Un tercio de la población mexicana justifica la tortura a delincuentes

21/03/2016
Una tercera parte de la población en México acepta o legitima la utilización de la tortura contra personas que cometan secuestro, extorsión, robo, traición a la patria y fraude, o bien que pertenezcan al narcotráfico, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura.
Comentó 39,5% de forma espontánea que nunca se justifica torturar a una persona, pero 42,2% sí justificó la tortura bajo algún supuesto, y 18,3% no supo o no quiso contestar.
El diagnóstico se realizó mediante una encuesta aplicada a 1.200 personas de 15 años o más, residentes en las poblaciones urbanas del país, mediante la selección de una muestra representativa a nivel nacional. Fue elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Refiere que el porcentaje en favor de la tortura, para obtener información de una persona miembro de un grupo de narcotraficantes, se encuentra por debajo de la aceptación como castigo para los delitos de violación o secuestro, pero es levemente superior al porcentaje que aceptó la tortura para conseguir información en el caso de un riesgo inminente para la población. La etiqueta “narcotraficante” generó un acuerdo significativo con la tortura por parte de las y los entrevistados, pero en menor medida que “violación” y “secuestro”.
El diagnóstico refiere que una tercera parte teme ser sujeto de tortura si es detenido o detenida, como una reflexión de que cualquiera puede ser víctima de tortura.
La mayoría de los entrevistados dijeron tener claridad acerca de las acciones que constituyen tortura, desde las físicas, con independencia de si dejan o no lesiones; sexuales y psicológicos (aunque en menor medida asociaron la intimidación o amenazas como parte de su aplicación), incluyendo la gravedad de los mismos.
Los consultados atribuyeron como factores de la persistencia de la tortura en México la corrupción, las malas prácticas y la falta de capacitación de las autoridades, así como la impunidad y la dificultad para acreditar los hechos de tortura.
Se refiere como principales agentes torturadores a elementos policiales, seguido de agentes del Ministerio Público y miembros de las Fuerzas Armadas, quienes son servidoras y servidores públicos que procuran a la población.
La mayoría de los entrevistados dijeron tener claridad acerca de las acciones que constituyen tortura, desde las físicas, con independencia de si dejan o no lesiones; sexuales y psicológicos (aunque en menor medida asociaron la intimidación o amenazas como parte de su aplicación), incluyendo la gravedad de los mismos— se permita su utilización para ciertos propósitos o personas imputadas de los delitos.
El diagnóstico menciona “aunque contemos con un marco jurídico nacional e internacional extenso sobre la proscripción de la tortura, no trascenderemos a su plena eficacia y erradicación mientras las personas no tengan conocimiento de ello y, sobre todo, la toleren o acepten como algo necesario para la obtención de ciertos fines, con lo cual la naturalizan o normalizan y crean un contexto favorable a los torturadores para continuar aplicándola en total impunidad”.
Añade que “sin la voz y la presencia activa de una sociedad contraria a la tortura, la posibilidad de que el gobierno rinda cuentas, castigue a los responsables y se consolide un auténtico Estado democrático de derecho disminuye”.
Por casos de tortura que leva la CMDPDH. Un grupo de organizaciones de derechos humanos en contra del uso de la tortura solicita al gobierno federal pronunciarse claramente en contra de esta mala práctica y solicitan sea garantizada su seguridad para continuar su trabajo, pues la “campaña de desprestigio y difamación”, ejecutada por particulares, los coloca en un estado de vulnerabilidad e indefensión.
El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, confirmó que en fechas recientes, la organización a la cual pertenece —mencionada por la activista Miranda de Wallace— sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para solicitar amparo al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Ello por los “ataques” en contra de este organismo, debido a los casos de abuso de poder que representa.
Indicó que las descalificaciones de la administración federal a los mecanismos internacionales —como la Relatoría sobre la Tortura de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— se han traducido en ataques a las organizaciones de defensa de derechos humanos.
Guevara indicó el caso particular de una audiencia de la CIDH, donde expusieron un diagnóstico sobre la situación de violaciones graves de derechos humanos cometidas en el contexto de la guerra en contra de las drogas; la respuesta de delegación del gobierno nacional fue responder que las ONG planteaban un escenario inexistente.
Por otro lado, este viernes, el grupo de organizaciones civiles mencionado por Miranda de Wallace de promover resoluciones ante organismos internacionales y la CNDH, por casos de tortura, para recibir indemnizaciones, publicó una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para denunciar “la campaña de desprestigio que están viviendo integrantes de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en México”.
Niega Wallace campaña. 
El pasado viernes, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallacenegó encabezar una “campaña de desprestigio y difamación” en contra de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En ese sentido, la presidenta de Alto al Secuestro respondió que intentan callarla y que suponer que hay una “campaña de desprestigio y difamación” es una muy pobre lectura de la realidad que viven en México las víctimas del delito.
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