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2 publicaciones: Organizaciones internacionales rechazan presencia de Isabel Miranda Wallace

Artículo de CompaGabito2099, publicado en El Dragonario vía Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social AC)

Fecha: 23 de diciembre del 2015

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WALLACE, FICHADA

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ

ASUNTO: CARTA ABIERTA A ARELY GÓMEZ SOBRE LA PRESENCIA DE ISABEL MIRANDA DE WALLACE EN LA INAUGURACIÓN DE LA UEIDT MONTREAL CANADÁ, A 14 DE DICIEMBRE DE 2015

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AV. REFORMA ESQ. GUADANA NO. 211-212
CUAUHTÉMOC C.P. 06500 MÉXICO, D. F. C.
Procuradora General de la República,
Con absoluta estupefacción y un alto grado de indignación nos enteramos de la presencia en la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, de una probable delincuente, probable responsable de la fabricación de culpables, probable autor intelectual y testigo ocular de tortura en contra de – por lo menos – ocho ciudadanos inocentes en los denominados casos “Wallace” y “Martí”. Hablamos de la presencia en el evento de Isabel Miranda de Wallace [o Miranda Torres o Torres Romero].
Como titular de la PGR que por iniciativa suya, acaba de crear la UEIDT, asumimos con toda razón, que debe de estar enterada del grado de corrupción, impunidad y hasta crueldad que impera en las estructuras policiacas y judiciales, cuya escandalosa conducta se inició en sexenio de Vicente Fox, – la SSP/AFI de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, arquitectos del montaje escandaloso del 8 de diciembre de 2005 en contra de Florence Cassez siendo uno de los ejemplos paradigmáticos del fenómeno que describimos; se reforzó bajo la administración de Felipe Calderón – cuya estrella intocable fue la Sra. Isabel Miranda – y continúa siendo bajo el régimen actual, reflejando niveles escandalosos de descomposición del Estado mexicano, con la consecuencia del alarmante descrédito que vive el país a los niveles nacional e internacional.
En virtud de lo anterior nuestra pregunta a usted es inevitable y moralmente obligada: ¿por qué admite usted la presencia de Isabel Miranda en la inauguración de la mencionada unidad, habiéndose demostrado su grado de peligrosidad y carencia de principios en la burda y absolutamente desmentida patraña conocida como “Caso Wallace”? La absurda ironía que esto implica se fundamenta en las pulcras y concienzudas investigaciones sobre el citado caso, y otros como el de Fernando Martí y el de la Comandante Nestora Salgado, realizadas por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) presidida por David Bertet, Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Ángeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, que demuestran sin lugar a dudas, que Isabel Miranda ha mentido a las autoridades, ha fabricado el jamás ocurrido secuestro y asesinato de su delincuente hijo, Hugo Alberto Miranda Torres, ilegalmente llamado Hugo Alberto Wallace.
Lo que se espera, Sra. Procuradora, es que la PGR iniciara de inmediato una concienzuda investigación con base en las incontrovertibles evidencias indagadas por las investigaciones de las personas arriba citadas, cuya comprometida labor facilita considerablemente la labor del Ministerio Publico.
Como encargada de investigar delitos, la PGR ahora bajo su cargo, está obligada a tomar en cuenta todas estas investigaciones, las cuales se fundamentan en documentos probatorios emitidos por instituciones oficiales. Lamentablemente, ha hecho todo lo contrario: ha otorgado a una probable delincuente como Isabel Miranda, todas las facilidades para disponer de agentes del MP a los que les ordena levantar, encarcelar y torturar con propósitos de auto-incriminación a víctimas inocentes, además de permitirle el ingreso a los penales para conducir interrogatorios sin ser miembro de la PGR, lo cual es totalmente ilegal y oprobioso.
Cuando usted fue nombrada como titular de la PGR, los aquí firmantes confiamos en los cambios drásticos que usted decidió implementar dentro de la institución ahora a su cargo. Esperamos que se modificara la hasta ahora vergonzante e inmoral conducta de la PGR. Lamentablemente, Sra. Gómez, con la moralmente reprehensible actuación de esta institución en casos como el de los 43 de Ayotzinapa y los citados casos: Wallace, Martí, Nestora Salgado, además de la admisión de la probable torturadora Isabel Miranda como partícipe – queremos creer que sólo en la inauguración- de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, constatamos que nuestra esperanza fue injustificada.
México está sujeto a la inmensa impunidad nacida de la igualmente omnipresente corrupción que continúa prevaleciendo en todas instituciones del estado, mientras sectores de ciudadanos siguen albergando expectativas de cambio que se ven frustradas por “servidores públicos” cuyo interés a todas luces nunca ha sido el de servir al grueso de la sociedad.
El siguiente paso necesario, Sra. Gómez, consiste en dar seguimiento a la queja interpuesta por los familiares de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace ante su institución, y en iniciar una amplia investigación sobre los delitos de falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, así como otros delitos graves probablemente cometidos por la Sra. Isabel Miranda de Wallace y otros, con la complicidad de funcionarios que siguen trabajando dentro de la PGR.
La ACDV y el FEMCAI están dispuestos a trabajar conjuntamente con todos los actores de la sociedad civil y del gobierno, a los que realmente les importa acabar con el gravísimo y generalizado fenómeno de fabricación de culpables en su país, mediante el uso sistematizado de la tortura, de la intimidación, de la violación a la presunción de inocencia, a la dignidad y a una defensa adecuada de los presos.

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Segundo artículo por Salvador Valencia, publicado en Somos el medio.

Fecha: 22 de diciembre del 2015

¿Por qué Isabel Miranda de Wallace no está siendo investigada?, ACDV y FEMCAI

Acusaron a las autoridades de tener a Miranda de Wallace como una persona intocable desde el sexenio de Felipe Calderón.

En una carta dirigida a la procuradora General de República, Arely Gómez González, la Asociación Canadiense por el Derecho a la Vida (ACDV) y el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI) se posicionaron en contra de la asistencia de Isabel Miranda de Wallace, a quien calificaron como delincuente, en la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, el pasado 10 de diciembre.

La carta fechada el 14 de diciembre y  firmada por David Bartet, presidente del Consejo de Administración, y Antonio Guillén, integrante del Comité Ejecutivo de la ACDV, y la fundadora del FEMCAI, Patricia Barba,  cuestionan el proceder de las autoridades de justicia ante el actuar de Isabel Miranda por ser la probable autora intelectual y presenciar la tortura de ocho personas a quienes acusaba de presuntamente secuestrar y asesinar a su hijo Hugo Alberto Wallace.

“¿Por qué admite usted la presencia de Isabel Miranda en la inauguración de la mencionada Unidad, habiéndose demostrado su grado de peligrosidad y carencia de principios en la burda y absolutamente desmentida patraña conocida como “Caso Wallace”? La absurda ironía que esto implica se fundamenta en las pulcras y concienzudas investigaciones sobre el citado caso, y otros como el de Fernando Martí y el de la Comandante Nestora Salgado, realizadas por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), presidida por David Bertet, Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, que demuestran, sin lugar a dudas, que Isabel Miranda ha mentido a las autoridades, ha fabricado el jamás ocurrido secuestro y asesinato de su delincuente hijo, Hugo Alberto Miranda Torres, ilegalmente llamado Hugo Alberto Wallace,” sentencian las organizaciones.

Acusaron a las autoridades de justicia de tener a Miranda de Wallace como una persona intocable desde el sexenio de Felipe Calderón, e incluso ahora con Enrique Peña Nieto. En este mismo sentido, demandaron a la PGR abrir una investigación que tenga como base las indagaciones realizadas por la ACDV, Los Ángeles Press y el semanario Proceso.

Sin embargo, lamentaron que la PGR  “ha otorgado a una probable delincuente como Isabel Miranda todas las facilidades para disponer de agentes del MP [Ministerio Público] a los que les ordena levantar, encarcelar y torturar con propósitos de auto-incriminación a víctimas inocentes, además de permitirle el ingreso a los penales para conducir interrogatorios sin ser miembro de la PGR, lo cual es totalmente ilegal y oprobioso”, increparon.

Mostraron su preocupación por el papel que Isabel Miranda pueda tener en la recién creada Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura y reprobaron el actuar de la Procuraduría General de la República en los procesos de investigación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el caso Wallace, el caso Martí y el controvertido caso de la ex coordinadora de las autodefensas  de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, en el cual Mirada de Wallace ha intervenido.

Finalmente, insistieron a la procuradora Arely Gómez “dar seguimiento a la queja interpuesta por los familiares de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace ante su institución, y en iniciar una amplia investigación sobre los delitos de falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, así como otros delitos graves probablemente cometidos por la señora Isabel Miranda de Wallace y otros, con la complicidad de funcionarios que siguen trabajando dentro de la PGR”, concluyeron.

El execrable Caso Wallace

Artículo de Patricia Barba Avila

Fecha: El 26 de noviembre 2015

La lectura enriquece el espíritu, cuando sabemos distinguir entre la calidad y la pobreza literaria.

Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)

Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)

 

DISCRIMINACIÓN LITERARIA: PODEROSA HERRAMIENTA

Sin duda alguna, una de las herramienbtas más valiosas e indispensables para la madurez intelectual/espiritual de cualquier ser humano, es la capacidad de discriminar entre la calidad y la pobreza literaria y, por supuesto, esto se extiende a otros ámbitos de la vida.

Quiénes de nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, generalizaciones como: “cultiva tu intelecto leyendo un libro” o, “apaga le tele y enciende la mente”, entre otras. Sin embargo, pese a que el no leer en absoluto o el ver la televisión sin moderación son, efectivamente, factores que obstaculizan el desarrollo óptimo de la capacidad intelectual, la tolerancia y la facultad para convivir de manera armoniosa con el entorno, es importante aclarar que sin la habilidad de discriminar entre calidad y pobreza literaria, artística o moral, los seres humanos quedamos impedidos para transformarnos en ciudadanos partícipes de sociedades progresistas, eminente y genuinamente democráticas y, por ende, justas y solidarias.

Creo, sin lugar a dudas que el no ejercitar a plenitud el raciocinio, el poder de la lógica y el sentido común puede conducir a un individuo o a un grupo social a cometer injusticias y solapar actos de crueldad y corrupción y, por ello, es que deseo expresar mis reflexiones en torno a uno de los casos más execrables de fabricación de culpables, crueldad e inmoralidad de que se tenga memoria en la historia de este país: el infamante “Caso Wallace”, elevado a la categoría de “literatura” por un “periodista” y “escritor” (SIC SIC) que sin el menor rigor investigativo y literario, convirtió una maraña de mentiras emergidas de la mente de Isabel Miranda [de Wallace] –o Isabel Miranda Torres o Isabel Torres Romero, o como se llame—en un instrumento incriminatorio de seis personas inocentes, injuriadas y satanizadas, de manera irresponsable, por Martín Moreno, el autor del libro El Caso Wallace.

Estoy convencida de que este “escritor” quien, para estupor propio y de un creciente número de gente, recibió el Premio Nacional de Periodismo, aprovechó la tendencia de amplios sectores de la sociedad mexicana a creer en héroes míticos de historieta como María Isabel o de cine y TV como Superwoman, para poder vender una narrativa tan ficticia como barata a los lectores de su libro, que dicho sea de paso, por su pobreza literaria es más bien un libelo difamatorio que toma como verdad incuestionable los dichos de Isabel Miranda sin mayores indagatorias en los verdaderos antecedentes de Brenda Quevedo Cruz, una de las inculpadas falsamente y a quien se difama de la forma más vil.

Y es muy cierto que para estar en capacidad de juzgar la calidad de una pieza literaria, televisiva o cinematográfica, es, en la mayoría de las ocasiones, indispensable leer o ver de todo incluyendo, por supuesto, lo burdo y lo muy burdo. Por ello, decidí revisar con paciencia y gran esfuerzo por evitar el vómito, el libro/libelo conocido como El Caso Wallace.

Empiezo por la cita con la que Martín Moreno introduce su libro y que corresponde a uno de los escritores más memorables y éticos que conocemos: Ryszard Kapuschinski, quien por cierto, afirmó con toda pertinencia que “las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. La cita a la que me refiero es la siguiente: 

Aquella gente de abajo, entrelazada por sus extremidades lisiadas, por sus zancos y muñones, estaba apiñada de tal manera que formaba un solo cuerpo moviéndose y arrastrándose, del cual, como tentáculos, salían decenas de brazos, y allí donde no había brazos, aquel cuerpo abría sus bocas y las dirigía hacia arriba esperando a que se les arrojase algo.

No es solamente indignante que Martín Moreno haya elegido uno de los pasajes más desgarradores de la entrañable novela Ébano, en la que Kapuschinski narra su experiencia en el sufrido continente africano, sino que las vivencias que dieron lugar al estrujante texto del también periodista polaco no guardan relación alguna con la farsa monumental en la que se basa El Caso Wallace, además de la distancia de años luz existente entre este respetado personaje y el “escritor” de alquiler Martín Moreno. Es decir, Kapuschinski constató en persona los hechos que narra en sus escritos y reportajes a diferencia de Moreno, quien se sentó a escuchar y a reproducir al pie de la letra, una fábula inverosímil de boca de una consumada mentirosa, secuestradora y torturadora, tal como ha quedado incuestionablemente demostrado por las investigaciones y reportajes de Guadalupe Lizárraga, así como de Anabel Hernández, colaboradora del prestigiado semanario Proceso, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad.

Es evidente que el libelo de marras explota la credulidad de sectores sociales infortunadamente sometidos a la basura telenovelesca de La Rosa de Guadalupe y Lichita –donde, dicho sea de paso, se beatifica y promueve con un descaro digno de El Canal de las Estrellas, el Teletón, su  lucrativa aventura comercial donde se utiliza de manera indecente las impactantes imágenes de niños lisiados, accidentados, mal heridos y discapacitados. Este mismo tufo mercachiflero es el que advertimos en la manufactura de El Caso Wallace, en el que se describe con lacrimógena verborrea el amor inconmensurable de Isabel por su hijo, algo que riñe claramente con su afán de dar a su vástago por muerto y sacar considerable provecho financiero y político con un secuestro y posterior asesinato que, como se ha demostrado fehacientemente, sólo han existido en su imaginación. Para muestra, aquí reproduzco algunos pasajes que exhiben la ínfima calidad literaria y periodística de la que adolesce el libro de ficción de Moreno:

“Así le llegaron los 16 y con ellos el amor inesperado. Se enamoró de Enrique Wallace, un contador público 13 años mayor que ella,a quien conoció en un hospital por circunstancias del destino…”

“…Contrajeron matrimonio cuando ella aún era menor de edad, lo que desató la furia de Don Fausto…”

Martín Moreno hubiese podido proceder como lo hace todo periodista/escritor que se respete e investigar la veracidad del cuento de hadas que le narró Isabel, pero no lo hizo, a diferencia de Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Ángeles Press, quien demuestra con evidencias irrefutables que Isabel Miranda tenía 21 años cuando registró a Hugo Alberto Miranda Torres, hijo biológico Jacinto Miranda, tal como consta en la primer acta de nacimiento de Hugo Alberto. Esto indicaría que, en el remoto caso de que esta mujer hubiese conocido a Enrique del Socorro Wallace a los 16 años, éste hubiese  cometido adulterio, mientras que Isabel habría incurrido en el mismo delito pues el Sr. Wallace estaba casado con Guadalupe Magallanes, quien se divorció de él en 1974 y le ganó la custodia de sus 5 hijos, después de que la dulce y decente Sra. Wallace la visitó para decirle que sostenía relaciones sexuales con su marido. Por otra parte, el estado civil de Enrique Wallace hubiese imposibilitado el matrimonio legal con Isabel en la fecha en que ella afirma que ocurrió.

Otra de las innumerables falsedades contenidas en el libro y de las que se hubiese percatado Martín Moreno si hubiese tenido la pulcritud y la decencia de revisar, por lo menos, el acta de nacimiento de Hugo Alberto, registrado en 1970 en Milpa Alta, D.F., en el acta No. 27 asentada en el libro 1, consiste en los nombres de los padres de Isabel: Alfredo Torres y Mónica Romero, mientras que Isabel le contó a su porrista disfrazado de escritor, que su padres se llamaban Fausto Miranda Romero y Mónica Torres Jaimes (!!??) Aquí sólo cabe preguntarse a quién le mintió la heroína de barro de El Caso Wallace: a las autoridades del Registro Civil del D.F. o a su pluma alquilada. También cabe preguntarse por qué, si Enrique del Socorro Wallace efectivamente engendró a Hugo Alberto en 1969 y era “un padre amoroso”, no aparece su nombre en el acta emitida en Milpa Alta en 1970 y, en lugar de ello, lo registra hasta 1975, fecha en que nació su hija Claudia, a quien el Sr. Wallace sí engendró con Isabel. Adicionalmente, en esa segunda acta, emitida por el Registro Civil de Texcoco, ya Hugo Alberto aparece con los apellidos Wallace Miranda y la edad de Isabel es de 24 y la de Enrique de 37 años…más mentiras.

Mucho se ha comentado sobre la notable credulidad característica de importantes sectores sociales, derivada del deplorable nivel educativo que priva en el sistema escolar en México, en el que se des-educa y obstruye la capacidad inquisitiva y de análisis, lo que se agrava por la paupérrima calidad de las producciones literarias, de televisión y cine entregadas al público, cuyo resultado es la sorprendente facilidad con la que los lectores de libelos como el de la pluma a sueldo de Martín Moreno, aceptan a pie juntillas una narrativa tan fantasiosa como burda. Y si sólo se tratara de vender una literatura barata, el daño no sería tan grave. Sin embargo, lo brutal e imperdonable de El Caso Wallace es que se constituyó en la herramienta infame que sirvió para criminalizar a seis personas inocentes a quienes se les ha privado de su libertad, se les ha sometido a brutales torturas y a cuatro de ellos se les ha sentenciado a cadena perpetua mientras dos más, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, siguen en espera del veredicto en sendos procesos judiciales pletóricos de irregularidades y abusos.

Y es aquí donde la credulidad, la ausencia de escepticismo y de sentido común que prevalece en sectores de la sociedad golpeteados en gran medida por las miserias paridas por Televisa y TV Azteca, junto con la falta de pulcritud periodística y literaria de una pluma alquilada como Martín Moreno, se transforman en el terreno fértil para que una mujer enferma de codicia y poder destruya las vidas y futuros de seis inocentes y sus familias con abrumadora impunidad.

Concluyo esta breve reflexión con la siguiente sentencia de Demócrito:

Es hermoso evitar que otro cometa injusticia; pero si no, también lo es no ser cómplice de la injusticia.

 

Carta abierta a Denise Dresser sobre su debate con Wallace en Foro TV

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¿Cuál es nuestra postura respecto al hecho de seguir considerando a esa criminal de Isabel Wallace como una interlocutora, cuyas opiniones se deberían tomar en cuenta para posicionarse, sea a favor o en contra de ellas?

Expresamos claramente nuestra postura al respecto en una carta abierta que le hicimos llegar a la politóloga Denise Dresser, el 29 de octubre. Esta carta conjunta con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y el FEMCAI fue redactada en inglés. A continuación, publicamos la traducción al español.

Quiero insistir en algo: respetamos la labor de Denise Dresser, quién es una gran politóloga y realmente una intelectual que se ha pronunciado a favor de los derechos humanos y de la justicia. Sin embargo, nuestra opinión sobre este debate con Wallace es que nunca se hubiera solicitado, ni llevado a cabo. Uno no se sienta con criminales, sobre todo cuando el debate ya está organizado para callar a la única persona que si tenía una perspectiva justa con respecto a Ayotzinapa, y se trata de Denise. A Denise Dresser, el locutor (Javier Tello) visiblemente del lado de la Wallace le cortó la palabra. Casi cada vez que se preparaba a intervenir, se interrumpía el programa para lanzar una pausa comercial. La Wallace no dejv de cortarle la palabra, sin que el locutor dijera absolutamente nada para restablecer el orden del debate. Vean el video a continuación:

 

Con muy buenas intenciones, Denise Dresser se dejó engañar al solicitar un debate con Wallace.

Nosotros llamamos a que los activistas, defensores de los derechos humanos, abogados, juristas, politólogos, intelectuales, dejemos de considerar a Isabel Wallace como una interlocutora, sino como lo que es: una criminal responsable del calvario de – por lo menos – siete personas.

Nolverto F. A.

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CARTA ABIERTA

Puebla, México / Montréal. Canadá

20 de octubre de 2015

Estimada Sra. Dresser:

Después de haber mirado su debate con Isabel Miranda [de Wallace], quisiéramos hacerle llegar respetuosamente los siguientes comentarios:

  1. Nos consternó el razonamiento dado por usted para solicitar el debate, puesto que alguien de su nivel no discute con delincuentes, ya que es como intercambiar opiniones con la Tuta, Chapo Guzmán o individuos semejantes
  2. El hecho de que Isabel Miranda sea, efectivamente una cruel delincuente ha sido amplia e indudablemente demostrado por las sólidas investigaciones de Anabel Hernández, publicadas en Proceso; Guadalupe Lizárraga, publicadas en Los Ángeles Press, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y el grupo de activistas que tienen el blog mexicoporflorencecassez.wordpress.com. Nos cuesta creer que usted no haya leído al menos el trabajo de Anabel Hernández, en Proceso, sobre el notable engaño del “Caso Wallace”.
  3. Cuando esa mujer, cruel y corrupta, denuncia que existe un “conflicto de intereses” de parte del Secretario Ejecutivo de la CIDH, demuestra tener un increíble grado de cinismo, ya que ella se ha beneficiado enormemente de la red de mentiras que constituyen todo el fiasco del “Caso Wallace”. Primero, logró ocultar a su hijo delincuente, Hugo Alberto, que está ligado al crimen organizado; segundo, recibe enormes cantidades de dinero de los contribuyentes de la escandalosa administración de Felipe Calderón para apoyar su organización igualmente engañadora y falsa “Alto al Secuestro”; tercero, en 2012 el PAN (Partido Acción Nacional) la lanzó como candidato al gobierno de Ciudad de México, y además, aunque parezca inconcebible, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos a pesar de que acusó falsamente, hizo encarcelar y torturar salvajemente a seis personas inocentes que estuvieron en el mal lugar en el momento equivocado, por así decirlo.
  4. Según todas las investigaciones basadas en pruebas concluyentes, Isabel Miranda no sólo ha mentido repetidamente a las autoridades mexicanas y norteamericanas, sino que, además, cometió adulterio, dado que  mantuvo una relación sexual con Enrique Wallace, mientras éste todavía estaba casado y que, por otra parte, no es el padre biológico de Hugo Alberto; ella es responsable del secuestro virtual de seis ciudadanos inocentes que fueron encarcelados, y atestiguó la tortura de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Antonio y Alberto Castillo 
  5. A pesar de que Nestora Salgado García fue exonerada por un juez federal de los cargos inventados que causaron su encarcelamiento ilegal, Isabel Miranda insiste en que esta mujer admirable permanezca en la cárcel y esto no sorprende.  Miranda tiene estrecha conexión con Ricardo Martínez, antiguo Fiscal de Atención a Víctimas (¿?¡!) bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que se sabe participó en el tráfico horrible de jóvenes en el Estado de Guerrero, y las actividades de Nestora Salgado García destinadas a rescatar varias de esas víctimas afectaban al “negocio” inmoral de Martinez.
  6. Ahora la Sra. Miranda dirige su lucha no sólo contra Emilio Álvarez Icaza, sino también contra los estudiantes y los padres de Ayotzinapa etiquetando esta desaparición forzada como un simple “secuestro” llevado a cabo por los traficantes de drogas, a pesar de las pruebas y los numerosos testimonios que demuestran la implicación directa del ejército y de la policía federal, estatal y municipal.

Isabel Miranda no actúa de acuerdo a ningún imperativo moral, pues carece de ética y honradez; claramente restituye lo que debe a un “gobierno enormemente corrupto” que le permite cometer toda clase de atrocidades con impunidad total.

Lo que realmente nos aterró, Sra. Dresser, fue oírle alabar el trabajo de Isabel Miranda en favor de los derechos de las víctimas (¡!¿?). En especial, el hecho de que usted solicitara un diálogo con una delincuente de esta magnitud podría significar una de dos cosas: 1) que usted se pone al mismo nivel de inmoralidad de la entrevistada, lo que para nosotros es impensable, o 2) que en cualquier otro momento, se le podría fácilmente pedir que mantenga un debate con cualquier otro sin vergüenza.

Atentamente,

Patricia Barba
Miembro Fundador
Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI)
www.femcai.org
@: patricia.barba@ac-dv.org

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV)
www.ac-dv.org
@: contacto@ac-dv.org

Nolverto Flores ÁVILA
México por Florence Cassez
Blog de activistas mexicanos contra los culpables fabricados
www.mexicoporflorencecassez wordpress.com
@: mxporfc@hotmail.com

Periodistas que avergüenzan: Martín Moreno y el Caso Wallace

Artículo,de Patricia Barba Avila (Femcai)
Fecha: 20 de Julio del 2015
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)

Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)

Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. R
– Ryszard Kapuscinski
En julio de 2005, un considerable número de Mexicanos se sintieron conmovidos por la historia de Isabel Miranda [de Wallace], convertida en “madre coraje” merced de una historieta de absoluta ficción que narra cómo, de manera supermanesca, logró una hazaña digna de las taquilleras y grotescas películas de Rambo, al haber llevado a cabo una “investigación” sin la ayuda de absolutamente nadie, que la condujo a “descubrir” las identidades de seis personas a las que señaló como culpables del secuestro y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El motivo de iniciar este escrito con la reflexión de Kapuscinski, el extraordinario periodista polaco –quien atinadamente afirmara que las malas personas no pueden ser buenos periodistas– es justamente porque fue la pluma de Martín Moreno la que se encargó de transformar el cúmulo de falsedades inventadas por Miranda Torres, en un libro que no sólo le ha redituado un inmerecido prestigio como “periodista” y “escritor” sino que ha servido a esta heroína de barro para lucrar política y financieramente con la mentira y el delito. Y aquí es moralmente obligado preguntar: ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, no haya tenido la imprescindible pulcritud, ética y honestidad para comprobar la veracidad de las narraciones de Miranda, antes de atreverse a publicarlas? ¿Cómo es posible que una auténtica criminal no sólo reciba fondos públicos para sustentar su A.C. “Alto al Secuestro”, sino que haya sido acreedora del Premio Nacional de los Derechos Humanos y, además, haya sido lanzada como candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012?
El pasado sábado 11 de julio, se cumplieron 10 años de la maraña de mentiras que integran el tristemente famoso “Caso Wallace”, concebido por la mente sociópata de una delincuente que ha engañado, difamado, privado de la libertad y ordenado torturar a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre, Alberto y Antonio Castillo Cruz, para obligarlos a declararse culpables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, muy probablemente vivo de acuerdo con las evidencias surgidas del trabajo investigativo de verdaderas periodistas como Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Angeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, además del comprometido involucramiento de David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes con un indiscutible sentido de responsabilidad, solidaridad y ética, han revelado las evidencias que hacen pedazos no sólo el “Caso Wallace” sino la fabricada reputación de Miranda Torres, quien además, ha tenido el cinismo de amenazarlos con demandas que no ha podido concretar.
Algo muy alarmante y ominoso ocurre en una sociedad cuando cualquier persona corre el riesgo de ser detenida, difamada y torturada en el marco de un sistema eminentemente podrido, con la complicidad de “periodistas” que se atreven a elevar a la categoría de literatura, embustes insostenibles, como lo hizo Martín Moreno, con el apoyo de medios de “comunicación” que difundieron este cúmulo de falsedades convirtiéndose, por este sólo hecho, en cómplices de una de las infamias más deleznables de la triste entelequia en la que se ha transformado el sistema de “justicia” mexicano. Y aquí es menester resaltar la elemental importancia de fomentar en la sociedad el sano escepticismo que nos obliga no sólo a dilucidar con lógica los acontecimientos, sino a analizar a fondo las circunstancias que los rodean, permitiéndonos así determinar su veracidad o falsedad.
Tal como lo dijeran David Bertet y Guadalupe Lizárraga, es tiempo ya de que quitar la venda de los ojos a un importante sector de la sociedad engañado vilmente por Miranda Torres, para hacer posible que las víctimas inocentes del “Caso Wallace” reciban la justicia que merecen y sean exoneradas, junto con la Comandante Nestora Salgado García, privada de su libertad desde el 22 de agosto de 2013 gracias a cargos fabricados por auténticos hampones insertados en el gobierno, como es el caso, entre varios más, de Ricardo Martínez, tratante de niñas y jóvenes que fungía como Subprocurador de Atención a Víctimas bajo la administración de Angel Aguirre Rivero, y quien además, es parte del grupúsculo delictivo capitaneado por Isabel Miranda.
No se puede publicar un documento sin los datos completos…y esto debería ser la norma del periodismo.
– Julian Assange
 

El ministro Medina Mora, en permanente conflicto de interés

Artículo de Jorge Carrasco Araizaga publicado el 14 de marzo de 2015 en la revista Proceso.

El martes 10, el Senado nombró a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. No se tomaron en cuenta las protestas de organizaciones civiles por la nominación de uno de los responsables de la desastrosa operación Rápido y furioso, ni el perfil del exfuncionario panista y priista cercano a Televisa. Integrantes del Poder Judicial lamentaron que el Ejecutivo impusiera a otro operador suyo en el máximo tribunal, marginando a los ministros de carrera; pero todo fue inútil. Ahora, existe preocupación por el comportamiento del ministro novato en los casos donde pueda incurrir en conflictos de interés.

Eduardo Medina Mora toma protesta en el Senado.  Foto: Benjamin Flores

Eduardo Medina Mora toma protesta en el Senado.
Foto: Benjamin Flores

La designación de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza no cayó bien en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y mucho menos entre los miembros de carrera del Poder Judicial de la Federación. Aunque sus ahora colegas en el pleno de ministros no lo dicen abiertamente, y el próximo martes lo recibirán con aplausos en sesión solemne, su llegada al máximo tribunal generó amplio descontento en la llamada familia judicial.

“Será un ministro en permanente conflicto de interés”, dice a Proceso un alto funcionario de la SCJN. Por los diferentes cargos políticos y las vinculaciones empresariales que ha tenido, es de esperar que de forma repetida tenga que declararse impedido de conocer asuntos, tanto en el pleno de ministros como en cualquiera de las Salas a las que sea asignado.

Si llega a la Primera Sala, donde se tratan los asuntos civiles y penales que llegan a la Corte, se podrá topar con juicios relacionados con acciones suyas como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) o incluso como embajador. Si va a la Segunda, donde se resuelven los asuntos empresariales y económicos, sus relaciones con la iniciativa privada, principalmente con Televisa, también lo obligarán a excusarse.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 146 que los ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y otros juzgadores están impedidos de conocer asuntos cuando haya parentesco, hasta en cuarto grado si es consanguíneo, o segundo si es por afinidad, con alguno de los interesados en algún juicio.

Ese podría ser el caso de los juicios que se han iniciado por el alegado fraude de la empresa naviera Oceanografía a Banamex, cuyo presidente del Consejo de Administración sigue siendo su hermano Manuel, excluido ya de Citigroup por esa defraudación en la que están implicados recursos de Petróleos Mexicanos.

La ley también lo obligará a excusarse cuando se trate de asuntos en los que haya participado como titular de la PGR, cuando tenga amistad con los involucrados en un juicio o haya interés personal de él, su cónyuge o sus parientes en algún caso, entre otras causales de impedimento.

Por esa razón, será uno de los integrantes del pleno bajo mayor escrutinio. “La ventaja es que las sesiones del pleno de ministros son públicas a través del Canal Judicial y se podrán seguir puntualmente sus votaciones y participaciones”, dice el alto funcionario judicial entrevistado.

A cambio, pese a su inexperiencia como juez constitucional, Medina Mora será el ministro con la red de relaciones más amplia, tanto con grupos políticos y económicos en México como con agencias estadunidenses. Ha tenido con éstas una dilatada colaboración desde hace 15 años como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), secretario de Seguridad Pública federal, titular de la PGR y embajador en Washington, además de negociador de acuerdos y operaciones secretas con Estados Unidos (Proceso 1999).

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2002, ya en circulación)

Al maestro sí lo mató la Policía Federal; cuatro profesoras fueron violadas, denuncia la Ceteg

Artículo publicado el 26 de febrero de 2015 en la revista Proceso.

Claudio Castillo Peña, maestro jubilado de 65 años de edad. Foto: Tomada de Twitter @LucioVive

Claudio Castillo Peña, maestro jubilado de 65 años de edad.
Foto: Tomada de Twitter @LucioVive

El profesor jubilado Claudio Castillo Peña falleció por golpes recibidos por elementos de la Policía Federal; además, en el desalojo del martes pasado fueron violadas cuatro maestras y hay 12 desaparecidos, denunció esta mañana Manuel Salvador Rosas, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

En entrevista con Radio Fórmula, el dirigente aseguró que tienen testimonios que confirman que policías federales sí golpearon al profesor de 65 años, fallecido la madrugada de ayer. “Tenemos videos y fotografías”, sostuvo.

A la muerte del maestro, Salvador Rosas sumó las agresiones sexuales contra cuatro profesoras.

“Tenemos a cuatro maestras violadas por la Policía Federal. Ayer las maestras rompieron el silencio, dijeron que en el momento de la represión se las llevaron en una camioneta, se las llevan a lo oscuro y las violaron”, dijo.

Detalló que una de ellas está hospitalizada. ”No vamos a decir quién es, ni donde está por temor, pero lo vamos a denunciar”.

En cuanto a la muerte de Castillo Peña, el dirigente Salvador Rosas relató:

“Nuestro compañero no se bajó de la camioneta, estuvo a bordo del aparato de sonido que quedó en frente de la Policía Federal. Tenemos vídeos y fotografías de cómo se ve nuestro compañero y el aplastamiento lo hizo la PF, ellos lo bajaron”, aseguró.

“Hay un compañero golpeado que estuvo a un lado de él y confirma que los federales lo mataron”, añadió.

Salvador Rosas denunció que hay al menos 12 profesores desaparecidos tras el desalojo del pasado martes.

“Tenemos 12 maestros desaparecidos tras el desalojo de la policía, no sabemos dónde están, sus familias no saben”, dijo.

El profesor señaló que van a presentar una denuncia con videos y fotografías para probar que Claudio Castillo Peña fue muerto a manos de elementos de la Policía Federal.

“Si no nos hacen caso, vamos a recurrir a los organismos internacionales para denunciar los hechos”, advirtió.

La noche de ayer, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, sostuvo en conferencia de prensa que la muerte de Claudio Castillo Peña fue por un traumatismo profundo de tórax y no craneoencefálico, como los maestros dijeron en un principio.

“Muy posiblemente la defunción fue producto de un evento distinto, sin embargo, he girado las instrucciones correspondientes para profundizar en las investigaciones a efecto de determinar con toda precisión los motivos del fallecimiento de esta persona”, comentó.

De acuerdo con los resultados de la necropsia que se le aplicó por ley, Castillo Peña presentaba lesiones en ambos lados del tórax con fracturas en la mayoría de sus costillas, desgarre pleura y tenía los pulmones perforados. Según Rubido, el parte médico coincidió con la versión del Hospital Naval de Acapulco donde murió el maestro poco antes de las 4 de la madrugada de este miércoles.

Explicó que el profesor fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja al nosocomio e ingresó a las 21:40, inconsciente, con signos vitales débiles y lesiones calificadas como graves. Afirmó que la noche del desalojo los policías estaban armados únicamente con toletes y escudos.

El maestro jubilado que murió durante el desalojo de la movilización de la Ceteg no podía caminar. A las marchas asistía, pero en una camioneta. Era el encargado del sonido.

Desarman las acusaciones contra Nestora Salgado

Artículo de Jesusa Cervantes publicado el 29 de enero de 2015 en la revista Proceso

Los defensores de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, confían en el que fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acusación para que ella recupere la libertad. El diputado perredista Roberto López Suárez relata las maniobras del exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien movió incluso a la señora Isabel Miranda de Wallace y a Alejandro Martí para impedir la liberación de Nestora, y de paso exhibe las turbias andanzas del exfuncionario.

Integrantes de la CRAC exigen la liberación de Nestora Salgado. Foto: Jessica Torres

Integrantes de la CRAC exigen la liberación de Nestora Salgado.
Foto: Jessica Torres

Nestora Salgado García afectó el negocio del grupo criminal Los Rojos en Olinalá y detuvo la trata de personas en la región, concluye la comisión plural de diputados federales que promueve la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), quien desde el 21 de agosto de 2013 está presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.

El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.

Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.

El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.

El diputado federal López Suárez comenta que el domingo 11 –tres días después de la petición del gobernador al fiscal–, autoridades de Guerrero le advirtieron que Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, se pronunciaron contra la libertad de Nestora pues, arguyeron, “ha indignado a sus víctimas y sus familiares”.

Al conocerse la petición de Ortega Martínez, cuenta López Suárez, Martínez Chávez localizó a una de las presuntas víctimas de la comandante de la PCO para que contara a los medios las atrocidades que sufrió por parte de Nestora, quien la tuvo encarcelada para “reeducarla”. El exsubprocurador también se acercó a Miranda de Wallace y a Martí para decirles que ella es una “secuestradora peligrosa”.

Martínez Chávez, dice el legislador, fue subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero y antes fungió como abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de los bares Cadillac y Lobohombo en la Ciudad de México.

Durante un tiempo él fue defensor de giros negros en el Distrito Federal e incluso en un principio litigó en favor de 14 personas que trabajaban en el bar Cadillac, detenidas en un operativo de julio de 2013 acusadas de presunta participación en la trata de personas.

Y ese es uno de los delitos que Nestora combatió en Olinalá cuando estuvo al frente de la PCO, por considerar que era explotación sexual y laboral que afectaba a mujeres y hombres: a ellas las prostituían, a ellos los integrantes de Los Rojos los usaban para el trasiego de drogas, como sicarios y para cometer actos de extorsión.

Ella afectó la ruta del trasiego de droga y el abigeato de ese grupo criminal, recuerda López Suárez. E insiste en que Martínez Chávez está detrás de las denuncias de Miranda de Wallace. Hay elementos que nos llevan en esa dirección; uno de ellos, dice, es que el único que sabía dónde estaban las presuntas víctimas de Nestora es precisamente Martínez Chávez.

Sin embargo ellas aparecieron en la conferencia organizada el lunes 12 por Miranda y Martí para dar a conocer fragmentos de la grabación de un encuentro del 1 de julio de 2014 en el cual participaron, entre otros, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador guerrerense Iñaki Blanco y el propio Martínez Chávez, sostiene el legislador.

Asimismo entregó a Proceso la versión íntegra de lo que se dijo en esa reunión en la cual Blanco, custodiado por Martínez Chávez, se lanzó contra Nestora y defendió a sus presuntas víctimas. Ese mismo discurso fue presentado por la señora Miranda en su conferencia de prensa.

El arresto

El 27 de octubre de 2012 Nestora Salgado fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, municipio que colinda con Puebla y donde, según las autoridades federales, está asentado el grupo criminal de Los Rojos.

Diez meses después, a mediados de agosto de 2013, un grupo de ganaderos fue emboscado. Dos de ellos murieron y uno desapareció. Los familiares acudieron con el síndico procurador del ayuntamiento, Armando Patrón Jiménez, a levantar la denuncia, pero no se les atendió.

Decidieron ir con Nestora, entonces dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien sí los atendió. Y cuando fue a recoger los cuerpos de los ganaderos encontró a Patrón Jiménez en la escena del crimen, “borrando evidencias”.

Nestora lo detuvo y lo trasladó a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para que fuera juzgado. Cinco días después, en un operativo conjunto, efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la estatal la arrestaron y la acusaron de secuestro y delincuencia organizada. Liberaron al síndico y a otros 40 detenidos.

En el encuentro del 1 de julio de 2014 en Casa Guerrero con Blanco y Martínez Chávez, los legisladores perredistas y dirigentes sociales solicitaron a Aguirre Rivero la liberación de la comandante.

Según el video mostrado por el diputado­ López Suárez, ese día el procurador, respaldado en todo momento por Martínez Chávez, expuso: “Quiero hacer un respetuoso llamado para atender a las víctimas (de Nestora). Para que esta mesa esté completa se requiere la asistencia de las mismas y de sus abogados… Hago un respetuoso llamado porque (entre ellas) hay dos menores de edad.

“Pareciera que de repente queremos borrar y desaparecer a estas personas (las detenidas en la Casa de Justicia). Lo cierto es que al estar ellas en casas de justicia estuvieron en condiciones deplorables, con toda clase de castigos y el artículo 36 de la Ley 701 que reconoce usos y costumbres, no dice qué es lo que se entiende por sistema de justicia…

“El problema es que parte de las personas fueron sujetas a sanciones y medidas de rehabilitación (pero) tenemos un severo problema en cuanto a la aplicación del derecho. Estas personas no tuvieron oportunidad de defenderse y presentar pruebas de descargo.

“Y algo muy importante: no aparecen las supuestas víctimas u ofendidas; tampoco ha aparecido un expediente debidamente integrado para sustentar una impu­tación y la imposición de una sanción a estas personas.

“Reitero el caso de los menores de edad, uno de 11 y otro de 13 años. Esto me parece absurdo… ellos fueron juzgados como cualquier otra persona, sin que en ningún momento se les permitieran medios de defensa (aun cuando) ningún artículo de la ley 701 refiere que se puede solicitar dinero a cambio de que alguien sujeto a una medida de reeducación (sea liberado).”

Añadió: “Ellos temen que al ser puestos en libertad atenten contra sus personas. Nosotros, en atención a las órdenes del señor gobernador, les implementamos asistencia jurídica, psicológica y social.

“Quiero recodar que una de las personas que estuvo sometido a medidas de reeducación­ en la Casa de Justicia fue agredido a machetazos. Él hace imputacio­nes contra integrantes de la CRAC-PC, particularmente contra Nestora Salgado.”

Luego de que el funcionario, respaldado por Martínez Chávez, abogó por las supuestas víctimas, incluido el síndico Armando Patrón, Aguirre Rivero se incorporó a la reunión y declaró: “Quiero dejar muy claro que la detención (de Nestora) no fue interés del gobierno.

“De mi parte –añadió– hay la voluntad política. Si hay que trasladar a la compañera Nestora a la Ciudad de México, yo no tengo ningún problema; y si tengo que hacer alguna gestión, la haré.”

Los legisladores le mencionaron, según el video, una ley de amnistía como salida, pero le pidieron a Aguirre Rivero que su gobierno se desistiera de su acusación.

El entonces mandatario respondió: “Lo que yo no quiero es que siga en la cárcel. Para decirlo en cristiano: no me interesa. Además, ustedes han hablado con Nestora de que habrá nuevas reglas…”

“Y ella está de acuerdo”, respondieron los legisladores.

En otra parte del video se escucha a los diputados cuando le aclaran a Blanco y a Martínez Chávez que ellos no estaban ahí para tomar clases de derecho, sino para encontrar una vía política y la pronta liberación de Nestora.

La andanada de Miranda

Después de que un juez federal reconoció que Nestora Salgado fue nombrada comandante por usos y costumbres, consideró que no cometió ningún secuestro, pues sólo cumplió con sus obligaciones, y la exculpó del presunto delito de delincuencia organizada, el jueves 8 el gobernador interino Rogelio Ortega pidió a la autoridad local desistirse de esos cargos.

Entonces Miranda de Wallace y Martí exigieron a Ortega Guerrero respetar la autonomía del fiscal Godínez Muñoz en el caso de Nestora y presentaron en la conferencia de prensa del lunes 12 a una de las presuntas víctimas de la comandante: Dulce Rubí Burgos Pérez, quien dijo haber sido detenida por la CRAC-PC el 8 de junio de 2013.

“El lugar donde estuvimos era horrible, fue lo peor que nos pudo haber pasado en la vida. Había ahí menores de 13 años; nos golpeaban, nos maltrataban… Por las malas condiciones en que nos tenían nos salieron piojos.

“Yo soy una víctima de secuestro de la señora Nestora Salgado. Como víctima sólo pido que se haga justicia… Y es que el tiempo que estuvimos ahí encerradas no nos daban de comer. Nos ponían a trabajar muy duro. Yo estuve enferma los tres meses y nadie me atendió”, narró Burgos.

El martes 13, Francisco Flores Jiménez, otro de los presos en la Casa de Justicia liberados en agosto de 2013 por las fuerzas especiales, organizó una conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad de México, para dar su versión:

“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas (en alusión a Dulce Rubí). No es verdad, la señora Nestora siempre nos trató (bien), de una manera que valorizáramos las cosas, el trabajo y a los compañeros de la (Policía) Comunitaria; nos daba comida buena, de la que había”, expuso.

Sobre las menores detenidas dijo que sus madres, que hoy son las principales acusadoras de la comandante detenida, le pidieron que ingresaran a sus hijas en la Casa de Justicia, porque “no entendían”.

También reveló que el día que lo liberaron junto con el síndico Armando Patrón y otros presos, el funcionario “nos dijo a todos que denunciáramos a Nestora Salgado por secuestro. Yo me negué”.

Después de la conferencia, Flores Jiménez regresó a Olinalá. Pero tuvo que salir de la comunidad, pues Patrón los amenazó a él y a su familia y le advirtió que no siguiera hablando, comenta el dipu­tado López Suárez.

El viernes 23, dice, Flores Jiménez pidió protección al gobierno estatal ante las amenazas de síndico. El secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, le propuso presentar una denuncia formal contra su acosador para poder ayudarle.

Asimismo, insiste, fue Martínez Chávez quien puso en contacto a las personas liberadas de la Casa de Justicia con Miranda de Wallace, “pues él fue abogado en el caso de su hijo desaparecido”.

Martínez Chávez defiende lo mismo a propietarios de giros negros, como Alejandro Iglesias Rebollo, que a las madres de Jerzy Ortiz Ponce y Said Sánchez, hijos de presuntos capos de la droga en Tepito, quienes desaparecieron en el bar Heaven en mayo de 2013.

Fue él quien formó el expediente contra los implicados en el Pemexgate al ser asignado al Ministerio Público de la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.

López Suárez reitera: detrás de Miranda de Wallace y de Martí está el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, “pues sabe que si Nestora sale libre va a detallar cómo le armaron delitos y cómo convencieron a la gente para que la acusaran de secuestro”.

Alejandro Martí ha sido mal informado sobre el caso Nestora, comenta el legislador, pero Miranda sí tendría que explicar “cuál es su relación con Martínez Chávez, vinculado con tráfico de mujeres de Europa y Centroamérica”.

Proceso buscó a Martínez Chávez en la agrupación de Miranda de Wallace para conversar con él, pero no lo encontró.

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