Calderón y Peña, herencia envenenada para AMLO. Foto: Miguel Dimayuga
Por Jorge Carrasco Araizaga (apro).- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) está por resolver un asunto que tiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajo la mira de Naciones Unidas (ONU).
Se trata de un caso heredado de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y tiene que ver con la persecución de los delitos y la administración y aplicación de la justicia en México.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, está en espera de la resolución que en los próximos días tome la Quinta Sala del TSJCDMX sobre el encarcelamiento del empresario George Khoury Layon. Los gobiernos panistas fracasaron en tres ocasiones en su intención de procesarlo por delincuencia organizada.
Absuelto en esos tres intentos, que lo mantuvieron en prisión durante casi cuatro años de la década pasada, fue acusado entonces del homicidio de un empresario y detenido al día siguiente de su tercera exculpación.
La nueva acusación, pese a ser del fuero común, lo tiene preso desde 2009. Actualmente está recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
En abril de 2018, la ONU pidió al gobierno de Enrique Peña responder por lo que tipificó como una detención arbitraria, luego de evaluar los argumentos jurídicos del acusado y del Estado mexicano.
En su opinión, el Grupo de Trabajo se pronunció por la liberación de Khoury Layon, debido a que, además de haber sido acusado del mismo delito en distintas ocasiones, fue sometido a tortura durante su segunda detención.
En el gobierno de Calderón, sus aprehensiones estuvieron a cargo de la Policía Federal, que dependía entonces del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Durante el gobierno de Fox, García Luna fue director de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), responsable de las detenciones en la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso del homicidio, fue detenido por la Procuraduría local cuando el entonces jefe de gobierno de la capital era Marcelo Ebrard, ahora titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Otra de las violaciones que encontró el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue la tortura de otra persona (Jacobo Tagle Dobín) para implicar a Khoury en un caso de relevancia: la desaparición de Hugo Alberto Wallace. Esa tortura fue corroborada bajo el Protocolo de Estambul.
Peña Nieto se fue sin responderle a la ONU y ahora la carga es para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como interlocutora de la ONU, la SRE trasladó las observaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la capital, la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal.
Cada una de ellas tendrá que pronunciarse. El TSJCDMX está por emitir su fallo a través del magistrado Salvador Ávalos Sandoval, titular de la Quinta Sala. Pero Naciones Unidas no sólo pide la liberación del acusado, sino indemnizarlo y otras formas de reparación del daño.
También exige que se investigue y procese penalmente a los responsables de la tortura, así como una investigación independiente de los implicados en la detención arbitraria. De lo que haga, el gobierno de López Obrador tendrá que informarle a la ONU, aunque ésta ha hecho su propio seguimiento del caso.
Estimada Sociedad y Gobierno, hoy les escribo estas humildes y sinceras palabras desde lo más profundo de mi ser y corazón, me encuentro con mucha impotencia e incertidumbre por ver, que a pesar de que ya está más que destapada la cloaca el proceso en el que yo y mis coprocesados estamos sujetos, no se ha hecho nada; está más que comprobado con documentos y pruebas que el Caso Wallace es toda una BLASFEMIA, y que la señora Isabel Miranda mejor conocido como la señora Wallace, es una mentirosa, una estafadora y delincuente, ella es quien debe estar tras las rejas junto con su familia y todos aquellos servidores públicos que le han ayudado a crear esta farsa.
Quiero que sepan que en diciembre de 2010 cuando fui detenido, se comunicó via Nextel con el entonces Presidente Felipe Calderón, éste ordenó al encargado de la dependencia donde me tenían detenido, que hicieran todo lo que fuera necesario para refundirme en la cárcel y que le dieran todo el apoyo a la señora Wallace para ello.
Fui brutalmente torturado por la autoridad ministerial durante mi detención, y no solo eso, sino que durante toda mi estadía dentro del penal de Villa Aldama, Veracruz, fui torturado con toques eléctricos, golpes, gas lacrimógeno, incluso fui violado; todos los “custodios” que cometieron semejantes humillaciones, decían que eran por encargo de su madrina la “señora Wallace”.
Tengo documentos oficiales dentro del expediente 35/2006 del Juzgado 16 de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la ciudad de México, así como 2 protocolos de Estambul, dictámenes para demostrar que fui torturado, uno de ellos de la CNDH en el cual se comprueba plenamente que fui brutalmente torturado y otro más del Consejo de la Judicatura Federal que igual demuestra la tortura de que fui objeto, todos los videos y declaraciones que la señora Wallace hizo públicos, incluyendo donde yo me auto incrimino, fueron forzados, debido a la tortura tanto física como psicológica que fui sometido, como lo tengo plenamente demostrado.
Las vida no es fácil para las personas que estamos privadas de la libertad, aquí cada segundo es doloroso, y más cuando uno, (incluso la familia), hemos pasado por tanto abuso y el hecho de estar preso por un delito jamás cometido lo hace mas difícil.
Quiero que sepan que la señora Wallace el día que me dictaron el auto de formal prisión, estando en audiencia ante el Juez en el reclusorio de Nayarit, me amenazó que si no me declaraba culpable acabaría con mi familia y con mi vida, ya que ella era muy “amiga” del entonces procurador de Justicia capitalina Miguel Ángel Mancera, y que con el podían acabar con mi familia, también dijo que pronto éste tendría un cargo político muy grande y que no tendría piedad de mí, esto se puede constatar en mi declaración preparatoria y en la ampliación de mi declaración en 2010.
Aquí me pregunto, ¿cómo iba yo a saber que más adelante la señora Wallace iba a ser candidata por el PAN a Jefa de Gobierno del DF? ¡Ella ya sabía desde ese momento su pretensión, ya lo tenía pactado con Calderón desde antes! Por eso hoy Mancera como senador y Calderón desde las redes sociales salen en defensa de la nefasta señora Wallace. Solo démonos cuenta del vínculo que hay entre estos personajes desde hace muchos años, ¿qué tan estrecho es el vínculo entre Calderon y Wallace? ¿Qué hay detrás de todo esto? Peor tantito senadores del PRIAN quieren protegerla, cuando está demostrado que ella le ha mentido a las autoridades todo el tiempo y engañado a la sociedad con el supuesto secuestro de su hijo.
A pesar de todo esto, en un hecho de pena ajena, Calderón le otorgo un premio de Derechos Humanos y la postuló como candidata a jefa de gobierno por el PAN, cuando ella si es una delincuente plenamente comprobado cuando estuvo presa con su hijo. Yo me pregunto, ¿Hasta cuándo se hará justicia?
Hoy elevo estas humildes palabras a los 3 Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que ya hagan justicia y procesen a la señora Wallace y a todos los que se han prestado a esta farsa, tienen todo en sus manos para hacerlo, ¿Qué esperan?
Yo le ruego a nuestro bendito Señor Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, que ya no se tiente más el corazón con esa gente, que tanto daño le ha hecho al país, a la sociedad, a nosotros y a nuestras familias, pues merecemos JUSTICIA y no estar más tiempo presos injustificadamente.
Dios los bendiga a todos ustedes.
Un servidor y amigo suplicando JUSTICIA. JACOBO TAGLE DOBIN.
Calderón y Wallace. El impulso presidencial. Foto: AP
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Investigar los lazos de solidaridad entre Felipe Calderón Hinojosa e Isabel Miranda de Wallace conduce a un camino inquietante. Uno se topa con evidencia que podría confirmar un comportamiento ilegal y quizá delictivo por parte del exmandatario.
Arroja luz sobre decisiones del jefe del Estado mexicano que, en su día, habrían torcido la Constitución bajo el pretexto de una devastadora guerra contra el crimen organizado.
Durante la misma jornada en que se publicó el reportaje Un acta de nacimiento de 1970 revela otra mentira de Isabel Miranda (Proceso 2217), el expresidente Calderón Hinojosa defendió a Isabel Miranda de Wallace con un mensaje en las redes sociales:
“Mi solidaridad con @WallaceIsabel. Veo saña contra ella. ‘Periodismo’ relatando temas y cuestiones irrelevantes (‘la hija del arriero’, ‘el matrimonio secreto con el primo’) frente a la tragedia de un hijo secuestrado y asesinado: Qué mezquindad, pobre México.”
Cabría suponer que Calderón realmente aprecia a la señora Wallace y sólo por humanidad y empatía descalificó el trabajo periodístico referido, sin comprender a cabalidad que en tal investigación se aportaron pruebas tendientes a invalidar evidencia fundamental del caso.
Puede, sin embargo, suponerse también que otras motivaciones más embarazosas dictaron el proceder del exmandatario. Es obvio que la biografía política de Felipe Calderón, como presidente, quedó íntimamente ligada a la líder de la sociedad civil Isabel Miranda de Wallace y, sobre todo, a las formas y los modos que ambos compartieron para perseguir al crimen organizado.
Coinciden sus respectivas visiones respecto a la tortura, la investigación policial, el montaje de las escenas criminales y la fabricación de culpables.
Hasta ahora, el caso palmario de tal coincidencia había sido el de Florence Cassez. Ambos, el entonces presidente Calderón y la defensora de presuntas víctimas, dieron batallas, cuerpo a cuerpo, para que –a pesar de la evidente violación al debido proceso– la ciudadana francesa fuese presentada ante la opinión pública como una secuestradora sin redención posible por parte de la justicia.
Tanta fue su coincidencia que Felipe Calderón entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 a Isabel Miranda de Wallace y luego forzó a su partido –el PAN– para que la postulara como candidata a jefe de Gobierno de la Ciudad de México en los comicios de 2012.
Desde esta relatoría es fácil comprender por qué Calderón, al defender con enjundia a la señora Wallace, lo que querría hacer en realidad es blindar la memoria histórica de su propio comportamiento a propósito de las políticas de seguridad que dominaron durante su mandato.
Ahora que, analizando el complejo expediente judicial del caso Wallace, se asoma un tercer nivel de lectura que conduce a proponer otra hipótesis: Felipe Calderón e Isabel Miranda no sólo empatizaron en visión y método, además se mancharon las manos con el mismo lodo.
Hay una pieza de evidencia que apunta en este sentido y puede encontrarse en la Pericial Médica y Protocolo de Estambul que el médico cirujano Raúl Enrique Ojeda Silva practicó al procesado Jacobo Tagle Dobin, el lunes 10 de septiembre de 2018.
En ese documento se confirman las torturas que el indiciado padeció a manos de las autoridades; también da cuenta de la presunta presencia de Isabel Miranda de Wallace durante tales actos de violencia.
Pero el momento más turbador de la narración ocurre cuando la señora Wallace habría llamado al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, en presencia del indiciado. Aquí la afirmación directa de Tagle Dobin:
“Dijo la señora Wallace que le comunicaran de inmediato con… el licenciado Felipe Calderón, por lo que le pasaron un teléfono móvil, hablando en voz alta para que todo mundo escuchara la conversación… Refiriendo la señora … que acababan de detener al último que faltaba de los secuestradores de su hijo… por lo que la felicitó y (él) le dijo… que le pasara al encargado de ahí. Le pasó el teléfono a un señor de pelo canoso, el cual de inmediato recibió la indicación de que le dieran todas las atenciones a la señora Wallace… y que hicieran lo necesario para dejarme bien refundido en la cárcel…”
Tagle Dobin continúa explicando que, después de aquella comunicación con el entonces presidente, quedaron a su cuidado sólo dos hombres: el primero, quien le apuntaba con una pistola, y el segundo –vestido de negro y ubicado a un costado suyo, quien “con los dedos (pulgares de sus manos) se apoyó sobre las órbitas de mis globos oculares para apretarme… lo que ocasionaba que presentara un dolor muy fuerte y se dirigía hacia dentro y hacia arriba de mi cabeza, como si se me partiera en dos, como una descarga eléctrica”.
El Protocolo de Estambul aplicado a Jacobo Tagle Dobin da cuenta de una serie larga e insoportable de agresiones destinadas, primero, a obtener una autoconfesión; y luego, para castigar al inculpado por haber negado, frente al juez, las declaraciones obtenidas bajo tortura.
Si el caso Wallace emerge a la luz pública –con todas sus aristas y argumentos cargados de arbitrariedad y abuso de poder– será difícil para el expresidente Calderón mantenerse al margen del reflector y el juicio público.
Acaso fue por este motivo que tanto se apuró el exmandatario para calificar como irrelevante una investigación periodística en curso, que podría involucrarlo por su actuación inconstitucional, al frente del Estado mexicano.
Este análisis se publicó el 19 de mayo de 2019 en la edición 2220 de la revista Proceso
La oscura historia de Isabel Miranda de Wallace (no la versión oficial que replican acríticamente comunicadores como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Jorge Fernández Melendez, Mónica Garza, Bibiana Belsasso, Carlos Jimenez, Sergio Sarmiento y Martín Moreno; sino la que se han atrevido a exponer periodistas como Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernandez y José Reveles) resulta increíble por el grado de encubrimiento, coordinado y unánime, de los principales medios de comunicación y autoridades, y por el fuerte nivel de represalias que han sufrido los familiares de las víctimas, y los periodistas, abogados y activistas que han expuesto la falsedad del caso.
Persecuciones, amenazas, espionaje, torturas, encarcelamientos, asesinatos, compra de funcionarios y televisoras… Pareciera que hablamos de una película policiaca o una película de terror, y muy lejos queda la imagen de la madre valiente y honesta que hace catorce años se volvió la líder moral de algunos mexicanos. Por eso resulta común que la mayoría de los mexicanos no quieran saber esta historia, y muchos que ya lo saben, les cueste creerlo.
Sin embargo, las pruebas y testimonios de la deshonestidad criminal de la dueña de la empresa de anuncios espectaculares Showcase Publicidad, resultan abrumadoras, cuando no escalofriantes. No solo por lo ya expuesto por los presuntos inculpados, sino también por lo vivido por sus familiares y todos aquellos que han investigado el tema.
Los expedientes de los detenidos – Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, César Freyre Morales, Juana Hilda Gonzalez Lomelí, Tony y Albert Castillo Cruz- coinciden en el uso de la tortura (física, psicológica y hasta sexual), además del maltrato dentro de los penales y violaciones al debido proceso. Ello no solo consta en testimonios y trabajos periodísticos de Los Angeles Press, sino que incluso existe un Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle Dobin, que certifica la tortura.
Las familias han sido aterrorizadas y violentadas psicológicamente, como consta en las experiencias de Enriqueta Cruz (madre de Brenda), quien fue detenida unas horas el 30 de agosto de 2014 para interrogarla por las investigaciones periodísticas de Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga, José Reveles y David Bertet. Su hermana y tía de Brenda, Guadalupe Rangel, buscó ayuda en medios de comunicación (como el programa A quien corresponda de Jorge Garralda, transmitido por TV Azteca) y en diferentes organizaciones de derechos humanos; pero tanto la ayuda como el derecho de réplica y la difusión, le fueron negados. Por su seguridad, tuvo que exiliarse en el extranjero. De igual modo María Elena Cruz narró en su momento a este portal como incluso intentaron detener a su hermano, tío de Tony y Albert Castillo Cruz, quizás porque ha sido el único familiar que no ha dejado de apoyarla a ella y a sus sobrinos. La calumnia que pesa sobre ellos, los ha marginado del resto de sus familiares.
Asimismo como narra la fundadora de Los Angeles Press en los capítulos 14 y 15 de su libro El falso caso Wallace, María Rosa Morales y Julieta Freyre Morales, madre y hermana de César Freyre respectivamente, fueron detenidas en febrero de 2006 en las instalaciones de la SIEDO mientras solicitaban una visita a César Freyre, que ya se encontraba arraigado. Diariamente eran interrogadas en el penal de Santa Martha Acatitla. Fueron liberadas hasta el 31 de mayo de 2007. Julieta murió víctima de un derrame cerebral, tras sufrir un derrame cerebral en octubre de 2010, consecuencia del tiempo en prisión.
Los periodistas y activistas – por no decir cualquier ciudadano – que se han atrevido a investigar y revelar el falso caso Wallace, también han vivido represalias.
Prueba de ello son las represalias que vivió la abogada Ámbar Treviño Pérez, quien luego de recibir amenazas, fue detenida el martes 9 de marzo de 2010 en una gasolinera de la carretera Toluca-Ciudad de México. Fue arraigada 50 días, y sin que mediara proceso, permaneció detenida nueve días en un penal de Durango bajo el cargo de documentación falsa. La CNDH, presidida entonces por Raúl Plascencia Villanueva- cercano a Isabel Miranda, propuesto por ella y defendido por ella como consta en notas periodísticas de la época-, no le reconoció que se le habían violado sus derechos humanos.
El escritor vasco Luis Miguel Ipiña Doña sufrió un encarcelamiento de año y medio desde 2011, dentro del penal de Chiconautla, en el Estado de México. “Esto es por el caso Wallace”, le dijeron al tiempo que le sembraban un arma. Ipiña Doña había entrevistado a Juana Hilda González Lomelí, la primera inculpada en el caso, para su blog de WordPress Cárcel de Mujeres. “Con el caso Wallace no me podían atacar legalmente. Pero no tengo duda: iban por el blog”, afirmó en entrevista para diferentes medios, hace algunos años.
Escritor Luis Miguel Ipiña, el primero que creyó en la palabra de Juana Hilda. Foto: Los Ángeles Press
“Es un caso especial, porque es una mujer que se ha apoderado del poder judicial”, declaró Ipiña Doña en 2016, en entrevista con Los Angeles Press. “Ha corrido jueces, ha metido en la cárcel a la propia abogada, lo que no se hace en una dictadura (…) Ella manda en el poder judicial”, abundó Ipiña; afirmación que coincide con el relato de Carlos León Miranda, el verdadero padre biológico de Hugo Alberto: “Cuando entramos a la SIEDO… ella lo hizo como si fuera mi casa o la casa de ella. Dando órdenes de cómo debían realizarse el proceso. De cómo debían trabajar las personas”, recordó el doctor León Miranda en la conferencia ofrecida por la senadora Nestora Salgado, la periodista Guadalupe Lizárraga y el activista David Bertet el pasado 29 de abril.
Otros casos de intimidaciones se suman: El de la activista, periodista y fundadora del Frente de Medios Alternativos Independientes
(FEMCAI), Patricia Barba Ávila, quien en 2015 sufrió amenazas por tocar ampliamente el tema en su programa de radio por internet y escribir sobre el caso en sus redes sociales. Un año antes, en 2014, Anabel Hernández y el activista canadiense David Bertet, de la organización En Vero,denunciaron amenazas tras la publicación del reportaje “El caso Wallace, más turbio que nunca” en la revista Proceso.
Mary Sainz y Guadalupe Vallarta en Palacio Nacional. Foto: red
La activista tamaulipeca Mary Sainz, reconocida por su participación en protestas a favor de diferentes causas en materia de derechos humanos, recibió golpes y amenazas tras encarar a Wallace en la marcha Mexicanos Unidos, en febrero de 2017. A finales de enero de este año, Sainz volvió a encarar a la también dueña del otrora colegio Aztlán (hoy City College), esta vez fuera de Palacio Nacional, tras su participación en los foros de Seguridad Pública.
La periodista independiente y fundadora de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, también ha vivido intentos de acallarla. Dos intentos de secuestro, amenazas vía cibernética, una llamada telefónica en agosto pasado – en la que se escuchó que cortaban cartucho – sin contar intentos de censura por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río. La autora de El falso caso Wallace presentó una denuncia en diciembre pasado ante Alejandro Gertz Manero, quien ordenó abrir una investigación penal ante la presunta falsedad del caso. Estos ataques llegaron al grado de publicar calumnias y datos personales de la periodista y su familia, a través de cuentas bot.
Pero, ¿qué intereses hay detrás del encubrimiento y privilegios de los que gozó la presidenta de Alto al secuestro, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Qué ganó el Estado encubriendo a una torturadora disfrazada de sufrida dama? ¿Y por que razón el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no ha ejercido acción penal contra Wallace?
Evidentemente, el Estado como tal, el Estado de Derecho, Justicia y Bienestar que debería prevalecer en toda democracia, pierde en todos los sentidos y con él, perdemos todos los mexicanos. Perdemos los mexicanos que no aceptamos la simulación y la injusticia, y eventualmente todos quedamos expuestos a los caprichos, corruptelas y engaños de una mujer que, durante los pasados gobiernos, no solo se apoderó de las instituciones, sino que estableció relaciones cercanas con políticos de todos los partidos y se le permitió operar a discrecionalidad agentes del Estado.
Desgraciadamente, ésta no sería la primera vez que el gobierno mexicano empodera a una posible delincuente y la convierte en “activista”.
Como Wallace, aunque más discreta, menos mediática y con menos poder político que el que ya alcanzó Wallace, Alejandra Gil Cuervo engañó a unos cuantos y corrompió a los más para hacerse pasar como una activista que luchaba contra la trata, y que defendía los derechos de las prostitutas. Se hizo amiga cercana de políticos de todos los partidos e intelectuales, era invitada respetable en fiestas de funcionarios, y era recibida en foros y debates sobre trata y la Ley de Protección a Víctimas. Su opinión pesaba lo suficiente para modificar a modo leyes sobre trata y prostitución, so pretexto de proteger a las víctimas aunque en realidad, buscaba proteger su negocio.
Hoy, Alejandra Gil Cuervo, “la madame de Sullivan”, está en prisión purgando una condena de 15 años, al igual que su hijo, Omar Sayun Gil. Ambos casi habían monopolizado el redituable negocio de la explotación sexual en la avenida Sullivan, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Coordinaba, por lo menos, a 50 mujeres y se sabe que tenía contacto directo con tratantes de blancas de Tlaxcala, entidad donde la trata ha proliferado enormemente en los últimos años. Estos tratantes se encargaban de engañar y conseguir mujeres para Alejandra Gil.
Diversos testimonios e investigaciones apuntan a que ella y su grupo de tratantes ganaban hasta 300 mil pesos diarios. Como muchas mujeres víctimas de trata, las mujeres recibían golpizas y amenazas. La mujer que de día filtraba información a funcionarios sobre tratantes (para eliminar la “competencia” de su negocio), de noche era una madrota despiadada que vigilaba todos los movimientos de sus víctimas.
La organización fachada de Gil, Asociación en Pro Apoyo a Servidores, A.C. (Aproase) se dio de alta en 2005 y recibió apoyos por 600 mil pesos (2009), 172 mil 642 pesos (2010), 229 mil 800 y 40 mil pesos (2011) y 88 mil pesos.
Las historias de Wallace y Gil, como dos espejos que se encuentran, parecieran reflejarse entre sí, como dos gotas de agua, si bien en el caso de Wallace parece que la pista es contrabando en lugar de trata, de acuerdo con los antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto.
Según convenga el momento y sus intereses, Wallace admite o niega su cercanía con diferentes funcionarios. En el sexenio de Calderón, su época de encumbramiento, su cercanía con políticos e injerencia en asuntos de la CNDH, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la SIEDO, el CISEN, el Consejo Nacional de Seguridad, la PGJDF, el Senado y la Cámara de Diputados, fue evidente, rayando en el descaro. En la red y en las hemerotecas, puede verificarse como Miranda de Wallace legitimaba las políticas del panista, a grado tal que las tomó como bandera en su candidatura a jefa de gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México). No por nada proponía implementar el toque de queda en 2011, y defendía en los medios a Genaro García Luna, el super secretario de Seguridad Pública, señalado por las investigaciones de Anabel Hernández y del cual muchos activistas, entre ellos el mismo Javier Sicilia, pedían su renuncia.
En el sexenio de Peña, si bien el poder de Miranda de Wallace parecía haber disminuido un poco, en los hechos continuó operando, quizás con más fuerza de la que parecía. Falta ver como actuará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque esperemos que el hecho de que hace unos meses haya sido invitada al Foro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no resulte un mal presagio de una continuidad en la impunidad.
Como Alejandra Gil, Isabel Miranda de Wallace se disfraza cada día de activista antisecuestros y maneja la organización fachada Alto al Secuestro. A pesar de que el caso se sostiene por las confesiones bajo tortura y el resto de las pruebas son débiles y altamente cuestionables, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) otorgó a Isabel Miranda una indemnización de poco más de 2 millones 800 mil pesos, en 2016.
Indemnización que no han recibido muchas de las verdaderas víctimas, como los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas de Tlatlaya, las víctimas de Nochixtlán, las víctimas de Tanhuato, Apatzingán, Atenco, Villas de Salvacar, y los cientos de miles de casos de desaparición forzada, secuestro, tortura, masacres y ejecuciones extrajudiciales que se multiplicaron exageradamente en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Resultados de sanguinarias políticas de Estado que, por cierto, Wallace ha defendido y justificado durante ambos gobiernos.
Como Gil, Wallace ha forjado sólidos lazos con políticos de todos los partidos y es invitada recurrente en foros, debates, y programas de radio y televisión. Los periodistas a modo y las plumas a sueldo la legitiman ante el público como una supuesta líder de amplia calidad moral, una heroína ciudadana y una sagaz experta en temas de secuestro, narcotráfico e inseguridad. En contraste, los detenidos por el caso Wallace y sus familias prácticamente han sido borrados de los medios de comunicación.
Y como Gil en el Senado, la opinión de Wallace ha pesado en la radio y televisión mexicanas; el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa influencia ha menguado. Prueba de ello fue el punto de acuerdo propuesto por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga, Vanessa Rubio (PRI); Mauricio Kuri González, María Guadalupe Murguía (PAN); Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), para protegerla. La propuesta de punto de acuerdo no ha dado resultados hasta el momento.
La opinión de la intocable señora Wallace pesó demasiado en las iniciativas de ley en los pasados sexenios, y está por verse si aún podrá influir en el nuevo gobierno.
Así, muchos ciudadanos aún ignoran las investigaciones de los periodistas Emmanuelle Steels y José Reveles, y todavía creen que Florence Cassez era una peligrosa secuestradora, porque Wallace invadía la televisión un día sí y otro también, respaldando el montaje de Genaro García Luna.
Así, muchos mexicanos creen ciegamente la versión histórica de Jesús Murillo Karam sobre el caso Ayotzinapa, gracias a que Wallace se encargó de desacreditar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a pesar de que la versión de Murillo Karam ha quedado desacreditada a nivel nacional e internacional.
Así, Wallace influyó en retrasar la liberación de la hoy senadora de Morena, Nestora Salgado y aún hay mexicanos que, víctimas de la manipulación que los medios le permiten ejercer a Isabel Miranda, creen que Nestora era una secuestradora. La sevicia de la señora Wallace llegó a tal grado que, de acuerdo lo declarado por la senadora, fue torturada diariamente por órdenes de Wallace.
El triunfo de Morena en las elecciones pasadas no fue solo por el descontento generado ante un mal desempeño económico, la desigualdad, la corrupción, el despilfarro y saqueo de altos funcionarios, la ineptitud y cinismo del anterior gobierno. Tampoco fue únicamente por los altos niveles de popularidad y carisma del actual mandatario, ni por el arduo trabajo de campo que realizó Obrador para conectar con las masas y ganarse la confianza de la gente.
Otro factor clave en su victoria fue la esperanza que los mexicanos tenían (y hasta el momento, muchos conservamos) de que los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, el tráfico de influencias y las farsas mediáticas como política para simular la eficiencia del Estado, que conjugan casos como el de Wallace, serían cosa del pasado.
Ojalá pronto haya acciones concretas sobre este caso, para que historias como la de Wallace o los miles de casos de fabricación de culpables que existen en nuestro país, dejen de ser el pan de cada día de la justicia mexicana.De momento, mientras algunos medios de comunicación continúen guardando silencio, Miranda de Wallace siga marcando pauta en materia de seguridad y las verdaderas víctimas del caso Wallace continúen en prisión, la Cuarta Transformación no estará completa.
Las víctimas de Isabel Miranda de Wallace (o Isabel Torres Romero, según las actas de nacimiento que tiene) merecen justicia.
El silencio y la indiferencia, no sólo de medios y comunicadores, sino el de cada uno de nosotros como ciudadanos, también es complicidad.
Es difícil, cuando se escribe una columna como esta, despegarse de la formación profesional que, a lo largo de los años, ha venido siendo mi cotidianidad. Por eso, en muchas ocasiones, me refiero a cuestiones jurídicas y doy opiniones al respecto.
En esta ocasión lo haré a partir de diversas informaciones periodísticas a las que he dedicado un buen tiempo, de las que se deduce, mediante el cruce de datos y referencias, que podemos estar en presencia de un gran engaño o, por lo menos, una burda manipulación de hechos, verdades a medias y mentiras completas, inferencias falaces e injusticias injustificables.
Durante el tiempo transcurrido entre julio de 2005 y el día de hoy, el caso de la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda (así se ha designado a la aparente víctima, aunque ya rondan dudas sobre su verdadero nombre) no ha dejado de ser tema de análisis y discusión. Sin embargo, es en lo que va del año que serios cuestionamientos, algunos que venían ya de tiempo atrás, se han hecho más fuertes y han dado lugar a que, en los procesos, aún no sentenciados, de algunos de los inculpados, las cosas puedan cambiar y llegaren a la absolución. Igualmente se ha ordenado por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, la apertura de una carpeta de investigación sobre los hechos denunciados por Guadalupe Lizárraga en su libro «El falso caso Wallace».
Anabel Hernández, José Reveles, Ricardo Raphael y Guadalupe Lizárraga son cuatro extraordinarios periodistas que, con el mazo de la lógica dura y el argumento certero, dan de golpes para derrumbar lo que se convertiría, al lado del caso Cassez, en una de las mayores vergüenzas del sistema judicial mexicano.
Me referiré esencialmente a dos de los aspectos que más llaman mi atención: la famosa gota de sangre y el acta de defunción de Hugo Alberto Wallace Miranda.
No obstante que la desaparición de Hugo Alberto ocurre en julio de 2005 y que fue realizado un cateo, a los pocos días de su desaparición, en el domicilio donde supuestamente fue visto por última vez, al repetir esta diligencia (cateo) en febrero de 2006, se «encontró» una gota de sangre de la que hay serios cuestionamientos sobre sobre su autenticidad, puesto que, según se ha dicho, no contiene información genética que la identifique como del desaparecido, sino que se trata de sangre femenina, con marcadores, eso sí, familiares. La perito que hizo el análisis dijo posteriormente que se equivocó al redactar el análisis y que confundió el teclado de la computadora al escribir, porque puso XX queriendo anotar XY. Si se equivocó en un detalle tan trascendental, como establecer el sexo del aportante ¿no podría haberse equivocado en otra cosa?
Sobre el acta de defunción de Wallace se anota, como causa de muerte, insuficiencia respiratoria aguda, asfixia mecánica por estrangulación, asfixia mecánica por compresión toracoabdominal. Lo curioso es que jamás se ha encontrado el cadáver de Hugo Alberto Wallace. La referencia al motivo del fallecimiento se ha obtenido de la declaración de uno de los acusados, quien denunció que fue torturado. También resulta de interés que se trata de un acta levantada en 2013, varios años después del supuesto fallecimiento.
Al margen de si, en efecto, hubo o no tortura, lo cierto es que, una gota de sangre descubierta varios meses después, aun cuando fuera de Hugo Alberto Wallace y no hubiera duda de eso, solo probaría que estuvo en ese domicilio en algún momento, antes o después de su supuesta desaparición, pero en forma alguna sería un elemento que permitiera concluir su fallecimiento en ese lugar, ni tampoco es dable demostrar si esa gota llegó ahí antes de julio de 2005 o después de esa data y hasta febrero de 2006, en que ocurrió el milagroso hallazgo de una gota de sangre no alterada, no corrompida, siete meses después.
Por lo que hace a la causa de defunción, es importante destacar que, ante la ausencia de un cadáver, no se puede asentar una causa de muerte, como sucedió con el asunto que nos ocupa, acorde las disposiciones legales aplicables en materia de registro civil, pues, en todo caso, se debe seguir el procedimiento judicial de declaración de ausencia y, posteriormente, la declaración de presunción de muerte decretada en sentencia y acorde las disposiciones de la legislación civil aplicable, en este caso, la vigente en el otrora Distrito Federal.
De esta forma, una gota de sangre no prueba nada sino solo la circunstancia de que fue encontrada en ese lugar del descubrimiento, en tanto que el acta de defunción resulta atentatoria contra la más elemental lógica, ya que, aun y cuando lo dicho por el acusado confeso (aparentemente bajo tortura) fuera cierto en cuanto a la descripción de los hechos, no se podría afirmar, sino solo presumir, la causa de la muerte, añadiendo la extemporaneidad de su expedición a las dudas que genera este documento.
Vi el programa Espiral del periodista Ricardo Raphael en canal 11, donde entrevistó a Isabel Miranda, madre de Hugo Alberto Wallace; no escuché de ella algún argumento suficiente para pensar en una culpabilidad de las personas sentenciadas o por sentenciar. De hecho, de toda la información que he recopilado, llego a la conclusión que existen lagunas de tal extensión que no debería haber ninguna sentencia condenatoria, por lo menos a la luz de la información conocida.
En México todo se puede. Incluso, fabricar un asesinato con sólo una gota de sangre. Así fue como María Isabel Miranda Torres lucró con su hijo, para obtener poder y prestigio.
El 12 de julio del 2005, es presentada una denuncia por la desaparición de Hugo Alberto León Miranda (FALSO, fue por la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda), sin haber cumplido las 24 horas requeridas para realizarla. A partir del verano de ese año, varias avenidas principales de la ciudad fueron tapizadas con espectaculares (de la empresa Show Case Publicidad) con leyendas de este tipo: Estoy desesperada…A un año del secuestro de mi hijo, sigo sin poder encontrarlo.Se recompensará con $350,000 M.N. a quien nos de información fidedigna para su localización exacta. Debajo, el teléfono celular: 04455 28576623 y el correo electrónico: altoalsecuestro@yahoo.com.mx. Al costado izquierdo, la fotografía de Hugo Miranda Wallace. Es así como lo que parecía un desesperado llamado de auxilio, se convirtió en un show mediático, donde prevaleció la polémica y el protagonismo, por encima del protocolo de actuación legal.
Curiosamente, el caso que llevó a prisión a 11 personas por el secuestro, tortura y asesinato de Hugo, estuvo plagado de una serie de irregularidades, fallas y anomalías que han sido recurrentemente denunciadas con el paso de los años. Una de ellas, es el manejo del caso a cargo de la entonces PGR (Procuraduría General de la República), ahora FGR (Fiscalía General de la República) por medio de la ahora extinta SIEDO (Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia organizada) siendo que el supuesto secuestro era un delito de fuero común y, por ende, se debió haber encontrado a cargo de la PGJDF (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal). El manejo de la investigación a cargo de la primera instancia, reveló una relación de complicidad entre la madre de Hugo y el Gobierno Federal de ese momento.
A lo largo de la investigación el cuerpo de la “víctima” nunca fue encontrado. Pese a que Miranda Torres asegura que su hijo fue descuartizado con una sierra eléctrica en su domicilio—departamento 4 ubicado en la Alcaldía Benito Juárez, Colonia Extremadura Insurgentes, calle perugino número 6—sin embargo, la escena del crimen nunca fue asegurada por las autoridades, dejando el inmueble sin vigilancia durante un período de tiempo prolongado. 7 meses después, la única prueba que fue encontrada en el lugar de los hechos, fue una gota de sangre (de un centímetro de longitud) en el baño, elemento que utilizó la PGR como la prueba contundente e irrefutable para asegurar que el homicidio se llevó a cabo.
Derivado del análisis realizado a la gota de sangre, la perito Yanet Rogel Montes concluyó que correspondía a una mujer, sorprendentemente, cuando la forense realizó su declaración ante el juez, ésta afirmó haber cometido un “error de dedo” ya que en realidad la sangre pertenecía a un hombre.
No solamente la gota de sangre fue una prueba presentada para sustentar el caso, pues también Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, médico forense, realizó un dictamen de autopsia, en el que se describe la causa de la muerte: “insuficiencia respiratoria, asfixia mecánica por estrangulación, asfixia mecánica por compresión toracoabdominal”. Nada de raro tendría ese dictamen, de no ser porque—reitero—el cuerpo nunca fue encontrado.
Mediante una prueba de ADN realizada a los padres biológicos de la “víctima”; Isabel Miranda Torres y José Enrique Wallace Díaz, se estableció que la sangre pertenecía a Hugo Alberto. Empero ante el registro civil, el padre de Hugo Alberto es Carlos León Miranda, quien, junto con su madre, Isabel Miranda Torres (su prima) registraron a su hijo el 10 de octubre de 1970 en Xochimilco.
De este modo, se descubrió que Hugo Alberto tiene tres identidades distintas, puesto que, ante el Estado, se encuentran 3 actas de nacimiento, con fechas, zonas y nombres de registro diferentes: noviembre de 1975, enero de 1970 y octubre de 1970.
¿Quién es en realidad Hugo Alberto León Miranda? ¿falleció en 2005 o continúa vivo?
Imagen: Internet
Un extenso artículo del medio Los Ángeles Press titulado: La vida turbia de Hugo Alberto Wallace Miranda y su misteriosa desaparición, firmado por Luis Vargas y fechado el 30 de marzo de 2015, recoge los testimonios que aclaran puntos importantes del caso, pero además, aporta nueva información que refuerza todavía más, la posibilidad de un montaje con el fin de blindar a León Miranda. Ya que, en 2006, José Luis Moya dio a conocer el testimonio de la vecina de Hugo Alberto, y su ex novia, Vanessa Bárcenas, sobre la investigación que tenía en su contra por delitos como narcotráfico y contrabando. Una fotografía de Hugo posando con una ficha signalética,complementa la información aportada y da cuenta de los antecedentes penales que había cosechado. En ningún momento Hugo Alberto pasó un período prolongado en prisión gracias a—en palabras de Moya—la señora Wallace intervino y salió Hugo bien librado de ese asunto”.
Existen varios indicios que incrementan la posibilidad de que Hugo Alberto se encuentre vivo. El primero, un cargo realizado a una de sus tarjetas de crédito el 20 de julio de 2005 (8 días después de su desaparición), para realizar pagos en el restaurante Los Arcos y Liverpool Perisur. El segundo, un extraño mensaje grabado la madrugada del 1 de noviembre de 2005, en el teléfono celular de José García Sepúlveda. El mensaje decía:
“Qué onda. Mira, anda hasta la madre, güey; ya sé que te fallé, pero me vale verga. ¿Qué? Aquí puto… güey. Mírame, aquí pisteando, güey. ¿Sabes qué, güey, sabes quién me jugó…?”
Una de sus exnovias y otras tres personas cercanas, declararon a la PGR que la voz correspondía a Hugo Alberto.
El caso sobre el secuestro –hace 14 años– del hijo de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro volvió a la escena pública.
Y es que reapareció Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien ofreció una conferencia de prensa en el Senado donde afirmó que la gota de sangre, encontrada en los peritajes de febrero de 2006, no es de Hugo Alberto Wallace Miranda, sino de Claudia Wallace Miranda, hija de Isabel y José Enrique del Socorro.
León retomó información publicada en un donde se detalla que Hugo Alberto en realidad tenía los apellidos León Miranda y habría sido producto de su matrimonio con Isabel Miranda. Sin embargo, Isabel Miranda ha asegurado en diversas ocasiones que contrajo matrimonio con José Enrique del Socorro Wallace Díaz y que Hugo Alberto era hijo de ambos.
La investigación señala que todo empezó cuando Isabel Miranda se divorció de Carlos León al tiempo que vivió una relación con el señor Wallace a finales de 1974. La pareja tuvo una hija de nombre Claudia Wallace Miranda en 1975 y se casaron en 1978. El nuevo esposo de Isabel reconoció como hijo propio a Hugo Alberto y le dio su apellido.
A Hugo Alberto Wallace Miranda lo asesinaron en un departamento de la colonia Extremadura Insurgentes la madrugada del 12 de julio de 2005, según reportó la Procuraduría General de la República (PGR), aunque el reportaje de la revista señala que se murió por un paro cardiaco.
Al día siguiente del asesinato, el esposo de Isabel Miranda fue a la dependencia para denunciar la desaparición de su hijo.
Pero no fue sino hasta siete meses después de la muerte de Hugo Alberto que -en un segundo peritaje- la procuraduría encontró una de las pruebas del crimen en el departamento, que ya había sido rentado y en el que no hallaron nada en la primera revisión: Una gota de sangre en el baño.
Para Isabel Miranda de Wallace hay otras pruebas en el caso, como las declaraciones de los presuntos culpables. Sin embargo, versiones periodísticas, señalan que habrían sido tomadas bajo tortura.
Proceso asegura que la sangre encontrada seis meses después, correspondió genéticamente, según análisis de laboratorio, al ADN del señor Wallace… el hombre que le dio el apellido a Hugo Alberto, pero que no era su padre.
El reportaje cuestiona cómo es que la sangre corresponde al segundo marido de Isabel y no a Carlos León de quien, consta en actas, sería hijo biológico Hugo Alberto.
La versión que Isabel Miranda de Wallace presentó a las autoridades decía que fue secuestrado y asesinado por Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Alberto Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz, y Jael Uscanga Malagón.
Todos están en prisión señalados como responsables de la muerte de Hugo Alberto desde 2013. Eso, mientras Miranda de Wallace participó por la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en 2012 con el Partido Acción Nacional (PAN), y es con ese partido con quien más relación ha tenido en los últimos años.
Dos años atrás, el presidente Felipe Calderón le había entregado el Premio de Derechos Humanos por su “trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas del secuestro”.
Miranda de Wallace responde
Isabel Miranda publicó en su cuenta de Twitter un comunicado asegurando que el reportaje publicado compromete su dignidad. La presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro mencionó que no se distraerá en “desmentir la sarta de calumnias que escriben los defensores de los secuestradores” de su hijo.
En el mensaje confirmó que Hugo Alberto fue secuestrado y asesinadoen 2005 y que sus restos fueron desaparecidos, por lo que solo se desvía la atención de lo ocurrido.
Cuestione buscó a Isabel Miranda de Wallace para conocer su versión de los hechos, pero se negó a dar más información hasta que terminen las reuniones con sus abogados para saber qué decisión tomarán respecto a lo revelado.
Puede haber revés
David Peña, abogado penalista, comentó en entrevista para Cuestione que el juicio se puede caer si se lleva a cabo una prueba de ADN con el padre biológico. Esto, porque la gota de sangre pudo haber sido de algún familiar de Isabel Miranda –como dijo Carlos León– y no de Hugo Alberto.
Peña comentó que, independientemente de otras inconsistencias o errores que haya en la investigación, lo de la gota de sangre es parte esencial para que se ponga en riesgo el proceso por el que fueron encarceladas nueve personas.
“Incluso la presunción de muerte y la presunción de haber desmembrado el cuerpo o desaparecido el cuerpo, la basan en la identificación genética de esa muestra de sangre, pero no tienen el cuerpo, no tienen otros restos, no tienen nada con que presumir tanto el secuestro, como el asesinato, como la posible desaparición del cuerpo”, explicó el abogado.
David Peña concluyó : “No hay algún otro indicio que pudiera señalar que el cuerpo o esa persona estuvo ahí”. Lo que se puede hacer es utilizar los recursos legales y así demostrar que la persona asesinada en 2005 probablemente no sea Hugo Alberto.
Durante una larga temporada (desde el último año de gobierno de Vicente Fox hasta el último de Enrique Peña Nieto), Isabel Miranda de Wallace ejerció el poder de entreverarse y torcer el funcionamiento de los aparatos de procuración e impartición de justicia a cuenta y cuento de una autoasignada representación de la sociedad civil que avalaba o rechazaba, según los vaivenes políticos, los planes gubernamentales en materia de seguridad pública y combate a la criminalidad y los informes oficiales de resultados en esas materias.
Protegida del entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, y de su vicepresidente ejecutivo en materia policiaca y de espionaje, Genaro García Luna, la señora Miranda de Wallace se convirtió en asistente frecuente (casi indispensable) a las ceremonias y reuniones de ese corte, al igual que lo fueron haciendo otros ciudadanos golpeados trágicamente por acontecimientos criminales: muertes, desapariciones, secuestros.
Ella preside la organización Alto al Secuestro y se define en su cuenta tuitera como una activista dedicada a defender derechos humanos de las víctimas del delito. Recibió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que le entregó el mentado Calderón Hinojosa, cuya administración fue particularmente violatoria de esos derechos, a título de la nefastaguerra contra el narcotráfico. En 2012 fue candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno de Ciudad de México.
Frente a un contexto pantanoso, ha sido creciente la investigación periodística que ha ido señalando irregularidades y francas falsedades en el expediente de los presuntos hechos de secuestro y asesinato del hijo de la señora Miranda de Wallace. Esta semana, en la revista Proceso, el periodista y escritor Ricardo Raphael hizo un recuento de la más reciente acusación de mendacidad adjudicable a la mencionada activista, en una relatoría que parecería pertenecer al género de la novela negra, pues la gota de sangre, sobre la cual se fundó todo el desarrollo de un proceso que ha mantenido en prisión durante largos años a varios presuntos responsables, no pertenece al código genético del padre formal, el señor Wallace, pues el padre biológico es un primo de la señora Miranda, de apellido León.
No es un asunto de sábanas ni invade el respetable ámbito privado de las personas: es una precisión que puede significar el derrumbamiento de todo el armado judicial logrado hasta ahora por la madre del joven que en todo caso podría ser considerado como desaparecido. Podría significar la liberación de personas inocentes y la confirmación de un comportamiento mafioso que castigó a quienes eran señalados por una particular y que permitió la construcción de una figura públicarepresentativade la sociedad civil, luego asociada a las tareas de los poderes públicos desde un posicionamientoindependiente.
A estos señalamientos, que son una continuidad de lo publicado en otros momentos por las periodistas Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga, y que han denunciado personajes como la ahora senadora morenista Nestora Salgado, ha respondido Miranda de Wallace con una fuerte acusación contra el presidente López Obrador, a quien ha mencionado como apoyador de secuestradores. Entrevistada por Ciro Gómez Leyva, cargó la tinta en adjetivos y en consideraciones personales, sin entrar al fondo del asunto, que se refiere a las pruebas documentales de que el proceso relacionado con su hijo desaparecido, Hugo Alberto, se ha sustentado en una gota de sangre que no correspondería genéticamente al padre acreditado para diligencias forenses y que pudo haber sido sembrada con fines distorsionadores.
Tal como estaba binacionalmente previsto, el congreso mexicano aprobó las reformas laborales que Estados Unidos ha demandado para avanzar en la aprobación legislativa del nuevo tratado de libre comercio en Norteamérica. Entre otras consecuencias, habrá un inicio de democracia sindical y se eliminarán abusos contra trabajadores.
Nestora Salgado hizo graves denuncias en contra de María Isabel Miranda, presidenta del organismo Alto al Secuestro, exitosa empresaria y aliada de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña en materia de seguridad pública, hasta el punto de moverse por las cárceles como Pedro por su casa, con la autorización de Genaro García Luna y Miguel Ángel Osorio, además de recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010.
La senadora y exprisionera presentada como “secuestradora” en su desempeño como lideresa de las autodefensas, en Olinalá, Guerrero, precisamente por Miranda Torres y el candidato presidencial priista José Antonio Meade, en plena campaña de 2018, sostiene:
“Estos casos los viví en carne propia… Isabel Miranda tuvo mucho poder en gobiernos pasados. Una persona que tuvo el poder de meterse a las prisiones, a las celdas, a torturar ella misma o a ordenar que las autoridades carcelarias nos torturaran”.
Testimonio que Utopía reconfirma de acuerdo a la versión de un funcionario de cárceles federales que recibió órdenes de Osorio Chong para “darle todas las facilidades a la señor Wallace, pues es nuestra amiga”. Y el ahora senador impulsa un punto de acuerdo para defenderla. ¡Qué cinismo!
Abunda Nestora:
“Se me torturaba diariamente por órdenes de la señora Isabel Miranda de Wallace… Padecí la influencia negativa de la señora… con funcionarios de la Procuraduría de Guerrero… de constantes ataques que se me reavivaron en contexto electoral… nadie merece ser calumniado y perseguido por alguien que tenga poder”.
Y, efectivamente, Isabel Miranda, la excandidata panista a jefa de Gobierno del Distrito Federal (“Ya me veo en el Palacio del Ayuntamiento”, juraba) ejerció un enorme poder durante los sexenios de Calderón y de Peña con la “Guerra contra el narcotráfico”, declarada el 12 diciembre de 2006, y ocultada a partir del 1 de diciembre de 2012, pero la continuaron los que decían “Mover a México” (para sus bolsillos), con la incontenible espiral de muertos y desaparecidos, de violaciones a las garantías individuales y muchos heridos.
La legisladora solicita que se revise la situación jurídica de las siete personas procesadas por estar implicadas en el secuestro de Hugo Alberto Wallace o León, hijo de Miranda, el 11 de julio de 2005, pues fueron torturadas bajo la supervisión de la propietaria de Alto al Secuestro. Un caso saturado de mentiras.
Acompañada de Guadalupe Lizárraga –autora del libro El falso caso Wallace y pionera en la investigación del tema– y del padre biológico de Hugo Alberto, Salgado permitió que Carlos León Miranda exhibiera los desplantes de la señora en las procuradurías y cuerpos policiacos, y sobre todo que pusiera en riesgo todo el tinglado del caso judicial que se sustenta en una gota de sangre sembrada en el baño donde supuestamente asesinaron a Hugo Alberto y que no pertenece al padre biológico ni al de crianza, sino a Claudia Wallace Miranda, hermana de padre del presunto asesinado. Es una telenovela con hartas contradicciones y con las que escaló con mucho éxito María Isabel en sus negocios de espectaculares, como lo demostró Raymundo Riva Palacio en El Financiero, las OSG (organismos sí gubernamentales) y la política.
Víctima de su mitomanía, Miranda sólo atinó a anunciar demandas contra Proceso, Ricardo Raphael y quien se le ponga enfrente, y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de “proteger a secuestradores”, ello porque el titular de la Fiscalía General de la República dictaminó: ¡Se reabre el caso y se revisará a fondo toda la información!
Hace una semanas en el programa de Julio Astillero, Jorge Berry pretendía destruir a quienes expresan sus ideas y comparten información en Youtube, bajo el argumento del oficio periodístico, bajo la experiencia en medios, los contactos y relaciones, pero nunca pudo argumentar sobre qué hacen con la veracidad de sus contenidos, ni la integridad de sus comentarios, que en todo caso es lo más valioso de quién informa.
Ayer, Ciro Gómez Leyva, “entrevistó” a otro periodista, Ricardo Raphael sobre el tema “el falso caso Wallace”.
Cómo era de esperarse, Gómez no realizó una entrevista, sino se convirtió en juzgador del colega, en cuestionador no del hallazgo o de una investigación, intentó sí, hacer defensa de la señora Miranda.
Hace unos días yo comentaba que tal vez la pregunta a realizarse en el caso “Wallace” es ¿Qué motivó a la desaparición de Hugo Alberto?¿Cuál fue la razón de darle relevancia a este caso? Y por supuesto saltó el caso de Florence Cassez, que cumple con muchas características que lo hermanan, una aparente simulación, ¿por qué? ¿para qué?
Esas preguntas son las que le dan sentido a la investigación de un caso por demás absurdo, respecto a un muerto del que no hay cadáver y de una autopsia sin cuerpo.
Es verdad, el trabajo de Lupita Lizárraga no solo tira la prueba más importante, sino que irremediablemente nos obliga a cuestionar la participación del gobierno mismo, con fama probada demontar falsos escenarios criminales.
Las preguntas de Ciro cuestionaban el valor de lo investigado, minimizaban la presentación del verdadero padre de Hugo Alberto, y sobre todo, ignoraban su testimonio sobre cómo, se armo la farsa el día de la prueba genética en la PGR.
Gómez hace un “descubrimiento muy importante” que, validaría la tésis de la señora Miranda cuando expresa “más allá de todo Hugo Alberto es hijo de Isabel Miranda”¡por supuesto!, pero ¿por qué hacerlo pasar por hijo del señor Wallace?,porque la sangre encontrada y prueba importante, no correspondería a Hugo Alberto, sino a su hermana que, sí es hija del señor Wallace.
Ante esto, queda una duda sustentada de que la prueba fue fabricada ¿para qué?
Más adelante Ciro le pregunta a Raphael ¿Qué sucedió con Hugo Alberto en 2005?, este podría haber especulado o lanzar una hipótesis pero fue prudente, se la deja al lector, a la audiencia, no la expresará ante lo que parece evidente, cuando se sabe que Hugo Alberto usó su tarjeta de crédito, tramitó una CURP y realizó un llamada por teléfono después de “muerto”.
Esta es la misma trampa mental en la que cayeron Carolina Rocha y Marcela Gómez Zalce en el programa del Astillero, ponerse en el papel de la madre que sufre la pérdida de un hijo, cuando como periodistas ante la revelación la pregunta es ¿hay muerto?
Surgen muchas preguntas, ante el papel que Isabel Miranda ha jugado y los señalamientos sobre la calidad y veracidad de sus pruebas ¿desapareció Hugo Alberto por voluntad propia?
Nunca Raphael le diría a Ciro esto al aire, menos cuando intentó devaluar su trabajo, así como el de Guadalupe Lizárraga, de la que pretendió olvidar su nombre, pero a la que seguía en la mañanera, a quien ubica perfectamente, pero que no mencionó, como tantos otros “periodistas”que le han negado el derecho a existir por hacer una investigación molesta para el sistema, por pertenecer a un medio independiente.
La relevancia que le ha dado Ricardo Raphael al tema, es del tamaño del olvido al gran trabajo de Lizárraga, a quién han ignorado, hecho menos, por supuesto con quien no han sido solidarios y buscado su protección, ese es el gremio, por el que salta Álvaro Delgado, a quién defiende como una gran familia italiana de Chicago.
No puede haber solidaridad gremial entre periodistas con principios diferentes, pero los medios no tienen principios sino intereses.
No puede haber libertad en un país donde el sistema jurídico está secuestrado y en dónde los medios y muchos de los que forman parte de ellos, son cómplices y vigilantes del preso.
En la medida en que existan investigadores y periodistas independientes, serios, que tengan el compromiso por informar a la sociedad, México será un país más libre, los medios en su mayoría hoy responden a intereses económicos y políticos, ni siquiera lo disimulan, han destruido su propia razón de existir, han ofendido a sus lectores y audiencias, han dejado en claro que, ya no tienen valor como tales.
mexicoporflorencecassez.wordpress.com 