Nuestra carta abierta al activista Javier Sicilia: “La Señora Wallace a la que estimo profundamente…”

Nuestra carta abierta al activista Javier Sicilia

Sicilia Wallace

 

Sicilia - Wallace
Referencia: Art. de Alejandro Pacheco / SDPnoticias.com – 27 de agosto 2015. http://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2015/08/27/rogelio-ortega-sabe-que-nestora-es-inocente-confiamos-en-que-ayude-a-liberarla-sicilia

Estimado Señor Sicilia,

Somos un colectivo de activistas mexicanos que se ha dedicado desde el año 2009 en la investigación sobre casos de culpables fabricados, el primero de los cuales fue el caso de la Sra. Florence Cassez. Contra el linchamiento perpetrado por los medios de desinformación, y las mentiras repetidas de las autoridades y de sus voceros quienes se autoproclamaron representantes de la sociedad civil, los Sres. Alejandro Martí, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres (el segundo siendo su verdadero apellido), hemos defendido la inocencia y la honrad de víctimas como Florence Cassez, causa a la que Usted como padre de víctima se ha juntado en los últimos años del calvario que Florence ha sufrido durante 8 años. 

Una vez obtenida la libertad de Florence Cassez, nuestro colectivo se ha comprometido a seguir luchando por los derechos y la libertad de otros culpables fabricados en México. Siempre lo hemos dicho: no hemos defendido a Florence Cassez porque se trataba de una extranjera, sino porque su caso resultaba y sigue resultando emblemático de la fabricación de culpables en nuestro país. Su libertad fue el primer paso significativo en nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad, las cuales se manifiestan diario en las fallas del sistema de impartición de justicia en México, el uso generalizado de la tortura por parte de las fuerzas de “seguridad”, y la invención cotidiana de culpables fabricados, quienes no tienen los recursos para comprobar su inocencia. Nosotros luchamos para que los culpables fabricados salgan de las cárceles, y que los responsables de la fabricación de culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Entre los inocentes que nuestro colectivo defiende, están los inculpados en el muy conocido caso Wallace. Si Usted todavía no está enterado de los elementos que nosotros contribuimos a revelar a la opinión publica, elementos que comprueban que el caso del presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda o Hugo Alberto Miranda Torres (su verdadero apellido), le invitamos a que visiten el sitio www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com o la página derivada de la primera: www.elcasowallace.wordpress.com.

Fue, Sr. Sicilia, con asombro y decepción, que leímos lo siguiente en el artículo titulado « Rogelio Ortega sabe que Nestora es Inocente, confiamos en que ayude a liberarla: Sicilia », publicado el 27 de agosto del 2015 en el sitio www.sdpnoticias.com.

“Su proceso está lleno de aberraciones desde el principio, entonces hay una venganza de orden político criminal que está de origen en el presidente municipal que ahora es diputado por el PRI, Javier Hernández Rodríguez. (..) En declaraciones realizadas desde el pasado 9 de agosto al diario “La Jornada” , Nestora reconoció que permanecía en prisión por la influencia de la presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro Isabel Miranda de Wallace pues ella respalda a uno de sus principales acusadores, Eugenio Sánchez, quien acusa a Salgado García de plagio. Ante ello Sicilia pidió a Miranda de Wallace acudir a Olinala para conocer el funcionamiento de las Policías comunitarias y formar un criterio amplio sobre la realidad de Nestora.

Yo le pediría a la Señora Wallace a la que estimo profundamente que tiene un gran trabajo en defensa de las víctimas, que en este caso como en otros vaya al origen del problema, que no nomás construya a partir de los dimes y diretes y de las colusiones que hay también entre los testigos que valla a Olinala, y que vaya a visitar las casas de justicia, que realmente sabe que realmente están allá.” concluyó.”

Sr. Sicilia, ¿Cómo Usted puede ignorar que el caso de secuestro de Hugo Alberto Wallace fue fabricado por la madre del desaparecido? ¿Que se encontraron pruebas fehacientes según las cuales el denominado Hugo Alberto estaba vivo por lo menos 5 años después de su supuesto descuartizamiento? ¿Cómo explica usted que Hugo Alberto Wallace tramitó una CURP en el 2010, si se supone que murió en el 2005? Nosotros llevamos 7 años estudiando, analizando meticulosamente el caso Wallace. Le aseguramos que la Sra. Wallace o Miranda Torres no ha hecho absolutamente nada para la defensa de las víctimas, sino que ha instrumentalizado y se ha apoderado del título de “victima” para conseguir poder económico y político. Su hijo estando vivo, la Sra. Wallace, quién ha presenciado sesiones de tortura física y ha lidiado interrogatorios ilegales, solamente actuó para cumplir con sus propios intereses..

Sabemos también, y seguramente Usted también lo sabe, que la actuación de la señora Wallace en el caso Nestora Salgado, deriva de su deseo (o de su obligación a cambio de servicios) de proteger a por los menos dos cómplices suyos involucrados en una red de prostitución y de pornografía infantil: el ex-abogado de la señora Wallace, el “Lic.” Ricardo Martínez Chavez, asi como el ex-subprocurador de Atención a Víctimas del estado de Guerrero Iñaki Blanco. Precisamente esa red que había desmantelada Nestora y su policía comunitaria.

Siendo sincera su “estima” hacia Isabel Wallace, lo cual sería preocupante procedente de Usted, permita que le recordemos que la señora Wallace fue indiciada en el 1998 por los  delitos de resistencia a particulares y homicidio en grado de tentativa (documentado por la revista Proceso en el 2012). Eso no impidió que ella fuera nombrada en el 2010 Premio Nacional de Derechos Humanos, gracias a su compadre Raúl Plascencia, presidente de la CNDH.  La señora tiene varias denuncias en su contra, denuncias que jamás se han investigado ya que es protegida por la PGR y ciertos magistrados.

Siendo fingida su estima hacia Isabel, en este caso le invitamos a enfrentar el miedo que posiblemente Usted, como decenas o cientos de activistas, jueces y políticos, le tienen a esta Sra. Wallace y a juntarse a colectivos y organizaciones que realmente actúan, a  pesar de las amenazas y del riesgo, a favor de las víctimas. El papel de Isabel Wallace consiste en cubrir las fabricación de culpables perpetradas por las autoridades estatales y federales, trabajo sucio a cambio del cual el gobierno federal y del Distrito Federal la apoya en su propio caso también fabricado.

Sr. Javier Sicilia, Usted tiene que tomar una decisión al respecto y escoger su trinchera. Uno no puede pretender luchar por la justicia en México y seguir haciéndole zalamerías a esta corrupta y criminal de Isabel Miranda de Wallace.

Atente.

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La Señora Wallace, acusada ante la PGR

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 

Artículo publicado en Proceso y el Diario de Coahuila

Por Jorge Carrasco Araizaga

El 14 de septiembre de 2014

 

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Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace.

Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR.

Los denunciantes son Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes son María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

‘PRUEBAS FABRICADAS’

Según la denuncia de hechos, con la revelación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y la del matrimonio de Isabel Miranda con Enrique Wallace, así como la existencia de pruebas cuestionadas, publicadas en mayo y junio pasados por el periódico digital Los Ángeles Press y Proceso (ediciones 1961 y 1962), “se pone en evidencia” los delitos denunciados.

En una de las actas, emitida en el Distrito Federal, Hugo Alberto aparece como hijo de Jacinto Miranda. En la otra, de un juzgado civil de Texcoco, el papá es José Enrique del Socorro Wallace, de nacionalidad nicaragüense; mientras que la activista en la primera se llama Isabel Torres, y en la segunda, María Isabel Miranda Torres.

Los denunciantes aseguran que Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres, nombres de la activista que aparecen en los documentos oficiales, así como su esposo Enrique del Socorro Wallace, son presuntos responsables del delito contra el estado civil porque al registrar a Hugo Alberto como hijo de ambos, la primera adjudicó “a un tercero la paternidad que no le corresponde” y el segundo asumió “la filiación de padre sin corresponderle”.

Señalan que el artículo 227, fracción III del Código Penal Federal (CPF) impone de uno a seis años de prisión, entre otros, “a los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando nombres o suponiendo que los padres son otras personas”.

Según la denuncia, ambos cometieron falsedad de declaración ante las autoridades judiciales y ministeriales respecto a la autenticidad del apellido, lugar y fecha de nacimiento de Hugo Alberto, “así como el ocultamiento doloso ante tales autoridades de la identidad del padre biológico de la víctima”.

Los familiares de los procesados aseguran también que Isabel Miranda y su esposo “declararon falsamente ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre la verdadera fecha de su matrimonio con el fin de encubrir la verdadera filiación de Hugo Alberto”. Citan que la falsedad de declaración está penada con prisión de cuatro a ocho años en el Código Penal Federal (CPF).

Sobre la simulación de pruebas, dicen que la evidencia “más trascendental” para condenar a cuatro de los seis acusados y “supuestamente encontrada en la escena del supuesto crimen, fue falseada y alterada con el único objetivo de inculparlos de los supuestos delitos de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y otros”.

‘SEMBRADOS’

Explican que la gota de sangre y un pelo de la alegada víctima encontradas en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los hechos denunciados, no sólo fueron “sembrados” sino también alterados porque el perfil genético de lo que se presentó como prueba originalmente fue identificado como cromosoma de mujer (XX) en el informe de la perito Yanet Rogel Montes, el 20 de marzo de 2006.

De acuerdo a los denunciantes, ese perfil genético “corresponde al del padre adoptivo del desaparecido”. Ante esa inconsistencia, la perito aseguró que se equivocó y que al momento de redactar su informe, “por un error de dedo”, escribió XX en lugar de XY para identificar el cromosoma.

Aseguran que el delito de simulación de pruebas fue cometido por Isabel Miranda y su hermano Roberto, y que de acuerdo al artículo 248 Bis del mismo CPF, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión al que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales.

De la perito Yanet Rogel Montes dicen que cometió el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, penado en el artículo 247 Bis del CPF con una pena de cinco a 12 años de cárcel.

A partir de esa prueba aportada por la PGR, fueron sentenciados de 78 a 131 años de prisión los hermanos Castillo Cruz, César Freyre y Juana Hilda González. Los familiares dicen que a la perito se le podría aplicar una pena de ocho a 15 años, debido a que ese mismo artículo dice que cuando a un sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión, la pena se incrementa por el testimonio o peritajes falsos.

“Además exigimos que se investigue la comisión de los delitos que se derivan de la falsedad de declaración y de informes dados a una autoridad judicial, tales como el soborno o la coacción de cualquier naturaleza hacia la perito”, dice la denuncia.

También piden a la PGR que investigue la probable comisión de los ilícitos de cohecho, amenazas y tráfico de influencias. En este último delito, no sólo mencionan a la perito, sino también a “todas las partes que dentro del proceso han sido sujetos de los actos denunciados” y que “han favorecido a la parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público federal, María Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace”.

Respecto al tráfico de influencias, dicen, “hay que tomar en consideración el personaje Isabel Miranda de Wallace como figura pública y su poder económico, así como (su) cercanía… con los agentes del Ministerio Público Oswaldo Jiménez Juárez, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz… encargados de llevar a cabo las averiguaciones previas y acusaciones en contra de los acusados”.

CONTRADEMANDA

La publicación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y de su acta de matrimonio llevó a Isabel Miranda a presentar una denuncia ante la PGR. La Unidad Antisecuestros inició de inmediato la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014. Por esa razón han sido llevados a declarar, sin orden de presentación, Giel Meza, activista de la organización Gente de México por la Democracia, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo.

En esa denuncia está incluido David Bertet, activista canadiense que promueve la liberación de los acusados del caso Wallace, como lo hizo con Florence Cassez. La ciudadana francesa fue acusada también de secuestro en el pasado gobierno y la presidenta de Alto al Secuestro fue una fuerte opositora a su liberación.

Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet anunció en agosto pasado que presentaría en la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de la publicación de las actas en Proceso y Los Ángeles Press.

“Acudiré ante la GRC para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsables de las amenazas de las que soy víctima”, escribió en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también de la PGR.

Para el activista, se trata de una represalia e intimidación a “consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

En respuesta a la publicación de esos documentos, Isabel Miranda aseguró que se trató de “una gran canallada”. En una entrevista con Sergio Sarmiento de Televisión Azteca, el 2 de julio pasado, señaló:

“No la puedo llamar de otra manera. Es algo que de verdad no tiene nombre” porque la publicación del reportaje se hizo “sabiendo de manera deliberada que sí existen pruebas. Indudablemente que fue ganas de golpetear, de exponer públicamente mi vida o lo que ellos consideran que es mi vida.

“Pero no es la verdad de lo que está en el expediente. Tan no es así, que precisamente una semana después que sacara esta señora (Anabel Hernández) el reportaje (en Proceso), el juez le confirma el auto de formal prisión a Brenda (Quevedo). Esa es la mejor respuesta que yo puedo tener, sabiendo que jurídicamente tengo la confianza que ella va a permanecer en la cárcel siempre, por más estrategias de medios de comunicación que hagan, por más mentiras que digan.”

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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 Wallace delincuente

Se enturbia aún más el caso Miranda de Wallace

Fuente: Latin Post

Por Gonzalo Rojas

el 10/06/2014

Wallace Angel

Nuevos indicios señalan que Isabel Miranda de Wallace podría haber proporcionado declaraciones y pruebas falsas en el caso del supuesto secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. La versión oficial del secuestro y asesinato de Hugo Alberto es endeble. La prueba principal del supuesto homicidio es una gota de sangre que no podría pertenecer a la víctima, pues coincide con el ADN de un hombre que no es su padre biológico, como lo demuestra su primera acta de nacimiento. Esa gota de sangre a partir de la cual se construyó el caso, pudo haber sido sembrada meses después de los hechos denunciados por Isabel Miranda.

Tras llevar a cabo diversos estudios sobree la gota de sangre, que fue considerada válida, pues coincidió con los ADN tanto de la señora María Isabel Miranda Torres como de José Enrique Wallace Díaz, análisis posteriores sobre la misma podrían invalidar las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde el principio, Miranda Torres dio al Ministerio Público información falsa. En su declaración del 23 de julio de 2005, a pocos días del supuesto asesinato de su hijo, afirmó: “Contraje matrimonio con el señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968 con quien procreé dos hijos de nombres Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda”. Se trataba de establecer que el padre biológico de Hugo Alberto era Wallace Díaz.

En febrero de 2006 la gota de sangre fue encontrada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el departamento de la calle Perugino, el cual no había sido custodiado por la PGR durante medio año. El ADN de esa sangre coincidió con el de Wallace y Miranda; la conclusión fue que su hijo había sido secuestrado y asesinado en ese lugar el 11 de julio de 2005.