2 publicaciones: Organizaciones internacionales rechazan presencia de Isabel Miranda Wallace

Artículo de CompaGabito2099, publicado en El Dragonario vía Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social AC)

Fecha: 23 de diciembre del 2015

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WALLACE, FICHADA

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ

ASUNTO: CARTA ABIERTA A ARELY GÓMEZ SOBRE LA PRESENCIA DE ISABEL MIRANDA DE WALLACE EN LA INAUGURACIÓN DE LA UEIDT MONTREAL CANADÁ, A 14 DE DICIEMBRE DE 2015

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AV. REFORMA ESQ. GUADANA NO. 211-212
CUAUHTÉMOC C.P. 06500 MÉXICO, D. F. C.
Procuradora General de la República,
Con absoluta estupefacción y un alto grado de indignación nos enteramos de la presencia en la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, de una probable delincuente, probable responsable de la fabricación de culpables, probable autor intelectual y testigo ocular de tortura en contra de – por lo menos – ocho ciudadanos inocentes en los denominados casos “Wallace” y “Martí”. Hablamos de la presencia en el evento de Isabel Miranda de Wallace [o Miranda Torres o Torres Romero].
Como titular de la PGR que por iniciativa suya, acaba de crear la UEIDT, asumimos con toda razón, que debe de estar enterada del grado de corrupción, impunidad y hasta crueldad que impera en las estructuras policiacas y judiciales, cuya escandalosa conducta se inició en sexenio de Vicente Fox, – la SSP/AFI de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, arquitectos del montaje escandaloso del 8 de diciembre de 2005 en contra de Florence Cassez siendo uno de los ejemplos paradigmáticos del fenómeno que describimos; se reforzó bajo la administración de Felipe Calderón – cuya estrella intocable fue la Sra. Isabel Miranda – y continúa siendo bajo el régimen actual, reflejando niveles escandalosos de descomposición del Estado mexicano, con la consecuencia del alarmante descrédito que vive el país a los niveles nacional e internacional.
En virtud de lo anterior nuestra pregunta a usted es inevitable y moralmente obligada: ¿por qué admite usted la presencia de Isabel Miranda en la inauguración de la mencionada unidad, habiéndose demostrado su grado de peligrosidad y carencia de principios en la burda y absolutamente desmentida patraña conocida como “Caso Wallace”? La absurda ironía que esto implica se fundamenta en las pulcras y concienzudas investigaciones sobre el citado caso, y otros como el de Fernando Martí y el de la Comandante Nestora Salgado, realizadas por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) presidida por David Bertet, Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Ángeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, que demuestran sin lugar a dudas, que Isabel Miranda ha mentido a las autoridades, ha fabricado el jamás ocurrido secuestro y asesinato de su delincuente hijo, Hugo Alberto Miranda Torres, ilegalmente llamado Hugo Alberto Wallace.
Lo que se espera, Sra. Procuradora, es que la PGR iniciara de inmediato una concienzuda investigación con base en las incontrovertibles evidencias indagadas por las investigaciones de las personas arriba citadas, cuya comprometida labor facilita considerablemente la labor del Ministerio Publico.
Como encargada de investigar delitos, la PGR ahora bajo su cargo, está obligada a tomar en cuenta todas estas investigaciones, las cuales se fundamentan en documentos probatorios emitidos por instituciones oficiales. Lamentablemente, ha hecho todo lo contrario: ha otorgado a una probable delincuente como Isabel Miranda, todas las facilidades para disponer de agentes del MP a los que les ordena levantar, encarcelar y torturar con propósitos de auto-incriminación a víctimas inocentes, además de permitirle el ingreso a los penales para conducir interrogatorios sin ser miembro de la PGR, lo cual es totalmente ilegal y oprobioso.
Cuando usted fue nombrada como titular de la PGR, los aquí firmantes confiamos en los cambios drásticos que usted decidió implementar dentro de la institución ahora a su cargo. Esperamos que se modificara la hasta ahora vergonzante e inmoral conducta de la PGR. Lamentablemente, Sra. Gómez, con la moralmente reprehensible actuación de esta institución en casos como el de los 43 de Ayotzinapa y los citados casos: Wallace, Martí, Nestora Salgado, además de la admisión de la probable torturadora Isabel Miranda como partícipe – queremos creer que sólo en la inauguración- de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, constatamos que nuestra esperanza fue injustificada.
México está sujeto a la inmensa impunidad nacida de la igualmente omnipresente corrupción que continúa prevaleciendo en todas instituciones del estado, mientras sectores de ciudadanos siguen albergando expectativas de cambio que se ven frustradas por “servidores públicos” cuyo interés a todas luces nunca ha sido el de servir al grueso de la sociedad.
El siguiente paso necesario, Sra. Gómez, consiste en dar seguimiento a la queja interpuesta por los familiares de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace ante su institución, y en iniciar una amplia investigación sobre los delitos de falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, así como otros delitos graves probablemente cometidos por la Sra. Isabel Miranda de Wallace y otros, con la complicidad de funcionarios que siguen trabajando dentro de la PGR.
La ACDV y el FEMCAI están dispuestos a trabajar conjuntamente con todos los actores de la sociedad civil y del gobierno, a los que realmente les importa acabar con el gravísimo y generalizado fenómeno de fabricación de culpables en su país, mediante el uso sistematizado de la tortura, de la intimidación, de la violación a la presunción de inocencia, a la dignidad y a una defensa adecuada de los presos.

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Segundo artículo por Salvador Valencia, publicado en Somos el medio.

Fecha: 22 de diciembre del 2015

¿Por qué Isabel Miranda de Wallace no está siendo investigada?, ACDV y FEMCAI

Acusaron a las autoridades de tener a Miranda de Wallace como una persona intocable desde el sexenio de Felipe Calderón.

En una carta dirigida a la procuradora General de República, Arely Gómez González, la Asociación Canadiense por el Derecho a la Vida (ACDV) y el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI) se posicionaron en contra de la asistencia de Isabel Miranda de Wallace, a quien calificaron como delincuente, en la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, el pasado 10 de diciembre.

La carta fechada el 14 de diciembre y  firmada por David Bartet, presidente del Consejo de Administración, y Antonio Guillén, integrante del Comité Ejecutivo de la ACDV, y la fundadora del FEMCAI, Patricia Barba,  cuestionan el proceder de las autoridades de justicia ante el actuar de Isabel Miranda por ser la probable autora intelectual y presenciar la tortura de ocho personas a quienes acusaba de presuntamente secuestrar y asesinar a su hijo Hugo Alberto Wallace.

“¿Por qué admite usted la presencia de Isabel Miranda en la inauguración de la mencionada Unidad, habiéndose demostrado su grado de peligrosidad y carencia de principios en la burda y absolutamente desmentida patraña conocida como “Caso Wallace”? La absurda ironía que esto implica se fundamenta en las pulcras y concienzudas investigaciones sobre el citado caso, y otros como el de Fernando Martí y el de la Comandante Nestora Salgado, realizadas por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), presidida por David Bertet, Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, que demuestran, sin lugar a dudas, que Isabel Miranda ha mentido a las autoridades, ha fabricado el jamás ocurrido secuestro y asesinato de su delincuente hijo, Hugo Alberto Miranda Torres, ilegalmente llamado Hugo Alberto Wallace,” sentencian las organizaciones.

Acusaron a las autoridades de justicia de tener a Miranda de Wallace como una persona intocable desde el sexenio de Felipe Calderón, e incluso ahora con Enrique Peña Nieto. En este mismo sentido, demandaron a la PGR abrir una investigación que tenga como base las indagaciones realizadas por la ACDV, Los Ángeles Press y el semanario Proceso.

Sin embargo, lamentaron que la PGR  “ha otorgado a una probable delincuente como Isabel Miranda todas las facilidades para disponer de agentes del MP [Ministerio Público] a los que les ordena levantar, encarcelar y torturar con propósitos de auto-incriminación a víctimas inocentes, además de permitirle el ingreso a los penales para conducir interrogatorios sin ser miembro de la PGR, lo cual es totalmente ilegal y oprobioso”, increparon.

Mostraron su preocupación por el papel que Isabel Miranda pueda tener en la recién creada Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura y reprobaron el actuar de la Procuraduría General de la República en los procesos de investigación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el caso Wallace, el caso Martí y el controvertido caso de la ex coordinadora de las autodefensas  de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, en el cual Mirada de Wallace ha intervenido.

Finalmente, insistieron a la procuradora Arely Gómez “dar seguimiento a la queja interpuesta por los familiares de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace ante su institución, y en iniciar una amplia investigación sobre los delitos de falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, así como otros delitos graves probablemente cometidos por la señora Isabel Miranda de Wallace y otros, con la complicidad de funcionarios que siguen trabajando dentro de la PGR”, concluyeron.

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Carta abierta a Denise Dresser sobre su debate con Wallace en Foro TV

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¿Cuál es nuestra postura respecto al hecho de seguir considerando a esa criminal de Isabel Wallace como una interlocutora, cuyas opiniones se deberían tomar en cuenta para posicionarse, sea a favor o en contra de ellas?

Expresamos claramente nuestra postura al respecto en una carta abierta que le hicimos llegar a la politóloga Denise Dresser, el 29 de octubre. Esta carta conjunta con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y el FEMCAI fue redactada en inglés. A continuación, publicamos la traducción al español.

Quiero insistir en algo: respetamos la labor de Denise Dresser, quién es una gran politóloga y realmente una intelectual que se ha pronunciado a favor de los derechos humanos y de la justicia. Sin embargo, nuestra opinión sobre este debate con Wallace es que nunca se hubiera solicitado, ni llevado a cabo. Uno no se sienta con criminales, sobre todo cuando el debate ya está organizado para callar a la única persona que si tenía una perspectiva justa con respecto a Ayotzinapa, y se trata de Denise. A Denise Dresser, el locutor (Javier Tello) visiblemente del lado de la Wallace le cortó la palabra. Casi cada vez que se preparaba a intervenir, se interrumpía el programa para lanzar una pausa comercial. La Wallace no dejv de cortarle la palabra, sin que el locutor dijera absolutamente nada para restablecer el orden del debate. Vean el video a continuación:

 

Con muy buenas intenciones, Denise Dresser se dejó engañar al solicitar un debate con Wallace.

Nosotros llamamos a que los activistas, defensores de los derechos humanos, abogados, juristas, politólogos, intelectuales, dejemos de considerar a Isabel Wallace como una interlocutora, sino como lo que es: una criminal responsable del calvario de – por lo menos – siete personas.

Nolverto F. A.

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CARTA ABIERTA

Puebla, México / Montréal. Canadá

20 de octubre de 2015

Estimada Sra. Dresser:

Después de haber mirado su debate con Isabel Miranda [de Wallace], quisiéramos hacerle llegar respetuosamente los siguientes comentarios:

  1. Nos consternó el razonamiento dado por usted para solicitar el debate, puesto que alguien de su nivel no discute con delincuentes, ya que es como intercambiar opiniones con la Tuta, Chapo Guzmán o individuos semejantes
  2. El hecho de que Isabel Miranda sea, efectivamente una cruel delincuente ha sido amplia e indudablemente demostrado por las sólidas investigaciones de Anabel Hernández, publicadas en Proceso; Guadalupe Lizárraga, publicadas en Los Ángeles Press, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y el grupo de activistas que tienen el blog mexicoporflorencecassez.wordpress.com. Nos cuesta creer que usted no haya leído al menos el trabajo de Anabel Hernández, en Proceso, sobre el notable engaño del “Caso Wallace”.
  3. Cuando esa mujer, cruel y corrupta, denuncia que existe un “conflicto de intereses” de parte del Secretario Ejecutivo de la CIDH, demuestra tener un increíble grado de cinismo, ya que ella se ha beneficiado enormemente de la red de mentiras que constituyen todo el fiasco del “Caso Wallace”. Primero, logró ocultar a su hijo delincuente, Hugo Alberto, que está ligado al crimen organizado; segundo, recibe enormes cantidades de dinero de los contribuyentes de la escandalosa administración de Felipe Calderón para apoyar su organización igualmente engañadora y falsa “Alto al Secuestro”; tercero, en 2012 el PAN (Partido Acción Nacional) la lanzó como candidato al gobierno de Ciudad de México, y además, aunque parezca inconcebible, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos a pesar de que acusó falsamente, hizo encarcelar y torturar salvajemente a seis personas inocentes que estuvieron en el mal lugar en el momento equivocado, por así decirlo.
  4. Según todas las investigaciones basadas en pruebas concluyentes, Isabel Miranda no sólo ha mentido repetidamente a las autoridades mexicanas y norteamericanas, sino que, además, cometió adulterio, dado que  mantuvo una relación sexual con Enrique Wallace, mientras éste todavía estaba casado y que, por otra parte, no es el padre biológico de Hugo Alberto; ella es responsable del secuestro virtual de seis ciudadanos inocentes que fueron encarcelados, y atestiguó la tortura de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Antonio y Alberto Castillo 
  5. A pesar de que Nestora Salgado García fue exonerada por un juez federal de los cargos inventados que causaron su encarcelamiento ilegal, Isabel Miranda insiste en que esta mujer admirable permanezca en la cárcel y esto no sorprende.  Miranda tiene estrecha conexión con Ricardo Martínez, antiguo Fiscal de Atención a Víctimas (¿?¡!) bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que se sabe participó en el tráfico horrible de jóvenes en el Estado de Guerrero, y las actividades de Nestora Salgado García destinadas a rescatar varias de esas víctimas afectaban al “negocio” inmoral de Martinez.
  6. Ahora la Sra. Miranda dirige su lucha no sólo contra Emilio Álvarez Icaza, sino también contra los estudiantes y los padres de Ayotzinapa etiquetando esta desaparición forzada como un simple “secuestro” llevado a cabo por los traficantes de drogas, a pesar de las pruebas y los numerosos testimonios que demuestran la implicación directa del ejército y de la policía federal, estatal y municipal.

Isabel Miranda no actúa de acuerdo a ningún imperativo moral, pues carece de ética y honradez; claramente restituye lo que debe a un “gobierno enormemente corrupto” que le permite cometer toda clase de atrocidades con impunidad total.

Lo que realmente nos aterró, Sra. Dresser, fue oírle alabar el trabajo de Isabel Miranda en favor de los derechos de las víctimas (¡!¿?). En especial, el hecho de que usted solicitara un diálogo con una delincuente de esta magnitud podría significar una de dos cosas: 1) que usted se pone al mismo nivel de inmoralidad de la entrevistada, lo que para nosotros es impensable, o 2) que en cualquier otro momento, se le podría fácilmente pedir que mantenga un debate con cualquier otro sin vergüenza.

Atentamente,

Patricia Barba
Miembro Fundador
Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI)
www.femcai.org
@: patricia.barba@ac-dv.org

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV)
www.ac-dv.org
@: contacto@ac-dv.org

Nolverto Flores ÁVILA
México por Florence Cassez
Blog de activistas mexicanos contra los culpables fabricados
www.mexicoporflorencecassez wordpress.com
@: mxporfc@hotmail.com

Un año sin saber qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa

Articulo del 26 de septiembre 2015, publicado en Los Ángeles Press.
Por Guadalupe Lizárraga
Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Foto: José Martinez.
Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Foto: José Martinez.
Se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida latente en la historia de México que ha logrado ser altavoz de la grave crisis de Derechos Humanos que vive el país derivada de la situación de pobreza, la inestabilidad social y el narcotráfico. El atroz secuestro, posterior a un ataque retransmitido casi en el momento de los hechos, ha despertado la solidaridad a nivel internacional por la exigencia de la resolución y ha hundido la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Pero el crimen de Iguala no es tan distinto como el de otro levantón, ejecución o feminicidio de los que se dan a diario en las ciudades mexicanas: está manchado por la impunidad.
Tras un año, dos normalistas han sido identificados por un análisis de ADN obtenido de los restos óseos que encontró la PGR en el basurero de Cocula y el río San Juan. El mismo escenario donde el Grupo de Expertos  de la Comisión Interamericana (CIDH) dijo que era “científicamente imposible” que incineraran a los estudiantes. La Asamblea de Padres de los 43 no confía en el verdadero origen de las muestras y la aparición de un quinto autobús en la hipótesis de la investigación enredan más la resolución: aún no se sabe todo lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre.
 
A las sospechas de la rapidez en la que el gobierno emitió sus conclusiones, se sumó a principios de septiembre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, elaborado tras seis meses de trabajo. En sus conclusiones, se desmentía la “verdad histórica” ofrecida por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y se criticó la forma en que se han llevaron las investigaciones por parte de las autoridades, así como la falta de seguimiento de algunas pruebas. Algunos padres han denunciado las trabajas que desde el gobierno han interpuesto para el esclarecimiento del caso y la prensa internacional se hizo eco de falta de credibilidad de las autoridades.
 
Y son muchas más dudas aún. Parece que el ejército, según parece presente aquella noche, no hizo nada para evitar que fueran atacados y secuestrados, lo que aviva la sospecha de que de pudo haber intervenido en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, la petición de que el 27 batallón de Infantería con sede en Chilpancingo -así como sus miembros- sean investigados, no ha sido atendida por el gobierno.
 
Por otra parte, no se sabe por qué aquella noche el grupo de jóvenes se encontraba a 250 km de Ayotzinapa. El jefe del cártel Guerreros Unidos (autores de la supuesta masacre), declaró que el director de la escuela normal, José Luis Hernández Rivera, trabajaba a las órdenes de sus rivales, el cártel de Los Rojos, enviándolos a Iguala. El jefe de la banda declaró tras su detención que 17 de los normalistas desaparecidos pertenecían a este grupo delictivo, algo que aunque fuera falso, podría tener relación con las evidencias de la existencia de un quinto autobús que podría haber contenido un cargamento de droga aquella noche.
 
Además de todo esto, aún no se ha iniciado un juicio contra la clase política coludida con el crimen organizado en otros municipios de Guerero, así como tampoco existe una investigación contra el ex gobernador, Ángel Aguirre, ni el ex procurador del estado, Iñaky Blanco. Tampoco se ha investigado el asesinato de Julio César Mondragón, el normalista que fue desollado en los sucesos de Iguala.
 

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Dudas sobre el origen de las pruebas

 
El día 15 de septiembre, la Procuradora Arely Gómez González, presentó en conferencia de prensa nuevos resultados obtenidos por el laboratorio de genética forense de Innsbruck a los que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tuvo acceso vía la Procuraduría General de la República (PGR) un par de horas antes del anuncio público.
 
Para la Asamblea de Padres de los 43, existen serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas, y la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.
 
¿Por qué la Coincidencia genética con Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos?
  • El EAAF considera que el trabajo realizado por el laboratorio de Innsbruck desde el inicio de esta investigación es de alta calidad científica.
  • Sobre las 17 muestras enviadas por PGR y EAAF a dicho laboratorio en noviembre del 2014, Innsbruck intentó inicialmente producir perfiles genéticos de ADN nuclear de cada una de estas muestras ya que, en principio, este ADN es típicamente más poderoso en términos de identificación humana. El laboratorio de Innsbruck no consiguió obtener perfiles genéticos de ADN nuclear de 16 de estas 17 muestras debido al alto grado de deterioro por alteración térmica y fragmentación de las mismas. Sobre la 17° muestra, el laboratorio de Innsbruck obtuvo un perfil completo de ADN nuclear que dio como resultado una coincidencia genética fuerte y clara con la familia del joven Alexander Mora Venancio.
  • Sobre las 16 muestras restantes, el laboratorio de Innsbruck no pudo producir resultados de ADN mitocondrial por métodos tradicionales e intentó hacerlo a través de un método experimental denominado de Secuenciación Masiva Paralela. Con la utilización de este método, Innsbruck pudo obtener resultados sobre el ADN mitocondrial en 9 de estas 16 muestras. De estas 9 muestras, el laboratorio informó que 7 corresponden a ADN mitocondrial que no es de origen específicamente humano y el laboratorio señaló que continuará analizándolos, tratando de identificar su origen.

Jhosivani Guerrero de la Cruz, segundo de los 43 normalistas cuyos restos han sido identificados

Las dos muestras restantes de las que el laboratorio de Innsbruck pudo obtener resultados de ADN mitocondrial, presentaron coincidencias iniciales con familiares maternos (el ADN mitocondrial se hereda por línea materna) de los normalistas Jhosivani Guerrero de la Cruz y nuevamente de Alexander Mora Venancio. Estas dos muestras provienen de la bolsa que según PGR fue recuperada del Rio San Juan, en las afueras de Cocula. No provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula.
 
La nueva coincidencia genética, esta vez por vía mitocondrial, entre una muestra ósea recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Alexander Mora Venancio es complementaria y refuerza el dictamen de genética emitido en diciembre del 2014 por el laboratorio de Innsbruck. En esa ocasión, la coincidencia genética se obtuvo por ADN nuclear, con un resultado claro y con alta probabilidad de parentesco biológico. Hasta la fecha, es el resultado más importante de esta identificación.
 
La coincidencia genética por vía mitocondrial hallada por el laboratorio de Innsbruck entre la muestra recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos (una razón de verosimilitud de 73 indica que la coincidencia es 73 contra 1 más probable si se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz que otro individuo de la población general).
 
Sin embargo, en un contexto de caso cerrado (por ejemplo, un accidente de avión con un listado claro de pasajeros que serían los únicos a encontrar en el sitio de recuperación de restos) y considerando que el laboratorio de Innsbruck estableció que cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos tienen perfiles mitocondriales distintos entre sí, ese resultado podría tener un significado muy importante. No obstante, por el momento, nos encontramos ante un caso abierto, en donde los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el Basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos por las razones que se describen a continuación:
 

Sobre la bolsa que la PGR recuperó supuestamente en el Río San Juan

Según los testimonios de los inculpados sobre la desaparición de los estudiantes, luego de haber incinerado a los 43 jóvenes en el Basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, habrían colocado parte de sus restos en bolsas de plástico y las habrían arrojado al Río San Juan, Cocula, Guerrero. Tal como señalamos en el comunicado de prensa del 7 de febrero del 2015, el EAAF no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR mencionan haber recuperado el 29 de octubre del 2014 una de estas bolsas del Río San Juan.
 
El EAAF tampoco participó en el hallazgo del fragmento de hueso que PGR indicó haber recuperado dentro de dicha bolsa, fragmento del cual se obtuvo una identificación positiva con los familiares del joven Alexander Mora Venancio por vía de ADN nuclear. El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza. La muestra que culminó en la identificación mencionada, se distinguía por su tamaño mayor al resto y especialmente por estar muy poco alterada térmicamente. El EAAF sí participó en la limpieza y análisis de estos restos. Los resultados presentados el día de ayer por la Procuradora provienen de dos muestras recuperadas de esa misma bolsa.
 
El EAAF ha solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de la bolsa de restos, que según indica la PGR les fue entregado por buzos de la Marina, sin que por el momento se nos entregara copia.
 

IMG_6731Sobre el basurero de Cocula

El 7 de febrero del 2015, el EAAF emitió un comunicado de prensa en donde mostraba una fotografía sobre una prótesis parcial o puente superior y otra prótesis parcial o puente inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis o puente parcial inferior, confirmando como consistente la relación entre todas las piezas mencionadas.

El EAAF entrevistó a cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, solicitándoles información física, médica y dental de cada uno de ellos. Ninguno de los jóvenes normalistas tiene puentes o prótesis parciales dentarias. Es decir, estas piezas (las prótesis parciales, el diente y el fragmento de mandíbula) confirman la presencia de restos humanos correspondientes al menos a un individuo que no pertenecen a ninguno de los normalistas entre los restos recuperados del Basurero de Cocula. Por lo tanto, estamos ante un caso abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto, el hecho de que existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los últimos 4 a 5 años en Iguala. El valor entonces del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani Guerrero de la Cruz disminuye significativamente y sólo puede ser considerada como una posibilidad.

Toda esta información coloca esta investigación en el marco de un caso abierto en donde restos de víctimas de distintos episodios de desaparición pueden encontrarse en los mismos lugares de depositación. Existen además serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. Por lo anteriormente mencionado, la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del jovenJhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.

Periodistas que avergüenzan: Martín Moreno y el Caso Wallace

Artículo,de Patricia Barba Avila (Femcai)
Fecha: 20 de Julio del 2015
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)
Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. R
– Ryszard Kapuscinski
En julio de 2005, un considerable número de Mexicanos se sintieron conmovidos por la historia de Isabel Miranda [de Wallace], convertida en “madre coraje” merced de una historieta de absoluta ficción que narra cómo, de manera supermanesca, logró una hazaña digna de las taquilleras y grotescas películas de Rambo, al haber llevado a cabo una “investigación” sin la ayuda de absolutamente nadie, que la condujo a “descubrir” las identidades de seis personas a las que señaló como culpables del secuestro y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El motivo de iniciar este escrito con la reflexión de Kapuscinski, el extraordinario periodista polaco –quien atinadamente afirmara que las malas personas no pueden ser buenos periodistas– es justamente porque fue la pluma de Martín Moreno la que se encargó de transformar el cúmulo de falsedades inventadas por Miranda Torres, en un libro que no sólo le ha redituado un inmerecido prestigio como “periodista” y “escritor” sino que ha servido a esta heroína de barro para lucrar política y financieramente con la mentira y el delito. Y aquí es moralmente obligado preguntar: ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, no haya tenido la imprescindible pulcritud, ética y honestidad para comprobar la veracidad de las narraciones de Miranda, antes de atreverse a publicarlas? ¿Cómo es posible que una auténtica criminal no sólo reciba fondos públicos para sustentar su A.C. “Alto al Secuestro”, sino que haya sido acreedora del Premio Nacional de los Derechos Humanos y, además, haya sido lanzada como candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012?
El pasado sábado 11 de julio, se cumplieron 10 años de la maraña de mentiras que integran el tristemente famoso “Caso Wallace”, concebido por la mente sociópata de una delincuente que ha engañado, difamado, privado de la libertad y ordenado torturar a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre, Alberto y Antonio Castillo Cruz, para obligarlos a declararse culpables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, muy probablemente vivo de acuerdo con las evidencias surgidas del trabajo investigativo de verdaderas periodistas como Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Angeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, además del comprometido involucramiento de David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes con un indiscutible sentido de responsabilidad, solidaridad y ética, han revelado las evidencias que hacen pedazos no sólo el “Caso Wallace” sino la fabricada reputación de Miranda Torres, quien además, ha tenido el cinismo de amenazarlos con demandas que no ha podido concretar.
Algo muy alarmante y ominoso ocurre en una sociedad cuando cualquier persona corre el riesgo de ser detenida, difamada y torturada en el marco de un sistema eminentemente podrido, con la complicidad de “periodistas” que se atreven a elevar a la categoría de literatura, embustes insostenibles, como lo hizo Martín Moreno, con el apoyo de medios de “comunicación” que difundieron este cúmulo de falsedades convirtiéndose, por este sólo hecho, en cómplices de una de las infamias más deleznables de la triste entelequia en la que se ha transformado el sistema de “justicia” mexicano. Y aquí es menester resaltar la elemental importancia de fomentar en la sociedad el sano escepticismo que nos obliga no sólo a dilucidar con lógica los acontecimientos, sino a analizar a fondo las circunstancias que los rodean, permitiéndonos así determinar su veracidad o falsedad.
Tal como lo dijeran David Bertet y Guadalupe Lizárraga, es tiempo ya de que quitar la venda de los ojos a un importante sector de la sociedad engañado vilmente por Miranda Torres, para hacer posible que las víctimas inocentes del “Caso Wallace” reciban la justicia que merecen y sean exoneradas, junto con la Comandante Nestora Salgado García, privada de su libertad desde el 22 de agosto de 2013 gracias a cargos fabricados por auténticos hampones insertados en el gobierno, como es el caso, entre varios más, de Ricardo Martínez, tratante de niñas y jóvenes que fungía como Subprocurador de Atención a Víctimas bajo la administración de Angel Aguirre Rivero, y quien además, es parte del grupúsculo delictivo capitaneado por Isabel Miranda.
No se puede publicar un documento sin los datos completos…y esto debería ser la norma del periodismo.
– Julian Assange
 

Los Ángeles Press: nuevas evidencias en caso Wallace

Artículo de Guadalupe Lizárraga publicado en el Los Ángeles Press.
Fecha de publicación: 6 de Julio del 2015
Adulterio de Isabel Miranda, falsificación de actas de Hugo Alberto Wallace y certificación de acta original por juez de Registro civil son parte de nuevas evidencias que desmoronan el caso Wallace.

Isabel Miranda Torres y Martín Moreno en la promoción del falso secuestro Wallace. Foto: El Universal

 

El mito del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005 ha llegado a su fin al confirmarse oficialmente su verdadera identidad, escondida y manipulada desde su nacimiento, por su madre Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace”. El juez 28º del Registro civil de la Ciudad de México, José Luis Keymur Landeros, certificó el 26 de junio de 2015 que el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, es copia fiel del original perteneciente al libro 01, foja 27, partida 27, año de 1970. Con ello, se valida la evidencia de una doble identidad de la supuesta víctima de secuestro y homicidio presuntamente perpetrado el 11 de julio de 2005, y de la que no se encontró nunca el cuerpo, pero por la que pagan cadena perpetua cuatro sentenciados y dos más aún están en proceso judicial.

María Isabel Miranda Torres, el 15 de enero de 1970, presentó a un hijo vivo ante el Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, bajo el nombre de Hugo Alberto. Ella se identificó como Isabel Torres, de 21 años de edad y trabajadora del hogar. El supuesto progenitor de Hugo Alberto se presentó como Jacinto Miranda, de 31 años de edad y empleado de una empresa. Con esta acta de nacimiento, según el código de verificación 29230515, del que da fe de originalidad el juez Keymur Landeros, se ratifica también la invalidez de la única evidencia aportada por los Wallace consistente en la prueba de ADN de una gota de sangre extraída del departamento donde supuestamente Hugo Alberto fue mutilado con una sierra eléctrica, según la versión de su madre. El resultado de la prueba de ADN fue la coincidencia con el perfil de ADN de Isabel Miranda y Enrique Wallace Díaz, quien –con esta acta– se corrobora legalmente que no es Wallace el padre biológico de Hugo Alberto.

Con la autenticidad del acta de nacimiento también se revela que Isabel Miranda mintió ante las autoridades del Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, sobre su verdadero nombre y edad. Ya que registró a su hijo identificándose como Isabel Torres, de 21 años, hija de Mónica Romero y Alfredo Torres. Mientras que en su propia acta de nacimiento se señala que ella nació el 27 de mayo de 1951, y por lo tanto tendría 18 años de edad al momento del nacimiento de su hijo en 1969. En la misma acta se especifica que Isabel Miranda es hija de Fausto Miranda Romero y Elfega Torres Jaimes, de acuerdo con los datos oficiales de la Entidad 9, Delegación 1, Juzgado 3, Libro 20, Acta 288, del año 1951.

Acta original certificada por el Juez 28ª del Registro Civil.

Copia de acta con fecha de registro del 19 de noviembre de 1975, expedida en diciembre de 2006.

Una copia certificada de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto con los apellidos de Wallace Miranda fue expedida el 10 de febrero de 1982 por la Oficialía 1 del Registro civil de Texcoco, Estado de México. En esta copia se especifica que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, el 12 de octubre de 1969, y da fe de certificación Alejo Vázquez Ávila, quien no cuenta con cédula profesional. El oficial que levanta el registro civil es Abundio Vergara Mata con el número de acta 2371 y el número de control 1399. Sin embargo, el documento no especifica día ni mes, ni aparece el original del registro en la Consejería del Distrito Federal ni del Estado de México.

En esta misma fecha de expedición, Abundio Vergara Mata fungía como oficial del Registro civil de Texcoco, sin embargo aún no contaba con una cédula profesional. Fue hasta el 26 de marzo de 1982, cuando obtuvo el grado de Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cédula profesional 765481.

El 18 de diciembre de 2006, un año y cinco meses después del supuesto homicidio de Hugo Alberto, su madre, Isabel Miranda solicitó otra copia certificada de una tercera versión del acta de nacimiento de su hijo. En esta versión se incluyó el reconocimiento por parte de Enrique Wallace Díaz y el acta fue expedida en el municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, bajo la fe y el sello de la notaría 157, a cargo del notario Plácido Núñez Barbosa. No obstante, en este tercer documento, en el que se especifica también que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, y no en Tuxpan como dice su acta original, Isabel Miranda declaró tener 24 años de edad cuando supuestamente presentó a su hijo vivo ante el Registro civil de Texcoco, mientras que en la segunda acta declaró tener 21 años, y en el acta original se señala que en realidad tenía 18.

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El mito desmoronado

Para el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, el personaje de la señora Wallace, “el de la figura ficticia de la madre coraje quién se supone investigó sola el secuestro y el asesinato de su hijo ha desaparecido”. El activista reconocido por la defensa de los culpables fabricados en México, abunda que “el mito de la señora Wallace, a todas luces cumplía con una función política en el período del gobierno de Felipe Calderón”.

Bertet explica que al defender el caso de los culpables fabricados de Isabel Miranda para sostener el falso secuestro de su hijo, estaban conscientes, él y su equipo de trabajo, de los riesgos que corrían, “ya que que todas las personas que se habían atrevido a seguir las líneas de investigación descartadas por las autoridades mexicanas habían recibido amenazas o habían sido objetos de represalias”.

“Lo más aterrador en el caso Wallace”, señala el activista canadiense para Los Ángeles Press, “es darse cuenta que Hugo Alberto Wallace Miranda ni siquiera existe como persona legal. Es decir, que seis personas, más las víctimas colaterales y los demás inocentes encarcelados para hacer creer que existía una banda de secuestradores responsables de la desaparición de Hugo Alberto y de otros, fueron procesadas, torturadas y cuatro de ellas condenadas a cadena perpetua por un crimen que nunca sucedió, por el simple hecho de que el victimario no existe”, enfatiza.

Por otra parte, Bertet destacó los rastros de vida de Hugo Alberto Miranda Torres, que desde el 31 de mayo de 2014 en siete ediciones presentó Los Ángeles Press sobre el falso secuestro Wallace y la tortura a las víctimas para que se incriminaran. El activista enfatiza que “a cambio, existen pruebas contundentes que su alter ego, Hugo Alberto Miranda Torres, estuvo vivo al menos hasta el año 2010, ya que él mismo tramitó su CURP cinco años después de la supuesta muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda.”

El adulterio de Isabel Miranda

Isabel Miranda, madre soltera y empleada en el hogar, tenía 27 años y dos hijos cuando se casó con Enrique del Socorro Wallace Díaz, nicaragüense, de 39 años de edad, divorciado y empresario. El matrimonio fue consumado el 28 de septiembre de 1978 en Coyoacán, Distrito Federal, según el acta. Para entonces, Hugo Alberto tenía nueve años de edad y su hermana Claudia tres.

Sin embargo, desde 1973, Isabel Miranda sostenía relaciones sexuales adulterinas, según lo especificado por la primera esposa de Enrique Wallace, la señora Guadalupe Magallanes, motivo por el cual demandó a su esposo el divorcio necesario. Magallanes dejó asentado en el acta que el 3 de noviembre de 1973 llegó a su domicilio conyugal una señora de nombre Isabel Miranda y “le manifestó que llevaba relaciones sexuales adulterinas con el esposo de la actora, y que en eso llegó su madre, María Teresa Villareal, viuda de Magallanes, y que nuevamente Isabel Miranda repitió lo antes expuesto”, además de preguntarle por los bienes de propiedad de su esposo.

El divorcio fue promovido por Magallanes y para el 22 de julio de 1974, Enrique Wallace perdía la custodia de sus cinco hijos y enfrentaba el proceso de sentencia como cónyuge culpable, la cual se consumó un año después, coincidiendo con el nacimiento de su hija Claudia concebida con Isabel Miranda.

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El cuento de “El Caso Wallace”

La historia que Isabel Miranda narró a Martín Moreno, autor de El Caso Wallace, bajo el sello editorial Aguilar en 2010, muy poco tiene que ver con la realidad. Sin embargo, Miranda utilizó el libro de ficción –del que ella era la única fuente– como una evidencia de hechos para denigrar, calumniar y difamar a sus víctimas.

En la página 16, narra cómo fue su acercamiento con Enrique Wallace y afirma que ella tenía 16 años cuando se enamoró de él, y que se casaron siendo ella todavía menor de edad. Su padre, Fausto Miranda, dice la voz narrativa del autor, que dejó de hablarle: “el rechazo… fue absoluto, hasta que llegó su primer nieto: Hugo Alberto Wallace Miranda, quien nació el 12 de octubre de 1969 Isabel tenía 18 años”. Los únicos datos que coinciden con la verdad, de acuerdo al acta original, es que parió a Hugo Alberto a la edad de 18 años y la fecha de su nacimiento. Su padre firmó el acta, y Enrique Wallace Díaz, casado con Guadalupe Magallanes, no conocía todavía a Miranda.

La señora Wallace en defensa de la brutalidad policiaca

Artículo de Guadalupe Lizárraga, publicado el 14 de marzo del 2015 en el Los Angeles Press.

Isabel Miranda Torres en rueda de prensa. Foto: Jonhatan Telles.
Isabel Miranda Torres en rueda de prensa. Foto: Jonhatan Telles.

Ahora Isabel Miranda Torres, alias la señora Wallace, busca nuevos reflectores mediáticos en las diferentes entidades de la república mexicana con su nueva propuesta: “defender a los policías”. Esta ama de casa que cobró notoriedad en la Ciudad de México por simular el secuestro y homicidio de su hijo en julio de 2005, se ha valido de su impunidad para seguir entrometiéndose en la administración judicial federal, y manipular las instituciones del Estado de derecho, ahora con la ocurrencia de una defensoría de policías acusados de violar derechos humanos.

Según Miranda, “se ha dado constantemente que los policías son acusados de violar derechos humanos cuando realizan una detención”. No precisa mayor información, casos, nombres, datos mínimos para sostener su alegato dado en rueda de prensa en Culiacán, Sinaloa. Pero tampoco alude a los propios casos de sus culpables fabricados en el falso secuestro Wallace, cuando ella participó directamente en sus detenciones arbitrarias y violatorias de derechos humanos, usurpando funciones judiciales sin tener ninguna facultad para ello: técnicamente una secuestradora que operó con agentes ministeriales de la PGR de cómplices.

Con su habla cantinflesca, Miranda Torres pretende convencer por qué los mexicanos debemos aceptar la creación de una defensoría de policías con dinero publico:

“Al momento de que un policía ingrese a una casa a rescatar a una víctima, si tiene el temor de ser destituido o de ser sancionado porque nada más con el simple hecho de que un imputado, que además no sé de qué valor moral pueda tener un imputado para acusar a un policía, y creo que ahí es donde viendo que no hay equilibrio y esto es lo que queremos cambiar con esta figura, que los policías tengan quién los defienda desde el punto de vista de derechos humanos y también jurídicamente”. (Línea directa 11/Mar/2015)

Seguramente, Miranda vio en la televisión la primera parte del caso de Ferguson, donde un policía blanco fue exonerado de cargos por un juez, después de asesinar a un joven afroamericano. Lo que ignora es la segunda parte, en la que la decisión del juez le ha resultado contraproducente, porque ahora es repudiado por la opinión pública y su reputación profesional se ha visto seriamente comprometida, luego de que el Ayuntamiento de Ferguson aprobara por unanimidad la dimisión del administrador municipal, John Shaw, y la del jefe de la policía, Thomas Jackson, ante la publicación de un duro informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre sesgos raciales en esa localidad. Incluso, se prevé que pudieran desmantelar todo el departamento de la Policía de Ferguson a raíz de este caso. Son las consecuencias esperadas por delitos y omisiones de los servidores públicos en un Estado de derecho.

Pero en México, a la señora Wallace –con esa vocación de delincuente que la caracteriza– y a las mismas autoridades que toleran su impunidad, les parece no sólo atinado defender a los policías acusados de violar derechos humanos, sino hacerlo en un momento de profunda crisis de las instituciones judiciales y de procuración de justicia precisamente por sus prácticas de corrupción y abuso de poder. Sobre todo, cuando el caso Ayotzinapa no ha sido seriamente atendido y el Estado es el principal responsable de este crimen; cuando un violador de derechos humanos como Eduardo Medina Mora es designado por el Ejecutivo como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuando hay cientos de casos de mujeres inocentes criminalizadas por la corrupción de funcionarios judiciales como el caso de Nestora Salgado y de Brenda Quevedo Cruz. Esto es, resulta absurda la defensa de la brutalidad policiaca en un momento en que uno de los pilares del Estado mexicano como es el sistema de justicia ha sido sistemáticamente quebrantado por varias décadas con la impunidad de crímenes de derechos humanos y violación de garantías individuales, por las masacres perpetradas por el ejército y las corporaciones policiacas y paramilitares.

Basta recordar sólo unos ejemplos para saber de qué calidad de Estado hablamos: Tlatelolco en 1968; Rivera de San Cosme en 1971; la Guerra sucia de los años 70; el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995; Acteal en Chenalhó, Chiapas, en 1997; El Charco, Guerrero, en 1998, y nos brincamos a las más recientes de Ayotzinapa, Guerrero, y de Tlatlaya, Estado de México, 2014, porque la lista es larga. A ésta, hay que agregar el sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y opositores políticos a lo largo y ancho del país y en los diferentes sexenios gubernamentales.

Estamos en un tiempo, pues, en que el surgimiento de las policías comunitarias y autodefensas han sido la respuesta de los pueblos ante la trayectoria criminal de las corporaciones policiacas por el acoso a las comunidades, por su corrupción y vínculos con el narcotráfico. Estamos en un tiempo en que la creación de una defensoría de policías al estilo de la señora Wallace es un arma más para el crimen que gobierna.

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Más aún, no es fortuito que criminales impunes como Isabel Miranda Torres tomen iniciativas de tergiversar la justicia y la defensa de los derechos humanos con escenarios fabricados por los medios de comunicación oficiales. Especialmente, cuando el reporte más reciente de la ONU sobre derechos humanos en México observa que la tortura, el maltrato, las detenciones arbitrarias y la suspensión de garantías individuales son prácticas generalizadas. La señora Wallace, sin ser funcionaria judicial, ha protagonizado estas prácticas junto con ministeriales. Es parte del absurdo y la oscuridad que vive México hoy, como los sistemas descritos por Kafka en sus cuentos, en los que el terror es la base para mantener impune la depredación y el control de los vulnerables.

Sin embargo, no hay que olvidar quién es “la señora Wallace”, independientemente de quien esté detrás de ella. Esta criminal ha destacado en nuestro país por su capacidad de corromper jueces y funcionarios judiciales, por su impudor de imaginar a su hijo descuartizado y venderlo así a los medios, ha destacado no sólo por ordenar a agentes ministeriales las torturas de sus culpables fabricados, sino por participar directamente en éstas, y mantenerse impune con cada administración judicial. Si bien, ahora puede obtener algunos apoyos oficiales para defender la brutalidad policiaca, no tiene ni tendrá la capacidad intelectual para construir un argumento medianamente sólido y justo para sostener propuestas de esta naturaleza. Ni ella ni el Estado. De ahí, que sólo la corrupción y la represión sean sus recursos, las tácticas de la ignorancia ante la falta de legitimidad y legalidad.

Ellos pueden cercar la información en territorio nacional, pero las redes no tenemos fronteras geográficas. Ellos pueden ejercer el terror in situ, pero nosotros podemos denunciarlo por internet en el mundo. Ellos pueden seguir siendo impunes dentro del país, pero internacionalmente son reconocidos como criminales. La señora Wallace está denunciada en Migración de Estados Unidos por el delito de perjurio ante la Corte de Chicago, cometido en marzo de 2008, por sostener que su hijo Hugo Alberto no tenía antecedentes penales, cuando había sido procesado por contrabando en 2001. De tal suerte, que el día que Miranda cruce la frontera de México a Estados Unidos corre el riesgo de ser detenida y procesada.

Pese a que Miranda goza de impunidad por la red de funcionarios que se han beneficiado con su corrupción, ha llegado el momento en que es insostenible para el sistema judicial mexicano. El caso de Elba Esther Gordillo es ejemplo. Su fortuna hecha a base de corrupción y tráfico de influencias no le valió para perpetuarse en absoluta impunidad. Miranda es mucho menos que eso, ni la fortuna ni la red institucional ni la inteligencia posee, y sus crímenes mas burdos, perpetrados por ella misma, son ya de dominio público. Sus días de libertad, sin duda, están contados.

Libertad de Nestora está en manos de gobierno guerrerense

Artículo de Arturo Constantini publicado el 20 de enero de 2015 en el sitio cencos.org.

Luego de que la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, fuera exonerada por los delitos del fuero federal, corresponde al gobierno de Guerrero desestimar los cargos estatales en su contra para que pueda recuperar su libertad, aseguró Cuauhtémoc Ruíz, integrante del Comité Nestora Libre.

Detalló que es una “decisión política” del mandatario estatal, Rogelio Ortega, que la jefa del grupo de autodefensa permanezca en prisión. “Entendemos que el gobernador se sienta presionado por esta campaña sucia de la señora Wallace y a la que se han sumado Sergio Sarmiento y Alejandro Martí”.

Cabe recordar que previo a las declaraciones hechas por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, en las que criticaron la posible liberación de Nestora, a la que llamaron una “secuestradora”; el gobernador Ortega se había pronunciado a favor de la libertad de la comandanta por considerarla una presa política.

Clotilde Salgado, hermana de Nestora, aseveró por su parte que el gobierno sabe que los cargos en contra de la comandanta son falsos. “Incluso el mismo gobernador (Ángel) Aguirre ya estaba concientizándose de que realmente se estaba cometiendo una injusticia”.

“Cuando se levantó el pueblo en armas, estuvo el señor Aguirre en Olinalá e hizo una reunión con todo el pueblo”, en la que él dijo “yo le doy mi voto de confianza de la seguridad de Olinalá a Nestora Salgado… y así fue como él (el exgobernador) empezó a apoyar a la Policía Comunitaria”, relató Clotilde.

Agregó que Aguirre otorgó a la Policía Comunitaria dos camionetas y dinero para que se pudieran mover. “Él estuvo totalmente de acuerdo”, sentenció.

Campaña de calumnias

“Antes de difamar a una persona, a un ser humano, deben de primero investigar”, respondió Clotilde a las acusaciones de Wallace y Martí, a quienes les pidió que fueran a Olinalá para conocer quién es Nestora Salgado García, pues “todo lo que han dicho es mentira”.

El Comité por la Libertad de Nestora dejó en claro, en su comunicado, que la señora Wallace es una “impostora y dócil instrumento” de los peores intereses en Guerrero, del exgobernador Aguirre y su procurador Iñaki Blanco, al igual que algunos sectores empresariales y del PRI.

Cuauhtémoc Ruíz se refirió a los reportajes de la periodista de Los Angeles Press Guadalupe Lizárraga sobre el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda.

En la investigación, la periodista asegura que el crimen de Hugo Alberto no sucedió e Isabel Miranda mintió a las autoridades mexicanas y cometió perjurio en la Corte de Chicago al presentar un documento falso para inculpar a Brenda Quevedo, a quien acusaron del secuestro.

“Isabel Miranda compró testigos de cargo, entre éstos al ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, el mismo que fabricó el expediente contra Nestora Salgado imputándole delitos graves como secuestro, secuestro agravado contra dos menores de edad y delincuencia organizada. Iñaki Blanco trabaja a las órdenes de Miranda y en 2010 protegió a Hugo Alberto Wallace, quien fue visto en las afueras de Acapulco, donde se escondía”, escribió Lizárraga.

Sobre Alejandro Martí, Ruíz explicó que él sí es víctima del clima de inseguridad y tienen una actitud de respeto hacia él. Sin embargo, “pensamos que en la conferencia de prensa, donde habló en contra de Nestora Salgado, él no se situó desde esta perspectiva de familiar de una víctima, sino que puso por delante sus prejuicios de tipo social y empresarial”, por lo que “llamamos a reconsiderar su actitud de injusticia”.

“Yo sé que no fue así” 

Francisco Flores Jiménez, quien estuvo ingresado en la Casa de Justicia El Paraíso un mes en proceso de reeducación, desmintió las aseveraciones de las madres de Dulce Rubí Burgos Pérez y Betsabé Rubí Baltasar Sosa, quienes acusaron a Nestora Salgado de haber secuestrado a sus hijas.

“Todo lo que dicen las chamacas no es verdad, porque la señora Nestora Salgado siempre nos trató de una manera que hay que valorizar las cosas, el trabajo”, dijo Flores. “Aparte de eso, a las mujeres le daban más preferencia”.

El joven, en el mes que estuvo en la Casa de Justicia, coincidió con las jóvenes y aseguró que ellas nunca pidieron rescate, además de que podían hacer llamadas a sus familias para que “supieran que no era como decía la gente; como ahora la mamá de las chamacas, ahí en Olinalá anduvieron diciendo que dijéramos que nos tenían secuestrados, que nos trataban como perros, y yo nunca dije eso porque, pues, no es verdad”.

A su vez, Ruíz comentó que el síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, presionó a Francisco Flores para que diera falsos testimonios acerca del tiempo que estuvo detenido.

que diera falsos testimonios acerca del tiempo que estuvo detenido.