FLORENCE CASSEZ Y EL MITO GENIAL DE “LOS ZODIACO”
(Texto de la presentación)
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José Reveles
Septiembre 18/2013
Agradezco, en primer lugar, la invitación y la hospitalidad de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación para exponer ante ustedes los cómo, los por qué, los para qué y los hacia dónde escribir un libro como “El Affaire Cassez / La indignante invención de culpables en México”. Gracias especialmente a su presidente el magistrado Fernando Rangel Ramírez, quien amablemente modera esta mesa.
Me honra sobremanera la digna, generosa y excepcional presencia, en este presídium, de la ministra de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero, artífice, junto con los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de una decisión a la que no hay que regatear el calificativo de histórica. A doña Olga y a sus pares mencionados no les tembló la mano ni les faltó la fortaleza de espíritu, la conciencia, la sabiduría jurídica y la decisión de servir a México para ordenar la liberación inmediata e incondicional de una ciudadana francesa a quien se le habían violado sus derechos humanos más elementales, su presunción de inocencia, la garantía de la asistencia consular, todas las reglas de trato, con el agregado de una injustificada dilación para entregarla al ministerio público (casi seis horas más tarde, según el falsario parte policial; pero 24 horas según la verdad histórica, pues Florence y su ex novio Israel Vallarta fueron capturados en la mañana del día anterior, 8 de diciembre de 2005).
Sobre todo quedó evidenciada la falsedad de un presunto rescate de supuestas víctimas “en vivo”, que resultó una fabricación de la autoridad “ajena a la realidad” en tiempo, modo, lugar y circunstancias. A contracorriente de un juicio sumario en el que la opinión pública ya había condenado a Florence Cassez como la secuestradora que nunca fue –inducida esa percepción social, hay que decirlo, por el gobierno federal, mediante machacona y costosa propaganda y a través del montaje mediático en alianza con el duopolio televisivo-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió esa resolución ejemplar que liberó lisa y llanamente a una francesa, pero que constituye un parteaguas jurídico y un ancho paraguas de justicia bajo el cual, a partir del 23 de enero de 2013, puede guarecerse cualquier ciudadano mexicano o extranjero a quien se le viole el debido proceso.
Escuché decir en la Facultad de Derecho de la UNAM, hace unas semanas, a la ministra Olga Sánchez Cordero cómo, gracias a la reforma publicada en junio de 2008, hasta entonces quedó incorporado explícitamente en el artículo 20 Constitucional el principio de presunción de inocencia. Me impactó el dato, porque se acaban de cumplir 200 años de los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón y estamos muy cerca de celebrar el primer siglo de nuestra Carta Magna y apenas hace algo más de cinco años la presunción de inocencia solamente se daba por establecida en la ley, pero no de manera expresa. Es más, me atrevo a decir que, en este momento, estamos muy lejos de haber superado, en miles de casos, la perversa y viciosa presunción de culpabilidad, con el agregado de que la “carga de la prueba” le queda al imputado y no a las autoridades.
Lo que hoy ordena la Constitución es que se presuma la inocencia de cualquier ciudadano, mientras no se declare su responsabilidad penal a través de una sentencia emitida por el juez de la causa.
Más aún, con las reformas de junio de 2011 al artículo primero de la Carta Magna, en México se estableció “el nuevo paradigma jurídico del siglo XXI”, como lo nombra el jurista Raúl Jiménez Vázquez, amigo cuya presencia aquí no fue posible debido a causas ajenas a su voluntad. Las reformas de 2011, sostiene el doctor Raúl Jiménez, erigen a la dignidad humana en el eje de rotación de la acción gubernamental. Tratan de establecer finalmente congruencia entre las normas nacionales y las disposiciones relativas a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano. Pero su aplicación práctica exige, desde ya, una transformación de los modelos mentales, la revisión de las creencias, de los supuestos, de la formación profesional de los representantes de la autoridad: es decir, un profundo cambio cultural.
Como ciudadano, como observador de la realidad y como periodista, además de valorar en sus alcances la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Cassez –repito: alcances históricos, con impecable argumentación y que a la larga derramarán sus beneficios para los propios mexicanos-, me percaté con preocupación que, lejos de satisfacer a una porción mayoritaria de la opinión pública, la decisión dividida de los ministros, tres a dos, no cambió esencialmente el pre-juicio de la gente (dicho así, como juicio y condena previos en el tribunal mediático y en el imaginario colectivo manipulado desde el poder ejecutivo), sino que se criminalizó doblemente a Florence Cassez, por el solo hecho de ser extranjera y porque su persona se presentó, según la versión oficial machacada durante más de siete años, como la de una cruel y despiadada secuestradora. (Y no es que crea ni desee que los resolutivos de la Suprema Corte se afilien a una especie de populismo judicial o que se deban inclinarse hacia lo que suponemos que piensan las mayorías).
Cito casi al azar algunos encabezados de periódicos, que pálidamente reflejan la embestida brutal de la mayor parte de los medios electrónicos en contra de la decisión del Supremo Tribunal, para no entrar en detalles sobre el aberrante comportamiento de las presuntas y mentirosas víctimas que, en mi opinión, terminaron delinquiendo ellas mismas cuando se pusieron al servicio de la torcida versión oficial, asesoradas por las igualmente manipuladoras dirigencias de varias organizaciones contra el secuestro, las más proclives a las prebendas y favores de los gobiernos en turno, las que medran con el dolor propio y el ajeno, real o fingido. “País de mierda”, se atrevió a decir el más falaz de los supuestos secuestrados, Ezequiel Yadir Elizalde Flores, del brazo de su madrina política Isabel Miranda de Wallace. El libro detalla cada una de las cuatro versiones distintas que Ezequiel dio sobre su presunto secuestro.
He aquí, pues algunos de aquellos titulares:
Milenio: “Falla la Corte y deja libre a la plagiaria”. Y en el editorial de su director en primera plana: “La secuestradora devino heroína”.
Impacto: “La Corte libera a la secuestradora Florence Cassez / ‘Es una derrota para la justicia mexicana’: (dijo) Murillo Karam / Hollande y Sarkozy se congratulan”.
La Razón: “Libre, sin ser inocente, detenida por secuestro en 2005”.
La Suprema Corte quiso fijar claramente los motivos de su decisión al precisar que no analizó y, por tanto, no juzgó si Florence era culpable o inocente. Fue suficiente demostrar que se le violó el debido proceso y que hubo un efecto corruptor sobre todo el enjuiciamiento provocado por el montaje televisivo ajeno a la realidad, un rescate “en vivo” que no existió. Florence ya había sido condenada, eso sí en vivo y a todo color ante las pantallas del tribunal televisivo, ¡cuando ni siquiera había sido presentada ante un agente del Ministerio Público! Y así, frente a una opinión pública desinformada, a la que se moldeó perversamente desde el poder, hambrienta de venganzas sucedáneas y sin importar quién pague los platos rotos de la inseguridad, la conclusión en la ilógica construida durante años fue que, siendo una diabólica secuestradora dispuesta a mutilar a los rehenes, a Florence Cassez se le liberó por ser francesa, porque hubo un gobierno europeo que presionó al mexicano y dejó a la patria mancillada.
Yo sé que no estuvo, ni de lejos, en la intención de los ministros, que el resultado final fuera esa atroz tergiversación de la realidad. Pero luego me dolió constatar que amigos y conocidos muy inteligentes, informados, usualmente críticos, se habían dejado convencer por la propaganda sin ver más allá de lo que era una realidad prefabricada. Y entonces decidí investigar a fondo y escribir este libro.
A mí, como periodista, ninguna ley me prohíbe investigar el fondo del asunto y nada -más allá del respeto a la verdad histórica- me impide extraer mis propias conclusiones, siempre apoyadas en cientos de fojas de actas ministeriales, en rescates hemerográficos, en entrevistas con los actores directos, en la recreación de los escenarios y en el análisis de la coyuntura en que se dieron los hechos. En este libro creo haber demostrado fehacientemente que, más allá del montaje televisivo, se tergiversó la realidad y todo fue prefabricado: que nunca antes de diciembre de 2005 alguien mencionó o escuchó hablar de la banda de secuestradores “Los Zodiaco” –un mito genial, lo denomino-; que la señora Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian, de 11 años entonces, y el joven Ezequiel Elizalde, los tres presuntos rehenes de la supuesta banda de plagiarios, no estaban la noche anterior en el ya famoso rancho Las Chinitas; que la policía habilitó el cuarto de trebejos a la entrada del rancho, subdividiéndolo en dos con tabla-roca, para colocar allí a las supuestas víctimas; que se tuvo que instalar luz eléctrica en la cabañita y colocar muebles, un televisor convenientemente encendido, armas, credenciales falsificadas de elector y otros elementos para la escenografía, que incluían a la única rehén con pijama impecablemente limpia. Por añadidura, a los mexicanos se nos quiso acostumbrar a que era normal presentar en la pantalla a presuntos delincuentes visiblemente torturados e inclusive siendo golpeados ante las cámaras, como fue evidente la sujeción que por el cuello de Israel Vallarta ejercía el jefe policiaco Luis Cárdenas Palomino, para hacerlo doblarse de dolor cuando no daba las respuesta que le había sido dictadas. Cárdenas, el hombre de todas las confianzas de Genaro García Luna, era el mismo que había abierto (desde adentro) la puerta para que ingresaran los policías para fingir el rescate “en vivo” en esa cabañita donde fueron colocadas las víctimas, la propia Florence y teatralmente sometido en el piso Israel Vallarta.
En estas páginas el lector podrá enterarse del por qué García Luna fabricó la historia de “Los Zodiaco”, para no ser corrido de su puesto, exactamente una semana después de que sus agentes de la AFI habían secuestrado a cuatro Zetas en Acapulco para entregárselos a La Barbie, quien ordenó filmar cuando eran ejecutados con un tiro en la sien, eso sí en vivo, en el primer narcovideo con violencia explícita que se difundió en México. Se detalla cómo el ex director de la AFI, que en vez de ser enviado a la cárcel o a su casa cayó para arriba al ser nombrado secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, actuó en complicidad con un poderoso empresario, proveedor de blindados y armamento, que alimentaba deseos de venganza contra Florence –hermana de su ex socio Sebastien- y contra el propio Israel, su íntimo conocido.
Las primeras versiones de los secuestrados cambiaron drásticamente dos meses después del fingido rescate, ya en febrero de 2006, cuando el propio Genaro García Luna reconoció en el programa Punto de Partida, ante la periodista Denise Maerker, que no fue real el rescate de los rehenes. La propia Florence lo desnudó al llamar al programa desde un teléfono desde el sitio de arraigo. Si uno analiza el comportamiento y las declaraciones oscilantes de las víctimas, no tienen la mínima base de confiabilidad. Cristina Ríos Valladares pasó, de no reconocer como plagiaria a Florence ni aun viéndola a ella sola en la cámara de Gesel, y de no quejarse de haber sido tratada mal –inclusive le daban sus medicamentos, declaró- a describir después a la francesa como torturadora, como celosa mujer que la amenazó de muerte porque sorprendió a Israel cuando abusaba sexualmente de ella, su víctima. No voy a entrar en detalles, pero casi cuatro años después la propia Cristina soltó las riendas de su imaginación y ya hablaba de ocho hombres que la habían violado durante su cautiverio, incluidos sus sobrinos políticos Édgar Rueda Parra y José Fernando Rueda Cacho y un ex cuñado de su esposo (los tres están libres). Aquí se dio el insólito caso de una banda de secuestradores integrada por dos: Israel y Florence, hasta que en 2009 la policía cayó en la cuenta de su error garrafal y comenzó a capturar a los familiares de Israel y a miembros de bandas diversas, hasta sumar unos 25, y atribuir a todos ellos secuestros varios. Muchos siguen injustamente en prisión.
En política y en materia policial no hay casualidades. Y menos cuando se combinan y se ponen al servicio una de la otra. Las circunstancias coyunturales pesan mucho. Ahí les dejo para su reflexión el dato: cuando el montaje perverso y corruptor del caso Cassez se transmitió en cadena nacional, el licenciado Calderón Hinojosa tenía cinco días de haber jurado como candidato presidencial del PAN; cuando cambiaron las versiones para la embestida mediática contra la francesa y su ex novio, febrero de 2006, la empresa GEA-ISA afirmaba que había empate técnico entre los candidatos Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, borrando en unos cuantos días la ventaja de 10 puntos que todas las encuestadores otorgaban al primero.
En México, sostengo en el texto con ejemplos que son del conocimiento público, se judicializó la política y se politizó la justicia en los años recientes.
Los dos gobiernos de Acción Nacional pagaron casi 180 millones de pesos para sostener a más de 600 “testigos protegidos colaboradores”, con salarios que llegaron a fluctuar entre 50 mil y 150 mil pesos mensuales, con alimentos, vivienda, protección, beneficios procesales, con reducción de penas o franca libertad a delincuentes probados y confesos. Y, en el caso de las supuestos ex rehenes de “Los Zodiaco”, viajes de ida y vuelta a los Estados Unidos, a donde los tres se fueron a vivir, cada vez que se requiriese. También del erario salieron los 118 millones de pesos para pagar la “publinovela” El Equipo que transmitió unos cuantos episodios teniendo como set las estratégicas instalaciones de la Policía y como héroes a los federales.
Dado el éxito inicial del caso Cassez para modificar la percepción social sobre las acciones de gobierno, la fábrica de culpables operó a todo lo que pudo en el sexenio que terminó hace casi 10 meses con un saldo endemoniadamente trágico (unos 100 mil asesinados con violencia, 26 mil 100 desaparecidos contabilizados oficialmente, más de un millón de desplazados de sus lugares de origen por el cáncer invasor de la criminalidad organizada… cada vez más territorios sin gobernabilidad… son los datos duros de esta tragedia humana que también afecta a unos 20 mil migrantes centroamericanos cada año). Tan burdas fueron las acusaciones en muchos casos, que han ido recuperando su libertad algunos de los más famosos imputados falsamente por testigos a sueldo que obedecían ciegamente lo que las procuradurías les ordenaban: como los generales Tomás Ángeles Dauhajare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe, Rubén Pérez Ramírez y otros oficiales del ejército. También el ex subprocurador de la República Noé Ramírez Mandujano, los ex directores de la Interpol Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez Vargas; el ex comisario de la Policía Federal Javier Herrera Valles y otra docena de ex funcionarios, señalados como protectores de narcotraficantes por Jennifer, Felipe, Mateo, El Pitufo y una numerosa cauda de testigos a sueldo que se comprobó cómo mentían abiertamente, con tal de que una corrupta autoridad les conservara sus privilegios y canonjías.
Con este libro quise poner mi granito de arena para que ya no se siga convirtiendo a inocentes en falsos culpables en nuestro país, para que se respeten el debido proceso y todos los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, mexicano o extranjero; para que los órganos procuradores e impartidores de justicia recuperen el camino que se ha extraviado por acciones y omisiones de funcionarios de todos los niveles y de políticos de todos los signos partidarios.
Finalmente estoy convencido de que México debe sacudirse esas tres desgracias que impiden que haya democracia, justicia, convivencia en paz y una sociedad más igualitaria (que son: la corrupción, la impunidad y la simulación) y por tanto lo mínimo que cabe esperar es congruencia del Ministerio Público Federal y de la PGR frente a la decisión histórica de la Corte. Pues si hubo violaciones graves al debido proceso, necesariamente hubo perpetradores de esos delitos y abusos, tipificados en los códigos.
Mañosamente, en mi opinión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aplaudió a toro pasado la decisión de la Suprema Corte, fingiendo retomar una función de la que esa propia CNDH se había desentendido en los años precedentes, pues aunque dijo que se vulneraron las garantías de las víctimas, partió de la “presunción de culpabilidad” de la francesa Florence y ni siquiera mencionó a los mexicanos falsamente acusados, como el propio Israel Vallarta, quien está por cumplir ocho años sin sentencia. Textualmente esto dijo el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva: “… Fue liberada una francesa, no por ser inocente de la comisión de un delito, sino porque servidores públicos, en lugar de proteger, auxiliar y hacer debidamente su trabajo en beneficio de la justicia, pervirtieron con sus acciones el proceso”.
El ombudsman Raúl Plascencia Villanueva se puso a hacer cuentas, como si se tratara de un trámite de barandilla, y dio a entender que todos los delitos prescribieron ya en diciembre de 2012 –abuso de autoridad, falsedad en declaraciones, ejercicio indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia, según enumeró-, con lo cual hasta resultaba inocuo, francamente inútil, que enumerara a más de veinte presuntos perpetradores, encabezados por el ex director de la AFI Genaro García Luna; su director de Investigación Policial Luis Cárdenas Palomino; el de Operaciones Especiales Javier Garza Palacios; Jorge Rosas García, titular entonces de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestros; Israel Zaragoza Rico, subdirector del área de Secuestros de la AFI, entre 21 posibles implicados en los abusos, incluido el agente del Ministerio Público Alejandro Fernández Medrano.
Respetuosamente puedo decir aquí, ante todos ustedes, que hay por lo menos dos razones, dos argumentos, para que los delitos deban considerarse vigentes hoy. En la página 241 y de la 273 en adelante aparecen esas claves.
Pero finalmente, por desgracia, más allá de que se elabore una fundamentada argumentación jurídica, con todas las de la ley en la mano, como debe ser, lo que urge es una decisión política que el actual gobierno debería tomar si quisiere recuperar mucho de su credibilidad perdida en estos meses, cuando ya todo mundo se olvidó del caso Elba Esther Gordillo. Y me queda claro que la voluntad política obedece a los vaivenes mediáticos, a la negociación de diversas agendas con los otros partidos (llámense reformas fiscales, apertura de PEMEX a la inversión privada, reformas educativas y laborales que tienen a miles de maestros en las calles).
Y si la justicia, no la venganza, no el ajuste faccioso de cuentas, no el populismo judicial, sino el imperio de la ley, deja de estar en el centro de la vida política, la deslumbrante luz justiciera que irradió el veredicto de la Suprema Corte el pasado 23 de enero, cuando la presunción de inocencia triunfó sobre la invención de culpables, se irá apagando irremisiblemente. Y entonces, en contra de la salud de la Nación, seguiremos viendo cómo se aplica una “Justicia a la Carta”, una justicia al gusto de los poderosos.
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