Ministro Zaldívar: la Corte fue presionada para que Cassez no fuera liberada en 2012

Artículo publicado en la revista digital Efe.

Fecha: 13 de noviembre 2015

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, afirma el ministro Arturo Zaldívar.

Comentario: “Impensable”: claro está. Sin embargo, las autoridades estateles y federales siguen mintiendo abiertament, torturando, amenazando, fabricando culpables…

Zaldivar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) recibió “muchas presiones” del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) para que no liberara a la francesa Florence Cassez, admitió hoy el ministro Arturo Zaldívar en una entrevista con Efe.

Zaldívar, quien llegó al Supremo en diciembre de 2009 a propuesta de Calderón, redactó el polémico proyecto de resolución que allanó el camino para la excarcelación de la joven debido a irregularidades en su proceso, como la recreación del arresto ante las cámaras de televisión y el retraso de la asistencia consular.

Hubo muchas presiones, muchas, muchas presiones, sin duda“, de la anterior Administración, reconoce Zaldívar sobre aquellos días de marzo de 2012, cuando su propuesta de sentencia no fue aprobada por la Primera Sala, integrada por cinco ministros.

Aunque los magistrados José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra de la libertad inmediata de Cassez, hubo consenso en que se registraron graves violaciones en el proceso y se pidió a la ministra Olga Sánchez Cordero que redactara una nueva propuesta.

Dos días antes, Calderón pidió justicia para las víctimas de delitos y que “la interpretación de la ley no sea una rendija” para la impunidad, lo que llevó al entonces presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, respeto a “la división de poderes”.

El caso enturbió la relación con Francia después de que Cassez fuera condenada en 2010 a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. El entonces presidente galo, Nicolas Sarkozy, dijo que la joven era víctima del sistema judicial mexicano, mientras Calderón la acusó de ser parte de una “peligrosísima banda de delincuentes”.

El fallo a favor de la liberación de Florence Cassez “supuso un antes y un después en la historia del debido proceso en México”

El 23 de enero de 2013, en el segundo mes del mandato de Enrique Peña Nieto, “el proyecto que se aprueba es exactamente el que yo presento, porque (…) la ministra Sánchez Cordero (lo) retoma”, recuerda Zaldívar.

Así, la liberación de la francesa es aprobada con los votos de Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez, que apenas “iba llegando a la Corte”, en un fallo que, dijo, supuso “un cambio de paradigma, un antes y un después en la historia del debido proceso en México”.

Cuando se debatió ese asunto, recuerda, todos decían que el debido proceso era un tecnicismo, pero hoy “todo el mundo entiende que el debido proceso es un derecho humano” y las autoridades tratan de cuidarlo.

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, asegura el ministro, quien reconoce que dicha resolución “fue radicalmente o dramáticamente impopular”.

Y es que el fallo, en el que el alto tribunal no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la joven, desató una avalancha de críticas de las víctimas de criminales.

A la distancia “estoy convencido de que hice lo correcto” y de que la Corte tomó la “mejor decisión posible porque, más allá de la persona en particular, el mensaje que mandó (…) es que hay prácticas que en un Estado democrático no pueden ser permitidas” y que “el combate a la delincuencia organizada tiene que pasar por los derechos humanos”.

El ministro reconoce que todavía hay “muchas violaciones a los derechos humanos”, pero al menos “las autoridades son conscientes de que tienen que respetar los derechos” y “cuidar el debido proceso”.

“Hubo un cambio de mentalidad” en materia de “presunción de inocencia, de protección consular, de prueba ilícita, de manejo de medios de comunicación en detenciones, ya no hablemos de montajes”, asegura.

A las señalamientos de que Cassez fue liberada por tratarse de una extranjera responde, categórico, que “es absolutamente falso” y destaca que la mayoría de las personas amparadas por el Supremo tras sufrir procesos injustos no solo “son mexicanos de las clases económicas más desprotegidas”, sino además de minorías étnicas.

Están los casos de los indígenas de Acteal, los luchadores sociales de Atenco… y sigue la lista de personas humildes a las que se le han “fabricado homicidios con testigos falsos”, señala Zaldívar, quien añade que esas opiniones “infundadas” solo intentaban engañar.

Libertad para Alfonso Martín del Campo

Artículo de Jesús Aranda publicado el 18 de marzo de 2015 en la Jornada.

Alfonso Martin del Campo libre

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Martín del Campo Dodd sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de su hermana y su cuñado, ocurrido en 1992.

Con el voto en contra del ministro Jorge Pardo Rebolledo, la sala concedió un amparo liso y llano a su favor y ordenó su inmediata libertad.

La mayoría integrada por Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideraron que el acusado fue torturado y que la única prueba en su contra fue la confesión arrancada por este medio, lo cual fue violatorio de sus derechos humanos.

En las próximas horas se espera que salga de la prisión en la que se encuentra, ubicada en el estado de Hidalgo.

Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH.
Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH. Fuente: Foro TV.

El ministro Medina Mora, en permanente conflicto de interés

Artículo de Jorge Carrasco Araizaga publicado el 14 de marzo de 2015 en la revista Proceso.

El martes 10, el Senado nombró a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. No se tomaron en cuenta las protestas de organizaciones civiles por la nominación de uno de los responsables de la desastrosa operación Rápido y furioso, ni el perfil del exfuncionario panista y priista cercano a Televisa. Integrantes del Poder Judicial lamentaron que el Ejecutivo impusiera a otro operador suyo en el máximo tribunal, marginando a los ministros de carrera; pero todo fue inútil. Ahora, existe preocupación por el comportamiento del ministro novato en los casos donde pueda incurrir en conflictos de interés.

Eduardo Medina Mora toma protesta en el Senado.  Foto: Benjamin Flores
Eduardo Medina Mora toma protesta en el Senado.
Foto: Benjamin Flores

La designación de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza no cayó bien en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y mucho menos entre los miembros de carrera del Poder Judicial de la Federación. Aunque sus ahora colegas en el pleno de ministros no lo dicen abiertamente, y el próximo martes lo recibirán con aplausos en sesión solemne, su llegada al máximo tribunal generó amplio descontento en la llamada familia judicial.

“Será un ministro en permanente conflicto de interés”, dice a Proceso un alto funcionario de la SCJN. Por los diferentes cargos políticos y las vinculaciones empresariales que ha tenido, es de esperar que de forma repetida tenga que declararse impedido de conocer asuntos, tanto en el pleno de ministros como en cualquiera de las Salas a las que sea asignado.

Si llega a la Primera Sala, donde se tratan los asuntos civiles y penales que llegan a la Corte, se podrá topar con juicios relacionados con acciones suyas como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) o incluso como embajador. Si va a la Segunda, donde se resuelven los asuntos empresariales y económicos, sus relaciones con la iniciativa privada, principalmente con Televisa, también lo obligarán a excusarse.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 146 que los ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y otros juzgadores están impedidos de conocer asuntos cuando haya parentesco, hasta en cuarto grado si es consanguíneo, o segundo si es por afinidad, con alguno de los interesados en algún juicio.

Ese podría ser el caso de los juicios que se han iniciado por el alegado fraude de la empresa naviera Oceanografía a Banamex, cuyo presidente del Consejo de Administración sigue siendo su hermano Manuel, excluido ya de Citigroup por esa defraudación en la que están implicados recursos de Petróleos Mexicanos.

La ley también lo obligará a excusarse cuando se trate de asuntos en los que haya participado como titular de la PGR, cuando tenga amistad con los involucrados en un juicio o haya interés personal de él, su cónyuge o sus parientes en algún caso, entre otras causales de impedimento.

Por esa razón, será uno de los integrantes del pleno bajo mayor escrutinio. “La ventaja es que las sesiones del pleno de ministros son públicas a través del Canal Judicial y se podrán seguir puntualmente sus votaciones y participaciones”, dice el alto funcionario judicial entrevistado.

A cambio, pese a su inexperiencia como juez constitucional, Medina Mora será el ministro con la red de relaciones más amplia, tanto con grupos políticos y económicos en México como con agencias estadunidenses. Ha tenido con éstas una dilatada colaboración desde hace 15 años como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), secretario de Seguridad Pública federal, titular de la PGR y embajador en Washington, además de negociador de acuerdos y operaciones secretas con Estados Unidos (Proceso 1999).

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2002, ya en circulación)

Defensa de Cassez demanda a Calderón, García Luna, Televisa y Loret por 36 mdd

Artículo publicado el 26 de enero de 2015 en la revista Proceso.

Florence Cassez a su llegada a Francia.  Foto: AP / Christophe Ena
Florence Cassez a su llegada a Francia.
Foto: AP / Christophe Ena

José Patiño, abogado de Florence Cassez, anunció que presentó una demanda por 36 millones de dólares por el delito de daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, el exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la empresa Televisa, el locutor Carlos Loret de Mola y el reportero Pablo Reinha, entre otros.

El monto de la demanda obedece a “la capacidad económica” y porque a Cassez “la mataron en vida”, argumentó el abogado.

El periódico La Jornada publica hoy una entrevista con Patiño quien le detalla que Cassez incluyó como responsable del daño moral a Luis Cárdenas Palomino, exdirector general de Investigación Policial de la AFI; a Israel Zaragoza Rico, titular en ese momento de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro; a Facundo Rosas, exfuncionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada y al actual senador Roberto Gil Zuarth, en ese entonces secretario particular de Calderón Hinojosa.

Y hoy, en entrevista con MVS Noticias, Patiño defendió la decisión: “Si no la defendemos ahora, cualquiera de nosotros puede ser acusado de manera injusta y señalado por la sociedad. El delito, es un delito doloso no culposo pues supieron que era ilegal”, refirió el abogado.

El pasado jueves 23 de enero se cumplieron dos años de la liberación de Cassez, quien pasó siete años en prisión acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Ese día la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa bajo el argumento de que su detención fue producto de un montaje televisivo y “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión”.

Florence Cassez, contra la impunidad

Articulo publicado en SDP Noticias
El 3 de octubre del 2014
Florence Cassez
Florence Cassez
Los responsables de este lamentable suceso están debidamente identificados, además son repudiados por un amplio sector de la población.
Tenía que venir de fuera una verdadera adversaria del corrupto Poder Judicial para desafiar con indudables posibilidades de éxito una cruenta batalla frente a una institución que por siglos se ha mantenida intacta, y que por lo tanto es garante del conveniente Estado de Derecho que hoy nos rige.
La ciudadana francesa acusada y encarcelada por un delito del que nunca pudimos saber a ciencia cierta si lo cometió o no, fue liberada por cuestiones metaconstitucionales, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir dado el corruptísimo proceso a través del cual se le acusó, condenó y encerró; lo que derivó en elevar el descrédito de las instituciones responsables de impartir la justicia en nuestro país. El asunto fundamental que desde el inicio de este tormentoso caso se procuró, fue la nefasta participación de los actores encargados de la seguridad nacional, así tenemos que el hasta hoy intocable Genaro García Luna era ya visto con ojos de absoluto desdoro porque nunca pudo demostrar a la opinión pública que su función como servidor público, correspondía con todas sus responsabilidades contraídas; desde entonces se sabía que este farragoso caso no tendría el final feliz que los panistas que entonces gobernaban le auguraban.
Esta demanda no es menor, sobre todo si nos atenemos a las altas expectativas que en materia de política exterior  viene sosteniendo el presidente Peña Nieto, la petición en contra de quienes resulten responsables dará frutos muy provechosos, porque podría ser el inicio de un fortalecimiento del Estado de derecho, y un esfuerzo por atacar a la corrupción desde sus raíces.
No es gratuito fundamentar lo anterior, ya que posterior a la liberación de la susodicha, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (hoy tan desacreditada y acusada de solapar a los verdaderos delincuentes) sostuvo que además merecían sanción los directamente involucrados, tan es así que afamados juristas han señalado que aplicar la ley para corregir este bochornoso delito cometido en contra de la ciudadana francesa, era y sigue siendo de extrema urgencia; más aún, ahora que se consiguió reformar la Constitución para llevar a cabo planes de crecimiento económico y social, es cuando más se necesita que el Poder Judicial se fortalezca y se demuestre al exterior que con este gobierno las cosas van muy en serio.
Por supuesto no es tarea fácil, si en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue ampliamente criticada por su intervención en un caso que supuestamente estaba debidamente fincado jurídicamente, imaginemos que los emisarios del pasado están muy fortalecidos y eso constituye un grave problema para que la procuración de justicia sea amplia y expedita; de resultar esto, la República estaría transitando por inéditas avenidas que desde luego ofrecerían al interior y al exterior, mejores posibilidades de progreso sostenido y democrático.
Los responsables de este lamentable suceso están debidamente identificados, además son repudiados por un amplio sector de la población, de llevar a cabo un proceso limpio y legal, el Poder Judicial rescataría un poco del prestigio perdido; para esto es necesario un gran esfuerzo político, acción que hace muchos años no vemos como práctica cotidiana de quienes nos gobiernan; al fin y al cabo la demanda de la Sra. Cassez está debidamente fundamentada y es generosamente conocida a nivel internacional, lo cual constituye una importante oportunidad para retomar el camino democrático que  el gobierno Calderonista omitió para privilegiar oscuros intereses.
Una de las principales batallas de este gobierno, es el combate a la impunidad, ojalá y esta acción tenga las repercusiones que todos los mexicanos estamos esperando.

Florence Cassez presenta denuncia por su detención ilegal en México

Artículo publicado en Proceso

El 2 de octubre de 2014

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A 22 meses de su liberación, luego de permanecer siete años en prisión acusada de secuestro, Florence Cassez decidió que ya era hora de saldar cuentas con los protagonistas del infierno que vivió en México y presentó una denuncia en los tribunales franceses por su detención ilegal.

Según las agencias internaciones que recogieron el hecho, la querella fue promovida el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía parisina; en ella no responsabiliza a ninguna persona en particular, pero busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto, el 8 de diciembre de 2005. En el juicio que enfrentó dichas personas están claramente identificadas. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y su brazo derecho, el exsubsecretario Luis Cárdenas Palomino.

Incluso, la propia Corte dejó en claro que su arresto fue un montaje para Televisa, particularmente para su conductor estrella Carlos Loret de Mola.

Luego de permanecer siete años en prisión, Cassez apeló la sentencia y el 23 de enero de 2013 la SCJN la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa por tres votos contra dos.

El argumento central fue que el montaje televisivo de su detención “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión” ante la justicia mexicana.

Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. Sólo fijaron su postura sobre si se violaron sus derechos humanos y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.

Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo “liso y llano”, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron “tan graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso”. En contra votaron José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo.

Florence Marie Louise Cassez Crepin llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, que quedó al descubierto en febrero de 2006.

La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. En marzo de 2012 la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.

Durante su administración, el expresidente francés Nicolas Sarkozy presionó al gobierno mexicano, que encabezaba el panista Felipe Calderón, para que Florence Cassez cumpliera su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).

Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.

La “reconciliación” entre ambos países se materializó en abril pasado, en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó, junto al mexicano Enrique Peña Nieto, la voluntad de abrir una “nueva página” a través de una “cooperación excepcional” en una amplia gama de sectores.

Respuesta a Jorge Fernández Menéndez

Pascal Beltrán del Río

Director editorial

Excélsior

 

En apego a nuestro derecho de réplica, pido atentamente la publicación de nuestra misiva al articulista Jorge Fernández Menéndez  quien publicó el día de ayer un artículo titulado “Cassez y Brenda: dos secuestradoras, una estrategia”.

 

El autor de este artículo se dirige a nosotros, por lo que queremos y debemos contestar.

 

En primer lugar, Ud. Sr. Menéndez, sugiere –más bien afirma– que existe algún tipo de “parentesco” entre el caso de Florence Cassez y el caso de Brenda Quevedo Cruz; y escribe: “Florence Cassez fue liberada ignorando la prueba más importante que existía en su contra: las declaraciones de las víctimas…”. Un periodista con ética profesional, y respetuoso de las instituciones pilares del Estado de Derecho, no ignoraría deliberadamente lo que no decide ignorar:

–          El hecho de que las supuestas víctimas en caso Cassez / Vallarta se prestaron al montaje mediático de las autoridades, que todas sus declaraciones carecen de validez ya que fueron obtenidas a raíz del montaje y no independientemente de ello;

–          Que Florence Cassez no fue liberada por acuerdos políticos sino por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya decisión honra a México y fue saludada a nivel internacional. Son pocas las veces que México se distingue por su apego a los derechos humanos.

–          Que el hecho de manchar el nombre de Florence Cassez al señalarla de delincuente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó precisamente invalidar la totalidad de las supuestas pruebas en su contra por haber sido obtenidas de manera ilegal, mediante la violación sistemática a los derechos humanos fundamentales,los cuales protegen a todos los ciudadanos contra las arbitrariedades del poder. Esto, Sr. Menéndez es prueba de su profunda o deliberada ignorancia puesta al servicio de la mentira.

 

Sin embargo, el punto de nuestra respuesta a su artículo, Sr. Menéndez, no es el de volver al caso de Florence Cassez, a quién hemos defendido a lo largo de su infierno de más de siete años, y de la que sabemos –porque nosotros sí investigamos– es totalmente inocente, y no solamente inocente, sino víctima de un sistema de fabricación de culpables del cual la familia Vallarta también es víctima y cuyos responsables tenemos perfectamente identificados. Florence Cassez fue y sigue siendo víctima de esta epidemia de fabricación de culpables en México, epidemia a la propagación de la cual contribuyen periodistas como Ud., Menéndez. Para nosotros es un honor haberla defendido, haber trabajado de manera voluntaria durante más de cinco años. Y seguiremos defendiendo su nombre, su memoria, su inocencia y su dignidad. Gracias a ella, se ha abierto en México, un estrecho camino, pero al fin camino, hacia un verdadero sistema democrático en el que no se tolera ninguna violación a los derechos humanos. Si Ud. no lo puede reconocer o por lo menos intuir, Sr. Menéndez, entonces no merece el título de periodista y el derecho a la expresión que acompaña ese título.

 

Podríamos evidenciar o recordar cómo evidenciamos y de qué manera Isabel Miranda de Wallace se involucró en el caso Cassez; no para defender a las supuestas víctimas, sino por complicidad con Eduardo Margolis. Lo demostramos en su momento en múltiples ocasiones, y nuevamente le aconsejamos Sr. Menéndez que haga lo que todavía no ha hecho: nada más el trabajo periodístico que le incumbe. Con ello sabría la verdad.

 

Con respecto al caso Wallace, y las publicaciones de Proceso en México y Los Ángeles Press en Estados Unidos,  es un hecho que Isabel Miranda de Wallace no tiene todas las respuestas a la mano. En vez de ello, ella y sus consejeros se han enfocado en descalificar a la periodista Anabel Hernández, y a prestarle una intención vengativa, e incluso personal contra ella, cuando lo que está en juego es la verdad, la vida de los inculpados, la de su propio hijo, y sobre todo la de un sistema de justicia agonizante. Isabel Wallace se presenta nuevamente como víctima, blanco de una ofensiva generalizada en su contra, simplemente por haber defendido el derecho de las supuestas víctimas y haberse opuesto a la liberación de Florence, desviando el punto central de las investigaciones recientemente publicadas por los medios ya mencionados: los rastros de vida de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, después de la fecha de su presunto homicidio.

 

Isabel Miranda Torres es la figura ejecutiva de una fábrica de culpables en México, que ha usurpado la voz de la ciudadanía, una figura de la instrumentalización del dolor de las verdaderas víctimas, de las madres que realmente perdieron a sus hijas o a sus hijos, muchos de los cuales murieron a consecuencias de la supuesta guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente más vergonzoso que México haya tenido en su historia contemporánea: Felipe Calderón Hinojosa, el mismo que entregó a Isabel Miranda el premio nacional de derechos humanos en 2010, como una gran burla del sistema a los millones de mexicanos aún con dignidad.

 

La única razón por la cual tenemos que enfocarnos en la persona, en la historia turbia y oculta, en las mentiras, y en las actividades de Isabel Miranda de Wallace, es por las personas inocentes que están muriendo en la cárcel por secuelas de las torturas, por un crimen que no se cometió. Y para lograr este objetivo: la liberación de todos los inocentes, no solamente los del caso Wallace, tenemos que evidenciar la verdad, a través de investigaciones independientes, honestas y profesionales, a pesar de las amenazas, represalias, calumnias, y de los supuestos periodistas como Ud. Menéndez que usa su posición para insultarnos y a través de nosotros a todos los inocentes injustamente encarcelados de su país.

 

Asimismo queremos rectificar su dicho Sr. Menéndez cuando escribe:

 

“Que, siguiendo el camino Cassez, todos los detenidos niegan ahora su participación en los hechos, aseguran que sus declaraciones fueron sacadas mediante torturas (a pesar de que, como en el caso Cassez, hay otras pruebas testimoniales en su contra) y todos, obviamente, dicen ser inocentes.”

 

1)   Florence Cassez siempre negó su participación en los delitos que le imputaron injustamente. El camino es distinto, ya que en el caso Wallace tenemos que demostrar la falsedad de las confesiones auto incriminatorias de los acusados.

2)   Florence Cassez fue torturada psicológicamente, aterrorizada, amenazada, golpeada levemente, jalada por el cabello, e intimidada con una pistola en la frente para que firmara los papeles ya armados en los que se le exigía su autoincriminación, a lo que se negó rotundamente. Pero su integridad física no fue afectada brutalmente, como ha sido con los inculpados de Isabel Miranda. A lo mejor, su nacionalidad francesa sirvió en ese momento para evitar ese tipo de tortura. Al parecer, las autoridades todavía tienen un poco de reserva cuando se trata de torturar a una persona extranjera.

 

Decir Sr. Menéndez que nosotros seguimos la misma estrategia que implementamos en el caso Cassez, muestra su falta de atención analítica. No, Sr. Menéndez: el caso de los acusados en el caso Wallace es más complejo todavía y requiere otro tipo de estrategia, que sólo una investigación seria y profesional puede revelar quién es Isabel Miranda Torres, que se autoproclama la voz de la ciudadanía, mientras pisa y quiebra el sistema de justicia mexicano, y que –para sorpresa de todos– se niega rotundamente a considerar la posibilidad de que su hijo esté vivo, aun cuando se le presentan sólidas líneas de investigación que ella misma decide no seguir u ocultar. ¿Quién es esta madre que finge buscar los huesitos de su hijo en el canal de Cuemanco?  ¿Quién es esta persona que a pesar de su perfil delictivo y de haber estado en la cárcel, logra con la simple negación de los hechos seguir en el poder? ¿Quién es esta persona que usa los espectaculares de su propia empresa Showcase para difundir los rostros de las personas que ella misma decidió inculpar por la desaparición de su hijo, violando los derechos de ellos y sobre todo la presunción de inocencia? ¿Quién es esta persona que puede acudir a los penales y a la SIEDO para entrevistarse con los acusados en el caso Martí para proponerles un arreglo si se declaran culpables y si denuncian a los co-inculpados que se les presentan? ¿Quién es esta persona que puede liderar un operativo policíaco sin ser una autoridad  judicial? ¿Quién es esta persona que hace caso omiso de las denuncias en su contra ante la CNDH sin que haya ninguna consecuencia? ¿Quién es esta persona que goza el apoyo incondicional del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, victorioso de la candidatura que ella misma presentó?
Otra declaración contraria a la verdad por su parte Sr. Menéndez: las pruebas que se presentaron y difundieron en los medios, no son las mismas que las pruebas que Isabel Miranda de Wallace decidió callar en el 2007. Son nuevas. Basta que las revise para que se dé cuenta.

 

Reconocemos una cosa. Ud. Sr. Menéndez nos acusa de poner en duda el “hecho de que los secuestradores de Hugo Alberto han reconocido ampliamente su participación en ese crimen.”

 

Precisamente es lo que hacemos: cuestionamos lo incuestionable. Ponemos en duda lo que los demás dan por hecho, a pesar de que lo deberían hacer porque se trata de su deber como periodistas. Dichas confesiones, lejos de comprobar el  delito, revelan contradicciones y discrepancias más allá de lo aceptable. Estas contradicciones a su vez comprueban que el delito de secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace fue fabricado, y mal fabricado. Un simple vistazo a estas declaraciones genera sospechas. Un estudio amplio de las mismas nos hace cambiar totalmente de perspectiva en cuanto a la realidad del caso Wallace. Sea lo que sea, Ud. Sr. Menéndez no hizo ni uno ni lo otro, y no creemos que por falta de tiempo, ni por incompetencia, sino por elección. Y esto es anti-ético.  Los nuevos elementos de prueba que se filtraron a la prensa ponen en duda lo que hasta hace poco era considerado como un hecho irrefutable: la culpabilidad de los acusados en el caso Wallace por su declaración, pese a que no había ni cuerpo ni pruebas periciales físicas que sostuviera el homicidio. De presuntos culpables se convirtieron en presuntos inocentes.

 

Ahora el por qué cuestionamos lo incuestionable: Porque no queremos ser parte de un sistema que encarcela a inocentes.  Porque como seres humanos y humildes ciudadanos nos negamos a vivir sin dignidad en un país en el que se violan los derechos humanos por motivos ajenos a la justicia. Y finalmente porque tenemos confianza que algún día México pueda ser una verdadera democracia en la que los criminales pagan por lo que han cometido, y los inocentes están a salvo de los abusos del poder. Una fórmula tan sencilla de felicidad pública, y que México merecería alcanzar, empezando por erradicar los “acusadores públicos”, papel que personas como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí han desempeñado a lo largo de estos años, gozando prebendas económicas y privilegios judiciales con ello.
Es un deber salirnos de las ilusiones en las que hemos permanecido. Es un deber dejar de ser un niño que se cree que las historias que le cuentan, historias de hadas y brujas, historias de justicieros y de malos, historias del bien y del mal, son la realidad.

 

Es un deber salir de la psicosis generalizada por la que nos dejamos contaminar cuando, por primera vez vimos una señora que buscaba a los plagiarios de su hijo. Entendemos que nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos dejado engañar, que caímos en una trampa. El error es humano. El deseo de justicia y seguridad es legítimo y por esa legitimidad, se vuelve comprensible nuestro error: el de haber creído en la realidad del caso Wallace. Ahora bien, lo que no sería ni legítimo, ni digno del intelecto humano, sería quedarnos voluntariamente en ese error con tal de que no enfrentemos el mundo real. En ese mundo real, Isabel Miranda de Wallace no es una madre que agarró ella sola a los plagiarios de su hijo, sino una persona protegida con una red de complicidades que permite el dinero y encarcela a quien le trata de poner ante los ojos la alta probabilidad de que su hijo sigue vivo y nunca fue secuestrado.

En ese mundo real, son siete personas las que han sido acusadas públicamente por un crimen que no sucedió, y que pasarán el resto de sus vidas encarceladas si nadie toma su defensa.

 

En conclusión, le queremos dedicar nuestras últimas palabras Sr. Menéndez, ahora que nos ataca públicamente. Para nosotros, resulta ser un honor leer que usted tacha nuestra campaña de “infame, imposible calificarla de otra manera”. Es un honor para nosotros, en calidad de humilde grupo de defensa de los derechos y de la libertad de las verdaderas víctimas, recibir de su parte un intenso desprecio, usted siendo parte y, por su artículo, vocero de un sistema que encarcela a inocentes mediante tortura, intimidación, amenazas, violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

 

Aprovechamos la ocasión para mandar un afectuoso saludo a los otros inocentes encarcelados a la defensa de los cuales tratamos de contribuir: Pablo Solórzano Castro (casi Martí), María Elena Ontiveros x (caso Martí), Noé Robles Hernández (caso Martí), Cynthia Cantú Muñoz, Israel Vallarta Cisneros (caso Zodiaco), a los miles de Mexicanos injustamente encarcelados, y por supuesto a todos los acusados en este infame caso Wallace. Les decimos lo que un día le dijimos a Florence: los tenemos de la mano, y no los soltaremos.

 

Nolverto Sanchez. A.

MXporFC