra del ministro Jorge Pardo Rebolledo, la sala concedió un amparo liso y llano a su favor y ordenó su inmediata libertad.

La mayoría integrada por Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideraron que el acusado fue torturado y que la única prueba en su contra fue la confesión arrancada por este medio, lo cual fue violatorio de sus derechos humanos.

En las próximas horas se espera que salga de la prisión en la que se encuentra, ubicada en el estado de Hidalgo.

Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH.
Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH. Fuente: Foro TV.

La señora Wallace en defensa de la brutalidad policiaca

Artículo de Guadalupe Lizárraga, publicado el 14 de marzo del 2015 en el Los Angeles Press.

Isabel Miranda Torres en rueda de prensa. Foto: Jonhatan Telles.
Isabel Miranda Torres en rueda de prensa. Foto: Jonhatan Telles.

Ahora Isabel Miranda Torres, alias la señora Wallace, busca nuevos reflectores mediáticos en las diferentes entidades de la república mexicana con su nueva propuesta: “defender a los policías”. Esta ama de casa que cobró notoriedad en la Ciudad de México por simular el secuestro y homicidio de su hijo en julio de 2005, se ha valido de su impunidad para seguir entrometiéndose en la administración judicial federal, y manipular las instituciones del Estado de derecho, ahora con la ocurrencia de una defensoría de policías acusados de violar derechos humanos.

Según Miranda, “se ha dado constantemente que los policías son acusados de violar derechos humanos cuando realizan una detención”. No precisa mayor información, casos, nombres, datos mínimos para sostener su alegato dado en rueda de prensa en Culiacán, Sinaloa. Pero tampoco alude a los propios casos de sus culpables fabricados en el falso secuestro Wallace, cuando ella participó directamente en sus detenciones arbitrarias y violatorias de derechos humanos, usurpando funciones judiciales sin tener ninguna facultad para ello: técnicamente una secuestradora que operó con agentes ministeriales de la PGR de cómplices.

Con su habla cantinflesca, Miranda Torres pretende convencer por qué los mexicanos debemos aceptar la creación de una defensoría de policías con dinero publico:

“Al momento de que un policía ingrese a una casa a rescatar a una víctima, si tiene el temor de ser destituido o de ser sancionado porque nada más con el simple hecho de que un imputado, que además no sé de qué valor moral pueda tener un imputado para acusar a un policía, y creo que ahí es donde viendo que no hay equilibrio y esto es lo que queremos cambiar con esta figura, que los policías tengan quién los defienda desde el punto de vista de derechos humanos y también jurídicamente”. (Línea directa 11/Mar/2015)

Seguramente, Miranda vio en la televisión la primera parte del caso de Ferguson, donde un policía blanco fue exonerado de cargos por un juez, después de asesinar a un joven afroamericano. Lo que ignora es la segunda parte, en la que la decisión del juez le ha resultado contraproducente, porque ahora es repudiado por la opinión pública y su reputación profesional se ha visto seriamente comprometida, luego de que el Ayuntamiento de Ferguson aprobara por unanimidad la dimisión del administrador municipal, John Shaw, y la del jefe de la policía, Thomas Jackson, ante la publicación de un duro informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre sesgos raciales en esa localidad. Incluso, se prevé que pudieran desmantelar todo el departamento de la Policía de Ferguson a raíz de este caso. Son las consecuencias esperadas por delitos y omisiones de los servidores públicos en un Estado de derecho.

Pero en México, a la señora Wallace –con esa vocación de delincuente que la caracteriza– y a las mismas autoridades que toleran su impunidad, les parece no sólo atinado defender a los policías acusados de violar derechos humanos, sino hacerlo en un momento de profunda crisis de las instituciones judiciales y de procuración de justicia precisamente por sus prácticas de corrupción y abuso de poder. Sobre todo, cuando el caso Ayotzinapa no ha sido seriamente atendido y el Estado es el principal responsable de este crimen; cuando un violador de derechos humanos como Eduardo Medina Mora es designado por el Ejecutivo como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuando hay cientos de casos de mujeres inocentes criminalizadas por la corrupción de funcionarios judiciales como el caso de Nestora Salgado y de Brenda Quevedo Cruz. Esto es, resulta absurda la defensa de la brutalidad policiaca en un momento en que uno de los pilares del Estado mexicano como es el sistema de justicia ha sido sistemáticamente quebrantado por varias décadas con la impunidad de crímenes de derechos humanos y violación de garantías individuales, por las masacres perpetradas por el ejército y las corporaciones policiacas y paramilitares.

Basta recordar sólo unos ejemplos para saber de qué calidad de Estado hablamos: Tlatelolco en 1968; Rivera de San Cosme en 1971; la Guerra sucia de los años 70; el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995; Acteal en Chenalhó, Chiapas, en 1997; El Charco, Guerrero, en 1998, y nos brincamos a las más recientes de Ayotzinapa, Guerrero, y de Tlatlaya, Estado de México, 2014, porque la lista es larga. A ésta, hay que agregar el sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y opositores políticos a lo largo y ancho del país y en los diferentes sexenios gubernamentales.

Estamos en un tiempo, pues, en que el surgimiento de las policías comunitarias y autodefensas han sido la respuesta de los pueblos ante la trayectoria criminal de las corporaciones policiacas por el acoso a las comunidades, por su corrupción y vínculos con el narcotráfico. Estamos en un tiempo en que la creación de una defensoría de policías al estilo de la señora Wallace es un arma más para el crimen que gobierna.

Isabel Miranda de Wallace -twitt

Más aún, no es fortuito que criminales impunes como Isabel Miranda Torres tomen iniciativas de tergiversar la justicia y la defensa de los derechos humanos con escenarios fabricados por los medios de comunicación oficiales. Especialmente, cuando el reporte más reciente de la ONU sobre derechos humanos en México observa que la tortura, el maltrato, las detenciones arbitrarias y la suspensión de garantías individuales son prácticas generalizadas. La señora Wallace, sin ser funcionaria judicial, ha protagonizado estas prácticas junto con ministeriales. Es parte del absurdo y la oscuridad que vive México hoy, como los sistemas descritos por Kafka en sus cuentos, en los que el terror es la base para mantener impune la depredación y el control de los vulnerables.

Sin embargo, no hay que olvidar quién es “la señora Wallace”, independientemente de quien esté detrás de ella. Esta criminal ha destacado en nuestro país por su capacidad de corromper jueces y funcionarios judiciales, por su impudor de imaginar a su hijo descuartizado y venderlo así a los medios, ha destacado no sólo por ordenar a agentes ministeriales las torturas de sus culpables fabricados, sino por participar directamente en éstas, y mantenerse impune con cada administración judicial. Si bien, ahora puede obtener algunos apoyos oficiales para defender la brutalidad policiaca, no tiene ni tendrá la capacidad intelectual para construir un argumento medianamente sólido y justo para sostener propuestas de esta naturaleza. Ni ella ni el Estado. De ahí, que sólo la corrupción y la represión sean sus recursos, las tácticas de la ignorancia ante la falta de legitimidad y legalidad.

Ellos pueden cercar la información en territorio nacional, pero las redes no tenemos fronteras geográficas. Ellos pueden ejercer el terror in situ, pero nosotros podemos denunciarlo por internet en el mundo. Ellos pueden seguir siendo impunes dentro del país, pero internacionalmente son reconocidos como criminales. La señora Wallace está denunciada en Migración de Estados Unidos por el delito de perjurio ante la Corte de Chicago, cometido en marzo de 2008, por sostener que su hijo Hugo Alberto no tenía antecedentes penales, cuando había sido procesado por contrabando en 2001. De tal suerte, que el día que Miranda cruce la frontera de México a Estados Unidos corre el riesgo de ser detenida y procesada.

Pese a que Miranda goza de impunidad por la red de funcionarios que se han beneficiado con su corrupción, ha llegado el momento en que es insostenible para el sistema judicial mexicano. El caso de Elba Esther Gordillo es ejemplo. Su fortuna hecha a base de corrupción y tráfico de influencias no le valió para perpetuarse en absoluta impunidad. Miranda es mucho menos que eso, ni la fortuna ni la red institucional ni la inteligencia posee, y sus crímenes mas burdos, perpetrados por ella misma, son ya de dominio público. Sus días de libertad, sin duda, están contados.

Demandan a Wallace por simular secuestro de su hijo

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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Artículo publicado en Hoy Estado
El 4 de septiembre de 2014

Isabel Miranda de Wallace fue demandada ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por familiares de los inculpados del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace en julio de 2005.

Los denunciantes manifiestan que Wallace ha caído en contradicciones en sus declaraciones ministeriales dadas a las autoridades, así como amenazas, tráfico de influencias y cohecho.

El documento ya fue presentado ante el procurador Jesús Murillo Karam, en donde además se denuncia a varias autoridades ministeriales de la Federación que presuntamente la ayudaron con torturas a las víctimas y a sostener la simulación de pruebas.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación implicados en la denuncia bajo cargos de torturas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho y simulación de pruebas, fueron Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, todos adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

La denuncia se deriva de “una serie de pruebas en diversos reportajes del medio digital Los Ángeles Press y la revista Proceso”, donde se puso en evidencia los delitos en contra del estado civil, la simulación de pruebas y la falsedad en declaraciones judiciales.

Hugo Alberto Wallace, no es hijo del nicaragüense Enrique Wallace Díaz, si no que éste lo reconoció como hijo adoptivo cuando contrajo matrimonio con Isabel Miranda.

Una de las funcionarias de la PGR implicadas en la denuncia fue la perito Yanet Rogel Montes, por falsear información en el reporte forense sobre la gota de sangre encontrada en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los supuestos hechos.

Rogel Montes atestiguó como perito que esa gota de sangre sí correspondía al perfil genético de Isabel Miranda Torres y de Enrique del Socorro Wallace, simulando con ello la única prueba pericial que pretendía sostener el asesinato, pues ahora se sabe que Hugo no era hijo biológico de Enrique Wallace.

Por su parte, El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, dijo que con la presentación de esta denuncia contra la Señora Wallace y sus cómplices, este caso, se vuelve emblemático para la comunidad internacional de derechos humanos y para todas las personas que han sido víctimas de la simulación de pruebas en México.

Con información de: Los Ángeles Press

 

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Wallace delincuente

Mexicanos en NY inician campaña de repudio a Wallace

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Publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizarraga

El 2 de septiembre del 2014

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Activistas de Nueva York por los presos políticos en México emprendieron la campaña internacional de repudio a Isabel Miranda Torres, quien se dio a conocer en los medios mexicanos como la “señora Wallace”,  al cobrar notoriedad política y poder económico desde 2005, por fabricar culpables para sostener el falso secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda.

La campaña internacional inició en medio del evento solidario por la liberación de José Manuel Mireles, autodefensa de las comunidades de Michoacán. Mientras, se informaba en las redes sociales al mismo tiempo de la detención arbitraria de Enriqueta Cruz Gómez, madre de la inculpada del caso Wallace, Brenda Quevedo Cruz, por agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, en la mañana del sábado 30 de agosto.

Los activistas recibieron la noticia el domingo y manifestaron su repudio desde Nueva York a Isabel Miranda Torres, quien en su trayectoria delictiva cometió perjurio ante la Corte de Chicago en 2008, al presentar documentos falsos en favor de su hijo y poder influir en la deportación de Brenda Quevedo Cruz incriminada por el falso secuestro.

Miranda fue exhibida también por los activistas ante los espectadores en la turística esquina de Manhattan conocida como Times Square, por delitos como corromper a autoridades judiciales y simular pruebas en el falso crimen. Enfatizaron los activistas que mientras buscaba posicionarse en cargos políticos recibía recursos públicos por el supuesto activismo contra el secuestro en México, poniendo de ejemplo del caso de su hijo, quien también tiene antecedentes delictivos por contrabando.

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Francisco Ramírez, uno de los creadores de la campaña internacional de “Repudio a La Wallace”, hizo un llamado a través de las redes sociales y medios alternativos para que más mexicanos se sumen al iniciativa, porque -dijo- Isabel Miranda es el símbolo de corrupción del sistema de justicia mexicano que tiene a miles de presos inocentes. “La Wallace”, como se refiere despectivamente a Miranda por el apellido que ella adoptó del segundo marido y porque ha puesto motes a los inculpados para generar imagen de delincuentes, “debe ser repudiada en todo el mundo por su crueldad y corrupción, y por torturar a sus víctimas para que se incriminaran del falso secuestro de su hijo por la pura ambición de poder”, mencionó.

Ramírez dijo para Los Ángeles Press que esta campaña será promovida sin tiempo límite, pero que espera que los mexicanos del mundo se sumen como parte de las protestas y la indignación colectiva en torno al 15 de Septiembre, día de la Independencia en México: “Un día que ha perdido todo valor cívico y sólo nos queda gritar la corrupción de los políticos que han vendido y depredado a nuestro país”.

Agregó que “la campaña es el repudio de lo que representa Wallace: la tortura, la mentira, la corrupción de funcionarios, los narcopolíticos, y sobre todo el hartazgo de los mexicanos por personas como Isabel Miranda, que sin educación pero con dinero, se vuelven criminales privilegiados por el gobierno en perjuicio de los más vulnerables”.

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Políticos estadounidenses se suman al repudio a Wallace

El presidente del Freedom Socialist Party en Nueva York, Stephen Durham, también se unió a la campaña contra Isabel Miranda y recordó que precisamente la corrupción del sistema de justicia mexicano es la que mantiene en la cárcel a Nestora Salgado y a los policías comunitarios. Consideró que personas como Miranda, la “señora Wallace” deben ser exhibidas internacionalmente para romper el círculo de impunidad en el que se mueven con la complicidad de políticos de los partidos oficiales en México.

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Otro político neoyorkino que se sumó a la campaña de repudio a Miranda Torres, fue Daniel Villa, candidato del Partido Verde para el Congreso de Estados Unidos en el distrito 13 de Nueva York. Dijo sumarse al repudio contra la corrupción en México y Estados Unidos, porque es la principal fuga de recursos públicos que deberían ser destinados al bienestar de los ciudadanos.

Villa conduce también un programa de radio en español en Nueva York, desde donde ha hecho eco sobre el caso de Nestora Salgado y los policías comunitarios, en diferentes entrevistas a Stephen Durham, del Freedom Socialist Party.

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Para la sorpresa de los activistas mexicanos, el alcalde de la ciudad de Tucumcari de Nuevo México, Robert Lumpkin-+, se unió al repudio a Isabel Miranda Torres al escuchar las intervenciones públicas de los activistas sobre las torturas a siete personas para que se incriminaran del falso secuestro, dos de ellas en espera aún de sentencia y el resto con condenas de hasta 93 años de cárcel, pese a las evidencias de que el crimen no se cometió.

Lumpink señaló que esos actos de injusticia que quiebran el Estado de derecho en México afectan a todo el mundo y principalmente a Estados Unidos al compartir directamente sus fronteras. Las víctimas de crímenes cometidos por políticos, dijo, son las que más sufren porque el impacto es para todos y cada uno de los ciudadanos al romper la ley, cuando ellos -los políticos- deberían de dar el ejemplo a la ciudadanía que pretenden representar.

Por último, el alcalde Lumpkin, quien dijo tener familia en el estado mexicano de Chihuahua, ofreció a los activistas sus datos y dijo que si podía ayudar en algo más a la causa por los presos inocentes en México podían comunicarse con él. Y mostró un folleto con la información de Nestora Salgado que guardó en su bolsillo.

 

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