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Periodistas que avergüenzan: Martín Moreno y el Caso Wallace

Artículo,de Patricia Barba Avila (Femcai)
Fecha: 20 de Julio del 2015
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)

Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)

Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. R
– Ryszard Kapuscinski
En julio de 2005, un considerable número de Mexicanos se sintieron conmovidos por la historia de Isabel Miranda [de Wallace], convertida en “madre coraje” merced de una historieta de absoluta ficción que narra cómo, de manera supermanesca, logró una hazaña digna de las taquilleras y grotescas películas de Rambo, al haber llevado a cabo una “investigación” sin la ayuda de absolutamente nadie, que la condujo a “descubrir” las identidades de seis personas a las que señaló como culpables del secuestro y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El motivo de iniciar este escrito con la reflexión de Kapuscinski, el extraordinario periodista polaco –quien atinadamente afirmara que las malas personas no pueden ser buenos periodistas– es justamente porque fue la pluma de Martín Moreno la que se encargó de transformar el cúmulo de falsedades inventadas por Miranda Torres, en un libro que no sólo le ha redituado un inmerecido prestigio como “periodista” y “escritor” sino que ha servido a esta heroína de barro para lucrar política y financieramente con la mentira y el delito. Y aquí es moralmente obligado preguntar: ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, no haya tenido la imprescindible pulcritud, ética y honestidad para comprobar la veracidad de las narraciones de Miranda, antes de atreverse a publicarlas? ¿Cómo es posible que una auténtica criminal no sólo reciba fondos públicos para sustentar su A.C. “Alto al Secuestro”, sino que haya sido acreedora del Premio Nacional de los Derechos Humanos y, además, haya sido lanzada como candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012?
El pasado sábado 11 de julio, se cumplieron 10 años de la maraña de mentiras que integran el tristemente famoso “Caso Wallace”, concebido por la mente sociópata de una delincuente que ha engañado, difamado, privado de la libertad y ordenado torturar a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre, Alberto y Antonio Castillo Cruz, para obligarlos a declararse culpables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, muy probablemente vivo de acuerdo con las evidencias surgidas del trabajo investigativo de verdaderas periodistas como Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Angeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, además del comprometido involucramiento de David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes con un indiscutible sentido de responsabilidad, solidaridad y ética, han revelado las evidencias que hacen pedazos no sólo el “Caso Wallace” sino la fabricada reputación de Miranda Torres, quien además, ha tenido el cinismo de amenazarlos con demandas que no ha podido concretar.
Algo muy alarmante y ominoso ocurre en una sociedad cuando cualquier persona corre el riesgo de ser detenida, difamada y torturada en el marco de un sistema eminentemente podrido, con la complicidad de “periodistas” que se atreven a elevar a la categoría de literatura, embustes insostenibles, como lo hizo Martín Moreno, con el apoyo de medios de “comunicación” que difundieron este cúmulo de falsedades convirtiéndose, por este sólo hecho, en cómplices de una de las infamias más deleznables de la triste entelequia en la que se ha transformado el sistema de “justicia” mexicano. Y aquí es menester resaltar la elemental importancia de fomentar en la sociedad el sano escepticismo que nos obliga no sólo a dilucidar con lógica los acontecimientos, sino a analizar a fondo las circunstancias que los rodean, permitiéndonos así determinar su veracidad o falsedad.
Tal como lo dijeran David Bertet y Guadalupe Lizárraga, es tiempo ya de que quitar la venda de los ojos a un importante sector de la sociedad engañado vilmente por Miranda Torres, para hacer posible que las víctimas inocentes del “Caso Wallace” reciban la justicia que merecen y sean exoneradas, junto con la Comandante Nestora Salgado García, privada de su libertad desde el 22 de agosto de 2013 gracias a cargos fabricados por auténticos hampones insertados en el gobierno, como es el caso, entre varios más, de Ricardo Martínez, tratante de niñas y jóvenes que fungía como Subprocurador de Atención a Víctimas bajo la administración de Angel Aguirre Rivero, y quien además, es parte del grupúsculo delictivo capitaneado por Isabel Miranda.
No se puede publicar un documento sin los datos completos…y esto debería ser la norma del periodismo.
– Julian Assange
 

El ministro Medina Mora, en permanente conflicto de interés

Artículo de Jorge Carrasco Araizaga publicado el 14 de marzo de 2015 en la revista Proceso.

El martes 10, el Senado nombró a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. No se tomaron en cuenta las protestas de organizaciones civiles por la nominación de uno de los responsables de la desastrosa operación Rápido y furioso, ni el perfil del exfuncionario panista y priista cercano a Televisa. Integrantes del Poder Judicial lamentaron que el Ejecutivo impusiera a otro operador suyo en el máximo tribunal, marginando a los ministros de carrera; pero todo fue inútil. Ahora, existe preocupación por el comportamiento del ministro novato en los casos donde pueda incurrir en conflictos de interés.

Eduardo Medina Mora toma protesta en el Senado.  Foto: Benjamin Flores

Eduardo Medina Mora toma protesta en el Senado.
Foto: Benjamin Flores

La designación de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza no cayó bien en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y mucho menos entre los miembros de carrera del Poder Judicial de la Federación. Aunque sus ahora colegas en el pleno de ministros no lo dicen abiertamente, y el próximo martes lo recibirán con aplausos en sesión solemne, su llegada al máximo tribunal generó amplio descontento en la llamada familia judicial.

“Será un ministro en permanente conflicto de interés”, dice a Proceso un alto funcionario de la SCJN. Por los diferentes cargos políticos y las vinculaciones empresariales que ha tenido, es de esperar que de forma repetida tenga que declararse impedido de conocer asuntos, tanto en el pleno de ministros como en cualquiera de las Salas a las que sea asignado.

Si llega a la Primera Sala, donde se tratan los asuntos civiles y penales que llegan a la Corte, se podrá topar con juicios relacionados con acciones suyas como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) o incluso como embajador. Si va a la Segunda, donde se resuelven los asuntos empresariales y económicos, sus relaciones con la iniciativa privada, principalmente con Televisa, también lo obligarán a excusarse.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 146 que los ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y otros juzgadores están impedidos de conocer asuntos cuando haya parentesco, hasta en cuarto grado si es consanguíneo, o segundo si es por afinidad, con alguno de los interesados en algún juicio.

Ese podría ser el caso de los juicios que se han iniciado por el alegado fraude de la empresa naviera Oceanografía a Banamex, cuyo presidente del Consejo de Administración sigue siendo su hermano Manuel, excluido ya de Citigroup por esa defraudación en la que están implicados recursos de Petróleos Mexicanos.

La ley también lo obligará a excusarse cuando se trate de asuntos en los que haya participado como titular de la PGR, cuando tenga amistad con los involucrados en un juicio o haya interés personal de él, su cónyuge o sus parientes en algún caso, entre otras causales de impedimento.

Por esa razón, será uno de los integrantes del pleno bajo mayor escrutinio. “La ventaja es que las sesiones del pleno de ministros son públicas a través del Canal Judicial y se podrán seguir puntualmente sus votaciones y participaciones”, dice el alto funcionario judicial entrevistado.

A cambio, pese a su inexperiencia como juez constitucional, Medina Mora será el ministro con la red de relaciones más amplia, tanto con grupos políticos y económicos en México como con agencias estadunidenses. Ha tenido con éstas una dilatada colaboración desde hace 15 años como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), secretario de Seguridad Pública federal, titular de la PGR y embajador en Washington, además de negociador de acuerdos y operaciones secretas con Estados Unidos (Proceso 1999).

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2002, ya en circulación)

Al maestro sí lo mató la Policía Federal; cuatro profesoras fueron violadas, denuncia la Ceteg

Artículo publicado el 26 de febrero de 2015 en la revista Proceso.

Claudio Castillo Peña, maestro jubilado de 65 años de edad. Foto: Tomada de Twitter @LucioVive

Claudio Castillo Peña, maestro jubilado de 65 años de edad.
Foto: Tomada de Twitter @LucioVive

El profesor jubilado Claudio Castillo Peña falleció por golpes recibidos por elementos de la Policía Federal; además, en el desalojo del martes pasado fueron violadas cuatro maestras y hay 12 desaparecidos, denunció esta mañana Manuel Salvador Rosas, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

En entrevista con Radio Fórmula, el dirigente aseguró que tienen testimonios que confirman que policías federales sí golpearon al profesor de 65 años, fallecido la madrugada de ayer. “Tenemos videos y fotografías”, sostuvo.

A la muerte del maestro, Salvador Rosas sumó las agresiones sexuales contra cuatro profesoras.

“Tenemos a cuatro maestras violadas por la Policía Federal. Ayer las maestras rompieron el silencio, dijeron que en el momento de la represión se las llevaron en una camioneta, se las llevan a lo oscuro y las violaron”, dijo.

Detalló que una de ellas está hospitalizada. ”No vamos a decir quién es, ni donde está por temor, pero lo vamos a denunciar”.

En cuanto a la muerte de Castillo Peña, el dirigente Salvador Rosas relató:

“Nuestro compañero no se bajó de la camioneta, estuvo a bordo del aparato de sonido que quedó en frente de la Policía Federal. Tenemos vídeos y fotografías de cómo se ve nuestro compañero y el aplastamiento lo hizo la PF, ellos lo bajaron”, aseguró.

“Hay un compañero golpeado que estuvo a un lado de él y confirma que los federales lo mataron”, añadió.

Salvador Rosas denunció que hay al menos 12 profesores desaparecidos tras el desalojo del pasado martes.

“Tenemos 12 maestros desaparecidos tras el desalojo de la policía, no sabemos dónde están, sus familias no saben”, dijo.

El profesor señaló que van a presentar una denuncia con videos y fotografías para probar que Claudio Castillo Peña fue muerto a manos de elementos de la Policía Federal.

“Si no nos hacen caso, vamos a recurrir a los organismos internacionales para denunciar los hechos”, advirtió.

La noche de ayer, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, sostuvo en conferencia de prensa que la muerte de Claudio Castillo Peña fue por un traumatismo profundo de tórax y no craneoencefálico, como los maestros dijeron en un principio.

“Muy posiblemente la defunción fue producto de un evento distinto, sin embargo, he girado las instrucciones correspondientes para profundizar en las investigaciones a efecto de determinar con toda precisión los motivos del fallecimiento de esta persona”, comentó.

De acuerdo con los resultados de la necropsia que se le aplicó por ley, Castillo Peña presentaba lesiones en ambos lados del tórax con fracturas en la mayoría de sus costillas, desgarre pleura y tenía los pulmones perforados. Según Rubido, el parte médico coincidió con la versión del Hospital Naval de Acapulco donde murió el maestro poco antes de las 4 de la madrugada de este miércoles.

Explicó que el profesor fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja al nosocomio e ingresó a las 21:40, inconsciente, con signos vitales débiles y lesiones calificadas como graves. Afirmó que la noche del desalojo los policías estaban armados únicamente con toletes y escudos.

El maestro jubilado que murió durante el desalojo de la movilización de la Ceteg no podía caminar. A las marchas asistía, pero en una camioneta. Era el encargado del sonido.

Desarman las acusaciones contra Nestora Salgado

Artículo de Jesusa Cervantes publicado el 29 de enero de 2015 en la revista Proceso

Los defensores de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, confían en el que fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acusación para que ella recupere la libertad. El diputado perredista Roberto López Suárez relata las maniobras del exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien movió incluso a la señora Isabel Miranda de Wallace y a Alejandro Martí para impedir la liberación de Nestora, y de paso exhibe las turbias andanzas del exfuncionario.

Integrantes de la CRAC exigen la liberación de Nestora Salgado. Foto: Jessica Torres

Integrantes de la CRAC exigen la liberación de Nestora Salgado.
Foto: Jessica Torres

Nestora Salgado García afectó el negocio del grupo criminal Los Rojos en Olinalá y detuvo la trata de personas en la región, concluye la comisión plural de diputados federales que promueve la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), quien desde el 21 de agosto de 2013 está presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.

El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.

Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.

El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.

El diputado federal López Suárez comenta que el domingo 11 –tres días después de la petición del gobernador al fiscal–, autoridades de Guerrero le advirtieron que Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, se pronunciaron contra la libertad de Nestora pues, arguyeron, “ha indignado a sus víctimas y sus familiares”.

Al conocerse la petición de Ortega Martínez, cuenta López Suárez, Martínez Chávez localizó a una de las presuntas víctimas de la comandante de la PCO para que contara a los medios las atrocidades que sufrió por parte de Nestora, quien la tuvo encarcelada para “reeducarla”. El exsubprocurador también se acercó a Miranda de Wallace y a Martí para decirles que ella es una “secuestradora peligrosa”.

Martínez Chávez, dice el legislador, fue subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero y antes fungió como abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de los bares Cadillac y Lobohombo en la Ciudad de México.

Durante un tiempo él fue defensor de giros negros en el Distrito Federal e incluso en un principio litigó en favor de 14 personas que trabajaban en el bar Cadillac, detenidas en un operativo de julio de 2013 acusadas de presunta participación en la trata de personas.

Y ese es uno de los delitos que Nestora combatió en Olinalá cuando estuvo al frente de la PCO, por considerar que era explotación sexual y laboral que afectaba a mujeres y hombres: a ellas las prostituían, a ellos los integrantes de Los Rojos los usaban para el trasiego de drogas, como sicarios y para cometer actos de extorsión.

Ella afectó la ruta del trasiego de droga y el abigeato de ese grupo criminal, recuerda López Suárez. E insiste en que Martínez Chávez está detrás de las denuncias de Miranda de Wallace. Hay elementos que nos llevan en esa dirección; uno de ellos, dice, es que el único que sabía dónde estaban las presuntas víctimas de Nestora es precisamente Martínez Chávez.

Sin embargo ellas aparecieron en la conferencia organizada el lunes 12 por Miranda y Martí para dar a conocer fragmentos de la grabación de un encuentro del 1 de julio de 2014 en el cual participaron, entre otros, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador guerrerense Iñaki Blanco y el propio Martínez Chávez, sostiene el legislador.

Asimismo entregó a Proceso la versión íntegra de lo que se dijo en esa reunión en la cual Blanco, custodiado por Martínez Chávez, se lanzó contra Nestora y defendió a sus presuntas víctimas. Ese mismo discurso fue presentado por la señora Miranda en su conferencia de prensa.

El arresto

El 27 de octubre de 2012 Nestora Salgado fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, municipio que colinda con Puebla y donde, según las autoridades federales, está asentado el grupo criminal de Los Rojos.

Diez meses después, a mediados de agosto de 2013, un grupo de ganaderos fue emboscado. Dos de ellos murieron y uno desapareció. Los familiares acudieron con el síndico procurador del ayuntamiento, Armando Patrón Jiménez, a levantar la denuncia, pero no se les atendió.

Decidieron ir con Nestora, entonces dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien sí los atendió. Y cuando fue a recoger los cuerpos de los ganaderos encontró a Patrón Jiménez en la escena del crimen, “borrando evidencias”.

Nestora lo detuvo y lo trasladó a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para que fuera juzgado. Cinco días después, en un operativo conjunto, efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la estatal la arrestaron y la acusaron de secuestro y delincuencia organizada. Liberaron al síndico y a otros 40 detenidos.

En el encuentro del 1 de julio de 2014 en Casa Guerrero con Blanco y Martínez Chávez, los legisladores perredistas y dirigentes sociales solicitaron a Aguirre Rivero la liberación de la comandante.

Según el video mostrado por el diputado­ López Suárez, ese día el procurador, respaldado en todo momento por Martínez Chávez, expuso: “Quiero hacer un respetuoso llamado para atender a las víctimas (de Nestora). Para que esta mesa esté completa se requiere la asistencia de las mismas y de sus abogados… Hago un respetuoso llamado porque (entre ellas) hay dos menores de edad.

“Pareciera que de repente queremos borrar y desaparecer a estas personas (las detenidas en la Casa de Justicia). Lo cierto es que al estar ellas en casas de justicia estuvieron en condiciones deplorables, con toda clase de castigos y el artículo 36 de la Ley 701 que reconoce usos y costumbres, no dice qué es lo que se entiende por sistema de justicia…

“El problema es que parte de las personas fueron sujetas a sanciones y medidas de rehabilitación (pero) tenemos un severo problema en cuanto a la aplicación del derecho. Estas personas no tuvieron oportunidad de defenderse y presentar pruebas de descargo.

“Y algo muy importante: no aparecen las supuestas víctimas u ofendidas; tampoco ha aparecido un expediente debidamente integrado para sustentar una impu­tación y la imposición de una sanción a estas personas.

“Reitero el caso de los menores de edad, uno de 11 y otro de 13 años. Esto me parece absurdo… ellos fueron juzgados como cualquier otra persona, sin que en ningún momento se les permitieran medios de defensa (aun cuando) ningún artículo de la ley 701 refiere que se puede solicitar dinero a cambio de que alguien sujeto a una medida de reeducación (sea liberado).”

Añadió: “Ellos temen que al ser puestos en libertad atenten contra sus personas. Nosotros, en atención a las órdenes del señor gobernador, les implementamos asistencia jurídica, psicológica y social.

“Quiero recodar que una de las personas que estuvo sometido a medidas de reeducación­ en la Casa de Justicia fue agredido a machetazos. Él hace imputacio­nes contra integrantes de la CRAC-PC, particularmente contra Nestora Salgado.”

Luego de que el funcionario, respaldado por Martínez Chávez, abogó por las supuestas víctimas, incluido el síndico Armando Patrón, Aguirre Rivero se incorporó a la reunión y declaró: “Quiero dejar muy claro que la detención (de Nestora) no fue interés del gobierno.

“De mi parte –añadió– hay la voluntad política. Si hay que trasladar a la compañera Nestora a la Ciudad de México, yo no tengo ningún problema; y si tengo que hacer alguna gestión, la haré.”

Los legisladores le mencionaron, según el video, una ley de amnistía como salida, pero le pidieron a Aguirre Rivero que su gobierno se desistiera de su acusación.

El entonces mandatario respondió: “Lo que yo no quiero es que siga en la cárcel. Para decirlo en cristiano: no me interesa. Además, ustedes han hablado con Nestora de que habrá nuevas reglas…”

“Y ella está de acuerdo”, respondieron los legisladores.

En otra parte del video se escucha a los diputados cuando le aclaran a Blanco y a Martínez Chávez que ellos no estaban ahí para tomar clases de derecho, sino para encontrar una vía política y la pronta liberación de Nestora.

La andanada de Miranda

Después de que un juez federal reconoció que Nestora Salgado fue nombrada comandante por usos y costumbres, consideró que no cometió ningún secuestro, pues sólo cumplió con sus obligaciones, y la exculpó del presunto delito de delincuencia organizada, el jueves 8 el gobernador interino Rogelio Ortega pidió a la autoridad local desistirse de esos cargos.

Entonces Miranda de Wallace y Martí exigieron a Ortega Guerrero respetar la autonomía del fiscal Godínez Muñoz en el caso de Nestora y presentaron en la conferencia de prensa del lunes 12 a una de las presuntas víctimas de la comandante: Dulce Rubí Burgos Pérez, quien dijo haber sido detenida por la CRAC-PC el 8 de junio de 2013.

“El lugar donde estuvimos era horrible, fue lo peor que nos pudo haber pasado en la vida. Había ahí menores de 13 años; nos golpeaban, nos maltrataban… Por las malas condiciones en que nos tenían nos salieron piojos.

“Yo soy una víctima de secuestro de la señora Nestora Salgado. Como víctima sólo pido que se haga justicia… Y es que el tiempo que estuvimos ahí encerradas no nos daban de comer. Nos ponían a trabajar muy duro. Yo estuve enferma los tres meses y nadie me atendió”, narró Burgos.

El martes 13, Francisco Flores Jiménez, otro de los presos en la Casa de Justicia liberados en agosto de 2013 por las fuerzas especiales, organizó una conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad de México, para dar su versión:

“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas (en alusión a Dulce Rubí). No es verdad, la señora Nestora siempre nos trató (bien), de una manera que valorizáramos las cosas, el trabajo y a los compañeros de la (Policía) Comunitaria; nos daba comida buena, de la que había”, expuso.

Sobre las menores detenidas dijo que sus madres, que hoy son las principales acusadoras de la comandante detenida, le pidieron que ingresaran a sus hijas en la Casa de Justicia, porque “no entendían”.

También reveló que el día que lo liberaron junto con el síndico Armando Patrón y otros presos, el funcionario “nos dijo a todos que denunciáramos a Nestora Salgado por secuestro. Yo me negué”.

Después de la conferencia, Flores Jiménez regresó a Olinalá. Pero tuvo que salir de la comunidad, pues Patrón los amenazó a él y a su familia y le advirtió que no siguiera hablando, comenta el dipu­tado López Suárez.

El viernes 23, dice, Flores Jiménez pidió protección al gobierno estatal ante las amenazas de síndico. El secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, le propuso presentar una denuncia formal contra su acosador para poder ayudarle.

Asimismo, insiste, fue Martínez Chávez quien puso en contacto a las personas liberadas de la Casa de Justicia con Miranda de Wallace, “pues él fue abogado en el caso de su hijo desaparecido”.

Martínez Chávez defiende lo mismo a propietarios de giros negros, como Alejandro Iglesias Rebollo, que a las madres de Jerzy Ortiz Ponce y Said Sánchez, hijos de presuntos capos de la droga en Tepito, quienes desaparecieron en el bar Heaven en mayo de 2013.

Fue él quien formó el expediente contra los implicados en el Pemexgate al ser asignado al Ministerio Público de la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.

López Suárez reitera: detrás de Miranda de Wallace y de Martí está el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, “pues sabe que si Nestora sale libre va a detallar cómo le armaron delitos y cómo convencieron a la gente para que la acusaran de secuestro”.

Alejandro Martí ha sido mal informado sobre el caso Nestora, comenta el legislador, pero Miranda sí tendría que explicar “cuál es su relación con Martínez Chávez, vinculado con tráfico de mujeres de Europa y Centroamérica”.

Proceso buscó a Martínez Chávez en la agrupación de Miranda de Wallace para conversar con él, pero no lo encontró.

Defensa de Cassez demanda a Calderón, García Luna, Televisa y Loret por 36 mdd

Artículo publicado el 26 de enero de 2015 en la revista Proceso.

Florence Cassez a su llegada a Francia.  Foto: AP / Christophe Ena

Florence Cassez a su llegada a Francia.
Foto: AP / Christophe Ena

José Patiño, abogado de Florence Cassez, anunció que presentó una demanda por 36 millones de dólares por el delito de daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, el exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la empresa Televisa, el locutor Carlos Loret de Mola y el reportero Pablo Reinha, entre otros.

El monto de la demanda obedece a “la capacidad económica” y porque a Cassez “la mataron en vida”, argumentó el abogado.

El periódico La Jornada publica hoy una entrevista con Patiño quien le detalla que Cassez incluyó como responsable del daño moral a Luis Cárdenas Palomino, exdirector general de Investigación Policial de la AFI; a Israel Zaragoza Rico, titular en ese momento de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro; a Facundo Rosas, exfuncionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada y al actual senador Roberto Gil Zuarth, en ese entonces secretario particular de Calderón Hinojosa.

Y hoy, en entrevista con MVS Noticias, Patiño defendió la decisión: “Si no la defendemos ahora, cualquiera de nosotros puede ser acusado de manera injusta y señalado por la sociedad. El delito, es un delito doloso no culposo pues supieron que era ilegal”, refirió el abogado.

El pasado jueves 23 de enero se cumplieron dos años de la liberación de Cassez, quien pasó siete años en prisión acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Ese día la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa bajo el argumento de que su detención fue producto de un montaje televisivo y “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión”.

El PRD enfrenta a Wallace

Los corruptos Miranda de Wallace y Alejandro Martí se oponen a liberación de Nestora Salgado. Cuartoscuro/Archivo

Los corruptos Miranda de Wallace y Alejandro Martí se oponen a liberación de Nestora Salgado.
Cuartoscuro/Archivo

Artículo del 16 de enero de 2015 publicado en la revista Proceso.

PRD avala desistimiento de la acción penal contra Nestora Salgado

La dirigencia nacional del PRD defendió la decisión del gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, de solicitar al fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal en contra Nestora Salgado García.

Nestora es integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, una policía comunitaria que opera en el municipio de Olinalá, en la región de La Montaña de Guerrero. Fue detenida el 21 de agosto de 2013, acusada de secuestro.

Según el PRD, dicho caso es un tema de derechos humanos, no de delincuencia organizada, como pretenden hacerlo creer activistas como Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Marti, México SOS.

“Su actividad para resguardar la seguridad pública en su región se deriva de una vocación de servicio y no con fines de lucro, por lo tanto, sus familiares acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión”, dijo la dirigencia nacional perredista en un comunicado.

El martes anterior legisladores del PRD dieron a conocer más elementos que desmiente a sus acusadores y revelaron que la verdadera razón de su detención fue por tocar intereses del crimen organizado.

El PRD criticó a Miranda de Wallace y Martí por su abierta oposición a la liberación de Nestora.

La señora Wallace tiene un conflicto de interés debido a que su abogado Ricardo Martínez Chávez, quien fue subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero y está involucrado en las falsas afirmaciones, por lo que defiende la teoría de que Nestora se dedica al secuestro.

“Sin embargo, al Lic. Martínez Chávez se le ha relacionado con el tráfico y trata de mujeres; además de que se ha caracterizado por defender a lugares que promueven éstas prácticas como el Cadillac y el Playboy, por lo que su credibilidad está en entredicho”, agregó.

Asimismo acusó a Wallace de querer llamar la atención porque pretende ser candidata a un cargo de elección popular.

La señora Wallace busca llamar la atención con el caso de Nestora: PRD

Artículo del 16 de enero de 2015 publicado en la Crónica.

La dirigencia nacional del PRD salió en defensa del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, y de sus diputados, que impulsan la liberación de la comandante Nestora Salgado García, integrante de un grupo de policía comunitaria acusada de secuestro.

El sol azteca acusó a Isabel Miranda de Wallace de buscar llamar la atención porque busca ser candidata a algún cargo de elección popular en las próximas elecciones del 7 de junio, donde se renovará la Cámara de Diputados entre otros cargos.

“Por cómo se han dado los hechos se infiere que seguramente la señora Wallace quiere llamar la atención y puede deberse a que esté buscando ser candidata a algún puesto de elección popular”, acusó el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que encabeza, Carlos Navarrete.

Los perredistas aseguraron que el caso de Nestora Salgado es más un asunto de derechos humanos y no de delincuencia organizada, como acusan Wallace y Alejandro Martí.

Asimismo acusaron que Wallace enfrenta  un conflicto de interés debido a que su abogado, Ricardo Martínez Chávez, quien fue subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, está involucrado en  falsas afirmaciones, además de que se le ha relacionado con el tráfico y trata de mujeres.

Asimismo—agregaron–  se ha caracterizado por defender a lugares que promueven éstas prácticas como el Cadillac y el Playboy, por lo que su credibilidad está en entredicho.

En días pasados, Wallace , acompañada de  Alejandro Martí, denunciaron que los diputados del PRD, Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria y Vicario Portillo Martínez, negociaron e incluso presionaron al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, para que su gobierno se desistiera de procesar a la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, policía Comunitaria en el municipio de Olinalá, en la región de La Montaña de Guerrero, presa desde el 21 de agosto de 2013, acusada de secuestro.

Pero la dirigencia del sol azteca aseguró que la  defensa de los derechos humanos, en este caso la de Néstora Salgado, no puede considerarse tráfico de influencias y por ello pidió a los actvistas cesar el “hostigamiento” hacia sus  diputados federales..

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Sigue la barbaridad: “Reportan desaparición de otros 31 estudiantes en Cocula”

Artículo publicado en la revista Proceso

Por Jorge Carrasco Araizaga

Fecha: el 26 de noviembre del 2014

Una de las madres de los jóvenes desaparecidos en Cocula.  Foto: France24

Una de las madres de los jóvenes desaparecidos en Cocula.
Foto: France24

La televisión francesa informó que dos meses antes del caso de los 43 normalistas en Iguala, otros 31 jóvenes del vecino municipio de Cocula fueron desparecidos por la delincuencia.

El canal de televisión France 24 difundió la noche del miércoles que los jóvenes, estudiantes de secundaria, están desaparecidos desde el 17 de julio pasado, pero el caso quedó en el silencio por el temor de la población ante las amenazas de los autores.

Los testimonios recabados por la televisora aseguran que el último día de clases antes de las vacaciones de verano, hombres encapuchados, vestidos de azul marino y que al parecer se desplazaban en vehículos policiales, secuestraron a los jóvenes cuando salían de la secundaria Justo Sierra.

La escuela se encuentra a un costado de la presidencia municipal de Cocula, cuya policía está involucrada en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aunque hubo testigos del secuestro, cometido a plena luz del día en la plaza principal del municipio, ni éstos ni mucho menos los familiares de las víctimas habían querido dar a conocer el caso.

La cobertura periodística nacional e internacional de los 43 normalistas de Ayotzinapa, animó a la madre de una de las jóvenes desaparecidas a dar su testimonio a la corresponsal de France 24, Laurence Cuvillier.

“El 17 de julio llegaron los sicarios y se llevaron a mi niña y a otros más cuando salía de la escuela… La gente que estaba ahí no se movía porque tenía miedo porque los sicarios los habían amenazado”, declaró una mujer a la televisora.

Otros testimonios fuera de cámara confirmaron el secuestro de los jóvenes.

El caso fue publicado también este miércoles por el diario francés Le Monde, que en un editorial publicado el fin de semana aseguró que las manifestaciones en México por la desaparición de los normalistas son contra el Estado mafia que ha surgido en el país.

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