Caso Héctor Casique: 30 horas de dolor

Este país se va a la chingada… Desde hace mucho tiempo. Otro caso de culpable fabricado mediante tortura. A pesar de las pruebas de que fue torturado durante 30 horas por los judiciales que lo detuvieron, Héctor Casique sigue preso. Una verdadera vergüenza que desgraciadamente pasa diario en nuestra supuesta “democracia”.

Artículo de Aldo Meza publicado el 27 de marzo del 2015 en el sitio de Noticieros Televisa (!) (en otros casos, complices de fábrica de culpables*)

Héctor Casique

Héctor Casique Fernández, ex policía municipal de Cancún, de 28 años de edad, fue acusado, juzgado, liberado y vuelto a detener por un crimen que, asegura, no cometió

Yaskade Fernández, madre de Héctor Casique Fernández, un ex policía municipal de Cancún,  de 28 años de edad, que fue acusado, juzgado, liberado y vuelto a detener por un crimen que, asegura, no cometió.

La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo lo responsabiliza del asesinato de siete personas.

Héctor Casique Fernández, comentó: “Mal, mal, la realidad es horrible, a veces uno quisiera pasársela, a lo mejor durmiendo y no saber de nada”.

El caso comenzó el 16 de marzo de 2013 en Cancún.

Al salir de un bar, Héctor fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía Turística.

Ana Cortés, abogada de Héctor Casique, explicó: “Les dicen es que están detenidos por ultrajes a la autoridad, los voy a remitir a la agencia de zona hotelera para que allá el MP decida si los va a caucionar o los va a consignar”.

En su declaración ministerial Héctor dijo haber sido  sometido a violencia extrema tras su detención,  tal y como fue  certificado en una primera valoración.

Héctor Casique Fernández, dijo: “Lo más doloroso fue la asfixia, porque fueron horas enteras de estar embolsado, era para que yo me declarara culpable de unos homicidios, no sé yo de qué, de quiénes”.

Yaskade Fernández, mamá de Héctor Casique, dijo: “Y su tortura de él comienza a medio día y fueron 30 horas de tortura, actualmente perdió un ojo, perdió un oído, le quemaron los testículos, lo violaron, le rompieron las costillas, le deformaron los dedos del pie”.

Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional  México, dijo: “Como tenemos técnicas de investigación que no funcionan, tenemos un Ministerio Público que no es profesional, tenemos un MP que no puede hacer pruebas científicas, pues a lo que se recurre entonces es a la tortura para obtener confesiones judiciales”.

Héctor identifica a sus agresores como antiguos compañeros de la Policía Judicial, a quienes había entrenado en artes de defensa personal, contratado por la Procuraduría de Justicia Estatal.

Ana Cortés, abogada de Héctor Casique, comentó: “Todo fue subiendo de nivel porque querían que él se confesara, auto incriminara, que había sido el que había mandado matar a siete personas y él decía que no”.

Para la ONU, los actos crueles, cuando se dan, suceden tras la detención de los presuntos responsables. 

Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, comentó: “En las primeras horas tratar de obtener rápidamente, o confesiones, o declaraciones contra otras personas, o identificación de lugares donde supuestamente hay elementos del delito”.

Un día después de su detención, el 17 de marzo de 2013, Héctor Casique fue presentado ante los medios de comunicación como homicida confeso de siete personas.

La procuraduría tomó como válida la declaración firmada sólo con sus huellas digitales.

Yaskade Fernández, mamá de Héctor Casique, dijo: “Las averiguaciones cinco veces hicieron que mi hijo firmara y dijeron esta no y la rompían, esta no y la rompían”.

Ana Aguilar del Instituto de Justicia Procesal Penal, dijo: “Existe la presunción de inocencia como regla de trato, es decir, tú, yo, los demás actores en el sistema están obligados a tratar a la persona como inocente hasta que no se dicte una sentencia condenatoria”.

En julio de 2013, cuatro meses después de su detención, la familia de Héctor logró que se le practicara un examen médico para obtener pruebas de la violencia física y psicológica que sufrió, que dicen, lo llevaron a auto inculparse.

Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, señaló: “Se ha convertido en el método eficiente, supuestamente eficiente de resolver delitos, de producir resultados contra la inseguridad y contra el crimen”.

La CNDH también acreditó, mediante el protocolo de Estambul, el daño médico y psicológico sufrido por Casique.

La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, no respondió una solicitud de entrevista para fijar su postura sobre este caso. 

Yaskade Fernández, mamá de Héctor Casique, dijo: “Porque la misma ley dice que no se puede tomar en cuenta una declaración cuando fue a base de tortura y que nosotros demostramos que Héctor fue torturado”.

En su batalla judicial, Héctor vio una luz. 

Tras la defensa iniciada por parte de su madre y abogada, el juzgado segundo de distrito le otorgó el auto de libertad  por falta de elementos para procesar por el delito  de homicidio de siete personas. 

Héctor Casique Fernández, comentó: “Salí libre por falta de pruebas, porque no se encontraba nada que me culpara de lo que se me imputa”.

Ana Cortés, abogada de Héctor Casique, agregó: “Pero a las afueras ya lo estaban esperando por una nueva orden de aprehensión”.

La Procuraduría argumentó, en esa ocasión, nuevas imputaciones de otros supuestos testigos del asesinato de siete personas en marzo de 2013.

Por lo que sigue preso en Cancún. 

Sin embargo, a dos años de su detención Héctor Casique fue declarado víctima por los tratos crueles recibidos.

Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, comentó: “¿Podríamos decir que el estado mexicano reconoce entonces que Héctor Casique fue víctima? sí, una instancia formal del estado mexicano ya le dio el carácter de víctima que es comisión ejecutiva de atención a víctimas. Fue víctima del estado, fue víctima de las autoridades estatales que lo han torturado”.

A dos años de su detención, Héctor padece de lesiones incurables.

Yaskade Fernández, mamá de Héctor, agregó: “No hay un instante que yo me quite a mi hijo de la cabeza, no hay un instante, hay días en los que no quiero ni amanecer, pero el pensar que él me necesita es lo que me motiva y me hace levantarme”.

* Israel Vallarta sigue preso después de más de 10 años en la cárcel gracias a la inestimable participación de Televisa en el montaje mediático orquestado por la AFI el 9 de diciembre. Sabemos que vale su canal. Nonobstante, gracias al periodista Aldo Meza por haber cubrido el caso de Héctor Casique. Ojala le den seguimiento.

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A Florence Cassez “le destruyeron su vida”: abogado en CNN

Artículo publicado el 2 de febrero de 2015 en el sitio Aristegui Noticias.

“La inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando… si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”, comentó José Patiño.

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La ciudadana francesa, Florence Cassez es víctima del sistema mexicano, pero no del sistema de justicia en general, sino que fue víctima de una serie de personas que se reunieron para crearle un problema y ese daño moral que le han causado, desde que ingresó a la penitenciaria hasta actualmente donde vive ella en Francia. “A ella le destruyeron su vida”, señaló José Patiño Hurtado, abogado de Cassez.

En entrevista para Aristegui CNN, reconoció que todo el mundo duda de su defendida; “ella es una persona que siempre fue inocente, prueba de ello es que estas personas le escenificaron algo fuera de la realidad -como dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar -, y la inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando, porque si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”.

A través de su abogado, Cassez interpuso una demanda en México, contra el ex presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, por daño moral. La demanda también incluye a varios de funcionarios del anterior sexenio, e incluso contra el conductor de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola, quien transmitió en 2005 el montaje que resultó la detención de la francesa. Sin embargo, un juez federal rechazó la demanda.

Patiño aseveró que “Felipe Calderón envía a su secretario particular, eso lo leí en todas las notas, por eso lo tenemos documentado con todas las notas periodísticas, envía a Roberto Gil para que gestione e impida que los ministros la liberen, es una presión política, invadiendo un poder distinto al que el tenía, violando cualquier norma y teniendo un interés personal. Porque solamente una persona que tiene interés personal envía a su secretario particular a gestionar a que no le den un amparo, cuando realmente ya no es papel de él”.

Lo hizo “invocando que se le iba a caer el plan, que se iba a caer el secretario de Seguridad Pública, si el secretario y todos los demás están escenificando algo, el señor tenía el deber de actuar e impedir que se llevaran más anomalías en el proceso, está incurriendo en una situación anómala y por eso es su responsabilidad”, acusó Patiño.

Sobre la participación de Televisa, el abogado indicó que también tiene una responsabilidad,  “porque sabían el daño que le iban a ocasionar, al haber escenificado algo fuera de la realidad, ellos conocían el daño que iban a ocasionar, no fue delito culposo, usaron toda la fuerza del Estado para hacerle creer a la población, tanto de México como del mundo, que estaban combatiendo la delincuencia. Cuando fue una escenificación de algo que no fue cierto”.

Recordó que “también estamos demandando a la Procuraduría General de la República (PGR), por eso es una demanda de Estado, no es una demanda únicamente contra los particulares, aquí estamos demandando a la PGR, a quien era el titular Daniel Cabeza de Vaca, a los funcionarios Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Israel Zaragoza Rico, Facundo Rosas, a Roberto Gil Zuarth, y al propio ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, también a Carlos Loret de Mola y a un periodista que se llama Pablo Reinah”.

Patiño explicó que ante la demanda, “el juzgado se declara incompetente. La denuncia la presentamos el 23 de enero, tenemos tres días para impugnarlo y lo vamos a impugnar, estamos analizando los argumentos que son muy sencillos porque tiene responsabilidad, el juez tiene la jurisdicción y la capacidad de resolver este asunto”.

Buscamos “que se le repare el daño en las peticiones que estamos solicitando, de acuerdo a las capacidades económicas de los que están involucrados en haberle hecho el daño”, enfatizó.

Defensa de Cassez demanda a Calderón, García Luna, Televisa y Loret por 36 mdd

Artículo publicado el 26 de enero de 2015 en la revista Proceso.

Florence Cassez a su llegada a Francia.  Foto: AP / Christophe Ena
Florence Cassez a su llegada a Francia.
Foto: AP / Christophe Ena

José Patiño, abogado de Florence Cassez, anunció que presentó una demanda por 36 millones de dólares por el delito de daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, el exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, la empresa Televisa, el locutor Carlos Loret de Mola y el reportero Pablo Reinha, entre otros.

El monto de la demanda obedece a “la capacidad económica” y porque a Cassez “la mataron en vida”, argumentó el abogado.

El periódico La Jornada publica hoy una entrevista con Patiño quien le detalla que Cassez incluyó como responsable del daño moral a Luis Cárdenas Palomino, exdirector general de Investigación Policial de la AFI; a Israel Zaragoza Rico, titular en ese momento de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro; a Facundo Rosas, exfuncionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada y al actual senador Roberto Gil Zuarth, en ese entonces secretario particular de Calderón Hinojosa.

Y hoy, en entrevista con MVS Noticias, Patiño defendió la decisión: “Si no la defendemos ahora, cualquiera de nosotros puede ser acusado de manera injusta y señalado por la sociedad. El delito, es un delito doloso no culposo pues supieron que era ilegal”, refirió el abogado.

El pasado jueves 23 de enero se cumplieron dos años de la liberación de Cassez, quien pasó siete años en prisión acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Ese día la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa bajo el argumento de que su detención fue producto de un montaje televisivo y “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión”.

Florence Cassez presenta denuncia por su detención ilegal en México

Artículo publicado en Proceso

El 2 de octubre de 2014

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A 22 meses de su liberación, luego de permanecer siete años en prisión acusada de secuestro, Florence Cassez decidió que ya era hora de saldar cuentas con los protagonistas del infierno que vivió en México y presentó una denuncia en los tribunales franceses por su detención ilegal.

Según las agencias internaciones que recogieron el hecho, la querella fue promovida el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía parisina; en ella no responsabiliza a ninguna persona en particular, pero busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto, el 8 de diciembre de 2005. En el juicio que enfrentó dichas personas están claramente identificadas. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y su brazo derecho, el exsubsecretario Luis Cárdenas Palomino.

Incluso, la propia Corte dejó en claro que su arresto fue un montaje para Televisa, particularmente para su conductor estrella Carlos Loret de Mola.

Luego de permanecer siete años en prisión, Cassez apeló la sentencia y el 23 de enero de 2013 la SCJN la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa por tres votos contra dos.

El argumento central fue que el montaje televisivo de su detención “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión” ante la justicia mexicana.

Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. Sólo fijaron su postura sobre si se violaron sus derechos humanos y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.

Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo “liso y llano”, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron “tan graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso”. En contra votaron José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo.

Florence Marie Louise Cassez Crepin llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, que quedó al descubierto en febrero de 2006.

La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. En marzo de 2012 la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.

Durante su administración, el expresidente francés Nicolas Sarkozy presionó al gobierno mexicano, que encabezaba el panista Felipe Calderón, para que Florence Cassez cumpliera su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).

Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.

La “reconciliación” entre ambos países se materializó en abril pasado, en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó, junto al mexicano Enrique Peña Nieto, la voluntad de abrir una “nueva página” a través de una “cooperación excepcional” en una amplia gama de sectores.

Presunción de inocencia y debido proceso

Fuente: La Jornada

Por Adolfo Gilly

Primero de febrero, 2013

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decretó la nulidad del juicio contra Florence Cassez ha despertado comentarios, pasiones y muestras de ignorancia de principios elementales del derecho penal. El primero de dichos principios dice que todo acusado de un delito es inocente en tanto no se demuestre lo contrario. La carga de la prueba recae sobre la parte acusadora, en este caso el Ministerio Público. Al procesado le basta con afirmar su inocencia. Es el acusador quien, según normas y procedimientos de la ley, debe demostrar la culpabilidad del procesado.

En otras palabras: toda persona es considerada inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad. Y si ésta no se demuestra, debe quedar en libertad.

El segundo de dichos principios dice que todo acusado tiene derecho a un debido proceso, es decir, a ser juzgado según las normas del código de procedimientos penales, las cuales garantizan la imparcialidad y la equidad del proceso.

Estos dos principios básicos, aplicados por la SCJN, sustentaron la decisión de anular el proceso y decretar la libertad de la ciudadana francesa, de inmediato deportada a su país de origen.

El fallo de la SCJN no dice si Cassez es inocente o culpable. Dice que el proceso en que fue condenada, que la mantuvo en prisión durante siete años, es un cochinero tal que es imposible determinar su culpabilidad o su inocencia y, según ley, corresponde decretar la libertad.

¿Quién es responsable de esta alteración fraudulenta que obligó a la SCJN a decretar la libertad de la acusada? Señalo sólo los dos más notorios. En primer lugar, el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Genaro García Luna, que montó la filmación de una supuesta detención de Cassez, cuando el apresamiento tuvo lugar en momento y lugar distintos. En segundo lugar Televisa, que se prestó al montaje de la filmación fraudulenta y de la sucesiva campaña mediática contra la acusada. En ambos casos no hubo ofuscación o error. Hubo un caso de delincuencia organizada penada por la ley.

Por eso, conforme a derecho, la SCJN estaba obligada a poner en libertad a la acusada: violación de la presunción de inocencia y del derecho a un debido proceso conforme al código de procedimientos. Si no lo hacían, los ministros de la Corte se convertían en cohonestadores de estos delitos.

Quienes por ellos deberían ser llevados ante los tribunales penales son el ex secretario de Estado Genaro García Luna y los ejecutivos de la empresa Televisa. Si tal improbable caso se diera, tocaría exigir que en el juicio penal correspondiente se les respetaran sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.

* * *

No sé si Florence Cassez es inocente o culpable. La justicia mexicana, debido a García Luna y a Televisa, no ha podido decidirlo y no ha tenido otra recurso, según las leyes vigentes, que ponerla en libertad. Es un precedente importante que ahora pueden invocar tantos inocentes condenados bajo procedimientos ilegales.

Diversos organismos de defensores de derechos humanos se han pronunciado en el mismo sentido: afirmar los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso. Una nota en La Jornada del 23 de enero de 2013 –día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía dictar su fallo– informaba que varias organizaciones de derechos humanos sostenían el criterio de que nadie puede ser sentenciado con base en pruebas obtenidas al margen de la ley, siendo exhibido ante los medios como culpable y sin asistencia consular efectiva y oportuna.

En esa nota se reproduce la opinión del abogado Octavio Amezcua, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en entrevista con La Jornada: Las violaciones al debido proceso son de tal gravedad que se debe dejar libre a Florence Cassez. Si se excluyen dos testimonios que la incriminan y se considera la presunción de inocencia por toda la cuestión del montaje mediático en su contra, se debe dictar sentencia absolutoria. […] Lo más grave es que en la opinión pública en general ya hay ideas preconcebidas sobre si es culpable o inocente, pero el proceso jurídico fue tan manipulado que es imposible saber el grado de responsabilidad de Cassez. Hay que hacer valer el principio de presunción de inocencia.

Al día siguiente, 24 de enero, el mismo abogado declaró que la decisión de la SCJN puso en evidencia las grandes fallas en que incurren las autoridades de procuración e impartición de justicia en el debido proceso. Fiscalías y policías se basan en pruebas fabricadas para presentar casos y consignarlos. Agregó que las organizaciones civiles que han celebrado esta decisión no se han pronunciado sobre la inocencia o culpabilidad de Cassez, sino sobre las violaciones cometidas al derecho a un debido proceso.

Ese 24 de enero, una carta del abogado Mauro González-Luna Mendoza a La Jornada abundaba en argumentos jurídicos: A la culpabilidad sólo se llega válidamente a través de una búsqueda donde el vaivén de los argumentos va conduciendo a lo verosímil. Una mentalidad primitiva, sin agotar el fatigoso ejercicio del derecho, condena cómodamente. Las formalidades posibilitan la racionalidad de la sentencia. […] Los ministros desnudaron el montaje y la violación de derechos humanos. Concluyeron afirmando que sin el respeto a los derechos básicos durante el proceso no hay posibilidad de defensa; y así la libertad debía otorgarse para restaurar la presunción de inocencia, clave de la justicia penal.

Otra carta, del abogado José Lavanderos, de la asociación Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, expone argumentos similares: La importancia de la sentencia en favor de la francesa Florence Cassez tiene dos inevitables consecuencias para el sistema de justicia penal en nuestro país: una, que sienta precedente en un caso plagado de violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de Cassez. La segunda, que optó por evitar conceder un amparo para efectos, figura que en nuestra opinión debe suprimirse en el juicio de amparo. Si se concede, aun en esos términos, es porque el magistrado ha detectado violaciones al procedimiento o al debido proceso: enviarlo para efectos se traduce en un calvario sin fin para el sentenciado, como lo es todavía para los miles de presos en cárceles mexicanas.

Otras opiniones de juristas han ido en el mismo sentido. Afirman que se violaron las garantías fundamentales y, en consecuencia, el juzgador está obligado a decretar la libertad para respetar la presunción de inocencia, clave de la justicia penal.

* * *

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el pasado 28 de enero una tarjeta informativa (La Jornada, 29 enero de 2013, pág. 7). Dice que el debido proceso “es el respeto a los derechos de una persona durante un juicio –incluso desde la propia averiguación previa–, plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, encaminados a la obtención de una resolución equilibrada y justa”. Como fundamentales enumera los derechos a la igualdad, a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a tener un traductor e intérprete y, en caso de ser extranjero, a que el consulado de su país sea notificado de su detención.

La tarjeta de la Corte enumera las decisiones donde fueron liberadas personas sentenciadas injustamente por la violación del derecho al debido proceso: el primero de febrero de 2012 se ordenó “la libertad de siete personas (indígenas tzotziles) por los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, dado que se violaron tales garantías por la obtención de pruebas contrarias a la ley. Por la misma causal, el 17 de octubre de 2012 la primera sala ordenó la inmediata libertad de un sentenciado, indígena mazahua, en cuyo proceso se cometieron diversas violaciones, entre ellas al debido proceso, por la obtención de pruebas contrarias a la ley. El 28 de noviembre de 2011 se ordenó la inmediata libertad de dos detenidos nahuas, pues no había pruebas suficientes del delito de robo, se violó la garantía de audiencia y debido proceso y no se les designó traductor.

Si se agrega el caso Florence Cassez, la información de la Suprema Corte está enumerando, entre noviembre de 2011 y enero de 2013, cuatro casos de liberación de personas por violación de sus derechos constitucionales y legales: presunción de inocencia y debido proceso. Son precedentes que parecen indicar una tendencia.

Cualesquiera sean las decisiones de las diversas salas de la Suprema Corte de Justicia en otros casos, no veo razón para que quienes, en la mejor tradición democrática e iluminista, defienden garantías y derechos como pilares de la justicia, no invoquen estas decisiones como instrumento para la liberación de tantos presos injustamente encarcelados y para proteger los derechos y las libertades ayer y hoy amenazados, negados y atropellados por la arbitrariedad de tantas autoridades.

El caso Cassez: la reconstrucción del montaje televisivo

Fuente: Mensaje Político

por  Juan Manuel Magaña

El ministro no se equivocaba en calificar así aquella transmisión, en la que otros también veían un montaje televisivo. El ministro no se equivocaba en calificar así aquella transmisión, en la que otros también veían un montaje televisivo.
Hace unos días, el mandatario de Francia, François Hollande, y el presidente electo Enrique Peña Nieto, acordaron que en el caso Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión, se respetaría lo que resuelva la Suprema Corte mexicana, con “estricto apego a derecho”, y que este tema “no volverá a empañar las relaciones entre ambas naciones”. En este contexto, aquí ofrecemos la reconstrucción del “montaje televisivo”, lo que pudo ser apenas el inicio de un muy polémico proceso legal.

La mañana del 9 de diciembre de 2005, el programa televisivo Primero Noticias transmitió “en vivo”, ante millones de personas, el supuesto rescate por parte de agentes federales de tres personas secuestradas en el rancho Las Chinitas, ubicado en una orilla de la carretera México-Cuernavaca. En marzo de 2012, más de seis años después, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea calificó esa transmisión de “escenificación ajena a la realidad”, en un proyecto de sentencia de la Suprema Corte que proponía la liberación de la francesa Florence Cassez.

El ministro no se equivocaba en calificar así aquella transmisión, en la que otros también veían, de manera equivalente, un montaje televisivo. En el trabajo del ministro se podía advertir que había una verdad que estaba pugnando por salir y que todo dependía de que surgieran más elementos. Eso motivó esta reconstrucción, que ha pretendido establecer un par de verdades, una de ellas un auténtico hallazgo en el camino.

Este ejercicio periodístico de investigación y reconstrucción está basado en múltiples fuentes: una es el proyecto de resolución del propio ministro Zaldívar sobre el caso Cassez; un amplio análisis que al respecto publicó en la revista Nexos el periodista y escritor Héctor de Mauleón; el testimonio de la periodista Yuli García; las afirmaciones del reportero Pablo Reinah, partícipe en los hechos, y, por supuesto, las conversaciones que antes, durante y después de aquel enlace yo sostuve con los miembros del equipo de Primero Noticias, más mi experiencia directa en el asunto en calidad de coordinador informativo de este noticiario.

Esta reconstrucción enfoca el momento preciso en que el noticiario mencionado transgrede las reglas del periodismo en la cobertura del supuesto operativo “en vivo” de rescate de tres víctimas de secuestro y la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta. Dichas reglas son las de no intervenir en los hechos, y mucho menos fabricarlos, y no ocultar, no desinformar y no mentir. En el momento en que se transgredieron estas reglas, se participó, a querer o no, en lo que el ministro de la corte calificó de “escenificación ajena a la realdad”.

Además, durante esta investigación se descubre que el testimonio final de los policías participantes en el operativo “en vivo” no encaja en los hechos reales de aquella mañana.

Actores principales en esta investigación son el conductor Carlos Loret de Mola, la productora Azucena Pimentel, el reportero Pablo Reinah, mismos que en lo sucesivo serán mencionados como “el conductor”, “la productora” y “el reportero”.

 

ENTREVISTA CARMEN ARISTEGUI A JUAN MANUEL MAGAÑA PRIMERA PARTE

 

La referencia de las horas

Es importante determinar en qué horas se fueron dando los hechos. Según testimonios de los policías participantes, a las 4:00 de la mañana de aquel 9 de diciembre se inició un operativo de vigilancia en las inmediaciones del rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca.

Uno de esos agentes había informado que Israel Vallarta y Florence Cassez salían del rancho a esa hora. A continuación, se dijo que a las 4:30 horas, kilómetros adelante, Cassez y Vallarta fueron detenidos.

Estas horas referidas corresponden a un segundo testimonio de la policía, que rectifica el primer parte-declaración que se había dado. Los tiempos se ajustaban una hora: la primera vez se hablaba de las 5:00 y las 5:30 de la mañana; la segunda vez se cambiaba a las 4:00 y las 4:30 horas. Los episodios seguían siendo la salida de Vallarta y Cassez del rancho, y luego la detención media hora más tarde.

Sin embargo había una tercera versión que chocaba con las dos anteriores: Florence Cassez y algunos testigos, cosa que menciona el proyecto de resolución del ministro Zaldívar, dicen que eso de la detención no fue esa mañana sino un día anterior, en otro lugar y de muy distinta manera. Así es como comienzan a aparecer en el expediente verdades encontradas o dichos distintos.

El ajuste de una hora respecto de la primera declaración de la policía resultaba más o menos adecuado en cuanto a la marca de las 6:46 horas en que el operativo “en vivo” salía al aire en Primero Noticias. De otro modo no hubiese cuadrado nada. Y ni aun así el desenlace de su acción logró encajar en la realidad, como se verá más adelante, acaso por un gran descuido.

 

ENTREVISTA CARMEN ARISTEGUI A JUAN MANUEL MAGAÑA, SEGUNDA PARTE

 

Los tiempos de la televisión

Si resultara que los policías dijeron la verdad, las horas que mencionaron ofrecen una frontera de tiempo inicial para la acción posterior de la televisión. Es decir, las 4:00, 4:30 ya nos están dando una referencia sobre la que después vendría la acción de la televisión.

Es obvio que si apenas entre las 4:00 y las 4:30 de la mañana Vallarta y Cassez salían del rancho y luego eran detenidos, la policía no estaba todavía en posición de invitar a la televisora a una cobertura en vivo. La idea tenía que sopesarse por lo menos un rato, además de que se supone había otra prioridad: dijeron que Israel Vallarta había dicho que debía regresar al rancho para proteger a los secuestrados de otros secuestradores. Según se relata en el proyecto de resolución del ministro, la policía pidió por ello apoyo a las 4:30, mismo que llegaría una hora 45 minutos después, es decir, las 6:15 horas al lugar de la detención. Lo dice también en su reportaje el periodista Héctor de Mauleón.

Mientras, en algún momento después de las 4:30, el reportero informa, según él al conductor de Primero Noticias, que la policía le pondrá algo noticioso para ese programa. Otra versión, y no necesariamente excluyente, dice que Eduardo Arvizu, jefe de información de Noticiarios Televisa, entra como a las 5:00 de la mañana a la oficina del conductor para comentarle el mismo ofrecimiento por parte de la Policía Federal.

El conductor dice que la cobertura va, en presencia de la productora y de Laura Barranco, una periodista muy cercana al conductor, con múltiples funciones importantes dentro de su staff. Todos ellos están entonces enterados. El conductor es el único que en ese momento puede autorizar la cobertura. Nada se hace sin que él lo decida, pues en aquel tiempo disponía de bastante libertad y no necesitaba consultar o pedir autorización a ningún directivo de Televisa para disponer del traslado de una unidad de transmisión satelital para cubrir un asunto policiaco. Por lo demás, no se sabe si esa consulta la hubo.

Desde luego, como en cualquier asunto noticioso prometedor, esa madrugada se ejecutó de inmediato la operación de cobertura. Se envió una unidad de transmisión satelital y al reportero, junto con un equipo de producción para poder transmitir.

Como la finca Las Chinitas, el lugar de la cita, está al lado de la carretera federal a Cuernavaca, las maniobras de llegar, instalarse y transmitir, es decir, tender el cableado, buscar el satélite, levantar la señal, hacer pruebas de video y audio, se llevarían como mínimo una hora. Es una operación que normalmente se lleva ese tiempo, o sea, las 6:00 de la mañana más o menos para estar in situ, si nos basamos en que a las 5:00 se estaba tomando la decisión de ir a la cobertura.

Pero resultó que ya instalados y después de mucho intentar, el equipo enviado reportaba a la cabina, mientras el noticiario ya estaba al aire, que del lugar no salía la señal, y así entonces dieron más de las 6:30 de la mañana. Por lo menos tres cuartos de hora estuvieron los enviados de Primero Noticias frente al portón de la finca batallando para poder transmitir, sin conseguirlo.

 

ENTREVISTA CARMEN ARISTEGUI A JUAN MANUEL MAGAÑATERCERA PARTE

Lo que ya no encaja

Según los testimonios de los policías, los mismos que ya habían cambiado su primera versión, los refuerzos solicitados a las 4:30 llegaron hasta las 6:15 al lugar, distante del rancho Las Chinitas, donde supuestamente fueron detenidos Vallarta y Cassez. Es entonces cuando se dirigen al rancho para el rescate de los secuestrados, lugar al que llegan, como ellos mismos relatan, a las 6:30. Dicen que en ese momento Israel Vallarta les abrió la puerta. Es decir, no entran con violencia, ni va detrás de ellos la televisión o la prensa para registrar la operación.

Y este es el asunto que no encaja en la reconstrucción. Se supone que ya estaban los enviados de Televisa desde las 6:00 horas frente al portón y nadie vio llegar a los federales. Tampoco nadie invitó ahí, en ese momento, a reportero alguno a transmitir un operativo que estuviese ocurriendo “en vivo”. Si el testimonio policiaco fuese cierto, lo más seguro hubiera sido que la cámara de Televisa, que ya desde ese momento estaba “tirando” hacia el portón, es decir, enfocándole, habría registrado cualquier escena que hubiese estado enfrente (llegada del operativo, entrada a la casa). Pero no ocurrió así.

Hay que decir que, seguramente por falta de elementos, el ministro Zaldívar no logró percibir esto en su investigación. Es una ficha del rompecabezas que no está en su material a la hora en que reconstruye minuto por minuto.

Y, como se ve, se trata  de un fenómeno de invisibilidad que no tiene manera de encajar en la realidad. La versión choca de frente con la del operativo “en vivo”, pues el testimonio policiaco describe cosas que nunca se encontraron con la televisión, como el hecho de que a las 6:30 de la mañana llegaron los policías al rancho e Israel Vallarta les abrió la puerta, para así entrar, comenzar el operativo, e indicarles dónde estaba el cuarto de los secuestrados.

El testimonio describe, además, una realidad completamente distinta a la del operativo “en vivo” que comienza trasmitirse en Primero Noticias a las 6:46 de la mañana. Por si no bastara, al ampliar su declaración, estos agentes sostienen que desde que entraron al rancho hasta que salieron, en compañía de las víctimas ya rescatadas, ninguna televisora había hecho acto de presencia.

Si las cosas hubieran sido como en el relato policiaco, desde las 6:30 se hubiera desatado el operativo esperado y la televisión hubiese podido cuando menos grabarlo, dadas las dificultades que a esa hora tenía para levantar su señal. Los hechos hubieran sido totalmente distintos.

ENTREVISTA CARMEN ARISTEGUI A JUAN MANUEL MAGAÑACUARTA PARTE

Lo que sí se grabó: indicio del montaje

A esa hora de las 6:30, en la cabina de producción de Primero Noticias se recibía una señal defectuosa en la que se veía de vez en cuando al reportero y a un grupo de policías apostados afuera del portón del rancho Las Chinitas. Sólo se esperaba que la señal fuera estable para poder transmitir el operativo, si es que éste no empezaba ya, por lo que tendría que ser grabado.

Pasaron los minutos y como la señal de televisión nomás no salía del lugar, entonces conductor y productora decidieron que se grabara el enlace, con el objeto de transmitir los hechos un poco después con la leyenda “hace un momento”. Si esto se hubiera hecho de cabo a rabo, la historia del montaje hubiera cambiado fuertemente. Ya no hubiera sido un pretendido hecho en vivo, como se dijo, y probablemente el montaje jamás hubiese sido descubierto.

La reportera Yuli García ha dicho que encontró esa grabación -que finalmente no se lanzó al aire- en unos casetes de Televisa, y es cuando descubre el gran indicio de un montaje televisivo. Ella ha relatado que los agentes de la AFI estaban formados en la puerta del rancho, esperando la indicación para entrar. También mencionó que una voz de la producción que venía de la cabina le decía al reportero: “Todavía no Pablo, vamos a ir primero con una nota de deportes y luego vamos contigo”.

De Mauleón rescata un fragmento de lo que le dijo Yuli García en una conversación: “Pablo le dijo a los policías: ‘No se muevan, vamos a meter una nota de deportes y luego seguimos nosotros’. Se oyó la voz de un mando que les dijo a los policías, ‘regresen, hagan fila, y yo les digo cuando avancen’”.

Lo que ese día vieron algunos, no todos, en la cabina de producción, fue que cuando se empezó a grabar el enlace se abrió el portón, la policía comenzó a entrar a la finca y la narración del reportero se inició. Las imágenes llegaban nítidas a la cabina y a una pantalla que el conductor podía ver en el set del noticiario.

Algunos oyeron decir al conductor: “eso está bueno, está chingón, ¿será que se puedan regresar?”. Y entonces la producción se encarga de que todos, los policías y el reportero diciendo “sí, nada más me das quiu”, volvieran a apostarse en sus posiciones originales, a la espera del conteo decisivo para ir ahora sí “en vivo”.

Sólo unos cuantos en cabina pudieron haber percibido estos hechos, porque estando el programa al aíre una buena parte de los elementos de la producción estaba en su trabajo de llevar la transmisión. Por otro lado, para hacer los enlaces había un cuarto contiguo a la cabina, separado por un cristal,  donde una asistente de enlaces y algunos elementos más se hacían cargo de esa operación.

 

ENTREVISTA CARMEN ARISTEGUI A JUAN MANUEL MAGAÑA, y QUINTA PARTE

El montaje

Entonces, minutos después, vino lo que prácticamente vieron todos en la cabina de producción: que el reportero estaba de nuevo a la espera, que los policías están agazapados por afuera del portón de la finca, atentos a que el conteo regresivo de la producción del noticiario les indique entrar al lugar y dar comienzo ya en ese instante al operativo policiaco “en vivo”. Con ese mismo conteo se pondrían ya en movimiento, además, todo el engranaje del programa: el director de cámaras, el asistente de enlaces, el mismo conductor, el reportero, etcétera. El operativo estaba al aire. Eran las 6:46.

El noticiario no se interrumpió abruptamente para dar paso al control remoto. Simplemente terminó la sección deportiva y el conductor mandó al enlace con el reportero que decía tener “algo de último minuto”. En la pantalla ya se podía leer un rótulo que decía “en vivo” y otro que anunciaba que “la AFI rescata a tres secuestrados”. Para entonces la entrada al rancho ha ocurrido ya dos veces, con un intervalo de pocos minutos.

Y es éste el hecho más irrefutable de intervención y alteración de los hechos por parte del programa. Con un quiú se inició un falso operativo “en vivo”. Y este es el foco de este recuento.

Cuando uno ve, un minuto o segundos antes de ir al aire, el alineamiento de un cuerpo policiaco con el quiú del noticiario, para ejecutar un operativo policiaco, ahí es cuando uno se dice: “No, no, no, ahí se está traspasando una raya, se está cruzando una frontera en la que se está actuando en los hechos, participando en los hechos, en vez de atestiguarlos”.

El resto actuado

Lo que siguió lo vieron millones de personas. Simultáneamente la policía avanza adentro de la finca y el reportero reporta. Penetran hasta la pequeña construcción del costado derecho donde un funcionario de la AFI, Luis Cárdenas Palomino, desde adentro les abre la puerta. El reportero decía: “Un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos, y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas y ésta madrugada lo que está haciendo es liberar a tres personas. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho, nosotros estamos también aquí conociendo los datos, prácticamente en vivo”.

A las 6:48 Israel Vallarta es “sometido” al piso, manos atrás, como si eso ocurriera en ese instante. Se ven armas, se ven fotos, se ven pasamontañas, credenciales de elector, etcétera. El reportero insiste en que es en vivo esa entrada, y a las 6:49 da con la mujer que se tapa el rostro, que es de origen francés, esposa del “secuestrador” y “y quien ayudó a planear el secuestro”.

Durante el desarrollo de esta acción Laura Barranco, colaboradora cercana a Loret dentro del staff, manifiesta al conductor varios desacuerdos en la cobertura: uno, con que se tache a Florence Cassez de delincuente sin juicio de por medio; otro, con los golpes que evidentemente recibe el aire Israel Vallarta; otro más, con los reiterados agradecimientos de las víctimas a la AFI, que dice que para ella son francamente sospechosos.

En eso, 6;49, se incorpora TV Azteca a transmitir por su cuenta y entonces ya ambas televisoras hacen esencialmente lo mismo en las siguientes dos horas, lo cual sólo reflejaba una motivación que era a veces burda, otras veces con calidad: esa motivación era una tremenda competencia que tenían cada mañana por el rating mediante el amarillismo o la nota roja.

 * El autor es periodista, ex coordinador de información de Primero Noticias, en el Canal 2 de Televisa. Esta reconstrucción-investigación fue presentada en el noticiario matutino de MVS, con Carmen Aristegui, el 21 de marzo de 2012.

Televisa transmitirá Presunto Culpable este sábado 24 de septiembre a las 10 pm por el Canal 2


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Agradecemos @eazcarraga y a todo el equipo de Televisa por la difusión que han dado a este proyecto.

Prevalece el reto de atender los problemas que la cinta señala, en particular, evitar el encarcelamiento de personas inocentes. El dia de ayer 22 de septiembre el Presidente Felipe Calderón dio un gran paso en ese tema pues envió al Congreso una iniciativa de ley que afectará los enjuiciamientos a nivel federal. Desde el punto de vista de lo que vimos en el caso de Toño Zuñiga sabemos que es un avance, pero desde ya también sabemos que es una solución incompleta pues la mayoría de los juicios penales son de jurisdicción ESTATAL. Por lo tanto, se que requerirán de muchos más cambios en nuestras leyes e instituciones para atacar los encarcelamientos injustos. Conoce el texto de la iniciativa presidencial aquí (link)http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110922-II.html#Iniciativa1 e infórmate de lo que está haciendo tu gobierno estatal para evitar más presuntos culpables.

Agradecemos a @m_ebrard jefe de gobieno de la Ciudad de México quien tuvo el gesto de indemnizar a Antonio Zúñiga otorgándole una vivienda. Sin embargo, a la Ciudad de México, al igual que a muchas otras de nuestro país, le hace falta modernizar su marco normativo e infraestructura para prevenir casos como del Zúñiga y otros que hemos visto.

Presunto Culpable fue nominada a 3 Emmys y sus realizadores acudiremos a la ceremonia de premiación en Nueva York el lunes 26 de septiembre. No sabemos si volveremos a casa con alguna estatuilla. Sin embargo, creemos que el hecho de que tantos mexicanos hayan visto y aprendido con esta historia es el premio más importante. La cinta ha cumplido con su misión. Gracias a todas las personas e instituciones que nos apoyaron.

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