Pese a que ya se ha comprobado que no está registrada como asociación civil, Alto al Secuestro, organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace, continúa emitiendo reportes de seguridad pública e incluso se da el lujo de emitir recomendaciones en dicho rubro.
En su último reporte, esta agrupación denunció que no existe certeza en el número de privaciones ilegales de la libertad que se comenten en México, debido a que las procuradurías y fiscalías estatales no reportan el total de estos ilícitos. También hicieron recomendaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador; así como al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.
Sin embargo, en el mes de agosto, The México News ya había publicado un artículo en el que se señala que Alto al Secuestro no aparece en el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), ni en el Sistema de Información de Desarrollo Social de la Ciudad de México, entidad en donde opera.
Con lo que sí que cuenta la señora Miranda es con una serie de denuncias por parte de personas que fueron implicadas en las desapariciones de su hijo, Hugo Alberto Torres Miranda; así como de Fernando Martí, hijo del también empresario y activista Alejandro Martí, dueño de una famosa cadena de tiendas deportivas.
A nuestra redacción han llegado una serie de documentos, en los que las familias de las personas implicadas en dichas investigaciones denuncian que tanto ellos como sus parientes han sido intimidados, torturados y amenazados por Miranda y Martí para que accedan a declararse culpables e incriminar a más personas en dichos procedimientos.
Uno de estos testimonios es la entrevista que la señora Araceli Tenorio Barrera realizó ante la extinta Procuraduría General de la República en 2018. En ella, denuncia que ambos activistas visitaron a su hijo, Édgar Ulises Carrillo Tenorio en el reclusorio de Tepic en mayo de 2010, después de que este hubiese sido acusado de participar en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, en 2008.
La mujer señala que su hijo fue vinculado al caso por el testimonio de una persona de nombre ‘Noé’ y que, durante su visita, Martí le aseguró que sufriría torturas peores a las que ya había enfrentado si no revelaba los nombres de los asesinos; mientras que Isabel Miranda prometió que su hija y sus padres padecerían un destino parecido.
Curiosamente, también tenemos la declaración manuscrita de Noé Robles Hernández, quien, efectivamente, reconoce que le obligaron a reconocer varios nombres, todos bajo tortura e identificados con fotografías erróneas, los cuales eran señalados como integrantes de la banda encabezada por Abel Silva Petriciolet.
Robles reveló que, tras las visitas de ambos activistas, sus hermanos le hicieron saber que había patrullas de la Policía Federal rondando el domicilio de su abuela y que, en diciembre de 2009 fue obligado –en presencia de ambos- a firmar unas hojas cuyo contenido no le fue revelado y a declarar lo que los integrantes de dicha dependencia le habían sugerido desde el comienzo del proceso.
Entre los nombres que le indicaron inculpar no solo se encontraba el de Édgar Ulises Tenorio, sino también el de Luis Manuel del Castillo Rentería, otro de los implicados en el ‘caso Martí’ cuya declaración está en poder de esta redacción.
En este documento, Del Castillo revela los nombres de todas las personas que no solo estuvieron vinculadas a su detención, sino que también coinciden en la mayoría de los expedientes de otros detenidos, entre los que, nuevamente, se encuentran los de Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace.
Además de estar presentes en el momento de su detención y en algunas de las torturas que sufrió, señaló que ambos individuos llamaron a la escuela en la que laboraba su madre para exigir que fuera despedida; así como la utilización de medios impresos y espectaculares –propiedad de Miranda- para difamarlo a nivel nacional y el espionaje al negocio de sus progenitores.
Finalmente, contamos con la entrevista que la PGR realizó a la señora Raquel Esther Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, uno de los presuntos implicados en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la empresaria.
La mujer denuncia que, después de que se acusara a su hijo del ilícito, tanto ella como su hijo Salomón –entonces menor de edad- fueron llamados a declarar sobre el paradero de Jacobo. Posteriormente, fue víctima de una campaña de acoso por parte de Miranda y, finalmente, su casa fue incautada por el Servició de Administración y Enajenación de Bienes.
En 2010, fue llamada a una reunión en la que la empresaria estaba presente; ahí, esta le ofreció dejar en paz a Salomón y devolverle los bienes a cambio de que le revelara la ubicación de Jacobo, quien, tras su posterior captura y torturas, asegura que en los penales le han dicho que estos abusos son por encargo de la señalada.
Imagen: Aristegui Noticias
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