Un año sin saber qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa

Articulo del 26 de septiembre 2015, publicado en Los Ángeles Press.
Por Guadalupe Lizárraga
Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Foto: José Martinez.
Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Foto: José Martinez.
Se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida latente en la historia de México que ha logrado ser altavoz de la grave crisis de Derechos Humanos que vive el país derivada de la situación de pobreza, la inestabilidad social y el narcotráfico. El atroz secuestro, posterior a un ataque retransmitido casi en el momento de los hechos, ha despertado la solidaridad a nivel internacional por la exigencia de la resolución y ha hundido la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Pero el crimen de Iguala no es tan distinto como el de otro levantón, ejecución o feminicidio de los que se dan a diario en las ciudades mexicanas: está manchado por la impunidad.
Tras un año, dos normalistas han sido identificados por un análisis de ADN obtenido de los restos óseos que encontró la PGR en el basurero de Cocula y el río San Juan. El mismo escenario donde el Grupo de Expertos  de la Comisión Interamericana (CIDH) dijo que era “científicamente imposible” que incineraran a los estudiantes. La Asamblea de Padres de los 43 no confía en el verdadero origen de las muestras y la aparición de un quinto autobús en la hipótesis de la investigación enredan más la resolución: aún no se sabe todo lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre.
 
A las sospechas de la rapidez en la que el gobierno emitió sus conclusiones, se sumó a principios de septiembre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, elaborado tras seis meses de trabajo. En sus conclusiones, se desmentía la “verdad histórica” ofrecida por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y se criticó la forma en que se han llevaron las investigaciones por parte de las autoridades, así como la falta de seguimiento de algunas pruebas. Algunos padres han denunciado las trabajas que desde el gobierno han interpuesto para el esclarecimiento del caso y la prensa internacional se hizo eco de falta de credibilidad de las autoridades.
 
Y son muchas más dudas aún. Parece que el ejército, según parece presente aquella noche, no hizo nada para evitar que fueran atacados y secuestrados, lo que aviva la sospecha de que de pudo haber intervenido en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, la petición de que el 27 batallón de Infantería con sede en Chilpancingo -así como sus miembros- sean investigados, no ha sido atendida por el gobierno.
 
Por otra parte, no se sabe por qué aquella noche el grupo de jóvenes se encontraba a 250 km de Ayotzinapa. El jefe del cártel Guerreros Unidos (autores de la supuesta masacre), declaró que el director de la escuela normal, José Luis Hernández Rivera, trabajaba a las órdenes de sus rivales, el cártel de Los Rojos, enviándolos a Iguala. El jefe de la banda declaró tras su detención que 17 de los normalistas desaparecidos pertenecían a este grupo delictivo, algo que aunque fuera falso, podría tener relación con las evidencias de la existencia de un quinto autobús que podría haber contenido un cargamento de droga aquella noche.
 
Además de todo esto, aún no se ha iniciado un juicio contra la clase política coludida con el crimen organizado en otros municipios de Guerero, así como tampoco existe una investigación contra el ex gobernador, Ángel Aguirre, ni el ex procurador del estado, Iñaky Blanco. Tampoco se ha investigado el asesinato de Julio César Mondragón, el normalista que fue desollado en los sucesos de Iguala.
 

IMG_6584

Dudas sobre el origen de las pruebas

 
El día 15 de septiembre, la Procuradora Arely Gómez González, presentó en conferencia de prensa nuevos resultados obtenidos por el laboratorio de genética forense de Innsbruck a los que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tuvo acceso vía la Procuraduría General de la República (PGR) un par de horas antes del anuncio público.
 
Para la Asamblea de Padres de los 43, existen serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas, y la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.
 
¿Por qué la Coincidencia genética con Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos?
  • El EAAF considera que el trabajo realizado por el laboratorio de Innsbruck desde el inicio de esta investigación es de alta calidad científica.
  • Sobre las 17 muestras enviadas por PGR y EAAF a dicho laboratorio en noviembre del 2014, Innsbruck intentó inicialmente producir perfiles genéticos de ADN nuclear de cada una de estas muestras ya que, en principio, este ADN es típicamente más poderoso en términos de identificación humana. El laboratorio de Innsbruck no consiguió obtener perfiles genéticos de ADN nuclear de 16 de estas 17 muestras debido al alto grado de deterioro por alteración térmica y fragmentación de las mismas. Sobre la 17° muestra, el laboratorio de Innsbruck obtuvo un perfil completo de ADN nuclear que dio como resultado una coincidencia genética fuerte y clara con la familia del joven Alexander Mora Venancio.
  • Sobre las 16 muestras restantes, el laboratorio de Innsbruck no pudo producir resultados de ADN mitocondrial por métodos tradicionales e intentó hacerlo a través de un método experimental denominado de Secuenciación Masiva Paralela. Con la utilización de este método, Innsbruck pudo obtener resultados sobre el ADN mitocondrial en 9 de estas 16 muestras. De estas 9 muestras, el laboratorio informó que 7 corresponden a ADN mitocondrial que no es de origen específicamente humano y el laboratorio señaló que continuará analizándolos, tratando de identificar su origen.

Jhosivani Guerrero de la Cruz, segundo de los 43 normalistas cuyos restos han sido identificados

Las dos muestras restantes de las que el laboratorio de Innsbruck pudo obtener resultados de ADN mitocondrial, presentaron coincidencias iniciales con familiares maternos (el ADN mitocondrial se hereda por línea materna) de los normalistas Jhosivani Guerrero de la Cruz y nuevamente de Alexander Mora Venancio. Estas dos muestras provienen de la bolsa que según PGR fue recuperada del Rio San Juan, en las afueras de Cocula. No provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula.
 
La nueva coincidencia genética, esta vez por vía mitocondrial, entre una muestra ósea recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Alexander Mora Venancio es complementaria y refuerza el dictamen de genética emitido en diciembre del 2014 por el laboratorio de Innsbruck. En esa ocasión, la coincidencia genética se obtuvo por ADN nuclear, con un resultado claro y con alta probabilidad de parentesco biológico. Hasta la fecha, es el resultado más importante de esta identificación.
 
La coincidencia genética por vía mitocondrial hallada por el laboratorio de Innsbruck entre la muestra recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos (una razón de verosimilitud de 73 indica que la coincidencia es 73 contra 1 más probable si se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz que otro individuo de la población general).
 
Sin embargo, en un contexto de caso cerrado (por ejemplo, un accidente de avión con un listado claro de pasajeros que serían los únicos a encontrar en el sitio de recuperación de restos) y considerando que el laboratorio de Innsbruck estableció que cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos tienen perfiles mitocondriales distintos entre sí, ese resultado podría tener un significado muy importante. No obstante, por el momento, nos encontramos ante un caso abierto, en donde los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el Basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos por las razones que se describen a continuación:
 

Sobre la bolsa que la PGR recuperó supuestamente en el Río San Juan

Según los testimonios de los inculpados sobre la desaparición de los estudiantes, luego de haber incinerado a los 43 jóvenes en el Basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, habrían colocado parte de sus restos en bolsas de plástico y las habrían arrojado al Río San Juan, Cocula, Guerrero. Tal como señalamos en el comunicado de prensa del 7 de febrero del 2015, el EAAF no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR mencionan haber recuperado el 29 de octubre del 2014 una de estas bolsas del Río San Juan.
 
El EAAF tampoco participó en el hallazgo del fragmento de hueso que PGR indicó haber recuperado dentro de dicha bolsa, fragmento del cual se obtuvo una identificación positiva con los familiares del joven Alexander Mora Venancio por vía de ADN nuclear. El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza. La muestra que culminó en la identificación mencionada, se distinguía por su tamaño mayor al resto y especialmente por estar muy poco alterada térmicamente. El EAAF sí participó en la limpieza y análisis de estos restos. Los resultados presentados el día de ayer por la Procuradora provienen de dos muestras recuperadas de esa misma bolsa.
 
El EAAF ha solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de la bolsa de restos, que según indica la PGR les fue entregado por buzos de la Marina, sin que por el momento se nos entregara copia.
 

IMG_6731Sobre el basurero de Cocula

El 7 de febrero del 2015, el EAAF emitió un comunicado de prensa en donde mostraba una fotografía sobre una prótesis parcial o puente superior y otra prótesis parcial o puente inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis o puente parcial inferior, confirmando como consistente la relación entre todas las piezas mencionadas.

El EAAF entrevistó a cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, solicitándoles información física, médica y dental de cada uno de ellos. Ninguno de los jóvenes normalistas tiene puentes o prótesis parciales dentarias. Es decir, estas piezas (las prótesis parciales, el diente y el fragmento de mandíbula) confirman la presencia de restos humanos correspondientes al menos a un individuo que no pertenecen a ninguno de los normalistas entre los restos recuperados del Basurero de Cocula. Por lo tanto, estamos ante un caso abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto, el hecho de que existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los últimos 4 a 5 años en Iguala. El valor entonces del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani Guerrero de la Cruz disminuye significativamente y sólo puede ser considerada como una posibilidad.

Toda esta información coloca esta investigación en el marco de un caso abierto en donde restos de víctimas de distintos episodios de desaparición pueden encontrarse en los mismos lugares de depositación. Existen además serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. Por lo anteriormente mencionado, la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del jovenJhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.

La mentira histórica más infame en la historia de México

Artículo publicado el 15 septiembre 2015 en la revista digital Homo Zapping.

Por Manuel Alejandro Vázquez

informador.com.mx
informador.com.mx

¿Por qué decirle al título de este artículo una “mentira histórica”, y en efecto, una de las más ruines y de las de mayor vileza en la historia de nuestro país?, precisamente porque aprovechando estas fechas, y como lo que ha acontecido en nuestro México, hacen que le amerite el nombre.

Lo anterior es muy sencillo, lo que está sucediendo en este momento en México que es terriblemente lamentable y que lo cual han luchado, se han empeñado en desviar la atención con otros temas como lo hemos estado viendo, viviendo, incluso generando distractores que han sido bastante absurdos.

Ahora bien, a lo largo de la historia nos han inventado muchas cosas, muchos héroes, bastantes situaciones las cuales vemos o que no ocurrieron realmente, o bien, se disfrazan, nos crean algo muy distinto a la realidad para efecto de poder tener tanto héroes como una historia en nuestro país, esa que nos cuentan nuestros libros de texto, siendo un caso realmente lamentable, aunque ese no es el motivo de este artículo, o por lo menos no el eje central del mismo.

Es muy absurdo el que se tenga que llegar a muchas cosas ajenas a la realidad como ya lo he manifestado, a cuestiones creadas, o bien en un momento dado, insistiendo, lo que son los llamados distractores nacionales como así los llamo en lo particular.

Lo anterior, para efecto de tapar el sol con un dedo, y disculpe usted la expresión vulgar, pero por desgracia así es mi querido lector; aquí no se trata de descubrir hilos negros ni mucho menos, sino el ver que en este momento existen diferentes cuestiones mucho muy desalentadoras como lo son desde luego la historia que nos inventó el gobierno de la República en torno a los 43 normalistas, ya que ellos mismos, nuestras propias autoridades encabezadas desde luego por el Presidente de la República, por tratarse del Jefe de la Administración Pública Federal, y por tratarse de un crimen de Estado, que es un secreto a voces querido lector, y en su momento por Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, ellos, entre subalternos, e incluso Senadores de la República nos crearon toda una historia, y todo para poder quitarse de encima la tragedia más dolorosa en la historia de México, después del multihomicidio que dicho sea de paso, también ha quedado en la impunidad y que es el de la Guardería ABC.

Por desgracia para el Gobierno de la República se le ha hecho la tragedia de los 43 aún más complicada, ellos mismos la enredaron más, en este caso, la responsabilidad directa de Murillo Karam como Procurador General de la República en el momento en que los lamentables hechos ocurrieron, y donde vemos que hay una balanza en su contra, y que ahora lo que correspondería, lo correcto, que al ver los Dictámenes de los Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han hecho quedar en ridículo tanto a nuestras Autoridades, como a nuestro propio País a nivel internacional, insisto, lo más “honesto” que bien debiera hacer el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto es el sujetar a investigación a dicho ex Funcionario, así como en su momento procesarlo a él como a todos los que de manera activa participaron en la investigación de la tragedia de Iguala.

El gobierno de la República nos creó esta historia, así como nos ha creado miles, por esta razón, aclarando, sin ser de izquierda, bien tienen razón la vox populi, así como la campaña que se ha visto en redes sociales en torno a la “celebración” de “nuestra independencia”, en el sentido de abstenerse a acudir a acompañar a dar el heroico grito de independencia al Presidente de la República en el zócalo, ya que en verdad nuestro País está de luto, y lo está por los 43 normalistas que para efectos jurídicos aún siguen como “desaparecidos”, por la crisis financiera que hoy por hoy sacude al País y que verdaderamente además de ser para preocuparse es para que reaccionen nuestras autoridades financieras ante esta emergencia que no la invento mi querido lector, lo hemos visto, así como entre otras desgracias que también Usted y yo hemos sido testigos, y que han sucedido en estos últimos tiempos.

Sandino Bucio es liberado, “me iban a desaparecer como a los de Ayotzinapa”

Articulo publicado en Regeneración

Fecha: el 29 de noviembre del 2014

Sandino Bucio liberado después de haber sido amenazado, golpeado por elementos de la SEIDO
Sandino Bucio liberado después de haber sido amenazado, golpeado por elementos de la SEIDO

En la madrugada del sábado liberaron a Sandino Bucio

“Me dijeron que me iban a desaparecer como a los de Ayotzinapa; que me iban a violar. Me amenazaron con una pistola”, narró a los medios el poeta y activista

Fuentes de la dependencia que dirige Jesús Murillo Karam refirieron que la liberación del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se da al no encontrar ningún elemento de responsabilidad penal en algún delito y que solamente se le trasladó para que compareciera.

Los familiares del estudiante señalaron que éste presentó una denuncia en contra de sus aprehensores por haber sido privado de su libertad de manera arbitraria y haber sido golpeado.

Sandino Bucio, conocido por su activismo y participación en el movimiento #YoSoy132, fue abordado por sujetos portaban armas largas y lo obligaron a subirse en un auto modelo Chevy, color gris, con placas 324-WHD, del Distrito Federal, cuando caminaba por la calle de Filosofía y Letras, cerca del metro Copilco.

El joven narró que  los policías lo acusaron de portar explosivos.  “Me dijeron que me iban a desaparecer como a los de Ayotzinapa; que me iban a violar. Me amenazaron con una pistola”.

La Señora Wallace, acusada ante la PGR

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 

Artículo publicado en Proceso y el Diario de Coahuila

Por Jorge Carrasco Araizaga

El 14 de septiembre de 2014

 

int-305235

Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace.

Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR.

Los denunciantes son Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes son María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

‘PRUEBAS FABRICADAS’

Según la denuncia de hechos, con la revelación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y la del matrimonio de Isabel Miranda con Enrique Wallace, así como la existencia de pruebas cuestionadas, publicadas en mayo y junio pasados por el periódico digital Los Ángeles Press y Proceso (ediciones 1961 y 1962), “se pone en evidencia” los delitos denunciados.

En una de las actas, emitida en el Distrito Federal, Hugo Alberto aparece como hijo de Jacinto Miranda. En la otra, de un juzgado civil de Texcoco, el papá es José Enrique del Socorro Wallace, de nacionalidad nicaragüense; mientras que la activista en la primera se llama Isabel Torres, y en la segunda, María Isabel Miranda Torres.

Los denunciantes aseguran que Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres, nombres de la activista que aparecen en los documentos oficiales, así como su esposo Enrique del Socorro Wallace, son presuntos responsables del delito contra el estado civil porque al registrar a Hugo Alberto como hijo de ambos, la primera adjudicó “a un tercero la paternidad que no le corresponde” y el segundo asumió “la filiación de padre sin corresponderle”.

Señalan que el artículo 227, fracción III del Código Penal Federal (CPF) impone de uno a seis años de prisión, entre otros, “a los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando nombres o suponiendo que los padres son otras personas”.

Según la denuncia, ambos cometieron falsedad de declaración ante las autoridades judiciales y ministeriales respecto a la autenticidad del apellido, lugar y fecha de nacimiento de Hugo Alberto, “así como el ocultamiento doloso ante tales autoridades de la identidad del padre biológico de la víctima”.

Los familiares de los procesados aseguran también que Isabel Miranda y su esposo “declararon falsamente ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre la verdadera fecha de su matrimonio con el fin de encubrir la verdadera filiación de Hugo Alberto”. Citan que la falsedad de declaración está penada con prisión de cuatro a ocho años en el Código Penal Federal (CPF).

Sobre la simulación de pruebas, dicen que la evidencia “más trascendental” para condenar a cuatro de los seis acusados y “supuestamente encontrada en la escena del supuesto crimen, fue falseada y alterada con el único objetivo de inculparlos de los supuestos delitos de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y otros”.

‘SEMBRADOS’

Explican que la gota de sangre y un pelo de la alegada víctima encontradas en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los hechos denunciados, no sólo fueron “sembrados” sino también alterados porque el perfil genético de lo que se presentó como prueba originalmente fue identificado como cromosoma de mujer (XX) en el informe de la perito Yanet Rogel Montes, el 20 de marzo de 2006.

De acuerdo a los denunciantes, ese perfil genético “corresponde al del padre adoptivo del desaparecido”. Ante esa inconsistencia, la perito aseguró que se equivocó y que al momento de redactar su informe, “por un error de dedo”, escribió XX en lugar de XY para identificar el cromosoma.

Aseguran que el delito de simulación de pruebas fue cometido por Isabel Miranda y su hermano Roberto, y que de acuerdo al artículo 248 Bis del mismo CPF, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión al que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales.

De la perito Yanet Rogel Montes dicen que cometió el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, penado en el artículo 247 Bis del CPF con una pena de cinco a 12 años de cárcel.

A partir de esa prueba aportada por la PGR, fueron sentenciados de 78 a 131 años de prisión los hermanos Castillo Cruz, César Freyre y Juana Hilda González. Los familiares dicen que a la perito se le podría aplicar una pena de ocho a 15 años, debido a que ese mismo artículo dice que cuando a un sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión, la pena se incrementa por el testimonio o peritajes falsos.

“Además exigimos que se investigue la comisión de los delitos que se derivan de la falsedad de declaración y de informes dados a una autoridad judicial, tales como el soborno o la coacción de cualquier naturaleza hacia la perito”, dice la denuncia.

También piden a la PGR que investigue la probable comisión de los ilícitos de cohecho, amenazas y tráfico de influencias. En este último delito, no sólo mencionan a la perito, sino también a “todas las partes que dentro del proceso han sido sujetos de los actos denunciados” y que “han favorecido a la parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público federal, María Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace”.

Respecto al tráfico de influencias, dicen, “hay que tomar en consideración el personaje Isabel Miranda de Wallace como figura pública y su poder económico, así como (su) cercanía… con los agentes del Ministerio Público Oswaldo Jiménez Juárez, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz… encargados de llevar a cabo las averiguaciones previas y acusaciones en contra de los acusados”.

CONTRADEMANDA

La publicación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y de su acta de matrimonio llevó a Isabel Miranda a presentar una denuncia ante la PGR. La Unidad Antisecuestros inició de inmediato la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014. Por esa razón han sido llevados a declarar, sin orden de presentación, Giel Meza, activista de la organización Gente de México por la Democracia, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo.

En esa denuncia está incluido David Bertet, activista canadiense que promueve la liberación de los acusados del caso Wallace, como lo hizo con Florence Cassez. La ciudadana francesa fue acusada también de secuestro en el pasado gobierno y la presidenta de Alto al Secuestro fue una fuerte opositora a su liberación.

Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet anunció en agosto pasado que presentaría en la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de la publicación de las actas en Proceso y Los Ángeles Press.

“Acudiré ante la GRC para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsables de las amenazas de las que soy víctima”, escribió en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también de la PGR.

Para el activista, se trata de una represalia e intimidación a “consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

En respuesta a la publicación de esos documentos, Isabel Miranda aseguró que se trató de “una gran canallada”. En una entrevista con Sergio Sarmiento de Televisión Azteca, el 2 de julio pasado, señaló:

“No la puedo llamar de otra manera. Es algo que de verdad no tiene nombre” porque la publicación del reportaje se hizo “sabiendo de manera deliberada que sí existen pruebas. Indudablemente que fue ganas de golpetear, de exponer públicamente mi vida o lo que ellos consideran que es mi vida.

“Pero no es la verdad de lo que está en el expediente. Tan no es así, que precisamente una semana después que sacara esta señora (Anabel Hernández) el reportaje (en Proceso), el juez le confirma el auto de formal prisión a Brenda (Quevedo). Esa es la mejor respuesta que yo puedo tener, sabiendo que jurídicamente tengo la confianza que ella va a permanecer en la cárcel siempre, por más estrategias de medios de comunicación que hagan, por más mentiras que digan.”

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 Wallace delincuente

Demandan a Wallace por simular secuestro de su hijo

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 

Artículo publicado en Hoy Estado
El 4 de septiembre de 2014

Isabel Miranda de Wallace fue demandada ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por familiares de los inculpados del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace en julio de 2005.

Los denunciantes manifiestan que Wallace ha caído en contradicciones en sus declaraciones ministeriales dadas a las autoridades, así como amenazas, tráfico de influencias y cohecho.

El documento ya fue presentado ante el procurador Jesús Murillo Karam, en donde además se denuncia a varias autoridades ministeriales de la Federación que presuntamente la ayudaron con torturas a las víctimas y a sostener la simulación de pruebas.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación implicados en la denuncia bajo cargos de torturas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho y simulación de pruebas, fueron Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, todos adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

La denuncia se deriva de “una serie de pruebas en diversos reportajes del medio digital Los Ángeles Press y la revista Proceso”, donde se puso en evidencia los delitos en contra del estado civil, la simulación de pruebas y la falsedad en declaraciones judiciales.

Hugo Alberto Wallace, no es hijo del nicaragüense Enrique Wallace Díaz, si no que éste lo reconoció como hijo adoptivo cuando contrajo matrimonio con Isabel Miranda.

Una de las funcionarias de la PGR implicadas en la denuncia fue la perito Yanet Rogel Montes, por falsear información en el reporte forense sobre la gota de sangre encontrada en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los supuestos hechos.

Rogel Montes atestiguó como perito que esa gota de sangre sí correspondía al perfil genético de Isabel Miranda Torres y de Enrique del Socorro Wallace, simulando con ello la única prueba pericial que pretendía sostener el asesinato, pues ahora se sabe que Hugo no era hijo biológico de Enrique Wallace.

Por su parte, El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, dijo que con la presentación de esta denuncia contra la Señora Wallace y sus cómplices, este caso, se vuelve emblemático para la comunidad internacional de derechos humanos y para todas las personas que han sido víctimas de la simulación de pruebas en México.

Con información de: Los Ángeles Press

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Wallace delincuente

2 cartas abiertas al procurador Murillo Karam sobre el caso Wallace: Guadalupe Lizarraga y ACDV

Carta publicada en Los Ángeles Press

El 25 de julio de 2014

Todos los esfuerzos de su administración por una justicia expedita y eficiente en México, mientras el caso más paradigmático de corrupción y crueldad como es el de la simulación del secuestro y homicidio de Wallace, fabricado por su propia madre, siga impune.

Procurador General de la República en México, Jesús Murillo Karam, e Isabel Miranda Torres, simuladora del secuestro de su hijo en 2005.
Procurador General de la República en México, Jesús Murillo Karam, e Isabel Miranda Torres, simuladora del secuestro de su hijo en 2005.

Los Ángeles, California, 25 de julio de 2014

Jesús Murillo Karam

Procurador de la República

Me dirijo a usted en su calidad de responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y la representación social en la persecución de los delitos en México, lo que conocemos como procuración de justicia; y que sin embargo son tareas que no se han cumplido cabalmente, ni ahora ni con sus antecesores en el denominado Caso Wallace.

El pasado 13 de julio de 2014, el activista, Giel Meza, de la organización no gubernamental  Gente de México por la Democracia, fue detenido arbitrariamente y encañonado con armas largas, bajo la falsedad de una orden de aprehensión, por cuatro agentes de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada.

Una vez en la SEIDO, se le especificó que estaba en calidad de “testigo” debido a una denuncia iniciada por María Isabel Miranda Torres o Isabel Miranda de Wallace. Y durante cinco horas, fue interrogado sobre los reportajes de investigación que he publicado en Los Ángeles Press, medio digital basado en Los Ángeles, California. Se le insistió entre otros asuntos, si él había “filtrado” los elementos probatorios de la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, específicamente documentos oficiales de la doble identidad de esta persona en cuestión.

Quiero manifestar públicamente mi total disposición a proveer las evidencias, documentos completos, testimonios y análisis de expertos con los que he sustentado mi trabajo, con el único propósito de facilitar las tareas de procuración de justicia a su cargo, y resarcir los derechos de quienes han sido víctimas de tortura, acoso y humillación sexual por parte de funcionarios de la SEIDO, que han actuado bajo órdenes de María Isabel Miranda Torres.

Un doble propósito en esta misiva, además de proveer el material de mi investigación periodística, que incluye la presentación de testigos que confirman haber visto y estado con Hugo Alberto Wallace Miranda después de la fecha de su supuesta muerte, tanto en la Ciudad de México como en Acapulco, es evitar que agentes ministeriales –y demás personal a su cargo– sigan cometiendo violaciones de derechos humanos, como lo han hecho con el activista Giel Meza, y con cada uno de los implicados en el caso Wallace, así como con sus familiares, porque ya hay pérdidas fatales.

Isabel Miranda Torres, con profunda vocación sádica, ha pretendido que sus víctimas torturadas se dejen llevar en silencio hasta su invisibilidad sin protestar, que renuncien a sus derechos más sagrados como el de la presunción de inocencia y la libertad, y se abandonen hasta el punto de dejar de afirmar su existencia.

Usted bien sabe que serán vanos todos los esfuerzos de su administración por una justicia expedita y eficiente en México, mientras el caso más paradigmático de corrupción y crueldad como es el de la simulación del secuestro y homicidio de Wallace, fabricado por su propia madre, siga impune.

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente

Los Ángeles Press

@gpelizarraga

 

 

Carta publicada en el sitio de la ACDV (Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad) (extracto)

El 25 de julio 2014

 

Montreal, Canadá, 25 de julio de 2014

JESÚS MURILLO KARAM
PROCURADOR DE LA REPÚBLICA
PRESENTE:

En calidad de presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Canadá, me dirijo a usted con el fin de hacer de su conocimiento nuestro desacuerdo y profunda decepción en cuanto a la manera en que las autoridades judiciales de su país y, sobre todo, la PGR de la que usted es el responsable no han manifestado ningún interés en investigar sobre los hechos que hemos evidenciado referente al denominado caso Wallace.

Hasta la fecha, es evidente que los elementos de prueba que encontramos y que fueron publicados, desde los Estados Unidos, en el sitio digital Los Ángeles Presscon el que tenemos el honor de trabajar conjuntamente a favor de las víctimas de la violación a los derechos humanos y de la fábrica de culpables, han sido deliberadamente ignorados por la PGR, cuando deberían haber dado inicio a una extensa y urgente investigación. Más allá de su silencio y de la ausencia de apoyo a nuestro trabajo a favor de las verdaderas víctimas en el caso Wallace, –por cierto, silencio que se puede interpretar como una apoyo tácito a la línea de actuación de Isabel Miranda de Wallace quien acusa a periodistas y a activistas de haber iniciado una venganza en su contra–, es menester informarle que todo cuanto hacemos es nuestro trabajo de investigación y de promoción de los derechos humanos a través de la defensa de las personas cuyas garantías fundamentales han sido violadas. Ahora nos consta que parte de su personal ha sido movilizado con vistas a presionar e intimidar a los defensores de los derechos humanos. Nuestro colega y compañero de trabajo, Giel Meza, presidente de la asociación Gente de México por la Democracia, fue detenido arbitrariamente el domingo 13 de julio de 2014, en violación flagrante al debido proceso y a sus derechos humanos, por agentes de la SEIDO, y luego interrogado durante más de 5 horas en relación de las publicaciones recientes de Los Ángeles Press sobre el caso Wallace.

Tal actuación de parte de sus agentes resulta totalmente inadmisible, así como el hecho de que dicha actuación tenga como propósito la intimidación hacia defensores de los derechos humanos y periodistas. La realidad es que Isabel Miranda de Wallace –o María Isabel Miranda Torres– no contestó la publicación de la segunda acta de nacimiento de su hijo presuntamente desaparecido y de la CURP registrada en febrero del 2010 a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, cinco años después de su supuesta muerte. Vuelve a la calumnia contra nosotros, a través de las entrevistas en medios que la favorecen, alegando una fantasiosa venganza personal de la que se dice víctima, vuelve a las amenazas, y ahora a la intimidación, esto último con la ayuda del personal de una instancia federal como la SEIDO. Hemos dicho lo que resulta ser una evidencia y lo seguimos afirmando: no es la persona de Isabel Miranda nuestro interés ni problema, sino la red de corrupción creada por ella con graves daños al sistema de procuración de justicia en México. En un país con un Estado de derecho sólido, nadie debe estar más allá de la ley. Nadie puede instrumentalizar la justicia a la que todos los ciudadanos aspiran, por motivos totalmente ajenos a la justicia misma. Nadie puede pisotear el sistema de leyes ni evadir las consecuencias de sus actos. En el caso de Isabel Miranda Wallace, hemos evidenciado una red amplia de corrupción que ha creado con ayuda de la SEIDO, y ha engañado a México fabricando un supuesto crimen sin ninguna prueba pericial válida que establezca veracidad alguna, más allá de declaraciones bajo tortura que se contradicen.

Isabel Miranda volvió a afirmar ante las cámaras de televisión que el padre biológico de su hijo es José Enrique del Socorro Wallace Díaz, pese a las actas de nacimiento y de reconocimiento de Hugo Alberto que han sido publicadas. Una simple prueba de ADN de cuatro personas la hubiese desmentido: la hija y la ex-esposa de Hugo Alberto, de María Isabel Miranda Torres y de su segundo esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, resolvería la duda que durante nueve años ha mantenido en la cárcel a siete personas inocentes.

Lo cierto es que el caso Wallace, por ser un caso emblemático de la fábrica de culpables en México, de la violación sistemática a los derechos humanos más básicos, entre otros el derecho a la presunción de inocencia, se ha internacionalizado, gracias al interés de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos dentro y fuera de México. Por un lado, le reiteramos nuestra disposición a trabajar con usted para evidenciar la verdad del caso Wallace. Por otro lado, y con todo respeto, le avisamos que seguiremos nuestro trabajo para que se haga justicia en este caso. Como usted sabe, el recurso a instancias internacionales de justicia es una de las vías a las que se puede recurrir cuando se observa la falta de actuación de las autoridades para procurar justicia expedita en un país. Aún esperamos el cumplimiento de su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, tal como hizo público desde que entró en función la administración del presidente Enrique Pena Nieto.

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

@ACDVcanada

Leer la carta de la ACDV completa.