Todos los esfuerzos de su administración por una justicia expedita y eficiente en México, mientras el caso más paradigmático de corrupción y crueldad como es el de la simulación del secuestro y homicidio de Wallace, fabricado por su propia madre, siga impune.
Procurador General de la República en México, Jesús Murillo Karam, e Isabel Miranda Torres, simuladora del secuestro de su hijo en 2005.
Los Ángeles, California, 25 de julio de 2014
Jesús Murillo Karam
Procurador de la República
Me dirijo a usted en su calidad de responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y la representación social en la persecución de los delitos en México, lo que conocemos como procuración de justicia; y que sin embargo son tareas que no se han cumplido cabalmente, ni ahora ni con sus antecesores en el denominado Caso Wallace.
El pasado 13 de julio de 2014, el activista, Giel Meza, de la organización no gubernamental Gente de México por la Democracia, fuedetenido arbitrariamentey encañonado con armas largas, bajo la falsedad de una orden de aprehensión, por cuatro agentes de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada.
Una vez en la SEIDO, se le especificó que estaba en calidad de “testigo” debido a una denuncia iniciada por María Isabel Miranda Torres o Isabel Miranda de Wallace. Y durante cinco horas, fue interrogado sobre los reportajes de investigación que he publicado en Los Ángeles Press, medio digital basado en Los Ángeles, California. Se le insistió entre otros asuntos, si él había “filtrado” los elementos probatorios de la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, específicamente documentos oficiales de la doble identidad de esta persona en cuestión.
Quiero manifestar públicamente mi total disposición a proveer las evidencias, documentos completos, testimonios y análisis de expertos con los que he sustentado mi trabajo, con el único propósito de facilitar las tareas de procuración de justicia a su cargo, y resarcir los derechos de quienes han sido víctimas de tortura, acoso y humillación sexual por parte de funcionarios de la SEIDO, que han actuado bajo órdenes de María Isabel Miranda Torres.
Un doble propósito en esta misiva, además de proveer el material de mi investigación periodística, que incluye la presentación de testigos que confirman haber visto y estado con Hugo Alberto Wallace Miranda después de la fecha de su supuesta muerte, tanto en la Ciudad de México como en Acapulco, es evitar que agentes ministeriales –y demás personal a su cargo– sigan cometiendo violaciones de derechos humanos, como lo han hecho con el activista Giel Meza, y con cada uno de los implicados en el caso Wallace, así como con sus familiares, porque ya hay pérdidas fatales.
Isabel Miranda Torres, con profunda vocación sádica, ha pretendido que sus víctimas torturadas se dejen llevar en silencio hasta su invisibilidad sin protestar, que renuncien a sus derechos más sagrados como el de la presunción de inocencia y la libertad, y se abandonen hasta el punto de dejar de afirmar su existencia.
Usted bien sabe que serán vanos todos los esfuerzos de su administración por una justicia expedita y eficiente en México, mientras el caso más paradigmático de corrupción y crueldad como es el de la simulación del secuestro y homicidio de Wallace, fabricado por su propia madre, siga impune.
Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press
@gpelizarraga
Carta publicada en el sitio de laACDV (Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad) (extracto)
El 25 de julio 2014
Montreal, Canadá, 25 de julio de 2014
JESÚS MURILLO KARAM
PROCURADOR DE LA REPÚBLICA
PRESENTE:
En calidad de presidente de laAsociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Canadá, me dirijo a usted con el fin de hacer de su conocimiento nuestro desacuerdo y profunda decepción en cuanto a la manera en que las autoridades judiciales de su país y, sobre todo, la PGR de la que usted es el responsable no han manifestado ningún interés en investigar sobre los hechos que hemos evidenciado referente al denominado caso Wallace.
Hasta la fecha, es evidente que los elementos de prueba que encontramos y que fueron publicados, desde los Estados Unidos, en el sitio digitalLos Ángeles Presscon el que tenemos el honor de trabajar conjuntamente a favor de las víctimas de la violación a los derechos humanos y de la fábrica de culpables, han sido deliberadamente ignorados por la PGR, cuando deberían haber dado inicio a una extensa y urgente investigación. Más allá de su silencio y de la ausencia de apoyo a nuestro trabajo a favor de las verdaderas víctimas en el caso Wallace, –por cierto, silencio que se puede interpretar como una apoyo tácito a la línea de actuación de Isabel Miranda de Wallace quien acusa a periodistas y a activistas de haber iniciado una venganza en su contra–, es menester informarle que todo cuanto hacemos es nuestro trabajo de investigación y de promoción de los derechos humanos a través de la defensa de las personas cuyas garantías fundamentales han sido violadas. Ahora nos consta que parte de su personal ha sido movilizado con vistas a presionar e intimidar a los defensores de los derechos humanos. Nuestro colega y compañero de trabajo, Giel Meza, presidente de la asociaciónGente de México por la Democracia, fue detenido arbitrariamente el domingo 13 de julio de 2014, en violación flagrante al debido proceso y a sus derechos humanos, por agentes de la SEIDO, y luego interrogado durante más de 5 horas en relación de las publicaciones recientes de Los Ángeles Press sobre el caso Wallace.
Tal actuación de parte de sus agentes resulta totalmente inadmisible, así como el hecho de que dicha actuación tenga como propósito la intimidación hacia defensores de los derechos humanos y periodistas. La realidad es que Isabel Miranda de Wallace –o María Isabel Miranda Torres– no contestó la publicación de la segunda acta de nacimiento de su hijo presuntamente desaparecido y de la CURP registrada en febrero del 2010 a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, cinco años después de su supuesta muerte. Vuelve a la calumnia contra nosotros, a través de las entrevistas en medios que la favorecen, alegando una fantasiosa venganza personal de la que se dice víctima, vuelve a las amenazas, y ahora a la intimidación, esto último con la ayuda del personal de una instancia federal como la SEIDO. Hemos dicho lo que resulta ser una evidencia y lo seguimos afirmando: no es la persona de Isabel Miranda nuestro interés ni problema, sino la red de corrupción creada por ella con graves daños al sistema de procuración de justicia en México. En un país con un Estado de derecho sólido, nadie debe estar más allá de la ley. Nadie puede instrumentalizar la justicia a la que todos los ciudadanos aspiran, por motivos totalmente ajenos a la justicia misma. Nadie puede pisotear el sistema de leyes ni evadir las consecuencias de sus actos. En el caso de Isabel Miranda Wallace, hemos evidenciado una red amplia de corrupción que ha creado con ayuda de la SEIDO, y ha engañado a México fabricando un supuesto crimen sin ninguna prueba pericial válida que establezca veracidad alguna, más allá de declaraciones bajo tortura que se contradicen.
Isabel Miranda volvió a afirmar ante las cámaras de televisión que el padre biológico de su hijo es José Enrique del Socorro Wallace Díaz, pese a las actas de nacimiento y de reconocimiento de Hugo Alberto que han sido publicadas. Una simple prueba de ADN de cuatro personas la hubiese desmentido: la hija y la ex-esposa de Hugo Alberto, de María Isabel Miranda Torres y de su segundo esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, resolvería la duda que durante nueve años ha mantenido en la cárcel a siete personas inocentes.
Lo cierto es que el caso Wallace, por ser un caso emblemático de la fábrica de culpables en México, de la violación sistemática a los derechos humanos más básicos, entre otros el derecho a la presunción de inocencia, se ha internacionalizado, gracias al interés de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos dentro y fuera de México. Por un lado, le reiteramos nuestra disposición a trabajar con usted para evidenciar la verdad del caso Wallace. Por otro lado, y con todo respeto, le avisamos que seguiremos nuestro trabajo para que se haga justicia en este caso. Como usted sabe, el recurso a instancias internacionales de justicia es una de las vías a las que se puede recurrir cuando se observa la falta de actuación de las autoridades para procurar justicia expedita en un país. Aún esperamos el cumplimiento de su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, tal como hizo público desde que entró en función la administración del presidente Enrique Pena Nieto.
David Bertet
Presidente Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
El activista Giel Meza en el Congreso de la Unión hablando sobre la tortura y culpables fabricados. Foto: cortesía
El activista de derechos humanos Giel Meza, de la organización Gente de México por la Democracia, fue detenido de manera arbitraria por agentes federales, el pasado 13 de julio de 2014, a las 6 de la tarde, por lo que puso la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el número de expediente CDHDF/121/14/CNDH/R0689.
Su detención fue por un interrogatorio de cinco horas sobre los reportajes publicados enLos Ángeles Pressque versan acerca de lafabricación del secuestroy homicidio de Hugo Alberto Wallace en 2005 y las evidencias que ha aportado la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad a la investigación.
Los agentes dijeron ser policías federales ministeriales, pero no se identificaron y apuntaron a Giel Meza con un arma, sometiéndolo de los brazos. Le dijeron que tenían una orden de aprehensión contra él, sin especificar el motivo, y que se la mostrarían en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO). Lo subieron a un automóvil sin logotipo y estuvieron dando rodeos durante unos quince minutos antes de llegar a las oficinas de la Procuraduría.
Una vez en la SEIDO, lo trasladaron a las oficinas de Antisecuestro, y le dijeron que se encontraba en calidad de “testigo”, a raíz de “una denuncia que inició Isabel Miranda de Wallace, por unas publicaciones que se han hecho en los medios”. Sin embargo, no se le informó qué tipo de denuncia ni número de oficio de averiguación previa o de expediente.
Después de que un comandante de apellido Laris señalara que iba en calidad de “testigo”, los agentes ministeriales sin identificación justificaron que “habían tenido que proceder de esa forma porque se hizo caso omiso de los citatorios que enviaron a su domicilio”. Pero Meza solicitó copia de los citatorios y se negaron a entregarlos, con lo que corroboró que era falso.
Meza señaló en entrevista paraLos Ángeles Pressque las preguntas se enfocaron en saber si él había proveído las evidencias de la fabricación del Caso Wallace, desde actas de nacimientos que demuestran la doble identidad de Hugo Alberto Wallace, el CURP registrado cinco años después de su supuesta muerte, entre otros varios documentos oficiales que han dado rastros de vida.
También le preguntaron qué relación tenía con los periodistas que tuvieron acceso a estas evidencias, específicamente con Anabel Hernández (Proceso), José Reveles (independiente) y Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press).
El activista comentó que también le preguntaron por el documento que firmó con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdadque preside David Bertet, con sede en Montreal, dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México para atraer el caso de Brenda Quevedo Cruz, inculpada y torturada por la simulación Wallace.
Giel Meza salió de la SEIDO en torno a las 11 de la noche del mismo domingo. Lo cual llamó su atención, dijo aLos Ángeles Press, que lo detuvieran de esa forma, violando sus derechos humanos, y en un día y hora en que casi no hay testigos.
Escuchar a Giel Meza en entrevista con Patricia Barba en el programa de radio Desde la raíz (23 de junio 2014).
Isabel Miranda reconoció ante Albert Castillo que no hab;ia sucedido el crimen por el que fue sentenciado a 93 años. Foto: aztecatv.com.mx
Isabel Miranda Torres aceptó ante el inculpado Albert Castillo Cruz, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y tres agentes ministeriales más, que su hijo Hugo Alberto Wallace no había sido secuestrado ni asesinado el 11 de julio de 2005 en México, por quienes ella acusó y por lo que Albert Castillo y su hermano Tony fueron sentenciados a 93 años de cárcel. De acuerdo a la denuncia de hechos del 14 de diciembre de 2011 puesta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por María Elena Cruz, madre del inculpado, Miranda Torres reconoció la simulación del secuestro el 13 de octubre de 2010, horas después de que Albert Castillo fuera torturado en el Cefereso Número 2 para que se incriminara.
Albert Castillo Cruz fue privado de su libertad por Isabel Miranda Torres y su hermano Roberto, el 7 de marzo de 2006. Se encontraba en su trabajo, cuando los hermanos Miranda fueron por él acompañados de cuatro hombres encapuchados, vestidos de negro y portando armas largas. Lo golpearon durante unas tres horas y lo acusaron de ser secuestrador. Castillo negó las acusaciones y Roberto Miranda lo golpeó en las costillas y le dijo: “pues, ahora ya lo eres”. Posteriormente se lo llevaron a las oficinas de SIEDO, según especificó Castillo en su declaración ministerial y en las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También lo denunció en varias cartas al embajador Anthony Wayne y al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ya que él y su hermano Tony Castillo Cruz tienen la ciudadanía estadounidense.
«Sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas»
Al día siguiente de ser torturado por segunda ocasión el 12 de octubre de 2010 “de parte de la señora Isabel Miranda”, en el Cefereso No. 2 de Puente Grande, Jalisco, Albert Castillo fue llevado con Miranda, quien dijo que “él la había mandado llamar para pedirle perdón”:
–¿Quién le dijo eso? –preguntó Albert a Miranda.
–La gente que estuvo ayer en la noche contigo –le respondió ella en alusión directa a sus torturadores.
–Yo no tengo nada que declarar –contestó Castillo.
–Si no te declaras culpable, ellos (señalando a los tres agentes ministeriales y al MP Braulio Robles Zúñiga) van a regresar a refrescarte la memoria –insistió Miranda Torres.
En ese momento, Albert Castillo escuchó que uno de los guardias recibió órdenes para que lo trasladaran a la celda 19, pasillo II. Y en el traslado el guardia le dijo que “por su bien, tenía que decir y hacer todo lo que le dijeran”. Castillo sólo lo escuchó sin decir nada. Al poco tiempo, volvieron a trasladarlo a otra oficina “que está en COC, y la oficina es identificada como CTI”, donde se encontraban nuevamente Isabel Miranda Torres, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y los mismos tres agentes ministeriales que lo habían torturado.
Miranda le dijo que si se declaraba culpable, “que ellos le podían conseguir beneficios”.
–No lo voy a hacer, porque no soy culpable de nada –respondió Castillo.
Braulio Robles intervino:
–Tienes que decir lo que querías decir ayer en el juzgado.
–Lo que ustedes querían que yo declarara, porque me torturaron toda la noche –contestó el inculpado.
Isabel Miranda insistió:
–Si no te declaras culpable y dices lo que yo quiero, te voy a hacer la vida imposible. Yo tengo arreglado esto con gente muy importante.
En la declaración ministerial, Castillo Cruz señaló que Isabel Miranda lo amenazó con lastimar a su familia, y con entrar a la prisión las veces que quisiera para torturarlo, “porque ella podía hacer ahí lo que quisiera”.
–Usted sabe que nunca estuve en el lugar de los hechos. Y no nos vio ahí, porque mi hermano y yo somos inocentes, no hicimos nada, ni sucedió nada –dijo Albert Castillo, en referencia a su hermano Tony, inculpado y sentenciado también a 93 años por el mismo supuesto delito.
–Es cierto, yo no los vi, y sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas –contestó Isabel Miranda.
Al día siguiente lo llevaron ante un Juzgado que el inculpado no pudo identificar, ni tampoco se lo notificaron. Allí se encontraba Isabel Miranda y sus torturadores Braulio Robles Zúñiga y otros tres agentes ministeriales de los que no se aportó sus nombres. La declaración de Albert Castillo fue la misma:
“Yo no tengo nada que confesar, yo no sé nada, yo nunca estuve en el lugar de los hechos, y simplemente les dije que iba a declarar para que dejaran de torturarme”, mostrando las huellas de las torturas en su cuerpo.
El 14 de octubre de 2010 volvieron los mismos agentes ministeriales junto con Braulio Robles Zúñiga para torturarlo de nuevo. Le gritaron que se había “pasado de pendejo” y que “con ellos no iba a jugar”, profiriéndole una sarta de insultos. “Le pusieron esposas en las manos y pies, le pusieron una toalla mojada en la cabeza y una bolsa de plástico para asfixiarlo, y siguieron golpeándolo en el cuerpo”, especifica la denuncia al subprocurador de la SIEDO. La tortura fue suspendida cuando prometió que ahora sí se declararía culpable; sin embargo, nunca se incriminó ante un juez y fue sentenciado sólo con las acusaciones de Isabel Miranda Torres.
Los testigos de la tortura a Albert Castillo
Albert Castillo envió un segundo escrito al titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, el 17 de abril de 2013, para pedirle su intervención en el desahogo de pruebas de tortura. El primero fue el 24 de julio de 2012, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondiera que “no habían encontrado irregularidades”.
En el escrito a la CIDH, Castillo insiste en que se tome la declaración a J. Jesús Galván Díaz y Erasmo Ornelas Peñuelas, quienes eran sus compañeros de celda “en el momento en que ocurrieron los hechos”. La declaración ministerial de Ornelas atestigua los hechos:
“…yo presenté una petición dirigida a la autoridad de este centro, para evitar que me fueran a inculpar por los golpes que Alberto presentaba en estos momentos y eran muy visibles, fue el mismo día que ingresa al módulo 8, después de que lo sacaron por varios días, ese día yo tenía visita, que fue cuando regresó a la estancia, ya él estaba muy golpeado y fue cuando en ese momento hice mi petición, dirigida a seguridad interna de este centro, yo narré que Alberto salió de la estancia por varios días sin recordar cuántos y cuando regresó, yo lo miré que estaba golpeado, tenía marcas en las muñecas y en los tobillos, como si hubiera estado amarrado, y se le miraban heridas abiertas con muy mal aspecto, en el cuello se le miraban moretones, en la boca del estómago también se le miraban moretones, me consta que él reportó al encargado del módulo y él solicitaba diariamente que lo atendieran por parte del área médica (…)”.
La declaración ministerial del interno J. Jesús Galván:
“…lo que me consta es que Alberto Castillo Cruz solicitaba la autorización para atención médica ya que éstas nada más se nos programan dos veces a la semana, y como lo mencioné sí le vi lesiones en las muñecas, en los tobillos, en el cuello, como magulladuras de sangre, sin observar sangre por fuera, desconociendo cómo se las había ocasionado, pero a Erasmo y a mí nos platicó que unas personas se las había hecho y que éstas habían ingresado al centro y recuerdo las palabras de Alberto cuando explicaba que sus lesiones fueron en relación a que habían sido causadas por una tortura para que firmara y aceptara su responsabilidad, (…)”
Albert Castillo Cruz apuntó: “todos se dieron cuenta que fui sacado del módulo con mis cosas y regresado a la semana con huellas de tortura, y no como las autoridades dicen que no hay registro de que yo haya sido reubicado”. Incluso, da como prueba un recibo de compra de la tienda del Centro de Observación y Clasificación (COC) en esa semana en que fue torturado. También pidió el testimonio de los internos de la misma sección que lo vieron, Luis Morales Villanueva, Manolo Padierna Sánchez y Carlos García Ferrat.
El custodio que sacó de la celda a Castillo para trasladarlo al cuarto de tortura fue identificado como Emiliano Reynoso Flores. Y los custodios que lo sacaron del módulo 8 para trasladarlo al Centro de Observación y Clasificación fueron identificados como Eusebio Jiménez Evangelista y el custodio Gámez. Castillo señaló en el escrito a Derechos Humanos que el director del Cefereso en ese momento fueFrancisco Javier Gómez Meza, quien permitió la tortura, y dos semanas después se lo llevaron preso presuntamente por narcotráfico.
Dos oficiales más, testigos de los hechos, presentaron una queja ante derechos humanos al Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública por la tortura a Castillo. Fueron los oficiales Salvador Moreno Chávez y Erick Hernán Cortés, quienes mostraron su disposición a dar su testimonio, pero posteriormente fueron removidos del penal, uno de ellos al Estado de Durango, sin que la familia o Castillo Cruz volviera a tener contacto con ellos.
Sin embargo, pese a los múltiples testimonios y quejas oficiales por los mismos custodios, la perito oficial en Psicología Lucía Galeana Garzón, el 3 de junio de 2011, entregó los resultados del dictamen psicológico de tortura con el número de folio 11222 realizado el 20 de mayo de 2011. Su conclusión fue:
“…Como resultado de la evaluación psicológica practicada, conforme a los lineamientos que marca el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (Protocolo de Estambul) al señor Alberto Castillo Cruz, se determina que no presenta ninguna de las reacciones psicológicas no de las clasificaciones diagnosticadas comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes de tortura…”.
Las denuncias por tortura ignoradas por Derechos Humanos
Los familiares de Albert Castillo –su madre María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante– pusieron varias denuncias y quejas ante diferentes instancias judiciales y ante comisiones de derechos humanos. Sin embargo, ninguna institución mostró interés por investigar los hechos denunciados por tortura y falsedad a autoridades por parte de Isabel Miranda.
La primera denuncia fue dirigida al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, el 21 de octubre de 2010, siete días después de la segunda tortura, cuya recepción fue foliada con el número 75910. En esa denuncia, los familiares de Castillo Cruz señalaron a Isabel Miranda Torres y a su hermano Roberto como responsables directos de la detención ilegal de Albert y de haber ordenado y participado en su tortura el 12 y 14 de octubre de 2010.
Una siguiente denuncia fue presentada al titular de la SIEDO, Arturo Germán Rangel, el 16 de diciembre de 2010, en contra del MP Braulio Robles Zúñiga, quien fue identificado por Castillo como su principal torturador, y contra el agente ministerial Ignacio Silva Vázquez, con la que se abrió la averiguación previa número 233/UEIDAPLE/LE/12/2010. En esta misma denuncia se incorporó al director del Cefereso No. 2, Francisco Javier Gómez Meza, a Roberto Miranda y a Isabel Miranda, señalada de coordinar la sesión de tortura desde una ventana de rejas en el techo de la habitación donde lo tenían para estos propósitos.
Otra denuncia fue dirigida al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Enrique Gómez García, el 28 de octubre de 2010. En ésta se especificó a detalle la tortura, y de cuando los agentes con pasamontañas y vestidos de negro, le dijeron: “Venimos de parte de la señora María Isabel Miranda Torres”.
Castillo Cruz hizo responsables de lo que le pasara a él y a su familia al Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, a María Isabel Miranda Torres, “y todas las autoridades de este centro federal como son el director técnico Pedro Ramírez, el director de Seguridad de apellido Silva (Ignacio Silva Vázquez), los adjuntos de Seguridad y Guardia, de Seguridad y Custodia, y a todos los integrantes de la misma…”. Incluso Castillo pidió el álbum fotográfico de los custodios para identificar por rostro a los que participaron en su tortura, según lo especifica el oficio número 1537/UEIDAPLE/12/2011 a la Procuraduría General de la República (PGR), con el que se determina el “No ejercicio de la acción penal” a los denunciados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió a la PGR, con fecha del 14 de junio de 2011, el oficio V3/36998 suscrito por Sergio Iván de la Selva Rubio, en el que afirma que en el Cefereso No. 2 “no existe antecedente de que el señor Alberto Castillo Cruz fue objeto de maltrato”.
La obsesión de Isabel Miranda por el cercenamiento de su hijo
Albert Castillo señaló que nunca había escuchado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, ni las palabras “secuestro”, “levantar”, “casa de seguridad”, “negociación”, “950 mil dólares”, “pago” ni “rescate”. Sin embargo, Isabel Miranda lo acusó de ser parte de una “banda de secuestradores” y le puso un alias: “El médico”. También ella lo acusó de ser quien había cercenado el cuerpo de su hijo con una sierra eléctrica “Black and Decker” comprada en un WalMart después de las cuatro de la madrugada del 12 de julio de 2005.
De acuerdo a la declaración difundida por Isabel Miranda en los medios mexicanos, su hijo supuestamente fue cercenado en el baño del departamento de la inculpada Juana Hilda González. Así mismo, en el careo constitucional entre Albert Castillo Cruz y María Isabel Miranda Torres, realizado el 7 de enero de 2008, ella insiste en que su hijo fue cercenado:
“… tú sabes perfectamente bien Alberto Castillo Cruz que mi hijo no está vivo, porque tú te encargaste de cerciorarte de que estaba muerto, y más aún tú cercenaste el cuerpo de mi hijo, junto con tu hermano…”.
No obstante, se realizaron inspecciones periciales y no se encontró ningún vestigio de sangre en el baño que tiene “dimensiones tan pequeñas tal como consta en la inspección judicial…”, sitio en el que según las conclusiones absolutorias de la defensa de Castillo Cruz, no hubieran cabido los dos hermanos Castillo, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace entonces con un peso aproximado de unos 150 kilos –según la defensa- y adicionalmente la motosierra.
Ya desde el 3 de marzo de 2006, se contaban con los resultados del peritaje de la Dirección de Biología Molecular en especialidades criminalísticas, del departamento de Genética Forense de la PGR , fojas 241 del Tomo VIII, donde se confirmó que las muestras rotuladas como restos óseos 1 y 2, no eran de origen humano.
El perito Carlos Alberto Jiménez Baltazar, adscrito a la Coordinación de Servicio Periciales fue quien determinó que “el perfil genético de los residuos que fueron recabados en la coladera del baño del departamento número 4 no eran de origen humano”.
La acusación contra los Castillo
En la versión fabricada por Isabel Miranda Torres, laAsociación Canadiense por el Derecho y la Verdadidentificó una serie de contradicciones y discrepancias que fueron obligadas a decir a los inculpados respecto al tema de la supuesta muerte de Hugo Wallace. El análisis -entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México- destacó en este apartado las discrepancias que incriminaron a los hermanos Castillo supuestamente encargados de “descuartizar” el cuerpo de Wallace y de limpiar el baño.
Entre los hallazgos de incoherencias de los activistas canadienses, se revela que los inculpados declararon que los Castillo limpiaron el baño antes y después del descuartizamiento, según las declaraciones incriminatorias de Juana Hilda González y Jacobo Tagle al dar las horas de los hechos, mientras que la sierra y los utensilios de limpieza fueron comprados supuestamente después de las 4 de la madrugada.
Según la declaración incriminatoria de Jacobo Tagle, los hermanos Castillo se fueron con la sierra, después de descuartizar el cuerpo, y Juana Hilda González se quedó en el departamento, mientras él y César Freyre bajaron la maleta y las bolsas con los restos humanos.
Según Juana Hilda González, los hermanos Castillo se quedaron en el departamento a limpiar, y ella junto con César Freyre y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plástico donde llevaban los restos de Hugo Wallace.
Según César Freyre, él y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plásticos con los restos humanos y con la sierra, porque los hermanos Castillo ya se habían ido.
La Asociación Canadiense destacó en el análisis que hay tres versiones diferentes también respecto al cercenamiento del cuerpo que dan Juana Hilda González, César Freyre y Jacobo Tagle en su declaración bajo coacción. Incluso, César Freyre, a quien Miranda Torres acusó de ser el jefe de la banda, desconoce si la supuesta sierra para descuartizar el cuerpo de Wallace es de gasolina o eléctrica, pese a que en su incriminación dijo haberla comprado él.
De acuerdo al documento, otro hecho que se destaca es que ninguno de los inculpados supo responder qué pasó con la sierra, después del cercenamiento. Otra contradicción resaltó al dar el color de las bolsas en que supuestamente metieron los restos de Hugo Wallace. En esta alusión, Isabel Miranda Torres también discrepó de los inculpados, y declaró a los medios que se trataba de una bolsa transparente, mientras que las declaraciones incriminatorias dijeron que eran bolsas negras.
El siguiente video fue realizado de forma humorística para evidenciar las contradicciones de las denuncias de Miranda. La fuente original es www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com.
Los tropiezos de Miranda en los careos constitucionales
Otra falsedad a la autoridad por parte de Isabel Miranda fue afirmar que Albert Castillo se encontraba el 12 de julio de 2005 en el departamento de los supuestos hechos. Incluso, Miranda lo señaló como la persona que había visto “a corta distancia” en el departamento de Perugino y que la estuvo observando.
“… el 12 de julio de 2005 era imposible que yo conociera el nombre de mi careado, pero con posterioridad me enteré que su nombre es Alberto Castillo Cruz, su presencia concuerda plenamente con lo declarado por Juana Hilda González Lomelí, el día 8 de febrero de 2006, cuando se refiere que tanto Tony como Alberto Castillo Cruz, se quedaron más tiempo en el departamento después de que salieron Brenda, Jacobo y César Freyre con el cuerpo de mi hijo ya cercenado por Alberto Castillo Cruz”.
Albert Castillo preguntó a Miranda en ese mismo careo constitucional por qué no llamó a las autoridades para que lo detuvieran ese 12 de julio de 2005, fecha en que supuestamente lo vio como sospechoso en el lugar de los hechos. Sin embargo, Miranda no dio respuesta específica y de acuerdo a la minuta del careo ratificó su declaración de que Castillo era la persona que había cercenado el cuerpo de su hijo y que las autoridades habían fallado en su identificación.
“…quiero afirmar sin lugar a equivocarme que Alberto Castillo Cruz, es la misma persona que estuvo en Perugino número seis el día 12 de julio de 2005, ya que lo tuve a una distancia muy corta, y no hay duda de ello, y que por supuesto que pedí que interrogaran a todas las personas que se encontraban dentro del edificio antes mencionado, pero de manera negligente, la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, no lo hizo”.
La defensa de los Castillo Cruz acreditó que cuatro personas estuvieron con Albert Castillo el 11 de julio de 2005, entre las 9 y las 10 de la noche. Todos pertenecientes a un comité de rescate de unidades habitacionales promovido por la Procuraduría Social del Distrito Federal. Esa noche firmaron documentos y las hojas de los cheques para las personas que hacían las reparaciones del edificio donde vivían. Las personas dieron sus testimonios. En el caso de su hermano Tony, la defensa acreditó que estuvo en la fiesta de cumpleaños de su novia y que terminó a la cinco de la madrugada del 12 de julio. Los testigos se presentaron a declarar y confirmaron haber estado con él; sin embargo, el juez 4o de Distrito de Procesos Penales Federales dictó sentencia de ‘culpables’ el 28 de octubre de 2011.
La voz de la madre de los hermanos Castillo
Escuchar a María Elena Cruz en entrevista con Los Ángeles Press.
La madre de los hermanos Castillo, María Elena Cruz, en entrevista exclusiva aLos Ángeles Press, narró el sufrimiento que han padecido por «la fabricación del caso Wallace». Así mismo, especificó que su hijo Albert no tiene ninguna formación profesional en medicina y que Miranda «probablemente» había deducido que era médico, porque trabajaba en el Hospital Juárez de México, y necesitaba una coartada para sostener la mentira del desmembramiento del cuerpo. A Tony Castillo, Isabel Miranda le puso el alias “El Panqué”, basada en su complexión robusta. Al igual que el resto de los inculpados, puso la fotografía de Albert Castillo y de su hermano Tony, en un espectacular montado por su empresa Show Case, SA de CV con la palabra “secuestrador” antes de ser investigados judicialmente y sentenciados.
Esta imagen fue publicada en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, sin cubrir el rostro del menor, y presentando a sus padres como delincuentes.
Cómo Miranda fabricó “la banda de secuestradores”
La acusación de Isabel Miranda Torres contra los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, y contra cinco personas más, fue hecha a raíz de una fotografía encontrada en el departamento de la también inculpada Juana Hilda González, en Perugino No. 6, de Insurgentes Extremadura del Distrito Federal. En la foto se encuentran Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, Juana Hilda González, César Freyre, Albert y Tony Castillo, Paola Patricia Díaz Romero y Jael Malangón Uscanga con su hijo de cuatro años de edad, tomada en Chalma, Estado de México, en un paseo que habían hecho en grupo meses atrás.
Los inculpados en la fotografía señalados con letras, fueron identificados por Juana Hilda González después de ser torturada y humillada sexualmente por los ministerios públicos Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz, según su declaración ministerial y de acuerdo a los diferentes careos constitucionales con los inculpados.
El patrón de hostilidad de Isabel Miranda contra sus víctimas
En la declaración ministerial y en las denuncias de Albert Castillo Cruz hace referencia a situaciones que coinciden en las declaraciones de los otros inculpados torturados, específicamente en los casos de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle y César Freyre. Las denuncias coinciden sin que haya habido contacto entre ellos, a lo largo de varios años que los han mantenido recluidos en diferentes penales de alta seguridad:
Isabel Miranda participó directamente en la detención ilegal de los inculpados.
Todos los inculpados fueron torturados, excepto Tony Castillo quien fue recluido en Matamoros, Tamaulipas, un penal que no ha sido visitado por Isabel Miranda.
Los torturadores dijeron hacer su trabajo a nombre “de la señora María Isabel Miranda Torres”.
La tortura tenía el propósito de que se declararan culpables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Isabel Miranda Torres presenció la tortura de todos los inculpados, excepto en el caso de Brenda Quevedo Cruz.
El principal operador de la tortura fue en todos los casos el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga.
Isabel Miranda Torres amenazó de muerte a todos los inculpados y a sus familiares.
Isabel Miranda Torres acusó de falsos delitos a familiares y defensa de los inculpados y tuvo éxito en el caso de la madre y la hermana de César Freyre, quienes estuvieron en la cárcel durante año y medio; y en el caso de la abogada defensora de Brenda Quevedo Cruz, quien estuvo durante tres meses arraigada. Las tres salieron exoneradas de cargos.
Isabel Miranda Torres obligaba a los inculpados a pedirle perdón. Sólo en el caso de Juana Hilda González lo logró con las amenazas contra su madre y su hija menor de edad.
Isabel Miranda Torres condujo la grabación en las autoincriminaciones de tres inculpados después de sus torturas, la de Juana Hilda González, la de César Freyre y la de Jacobo Tagle. Los demás inculpados, pese a las torturas, no se han incriminado.
NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
Firmaaquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos
El descubrimiento de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, tan oficial como la primera, da un vuelco al caso que se sigue por el presunto secuestro y homicidio de esta persona, cuyo cadáver sigue sin encontrarse. Ahora resulta que el desaparecido, quien de haber sido realmente asesinado habría hecho una llamada telefónica de ultratumba, tiene dos nombres, dos fechas de nacimiento, dos CURP y dos lugares donde vio la luz.
Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura…
Esos habían sido, sobre todo, los factores implicados en el expediente judicial abierto por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda hasta que, nueve años después de que éste desapareció, en los últimos días el caso ha dado un vuelco debido a nueva información que pone en duda incluso su muerte.
Sobre el análisis jurídico del caso Florence Cassez y el tema de la fábrica de culpables el 7 de julio 2014, a las 12am en el UNIVER MILENIO campus Toluca
(También se tocara el caso Wallace)
Alejandro Vázquez F. es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Defensor DDHH. Columnista Político Vicepresidente Ejecutivo Cadena
César Freyre Morales cumple una condena de 131 años por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda Wallace en el penal de Almoloya de Juárez, México. Pese a los rastros de vida que ha ido dejado la presunta víctima desde el 11 de julio de 2005, las torturas a Freyre han sido sistemáticas hasta su sentencia. Su hermana Julieta y su madre Rosa María Morales también fueron acusadas por los mismos delitos y liberadas después de año y medio al no encontrar pruebas en su contra.
En la captura de Freyre, el 26 de enero de 2006 –según su declaración ministerial del 27 de enero entregada a Los Ángeles Press por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad– estuvo presente Isabel Miranda Torres, tal como participó en la detención sin orden judicial del inculpado Jacobo Tagle Dobin acusado por el mismo delito. Sin embargo, en una carta dirigida al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, Freyre especifica que su detención fue el 23 de enero, a las 17 horas, y por un grupo de civiles.
Durante el primer día que torturaron a Freyre con toques eléctricos y golpes, “se acercó una mujer y le dijo que le entregara a su hijo porque ella ya tenía ubicada a su familia y los iba a matar a cada uno de ellos”. Después supo que se trataba de Isabel Miranda Torres y Hugo Alberto Wallace. Los dos días siguientes continuaron torturándolo. Pero Freyre Morales se sostuvo en rechazar todas las imputaciones, y le dijeron que “como no cooperaba” lo trasladarían a la “Casa negra”. Ahí, los mismos cuatro hombres vestidos de civil que lo detuvieron, lo volvieron a golpear una y otra vez y lo torturaron con toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en aguas negras y asfixia con agua en la nariz y en la boca. Freyre nuevamente negó las imputaciones y entonces lo trasladaron a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
En esa misma declaración ministerial y en la carta dirigida al Peña Nieto, fechada en agosto de 2013, Freyre denunció a Isabel Miranda Torres de coordinar los traslados ilegales para su tortura. Especificó que allí mismo, en la Secretaría de Seguridad Pública, Miranda organizó una conferencia de prensa en la que fue exhibido como secuestrador ante los medios de comunicación, y que le “fajaron un arma en la cintura” para tomarle fotografías. Dos meses antes, ya había sido presentado como delincuente en espectaculares públicos por la empresa Show Case Publicidad, SA de CV, propiedad de Miranda Torres.
Isabel Miranda viola el derecho de presunción de inocencia de César Freyre. Foto: Archivo/Cuartoscuro
Freyre Morales señaló en su declaración que durante esos primeros tres días no se le ofreció atención médica ni se elaboró ningún documento oficial por su detención. Y cuando fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el 26 de enero, pretendían obligarlo a firmar una declaración ya elaborada con nuevas amenazas contra su familia, pero volvió a negarse. Hasta entonces lo examinaron médicamente y certificaron su estado físico en “autos”, para después trasladarlo a la Casa de Arraigo Federal donde permaneció durante 90 días en completa incomunicación.
Las versiones de la detención de César Freyre
Hay al menos cuatro versiones distintas sobre la detención de César Freyre, de acuerdo a las declaraciones ministeriales obtenidas por Los Ángeles Press. Dos de Freyre, antes de incriminarse y después de incriminarse el 2 de octubre de 2010. Las otras dos versiones son de Isabel Miranda y su hermano Roberto, ambas con discrepancias. En la declaración ministerial del 27 de enero, César Freyre sostiene que lo interceptó la policía el 23 de enero, lo torturaron, y ahí mismo estaba Isabel Miranda Torres. La forma en cómo lo abordaron:
“Me interceptó la policía, que me imagino fue la que me puso a disposición en un carro particular sin placas y me subieron a ese carro, y fue cuando me empezaron a golpear y a darme de chicharrazos, fue cuando se me acercó una mujer diciéndome que le entregara a su hijo…”.
La versión de Isabel Miranda cuando vio a Freyre en su detención, según su declaración en el careo constitucional el 17 de enero de 2008:
“…la primera vez que te vi fue el día veinte de enero de dos mil seis, en la esquina de Obrero Mundial y Mier y Pesado, siendo entre las ocho y nueve de la noche, fue la primera vez que te tuve a la vista, cuando ibas saliendo de la tienda llevabas unos lentes en la cabeza y una botella de agua, porque te ibas a encontrar con Keosqui, fue la primera vez que te tuve a la cara, y ese día cuando te detuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.”
La versión de Roberto Miranda al abordar a Freyre en su detención:
“…el día veintiséis de enero de dos mil seis, acompañé a mi hermana afueras del restaurante Angus de la Zona Rosa, específicamente de la calle de Hamburgo, ahí trabajaba Keops Salazar de “hooster” (sic) y al salir de su trabajo le dimos seguimiento a la referida la cual se bajó en un taxi que también la llevaba sobre la avenida Obrero Mundial y la diversa Neri Pesado (sic), número 195, y fue cuando nos topamos con César Freyre Morales”.
En esta declaración, Isabel Miranda Torres dijo en el careo a pregunta de Freyre que lo habían estado siguiendo ella y su hermano Roberto en un taxi. Pero César Freyre afirmó que Isabel Miranda iba sola con los policías vestidos de civiles, y hasta enero de 2008, en el careo constitucional, vio por primera vez a Roberto Miranda.
Fuente: Los Ángeles Press
Las visitas extrajudiciales de Isabel Miranda
En un periodo de tres años, César Freyre tuvo unas veinte visitas extraoficiales en el Cefereso Número 1. La primera fue de Isabel Miranda Torres en la que lo amenazó diciéndole que “si no le entregaba a su hijo, iba a pagar a alguien dentro del penal para que lo mataran y que a su familia también la iba a matar o la iba a desaparecer”. Seis meses después, lo trasladaron a la Sala de visita familiar número 7, adonde llegó a verlo de nuevo Miranda Torres. Declaró Freyre que en esa ocasión Miranda le mostró fotografías de las tumbas de sus familiares muertos, y amenazó con exhumar sus restos y tirarlos a un canal.
La tercera visita de Miranda fue en la sala 7 de Juzgados, a donde trasladaron a Freyre para el encuentro mientras se encontraba recluido en el pasillo 4 estación COC. Allí Miranda, acompañada de dos personas, le dijo que estaba dispuesta a negociar con él y que le proponía que lo trasladaran a un penal estatal del Distrito Federal “con todas las comodidades y beneficios”, a cambio de que le dijera dónde estaba su hijo, o de lo contrario la iba a pasar muy mal porque contaba con el apoyo del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Freyre también tuvo otras dos visitas extraoficiales de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de SIEDO en ese momento, quien después fallecería en un supuesto accidente aéreo cerca de Los Pinos el 4 de noviembre de 2008 junto con el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. Vasconcelos primero intentó negociar con Freyre su libertad a cambio de la seguridad de su familia; sin embargo Freyre tampoco aceptó en esta ocasión inculparse y el subprocurador lo amenazó con el arraigo a su madre y hermana.
El subprocurador de la SIEDO cumplió su amenaza, y al día siguiente del arraigo de las familiares de Freyre lo visitó en el penal. Santiago Vasconcelos insistió en que se inculpara a cambio de la libertad de su familia, pero Freyre de nueva cuenta se negó a aceptar las imputaciones que le hacían.
Las siguientes visitas extraoficiales fueron hechas por agentes federales de la Procuraduría General de la República y por agentes federales preventivos torturándolo con golpes, toques eléctricos, ahogamiento por inmersión y obstrucción de boca y nariz con vendas y agua. En todas las visitas ha sido amenazado con afectar de diversas formas a su familia, y las denuncias sobre su tortura constan en el Juzgado Cuarto de Distrito, y en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El recorrido inútil por los derechos humanos
La madre de Freyre, Rosa María Morales y su hermana Julieta Freyre pusieron una queja de derechos humanos el 31 de enero de 2006, dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ese entonces, José Luis Soberanes, la cual fue recibida por la Oficialía de partes bajo el folio 4675. En ésta, se aludía a la detención ilegal de César Freyre por parte de Isabel Miranda Torres y se mencionaba la detención de Juana Hilda González Lomelí, también torturada, humillada sexualmente y amenazada contra su familia, así como los cateos ilegales a casas de familiares, vecinos y gente de alrededor realizados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sin ninguna orden judicial y coordinados por Isabel Miranda Torres. Dichos cateos se siguieron realizando hasta 2010, según denuncias ciudadanas a medios mexicanos.
Denuncia a la CNDH
El 9 de febrero de 2006, tal como había advertido el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, la madre de César Freyre, Rosa María Morales, y la hermana Julieta Freyre fueron detenidas por la acusación de Isabel Miranda Torres con los mismos delitos que le imputaron a César, según la orden dictada por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. A la semana siguiente, con fecha del 16 de febrero, otra de sus hermanas, Ivonne Freyre, puso de nuevo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibida por la Oficialía de partes con el folio número 7315 en la que denunciaba la detención ilegal ahora de sus tres familiares.
El arraigo de la madre y la hermana de Cesar Freyre fue ordenado por 90 días, pero en poco menos de ese tiempo fueron consignadas y trasladas al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, donde estuvieron encarceladas durante año y medio. Después de ese tiempo, se dictó una absolutoria por “no encontrar elementos probatorios” de los cargos. Isabel Miranda Torres fue demandada por la vía penal y civil bajo el cargo de daño moral; sin embargo, hasta la fecha no ha sido ejecutada ninguna acción judicial en su contra.
Denuncia a la CNDH por la detención de la madre y la hermana de César Freyre.
¿Cuándo se declara culpable César Freyre?
Desde su detención, el 23 de enero de 2006, César Freyre se mantuvo firme en rechazar todas las imputaciones que le hacían por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Pese a las constantes torturas, durante cuatro años negó haber cometido el delito. Incluso, en una carta enviada a Brenda Quevedo Cruz al penal de Santiaguito, Estado de México, él le pide que no se inculpe, y le da ánimos. Freyre es explícito en la carta respecto a las torturas y asegura saber que a ella también la han estado torturando de la misma manera y califica la situación como “una gran injusticia”. La carta fue notificada a la familia Quevedo en junio de 2010.
Fragmento de la carta de Freyre
Sin embargo, César Freyre aceptó declararse culpable en medio de otra sesión de tortura el 2 de octubre de 2010. De acuerdo su testimonio, eran las 22:30 horas, cuando un oficial de los denominados 2-1 lo condujo a un cubículo cerca de la aduana donde lo esperaban unos diez agentes de ambos sexos. Uno de ellos, le dijo: “¡Ya te llegó tu hora!”. Inmediatamente después, dos de los agentes lo sometieron y le ordenaron que se desnudara, que iban a hacerle “un chequeo médico”.
“Me vendaron las manos cruzadas y me envolvieron con una sábana de los pies hasta el cuello ajustándola con cinta canela. Por último, me vendaron los ojos colocándome un trapo en toda la cara, echándome agua en la nariz y boca a intervalos de hora y media aproximadamente, por lo que finalmente acepté lo que me pidieran”.
Después de la tortura le hicieron leer unos documentos en voz alta, y lo grabaron en video mientras leía. También le pidieron hacer un croquis del lugar para simular dónde había arrojado el supuesto cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Cuando terminaron, le dijeron que todo lo que le estaban haciendo tenía el apoyo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que tenían intervenida su estancia, el locutorio y la sala de visita para que no contara a nadie de lo que había pasado ahí, de lo contrario volverían a visitarlo.
Pero las visitas extraoficiales no se detuvieron. La siguiente tortura fue el 22 de octubre de 2010 para que ampliara su declaración. Fueron por él dos oficiales de los denominados 2-1, y lo trasladaron al mismo cubículo. Lo entregaron a cinco hombres que lo esperaban con esposas y grilletes, y lo subieron a una camioneta. Después de un par de horas, según su testimonio, le hicieron un examen médico y nuevamente lo vendaron desde los pies hasta el cuello, ajustándolo con cinta canela.
“En esta ocasión me sumergieron en un recipiente con agua y me daban cargas eléctricas durante 40 minutos, después me quitaron la cinta canela y me dijeron que si ya no quería más tenía que ampliar la declaración del 2 de octubre, y me amenazaron con desaparecer a mi mamá y a mi tía Adriana”.
“Tú sabes quién está ordenando esto”, le dijeron los oficiales, y cuando terminaron de grabar esta segunda declaración lo llevaron a una certificación médica. Ese mismo día, falleció su hermana Julieta.
Declaración fabricada a César Freyre después de su tortura del 2 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
“¿Cómo ve que las metí a la cárcel?”: Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz
En entrevista para Los Ángeles Press respecto al caso Freyre, uno de los testimonios que revelaron la arbitrariedad de las autoridades judiciales mexicanas en la detención de Rosa María Morales y su hija Julieta, fue el de Enriqueta Cruz Gómez, madre de la también inculpada Brenda Quevedo Cruz.
En junio de 2006, ya consignadas la madre y hermana de Freyre, el Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz llamó a comparecer a Enriqueta Cruz ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Cuando llegó a esa dependencia, tenía el mensaje de que pasara sin abogado, porque el “MP quería hablar con ella”. El abogado de Enriqueta Cruz, le dijo “que no pasaba nada, que estuviera tranquila, y que luego él la alcanzaba”.
El Ministerio Público, Fermín Ubaldo Cruz, ya había sido identificado como el torturador de Juana Hilda González Lomelí para que se incriminara después de su segunda detención ilegal por la acusación de Isabel Miranda. Ubaldo Cruz también fue denunciado por humillación sexual a la misma acusada, y de ponerle a su hija en el teléfono para amenazar a ésta y a la madre de Juana Hilda.
Este agente fue quien atendió a Enriqueta Cruz en las oficinas de la SIEDO, y después de varios minutos de conversación donde estuvo preguntándole por el paradero de su hija, le ofreció que sería “testigo protegido”, si decía dónde se encontraba ella. Enriqueta Cruz respondió con preguntas insistentes, entre éstas, “¿por qué estaban involucrando a su hija en ese crimen”.
Fermín Ubaldo Cruz, molesto, azotó varias veces con su mano el escritorio y espetó:
–¡Hable, con una chingada! ¡Ya me cansé de sus pendejadas! Aquí el que hace las preguntas soy yo. Y así como está usted sentada, estuvo sentada la mamá de César Freyre, ¿cómo ve que las metí a la cárcel?
–¿Y por qué me va a meter a la cárcel a mí? ¿Por qué delitos? –inquirió sorprendida la madre de Brenda Quevedo.
–¡A mí me vale madres! Eso es lo de menos –gritó el agente y volteó a ver a un perito que se encontraba en la misma oficina– Es más, tú, quítale un cabello a esta señora y sácale sangre –le ordenó.
–¿Pero para qué? ¿Por qué? –preguntó la madre.
–Para cuando encontremos a su hija muerta –respondió el agente del Ministerio Público, y sentenció– porque la vamos a encontrar muerta.
La madre empezó a llorar, y fue cuando entró el abogado:
–¿Qué pasó? Ya me la hicieron llorar –dijo. El agente Fermín Ubaldo respondió:
–No, sólo le estamos ofreciendo que su hija entre al programa de testigo protegido.
–¿Testigo protegido? –preguntó el abogado, y remató –¿Cómo al que encontraron muerto la semana pasada?
La madre de Quevedo Cruz y el abogado se retiraron de la oficina de SIEDO.
Ampliación de la declaración que obligaron a César Freyre a dar bajo tortura el 22 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
La muerte de Julieta Freyre Morales
Con 39 años y dos hijas menores de edad, Julieta Freyre estuvo en la cárcel durante año y medio. Junto con su madre, fue acusada por Isabel Miranda Torres de haber participado en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Después de que salieron libres con una absolutoria por no encontraron elementos que probaran la acusación de Miranda, Julieta escribió una carta en la que presenta su caso como víctima colateral.
Una vez liberada, la lucha de Julieta Freyre por ayudar a su hermano César no se detuvo, y en compañía de Enriqueta Cruz, quien dio el testimonio, fue a pedir apoyo a la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra en octubre de 2010. Julieta narraba –a los abogados de la senadora– el maltrato en la cárcel a ella y a su madre, y de cómo fueron violados sus derechos de presunción de inocencia. También detallaba cómo llegó a hablar con sus hijas, llorando, mientras estaban “ardiendo en calentura” en su casa.
De acuerdo a la testigo, en ese momento, en las oficinas del Senado de la República, cuando Julieta narraba las torturas practicadas a su hermano, volteó a ver Enriqueta Cruz, y le dijo que se sentía mal. Esbozó apenas una sonrisa y cayó desmayada.
“Empezó a emitir unos sonidos espantosos, y todos estábamos asustados; yo empecé a gritar «por favor, un doctor, un doctor»”, contó Cruz. A los minutos, cuando llegó el médico del Senado, la examinó y opinó que “no era nada”.
Cruz insistió en que se trataba de algo grave, y al moverla para pasarla del suelo a uno de los sofás para visitas, se dieron cuenta que estaba orinada. “Esto no es normal”, advirtió Cruz y pidió una ambulancia. Junto con el familiar de otro dos inculpados, acompañó a Julieta Freyre en su traslado al Hospital Xoco.
“Soy inocente, soy inocente”, balbuceaba Julieta en su recaída, de acuerdo al testimonio de Cruz. Los médicos dijeron que era un derrame cerebral y pese a que fue intervenida quirúrgicamente, ocho días después murió en el hospital.
Las autoridades judiciales no han dado seguimiento a la demanda por daño moral en contra de María Isabel Miranda Torres por esta muerte, ni por el tiempo que su falsa acusación llevó a Rosa María Morales a permanecer en la cárcel durante año y medio. Hasta la fecha sigue sin encontrarse alguna evidencia pericial –científica- por el supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto.
NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos
mexicoporflorencecassez.wordpress.com 
Por Guadalupe Lizárraga
1 de julio del 2014
NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos