Entre arrogancia e inseguridad: Huele a corrupto

Artículo publicado en el Diario de Yucatán

Por Sergio Aguayo Quesada

Fecha: el 1 de noviembre del 2014

Miente Raúl Plascencia cuando asegura que los “editores y colaboradores” de “Reforma” hemos lanzado una “campaña de desinformación y desprestigio” en su contra. Que mejor explique de dónde salieron los 20 millones para su nueva casa o enumere los organismos “afines” a los que entregó fondos de una partida de 176 millones de pesos.

El 20 de octubre “Reforma” publicó una investigación hecha por Ernesto Núñez sobre la nueva residencia del ombudsman. Su valor estimado es de 20 millones y está a nombre de la esposa. Al día siguiente un funcionario de la CNDH envió una carta donde en tres ocasiones habla de una “campaña de intimidación” fruto de “revanchas políticas” que ponen a Plascencia y a su familia como “blanco de la delincuencia”.

Ese mismo día Plascencia lanzó ideas similares en el noticiario que conduce Óscar Mario Beteta en “Radio Fórmula”. Su principal protectora en la sociedad civil, Isabel Miranda de Wallace, se ha sumado a la tesis de una “campaña sistemática” de quienes ven a la CNDH como un botín.

Es una defensa con la solidez de una burbuja de jabón. En ningún momento Plascencia desmiente la información, tampoco esclarece el costo de la casa o los ingresos de su esposa, ni hace públicas sus declaraciones patrimoniales (no está obligado legalmente pero es indispensable, dada la gravedad de la acusación). Plascencia imita a una larga lista de corruptos ilustres que nos regalan cubetas de saliva en lugar de evidencia documentable.

Con los ingresos conocidos de la pareja no alcanza para una residencia tan cara. Plascencia salió adelante por los esfuerzos de una madre enfermera e hizo toda su educación en escuelas públicas. Migró al Distrito Federal para inscribirse en la UNAM y empezó a trabajar como Técnico Académico Auxiliar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Luego llegó a la CNDH invitado por José Luis Soberanes. Por aquellos años conoció en Iguala, Guerrero, a la que sería su esposa que tampoco tiene fortuna familiar. En síntesis, se antoja muy difícil que hubieran podido ahorrar los 20 millones. Hay otras opacidades en la gestión del actual ombudsman.

La CNDH es el organismo público de derechos humanos más rico del mundo. La partida dedicada a mantener relaciones de colaboración con “organismos afines nacionales e internacionales” ha tenido una evolución curiosa durante los cinco años que Raúl Plascencia ha sido el defensor de derechos humanos. En el quinquenio ha ejercido unos 176 millones, pero casi la mitad (85 millones) se concentran en 2013 y 2014. ¿A dónde fue el dinero?

Raúl Plascencia oscila entre la arrogancia y la inseguridad. Persigue con determinación un lugar en los presídiums del poder, pero evita situaciones en las cuales pueda ser cuestionado. Su currículum vítae de 2013 (tomado de su página en internet) tiene 105 cuartillas de autoelogios y ambigüedades incomprensibles (no establece con precisión los años en los cuales hizo estudios). Esta personalidad explica que no se presentara personalmente a presentar su candidatura (los demás sí lo hicieron).

En su lugar fueron, como mandaderos, los presidentes de las comisiones de derechos humanos del Estado de México, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa. Llevaban 13 cajas que contenían las firmas de apoyo de 2,650 organismos, instituciones e individuos. La Comisión de Derechos Humanos del Senado todavía no sube estos textos, pero valdría la pena ver cuántos de esos organismos recibieron algún subsidio de la millonaria bolsa a disposición de Plascencia. ¿Estamos acaso ante un “maiceo derechohumanista”?

El forcejeo en el Senado es feroz y con razón dada la tragedia humanitaria que aqueja a México. Por ello, es indispensable que las y los senadores piensen sobre todo en lo que necesitan las víctimas. Raúl Plascencia ya ha demostrado ampliamente su falta de compromiso y sensibilidad. Falta saber la probidad con la cual manejó sus presupuestos.

Esperemos que algún senador le pregunte sobre la residencia de 20 millones de pesos o sobre el porcentaje de los 176 millones que tal vez dedicó a comprar la voluntad de comisiones estatales y organismos civiles. Urge fiscalizar mejor a los organismos autónomos.

Ni “Reforma”, ni el que escribe ni otros columnistas tenemos una “campaña” contra Plascencia. Hacemos, eso sí, preguntas incómodas que, al carecer de respuesta, me permiten afirmar que México tiene un ombudsman que armoniza con nuestra vida pública: huele a corrupto.

Wallace y la CNDH (Raúl Plascencia) (3)

#NoMasConPlascencia
#UnaCNDHconlasVíctimas

 

Artículo publicado en Criterio Hidalgo

Por Silvia Garduño

El 14 de octubre del 2014

Raúl Plascencia Villanueva fue propuesto como titular de la CNDH por Isabel Miranda de Wallace
Raúl Plascencia Villanueva fue propuesto como titular de la CNDH por Isabel Miranda de Wallace

Bajo la gestión de Raúl Plascencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha contratado entre su personal a gente cercana a políticos panistas y priístas.

Bajo la gestión de Raúl Plascencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha contratado entre su personal a gente cercana a políticos panistas y priístas. Al menos 15 funcionarios que laboran o han laborado en la CNDH durante la gestión de Plascencia vienen de estos partidos políticos que lo apoyaron en el proceso de elección de 2009.

Hannia Echeverría Cerisola, directora general del programa de trata de personas de la CNDH, fue colaboradora en el PAN del Distrito Federal de la senadora Mariana Gómez del Campo, una de las principales impulsoras de Plascencia al frente de la CNDH.

Carlos Zardaín Escudero, director del programa de atención a víctimas del delito, fue director jurídico del PAN-DF, cuando Gómez del Campo era la presidenta del Comité Directivo local.

El hermano de Mariana Gómez del Campo, Antonio Gómez del Campo, fue director general adjunto de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo en el primer año de la gestión de Plascencia.

Verónica Miranda Mondragón, directora de seguimiento con el Poder Legislativo de la Secretaría Técnica de la CNDH, es sobrina de Isabel Miranda de Wallace, candidata a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal por el PAN en 2012 y una de las principales promotoras de Plascencia durante el proceso de elección del ombudsman nacional en 2009.

Entre 2009 y 2010, Omeheira López Reyna, exdiputada federal del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, fungió como directora del programa de trata de personas de la CNDH.

Por parte del PRI, Javier Sepúlveda Amed, actual director del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, fue director general jurídico y exconsultor jurídico de Manlio Fabio Beltrones en el Senado.
Alicia Pavlovich Arellano, visitadora adjunta de la oficina de la CNDH en Nogales, es hermana de la senadora del PRI, Claudia Pavlovich Arellano.

En 2010, Ana Darbella Cas-tro Álvarez, hija de Fernando Castro Trenti, actual embajador de México en Argentina, se desempeñó como directora de análisis y divulgación de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH.

Hasta mayo de 2014, el excandidato del PVEM por el distrito VIII de Baja California, Manuel González Martínez, y cercano a Fernando Castro Trenti, se desempeñó como director general adjunto de formación y educación en derechos humanos de la Secretaría Técnica de la CNDH.

El actual dirigente de la CNC en Baja California, Francisco Javier Cital Camacho, fue director general adjunto de formación y educación en derechos humanos de la Secretaría Técnica de la CNDH, y, al igual que Daniel Romero Mejía, quien fungiera como tercer visitador del organismo, también es cercano a Castro Trenti.

Juicio político contra el titular de la CNDH. Raúl Plascencia Villanueva

Artículo publicado en SDP noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 25 de septiembre de 2014

Nota: El artículo siguiente expresa la opinión de su autor con respecto a la denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva. Sin embargo, no refleja necesariamente la opinión del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El día de ayer por medio de un comunicado de prensa emitido por el Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas, informaron que “más de 85 personas y ONG´s” presentaron ante la Cámara de Diputados denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, bajo los argumentos de “faltar a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos; y la utilización de la institución a “modo” y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.”

Asimismo se enlistan las presuntas omisiones en que ha incurrido Plascencia Villanueva durante el ejercicio de sus funciones como Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las cuales, a juicio de los denunciantes, además de tener conocimiento pleno de las violaciones que se enumeran a continuación, ha solapado en su calidad de “ombudsman nacional”:

Las setenta mil personas asesinadas  en el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 1º de diciembre del 2012, es decir, durante el mandato de Felipe Calderón.

Los “miles” de migrantes calificados como secuestrados, pero que también fueron y son desaparecidos, desaparecidos forzosos, extorsionados, reclutados para trata, el crimen organizado, asesinados, etcétera.

Las 1.6 millones de víctimas de “desplazamiento forzado” a consecuencia de la violencia del crimen organizado.

Los “cientos de miles de personas” detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes sin haber comprobado su culpabilidad o inocencia, en el período del 2006 al 2012, de igual manera, en el ejercicio del mandato de Felipe Calderón.

Las 25,276 personas desaparecidas en el período del 1 de diciembre del 2006 al 1 de diciembre del 2012, y 23,322 personas del 1  de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014, donde ya corresponde una parte al ejercicio del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto.

La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática.

El caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes.

“Los hechos del 1 de diciembre del 2012” en la Ciudad de México, donde no se especifican los mismos.

Las reformas a las Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Las restricciones a la libertad de expresión en “la reglamentación de la protesta social”, donde tampoco se especifican las circunstancias de modo y tiempo de tales restricciones.

La nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos.

El incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.

El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros Generales del Ejército Mexicano, acusados “de oídas” por “testigos protegidos”.

El caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas.

El caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron.

Los casos de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia.

Recomendaciones para “desacreditar a personas e instituciones” como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Lic. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, al Dr. Luis González Plascencia su homólogo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde no se especifica en qué consisten tales descréditos y las circunstancias en que se dieron.

Todos estos casos, de acuerdo con el boletín de prensa del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas están detalladamente documentados en la denuncia de juicio político que fuera presentada ante la Cámara de Diputados el día de ayer, pero conforme a derecho, siendo objetivos, tanto la CNDH, así como todas y cada una de las estatales, incluyendo la del Distrito Federal, son retóricos “organismos constitucionales autónomos” los cuales dependen claramente del Ejecutivo en los dos primeros niveles de gobierno (Federal y Local), ya que se encuentra la injerencia tanto de este poder, como del Legislativo en la toma de decisión para la elección del ombudsman y no es un secreto, máxime que, en el caso en concreto, bien vale la pena colegir, que de acuerdo con el artículo 102 constitucional que las Comisiones de Derechos Humanos exclusivamente conocen de “quejas” en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, y lo más claro:  estos organismos únicamente formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Es debido a lo anterior, que estas Comisiones son organismos que además de no servir, de ser verdaderos “elefantes blancos” creados con la flagrante intención de justificar o mejor dicho “gastar” el presupuesto, lo único que realizan es como ya se mencionó emitir sus “recomendaciones” que en estricto derecho no sirven de nada a la sociedad, y para dar “asesorías”, o ser organismos de gestión para que nada más se canalicen “las quejas o denuncias” a la autoridad competente, es decir, es un mero círculo vicioso que en el mejor de los casos sirve para “hacerle presión a la autoridad” mas no para obligarla en ningún momento, dado a que se insiste, y no lo digo yo, sus recomendaciones son eso nada más y mucho menos tienen carácter vinculatorio.

Es por lo anterior que el actual titular de la CNDH, es únicamente la “figura representativa o personaje” que representa en “eventos” a este organismo, pero, en el caso historico de que verdaderamente la Cámara de Diputados actuara contra el funcionario en lo que concierne a las omisiones de las recomendaciones que debió haber emitido en su momento por los casos que fueran enlistados; siendo en todos y cada uno de los casos penalmente responsables de las acusaciones contra Plascencia Villanueva el ex Presidente Felipe Calderón, el ex Secretario de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, los ex Procuradores del mandato calderonista, el actual Enrique Peña Nieto,  así como el actual Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, este último mediante juicio político, que siendo realistas mis queridos lectores, ¿realmente creen que proceda algo en contra de todos estos personajes, en específico contra Plascencia Villanueva que es el caso que nos ocupa en esta columna?

En mi opinión estos organismos de Derechos Humanos bien deberían de ser extinguidos por intrascendentes e inservibles, o en su defecto, elaborar una verdadera reforma constitucional, como aquella del 2011 donde fueron reconocidos estos “Derechos”, en la cual ejerzan las funciones de autoridad que como órganos públicos autónomos deben tener dentro de las cuales realmente emitan no recomendaciones, sino resoluciones y sanciones para que cumplan con su verdadero objetivo que es la salvaguarda de los Derechos Humanos tanto de víctimas como de la sociedad en su conjunto.

Germán Martínez Cázares: “Si Raúl Plascencia tiene vergüenza, debe declinar de la CNDH”

Artículo publicado en Noticias Terra.mx

Por Germán Martínez Cázares

El 29 de septiembre de 2014

Para Germán Martínez Cázares, el “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga.

Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..  Foto: Agencia Reforma
Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..
Foto: Agencia Reforma

Si Raúl Plascencia Villanueva tiene vergüenza pública debe declinar su aspiración de reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tlatlaya lo desnudó. Dejó al descubierto el peor defecto de un ombudsperson: inclinarse por utilidad política.

¿No tenía tiempo para investigar una masacre de 22 personas en el Estado de México, porque al mismo tiempo diseñaba, calculaba y recababa apoyos para su reelección, con un regaño al gobierno de Puebla? ¿Mutis en Tlatlaya, gritos justicieros en Ocoyucan?

Al doctor Plascencia se le nota feliz con el lucimiento personal, el dolor de las personas parece incomodarle. Su desempeño en muchas ocasiones es frívolo, en otras, deficiente por genuflexo frente al poder.

Se extraña aquella comisión nacional de Jorge Carpizo, fuente de autoridad cívica y decoro profesional, porque en los últimos cinco años -y con un presupuesto similar al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- el señor Plascencia ha convertido a la CNDH en un tiliche burocrático al servicio de contrataciones personales, ataques políticos y venganzas privadas.

El “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga. Guarda expedientes como amenazas o premios en su cajón, ¿no? Fueron “tiempos largos” para resolver el caso Ayotzinapa, en cambio, cuando los medios descubrieron el bochornoso asunto de Genaro Góngora Pimentel, ordenó resolver con urgencia. “Recomendación” dura y puntual a su adversario el abogado general de la UNAM, por acoso sexual de un profesor, pero para sus cuates un silencio cómplice. Las denuncias por hostigamiento laboral, recién le preguntó la senadora Saldaña, ¡en su propia oficina!, ¿para cuándo?, ¿ya investigó en su oficialía mayor?

El ombudsman nacional presume la creación de la Sexta Visitaduría especializada en tutelar derechos laborales, económicos, culturales y ambientales. ¿Qué hizo en los últimos desastres ecológicos de Sonora, Tamaulipas y Veracruz? ¿Algún pronunciamiento sobre el asistencialismo gubernamental en el combate a la pobreza? ¿Algún reclamo por la confiscatoria reforma fiscal?

Quizá con demasiada frecuencia en la oficina del señor Plascencia se usa la palabra “remitir”. La CNDH puede ordenar la “remisión” de las denuncias a los órganos estatales (además reenvía a defensorías públicas y por “orientación directa” a distintas dependencias). ¿Acaso ese escurridizo trámite de endosar asuntos es el motivo de la disminución de quejas? ¿El gobierno de Peña comparte ese espejismo?

Después de Tlatlaya el compromiso del PRI con los derechos humanos se medirá a la hora de examinar al doctor Plascencia para ratificarlo. El gobierno debe saber que una tapadera

CNDH ha fallado su misión por corrupción y tráfico de influencias: ONG

Artículo publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 10 de octubre de 2014

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en voz de su presidente David Bertet, se pronunció en contra del tráfico de influencias para elegir al nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Observó casos de corrupción en esta institución que ha afectado la vida de muchas familias, por lo que opinó que no debería elegirse para esta tarea a personas que llegaron a ocupar altos cargos políticos por el nivel de compromisos que establecen con particulares y grupos de poder.

Bertet, quien también fue uno de los firmantes para promover el juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva por su omisión en cientos de casos graves de violaciones de derechos humanos, recordó que Plascencia fue elegido como titular de la CNDH por la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, denunciada ante la PGR por simular el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace. “Lo que resulta particularmente sintomático de una gravísima desviación del sentido ético dentro del sistema de justicia mexicano”, dijo el activista.

Enfatizó Bertet que la CNDH falló con su misión en el registro puntual de las violaciones de derechos humanos. “No solamente por la decena de familias víctimas de servidores públicos corrompidos por la misma persona que impulsó a Plascencia, Isabel Miranda de Wallace, sino por la división artificial que se hizo entre derechos humanos y privilegios de las personas que se autoproclamaron «víctimas» sin serlo, como esta señora”.

cndhmiranda

El falso caso Wallace favorecido por Plascencia

El activista canadiense, David Bertet, quien ha impulsado los trabajos de investigación sobre el falso secuestro y homicidio de Wallace, sostuvo que “con Plascencia se rompió la coherencia de las leyes y de la Constitución mexicana para favorecer intereses privados” y mencionó que entre éstos, los de la persona que lo propuso en ese cargo público.

Un ejemplo de la gravedad de las faltas en las que incurrió Plascencia como titular de la CNDH fue la omisión de tortura en el caso de Brenda Quevedo Cruz, y en el de cuatro personas más inculpadas para sostener el falso secuestro Wallace, más aparte se omitió la documentación de detenciones arbitrarias, privación de libertad y abuso de poder de funcionarios contra familiares de las víctimas.

Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presentó la denuncia formal contra Plascencia ante la Procuraduría General de la República el 23 de mayo de 2013, por su omisión en las violaciones de derechos humanos a su hija perpetradas desde septiembre de 2009 y octubre de 2010. Al denunciar los hechos en primera instancia a la CNDH, la respuesta de esta institución fue que el caso no era de su competencia sino del Ministerio Público, pese a que se especificaba el abuso de autoridades judiciales, como la participación directa de agentes ministeriales en la tortura física y violación a la víctima, y posteriormente el resultado positivo del Protocolo de Estambul con el que se validaba la tortura.

Denuncia ante la PGR contra Plascencia.

Un caso similar fue el de Alberto Castillo Cruz, inculpado por el mismo falso secuestro, quien fue torturado también en octubre de 2010 para obligarlo a incriminarse y a pedirle perdón a Isabel Miranda. Su madre, María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante presentaron la denuncia de hechos a la CNDH y ésta volvió a omitir su intervención y a responder que no era de su competencia; por lo que fue denunciado nuevamente Raúl Plascencia ante la PGR.

Otras de las quejas omitidas, éstas desde 2006 a 2010, por la CNDH que afectó fatalmente a una de las víctimas de violaciones de derechos humanos fue la interpuesta por la madre y la hermana de César Freyre Morales, culpable fabricado del mismo caso Wallace. María Rosa Morales y la ya fallecida Julieta Freyre, fueron encarceladas por año y medio a raíz de las denuncias de Miranda por falsos delitos, mientras que la CNDH volvió a omitir sus recomendaciones a los funcionarios públicos implicados en esta situación.

“Tal complicidad entre Plascencia y la persona que inventó el secuestro y homicidio de su hijo, es el ejemplo más emblemático de la corrupción no sólo dentro de la CNDH, sino de las instituciones de justicia del Estado mexicano”, comentó al respecto Bertet para Los Ángeles Press, y advirtió que “mientras el tráfico de influencias sea la regla implícita en la elección del Ombudsman mexicano, las verdaderas víctimas seguirán indefensas y su sufrimiento será ignorado”.

Respecto a la posibilidad de que Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, se convierta en el sucesor de Plascencia como titular de la CNDH, Bertet expresó su preocupación: Simplemente por el hecho de que ese precandidato ya ejerce actualmente una función pública, y su candidatura es impulsada por el PRI, eso debería ser suficiente para descartarla. México merece que una institución del tamaño de la CNDH sea realmente independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, y no una puerta más para beneficiarse del tráfico de influencias”.

Respuesta a Jorge Fernández Menéndez

Pascal Beltrán del Río

Director editorial

Excélsior

 

En apego a nuestro derecho de réplica, pido atentamente la publicación de nuestra misiva al articulista Jorge Fernández Menéndez  quien publicó el día de ayer un artículo titulado “Cassez y Brenda: dos secuestradoras, una estrategia”.

 

El autor de este artículo se dirige a nosotros, por lo que queremos y debemos contestar.

 

En primer lugar, Ud. Sr. Menéndez, sugiere –más bien afirma– que existe algún tipo de “parentesco” entre el caso de Florence Cassez y el caso de Brenda Quevedo Cruz; y escribe: “Florence Cassez fue liberada ignorando la prueba más importante que existía en su contra: las declaraciones de las víctimas…”. Un periodista con ética profesional, y respetuoso de las instituciones pilares del Estado de Derecho, no ignoraría deliberadamente lo que no decide ignorar:

–          El hecho de que las supuestas víctimas en caso Cassez / Vallarta se prestaron al montaje mediático de las autoridades, que todas sus declaraciones carecen de validez ya que fueron obtenidas a raíz del montaje y no independientemente de ello;

–          Que Florence Cassez no fue liberada por acuerdos políticos sino por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya decisión honra a México y fue saludada a nivel internacional. Son pocas las veces que México se distingue por su apego a los derechos humanos.

–          Que el hecho de manchar el nombre de Florence Cassez al señalarla de delincuente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó precisamente invalidar la totalidad de las supuestas pruebas en su contra por haber sido obtenidas de manera ilegal, mediante la violación sistemática a los derechos humanos fundamentales,los cuales protegen a todos los ciudadanos contra las arbitrariedades del poder. Esto, Sr. Menéndez es prueba de su profunda o deliberada ignorancia puesta al servicio de la mentira.

 

Sin embargo, el punto de nuestra respuesta a su artículo, Sr. Menéndez, no es el de volver al caso de Florence Cassez, a quién hemos defendido a lo largo de su infierno de más de siete años, y de la que sabemos –porque nosotros sí investigamos– es totalmente inocente, y no solamente inocente, sino víctima de un sistema de fabricación de culpables del cual la familia Vallarta también es víctima y cuyos responsables tenemos perfectamente identificados. Florence Cassez fue y sigue siendo víctima de esta epidemia de fabricación de culpables en México, epidemia a la propagación de la cual contribuyen periodistas como Ud., Menéndez. Para nosotros es un honor haberla defendido, haber trabajado de manera voluntaria durante más de cinco años. Y seguiremos defendiendo su nombre, su memoria, su inocencia y su dignidad. Gracias a ella, se ha abierto en México, un estrecho camino, pero al fin camino, hacia un verdadero sistema democrático en el que no se tolera ninguna violación a los derechos humanos. Si Ud. no lo puede reconocer o por lo menos intuir, Sr. Menéndez, entonces no merece el título de periodista y el derecho a la expresión que acompaña ese título.

 

Podríamos evidenciar o recordar cómo evidenciamos y de qué manera Isabel Miranda de Wallace se involucró en el caso Cassez; no para defender a las supuestas víctimas, sino por complicidad con Eduardo Margolis. Lo demostramos en su momento en múltiples ocasiones, y nuevamente le aconsejamos Sr. Menéndez que haga lo que todavía no ha hecho: nada más el trabajo periodístico que le incumbe. Con ello sabría la verdad.

 

Con respecto al caso Wallace, y las publicaciones de Proceso en México y Los Ángeles Press en Estados Unidos,  es un hecho que Isabel Miranda de Wallace no tiene todas las respuestas a la mano. En vez de ello, ella y sus consejeros se han enfocado en descalificar a la periodista Anabel Hernández, y a prestarle una intención vengativa, e incluso personal contra ella, cuando lo que está en juego es la verdad, la vida de los inculpados, la de su propio hijo, y sobre todo la de un sistema de justicia agonizante. Isabel Wallace se presenta nuevamente como víctima, blanco de una ofensiva generalizada en su contra, simplemente por haber defendido el derecho de las supuestas víctimas y haberse opuesto a la liberación de Florence, desviando el punto central de las investigaciones recientemente publicadas por los medios ya mencionados: los rastros de vida de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, después de la fecha de su presunto homicidio.

 

Isabel Miranda Torres es la figura ejecutiva de una fábrica de culpables en México, que ha usurpado la voz de la ciudadanía, una figura de la instrumentalización del dolor de las verdaderas víctimas, de las madres que realmente perdieron a sus hijas o a sus hijos, muchos de los cuales murieron a consecuencias de la supuesta guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente más vergonzoso que México haya tenido en su historia contemporánea: Felipe Calderón Hinojosa, el mismo que entregó a Isabel Miranda el premio nacional de derechos humanos en 2010, como una gran burla del sistema a los millones de mexicanos aún con dignidad.

 

La única razón por la cual tenemos que enfocarnos en la persona, en la historia turbia y oculta, en las mentiras, y en las actividades de Isabel Miranda de Wallace, es por las personas inocentes que están muriendo en la cárcel por secuelas de las torturas, por un crimen que no se cometió. Y para lograr este objetivo: la liberación de todos los inocentes, no solamente los del caso Wallace, tenemos que evidenciar la verdad, a través de investigaciones independientes, honestas y profesionales, a pesar de las amenazas, represalias, calumnias, y de los supuestos periodistas como Ud. Menéndez que usa su posición para insultarnos y a través de nosotros a todos los inocentes injustamente encarcelados de su país.

 

Asimismo queremos rectificar su dicho Sr. Menéndez cuando escribe:

 

“Que, siguiendo el camino Cassez, todos los detenidos niegan ahora su participación en los hechos, aseguran que sus declaraciones fueron sacadas mediante torturas (a pesar de que, como en el caso Cassez, hay otras pruebas testimoniales en su contra) y todos, obviamente, dicen ser inocentes.”

 

1)   Florence Cassez siempre negó su participación en los delitos que le imputaron injustamente. El camino es distinto, ya que en el caso Wallace tenemos que demostrar la falsedad de las confesiones auto incriminatorias de los acusados.

2)   Florence Cassez fue torturada psicológicamente, aterrorizada, amenazada, golpeada levemente, jalada por el cabello, e intimidada con una pistola en la frente para que firmara los papeles ya armados en los que se le exigía su autoincriminación, a lo que se negó rotundamente. Pero su integridad física no fue afectada brutalmente, como ha sido con los inculpados de Isabel Miranda. A lo mejor, su nacionalidad francesa sirvió en ese momento para evitar ese tipo de tortura. Al parecer, las autoridades todavía tienen un poco de reserva cuando se trata de torturar a una persona extranjera.

 

Decir Sr. Menéndez que nosotros seguimos la misma estrategia que implementamos en el caso Cassez, muestra su falta de atención analítica. No, Sr. Menéndez: el caso de los acusados en el caso Wallace es más complejo todavía y requiere otro tipo de estrategia, que sólo una investigación seria y profesional puede revelar quién es Isabel Miranda Torres, que se autoproclama la voz de la ciudadanía, mientras pisa y quiebra el sistema de justicia mexicano, y que –para sorpresa de todos– se niega rotundamente a considerar la posibilidad de que su hijo esté vivo, aun cuando se le presentan sólidas líneas de investigación que ella misma decide no seguir u ocultar. ¿Quién es esta madre que finge buscar los huesitos de su hijo en el canal de Cuemanco?  ¿Quién es esta persona que a pesar de su perfil delictivo y de haber estado en la cárcel, logra con la simple negación de los hechos seguir en el poder? ¿Quién es esta persona que usa los espectaculares de su propia empresa Showcase para difundir los rostros de las personas que ella misma decidió inculpar por la desaparición de su hijo, violando los derechos de ellos y sobre todo la presunción de inocencia? ¿Quién es esta persona que puede acudir a los penales y a la SIEDO para entrevistarse con los acusados en el caso Martí para proponerles un arreglo si se declaran culpables y si denuncian a los co-inculpados que se les presentan? ¿Quién es esta persona que puede liderar un operativo policíaco sin ser una autoridad  judicial? ¿Quién es esta persona que hace caso omiso de las denuncias en su contra ante la CNDH sin que haya ninguna consecuencia? ¿Quién es esta persona que goza el apoyo incondicional del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, victorioso de la candidatura que ella misma presentó?
Otra declaración contraria a la verdad por su parte Sr. Menéndez: las pruebas que se presentaron y difundieron en los medios, no son las mismas que las pruebas que Isabel Miranda de Wallace decidió callar en el 2007. Son nuevas. Basta que las revise para que se dé cuenta.

 

Reconocemos una cosa. Ud. Sr. Menéndez nos acusa de poner en duda el “hecho de que los secuestradores de Hugo Alberto han reconocido ampliamente su participación en ese crimen.”

 

Precisamente es lo que hacemos: cuestionamos lo incuestionable. Ponemos en duda lo que los demás dan por hecho, a pesar de que lo deberían hacer porque se trata de su deber como periodistas. Dichas confesiones, lejos de comprobar el  delito, revelan contradicciones y discrepancias más allá de lo aceptable. Estas contradicciones a su vez comprueban que el delito de secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace fue fabricado, y mal fabricado. Un simple vistazo a estas declaraciones genera sospechas. Un estudio amplio de las mismas nos hace cambiar totalmente de perspectiva en cuanto a la realidad del caso Wallace. Sea lo que sea, Ud. Sr. Menéndez no hizo ni uno ni lo otro, y no creemos que por falta de tiempo, ni por incompetencia, sino por elección. Y esto es anti-ético.  Los nuevos elementos de prueba que se filtraron a la prensa ponen en duda lo que hasta hace poco era considerado como un hecho irrefutable: la culpabilidad de los acusados en el caso Wallace por su declaración, pese a que no había ni cuerpo ni pruebas periciales físicas que sostuviera el homicidio. De presuntos culpables se convirtieron en presuntos inocentes.

 

Ahora el por qué cuestionamos lo incuestionable: Porque no queremos ser parte de un sistema que encarcela a inocentes.  Porque como seres humanos y humildes ciudadanos nos negamos a vivir sin dignidad en un país en el que se violan los derechos humanos por motivos ajenos a la justicia. Y finalmente porque tenemos confianza que algún día México pueda ser una verdadera democracia en la que los criminales pagan por lo que han cometido, y los inocentes están a salvo de los abusos del poder. Una fórmula tan sencilla de felicidad pública, y que México merecería alcanzar, empezando por erradicar los “acusadores públicos”, papel que personas como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí han desempeñado a lo largo de estos años, gozando prebendas económicas y privilegios judiciales con ello.
Es un deber salirnos de las ilusiones en las que hemos permanecido. Es un deber dejar de ser un niño que se cree que las historias que le cuentan, historias de hadas y brujas, historias de justicieros y de malos, historias del bien y del mal, son la realidad.

 

Es un deber salir de la psicosis generalizada por la que nos dejamos contaminar cuando, por primera vez vimos una señora que buscaba a los plagiarios de su hijo. Entendemos que nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos dejado engañar, que caímos en una trampa. El error es humano. El deseo de justicia y seguridad es legítimo y por esa legitimidad, se vuelve comprensible nuestro error: el de haber creído en la realidad del caso Wallace. Ahora bien, lo que no sería ni legítimo, ni digno del intelecto humano, sería quedarnos voluntariamente en ese error con tal de que no enfrentemos el mundo real. En ese mundo real, Isabel Miranda de Wallace no es una madre que agarró ella sola a los plagiarios de su hijo, sino una persona protegida con una red de complicidades que permite el dinero y encarcela a quien le trata de poner ante los ojos la alta probabilidad de que su hijo sigue vivo y nunca fue secuestrado.

En ese mundo real, son siete personas las que han sido acusadas públicamente por un crimen que no sucedió, y que pasarán el resto de sus vidas encarceladas si nadie toma su defensa.

 

En conclusión, le queremos dedicar nuestras últimas palabras Sr. Menéndez, ahora que nos ataca públicamente. Para nosotros, resulta ser un honor leer que usted tacha nuestra campaña de “infame, imposible calificarla de otra manera”. Es un honor para nosotros, en calidad de humilde grupo de defensa de los derechos y de la libertad de las verdaderas víctimas, recibir de su parte un intenso desprecio, usted siendo parte y, por su artículo, vocero de un sistema que encarcela a inocentes mediante tortura, intimidación, amenazas, violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

 

Aprovechamos la ocasión para mandar un afectuoso saludo a los otros inocentes encarcelados a la defensa de los cuales tratamos de contribuir: Pablo Solórzano Castro (casi Martí), María Elena Ontiveros x (caso Martí), Noé Robles Hernández (caso Martí), Cynthia Cantú Muñoz, Israel Vallarta Cisneros (caso Zodiaco), a los miles de Mexicanos injustamente encarcelados, y por supuesto a todos los acusados en este infame caso Wallace. Les decimos lo que un día le dijimos a Florence: los tenemos de la mano, y no los soltaremos.

 

Nolverto Sanchez. A.

MXporFC

 

 

Detalles sobre los interrogatorios de detenidos por Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace

Por cuestiones de seguridad, ocultamos voluntariamente los nombre y apellidos del autor de esa carta, asi como el numero de expediente.

Solo puedo comentar que esta carta fue escrita por uno de los acusados en caso Marti, una persona que clama su inocencia, fue torturada y sobre el caso del cual estamos investigando.

@MXporFCassez

…. me llamó para ser certificada por el medico ya que se me solicitó para una diligencia en las oficinas de la SIEDO, motivo por el cual me sacaron del centro federal de arraigos, al llegar a las oficinas de la SIEDO fui recibido por el agente de M.P. Federal del Área de Secuestros de nombre Joras al cual jamás volví a ver, posteriormente fui llevado a una oficina donde llego el fiscal de secuestros el cual me dijo que me iba a entrevistar con unas personas, siendo estas los C.C. Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí.

Si nos atendemos al orden constitucional la vida humana, inclusive la del que suscribe…, debe de ser respetada ; incluso debí de ser aprehendido y debo de ser procesado conforme a la ley, no considero acertado la forma y el fondo como la SIEDO, en particular el personal sustantivo el Agente del M.P. y el Fiscal, asumen la representatividad de Procuración de Justicia, ya que fui sometido a un rigoroso interrogatorio por la C. Isabel Miranda de Wallace, la cual incluso al estar sentada frente a mi observé que llevaba consigo un folder color amarillo el cual contenía copias simples de mi declaración ante el Ministerio Público Federal, hecho claro que han violado los principios de confidencialidad y seguridad en plena integración de una averiguación previa.

… el Fiscal, el Agente del M.P. Lic. Rojas, proporcionaron no solamente información de mi persona, si no que incluso copias, hechos que asumen existe responsabilidad concreta hablando de justicia.

La. C. Isabel Miranda de Wallace me interrogó e incluso trato de coaccionarme para que señalará a personas, según ella para hundirlos y al hacerlo yo recibiría una reducción de pena y “ellos”, refiriéndose a la activista Isabel Miranda de Wallace y al C. Alejandro Martí, “no apelarían la sentencia”. Durante el interrogatorio en el cual estuvo presente en todo momento el Fiscal del Área de Secuestros, no dejó de amenazarme y en todo momento me trató con desprecio y como delincuente.

(…) Un claro ejemplo, es el siguiente : el día viernes primero de Julio leí en el periódico Reforma que la Presidente de Alto al Secuestro la C. Isabel Miranda de Wallace menciono : “En la práctica no en todos los estados existen las unidades antisecuestro, ni están equipadas con lo necesario” y que el presidente de la CNDH Raúl Plascencia afirmó durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Publica que existe la sospecha que las cifras oficiales en materia de criminalidad se están maquillando, noticia que leí, y no he salido del centro federal de arraigos.

Es un hecho que en el aparato de administración y procuración de Justicia se ha penetrado otros intereses, en específico el de fabricar delincuentes, queda claro que la C. Isabel Miranda de Wallace y activistas no está embestida de autoridad alguna para interrogarme, saber de mi vida íntima ni profesional e incluso juzgarme.

En mi caso, solo pido justicia, es decir que se aplique la ley, que se dejen de proteger intereses particulares.

Cabe destacar que en dicho interrogatorio donde estuvo presente el C. Alejandro Martí, la C. Isabel Miranda de Wallace y el Fiscal del Área de secuestros, no fui asistido por abogado particular, defensor de oficio o persona de confianza. Es claro que la autoridad no ha respetado ni garantizado mis derechos humanos.

Estos hechos están relacionados con la Averiguación Previa  PGR/SIEDO/UEIS/***/****

Respuesta a Martin Moreno, autor del libro “el Caso Wallace”

Wallace Moreno

 

Dentro de nuestro équipo, me toco estudiar el libro de Martin Moreno titulado “El Caso Wallace”.

libro martin

Estudiar, analizar con ojo crítico, casi científico, y no solamente leer pasivamente como si se tratara de algún texto sagrado. Para ver si encontraba en el algo que acreditara la historia tan mediatizada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. El libro se presenta como el relato periodístico de la epopeya de Isabel Miranda de Wallace, una mujer dolida en busca de justicia, persiguiendo sin cansancio a los secuestradores de su hijo Hugo Alberto. En apariencia lo es. En apariencia solamente.

En realidad, el estilo tiene muy poco que ver con un trabajo de investigación periodística. La “obra” de Moreno parece, de hecho, un homenaje a la leyenda viva que sería Isabel Miranda. Un personaje que el autor, con su manera romanesca de contar los “hechos”, al estilo de una telenovela, la describe como una superhéroe dotada de súper poderes, como el don de ubicuidad, una capacidad súper humana de recuperación… es más, el libro de Moreno va más allá del simple homenaje al personaje de la Santa Madre con su destino divino (es destacable que Isabel, en sus entrevistas o en numerosas páginas del libro, se alaba de tener una relación bastante estrecha con Dios, privilegio de los místicos y de los esquizofrénicos…) y su increíble capacidad para sufrir y transcender a su dolor: el libro construye el mito, que existe a raíz de él. Tal como si, sin Biblia ni nuevo testamento, no hubiera religión cristiana; sin el Corán, no hubiera islam, podemos afirmar que sin la pluma de Martin Moreno, el caso Wallace no sería más que un chiste. La conversión al escrito de ese cuento que es el caso Wallace, lo convirtió de anécdota a mito, a relato sagrado del peregrinaje de una “humilde” persona, de profesión maestra y directora de escuela primaria, a quien Dios eligió para que cumpliera con su misión, para que a través de ella se realizara la obra divina en la tierra.

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p. 123: “Desde las primeras horas de su calvario…”

p. 53 “La suerte estuvo de su lado.”

p. 58 “La buena fortuna continuaba del lado de Isabel

p. 91: “La ruleta de la vida le ha dado vuelta a su (Freyre) destino y sin importar que caiga en rojos o negros, la pelotita de la suerte, movida por la mano del Diablo, siempre apuntara al número de la desgracia ajena. Así ha vivido. Corazón malvado, alma sin color”

p. 107: “Empujada por la mano del destino, bajo del taxi (…).”

p. 130: “Para fortuna de Isabel, al arranque del sexenio de Calderon, ya estaba José Luis Santiago Vasconcelos como subprocurador jurídico de la PGR. “Dios me lo puso ahí”, suele decir (…).”

p. 144: ““Estoy viva de milagro”, me comento esa noche, aun asustada por el atentado contra su vida.”

No solamente representante (autoproclamada) de la sociedad civil, sino también verdadera “madre universal”, el libro de Moreno fabrica el mito de Wallace, a través de quien Dios habla y se concretiza el bien. Aunque, sin mal no hay bien, por lo que el libro de Moreno tiene que pintar a la vez, a los enemigos naturales del bien o de quien lo representa, a los verdugos del hijo Hugo Cristo, enemigos gracias a los que se realiza la naturaleza súper humana de Isabel Miranda de Wallace, superhéroe de la lucha contra la impunidad y la injusticia, al menos durante el sexenio de Felipe Calderón.

El rol mínimo que desempeñó Martin Moreno en este asunto, seria él de fiel transcriptor de la versión de los hechos tal como los cuenta Wallace. Inspirado por el Espíritu Santo, Martin cuenta la historia como si el lector la viviera a través de los ojos de Isabel, como si la viviéramos en el mismo cuerpo[1].  La otra opción sería que, más allá de haberle dado forma escrita a la historia de Isabel, la hubiera fabricado junto con ella. Martin Moreno se convertiría en el coautor del caso Wallace. Para nada improbable.

Por lo que me da risa y a la vez me escandaliza la proclamación del derecho a la libre expresión y a la difusión transparente de información que invoca Martin en su artículo más reciente, publicado en la muy objetiva revista Excélsior.

“(…) hay un embate contra periodistas que revelamos detalles de secuestros —en este caso el de Hugo Alberto Wallace— con el propósito de no transparentar los hechos, atentando no sólo contra la libertad de expresión, sino lo más grave: el intento de censura contra el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre.”

Bajo el pretexto de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la verdad, Martin Moreno falseó a sabiendas los hechos, con vistas a que las personas que Isabel Miranda de Wallace acusó del secuestro y asesinato de su hijo estén pintadas, descritas, como culpables.

Martin Moreno además generaliza (al decir “contra periodistas”) lo que existe en contra de un solo periodista: el mismo. Existe una demanda en contra de Martin Moreno y no contra los periodistas en general, aunque si es cierto que muchos presuntos “periodistas” se dedicaron a corroborar sin ninguna prueba, ni verificación, la versión que Wallace dio de los hechos. Sin embargo, la demanda de la que se trata, se interpuso en contra de Martin Moreno específicamente.

Efectivamente, uno de los personajes de la novela “El Caso Wallace”, protagonista contra su voluntad, es Brenda Quevedo Cruz, a la que Martin llama la “Conejita dealer”, acusándola de vender tachas y perico vestida de coneja sexy en los antros del DF. Nosotros empezamos a defender a Brenda poco antes de que ocurriera la liberación de Florence Cassez, aunque estamos enterados sobre el caso Wallace y sobre quién es Isabel Miranda de Wallace desde mucho antes. Pues bien, Brenda desde el reclusorio de Tepic y por medio de su madre, interpuso una demanda contra el autor del libro por difamación en su contra y violación al principio de presunción de inocencia. Martin Moreno – visiblemente incómodo – acaba de subir a la barricada para defenderse contra las acusaciones de la persona a la que él mismo acuso de formar parte de la banda de delincuentes sin nombre, la que supuestamente secuestró, mató y descuartizó al corpulento jugador de futbol Hugo Wallace en una tasa de baño tan pequeña que no entra ni una persona de tamaño digamos… regular.

Empecemos con el apodo de “Conejita dealer” que usa Martin en su libro para dirigirse a Brenda. ¿En qué elementos se basa Martin para comprobar (o hacernos creer) que realmente Brenda se dedicaba a la venta de droga? Pues se basa en una foto de Halloween tomada mientras Brenda, perseguida por Isabel Miranda y su equipo, había encontrado refugio en Estados Unidos. En esa foto, Brenda aparece vestida de conejita, en medio de un grupo de amigos y colegas todos disfrazados. Ahí está la primera prueba. Brenda vendía droga vestida de conejita.

Foto Brenda Conejita Dealer

La otra prueba que invoca el escritor es una declaración de otra acusada en el caso: Juana Hilda Lomeli. El problema es que esa declaración fue obtenida bajo tortura. (Declaracion Preparatoria de J. Hilda 8 abril 2006 Declaracion Preparatoria de J. Hilda 8 abril 2006)

Finalmente, a pesar de reconocer haber usado el apodo de “conejita dealer” para calificar a Brenda, Martin Moreno se quita a si mismo toda responsabilidad de ello. No tendría la culpa simplemente por el hecho de que no le incumbe la paternidad del apodo.

Escribe:

“Vale aclarar que el mote de La conejita dealer no fue acuñado por este periodista. Lo retomé de un periódico capitalino que presentó una nota del reportero Carlos Jiménez, bajo la cabeza de “Brenda distribuía droga”, y como subtítulo de una fotografía en la que se aprecia a Quevedo Cruz disfrazada de “conejita” (incluida en el libro)”

En pocas palabras: Yo, Martin Moreno, no soy quién inventó el insulto, por lo que no soy culpable de usarlo (así como un asesino podría decir: no soy culpable de haber matado a fulano, porque no soy quién fabricó el arma que usé para dispararle. Y la comparación tiene sentido: las palabras son armas a veces más terribles y pueden hacer más daño que armas de fuego). Yo, Martin, no soy culpable de describir a Brenda Quevedo Cruz como una prostituta, una mujer de mala vida que se dedica a seducir hombres, a vender droga y a secuestrar, a pesar de no tener otro elemento para sustentar mis acusaciones que una foto de Halloween y una declaración ya preparada por Isabel Miranda de Wallace y firmada bajo tortura.

Voluntariamente, dejamos a un lado la protesta que formuló Martin, que la demanda en su contra no es legítima porque hay prescripción.

Opuse ante la demanda la “excepción de prescripción en virtud de haber transcurrido más de (2) años contados a partir de la conducta que la parte actora tilda de ilícita, esto es, la publicación de El caso Wallace”.

Me imagino que si el juez tomo el tiempo de convocarlo y la parte acusadora en audiencia, es porque dicha “excepción de prescripción” invocada por nuestro escritor, no tiene tanta validez.

El punto importante es éste: Martin Moreno niega rotundamente haber cometido algún acto reprensible. Afirma que no violó la presunción de inocencia de nadie (en este caso de Brenda). El argumento que invoca no consiste en que nunca se haya pronunciado sobre la culpabilidad o la inocencia de Brenda. Lo ha hecho y lo vuelve a hacer en su artículo. No… el argumento es básico: no violo la presunción de inocencia porqué uno tiene que ser la autoridad competente (jurídica) para respetar o violar dicho derecho. Entonces, la obligación de respetar la presunción de inocencia incumbe a personas que trabajan de leyes y a los demás no… el derecho de reserva de cualquier periodista objetivo cae en el olvido. Escribe:

“En la demanda se me acusa de violar “el principio de inocencia” de Brenda. Mi respuesta legal: “Es falso… toda vez que el mismo es un derecho procesal de carácter penal y no soy autoridad ni tengo facultades rectoras del proceso.”

¿A poco el hecho de no ser juez, o magistrado, o alguna profesión de ese tipo, nos da el derecho de decir todo lo que se nos antoja? Nos da el derecho de manchar la reputación de quién sea.

A ver que dice la constitución:

El artículo 6 de la Constitución política de los Estados Mexicanos dice:

LA MANIFESTACION DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LOS DERECHOS DE TERCERO, PROVOQUE ALGUN DELITO…

Lo que quiere decir que nuestra constitución garantiza la libertad de expresión (la sagrada libertad de expresión bajo la que busca protección Martin) con tal de que no se perjudique a nadie. En el caso concreto del libro de Martin Moreno, dedicado a darle credibilidad a la historia creada por Isabel Miranda de Wallace, la publicación de fotos (hasta la foto de un menor de edad, el hijo de Jael Uscanga) adjunta a la mención repetitiva de que los acusados por esta señora son precisamente los verdugos del desaparecido Hugo Wallace, sin ninguna duda posible (ya que Isabel Miranda de Wallace no duda, más bien la verdad divina le habla a través de su intuición) viola la imagen y la reputación de los que aparecen en estas fotos, así como va en contra de la presunción de inocencia al presentarlos como secuestradores.
En esto reside el daño. La presentación ante los medios de comunicación, por medio de los famosos espectaculares propiedad de Hugo Wallace y de su madre, de los rostros de unos “delincuentes” sin que ellos hayan sido juzgados o sea declarados culpables. Lo mas significativo es que entre el caso Cassez (montaje de una detención que nunca sucedió en realidad en las circunstancias en las que vimos en la televisión) y el caso Wallace (acusaciones directas en contra de personas que fueron declaradas culpables sin que nunca se haya comprobado el secuestro de Hugo Wallace y mucho menos su muerte), hay una similitud, el mismo modus operandi: una violación sistemática a la presunción de inocencia, un efecto corruptor sobre el proceso judicial, un daño irreparable a la imagen, a la integridad moral de la persona a la que se acusa, cuando no hay ninguna prueba pericial que permita hacer pensar que estas personas hayan cometido algún ilícito. En el caso de Florence, el 9 de diciembre, tenía en su contra el testimonio de Ezequiel, un tipo torturado por la Policía Federal de quien se supo después que era hijo de secuestrador. Un tipo mentiroso y aleccionado. Nada más. En el caso de Brenda, se trata de una declaración incriminatoria de Juana Hilda, declaración ilegal, ya que fue tomada bajo tortura y amenazas. Misma declaración que Juana Hilda, una vez a salvo, invalidó y se negó a firmar.
Aquí ponemos los extractos de la declaración bajo tortura de Juana Hilda en la que acusa a Brenda, así como de la declaración siguiente en la que se retracta y explica los motivos para hacerlo.

Un daño irreparable, un daño que el libro de Moreno agravió, un daño, una ofensa repetida que la Asamblea legislativa del DF considera como un delito.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, IV LEGISLATURA

(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de mayo de 2006)

Artículo 4.- Se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión e información

como base de la democracia instaurada en el sistema de vida fundado en el constante

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo que tiene como presupuesto fundamental la

defensa de los derechos de personalidad de los mexicanos.

Artículo 5.- El derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen serán protegidos civilmente

frente a todo daño que se les pudiere causar derivado de acto ilícito, de acuerdo con lo establecido

en la presente ley.

 

Artículo 6.- Los derechos de la personalidad corresponden a las personas físicas y son

inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables.

La persona moral también goza de estos derechos, en lo que sea compatible con la naturaleza

jurídica de ésta.

Martin Moreno no parece tener consciencia de que cualquier derecho viene con un deber. En este caso, la libertad de expresión conlleva la obligación de decir la verdad y de no dañar a nadie.

Vilipendia la “estrategia desesperada y hasta tramposa (llevada por) la defensa de Brenda Quevedo Cruz” que consiste en “recurr(ir) a demandas legales contra periodistas y a versiones que al parecer buscan presentar a Brenda como la “Florece Cassez mexicana”, ante su futuro inevitable: la sentencia penal.”

Siempre me fascina la mala fe con la que lobos como Wallace, Moreno y Maria Elena Morera se apoderaron del estatus de víctimas y se vuelven a reivindicar victimas cuando más les convenga. Esos retoños de la administración calderonista, esos activistas infiltrados al mando del poder, han sido los lobos, los atacantes buscando legitimidad en sus acciones (acciones ilegales como la publicación de espectaculares en violación a la presunción de inocencia en el caso de Wallace)  presentándose como víctimas. En su artículo, Moreno se afilia a la estrategia de su comadre y mentora Isabel, y trata a su vez de presentarse como víctima: ¡víctima de una estrategia de defensa!

Los intocables de ayer se están dando cuenta que su tiempo se va acabando. Y temen. La “estrategia desesperada y tramposa” de la que habla Moreno no es tanto la demanda legitima de la familia Cruz por daño moral (y, podríamos agregar, enriquecimiento amoral) a Moreno y su editor, sino la suya: Moreno intenta usar nuevamente la vieja estrategia de la incitación al odio y a la locura contra individuos, manipulando nuestro deseo legítimo de seguridad y nuestra aversión natural al secuestro y al sufrimiento. En realidad, una realidad totalmente ajena a la versión de los hechos que narra en su libro, no hay ninguna prueba en contra de Brenda Quevedo Cruz – tampoco contra los otros acusados -,no hay ninguna prueba de que Hugo Wallace esté muerto (al contrario…). En su contra, Brenda tiene la voluntad tenaz de una mujer que persigue hasta el cansancio a quien se atreve a demostrarle que la teoría del secuestro de su hijo no es verosímil y que probablemente su hijo sigue vivo. Una mujer que no duda en considerarse más allá de las leyes y de la máxima autoridad judicial. Una mujer que violó la constitución al “hacerse justicia por su propia mano” cuando lo prohíbe el artículo 15 de la constitución. Una mujer sin embargo cada vez más sola y que ya no respalda la administración corrupta de Calderón con la que ella pactó.
Tuvimos que esperar 8 años (y en nuestro caso, trabajar más de 5) para lograr la liberación de Florence Cassez, acusada y condenada con base a testimonios falsos de parte de personas que probablemente nunca fueron secuestradas. Un caso fabricado por Eduardo Margolis, amigo de Isabel, Genaro García Luna (amigo de Eduardo), Luis Cárdenas Palomino (brazo derecho de Genaro), y aprobado por Calderón (un loco borrachón). Brenda ya lleva 7 años encarcelada. Su expediente esta vacío. No tiene el perfil de una secuestradora. Le pesa la mala suerte de haber sido novia de Jacobo Tagle a quien Isabel Miranda odia profundamente por una razón que todavía no podemos explicar, y la necesidad que tenia Miranda de fabricar una banda de secuestradores para acreditar la tesis del secuestro de su hijo.

 

“Recordemos que algunos de sus coacusados pertenecientes a la banda de secuestradores capitaneada por César Freyr eya fueron sentenciados: Freyre, a 131 años de prisión; los hermanosTonyy Alberto Castillo Cruz, a 93 años, y Juana Hilda González Lomelí, a 78 años. En proceso: Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 en el restaurante Tapas Mojito, de Louisville, Kentucky, donde trabajaba bajo el seudónimo de “Nadia Vázquez, venezolana”; y Jacobo Tagle Dobin, aprehendido en diciembre de 2010.”

…Nos dice Moreno. Y olvida a Jael Uscanga, también acusado por Isabel, aunque no lo menciona Moreno como plagiario de Hugo. Foto espectacular Jael

 

Todos torturados. Y con mucha perseverancia, estamos ganando nuestro enfrentamiento a la lentitud complice de la CNDH de Raúl Plascencia para lograr que se compruebe la tortura a la que fueron sometidos. Lo mejor que puedehacer la CNDH para recuperar un poco de la credibilidad que 7 años de complicidad con Miranda le hizo perder, sería que haga su trabajo y deje de guardar en sus cajones las pruebas de tortura física y sicológica de todos los acusados por esa Señora.

En su ira y su odio a Florence Cassez que le inoculó Miranda, Moreno nos hace un regalo precioso. Nunca tuvimos la pretensión de considerar a Brenda como la Florence (Moreno escribe Florece) Cassez mexicana. El caso de Florence y él de Brenda no son los mismos. Tienen sus particularidades, sus especificaciones. Sin embargo, así como lo mencionamos en nuestra nota adjunta al artículo de Luis Miguel, existen similitudes: el mismo modus operandi, la misma violación sistemática a los derechos fundamentales y a la presunción de inocencia, la complicidad de los medios de comunicación y de los noticieros, el linchamiento mediático, la incitación al odio… A lo que se agrega, en el caso de Brenda: la tortura, de la que ahora tenemos una prueba contundente.

Y la Suprema Corte de Justicia tuvo el valor de afirmar la prioridad absoluta de las garantías individuales contra las arbitrariedades del Estado (Calderón), de las autoridades (Policía Federal), y de los poderosos (los “representantes” autoproclamados de la sociedad civil). También la denuncia importantísima del efecto corruptor enraizado en la violación a la presunción de inocencia. Wallace sabía que la liberación de Florence (inocente) significaba la posible libertad de los inocentes que ella acuso en su propio caso. Por eso estaba lista (loca) para organizar manifestaciones exigiendo la destitución de Olga Sánchez Cordero. Lo bueno es que nadie le hizo caso a esta pobre mujer dañada del coco. Ella y Moreno pudieron engañar el pueblo por el efecto de sorpresa cuando salió a la luz la historia fabricada del secuestro de su hijo, tan increíble que todos acabamos identificándonos con ella y con su supuesto dolor.

¿Qué decir del falso dilema con que Moreno termina su artículo?

“Ya veremos si la justicia capitalina actúa en favor de una sociedad agraviada por la criminalidad o respalda y se dobla ante una presunta secuestradora, como la SCJN lo hizo con Florence Cassez.”

Le podría contestar que la justicia no se dobla. Puede a lo mejor errar, como lo hizo durante 8 años con Florence Cassez, por el poder que ejercía un gobierno panista corrupto, por las amenazas (que hasta recibieron los Magistrados de la Suprema Corte), pero siempre gana. Siempre triunfa la verdad. Por esa razón, Martin, vas a caer. Y luego caerá Wallace. Es inevitable.


[1] Lo que explica las numerosas menciones de las sensaciones vividas por Isabel en su propio cuerpo.

p. 76: “Isabel sintió una descarga eléctrica en todo el cuerpo.”

p. 31 “Perdió el sentido y se desmayó. Parecía un infarto (…) Al cabo de unos minutos pudo recuperarse. Devastada por dentro, regresó al edificio y entró

 

8 años después, CNDH presenta denuncia contra García Luna y sus cómplices.

El 19 de marzo de 2013
8 años después, CNDH presenta denuncia contra García Luna y sus cómplices (A continuación, el artículo de Vanguardia) de
Después de 8 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió pasar a la acción, por lo que pedirá que se imputen responsabilidades por caso Cassez.
Aunque saludamos la muy previsible iniciativa de la CNDH, cabe recordar algunos puntos.
Fueron 8 años de complicidad.
Durante 8 años, la CNDH guardó el silencio sobre los hechos del montaje.
Durante 8 años, la CNDH se negó a defender los derechos de Florence Cassez que la policía federal había violado sistemáticamente.

8 años después, CNDH presenta denuncia contra García Luna y sus cómplices. Después de 8 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió pasar a la acción, por lo que pedirá que se imputen responsabilidades por caso Cassez. Aunque saludamos la muy previsible iniciativa de la CNDH, cabe recordar algunos puntos. Fueron 8 años de complicidad. Durante 8 años, la CNDH guardó el silencio sobre los hechos del montaje. Durante 8 años, la CNDH se negó a defender los derechos de Florence Cassez que la policía federal había violado sistemáticamente.

Durante 8 años y hasta la fecha, la CNDH y su presidente Raúl Plascencia, han defendido una mentira orquestada por las autoridades e Isabel Miranda de Wallace. Esa complicidad consiste en que la CNDH acreditó la versión policiaca en la que según, presuntas víctimas fueron secuestradas en un rancho. Lo cual nunca ocurrió.
Wallace - Plascencia
La CNDH está infiltrada por el equipo de esta Sra, quién fabricó el caso de la desaparición de su hijo delincuente, quién mandó a torturar unas cuantas personas, de las cuales ella decidió inculpar por la muerte ficticia de su hijo . La CNDH tenía pruebas de que Brenda Quevedo Cruz había sido torturada y nunca hizo nada. Al contrario, fueron cómplices, por su inacción y su silencio, de la tortura que vivió esta mujer acusada falsamente por Wallace de un crimen que nunca tuvo lugar.
Hoy, no solamente, tenemos prueba de que Brenda Cruz y los otros acusados en este cuento, muy mal hecho que es el caso Wallace, fueron torturados, sino que la CNDH tenía prueba de ello desde el año 2010.
Así que no nos quieran ver la cara. Si la CNDH decidió – demasiado tarde – actuar en contra de las autoridades responsables de la detención de Florence Cassez, por la cual se inició una mentira que duró 8 años, no lo hacen por apego a la ley ni por devoción a la justicia que ellos deberían representar (por ello reciben sueldo). Lo hacen para quedar bien – y conservar lo poco de poder que todavía tienen – ante la administración priista.
No generalicemos: la CNDH cuenta también con trabajadores muy competentes y que si hacen su trabajo. En el caso del Presidente Raúl Plascencia sin embargo, no olvidaremos su complicidad con Isabel Miranda de Wallace y seguramente la deuda que le tiene, por lo que siempre abogó en contra de Florence Cassez.
Y que Wallace exprese su molestia por medio de twitter con respecto a la iniciativa de la CNDH…
Molestia Wallace
…solo confirma que las amistades mafiosas se están deshaciendo. Algún día, ojalá pronto, Isabel tomará el lugar que tuvo que ocupar Florence Cassez en Tepepan. La segunda por una mentira de la que fue víctima. La primera por una mentira que ella misma creó y en la que nos hizo creer.Nos vemos Isabel.
Por @MXporFCassez
Fuente: Vanguardia
Ya se presentó denuncia penal contra García Luna: CNDH
Luis Cárdenas Palomino, Jorge Rosas García y Francisco Garza, otros acusados
México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó formalmente el pasado viernes 15, por la noche, una denuncia penal contra 21 ex funcionarios y servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos Genaro García Luna, por delitos –cometidos en el caso de la ciudadana de origen francés Florence Cassez– contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
En entrevista, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, manifestó: “Esta es la primer denuncia contra altos ex funcionarios federales en lo que va de mi administración –de noviembre de 2009 a la fecha–, porque en este caso hay una cadena de mando que permite abarcar desde los policías que intervinieron directamente hasta los que ordenaron o bien toleraron ese tipo de acciones”.
La CNDH, explicó el ombudsman nacional, ha presentado en los pasados tres años 169 denuncias penales ante la PGR contra servidores públicos responsables de violaciones a los derechos humanos. En 23 ya hay consignaciones y el resto están en proceso de integración e investigación.
Plascencia Villanueva expresó que las sanciones a que se harían acreedores los ex funcionarios y servidores públicos por el delito contra la administración de justicia, previsto en el artículo 225, fracción siete, es a una pena de tres a ocho años de prisión; por el de abuso de autoridad, estipulado en artículo 215, fracción 15, de dos a nueve años.
Por el ilícito de ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 214, fracción cuatro, de dos a siete años, todos del Código Penal Federal.
–En caso de acreditarse esos delitos, ¿todos los implicados deben purgar condena?
–Sin duda. Estamos hablando de responsabilidades penales en específico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo el pasado 23 de enero que se cometieron graves violaciones a las garantías básicas.
–¿Podrían imputárseles, producto de las investigaciones, otros delitos?
–Sí. Nosotros nos hemos atrevido a señalar los que detectamos de irregularidades, omisiones, violaciones graves a los derechos humanos. Sin duda, se trata de responsabilidades penales.
–¿Cree que se pueda hacer justicia en este caso si antes, incluso, el Senado llamó a comparecer a Genero García Luna por las recomendaciones no aceptadas y no pasó nada?
–El trabajo de la CNDH es seguir abonando para que se procure justicia. Agotaré todas mis facultades en la medida de lo posible. Lo hice el año pasado solicitando al Senado que lo citara a comparecer, porque rechaza las recomendaciones. Ahora, con esta situación derivada de la resolución de la SCJN, me parece que la mejor manera de abonar a una cultura de la legalidad es hacer la parte que nos toca, y en este caso, ante una situación tan delicada, pues la mejor manera es solicitar públicamente que se deslinden las responsabilidades específicas.
–¿Cree que aún se puede hacer justicia a las víctimas de secuestro que denunciaron la participación de la ciudadana francesa, a quien por las violaciones cometidas en el debido proceso dejaron libre?
–Este es un nuevo gobierno. Tenemos la esperanza y confiamos en que ésta se traduzca en resultados objetivos e inmediatos en la materia.
–¿La investigación de este caso se pudo seguir de oficio?
–Sí. De hecho, en 2006 se iniciaron averiguaciones previas, nada más que terminaron en la nada.
–¿Se pudo seguir de oficio el caso una vez que la SCJN decidió liberar a la ciudadana francesa porque se violó el debido proceso y se cometieron violaciones graves a los derechos humanos?
–Sí. Sin duda se pudo haber iniciado de inmediato. De hecho, se trata de delitos que se persiguen de oficio y fueron hechos del conocimiento público por la SCJN. Desconocemos si se abrió una nueva averiguación previa. Por ello la importancia de que hayamos presentada esta nueva denuncia. Esperamos que ahora sí se avance.
–En su opinión, ¿esta denuncia debe desahogarse rápido, ya que hay ex funcionarios implicados y el tiempo para fincarles responsabilidades está corriendo?
–Hay una sentencia definitiva de la SCJN, en la cual se dan por comprobadas diversas situaciones. Nosotros, en la denuncia presentada, las retomamos. Creo que ello podría desahogarse de manera muy rápida. No en días, pero sí en semanas. Nosotros lo hicimos en 49 días –integrar la denuncia–; nos parece que con la fortaleza de la PGR podrían tener resultados en un lapso mucho menor.
La denuncia, como anunció el pasado miércoles el ombudsman nacional, es contra 15 federales de investigación; dos agentes del Ministerio Público Federal; el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna; el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro, Jorge Rosas García; el entonces director general de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino, y el entonces director de Operaciones Especiales, Francisco Garza Palacios.

Todos van cayendo… Garcia Luna, Palomino, Wallace, Cuitláhuac …

Un sexenio lamentable caracterizado por la impunidad, la corrupción, la decadencia en el tema de derechos humanos, las mentiras de las autoridades y… la fábrica de culpables. Incompetentes y corruptos con poder que ahora tendrán que pagar. Con el cambio de gobierno, cada uno de los protegidos de Calderón van a caer.

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NUEVO ¿Huyó Genaro García Luna? (Vanguardia, 5 de diciembre 2012)

García Luna recibe dinero del narcotráfico (Proceso, 28 de noviembre 2012)

El retiro dorado de Garcia Luna  (Reporte Indigo, 26 de noviembre 2012)

Garcia Luna,primer cliente (Reporte Indigo, 26 de noviembre 2012)

Un fracaso, la gestión de García Luna: Mayolo Medina  (Vanguardia, 22 de noviembre 2012)

Inminente fuga a Miami(1) (Por Anabel Hernandez, Proceso, 25 de noviembre 2012)

García Luna, secuestrador (Vanguardia, el 21 de noviembre 2012)

La Hora de Garcia Luna (NSS Oaxaca – 23 de noviembre 2012)

Y ahora vamos a jugar un poco

Descubre quienes son las dos activistas famosas que siempre han defendido a Genaro

 ?

Respuesta : dale un click aquí

Wallace y Martí criticados por `uso de influencias´ en lucha anticrimen (Vanguardia, el 11 de octubre 2011)

Raúl Plascencia (CDNH) va atrasado (Proceso, el 23 de noviembre 2012)

Cárdenas Palomino procesado mientras Garcia Luna el “Intocable” toca fondo

PGR destituye a titular de la SIEDO; investigan a su equipo por presuntos vínculos con el crimen organizado (Sin embargo, el 11 de octubre 2012)

Raúl Plascencia (CDNH) va atrasado

El tipo tuvo 6 años para denunciar lo que solamente ahora denuncia. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué justamente AHORA evidenciar la involución en los derechos humanos cuando su DEBER como presidente de la CDNH era hacerlo y denunciar las arbitrariedades de las autoridades policíacas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos? Oportunista…  

Más bien oportunista en aguas calientes por su amistad con la emisora de Calderón en materia de derechos humanos: Isabel Miranda de Wallace.

Fuente: Proceso

23 de noviembre 2012

A pesar del cúmulo de quejas recibidas a lo largo del sexenio por la sistemática violaciones de los derechos fundamentales por parte de las Fuerzas Armadas y las distintas corporaciones policiacas del país, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, mantuvo una actitud dócil, condescendiente, con el presidente Felipe Calderón.

A escasos siete días de que el mandatario panista deje los Pinos, el ombudsman nacional se destapó y en dos días consecutivos lo ha tundido.

Ahora, Plascencia aseguró que Enrique Peña Nieto heredará un país con una “involución en derechos humanos” (pues… hay que tomar en cuenta la amistad de Plascencia con… Wallace. También explicaria dicha `involución en derechos humanos`que designa el Presidente de la CDNH)


Entrevistado en la ciudad de Tlaxcala, al término su participación en el 36 Congreso Nacional de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), donde dicto una conferencia magistral, el titular de la CNDH dijo que esa “involución en derechos humanos” se explica por la falta de resultados del área de seguridad pública, misma que se vio involucrada en casos de violaciones en la materia.

El único logro de las distintas fuerzas de seguridad pública, acotó, fue el incremento exponencial de casos de tortura, tratos crueles, cateos ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, una crisis y autogobierno en los penales, además de la fuga de 600 reos.

“Lamentablemente en estos últimos seis años se dieron incrementos exponenciales en materia de violaciones a derechos humanos, es una muestra lamentablemente, pues hubo una involución en el tema de derechos humanos, en lugar de avanzar, de que hubiera mejor desempeño por parte de los servidores públicos, fue un retroceso en la materia”, deploró.

Sin embargo, el panorama que describió este viernes el ombudsman nacional, a unos días de que Calderón entregue la Presidencia, ya había sido expuesto por diversos activistas y organizaciones, entre ellas Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).