Ministro Zaldívar: la Corte fue presionada para que Cassez no fuera liberada en 2012

Artículo publicado en la revista digital Efe.

Fecha: 13 de noviembre 2015

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, afirma el ministro Arturo Zaldívar.

Comentario: “Impensable”: claro está. Sin embargo, las autoridades estateles y federales siguen mintiendo abiertament, torturando, amenazando, fabricando culpables…

Zaldivar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) recibió “muchas presiones” del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) para que no liberara a la francesa Florence Cassez, admitió hoy el ministro Arturo Zaldívar en una entrevista con Efe.

Zaldívar, quien llegó al Supremo en diciembre de 2009 a propuesta de Calderón, redactó el polémico proyecto de resolución que allanó el camino para la excarcelación de la joven debido a irregularidades en su proceso, como la recreación del arresto ante las cámaras de televisión y el retraso de la asistencia consular.

Hubo muchas presiones, muchas, muchas presiones, sin duda“, de la anterior Administración, reconoce Zaldívar sobre aquellos días de marzo de 2012, cuando su propuesta de sentencia no fue aprobada por la Primera Sala, integrada por cinco ministros.

Aunque los magistrados José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra de la libertad inmediata de Cassez, hubo consenso en que se registraron graves violaciones en el proceso y se pidió a la ministra Olga Sánchez Cordero que redactara una nueva propuesta.

Dos días antes, Calderón pidió justicia para las víctimas de delitos y que “la interpretación de la ley no sea una rendija” para la impunidad, lo que llevó al entonces presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, respeto a “la división de poderes”.

El caso enturbió la relación con Francia después de que Cassez fuera condenada en 2010 a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. El entonces presidente galo, Nicolas Sarkozy, dijo que la joven era víctima del sistema judicial mexicano, mientras Calderón la acusó de ser parte de una “peligrosísima banda de delincuentes”.

El fallo a favor de la liberación de Florence Cassez “supuso un antes y un después en la historia del debido proceso en México”

El 23 de enero de 2013, en el segundo mes del mandato de Enrique Peña Nieto, “el proyecto que se aprueba es exactamente el que yo presento, porque (…) la ministra Sánchez Cordero (lo) retoma”, recuerda Zaldívar.

Así, la liberación de la francesa es aprobada con los votos de Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez, que apenas “iba llegando a la Corte”, en un fallo que, dijo, supuso “un cambio de paradigma, un antes y un después en la historia del debido proceso en México”.

Cuando se debatió ese asunto, recuerda, todos decían que el debido proceso era un tecnicismo, pero hoy “todo el mundo entiende que el debido proceso es un derecho humano” y las autoridades tratan de cuidarlo.

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, asegura el ministro, quien reconoce que dicha resolución “fue radicalmente o dramáticamente impopular”.

Y es que el fallo, en el que el alto tribunal no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la joven, desató una avalancha de críticas de las víctimas de criminales.

A la distancia “estoy convencido de que hice lo correcto” y de que la Corte tomó la “mejor decisión posible porque, más allá de la persona en particular, el mensaje que mandó (…) es que hay prácticas que en un Estado democrático no pueden ser permitidas” y que “el combate a la delincuencia organizada tiene que pasar por los derechos humanos”.

El ministro reconoce que todavía hay “muchas violaciones a los derechos humanos”, pero al menos “las autoridades son conscientes de que tienen que respetar los derechos” y “cuidar el debido proceso”.

“Hubo un cambio de mentalidad” en materia de “presunción de inocencia, de protección consular, de prueba ilícita, de manejo de medios de comunicación en detenciones, ya no hablemos de montajes”, asegura.

A las señalamientos de que Cassez fue liberada por tratarse de una extranjera responde, categórico, que “es absolutamente falso” y destaca que la mayoría de las personas amparadas por el Supremo tras sufrir procesos injustos no solo “son mexicanos de las clases económicas más desprotegidas”, sino además de minorías étnicas.

Están los casos de los indígenas de Acteal, los luchadores sociales de Atenco… y sigue la lista de personas humildes a las que se le han “fabricado homicidios con testigos falsos”, señala Zaldívar, quien añade que esas opiniones “infundadas” solo intentaban engañar.

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Defensa de Cassez demanda a Calderón, García Luna, Televisa y Loret por 36 mdd

Artículo publicado el 26 de enero de 2015 en la revista Proceso.

Florence Cassez a su llegada a Francia.  Foto: AP / Christophe Ena
Florence Cassez a su llegada a Francia.
Foto: AP / Christophe Ena

José Patiño, abogado de Florence Cassez, anunció que presentó una demanda por 36 millones de dólares por el delito de daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, el exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la empresa Televisa, el locutor Carlos Loret de Mola y el reportero Pablo Reinha, entre otros.

El monto de la demanda obedece a “la capacidad económica” y porque a Cassez “la mataron en vida”, argumentó el abogado.

El periódico La Jornada publica hoy una entrevista con Patiño quien le detalla que Cassez incluyó como responsable del daño moral a Luis Cárdenas Palomino, exdirector general de Investigación Policial de la AFI; a Israel Zaragoza Rico, titular en ese momento de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro; a Facundo Rosas, exfuncionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada y al actual senador Roberto Gil Zuarth, en ese entonces secretario particular de Calderón Hinojosa.

Y hoy, en entrevista con MVS Noticias, Patiño defendió la decisión: “Si no la defendemos ahora, cualquiera de nosotros puede ser acusado de manera injusta y señalado por la sociedad. El delito, es un delito doloso no culposo pues supieron que era ilegal”, refirió el abogado.

El pasado jueves 23 de enero se cumplieron dos años de la liberación de Cassez, quien pasó siete años en prisión acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Ese día la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa bajo el argumento de que su detención fue producto de un montaje televisivo y “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión”.

El resurgimiento de Florence Cassez

Artículo publicado en SDP Noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 3 de octubre de 2014

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”.

Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de lo que la ley le exige incurre en una grave violación al “Debido Proceso”, lo que quiere decir que incumple flagrantemente con el mandato de la ley.

El día de ayer nos desayunamos con la noticia de que la ciudadana de origen francés Florence Cassez, conocida por el denominado “juicio del siglo” como bien lo intituló el Dr. Luis de la Barreda, tras un encarcelamiento que compurgó durante siete largos años en México y, que culminara después de una oleada de múltiples acontecimientos y cuestiones mediáticas tanto a favor como en contra, en su libertad absoluta en enero de 2013, reapareció el día de ayer tras interponer una denuncia formal en París por “detención y encarcelamiento ilegales”.

Florence “pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”, y no debemos omitir en ningún momento que el único culpable conforme a derecho de la violación de los derechos constitucionales de Cassez en su momento, es el desaparecido ex Secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, personaje polémico del sexenio calderonista que se le caracterizó además de los montajes, por los presuntos vínculos con la delincuencia organizada, como también se encuentra documentado y sustentado por medio del semanario Proceso, pero que para que pueda estarse en posibilidad de prosperar tal acción legal que ya realiza la ciudadana francesa, bien debe acudir ante la justicia mexicana, es decir, regresar a nuestro país, ahora revertiendo la situación, tal y como esa “ley del boomerang” como denunciante, e insisto, en contra del ex funcionario, que se encuentra hasta este momento sin saberse nada sobre su paradero oficial.

Retomando un poco el análisis de este controvertido caso, Francia, en su momento recurrió a la Convención Sobre Traslado de Personas Condenadas firmada en Estrasburgo en 1983 de la cual México también es parte y que tiene por objeto “que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen”, y en consecuencia, fue solicitado el traslado de Florence Cassez a Francia, insisto, tomando como base legal la presente convención, para cumplir su sentencia en dicho país; sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón se negó a tal acción, por todas las presiones que existían en ese momento, así como también para encubrir a García Luna, violando flagrantemente los términos de esta Convención Internacional, que dicho sea de paso, es de rango y observancia constitucional, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eleva como derecho fundamental la garantía o derecho humano de “debido proceso legal”; es decir, ser sometido a juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”; desde entonces, incluso antes de ser procesada, Cassez quedó estigmatizada. En febrero de 2006, las autoridades tuvieron que reconocer que las imágenes televisadas “no correspondían ni a la realidad ni a un rescate en vivo”.

En el caso Cassez, el propio montaje ocurrido, en efecto, fue una violación al “Debido Proceso”, los artículos 14 (formalidades esenciales del procedimiento) y 16 párrafo cuarto, dentro de los requisitos formales de legalidad que exigen los dispositivos constitucionales de nuestra Carta Magna fueron a todas luces quebrantados en perjuicio tanto de la francesa como de Israel Vallarta, dos de sus hermanos y tres sobrinos de este último, quienes siguen recluidos ilegalmente y aún sin sentencia.

El presente asunto, dejó de ser un caso de secuestro para convertirse en una controversia a todas luces política, donde las autoridades no podían desprestigiarse más a sí mismas, toda la atención que habían volcado en Cassez era ahora su mayor enemiga.

Tras siete años se cerró un caso, mismo que se solucionó “al estilo mexicano”; es decir, se resuelve en menos de un mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decidirse reabrir el caso en amparo en revisión, donde la controvertida Florence Cassez es puesta en absoluta libertad, y la autoridad reconoce simplemente su equivocación y dejan salir libre a alguien, que regresa a su país de origen, previa estancia ilegal en los Penales tanto de Santa Martha Acatitla y Tepepan en el Distrito Federal, y que ahora regresa “a escena” para pedir castigo a los culpables de su ilegal encierro. ¿Ahora hasta a dónde llegará todo esto?

La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana (quinta parte)

Fuente: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

1 de julio del 2014

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Espectacular de Isabel Miranda burlándose de la policía mexicana. Foto: Archivo/Notimex
Espectacular de Isabel Miranda burlándose de la policía mexicana. Foto: Archivo/Notimex

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

César Freyre Morales cumple una condena de 131 años por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda Wallace en el penal de Almoloya de Juárez, México. Pese a los rastros de vida que ha ido dejado la presunta víctima desde el 11 de julio de 2005, las torturas a Freyre han sido sistemáticas hasta su sentencia. Su hermana Julieta y su madre Rosa María Morales también fueron acusadas por los mismos delitos y liberadas después de año y medio al no encontrar pruebas en su contra.

En la captura de Freyre, el 26 de enero de 2006 –según su declaración ministerial del 27 de enero entregada a Los Ángeles Press por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad– estuvo presente Isabel Miranda Torres, tal como participó en la detención sin orden judicial del inculpado Jacobo Tagle Dobin acusado por el mismo delito. Sin embargo, en una carta dirigida al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, Freyre especifica que su detención fue el 23 de enero, a las 17 horas, y por un grupo de civiles.

Durante el primer día que torturaron a Freyre con toques eléctricos y golpes, “se acercó una mujer y le dijo que le entregara a su hijo porque ella ya tenía ubicada a su familia y los iba a matar a cada uno de ellos”. Después supo que se trataba de Isabel Miranda Torres y Hugo Alberto Wallace. Los dos días siguientes continuaron torturándolo. Pero Freyre Morales se sostuvo en rechazar todas las imputaciones, y le dijeron que “como no cooperaba” lo trasladarían a la “Casa negra”. Ahí, los mismos cuatro hombres vestidos de civil que lo detuvieron, lo volvieron a golpear una y otra vez y lo torturaron con toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en aguas negras y asfixia con agua en la nariz y en la boca. Freyre nuevamente negó las imputaciones y entonces lo trasladaron a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En esa misma declaración ministerial y en la carta dirigida al Peña Nieto, fechada en agosto de 2013, Freyre denunció a Isabel Miranda Torres de coordinar los traslados ilegales para su tortura. Especificó que allí mismo, en la Secretaría de Seguridad Pública, Miranda organizó una conferencia de prensa en la que fue exhibido como secuestrador ante los medios de comunicación, y que le “fajaron un arma en la cintura” para tomarle fotografías. Dos meses antes, ya había sido presentado como delincuente en espectaculares públicos por la empresa Show Case Publicidad, SA de CV, propiedad de Miranda Torres.

Isabel Miranda viola el derecho de presunción de inocencia de César Freyre. Foto: Archivo/Cuartoscuro
Isabel Miranda viola el derecho de presunción de inocencia de César Freyre. Foto: Archivo/Cuartoscuro

Freyre Morales señaló en su declaración que durante esos primeros tres días no se le ofreció atención médica ni se elaboró ningún documento oficial por su detención. Y cuando fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el 26 de enero, pretendían obligarlo a firmar una declaración ya elaborada con nuevas amenazas contra su familia, pero volvió a negarse. Hasta entonces lo examinaron médicamente y certificaron su estado físico en “autos”, para después trasladarlo a la Casa de Arraigo Federal donde permaneció durante 90 días en completa incomunicación.

Las versiones de la detención de César Freyre

Hay al menos cuatro versiones distintas sobre la detención de César Freyre, de acuerdo a las declaraciones ministeriales obtenidas por Los Ángeles Press. Dos de Freyre, antes de incriminarse y después de incriminarse el 2 de octubre de 2010. Las otras dos versiones son de Isabel Miranda y su hermano Roberto, ambas con discrepancias. En la declaración ministerial del 27 de enero, César Freyre sostiene que lo interceptó la policía el 23 de enero, lo torturaron, y ahí mismo estaba Isabel Miranda Torres. La forma en cómo lo abordaron:

“Me interceptó la policía, que me imagino fue la que me puso a disposición en un carro particular sin placas y me subieron a ese carro, y fue cuando me empezaron a golpear y a darme de chicharrazos, fue cuando se me acercó una mujer diciéndome que le entregara a su hijo…”.

La versión de Isabel Miranda cuando vio a Freyre en su detención, según su declaración en el careo constitucional el 17 de enero de 2008:

“…la primera vez que te vi fue el día veinte de enero de dos mil seis, en la esquina de Obrero Mundial y Mier y Pesado, siendo entre las ocho y nueve de la noche, fue la primera vez que te tuve a la vista, cuando ibas saliendo de la tienda llevabas unos lentes en la cabeza y una botella de agua, porque te ibas a encontrar con Keosqui, fue la primera vez que te tuve a la cara, y ese día cuando te detuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.”

La versión de Roberto Miranda al abordar a Freyre en su detención:

“…el día veintiséis de enero de dos mil seis, acompañé a mi hermana afueras del restaurante Angus de la Zona Rosa, específicamente de la calle de Hamburgo, ahí trabajaba Keops Salazar de “hooster” (sic) y al salir de su trabajo le dimos seguimiento a la referida la cual se bajó en un taxi que también la llevaba sobre la avenida Obrero Mundial y la diversa Neri Pesado (sic), número 195, y fue cuando nos topamos con César Freyre Morales”.

En esta declaración, Isabel Miranda Torres dijo en el careo a pregunta de Freyre que lo habían estado siguiendo ella y su hermano Roberto en un taxi. Pero César Freyre afirmó que Isabel Miranda iba sola con los policías vestidos de civiles, y hasta enero de 2008, en el careo constitucional, vio por primera vez a Roberto Miranda.

Las versiones sobre la detención de Freyre - Fuente: Los Ángeles Press
Fuente: Los Ángeles Press

Las visitas extrajudiciales de Isabel Miranda

En un periodo de tres años, César Freyre tuvo unas veinte visitas extraoficiales en el Cefereso Número 1. La primera fue de Isabel Miranda Torres en la que lo amenazó diciéndole que “si no le entregaba a su hijo, iba a pagar a alguien dentro del penal para que lo mataran y que a su familia también la iba a matar o la iba a desaparecer”. Seis meses después, lo trasladaron a la Sala de visita familiar número 7, adonde llegó a verlo de nuevo Miranda Torres. Declaró Freyre que en esa ocasión Miranda le mostró fotografías de las tumbas de sus familiares muertos, y amenazó con exhumar sus restos y tirarlos a un canal.

La tercera visita de Miranda fue en la sala 7 de Juzgados, a donde trasladaron a Freyre para el encuentro mientras se encontraba recluido en el pasillo 4 estación COC.  Allí Miranda, acompañada de dos personas, le dijo que estaba dispuesta a negociar con él y que le proponía que lo trasladaran a un penal estatal del Distrito Federal “con todas las comodidades y beneficios”, a cambio de que le dijera dónde estaba su hijo, o de lo contrario la iba a pasar muy mal porque contaba con el apoyo del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Freyre también tuvo otras dos visitas extraoficiales de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de SIEDO en ese momento, quien después fallecería en un supuesto accidente aéreo cerca de Los Pinos el 4 de noviembre de 2008 junto con el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. Vasconcelos primero intentó negociar con Freyre su libertad a cambio de la seguridad de su familia; sin embargo Freyre tampoco aceptó en esta ocasión inculparse y el subprocurador lo amenazó con el arraigo a su madre y hermana.

El subprocurador de la SIEDO cumplió su amenaza, y al día siguiente del arraigo de las familiares de Freyre lo visitó en el penal. Santiago Vasconcelos insistió en que se inculpara a cambio de la libertad de su familia, pero Freyre de nueva cuenta se negó a aceptar las imputaciones que le hacían.

Las siguientes visitas extraoficiales fueron hechas por agentes federales de la Procuraduría General de la República y por agentes federales preventivos torturándolo con golpes, toques eléctricos, ahogamiento por inmersión y obstrucción de boca y nariz con vendas y agua. En todas las visitas ha sido amenazado con afectar de diversas formas a su familia, y las denuncias sobre su tortura constan en el Juzgado Cuarto de Distrito, y en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El recorrido inútil por los derechos humanos

La madre de Freyre, Rosa María Morales y su hermana Julieta Freyre pusieron una queja de derechos humanos el 31 de enero de 2006, dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ese entonces, José Luis Soberanes, la cual fue recibida por la Oficialía de partes bajo el folio 4675. En ésta, se aludía a la detención ilegal de César Freyre por parte de Isabel Miranda Torres y se mencionaba la detención de Juana Hilda González Lomelí, también torturada, humillada sexualmente y amenazada contra su familia, así como los cateos ilegales a casas de familiares, vecinos y gente de alrededor realizados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sin ninguna orden judicial y coordinados por Isabel Miranda Torres. Dichos cateos se siguieron realizando hasta 2010, según denuncias ciudadanas a medios mexicanos.

 

Denuncia a la CNDH
Denuncia a la CNDH

El 9 de febrero de 2006, tal como había advertido el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, la madre de César Freyre, Rosa María Morales, y la hermana Julieta Freyre fueron detenidas por la acusación de Isabel Miranda Torres con los mismos delitos que le imputaron a César, según la orden dictada por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. A la semana siguiente, con fecha del 16 de febrero, otra de sus hermanas, Ivonne Freyre, puso de nuevo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibida por la Oficialía de partes con el folio número 7315 en la que denunciaba la detención ilegal ahora de sus tres familiares.

El arraigo de la madre y la hermana de Cesar Freyre fue ordenado por 90 días, pero en poco menos de ese tiempo fueron consignadas y trasladas al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, donde estuvieron encarceladas durante año y medio. Después de ese tiempo, se dictó una absolutoria por “no encontrar elementos probatorios” de los cargos. Isabel Miranda Torres fue demandada por la vía penal y civil bajo el cargo de daño moral; sin embargo, hasta la fecha no ha sido ejecutada ninguna acción judicial en su contra.

 

Denuncia a la CNDH por la detención de la madre y la hermana de César Freyre.
Denuncia a la CNDH por la detención de la madre y la hermana de César Freyre.

 

¿Cuándo se declara culpable César Freyre?

Desde su detención, el 23 de enero de 2006, César Freyre se mantuvo firme en rechazar todas las imputaciones que le hacían por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Pese a las constantes torturas, durante cuatro años negó haber cometido el delito. Incluso, en una carta enviada a Brenda Quevedo Cruz al penal de Santiaguito, Estado de México, él le pide que no se inculpe, y le da ánimos. Freyre es explícito en la carta respecto a las torturas y asegura saber que a ella también la han estado torturando de la misma manera y califica la situación como “una gran injusticia”. La carta fue notificada a la familia Quevedo en junio de 2010.

 

Fragmento de la carta de Freyre
Fragmento de la carta de Freyre

Sin embargo, César Freyre aceptó declararse culpable en medio de otra sesión de tortura el 2 de octubre de 2010. De acuerdo su testimonio, eran las 22:30 horas, cuando un oficial de los denominados 2-1 lo condujo a un cubículo cerca de la aduana donde lo esperaban unos diez agentes de ambos sexos. Uno de ellos, le dijo: “¡Ya te llegó tu hora!”. Inmediatamente después, dos de los agentes lo sometieron y le ordenaron que se desnudara, que iban a hacerle “un chequeo médico”.

“Me vendaron las manos cruzadas y me envolvieron con una sábana de los pies hasta el cuello ajustándola con cinta canela. Por último, me vendaron los ojos colocándome un trapo en toda la cara, echándome agua en la nariz y boca a intervalos de hora y media aproximadamente, por lo que finalmente acepté lo que me pidieran”.

Después de la tortura le hicieron leer unos documentos en voz alta, y lo grabaron en video mientras leía. También le pidieron hacer un croquis del lugar para simular dónde había arrojado el supuesto cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Cuando terminaron, le dijeron que todo lo que le estaban haciendo tenía el apoyo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que tenían intervenida su estancia, el locutorio y la sala de visita para que no contara a nadie de lo que había pasado ahí, de lo contrario volverían a visitarlo.

Pero las visitas extraoficiales no se detuvieron. La siguiente tortura fue el 22 de octubre de 2010 para que ampliara su declaración. Fueron por él dos oficiales de los denominados 2-1, y lo trasladaron al mismo cubículo. Lo entregaron a cinco hombres que lo esperaban con esposas y grilletes, y lo subieron a una camioneta. Después de un par de horas, según su testimonio, le hicieron un examen médico y nuevamente lo vendaron desde los pies hasta el cuello, ajustándolo con cinta canela.

“En esta ocasión me sumergieron en un recipiente con agua y me daban cargas eléctricas durante 40 minutos, después me quitaron la cinta canela y me dijeron que si ya no quería más tenía que ampliar la declaración del 2 de octubre, y me amenazaron con desaparecer a mi mamá y a mi tía Adriana”.

“Tú sabes quién está ordenando esto”, le dijeron los oficiales, y cuando terminaron de grabar esta segunda declaración lo llevaron a una certificación médica. Ese mismo día, falleció su hermana Julieta.

Declaración fabricada a César Freyre después de su tortura del 2 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
Declaración fabricada a César Freyre después de su tortura del 2 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.

“¿Cómo ve que las metí a la cárcel?”: Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz

En entrevista para Los Ángeles Press respecto al caso Freyre, uno de los testimonios que revelaron la arbitrariedad de las autoridades judiciales mexicanas en la detención de Rosa María Morales y su hija Julieta, fue el de Enriqueta Cruz Gómez, madre de la también inculpada Brenda Quevedo Cruz.

En junio de 2006, ya consignadas la madre y hermana de Freyre, el Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz llamó a comparecer a Enriqueta Cruz ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Cuando llegó a esa dependencia, tenía el mensaje de que pasara sin abogado, porque el “MP quería hablar con ella”.  El abogado de Enriqueta Cruz, le dijo “que no pasaba nada, que estuviera tranquila, y que luego él la alcanzaba”.

El Ministerio Público, Fermín Ubaldo Cruz, ya había sido identificado como el torturador de Juana Hilda González Lomelí para que se incriminara después de su segunda detención ilegal por la acusación de Isabel Miranda. Ubaldo Cruz también fue denunciado por humillación sexual a la misma acusada, y de ponerle a su hija en el teléfono para amenazar a ésta y a la madre de Juana Hilda.

Este agente fue quien atendió a Enriqueta Cruz en las oficinas de la SIEDO, y después de varios minutos de conversación donde estuvo preguntándole por el paradero de su hija, le ofreció que sería “testigo protegido”, si decía dónde se encontraba ella. Enriqueta Cruz respondió con preguntas insistentes, entre éstas, “¿por qué estaban involucrando a su hija en ese crimen”.

Fermín Ubaldo Cruz, molesto, azotó varias veces con su mano el escritorio y espetó:

–¡Hable, con una chingada! ¡Ya me cansé de sus pendejadas! Aquí el que hace las preguntas soy yo. Y así como está usted sentada, estuvo sentada la mamá de César Freyre, ¿cómo ve que las metí a la cárcel?

–¿Y por qué me va a meter a la cárcel a mí? ¿Por qué delitos? –inquirió sorprendida la madre de Brenda Quevedo.

–¡A mí me vale madres! Eso es lo de menos –gritó el agente y volteó a ver a un perito que se encontraba en la misma oficina– Es más, tú, quítale un cabello a esta señora y sácale sangre –le ordenó.

–¿Pero para qué? ¿Por qué? –preguntó la madre.

–Para cuando encontremos a su hija muerta –respondió el agente del Ministerio Público, y sentenció– porque la vamos a encontrar muerta.

La madre empezó a llorar, y fue cuando entró el abogado:

–¿Qué pasó? Ya me la hicieron llorar –dijo.  El agente Fermín Ubaldo respondió:

–No, sólo le estamos ofreciendo que su hija entre al programa de testigo protegido.

–¿Testigo protegido? –preguntó el abogado, y remató –¿Cómo al que encontraron muerto la semana pasada?

La madre de Quevedo Cruz y el abogado se retiraron de la oficina de SIEDO.

Ampliación de la declaración que obligaron a César Freyre a dar bajo tortura el 22 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
Ampliación de la declaración que obligaron a César Freyre a dar bajo tortura el 22 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.

La muerte de Julieta Freyre Morales

Con 39 años y dos hijas menores de edad, Julieta Freyre estuvo en la cárcel durante año y medio. Junto con su madre, fue acusada por Isabel Miranda Torres de haber participado en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Después de que salieron libres con una absolutoria por no encontraron elementos que probaran la acusación de Miranda, Julieta escribió una carta en la que presenta su caso como víctima colateral.

Julieta

Una vez liberada, la lucha de Julieta Freyre por ayudar a su hermano César no se detuvo, y en compañía de Enriqueta Cruz, quien dio el testimonio, fue a pedir apoyo a la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra en octubre de 2010. Julieta narraba –a los abogados de la senadora– el maltrato en la cárcel a ella y a su madre, y de cómo fueron violados sus derechos de presunción de inocencia. También detallaba cómo llegó a hablar con sus hijas, llorando, mientras estaban “ardiendo en calentura” en su casa.

De acuerdo a la testigo, en ese momento, en las oficinas del Senado de la República, cuando Julieta narraba las torturas practicadas a su hermano, volteó a ver Enriqueta Cruz, y le dijo que se sentía mal. Esbozó apenas una sonrisa y cayó desmayada.

“Empezó a emitir unos sonidos espantosos, y todos estábamos asustados; yo empecé a gritar «por favor, un doctor, un doctor»”, contó Cruz. A los minutos, cuando llegó el médico del Senado, la examinó y opinó que “no era nada”.

Cruz insistió en que se trataba de algo grave, y al moverla para pasarla del suelo a uno de los sofás para visitas, se dieron cuenta que estaba orinada. “Esto no es normal”, advirtió Cruz y pidió una ambulancia. Junto con el familiar de otro dos inculpados, acompañó a Julieta Freyre en su traslado al Hospital Xoco.

“Soy inocente, soy inocente”, balbuceaba Julieta en su recaída, de acuerdo al testimonio de Cruz. Los médicos dijeron que era un derrame cerebral y pese a que fue intervenida quirúrgicamente, ocho días después murió en el hospital.

Las autoridades judiciales no han dado seguimiento a la demanda por daño moral en contra de María Isabel Miranda Torres por esta muerte, ni por el tiempo que su falsa acusación llevó a Rosa María Morales a permanecer en la cárcel durante año y medio. Hasta la fecha sigue sin encontrarse alguna evidencia pericial –científica- por el supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto.

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos