Carta abierta a Denise Dresser sobre su debate con Wallace en Foro TV

denise1-639x361

¿Cuál es nuestra postura respecto al hecho de seguir considerando a esa criminal de Isabel Wallace como una interlocutora, cuyas opiniones se deberían tomar en cuenta para posicionarse, sea a favor o en contra de ellas?

Expresamos claramente nuestra postura al respecto en una carta abierta que le hicimos llegar a la politóloga Denise Dresser, el 29 de octubre. Esta carta conjunta con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y el FEMCAI fue redactada en inglés. A continuación, publicamos la traducción al español.

Quiero insistir en algo: respetamos la labor de Denise Dresser, quién es una gran politóloga y realmente una intelectual que se ha pronunciado a favor de los derechos humanos y de la justicia. Sin embargo, nuestra opinión sobre este debate con Wallace es que nunca se hubiera solicitado, ni llevado a cabo. Uno no se sienta con criminales, sobre todo cuando el debate ya está organizado para callar a la única persona que si tenía una perspectiva justa con respecto a Ayotzinapa, y se trata de Denise. A Denise Dresser, el locutor (Javier Tello) visiblemente del lado de la Wallace le cortó la palabra. Casi cada vez que se preparaba a intervenir, se interrumpía el programa para lanzar una pausa comercial. La Wallace no dejv de cortarle la palabra, sin que el locutor dijera absolutamente nada para restablecer el orden del debate. Vean el video a continuación:

 

Con muy buenas intenciones, Denise Dresser se dejó engañar al solicitar un debate con Wallace.

Nosotros llamamos a que los activistas, defensores de los derechos humanos, abogados, juristas, politólogos, intelectuales, dejemos de considerar a Isabel Wallace como una interlocutora, sino como lo que es: una criminal responsable del calvario de – por lo menos – siete personas.

Nolverto F. A.

MXporFC

CARTA ABIERTA

Puebla, México / Montréal. Canadá

20 de octubre de 2015

Estimada Sra. Dresser:

Después de haber mirado su debate con Isabel Miranda [de Wallace], quisiéramos hacerle llegar respetuosamente los siguientes comentarios:

  1. Nos consternó el razonamiento dado por usted para solicitar el debate, puesto que alguien de su nivel no discute con delincuentes, ya que es como intercambiar opiniones con la Tuta, Chapo Guzmán o individuos semejantes
  2. El hecho de que Isabel Miranda sea, efectivamente una cruel delincuente ha sido amplia e indudablemente demostrado por las sólidas investigaciones de Anabel Hernández, publicadas en Proceso; Guadalupe Lizárraga, publicadas en Los Ángeles Press, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y el grupo de activistas que tienen el blog mexicoporflorencecassez.wordpress.com. Nos cuesta creer que usted no haya leído al menos el trabajo de Anabel Hernández, en Proceso, sobre el notable engaño del “Caso Wallace”.
  3. Cuando esa mujer, cruel y corrupta, denuncia que existe un “conflicto de intereses” de parte del Secretario Ejecutivo de la CIDH, demuestra tener un increíble grado de cinismo, ya que ella se ha beneficiado enormemente de la red de mentiras que constituyen todo el fiasco del “Caso Wallace”. Primero, logró ocultar a su hijo delincuente, Hugo Alberto, que está ligado al crimen organizado; segundo, recibe enormes cantidades de dinero de los contribuyentes de la escandalosa administración de Felipe Calderón para apoyar su organización igualmente engañadora y falsa “Alto al Secuestro”; tercero, en 2012 el PAN (Partido Acción Nacional) la lanzó como candidato al gobierno de Ciudad de México, y además, aunque parezca inconcebible, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos a pesar de que acusó falsamente, hizo encarcelar y torturar salvajemente a seis personas inocentes que estuvieron en el mal lugar en el momento equivocado, por así decirlo.
  4. Según todas las investigaciones basadas en pruebas concluyentes, Isabel Miranda no sólo ha mentido repetidamente a las autoridades mexicanas y norteamericanas, sino que, además, cometió adulterio, dado que  mantuvo una relación sexual con Enrique Wallace, mientras éste todavía estaba casado y que, por otra parte, no es el padre biológico de Hugo Alberto; ella es responsable del secuestro virtual de seis ciudadanos inocentes que fueron encarcelados, y atestiguó la tortura de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Antonio y Alberto Castillo 
  5. A pesar de que Nestora Salgado García fue exonerada por un juez federal de los cargos inventados que causaron su encarcelamiento ilegal, Isabel Miranda insiste en que esta mujer admirable permanezca en la cárcel y esto no sorprende.  Miranda tiene estrecha conexión con Ricardo Martínez, antiguo Fiscal de Atención a Víctimas (¿?¡!) bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que se sabe participó en el tráfico horrible de jóvenes en el Estado de Guerrero, y las actividades de Nestora Salgado García destinadas a rescatar varias de esas víctimas afectaban al “negocio” inmoral de Martinez.
  6. Ahora la Sra. Miranda dirige su lucha no sólo contra Emilio Álvarez Icaza, sino también contra los estudiantes y los padres de Ayotzinapa etiquetando esta desaparición forzada como un simple “secuestro” llevado a cabo por los traficantes de drogas, a pesar de las pruebas y los numerosos testimonios que demuestran la implicación directa del ejército y de la policía federal, estatal y municipal.

Isabel Miranda no actúa de acuerdo a ningún imperativo moral, pues carece de ética y honradez; claramente restituye lo que debe a un “gobierno enormemente corrupto” que le permite cometer toda clase de atrocidades con impunidad total.

Lo que realmente nos aterró, Sra. Dresser, fue oírle alabar el trabajo de Isabel Miranda en favor de los derechos de las víctimas (¡!¿?). En especial, el hecho de que usted solicitara un diálogo con una delincuente de esta magnitud podría significar una de dos cosas: 1) que usted se pone al mismo nivel de inmoralidad de la entrevistada, lo que para nosotros es impensable, o 2) que en cualquier otro momento, se le podría fácilmente pedir que mantenga un debate con cualquier otro sin vergüenza.

Atentamente,

Patricia Barba
Miembro Fundador
Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI)
www.femcai.org
@: patricia.barba@ac-dv.org

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV)
www.ac-dv.org
@: contacto@ac-dv.org

Nolverto Flores ÁVILA
México por Florence Cassez
Blog de activistas mexicanos contra los culpables fabricados
www.mexicoporflorencecassez wordpress.com
@: mxporfc@hotmail.com

Anuncios

Periodistas que avergüenzan: Martín Moreno y el Caso Wallace

Artículo,de Patricia Barba Avila (Femcai)
Fecha: 20 de Julio del 2015
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)
Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. R
– Ryszard Kapuscinski
En julio de 2005, un considerable número de Mexicanos se sintieron conmovidos por la historia de Isabel Miranda [de Wallace], convertida en “madre coraje” merced de una historieta de absoluta ficción que narra cómo, de manera supermanesca, logró una hazaña digna de las taquilleras y grotescas películas de Rambo, al haber llevado a cabo una “investigación” sin la ayuda de absolutamente nadie, que la condujo a “descubrir” las identidades de seis personas a las que señaló como culpables del secuestro y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El motivo de iniciar este escrito con la reflexión de Kapuscinski, el extraordinario periodista polaco –quien atinadamente afirmara que las malas personas no pueden ser buenos periodistas– es justamente porque fue la pluma de Martín Moreno la que se encargó de transformar el cúmulo de falsedades inventadas por Miranda Torres, en un libro que no sólo le ha redituado un inmerecido prestigio como “periodista” y “escritor” sino que ha servido a esta heroína de barro para lucrar política y financieramente con la mentira y el delito. Y aquí es moralmente obligado preguntar: ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, no haya tenido la imprescindible pulcritud, ética y honestidad para comprobar la veracidad de las narraciones de Miranda, antes de atreverse a publicarlas? ¿Cómo es posible que una auténtica criminal no sólo reciba fondos públicos para sustentar su A.C. “Alto al Secuestro”, sino que haya sido acreedora del Premio Nacional de los Derechos Humanos y, además, haya sido lanzada como candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012?
El pasado sábado 11 de julio, se cumplieron 10 años de la maraña de mentiras que integran el tristemente famoso “Caso Wallace”, concebido por la mente sociópata de una delincuente que ha engañado, difamado, privado de la libertad y ordenado torturar a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre, Alberto y Antonio Castillo Cruz, para obligarlos a declararse culpables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, muy probablemente vivo de acuerdo con las evidencias surgidas del trabajo investigativo de verdaderas periodistas como Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Angeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, además del comprometido involucramiento de David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes con un indiscutible sentido de responsabilidad, solidaridad y ética, han revelado las evidencias que hacen pedazos no sólo el “Caso Wallace” sino la fabricada reputación de Miranda Torres, quien además, ha tenido el cinismo de amenazarlos con demandas que no ha podido concretar.
Algo muy alarmante y ominoso ocurre en una sociedad cuando cualquier persona corre el riesgo de ser detenida, difamada y torturada en el marco de un sistema eminentemente podrido, con la complicidad de “periodistas” que se atreven a elevar a la categoría de literatura, embustes insostenibles, como lo hizo Martín Moreno, con el apoyo de medios de “comunicación” que difundieron este cúmulo de falsedades convirtiéndose, por este sólo hecho, en cómplices de una de las infamias más deleznables de la triste entelequia en la que se ha transformado el sistema de “justicia” mexicano. Y aquí es menester resaltar la elemental importancia de fomentar en la sociedad el sano escepticismo que nos obliga no sólo a dilucidar con lógica los acontecimientos, sino a analizar a fondo las circunstancias que los rodean, permitiéndonos así determinar su veracidad o falsedad.
Tal como lo dijeran David Bertet y Guadalupe Lizárraga, es tiempo ya de que quitar la venda de los ojos a un importante sector de la sociedad engañado vilmente por Miranda Torres, para hacer posible que las víctimas inocentes del “Caso Wallace” reciban la justicia que merecen y sean exoneradas, junto con la Comandante Nestora Salgado García, privada de su libertad desde el 22 de agosto de 2013 gracias a cargos fabricados por auténticos hampones insertados en el gobierno, como es el caso, entre varios más, de Ricardo Martínez, tratante de niñas y jóvenes que fungía como Subprocurador de Atención a Víctimas bajo la administración de Angel Aguirre Rivero, y quien además, es parte del grupúsculo delictivo capitaneado por Isabel Miranda.
No se puede publicar un documento sin los datos completos…y esto debería ser la norma del periodismo.
– Julian Assange
 

Ongs canadienses piden medidas cautelares para víctima de Isabel Miranda

Artículo publicado el 14 de abril del 2015 en la revista Los Ángeles Press y en el sitio de ACDV.

#WallaceMiente
#WallaceMiente

A través de un comunicado público la Asociación Contra la Fábrica de Culpables y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad informaron que el día 25 de marzo de 2015 solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima de Isabel Miranda Torres por la simulación del secuestro de Hugo Wallace.

La petición de protección a Tagle por violaciones de derechos humanos fue interpuesta el pasado 25 de noviembre de 2014 a iniciativa de las organizaciones canadienses lideradas por los activistas David Bertet y Luis Vargas, quienes llevan varios años en la defensa de los inculpados por falsos delitos, como el conocido Caso Wallace.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el número de referencia MC549-14 P.MX para el caso de Jacobo Tagle, quien se encuentra actualmente bajo proceso penal con la causa 35/2006.

Los firmantes de la solicitud, Vargas y Bertet, señalaron que las medidas cautelares solicitadas para Tagle tienen como principal finalidad proteger su integridad física y psicológica ante el inminente riesgo de daños irreparables. El inculpado ha denunciado que ha sido torturado en varias ocasiones para incriminarse y que lo mantienen en condiciones insalubres en el CEFERESO número 2 en Puente Grande, Jalisco, como represalias por sus denuncias, además de negarle atención médica adecuada por parte de las autoridades carcelarias.

Claroscuros del Caso Wallace; violaciones a DD.HH. y al debido proceso contra los acusados

Artículo de Eridani Palestino, publicado el 14 de abril del 2015 en la revista Revolución TRESPUNTOCERO.

Isabel Miranda de Wallace- promotora y victimaria de los Derechos humanos 
“Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura”, así lo indicaba la periodista Anabel Hernández en su reportaje: “El Caso Wallace, más turbio que nunca”, publicado el 31 de mayo del 2014.

Desde la detención de Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz, dos de los procesados por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, sus familiares han denunciado violaciones a sus derechos humanos, actos de tortura en su perjuicio y violaciones al debido proceso.

Es por eso que la Asociación contra la Fábrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos (AFCDDH) y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), emitieron un comunicado el 10 de abril – del cual Revolución TRESPUNTOCERO tiene copia-, acerca de que el día 25 de marzo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington dio respuesta acerca de las medidas cautelares que este organismo interpuso desde el año pasado.

“Las medidas cautelares solicitadas tienen como principal finalidad proteger la integridad física y psicológica de Jacobo Tagle ante el inminente riesgo de daños irreparables. Lo anterior, en relación a los actos de tortura infligidos en su perjuicio y sus secuelas, las condiciones insalubres en las que se encuentra recluido en el CEFERESO número 2 en Puente Grande, Jalisco y la negligencia en la otorgación de atención médica adecuada por parte de las autoridades carcelarias de dicho recinto que ha traído como consecuencia la afectación de su estado de salud”.

Fue así que la Corte Interamericana mediante escrito respondió las recomendaciones y reaccionó a la situación de salud actual en que se encontraría Tagle Dobín, su tratamiento médico y las intervenciones que han acotado las autoridades respecto a estas demandas que violan los derechos humanos.

Wallace, acusada ante la PGR

Información difundida por el semanario Proceso el 17 de septiembre de 2014, generó nuevas dudas respecto al caso Wallace, pues familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

La denuncia contenía la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace. Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR

Los denunciantes fueron Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes: María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

La Señora Wallace, acusada ante la PGR

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 

Artículo publicado en Proceso y el Diario de Coahuila

Por Jorge Carrasco Araizaga

El 14 de septiembre de 2014

 

int-305235

Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace.

Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR.

Los denunciantes son Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes son María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

‘PRUEBAS FABRICADAS’

Según la denuncia de hechos, con la revelación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y la del matrimonio de Isabel Miranda con Enrique Wallace, así como la existencia de pruebas cuestionadas, publicadas en mayo y junio pasados por el periódico digital Los Ángeles Press y Proceso (ediciones 1961 y 1962), “se pone en evidencia” los delitos denunciados.

En una de las actas, emitida en el Distrito Federal, Hugo Alberto aparece como hijo de Jacinto Miranda. En la otra, de un juzgado civil de Texcoco, el papá es José Enrique del Socorro Wallace, de nacionalidad nicaragüense; mientras que la activista en la primera se llama Isabel Torres, y en la segunda, María Isabel Miranda Torres.

Los denunciantes aseguran que Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres, nombres de la activista que aparecen en los documentos oficiales, así como su esposo Enrique del Socorro Wallace, son presuntos responsables del delito contra el estado civil porque al registrar a Hugo Alberto como hijo de ambos, la primera adjudicó “a un tercero la paternidad que no le corresponde” y el segundo asumió “la filiación de padre sin corresponderle”.

Señalan que el artículo 227, fracción III del Código Penal Federal (CPF) impone de uno a seis años de prisión, entre otros, “a los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando nombres o suponiendo que los padres son otras personas”.

Según la denuncia, ambos cometieron falsedad de declaración ante las autoridades judiciales y ministeriales respecto a la autenticidad del apellido, lugar y fecha de nacimiento de Hugo Alberto, “así como el ocultamiento doloso ante tales autoridades de la identidad del padre biológico de la víctima”.

Los familiares de los procesados aseguran también que Isabel Miranda y su esposo “declararon falsamente ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre la verdadera fecha de su matrimonio con el fin de encubrir la verdadera filiación de Hugo Alberto”. Citan que la falsedad de declaración está penada con prisión de cuatro a ocho años en el Código Penal Federal (CPF).

Sobre la simulación de pruebas, dicen que la evidencia “más trascendental” para condenar a cuatro de los seis acusados y “supuestamente encontrada en la escena del supuesto crimen, fue falseada y alterada con el único objetivo de inculparlos de los supuestos delitos de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y otros”.

‘SEMBRADOS’

Explican que la gota de sangre y un pelo de la alegada víctima encontradas en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los hechos denunciados, no sólo fueron “sembrados” sino también alterados porque el perfil genético de lo que se presentó como prueba originalmente fue identificado como cromosoma de mujer (XX) en el informe de la perito Yanet Rogel Montes, el 20 de marzo de 2006.

De acuerdo a los denunciantes, ese perfil genético “corresponde al del padre adoptivo del desaparecido”. Ante esa inconsistencia, la perito aseguró que se equivocó y que al momento de redactar su informe, “por un error de dedo”, escribió XX en lugar de XY para identificar el cromosoma.

Aseguran que el delito de simulación de pruebas fue cometido por Isabel Miranda y su hermano Roberto, y que de acuerdo al artículo 248 Bis del mismo CPF, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión al que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales.

De la perito Yanet Rogel Montes dicen que cometió el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, penado en el artículo 247 Bis del CPF con una pena de cinco a 12 años de cárcel.

A partir de esa prueba aportada por la PGR, fueron sentenciados de 78 a 131 años de prisión los hermanos Castillo Cruz, César Freyre y Juana Hilda González. Los familiares dicen que a la perito se le podría aplicar una pena de ocho a 15 años, debido a que ese mismo artículo dice que cuando a un sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión, la pena se incrementa por el testimonio o peritajes falsos.

“Además exigimos que se investigue la comisión de los delitos que se derivan de la falsedad de declaración y de informes dados a una autoridad judicial, tales como el soborno o la coacción de cualquier naturaleza hacia la perito”, dice la denuncia.

También piden a la PGR que investigue la probable comisión de los ilícitos de cohecho, amenazas y tráfico de influencias. En este último delito, no sólo mencionan a la perito, sino también a “todas las partes que dentro del proceso han sido sujetos de los actos denunciados” y que “han favorecido a la parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público federal, María Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace”.

Respecto al tráfico de influencias, dicen, “hay que tomar en consideración el personaje Isabel Miranda de Wallace como figura pública y su poder económico, así como (su) cercanía… con los agentes del Ministerio Público Oswaldo Jiménez Juárez, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz… encargados de llevar a cabo las averiguaciones previas y acusaciones en contra de los acusados”.

CONTRADEMANDA

La publicación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y de su acta de matrimonio llevó a Isabel Miranda a presentar una denuncia ante la PGR. La Unidad Antisecuestros inició de inmediato la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014. Por esa razón han sido llevados a declarar, sin orden de presentación, Giel Meza, activista de la organización Gente de México por la Democracia, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo.

En esa denuncia está incluido David Bertet, activista canadiense que promueve la liberación de los acusados del caso Wallace, como lo hizo con Florence Cassez. La ciudadana francesa fue acusada también de secuestro en el pasado gobierno y la presidenta de Alto al Secuestro fue una fuerte opositora a su liberación.

Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet anunció en agosto pasado que presentaría en la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de la publicación de las actas en Proceso y Los Ángeles Press.

“Acudiré ante la GRC para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsables de las amenazas de las que soy víctima”, escribió en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también de la PGR.

Para el activista, se trata de una represalia e intimidación a “consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

En respuesta a la publicación de esos documentos, Isabel Miranda aseguró que se trató de “una gran canallada”. En una entrevista con Sergio Sarmiento de Televisión Azteca, el 2 de julio pasado, señaló:

“No la puedo llamar de otra manera. Es algo que de verdad no tiene nombre” porque la publicación del reportaje se hizo “sabiendo de manera deliberada que sí existen pruebas. Indudablemente que fue ganas de golpetear, de exponer públicamente mi vida o lo que ellos consideran que es mi vida.

“Pero no es la verdad de lo que está en el expediente. Tan no es así, que precisamente una semana después que sacara esta señora (Anabel Hernández) el reportaje (en Proceso), el juez le confirma el auto de formal prisión a Brenda (Quevedo). Esa es la mejor respuesta que yo puedo tener, sabiendo que jurídicamente tengo la confianza que ella va a permanecer en la cárcel siempre, por más estrategias de medios de comunicación que hagan, por más mentiras que digan.”

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 Wallace delincuente

La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana (quinta parte)

Fuente: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

1 de julio del 2014

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Espectacular de Isabel Miranda burlándose de la policía mexicana. Foto: Archivo/Notimex
Espectacular de Isabel Miranda burlándose de la policía mexicana. Foto: Archivo/Notimex

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

César Freyre Morales cumple una condena de 131 años por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda Wallace en el penal de Almoloya de Juárez, México. Pese a los rastros de vida que ha ido dejado la presunta víctima desde el 11 de julio de 2005, las torturas a Freyre han sido sistemáticas hasta su sentencia. Su hermana Julieta y su madre Rosa María Morales también fueron acusadas por los mismos delitos y liberadas después de año y medio al no encontrar pruebas en su contra.

En la captura de Freyre, el 26 de enero de 2006 –según su declaración ministerial del 27 de enero entregada a Los Ángeles Press por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad– estuvo presente Isabel Miranda Torres, tal como participó en la detención sin orden judicial del inculpado Jacobo Tagle Dobin acusado por el mismo delito. Sin embargo, en una carta dirigida al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, Freyre especifica que su detención fue el 23 de enero, a las 17 horas, y por un grupo de civiles.

Durante el primer día que torturaron a Freyre con toques eléctricos y golpes, “se acercó una mujer y le dijo que le entregara a su hijo porque ella ya tenía ubicada a su familia y los iba a matar a cada uno de ellos”. Después supo que se trataba de Isabel Miranda Torres y Hugo Alberto Wallace. Los dos días siguientes continuaron torturándolo. Pero Freyre Morales se sostuvo en rechazar todas las imputaciones, y le dijeron que “como no cooperaba” lo trasladarían a la “Casa negra”. Ahí, los mismos cuatro hombres vestidos de civil que lo detuvieron, lo volvieron a golpear una y otra vez y lo torturaron con toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en aguas negras y asfixia con agua en la nariz y en la boca. Freyre nuevamente negó las imputaciones y entonces lo trasladaron a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En esa misma declaración ministerial y en la carta dirigida al Peña Nieto, fechada en agosto de 2013, Freyre denunció a Isabel Miranda Torres de coordinar los traslados ilegales para su tortura. Especificó que allí mismo, en la Secretaría de Seguridad Pública, Miranda organizó una conferencia de prensa en la que fue exhibido como secuestrador ante los medios de comunicación, y que le “fajaron un arma en la cintura” para tomarle fotografías. Dos meses antes, ya había sido presentado como delincuente en espectaculares públicos por la empresa Show Case Publicidad, SA de CV, propiedad de Miranda Torres.

Isabel Miranda viola el derecho de presunción de inocencia de César Freyre. Foto: Archivo/Cuartoscuro
Isabel Miranda viola el derecho de presunción de inocencia de César Freyre. Foto: Archivo/Cuartoscuro

Freyre Morales señaló en su declaración que durante esos primeros tres días no se le ofreció atención médica ni se elaboró ningún documento oficial por su detención. Y cuando fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el 26 de enero, pretendían obligarlo a firmar una declaración ya elaborada con nuevas amenazas contra su familia, pero volvió a negarse. Hasta entonces lo examinaron médicamente y certificaron su estado físico en “autos”, para después trasladarlo a la Casa de Arraigo Federal donde permaneció durante 90 días en completa incomunicación.

Las versiones de la detención de César Freyre

Hay al menos cuatro versiones distintas sobre la detención de César Freyre, de acuerdo a las declaraciones ministeriales obtenidas por Los Ángeles Press. Dos de Freyre, antes de incriminarse y después de incriminarse el 2 de octubre de 2010. Las otras dos versiones son de Isabel Miranda y su hermano Roberto, ambas con discrepancias. En la declaración ministerial del 27 de enero, César Freyre sostiene que lo interceptó la policía el 23 de enero, lo torturaron, y ahí mismo estaba Isabel Miranda Torres. La forma en cómo lo abordaron:

“Me interceptó la policía, que me imagino fue la que me puso a disposición en un carro particular sin placas y me subieron a ese carro, y fue cuando me empezaron a golpear y a darme de chicharrazos, fue cuando se me acercó una mujer diciéndome que le entregara a su hijo…”.

La versión de Isabel Miranda cuando vio a Freyre en su detención, según su declaración en el careo constitucional el 17 de enero de 2008:

“…la primera vez que te vi fue el día veinte de enero de dos mil seis, en la esquina de Obrero Mundial y Mier y Pesado, siendo entre las ocho y nueve de la noche, fue la primera vez que te tuve a la vista, cuando ibas saliendo de la tienda llevabas unos lentes en la cabeza y una botella de agua, porque te ibas a encontrar con Keosqui, fue la primera vez que te tuve a la cara, y ese día cuando te detuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.”

La versión de Roberto Miranda al abordar a Freyre en su detención:

“…el día veintiséis de enero de dos mil seis, acompañé a mi hermana afueras del restaurante Angus de la Zona Rosa, específicamente de la calle de Hamburgo, ahí trabajaba Keops Salazar de “hooster” (sic) y al salir de su trabajo le dimos seguimiento a la referida la cual se bajó en un taxi que también la llevaba sobre la avenida Obrero Mundial y la diversa Neri Pesado (sic), número 195, y fue cuando nos topamos con César Freyre Morales”.

En esta declaración, Isabel Miranda Torres dijo en el careo a pregunta de Freyre que lo habían estado siguiendo ella y su hermano Roberto en un taxi. Pero César Freyre afirmó que Isabel Miranda iba sola con los policías vestidos de civiles, y hasta enero de 2008, en el careo constitucional, vio por primera vez a Roberto Miranda.

Las versiones sobre la detención de Freyre - Fuente: Los Ángeles Press
Fuente: Los Ángeles Press

Las visitas extrajudiciales de Isabel Miranda

En un periodo de tres años, César Freyre tuvo unas veinte visitas extraoficiales en el Cefereso Número 1. La primera fue de Isabel Miranda Torres en la que lo amenazó diciéndole que “si no le entregaba a su hijo, iba a pagar a alguien dentro del penal para que lo mataran y que a su familia también la iba a matar o la iba a desaparecer”. Seis meses después, lo trasladaron a la Sala de visita familiar número 7, adonde llegó a verlo de nuevo Miranda Torres. Declaró Freyre que en esa ocasión Miranda le mostró fotografías de las tumbas de sus familiares muertos, y amenazó con exhumar sus restos y tirarlos a un canal.

La tercera visita de Miranda fue en la sala 7 de Juzgados, a donde trasladaron a Freyre para el encuentro mientras se encontraba recluido en el pasillo 4 estación COC.  Allí Miranda, acompañada de dos personas, le dijo que estaba dispuesta a negociar con él y que le proponía que lo trasladaran a un penal estatal del Distrito Federal “con todas las comodidades y beneficios”, a cambio de que le dijera dónde estaba su hijo, o de lo contrario la iba a pasar muy mal porque contaba con el apoyo del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Freyre también tuvo otras dos visitas extraoficiales de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de SIEDO en ese momento, quien después fallecería en un supuesto accidente aéreo cerca de Los Pinos el 4 de noviembre de 2008 junto con el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. Vasconcelos primero intentó negociar con Freyre su libertad a cambio de la seguridad de su familia; sin embargo Freyre tampoco aceptó en esta ocasión inculparse y el subprocurador lo amenazó con el arraigo a su madre y hermana.

El subprocurador de la SIEDO cumplió su amenaza, y al día siguiente del arraigo de las familiares de Freyre lo visitó en el penal. Santiago Vasconcelos insistió en que se inculpara a cambio de la libertad de su familia, pero Freyre de nueva cuenta se negó a aceptar las imputaciones que le hacían.

Las siguientes visitas extraoficiales fueron hechas por agentes federales de la Procuraduría General de la República y por agentes federales preventivos torturándolo con golpes, toques eléctricos, ahogamiento por inmersión y obstrucción de boca y nariz con vendas y agua. En todas las visitas ha sido amenazado con afectar de diversas formas a su familia, y las denuncias sobre su tortura constan en el Juzgado Cuarto de Distrito, y en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El recorrido inútil por los derechos humanos

La madre de Freyre, Rosa María Morales y su hermana Julieta Freyre pusieron una queja de derechos humanos el 31 de enero de 2006, dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ese entonces, José Luis Soberanes, la cual fue recibida por la Oficialía de partes bajo el folio 4675. En ésta, se aludía a la detención ilegal de César Freyre por parte de Isabel Miranda Torres y se mencionaba la detención de Juana Hilda González Lomelí, también torturada, humillada sexualmente y amenazada contra su familia, así como los cateos ilegales a casas de familiares, vecinos y gente de alrededor realizados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sin ninguna orden judicial y coordinados por Isabel Miranda Torres. Dichos cateos se siguieron realizando hasta 2010, según denuncias ciudadanas a medios mexicanos.

 

Denuncia a la CNDH
Denuncia a la CNDH

El 9 de febrero de 2006, tal como había advertido el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, la madre de César Freyre, Rosa María Morales, y la hermana Julieta Freyre fueron detenidas por la acusación de Isabel Miranda Torres con los mismos delitos que le imputaron a César, según la orden dictada por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. A la semana siguiente, con fecha del 16 de febrero, otra de sus hermanas, Ivonne Freyre, puso de nuevo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibida por la Oficialía de partes con el folio número 7315 en la que denunciaba la detención ilegal ahora de sus tres familiares.

El arraigo de la madre y la hermana de Cesar Freyre fue ordenado por 90 días, pero en poco menos de ese tiempo fueron consignadas y trasladas al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, donde estuvieron encarceladas durante año y medio. Después de ese tiempo, se dictó una absolutoria por “no encontrar elementos probatorios” de los cargos. Isabel Miranda Torres fue demandada por la vía penal y civil bajo el cargo de daño moral; sin embargo, hasta la fecha no ha sido ejecutada ninguna acción judicial en su contra.

 

Denuncia a la CNDH por la detención de la madre y la hermana de César Freyre.
Denuncia a la CNDH por la detención de la madre y la hermana de César Freyre.

 

¿Cuándo se declara culpable César Freyre?

Desde su detención, el 23 de enero de 2006, César Freyre se mantuvo firme en rechazar todas las imputaciones que le hacían por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Pese a las constantes torturas, durante cuatro años negó haber cometido el delito. Incluso, en una carta enviada a Brenda Quevedo Cruz al penal de Santiaguito, Estado de México, él le pide que no se inculpe, y le da ánimos. Freyre es explícito en la carta respecto a las torturas y asegura saber que a ella también la han estado torturando de la misma manera y califica la situación como “una gran injusticia”. La carta fue notificada a la familia Quevedo en junio de 2010.

 

Fragmento de la carta de Freyre
Fragmento de la carta de Freyre

Sin embargo, César Freyre aceptó declararse culpable en medio de otra sesión de tortura el 2 de octubre de 2010. De acuerdo su testimonio, eran las 22:30 horas, cuando un oficial de los denominados 2-1 lo condujo a un cubículo cerca de la aduana donde lo esperaban unos diez agentes de ambos sexos. Uno de ellos, le dijo: “¡Ya te llegó tu hora!”. Inmediatamente después, dos de los agentes lo sometieron y le ordenaron que se desnudara, que iban a hacerle “un chequeo médico”.

“Me vendaron las manos cruzadas y me envolvieron con una sábana de los pies hasta el cuello ajustándola con cinta canela. Por último, me vendaron los ojos colocándome un trapo en toda la cara, echándome agua en la nariz y boca a intervalos de hora y media aproximadamente, por lo que finalmente acepté lo que me pidieran”.

Después de la tortura le hicieron leer unos documentos en voz alta, y lo grabaron en video mientras leía. También le pidieron hacer un croquis del lugar para simular dónde había arrojado el supuesto cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Cuando terminaron, le dijeron que todo lo que le estaban haciendo tenía el apoyo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que tenían intervenida su estancia, el locutorio y la sala de visita para que no contara a nadie de lo que había pasado ahí, de lo contrario volverían a visitarlo.

Pero las visitas extraoficiales no se detuvieron. La siguiente tortura fue el 22 de octubre de 2010 para que ampliara su declaración. Fueron por él dos oficiales de los denominados 2-1, y lo trasladaron al mismo cubículo. Lo entregaron a cinco hombres que lo esperaban con esposas y grilletes, y lo subieron a una camioneta. Después de un par de horas, según su testimonio, le hicieron un examen médico y nuevamente lo vendaron desde los pies hasta el cuello, ajustándolo con cinta canela.

“En esta ocasión me sumergieron en un recipiente con agua y me daban cargas eléctricas durante 40 minutos, después me quitaron la cinta canela y me dijeron que si ya no quería más tenía que ampliar la declaración del 2 de octubre, y me amenazaron con desaparecer a mi mamá y a mi tía Adriana”.

“Tú sabes quién está ordenando esto”, le dijeron los oficiales, y cuando terminaron de grabar esta segunda declaración lo llevaron a una certificación médica. Ese mismo día, falleció su hermana Julieta.

Declaración fabricada a César Freyre después de su tortura del 2 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
Declaración fabricada a César Freyre después de su tortura del 2 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.

“¿Cómo ve que las metí a la cárcel?”: Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz

En entrevista para Los Ángeles Press respecto al caso Freyre, uno de los testimonios que revelaron la arbitrariedad de las autoridades judiciales mexicanas en la detención de Rosa María Morales y su hija Julieta, fue el de Enriqueta Cruz Gómez, madre de la también inculpada Brenda Quevedo Cruz.

En junio de 2006, ya consignadas la madre y hermana de Freyre, el Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz llamó a comparecer a Enriqueta Cruz ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Cuando llegó a esa dependencia, tenía el mensaje de que pasara sin abogado, porque el “MP quería hablar con ella”.  El abogado de Enriqueta Cruz, le dijo “que no pasaba nada, que estuviera tranquila, y que luego él la alcanzaba”.

El Ministerio Público, Fermín Ubaldo Cruz, ya había sido identificado como el torturador de Juana Hilda González Lomelí para que se incriminara después de su segunda detención ilegal por la acusación de Isabel Miranda. Ubaldo Cruz también fue denunciado por humillación sexual a la misma acusada, y de ponerle a su hija en el teléfono para amenazar a ésta y a la madre de Juana Hilda.

Este agente fue quien atendió a Enriqueta Cruz en las oficinas de la SIEDO, y después de varios minutos de conversación donde estuvo preguntándole por el paradero de su hija, le ofreció que sería “testigo protegido”, si decía dónde se encontraba ella. Enriqueta Cruz respondió con preguntas insistentes, entre éstas, “¿por qué estaban involucrando a su hija en ese crimen”.

Fermín Ubaldo Cruz, molesto, azotó varias veces con su mano el escritorio y espetó:

–¡Hable, con una chingada! ¡Ya me cansé de sus pendejadas! Aquí el que hace las preguntas soy yo. Y así como está usted sentada, estuvo sentada la mamá de César Freyre, ¿cómo ve que las metí a la cárcel?

–¿Y por qué me va a meter a la cárcel a mí? ¿Por qué delitos? –inquirió sorprendida la madre de Brenda Quevedo.

–¡A mí me vale madres! Eso es lo de menos –gritó el agente y volteó a ver a un perito que se encontraba en la misma oficina– Es más, tú, quítale un cabello a esta señora y sácale sangre –le ordenó.

–¿Pero para qué? ¿Por qué? –preguntó la madre.

–Para cuando encontremos a su hija muerta –respondió el agente del Ministerio Público, y sentenció– porque la vamos a encontrar muerta.

La madre empezó a llorar, y fue cuando entró el abogado:

–¿Qué pasó? Ya me la hicieron llorar –dijo.  El agente Fermín Ubaldo respondió:

–No, sólo le estamos ofreciendo que su hija entre al programa de testigo protegido.

–¿Testigo protegido? –preguntó el abogado, y remató –¿Cómo al que encontraron muerto la semana pasada?

La madre de Quevedo Cruz y el abogado se retiraron de la oficina de SIEDO.

Ampliación de la declaración que obligaron a César Freyre a dar bajo tortura el 22 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
Ampliación de la declaración que obligaron a César Freyre a dar bajo tortura el 22 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.

La muerte de Julieta Freyre Morales

Con 39 años y dos hijas menores de edad, Julieta Freyre estuvo en la cárcel durante año y medio. Junto con su madre, fue acusada por Isabel Miranda Torres de haber participado en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Después de que salieron libres con una absolutoria por no encontraron elementos que probaran la acusación de Miranda, Julieta escribió una carta en la que presenta su caso como víctima colateral.

Julieta

Una vez liberada, la lucha de Julieta Freyre por ayudar a su hermano César no se detuvo, y en compañía de Enriqueta Cruz, quien dio el testimonio, fue a pedir apoyo a la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra en octubre de 2010. Julieta narraba –a los abogados de la senadora– el maltrato en la cárcel a ella y a su madre, y de cómo fueron violados sus derechos de presunción de inocencia. También detallaba cómo llegó a hablar con sus hijas, llorando, mientras estaban “ardiendo en calentura” en su casa.

De acuerdo a la testigo, en ese momento, en las oficinas del Senado de la República, cuando Julieta narraba las torturas practicadas a su hermano, volteó a ver Enriqueta Cruz, y le dijo que se sentía mal. Esbozó apenas una sonrisa y cayó desmayada.

“Empezó a emitir unos sonidos espantosos, y todos estábamos asustados; yo empecé a gritar «por favor, un doctor, un doctor»”, contó Cruz. A los minutos, cuando llegó el médico del Senado, la examinó y opinó que “no era nada”.

Cruz insistió en que se trataba de algo grave, y al moverla para pasarla del suelo a uno de los sofás para visitas, se dieron cuenta que estaba orinada. “Esto no es normal”, advirtió Cruz y pidió una ambulancia. Junto con el familiar de otro dos inculpados, acompañó a Julieta Freyre en su traslado al Hospital Xoco.

“Soy inocente, soy inocente”, balbuceaba Julieta en su recaída, de acuerdo al testimonio de Cruz. Los médicos dijeron que era un derrame cerebral y pese a que fue intervenida quirúrgicamente, ocho días después murió en el hospital.

Las autoridades judiciales no han dado seguimiento a la demanda por daño moral en contra de María Isabel Miranda Torres por esta muerte, ni por el tiempo que su falsa acusación llevó a Rosa María Morales a permanecer en la cárcel durante año y medio. Hasta la fecha sigue sin encontrarse alguna evidencia pericial –científica- por el supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto.

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle (cuarta parte)

Fuente: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

Publicado el 22 de junio del 2014

 

Leer la primera parte.

Leer la segunda parte.

Leer la tercera parte.

Espectacular de la empresa Show Case, de Isabel Miranda en violación al derecho de presunción de inocencia. Foto: La Jornada
Espectacular de la empresa Show Case, de Isabel Miranda en violación al derecho de presunción de inocencia. Foto: La Jornada

LOS ÁNGELES, California.- Jacobo Tagle Dobín fue uno de los primeros acusados del Caso Wallace por Isabel Miranda Torres. Según ella, “Tagle le presentó una mujer a su hijo Hugo Alberto” con la que habría ido al cine el 11 de julio de 2005, fecha del supuesto secuestro y homicidio en el Distrito Federal. Desde entonces, Miranda Torres no sólo acusó a Tagle ante instancias judiciales y en espectaculares públicos, también participó directamente en su captura, en su tortura y condujo la grabación ante la cámara de video para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así mismo, Tagle Dobín envió una misiva con fecha del 7 de mayo de 2014 enviada a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en la que desglosa los pormenores de su detención y la tortura.

A Tagle lo detuvieron cuatro policías ministeriales de Cuautitlán, Izcalli, reza la declaración en el documento de la CNDH, el 4 de diciembre de 2010. Su orden de aprehensión se había girado el 6 de abril de 2006 por la causa penal 35/2006, por el Juzgado 16º de Procedimientos Penales del Distrito Federal. No obstante, después de su detención lo llevaron al Juzgado 4º. de Distrito en el Estado de México por la causa 7/2007.

Sobre ese hecho, Tagle Dobín explicó en la misiva al presidente de la organización canadiense, David Bertet, que de acuerdo a la Constitución mexicana, el deber de la autoridad, después de haberlo detenido, deberían de haberlo puesto a disposición del primer juez que libró la orden de aprehensión; y no fue así, lo que calificó de “una gran violación” a sus derechos, porque en esos días fue torturado, y hasta el 12 de diciembre de 2010 lo pusieron a disposición del Juzgado que realmente le correspondía.

Jacobo 2

 

De acuerdo al documento certificado de la CNDH, los oficiales lo subieron a una camioneta blanca. Tagle les preguntó por qué le hacían eso. Y en respuesta le pisaron la espalda, le patearon los testículos tres veces y le ordenaron que se callara. Unos cuarenta minutos después de camino, detuvieron la camioneta y abrieron la puerta:

–Señora, aquí le tenemos su paquete –dijo uno de los policías a Isabel Miranda Torres.

–Ya saben lo que tienen qué hacer para que diga todo –respondió Miranda.

Cerraron las puertas y anduvieron en el auto por unos quince minutos más. Cuando llegaron, Tagle escuchó que alguien dijo: “aquí están las cosas”. Después lo bajaron de la camioneta, lo desnudaron, le pusieron una venda apretada en los ojos, lo maniataron y lo empezaron a golpear en la espalda y de nuevo en los testículos. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico para generarle asfixia y luego se la quitaban para que tomara aire, así repetidamente.

La tortura duró como una hora, según lo declarado ante la CNDH, y luego lo vistieron y lo llevaron a la Policía Ministerial de Tlalnepantla, a un primer piso. En esa oficina llegó Isabel Miranda Torres:

“Entró la señora Wallace con otras personas, se acercó a él, lo jaló del pelo, le escupió en la cara, y lo amenazó diciéndole «te vas a morir, ya le quitamos la casa a tu mamá, tu hermano está preso, y le vamos a meter un delito a tu mujer, tengo luz verde para matarte»”.

En la página ocho del expediente número CNDH/3/2011/2802/Q  también está asentado que Isabel Miranda Torres ordenó que le llevaran una laptop y su sobrino llegó con una cámara de video. Lo sentaron en una silla, y la mujer le ordenó:

–Refunde a otras personas, y en recompensa le vamos a regresar la casa a tu mamá y a sacar de la cárcel a tu hermano –dijo Miranda.

Tagle, después de ser presionado, dio el nombre de César Freyre. Pero precisó, en la declaración, que no le regresaron la casa a su madre y su hermano todavía seguía preso en ese tiempo.

–Te vamos a llevar a lugares donde vas a decir que allí tiraron el cuerpo de mi hijo y te vamos a hacer preguntas –instruyó Miranda a Tagle.

La hija de Miranda, Claudia Wallace, según el protocolo de la CNDH, también se encontraba en el lugar, y escribió en la computadora la declaración que querían que dijera Tagle frente a la cámara. Lo obligaron a que se la aprendiera, y él estuvo repitiéndola una y otra vez. Si se equivocaba, los agentes lo encañonaban con las armas y le golpeaban la cabeza. Así fue como filmaron el video. Cuando terminaron de grabar, lo llevaron a otra oficina y lo obligaron a firmar unos documentos que no supo de qué trataban y fue supervisado por Miranda Torres y su hija Claudia.

 

Miranda promueve video que ella filmó como propiedad de la PGR en sus redes sociales. Foto: pantalla
Miranda promueve video que ella filmó como propiedad de la PGR en sus redes sociales. Foto: pantalla

Tagle declaró que lo llevaron a Cuemanco a “buscar” el supuesto cuerpo de Hugo Alberto, y le dieron instrucciones de que ahí dijera dónde estaba, mientras el sobrino de Isabel Miranda lo grababa en video.

Al día siguiente, Tagle fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la ciudad de Toluca, donde estuvo varias horas en el estacionamiento, mientras Miranda Torres hablaba con la prensa. Luego lo llevaron al baño para que se lavara, y ahí le dijeron los agentes que si decía algo de lo que le habían hecho lo matarían. El siguiente traslado fue a la SIEDO, donde estuvo durante tres días más. En ese tiempo, lo llevaron al departamento de Perugino #6, para la “reconstrucción de hechos”.

Isabel Miranda declaró sin titubeos en aquel 5 de diciembre de 2010 que la detención de Tagle tenía importancia “porque él conocía el paradero de los restos de su hijo”. Y en esa misma declaración agradeció a Enrique Peña Nieto la detención del inculpado: “Agradezco al gobernador Enrique Peña Nieto, quien se coordinó con el procurador Alfredo Castillo, cuando se supo de la permanencia de Tagle Dobín en la entidad”.

El análisis del Protocolo de Estambul sostiene que:

“De acuerdo con el relato del agraviado, lo incomunicaron, lo desnudaron, amenazaron su integridad física, mediante el vendaje de los ojos lo privaron de orientación espacial y temporal, por medio de la sujeción le imposibilitaron todo tipo de control sobre su cuerpo, le provocaron asfixia y recibió amenazas en contra de su familiares; aunado a que, a decir de él, en el penal donde se encuentra recluido está ubicado en un módulo donde permanece encerrado todo el día y está procesado por varios delitos graves, le han obstaculizado su defensa, y su familia está sufriendo daños y amenazas de la persona que acusa…”.

Cronología de la detención y tortura

Jacobo Cronologia

 

La carta a David Bertet, desde el penal

En la misiva enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y  de la que Los Ángeles Press obtuvo copia, Tagle narra cómo fue su detención y destacó las discrepancias con la declaración del video que le obligó a grabar Isabel Miranda Torres y sus familiares.

Escribió a Bertet que lo torturaron para que se incriminara frente a una cámara de video, lo que coincide con lo declarado ante la CNDH para el análisis del Protocolo de Estambul. Después de ser detenido y torturado, llegó Isabel Miranda y condujo la filmación del video. Este material, posteriormente lo presentó Miranda al juzgado como prueba de culpabilidad de Tagle, y hasta la fecha lo promueve en las redes sociales por su organización Alto al Secuestro.

“El jefe del Cefereso Número 5 de Seguridad era el comandante Jiménez Santana, él fue el que permitió que me torturaran y es el mismo que permitió que a Brenda la torturaran en Islas Marías”, denunció. Tagle se refirió al comandante  de custodios Javier Jiménez Santana, quien en 2010 fue director de Seguridad del complejo federal penitenciario Islas Marías y el responsable de trasladar a Brenda Quevedo  Cruz a la Isla María Madre, la mayor del archipiélago, a un cuarto abandonado donde cinco hombres la torturaron y la humillaron sexualmente.

Tagle –en su misiva– señaló que la segunda tortura de la que él fue víctima también estuvo permitida por el mismo comandante Jiménez Santana, quien en 2013 fungía como director de Seguridad ahora en el penal federal de Perote, Veracruz, por lo que puso la denuncia número AP/PGR/Ver/Xal/235/2013.

Firma de Jacobo Tagle en la carta enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Copia completa: LA Press
Firma de Jacobo Tagle en la carta enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Copia completa: LA Press

En audiencia pública del Juzgado Décimo Sexto de Procedimientos Penales, del 5 de marzo de 2014, Tagle pidió la palabra al juez cuando identificó por su voz a un agente ministerial como su torturador cuando dio lectura a un documento. El juez dijo a Tagle que no era el momento ni las formas de presentar la denuncia, que respetara el proceso. Tres meses después –que fue la semana pasada– el juez le notificó que dos agentes del Ministerio Público realizarían un nuevo Protocolo de Estambul por la denuncia de esta segunda tortura perpetrada en Veracruz, en la que participó el ministerial Oswaldo Jiménez Juárez.

“Después de mi detención llegó la señora Wallace. Obvio que ya sabía que era yo, Jacobo, hicieron la filmación de un video donde yo declaro a base de torturas y amenazas.  Esa grabación fue sin un mandato o autorización judicial y ese video lo metieron como prueba documental en el juzgado y no debe tener ningún valor probatorio”.

Jacobo Tagle fue detenido por la denuncia de su expareja Edith Nava Sánchez con el propósito de obtener la recompensa de 5 millones de pesos (USD $400 000) que ofrecía la Procuraduría General de la República, mientras que Isabel Miranda de Wallace ofreció otros 250 mil pesos (USD $20 000). Tagle precisó que la declaración de su exmujer también fue alterada por la Procuraduría General de la República (PGR) “quizá para no darle el dinero de la recompensa”.

 

Sobre el parentesco biológico de Enrique Wallace

Desde la cárcel, Jacobo Tagle preguntó en la misiva: “¿Por qué no se hace una prueba de ADN al papá de Hugo con la hija de Hugo? Ahí saldría que Hugo no es hijo de ese señor y se demostraría todo…”.

Tagle recordó en la misiva al activista canadiense, David Bertet, que:

“cuando se llevaba con Hugo, le dijo que él no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz,  que él solo era papá de su hermana Claudia, entonces, ¿cómo es posible que haya salido positiva la supuesta mancha de sangre de ADN que se encontró en el departamento de Perugino, donde salió que era mancha de sangre femenina? Y pues es obvio, esa sangre la sembraron de la hermana de Hugo y sí tiene compatibilidad con la de la de Enrique del Socorro Wallace Díaz, y argumentan que fue un error de dedo al decir que la mancha es femenina”.

Por la observación de Tagle, Los Ángeles Press entrevistó a la Doctora Mercedes Alemañ Romero, experta en genética y directora del Centro de Fertilidad y Genética (Cefegen), a quien se le preguntó expresamente si era posible verificar con una prueba de parentesco entre abuelo y nieta, el parentesco biológico de Enrique Wallace Díaz y Hugo Alberto Wallace Miranda.

La científica explicó puntualmente el proceso de discriminación de alelos que tienen los genes y que para una prueba de ADN con fines a verificar el parentesco biológico entre Enrique Wallace y Hugo Alberto, sería conveniente que participara la madre y la hija de Hugo Alberto, Isabel Miranda y Enrique Wallace. Comentó que es una prueba un tanto complicada, pero no imposible y con altas probabilidades de conocer la verdad.

 

Nuevas contradicciones de la novia de Hugo Alberto

Un último punto aludido por Tagle en su misiva fue respecto a la declaración de Geazul Ponce Juliá, novia de Hugo Alberto hasta esa fecha de su desaparición. El 3 de noviembre de 2005, en su declaración ministerial Ponce reconoció, junto con otras cuatro personas, la voz de Hugo Alberto en el mensaje grabado en el celular de José García Sepúlveda realizada el 1 de noviembre de ese año, cuatro meses después de la presunta muerte de Hugo Alberto. Y en esa misma declaración señaló que Geazul negó la declaración de la empleada doméstica de que ella había sacado de la habitación una maleta con droga y joyas, más aparte tres pistolas que había en los cajones de arriba del clóset de Hugo Alberto. Geazul también declaró este día que su novio tenía problemas con el publicista Ricardo Escoto de la empresa Rentable.

Sin embargo, en otra declaración ministerial del 14 de noviembre del mismo año, Geazul Ponce Juliá dijo que “después de haber escuchado la grabación que le fue puesta, al principio se le hizo parecida la voz a la de Hugo Alberto, pero no está segura de que sea la voz de éste”. El asunto de la maleta con la droga y los problemas con Ricardo Escoto ya no fue ratificado.

Para el 20 de junio de 2006, confirmó estas declaraciones ministeriales ya cortadas y reconoció como suyas las firmas. En el interrogatorio que le formuló en ese entonces la defensa particular de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, una de las preguntas fue: “A la primera que diga la testigo, si recuerda cómo era la audición de la grabación que refiere en su segunda declaración”.  Geazul Ponce Juliá respondió: “no se acuerda, porque tiene mucho tiempo en que la escuchó”.

Jacobo Tagle hace algunas alusiones más en su misiva, y  cuestiona: “¿Cómo es posible que Hugo haya llamado por teléfono en noviembre, si supuestamente murió en julio?”. Insiste en que personas muy cercanas a él, reconocieron su voz, pero sólo la familia lo niega. Y concluye el párrafo:

“La verdad, David, Hugo está vivo. Estoy seguro de eso”.