Ahora «es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez», afirma el ministro Arturo Zaldívar.
Comentario: «Impensable»: claro está. Sin embargo, las autoridades estateles y federales siguen mintiendo abiertament, torturando, amenazando, fabricando culpables…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) recibió «muchas presiones» del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) para que no liberara a la francesa Florence Cassez, admitió hoy el ministro Arturo Zaldívar en una entrevista con Efe.
Zaldívar, quien llegó al Supremo en diciembre de 2009 a propuesta de Calderón, redactó el polémico proyecto de resolución que allanó el camino para la excarcelación de la joven debido a irregularidades en su proceso, como la recreación del arresto ante las cámaras de televisión y el retraso de la asistencia consular.
«Hubo muchas presiones, muchas, muchas presiones, sin duda«, de la anterior Administración, reconoce Zaldívar sobre aquellos días de marzo de 2012, cuando su propuesta de sentencia no fue aprobada por la Primera Sala, integrada por cinco ministros.
Aunque los magistrados José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra de la libertad inmediata de Cassez, hubo consenso en que se registraron graves violaciones en el proceso y se pidió a la ministra Olga Sánchez Cordero que redactara una nueva propuesta.
Dos días antes, Calderón pidió justicia para las víctimas de delitos y que «la interpretación de la ley no sea una rendija» para la impunidad, lo que llevó al entonces presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, respeto a «la división de poderes».
El caso enturbió la relación con Francia después de que Cassez fuera condenada en 2010 a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. El entonces presidente galo, Nicolas Sarkozy, dijo que la joven era víctima del sistema judicial mexicano, mientras Calderón la acusó de ser parte de una «peligrosísima banda de delincuentes».
El fallo a favor de la liberación de Florence Cassez «supuso un antes y un después en la historia del debido proceso en México»
El 23 de enero de 2013, en el segundo mes del mandato de Enrique Peña Nieto, «el proyecto que se aprueba es exactamente el que yo presento, porque (…) la ministra Sánchez Cordero (lo) retoma», recuerda Zaldívar.
Así, la liberación de la francesa es aprobada con los votos de Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez, que apenas «iba llegando a la Corte», en un fallo que, dijo, supuso «un cambio de paradigma, un antes y un después en la historia del debido proceso en México».
Cuando se debatió ese asunto, recuerda, todos decían que el debido proceso era un tecnicismo, pero hoy «todo el mundo entiende que el debido proceso es un derecho humano» y las autoridades tratan de cuidarlo.
Ahora «es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez», asegura el ministro, quien reconoce que dicha resolución «fue radicalmente o dramáticamente impopular».
Y es que el fallo, en el que el alto tribunal no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la joven, desató una avalancha de críticas de las víctimas de criminales.
A la distancia «estoy convencido de que hice lo correcto» y de que la Corte tomó la «mejor decisión posible porque, más allá de la persona en particular, el mensaje que mandó (…) es que hay prácticas que en un Estado democrático no pueden ser permitidas» y que «el combate a la delincuencia organizada tiene que pasar por los derechos humanos».
El ministro reconoce que todavía hay «muchas violaciones a los derechos humanos», pero al menos «las autoridades son conscientes de que tienen que respetar los derechos» y «cuidar el debido proceso».
«Hubo un cambio de mentalidad» en materia de «presunción de inocencia, de protección consular, de prueba ilícita, de manejo de medios de comunicación en detenciones, ya no hablemos de montajes», asegura.
A las señalamientos de que Cassez fue liberada por tratarse de una extranjera responde, categórico, que «es absolutamente falso» y destaca que la mayoría de las personas amparadas por el Supremo tras sufrir procesos injustos no solo «son mexicanos de las clases económicas más desprotegidas», sino además de minorías étnicas.
Están los casos de los indígenas de Acteal, los luchadores sociales de Atenco… y sigue la lista de personas humildes a las que se le han «fabricado homicidios con testigos falsos», señala Zaldívar, quien añade que esas opiniones «infundadas» solo intentaban engañar.
Artículo publicado el 16 febrero 2015 en el sitio de información NotiGodínez
El diario La Jornada reveló hoy que la empresaria Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, es la causante de que el fiscal general de Guerrero negara la libertad a la líder comunitaria Nestora Salgado, presa desde agosto de 2013 en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de plagiar a dos jovencitas de 17 años.
Pese a que el empleado de Peña Nieto en el “gobierno” interino de Guerrero, Rogelio Ortega, prometió que la activista sería liberada a principios de este año, el fiscal general Miguel Ángel Godínez rechazó la petición para desistirse de los cargos contra Nestora, justo cuando la panista Miranda de Wallace y su patiño Alejandro Martí, intervinieron en el caso antes de que venciera el plazo legal para dictar la resolución.
De hecho, las causas penales contra la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fueron desechadas en marzo de 2014 por un tribunal federal, ordenando su excarcelación. No obstante, desde entonces se viene retrasando la ejecución de la orden con gran variedad de pretextos.
El caso de Nestora Salgado se remonta a junio de 2013, cuando ella era comandante de la CRAC-PC en su comunidad natal de Olinalá, Guerrero. Dos señoras se acercaron a ella para plantearle el caso de sus dos hijas de 17 años –Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa–, que se encontraban desaparecidas desde hacía varios días y, según sus propias madres, andaban en malos pasos.
Nestora movilizó a sus fuerzas y pronto dio con el paradero de las adolescentes, halladas en casas de sus “amigos” en Huamuxtitlán y Tulcingo. Como parte de las acciones de reinserción social implementadas por la CRAC desde 1995, las jovencitas fueron remitidas con el consentimiento de sus familias a diversas casas de justicia administradas por maestros de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, encargada de proyectos educativos para jóvenes infractores en conjunción con las autoridades comunitarias. Consta el acuerdo firmado entre las madres de las jóvenes y la CRAC, con fecha del 10 de junio de 2013.
Meses más tarde, las madres se “echaron para atrás” inexplicablemente y acusaron a Nestora Salgado de secuestro agravado y extorsión, cambiando sus versiones ante el Ministerio Público. A raíz de estas acusaciones, Ángel Aguirre y Peña Nieto emprendieron una brutal cacería sobre las autodefensas de la CRAC en varias localidades de La Montaña. Duarante un violento operativo, militares y efectivos de la Marina detuvieron en Olinalá a Nestora Salgado junto a otras 50 personas. Hasta el momento, 12 autodefensas permanecen encarcelados y declarados presos políticos del régimen sangriento de Aguirre/Peña.
En marzo de 2014, tras una dura lucha de organizaciones sociales, activistas y abogados defensores de derechos humanos para recuperar la libertad de la lider comunitaria, madre de tres hijas y migrante mexicana Nestora Salgado, el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco, José Luis Arroyo, determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no procedían, ya que Salgado había actuado facultada por su autoridad como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones legales derivadas de un acto de autoridad.
El mismo juez detectó contradicciones e inconsistencias en los dichos de los denunciantes, concluyendo que los supuestos montos de dinero que la policía comunitaria les exigía para liberar a los detenidos, en realidad eran fianzas y no sobornos como habían acusado. Por todo ello, el magistrado ordenó el no ejercicio de la acción penal contra Nestora Salgado y los otros 11 integrantes de la CRAC encarcelados. Sin embargo, retrasos deliberados del “sistema de justicia” han impedido que se ejecute la orden, la diligencia se mantiene trunca y no se han presentado en su totalidad las pruebas de descargo en favor de Salgado.
A principios de enero de este año, Rogelio Ortega presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien debía evaluar si procedía o no la liberación de Nestora. Un semana antes de que venciera el plazo para que Godínez informara su decisión, los empresarios panistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace emprendieron una campaña bestial de desprestigio contra la líder comunitaria.
Erigiéndose en jueces y dictadores de los destinos de este país, ambos panistas declararon a voz en cuello que la liberación de Nestora Salgado sería “ilegal y contraria a derecho”. Además acusaron a Ortega de no tener facultades para hacer dicha solicitud y denunciaron una supuesta “negociación” entre diputados federales y locales del PRD, para sacar raja política del caso.
Montando un teatro miserable, la “terrible Señora Wallace” ha utilizado a la joven Dulce Rubí Burgos, una de las acusadoras de Nestora, en sus conferencias de prensa para echar pestes contra las policías comunitarias. La muchacha prácticamente no habla, sólo se dedica a llorar junto a la poderosa empresaria mientras ésta, dramáticamente, la abraza.
De izquierda a derecha: Alejandro Martí, líder de “México SOS”; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de “Alto al Secuestro”, y la joven Dulce Rubí Burgos. Foto: Humberto González / La Jornada
El abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, denunció que la intervención de Miranda de Wallace y Martí “desvirtuó el debate jurídico” y violaría el debido proceso de Salgado, plagado ya de un sinfín de irregularidades, pues ambos sujetos pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público.
La feroz empresaria panista Isabel Miranda de Wallace tiene un largo historial de arbitrariedades cometidas en diversos casos, con tal de salirse con la suya. Su exabrupto más reciente lo aplicó a la periodista de investigación Anabel Hernández, luego de que ésta revelara que la empresaria manipuló a su antojo el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace, presuntamente asesinado por secuestradores, y que incluso el occiso podría seguir vivo. La panista estalló contra Hernández y acusó a la revista Proceso de presionar a testigos citados en el reportaje de la periodista para que mintieran.
En su libro “México en Llamas”, Anabel Hernández dedicó un capítulo entero a exhibir las acciones ilegales de esa terrible empresaria para hacerse “justicia” por su propia mano contra personas inocentes, solapada por el régimen genocida del usurpador Felipe Calderón.
Artículo publicado el 20 de enero de 2015 en Ah Diario.
Cuauhtémoc Ruiz Ortiz, coordinador del Comité Nestora Libre, aseguró que Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, emprendió una campaña en contra de la líder comunitaria Nestora Salgado García, quien se encuentra presa en Tepic, Nayarit desde agosto de 2013, acusada FALSAMENTE(agregamos) de secuestro agravado en contra de seis personas.
En conferencia de prensa, acompañado por la hermana de Nestora, Ruiz Ortiz aseguró que lo dicho por Miranda de Wallace la semana pasada son una serie de infundios y calumnias, ya no sólo en contra de Nestora sino también contra las policías comunitarias y los mismos pueblos indígenas.
En días pasados, Miranda de Wallace hizo un llamado al usurpador Enrique Peña Nieto y a las autoridades del poder judicial para que revisen el caso y se lleve a cabo, dijo, un debido proceso y no se politice el asunto. Consideró que la liberación de la líder comunitaria era “ilegal y contrario a derecho”.
También dio a conocer un audio en el que, supuestamente, diputados federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) negociaban la liberación de Salgado.
“La principal actora de esta campaña, la señora Miranda de Wallace, es una impostora y un dócill instrumento de los peores intereses en Guerrero, del ex gobernador Aguirre y de su procurador Iñaki, así como de algunos sectores de empresarios y el PRI”, dijo Ruiz Ortiz.
Por su parte, la hermana de Nestora, Cleotilde Salgado García, afirmó que lo dicho por Miranda de Wallace son “puras mentiras” y la exhortó a que investigue antes de difamar a una persona. “Yo le pido que vayan a Olinalá a investigar quién es Nestora Salgado García y quiénes son sus defendidos. Todo mundo los conoce, todo mundo sabe qué clase de personas son estas”.
Miranda de Wallace junto con Alejandro Martí, de la organización México SOS, afirmaron que Nestora secuestraba a personas y cobraba hasta 50 mil pesos por liberarlos. Llevaron a cinco presuntas víctimas que aseguraron que Salgado García las encarceló en Paraíso.
LA HISTORIA
Nestora Salgado García fue detenida el pasado 21 de agosto, acusada del secuestro en agravio de por lo menos seis personas, entre ellos dos menores de edad, sin embargo, en abril pasado, un juez federal exoneró de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por lo que el Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito dictó auto de libertad.
El 8 de enero el gobierno de Guerrero desistió de emprender la acción penal en contra de la comandante, sin embargo hasta el momento no ha sido liberada.
De acuerdo con testimonios y otros elementos de prueba que constan en el expediente, el Juez decretó la formal prisión y sin derecho a fianza en contra de Nestora Salgado.
En la conferencia, también estuvo presente Francisco Flores Jiménez, un joven que estuvo en la Casa de Justicia de Paraíso, quien convivió con las dos jóvenes menores de edad que acusan a Nestora de secuestrarlas.
“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas. No es verdad, la señora Nestora Salgado siempre nos trató de una manera en la que valorizamos las cosas, el trabajo. Los compañeros de la comunitaria si trabajábamos nos daban comida buena; si no, nos daban lo que había”.
También explicó que las madres de las menores, las mayores acusadoras en contra de Nestora, incluso firmaron para que éstas mismas fueran ingresadas por lo que no entendía por qué hablaban mal de la comandanta.
Flores Jiménez también dijo que cuando fue detenido, el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, lo obligó a atacar a Nestora, sin embargo, el joven se negó.
Por otra parte, Cruz Morales Reyes, comandante regional, explicó que el sistema comunitario, bajo el cual se rigen, es diferente al sistema de justicia que conocemos todos. Ahí existe la Casa de Justicia donde los jóvenes son llevados porque no “hacen cosas de bien”.
Aseguró que la salida de los que ingresan depende de su avance, si trabajan y si están rehabilitados, pero que en ningún momento han pedido una cooperación.
“Cuando sale se le entrega a su familia con un compromiso ante la comunidad de que no regresará”.
Finalmente, Cuauhtémoc Ruiz dijo que Nestora podía ser liberada en cualquier momento. “Podría salir en cualquier momento, si se desiste de los cargos el gobierno del estado, que es la que la acusa, entonces queda libre ella y todos los demás”.
El 7 de enero, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, se comprometió a que en su administración no habría más luchadores sociales detenidos y anunció que la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajaban en la elaboración de una Ley de Amnistía que permitiera liberar a líderesa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Ortega Martínez aseguró que mantiene contacto con los familiares de los dirigentes de la CRAC que se encuentran presos en penales de máxima y mediana seguridad, entre ellos Nestora Salgado García de Olinalá y Gonzalo Molina González de Tixtla.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, las instituciones mexicanas dieron un ejemplo más de su debilidad, de su complicidad con el crimen. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la muerte de seis más y los veintisiete heridos, fue el saldo de esa noche en la que el Estado dio un golpe brutal contra la sociedad mexicana.
Han transcurrido casi dos meses desde la desaparición de los 43 estudiantes. El Gobierno Federal apuesta por el olvido de México ante esta situación, con una investigación mediocre encabezada por la Procuraduría General de la República y con una puesta en escena donde intentan persuadirnos que cumplen con sus obligaciones de buscar a los 43 normalistas. Sin embargo, el hartazgo ante instituciones y gobernantes ineficientes y corruptos, no da cabida para el olvido.
Hemos visto a un procurador cansado, que ni intenta hacer su trabajo y que sin embargo, se rehusa a dejar el cargo. Hemos visto a una PGR incapaz de dar respuestas y de conducir una investigación responsable. ¿Y cómo podría hacerlo si la Procuraduría General de la República sigue actuando como el brazo del poder para castigar adversarios políticos y mantiene un personal inoperante que la ex procuradora Marisela Morales dejó en la institución tras su paso por ella? La PGR está enfocada en intimidar y detener arbitrariamente a todos aquellos que protesten y exhiban la podredumbre del sistema, sean periodistas, activistas, estudiantes, mujeres, niños. La Procuraduría prefiere perseguir a quienes se manifiestan en contra del Gobierno Federal que a quienes, desde el poder, han atentado contra el país.
El gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo es incapaz de dar resultados, sino que es cómplice en estos crímenes, ahora más que con la fuerza y la represión policiaca intenta callar las voces que exigen justicia. Sus intentos de intimidación no funcionarán. Los mexicanos seguiremos tomando las calles exigiendo justicia, alto a la impunidad y a la corrupción, la aparición con vida de los 43 normalistas y la salida de todo funcionario que atente contra México.
Fue el Estado el responsable de la desaparición de los normalistas, fue el Estado el responsable de la represión en contra de manifestantes, fue y es el Estado, y sus complicidades con la delincuencia, el responsable de la violencia que azota a este país.
A 22 meses de su liberación, luego de permanecer siete años en prisión acusada de secuestro, Florence Cassez decidió que ya era hora de saldar cuentas con los protagonistas del infierno que vivió en México y presentó una denuncia en los tribunales franceses por su detención ilegal.
Según las agencias internaciones que recogieron el hecho, la querella fue promovida el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía parisina; en ella no responsabiliza a ninguna persona en particular, pero busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto, el 8 de diciembre de 2005. En el juicio que enfrentó dichas personas están claramente identificadas. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y su brazo derecho, el exsubsecretario Luis Cárdenas Palomino.
Incluso, la propia Corte dejó en claro que su arresto fue un montaje para Televisa, particularmente para su conductor estrella Carlos Loret de Mola.
Luego de permanecer siete años en prisión, Cassez apeló la sentencia y el 23 de enero de 2013 la SCJN la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa por tres votos contra dos.
El argumento central fue que el montaje televisivo de su detención “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión” ante la justicia mexicana.
Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. Sólo fijaron su postura sobre si se violaron sus derechos humanos y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.
Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo “liso y llano”, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron “tan graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso”. En contra votaron José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo.
Florence Marie Louise Cassez Crepin llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.
Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, que quedó al descubierto en febrero de 2006.
La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. En marzo de 2012 la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.
Durante su administración, el expresidente francés Nicolas Sarkozy presionó al gobierno mexicano, que encabezaba el panista Felipe Calderón, para que Florence Cassez cumpliera su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).
Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.
La “reconciliación” entre ambos países se materializó en abril pasado, en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó, junto al mexicano Enrique Peña Nieto, la voluntad de abrir una “nueva página” a través de una “cooperación excepcional” en una amplia gama de sectores.
Nota: El artículo siguiente expresa la opinión de su autor con respecto a la denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva. Sin embargo, no refleja necesariamente la opinión del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El día de ayer por medio de un comunicado de prensa emitido por el Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas, informaron que “más de 85 personas y ONG´s” presentaron ante la Cámara de Diputados denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, bajo los argumentos de “faltar a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos; y la utilización de la institución a “modo” y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.”
Asimismo se enlistan las presuntas omisiones en que ha incurrido Plascencia Villanueva durante el ejercicio de sus funciones como Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las cuales, a juicio de los denunciantes, además de tener conocimiento pleno de las violaciones que se enumeran a continuación, ha solapado en su calidad de “ombudsman nacional”:
Las setenta mil personas asesinadas en el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 1º de diciembre del 2012, es decir, durante el mandato de Felipe Calderón.
Los “miles” de migrantes calificados como secuestrados, pero que también fueron y son desaparecidos, desaparecidos forzosos, extorsionados, reclutados para trata, el crimen organizado, asesinados, etcétera.
Las 1.6 millones de víctimas de “desplazamiento forzado” a consecuencia de la violencia del crimen organizado.
Los “cientos de miles de personas” detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes sin haber comprobado su culpabilidad o inocencia, en el período del 2006 al 2012, de igual manera, en el ejercicio del mandato de Felipe Calderón.
Las 25,276 personas desaparecidas en el período del 1 de diciembre del 2006 al 1 de diciembre del 2012, y 23,322 personas del 1 de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014, donde ya corresponde una parte al ejercicio del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto.
La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática.
El caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes.
“Los hechos del 1 de diciembre del 2012” en la Ciudad de México, donde no se especifican los mismos.
Las reformas a las Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.
Las restricciones a la libertad de expresión en “la reglamentación de la protesta social”, donde tampoco se especifican las circunstancias de modo y tiempo de tales restricciones.
La nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos.
El incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.
El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros Generales del Ejército Mexicano, acusados “de oídas” por “testigos protegidos”.
El caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas.
El caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron.
Los casos de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia.
Recomendaciones para “desacreditar a personas e instituciones” como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Lic. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, al Dr. Luis González Plascencia su homólogo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde no se especifica en qué consisten tales descréditos y las circunstancias en que se dieron.
Todos estos casos, de acuerdo con el boletín de prensa del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas están detalladamente documentados en la denuncia de juicio político que fuera presentada ante la Cámara de Diputados el día de ayer, pero conforme a derecho, siendo objetivos, tanto la CNDH, así como todas y cada una de las estatales, incluyendo la del Distrito Federal, son retóricos “organismos constitucionales autónomos” los cuales dependen claramente del Ejecutivo en los dos primeros niveles de gobierno (Federal y Local), ya que se encuentra la injerencia tanto de este poder, como del Legislativo en la toma de decisión para la elección del ombudsman y no es un secreto, máxime que, en el caso en concreto, bien vale la pena colegir, que de acuerdo con el artículo 102 constitucional que las Comisiones de Derechos Humanos exclusivamente conocen de “quejas” en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, y lo más claro: estos organismos únicamente formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
Es debido a lo anterior, que estas Comisiones son organismos que además de no servir, de ser verdaderos “elefantes blancos” creados con la flagrante intención de justificar o mejor dicho “gastar” el presupuesto, lo único que realizan es como ya se mencionó emitir sus “recomendaciones” que en estricto derecho no sirven de nada a la sociedad, y para dar “asesorías”, o ser organismos de gestión para que nada más se canalicen “las quejas o denuncias” a la autoridad competente, es decir, es un mero círculo vicioso que en el mejor de los casos sirve para “hacerle presión a la autoridad” mas no para obligarla en ningún momento, dado a que se insiste, y no lo digo yo, sus recomendaciones son eso nada más y mucho menos tienen carácter vinculatorio.
Es por lo anterior que el actual titular de la CNDH, es únicamente la “figura representativa o personaje” que representa en “eventos” a este organismo, pero, en el caso historico de que verdaderamente la Cámara de Diputados actuara contra el funcionario en lo que concierne a las omisiones de las recomendaciones que debió haber emitido en su momento por los casos que fueran enlistados; siendo en todos y cada uno de los casos penalmente responsables de las acusaciones contra Plascencia Villanueva el ex Presidente Felipe Calderón, el ex Secretario de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, los ex Procuradores del mandato calderonista, el actual Enrique Peña Nieto, así como el actual Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, este último mediante juicio político, que siendo realistas mis queridos lectores, ¿realmente creen que proceda algo en contra de todos estos personajes, en específico contra Plascencia Villanueva que es el caso que nos ocupa en esta columna?
En mi opinión estos organismos de Derechos Humanos bien deberían de ser extinguidos por intrascendentes e inservibles, o en su defecto, elaborar una verdadera reforma constitucional, como aquella del 2011 donde fueron reconocidos estos «Derechos», en la cual ejerzan las funciones de autoridad que como órganos públicos autónomos deben tener dentro de las cuales realmente emitan no recomendaciones, sino resoluciones y sanciones para que cumplan con su verdadero objetivo que es la salvaguarda de los Derechos Humanos tanto de víctimas como de la sociedad en su conjunto.
Germán Martínez Cázares: «Si Raúl Plascencia tiene vergüenza, debe declinar de la CNDH»
Para Germán Martínez Cázares, el «defensor del pueblo» estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga.
Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH.. Foto: Agencia Reforma
Si Raúl Plascencia Villanueva tiene vergüenza pública debe declinar su aspiración de reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tlatlaya lo desnudó. Dejó al descubierto el peor defecto de un ombudsperson: inclinarse por utilidad política.
¿No tenía tiempo para investigar una masacre de 22 personas en el Estado de México, porque al mismo tiempo diseñaba, calculaba y recababa apoyos para su reelección, con un regaño al gobierno de Puebla? ¿Mutis en Tlatlaya, gritos justicieros en Ocoyucan?
Al doctor Plascencia se le nota feliz con el lucimiento personal, el dolor de las personas parece incomodarle. Su desempeño en muchas ocasiones es frívolo, en otras, deficiente por genuflexo frente al poder.
Se extraña aquella comisión nacional de Jorge Carpizo, fuente de autoridad cívica y decoro profesional, porque en los últimos cinco años -y con un presupuesto similar al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- el señor Plascencia ha convertido a la CNDH en un tiliche burocrático al servicio de contrataciones personales, ataques políticos y venganzas privadas.
El «defensor del pueblo» estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga. Guarda expedientes como amenazas o premios en su cajón, ¿no? Fueron «tiempos largos» para resolver el caso Ayotzinapa, en cambio, cuando los medios descubrieron el bochornoso asunto de Genaro Góngora Pimentel, ordenó resolver con urgencia. «Recomendación» dura y puntual a su adversario el abogado general de la UNAM, por acoso sexual de un profesor, pero para sus cuates un silencio cómplice. Las denuncias por hostigamiento laboral, recién le preguntó la senadora Saldaña, ¡en su propia oficina!, ¿para cuándo?, ¿ya investigó en su oficialía mayor?
El ombudsman nacional presume la creación de la Sexta Visitaduría especializada en tutelar derechos laborales, económicos, culturales y ambientales. ¿Qué hizo en los últimos desastres ecológicos de Sonora, Tamaulipas y Veracruz? ¿Algún pronunciamiento sobre el asistencialismo gubernamental en el combate a la pobreza? ¿Algún reclamo por la confiscatoria reforma fiscal?
Quizá con demasiada frecuencia en la oficina del señor Plascencia se usa la palabra «remitir». La CNDH puede ordenar la «remisión» de las denuncias a los órganos estatales (además reenvía a defensorías públicas y por «orientación directa» a distintas dependencias). ¿Acaso ese escurridizo trámite de endosar asuntos es el motivo de la disminución de quejas? ¿El gobierno de Peña comparte ese espejismo?
Después de Tlatlaya el compromiso del PRI con los derechos humanos se medirá a la hora de examinar al doctor Plascencia para ratificarlo. El gobierno debe saber que una tapadera
CNDH ha fallado su misión por corrupción y tráfico de influencias: ONG
La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en voz de su presidente David Bertet, se pronunció en contra del tráfico de influencias para elegir al nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Observó casos de corrupción en esta institución que ha afectado la vida de muchas familias, por lo que opinó que no debería elegirse para esta tarea a personas que llegaron a ocupar altos cargos políticos por el nivel de compromisos que establecen con particulares y grupos de poder.
Bertet, quien también fue uno de los firmantes para promover el juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva por su omisión en cientos de casos graves de violaciones de derechos humanos, recordó que Plascencia fue elegido como titular de la CNDH por la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, denunciada ante la PGR por simular el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace. “Lo que resulta particularmente sintomático de una gravísima desviación del sentido ético dentro del sistema de justicia mexicano”, dijo el activista.
Enfatizó Bertet que la CNDH falló con su misión en el registro puntual de las violaciones de derechos humanos. “No solamente por la decena de familias víctimas de servidores públicos corrompidos por la misma persona que impulsó a Plascencia, Isabel Miranda de Wallace, sino por la división artificial que se hizo entre derechos humanos y privilegios de las personas que se autoproclamaron «víctimas» sin serlo, como esta señora”.
El falso caso Wallace favorecido por Plascencia
El activista canadiense, David Bertet, quien ha impulsado los trabajos de investigación sobre el falso secuestro y homicidio de Wallace, sostuvo que “con Plascencia se rompió la coherencia de las leyes y de la Constitución mexicana para favorecer intereses privados” y mencionó que entre éstos, los de la persona que lo propuso en ese cargo público.
Un ejemplo de la gravedad de las faltas en las que incurrió Plascencia como titular de la CNDH fue la omisión de tortura en el caso de Brenda Quevedo Cruz, y en el de cuatro personas más inculpadas para sostener el falso secuestro Wallace, más aparte se omitió la documentación de detenciones arbitrarias, privación de libertad y abuso de poder de funcionarios contra familiares de las víctimas.
Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presentó la denuncia formal contra Plascencia ante la Procuraduría General de la República el 23 de mayo de 2013, por su omisión en las violaciones de derechos humanos a su hija perpetradas desde septiembre de 2009 y octubre de 2010. Al denunciar los hechos en primera instancia a la CNDH, la respuesta de esta institución fue que el caso no era de su competencia sino del Ministerio Público, pese a que se especificaba el abuso de autoridades judiciales, como la participación directa de agentes ministeriales en la tortura física y violación a la víctima, y posteriormente el resultado positivo del Protocolo de Estambul con el que se validaba la tortura.
Un caso similar fue el de Alberto Castillo Cruz, inculpado por el mismo falso secuestro, quien fue torturado también en octubre de 2010 para obligarlo a incriminarse y a pedirle perdón a Isabel Miranda. Su madre, María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante presentaron la denuncia de hechos a la CNDH y ésta volvió a omitir su intervención y a responder que no era de su competencia; por lo que fue denunciado nuevamente Raúl Plascencia ante la PGR.
Otras de las quejas omitidas, éstas desde 2006 a 2010, por la CNDH que afectó fatalmente a una de las víctimas de violaciones de derechos humanos fue la interpuesta por la madre y la hermana de César Freyre Morales, culpable fabricado del mismo caso Wallace. María Rosa Morales y la ya fallecida Julieta Freyre, fueron encarceladas por año y medio a raíz de las denuncias de Miranda por falsos delitos, mientras que la CNDH volvió a omitir sus recomendaciones a los funcionarios públicos implicados en esta situación.
“Tal complicidad entre Plascencia y la persona que inventó el secuestro y homicidio de su hijo, es el ejemplo más emblemático de la corrupción no sólo dentro de la CNDH, sino de las instituciones de justicia del Estado mexicano”, comentó al respecto Bertet para Los Ángeles Press, y advirtió que “mientras el tráfico de influencias sea la regla implícita en la elección del Ombudsman mexicano, las verdaderas víctimas seguirán indefensas y su sufrimiento será ignorado”.
Respecto a la posibilidad de que Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, se convierta en el sucesor de Plascencia como titular de la CNDH, Bertet expresó su preocupación: Simplemente por el hecho de que ese precandidato ya ejerce actualmente una función pública, y su candidatura es impulsada por el PRI, eso debería ser suficiente para descartarla. México merece que una institución del tamaño de la CNDH sea realmente independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, y no una puerta más para beneficiarse del tráfico de influencias”.
Imagen tomada ante las instalaciones de la PGR para pedir que se investigue a Isabel Miranda Torres por las evidencias del falso secuestro Wallace publicadas en los medios. Foto: especial
Autoridades del Cefereso #12, en Guanajuato, han negado a Albert Castillo Cruz, inculpado del falso secuestro de Hugo Wallace, toda documentación jurídica que lo instruya sobre sus derechos, desde la Constitución Política hasta código penales, leyes de amparos, jurisprudencias y reformas judiciales. Así mismo, su correspondencia fue retrasada por más de nueve meses a su destinatario el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, como forma de represalia a la búsqueda de justicia después de que periodistas y activistas de derechos humanos han estado revelando la falsedad del secuestro y homicidio de Hugo Wallace, fabricado por su madre Isabel Miranda Torres.
En el caso de Brenda Quevedo Cruz, no pasaron sus llamadas el fin de semana para comunicarse con sus padres, como le corresponde periódicamente. El sábado, 16 de agosto, Brenda Quevedo realizó tres intentos de llamadas desde el penal El Rincón, Tepic, Nayarit, y cortaban la llamada antes de transferirla a casa a de sus padres, quienes denunciaron que no es la primera vez que los dejan incomunicados, y al parecer nadie más de las compañeras internas de Quevedo tienen problemas con la comunicación telefónica.
Enriqueta Cruz, madre de Brenda, consideró la incomunicación de su hija como una represalia por sus declaraciones ante la Ministerio Público Lourdes López Lucho, el pasado 11 de agosto, cuando se le citó para que diera información sobre las evidencias publicadas por Los Ángeles Press y la revista Proceso, pese a que ella ya las había presentado desde marzo de 2014 ante el Juzgado 16 de Procesos Penales que lleva la causa 35/2006.
Cruz agregó que pondría una nueva queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Comisionado del Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que consideró que “ahora más que nunca, es importante estar en comunicación con su hija, una comunicación a la que tiene derecho”. Brenda Quevedo y Jacobo Tagle aún están en el proceso de desahogo de pruebas y no han sido sentenciados.
Albert Castillo, por su parte, en la misiva dirigida al titular del Poder Ejecutivo, escrita el 22 de noviembre de 2013 y entregada a sus familiares a mediados de agosto de 2014, reiteró la denuncia de que fue víctima de tortura bajo las órdenes de Isabel Miranda Torres, a quien señaló también como principal responsable de las inconsistencias del proceso fabricado en su contra y en contra de su hermano Tony, en el denominado “Caso Wallace”.
También denunció al Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, responsable directo de la tortura en el Cefereso No. 2 de Puente Grande, Jalisco, y mencionó asimismo el caso de tortura a Brenda Quevedo Cruz. Se trata del mismo ministerio público identificado por las demás víctimas de Isabel Miranda, que junto con el MP Oswaldo Jiménez Juárez y Fermín Ubaldo Díaz, participaron en las agresiones físicas contra César Freyre, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y Brenda Quevedo Cruz.
Albert Castillo decidió escribir a Peña Nieto, porque él y su hermano Tony fueron sentenciados a 46 años de cárcel por el falso secuestro del hijo de Miranda Torres, y por presión mediática de ella, el juez incrementó la pena a 93 años de cárcel, pese a las graves irregularidades del proceso y sin que la parte acusadora hubiera presentado una sola prueba pericial consistente.
Las autoridades del penal donde se encuentra recluido Albert Castillo, le dijeron que ya no tenía nada que hacer en su defensa, por eso le negaron la documentación jurídica. Los hermanos Castillo Cruz cumplen condena desde 2006. Albert fue capturado y torturado por Isabel Miranda y varios agentes ministeriales pertenecientes a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Tony se entregó voluntariamente con el propósito de aclarar la falsa acusación y sin temer por su vida. Sin embargo, el día que fue a declarar, no volvió a salir y fue internado en el Cefereso No. 3 de Matamoros, Tamaulipas.
Brenda Quevedo Cruz fue detenida desde 2007, en Estados Unidos, y deportada a México, donde fue torturada en dos ocasiones, una en el penal de Santiaguito, Estado de México, y otra en islas Marías. “A parte de todo lo que ha padecido, siguen castigándole con la tortura psicológica”, atajó su madre Enriqueta Cruz.
Carta de Albert Castillo a Enrique Peña Nieto
NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
Firmaaquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos
César Freyre Morales cumple una condena de 131 años por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda Wallace en el penal de Almoloya de Juárez, México. Pese a los rastros de vida que ha ido dejado la presunta víctima desde el 11 de julio de 2005, las torturas a Freyre han sido sistemáticas hasta su sentencia. Su hermana Julieta y su madre Rosa María Morales también fueron acusadas por los mismos delitos y liberadas después de año y medio al no encontrar pruebas en su contra.
En la captura de Freyre, el 26 de enero de 2006 –según su declaración ministerial del 27 de enero entregada a Los Ángeles Press por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad– estuvo presente Isabel Miranda Torres, tal como participó en la detención sin orden judicial del inculpado Jacobo Tagle Dobin acusado por el mismo delito. Sin embargo, en una carta dirigida al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, Freyre especifica que su detención fue el 23 de enero, a las 17 horas, y por un grupo de civiles.
Durante el primer día que torturaron a Freyre con toques eléctricos y golpes, “se acercó una mujer y le dijo que le entregara a su hijo porque ella ya tenía ubicada a su familia y los iba a matar a cada uno de ellos”. Después supo que se trataba de Isabel Miranda Torres y Hugo Alberto Wallace. Los dos días siguientes continuaron torturándolo. Pero Freyre Morales se sostuvo en rechazar todas las imputaciones, y le dijeron que “como no cooperaba” lo trasladarían a la “Casa negra”. Ahí, los mismos cuatro hombres vestidos de civil que lo detuvieron, lo volvieron a golpear una y otra vez y lo torturaron con toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en aguas negras y asfixia con agua en la nariz y en la boca. Freyre nuevamente negó las imputaciones y entonces lo trasladaron a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
En esa misma declaración ministerial y en la carta dirigida al Peña Nieto, fechada en agosto de 2013, Freyre denunció a Isabel Miranda Torres de coordinar los traslados ilegales para su tortura. Especificó que allí mismo, en la Secretaría de Seguridad Pública, Miranda organizó una conferencia de prensa en la que fue exhibido como secuestrador ante los medios de comunicación, y que le “fajaron un arma en la cintura” para tomarle fotografías. Dos meses antes, ya había sido presentado como delincuente en espectaculares públicos por la empresa Show Case Publicidad, SA de CV, propiedad de Miranda Torres.
Isabel Miranda viola el derecho de presunción de inocencia de César Freyre. Foto: Archivo/Cuartoscuro
Freyre Morales señaló en su declaración que durante esos primeros tres días no se le ofreció atención médica ni se elaboró ningún documento oficial por su detención. Y cuando fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el 26 de enero, pretendían obligarlo a firmar una declaración ya elaborada con nuevas amenazas contra su familia, pero volvió a negarse. Hasta entonces lo examinaron médicamente y certificaron su estado físico en “autos”, para después trasladarlo a la Casa de Arraigo Federal donde permaneció durante 90 días en completa incomunicación.
Las versiones de la detención de César Freyre
Hay al menos cuatro versiones distintas sobre la detención de César Freyre, de acuerdo a las declaraciones ministeriales obtenidas por Los Ángeles Press. Dos de Freyre, antes de incriminarse y después de incriminarse el 2 de octubre de 2010. Las otras dos versiones son de Isabel Miranda y su hermano Roberto, ambas con discrepancias. En la declaración ministerial del 27 de enero, César Freyre sostiene que lo interceptó la policía el 23 de enero, lo torturaron, y ahí mismo estaba Isabel Miranda Torres. La forma en cómo lo abordaron:
“Me interceptó la policía, que me imagino fue la que me puso a disposición en un carro particular sin placas y me subieron a ese carro, y fue cuando me empezaron a golpear y a darme de chicharrazos, fue cuando se me acercó una mujer diciéndome que le entregara a su hijo…”.
La versión de Isabel Miranda cuando vio a Freyre en su detención, según su declaración en el careo constitucional el 17 de enero de 2008:
“…la primera vez que te vi fue el día veinte de enero de dos mil seis, en la esquina de Obrero Mundial y Mier y Pesado, siendo entre las ocho y nueve de la noche, fue la primera vez que te tuve a la vista, cuando ibas saliendo de la tienda llevabas unos lentes en la cabeza y una botella de agua, porque te ibas a encontrar con Keosqui, fue la primera vez que te tuve a la cara, y ese día cuando te detuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.”
La versión de Roberto Miranda al abordar a Freyre en su detención:
“…el día veintiséis de enero de dos mil seis, acompañé a mi hermana afueras del restaurante Angus de la Zona Rosa, específicamente de la calle de Hamburgo, ahí trabajaba Keops Salazar de “hooster” (sic) y al salir de su trabajo le dimos seguimiento a la referida la cual se bajó en un taxi que también la llevaba sobre la avenida Obrero Mundial y la diversa Neri Pesado (sic), número 195, y fue cuando nos topamos con César Freyre Morales”.
En esta declaración, Isabel Miranda Torres dijo en el careo a pregunta de Freyre que lo habían estado siguiendo ella y su hermano Roberto en un taxi. Pero César Freyre afirmó que Isabel Miranda iba sola con los policías vestidos de civiles, y hasta enero de 2008, en el careo constitucional, vio por primera vez a Roberto Miranda.
Fuente: Los Ángeles Press
Las visitas extrajudiciales de Isabel Miranda
En un periodo de tres años, César Freyre tuvo unas veinte visitas extraoficiales en el Cefereso Número 1. La primera fue de Isabel Miranda Torres en la que lo amenazó diciéndole que “si no le entregaba a su hijo, iba a pagar a alguien dentro del penal para que lo mataran y que a su familia también la iba a matar o la iba a desaparecer”. Seis meses después, lo trasladaron a la Sala de visita familiar número 7, adonde llegó a verlo de nuevo Miranda Torres. Declaró Freyre que en esa ocasión Miranda le mostró fotografías de las tumbas de sus familiares muertos, y amenazó con exhumar sus restos y tirarlos a un canal.
La tercera visita de Miranda fue en la sala 7 de Juzgados, a donde trasladaron a Freyre para el encuentro mientras se encontraba recluido en el pasillo 4 estación COC. Allí Miranda, acompañada de dos personas, le dijo que estaba dispuesta a negociar con él y que le proponía que lo trasladaran a un penal estatal del Distrito Federal “con todas las comodidades y beneficios”, a cambio de que le dijera dónde estaba su hijo, o de lo contrario la iba a pasar muy mal porque contaba con el apoyo del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Freyre también tuvo otras dos visitas extraoficiales de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de SIEDO en ese momento, quien después fallecería en un supuesto accidente aéreo cerca de Los Pinos el 4 de noviembre de 2008 junto con el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. Vasconcelos primero intentó negociar con Freyre su libertad a cambio de la seguridad de su familia; sin embargo Freyre tampoco aceptó en esta ocasión inculparse y el subprocurador lo amenazó con el arraigo a su madre y hermana.
El subprocurador de la SIEDO cumplió su amenaza, y al día siguiente del arraigo de las familiares de Freyre lo visitó en el penal. Santiago Vasconcelos insistió en que se inculpara a cambio de la libertad de su familia, pero Freyre de nueva cuenta se negó a aceptar las imputaciones que le hacían.
Las siguientes visitas extraoficiales fueron hechas por agentes federales de la Procuraduría General de la República y por agentes federales preventivos torturándolo con golpes, toques eléctricos, ahogamiento por inmersión y obstrucción de boca y nariz con vendas y agua. En todas las visitas ha sido amenazado con afectar de diversas formas a su familia, y las denuncias sobre su tortura constan en el Juzgado Cuarto de Distrito, y en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El recorrido inútil por los derechos humanos
La madre de Freyre, Rosa María Morales y su hermana Julieta Freyre pusieron una queja de derechos humanos el 31 de enero de 2006, dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ese entonces, José Luis Soberanes, la cual fue recibida por la Oficialía de partes bajo el folio 4675. En ésta, se aludía a la detención ilegal de César Freyre por parte de Isabel Miranda Torres y se mencionaba la detención de Juana Hilda González Lomelí, también torturada, humillada sexualmente y amenazada contra su familia, así como los cateos ilegales a casas de familiares, vecinos y gente de alrededor realizados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sin ninguna orden judicial y coordinados por Isabel Miranda Torres. Dichos cateos se siguieron realizando hasta 2010, según denuncias ciudadanas a medios mexicanos.
Denuncia a la CNDH
El 9 de febrero de 2006, tal como había advertido el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, la madre de César Freyre, Rosa María Morales, y la hermana Julieta Freyre fueron detenidas por la acusación de Isabel Miranda Torres con los mismos delitos que le imputaron a César, según la orden dictada por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. A la semana siguiente, con fecha del 16 de febrero, otra de sus hermanas, Ivonne Freyre, puso de nuevo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibida por la Oficialía de partes con el folio número 7315 en la que denunciaba la detención ilegal ahora de sus tres familiares.
El arraigo de la madre y la hermana de Cesar Freyre fue ordenado por 90 días, pero en poco menos de ese tiempo fueron consignadas y trasladas al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, donde estuvieron encarceladas durante año y medio. Después de ese tiempo, se dictó una absolutoria por “no encontrar elementos probatorios” de los cargos. Isabel Miranda Torres fue demandada por la vía penal y civil bajo el cargo de daño moral; sin embargo, hasta la fecha no ha sido ejecutada ninguna acción judicial en su contra.
Denuncia a la CNDH por la detención de la madre y la hermana de César Freyre.
¿Cuándo se declara culpable César Freyre?
Desde su detención, el 23 de enero de 2006, César Freyre se mantuvo firme en rechazar todas las imputaciones que le hacían por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Pese a las constantes torturas, durante cuatro años negó haber cometido el delito. Incluso, en una carta enviada a Brenda Quevedo Cruz al penal de Santiaguito, Estado de México, él le pide que no se inculpe, y le da ánimos. Freyre es explícito en la carta respecto a las torturas y asegura saber que a ella también la han estado torturando de la misma manera y califica la situación como “una gran injusticia”. La carta fue notificada a la familia Quevedo en junio de 2010.
Fragmento de la carta de Freyre
Sin embargo, César Freyre aceptó declararse culpable en medio de otra sesión de tortura el 2 de octubre de 2010. De acuerdo su testimonio, eran las 22:30 horas, cuando un oficial de los denominados 2-1 lo condujo a un cubículo cerca de la aduana donde lo esperaban unos diez agentes de ambos sexos. Uno de ellos, le dijo: “¡Ya te llegó tu hora!”. Inmediatamente después, dos de los agentes lo sometieron y le ordenaron que se desnudara, que iban a hacerle “un chequeo médico”.
“Me vendaron las manos cruzadas y me envolvieron con una sábana de los pies hasta el cuello ajustándola con cinta canela. Por último, me vendaron los ojos colocándome un trapo en toda la cara, echándome agua en la nariz y boca a intervalos de hora y media aproximadamente, por lo que finalmente acepté lo que me pidieran”.
Después de la tortura le hicieron leer unos documentos en voz alta, y lo grabaron en video mientras leía. También le pidieron hacer un croquis del lugar para simular dónde había arrojado el supuesto cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Cuando terminaron, le dijeron que todo lo que le estaban haciendo tenía el apoyo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que tenían intervenida su estancia, el locutorio y la sala de visita para que no contara a nadie de lo que había pasado ahí, de lo contrario volverían a visitarlo.
Pero las visitas extraoficiales no se detuvieron. La siguiente tortura fue el 22 de octubre de 2010 para que ampliara su declaración. Fueron por él dos oficiales de los denominados 2-1, y lo trasladaron al mismo cubículo. Lo entregaron a cinco hombres que lo esperaban con esposas y grilletes, y lo subieron a una camioneta. Después de un par de horas, según su testimonio, le hicieron un examen médico y nuevamente lo vendaron desde los pies hasta el cuello, ajustándolo con cinta canela.
“En esta ocasión me sumergieron en un recipiente con agua y me daban cargas eléctricas durante 40 minutos, después me quitaron la cinta canela y me dijeron que si ya no quería más tenía que ampliar la declaración del 2 de octubre, y me amenazaron con desaparecer a mi mamá y a mi tía Adriana”.
“Tú sabes quién está ordenando esto”, le dijeron los oficiales, y cuando terminaron de grabar esta segunda declaración lo llevaron a una certificación médica. Ese mismo día, falleció su hermana Julieta.
Declaración fabricada a César Freyre después de su tortura del 2 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
“¿Cómo ve que las metí a la cárcel?”: Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz
En entrevista para Los Ángeles Press respecto al caso Freyre, uno de los testimonios que revelaron la arbitrariedad de las autoridades judiciales mexicanas en la detención de Rosa María Morales y su hija Julieta, fue el de Enriqueta Cruz Gómez, madre de la también inculpada Brenda Quevedo Cruz.
En junio de 2006, ya consignadas la madre y hermana de Freyre, el Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz llamó a comparecer a Enriqueta Cruz ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Cuando llegó a esa dependencia, tenía el mensaje de que pasara sin abogado, porque el “MP quería hablar con ella”. El abogado de Enriqueta Cruz, le dijo “que no pasaba nada, que estuviera tranquila, y que luego él la alcanzaba”.
El Ministerio Público, Fermín Ubaldo Cruz, ya había sido identificado como el torturador de Juana Hilda González Lomelí para que se incriminara después de su segunda detención ilegal por la acusación de Isabel Miranda. Ubaldo Cruz también fue denunciado por humillación sexual a la misma acusada, y de ponerle a su hija en el teléfono para amenazar a ésta y a la madre de Juana Hilda.
Este agente fue quien atendió a Enriqueta Cruz en las oficinas de la SIEDO, y después de varios minutos de conversación donde estuvo preguntándole por el paradero de su hija, le ofreció que sería “testigo protegido”, si decía dónde se encontraba ella. Enriqueta Cruz respondió con preguntas insistentes, entre éstas, “¿por qué estaban involucrando a su hija en ese crimen”.
Fermín Ubaldo Cruz, molesto, azotó varias veces con su mano el escritorio y espetó:
–¡Hable, con una chingada! ¡Ya me cansé de sus pendejadas! Aquí el que hace las preguntas soy yo. Y así como está usted sentada, estuvo sentada la mamá de César Freyre, ¿cómo ve que las metí a la cárcel?
–¿Y por qué me va a meter a la cárcel a mí? ¿Por qué delitos? –inquirió sorprendida la madre de Brenda Quevedo.
–¡A mí me vale madres! Eso es lo de menos –gritó el agente y volteó a ver a un perito que se encontraba en la misma oficina– Es más, tú, quítale un cabello a esta señora y sácale sangre –le ordenó.
–¿Pero para qué? ¿Por qué? –preguntó la madre.
–Para cuando encontremos a su hija muerta –respondió el agente del Ministerio Público, y sentenció– porque la vamos a encontrar muerta.
La madre empezó a llorar, y fue cuando entró el abogado:
–¿Qué pasó? Ya me la hicieron llorar –dijo. El agente Fermín Ubaldo respondió:
–No, sólo le estamos ofreciendo que su hija entre al programa de testigo protegido.
–¿Testigo protegido? –preguntó el abogado, y remató –¿Cómo al que encontraron muerto la semana pasada?
La madre de Quevedo Cruz y el abogado se retiraron de la oficina de SIEDO.
Ampliación de la declaración que obligaron a César Freyre a dar bajo tortura el 22 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
La muerte de Julieta Freyre Morales
Con 39 años y dos hijas menores de edad, Julieta Freyre estuvo en la cárcel durante año y medio. Junto con su madre, fue acusada por Isabel Miranda Torres de haber participado en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Después de que salieron libres con una absolutoria por no encontraron elementos que probaran la acusación de Miranda, Julieta escribió una carta en la que presenta su caso como víctima colateral.
Una vez liberada, la lucha de Julieta Freyre por ayudar a su hermano César no se detuvo, y en compañía de Enriqueta Cruz, quien dio el testimonio, fue a pedir apoyo a la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra en octubre de 2010. Julieta narraba –a los abogados de la senadora– el maltrato en la cárcel a ella y a su madre, y de cómo fueron violados sus derechos de presunción de inocencia. También detallaba cómo llegó a hablar con sus hijas, llorando, mientras estaban “ardiendo en calentura” en su casa.
De acuerdo a la testigo, en ese momento, en las oficinas del Senado de la República, cuando Julieta narraba las torturas practicadas a su hermano, volteó a ver Enriqueta Cruz, y le dijo que se sentía mal. Esbozó apenas una sonrisa y cayó desmayada.
“Empezó a emitir unos sonidos espantosos, y todos estábamos asustados; yo empecé a gritar «por favor, un doctor, un doctor»”, contó Cruz. A los minutos, cuando llegó el médico del Senado, la examinó y opinó que “no era nada”.
Cruz insistió en que se trataba de algo grave, y al moverla para pasarla del suelo a uno de los sofás para visitas, se dieron cuenta que estaba orinada. “Esto no es normal”, advirtió Cruz y pidió una ambulancia. Junto con el familiar de otro dos inculpados, acompañó a Julieta Freyre en su traslado al Hospital Xoco.
“Soy inocente, soy inocente”, balbuceaba Julieta en su recaída, de acuerdo al testimonio de Cruz. Los médicos dijeron que era un derrame cerebral y pese a que fue intervenida quirúrgicamente, ocho días después murió en el hospital.
Las autoridades judiciales no han dado seguimiento a la demanda por daño moral en contra de María Isabel Miranda Torres por esta muerte, ni por el tiempo que su falsa acusación llevó a Rosa María Morales a permanecer en la cárcel durante año y medio. Hasta la fecha sigue sin encontrarse alguna evidencia pericial –científica- por el supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto.
NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos
MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de siete años de encierro en una fría celda del penal femenil de Tepepan y de un viaje de diez horas de duración, Florence Cassez volvió a su natal Francia.
Sonriente, con la mano en alto, saludando a conocidos, y en medio de aplausos, declaró a la prensa que la esperaba en el aeropuerto Charles de Gaulle que su liberación “es una gran victoria para los mexicanos”.
“Mi historia –subrayó– no es la única en México. Voy a pelear por los que están allá”.
Escoltada por su padre Bernard Cassez y su abogado Frank Berton, Florence fue recibida como heroína en el Pabellón de Honor por el ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, su madre y familiares, así como un comité de apoyo.
Ahí, en ese mismo sitio, la expareja de Israel Vallarta, líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, ofreció una rueda de prensa en la que se dijo víctima de un “secuestro” por los siete años que estuvo presa en México, y exigió poner a los verdaderos culpables en prisión.
Y prosiguió:
“Yo he sufrido un secuestro, he sufrido como víctima, durante siete años. Poner a los verdaderos culpables en prisión es ayudar a las víctimas. A partir de ahí empieza el respeto a las víctimas de secuestros”.
Florence sostuvo que el fallo de la Corte será beneficiosa no sólo para ella, sino para que haya “justicia equitativa” en México.
“Mi liberación va a ayudar a la llegada de procesos judiciales equitativos en México. Creo que es benéfico no sólo para Florence Cassez, sino para todo el mundo. Todo el mundo en México va a ganar con esto” dijo ante decenas de representantes de medios galos.
Luego lanzó una crítica al sistema de justicia mexicano al señalar que su historia no es la única en México.
“Aquí es incomprensible para los franceses, pero en México todo el mundo sabe que es lo cotidiano. Espero que sea un precedente y pueda ayudar a otros”, subrayó.
Asimismo, confesó que lo que le resultó “más difícil fue la injusticia” con la que fue tratada. “Que se digan mentiras de ti, es terrible, para mí es lo peor, no las condiciones de detención. Luchar contra todo un gobierno, estar en sus manos, pero decidí luchar hasta el final”.
Reveló que durante su estancia en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, donde permaneció siete años, conoció mucha gente supuestamente inocente a la que le recomendó luchar por su libertad.
“Yo di un mensaje a los otros detenidos que conocí, de luchar, de no decir cosas que no son verdad, de creer siempre en la posibilidad de ser liberados”.
Abundó:
“Conocí lo peor y lo mejor de México, de la gente. Llevo siete años en la cárcel con gente formidable, admirable, con compañeras que me han dado amor, apoyo. Muchos mexicanos importantes han querido visitarme, ayudarme. A ellos les debo todo”.
Luego vaticinó buenos tiempos para México con Enrique Peña Nieto al frente del país:
“México está a punto de vivir grandes momentos con el respeto de los derechos humanos y la llegada del presidente Enrique Peña Nieto”, dijo, y añadió que está dispuesta “a perdonar”.
Ataviada con una cazadora azul marino, jeans, el cabello crecido hasta la cintura, recogido, y una sonrisa en el rostro, Cassez anunció que le gustaría escribir un libro y regresar a México para compartir su experiencia.
“Me gustaría volver a México si soy invitada, para hablar de mi experiencia, para dar la cara como dicen allí. No tengo nada que ocultar, pero no sé si mis padres me dejarán ir”, comentó entre risas.
Recordó que durante su encierro tuvo momentos de miedo y desesperación en los que tuvo el apoyo del expresidente francés Nicolás Sarkozy y posteriormente del actual jefe de Estado galo, Francois Hollande.
“Tengo ganas de verle (a Sarkozy), gracias por su apoyo que fue vital en un momento en el que tomó posición por mi caso.
“Fue un momento vital. Él me salvó la vida porque pasé por momentos muy complicados. Tuve ganas de no levantarme. No tenía fuerzas para seguir… La rabia de probar mi inocencia me mantuvo”, manifestó.
De los malos recuerdos, pasó al júbilo:
“Siento una felicidad inmensa, el avión aterrizó, pero yo todavía no. Estoy en las nubes, muy feliz, Viva Francia”, celebró Cassez, quien se reunirá con Hollande el viernes 25 por la noche en el Palacio del Eliseo.
En el transcurso del día, Cassez concedió diversas entrevistas. Por la noche, ella y su abogado fueron entrevistados en el noticiero de televisión francesa TF1.
Apareció con el cabello suelto, con una blusa a rayas y una chamarra de cuero azul, un maquillaje discreto y una sonrisa dibujada en el rostro. Ahí narró el “infierno” que vivió durante los siete años que permaneció presa en México.
Relató que durante su estadía en el penal de Tepepan se escondió y lloró mucho pero que ahora está decidida a “ser feliz y disfrutar la vida” así como a defender su inocencia.
Berton por su parte señaló que nunca se comprobó la culpabilidad de su cliente por el delito de secuestro.
Ya con su hija al lado, Charlotte Cassez, madre de Florence, arremetió contra el expresidente Felipe Calderón, a quien acusó de usar a su hija como rehén político.
“Desde el momento en que Felipe Calderón se dirigió al pueblo para decir que no dejaría (a Florence Cassez) que se fuera, ¿por qué lo hizo?”, preguntó Charlotte en una entrevista a la cadena de televisión BFM TV.
Sostuvo que durante la gestión de Calderón hubo “enormes presiones hacia los jueces y eso no ha ocurrido ahora”.
Consideró que en la liberación de su hija estuvo directamente relacionada con el cambio en la presidencia de México y la jubilación de un juez de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que “estaba ferozmente en contra de la liberación” de Florence de 38 años.
Respecto de la mediación de las autoridades francesas en el caso, consideró que sin la intervención de Sarkozy y Hollande “no se hubiera conseguido (la liberación). Sabíamos que solos no lo lograríamos”.
El pasado 21 de marzo de 2012, la ciudadana francesa Florence Cassez estuvo a un voto de obtener su libertad, dos ministros de la corte votaron en contra de la ponencia, dos estuvieron a favor de la libertad inmediata y uno más estuvo a favor del dictamen pero no compartió sus términos; por ello, se resolvió que fuera otro ministro quien preparara una nueva ponencia para emitir una sentencia definitiva.
Aquella ocasión, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó una ponencia clara, precisa y jurídicamente magistral. Desechó la paja del expediente y se centró en lo sustancial, la afectación al debido proceso de la inculpada por el montaje a la que fue sometida, y por tanto, no puesta a disposición de forma inmediata ante la autoridad competente como lo indica la ley. Después abordó el tema de la importancia y vigencia de la presunción de inocencia como derecho fundamental de todo ser humano y que en el caso de Cassez también había sido violado al juzgarla en un montaje orquestado por el entonces director de la AFI y hoy secretario de seguridad pública federal y sospechoso de tener estrechos vínculos con el narcotráfico. Y por último se destacó el asunto -grave- de que Florence Cassez tampoco tuvo la asistencia consular inmediata como lo señalan los tratados internacionales que México ha firmado.
Sólo los ministros Arturo ZaldívarLelo de Larrea y Olga María del CarmenSánchez Cordero de García Villegas, defendieron la tesis de la libertad inmediata, ya que el hecho de haberse presentado irregularidades en el debido proceso representaba una violación grave a la Constitución. Sin embargo, no pudo prosperar el sentido de la ponencia porque el ministro José Ramón Cossío Díaz que si bien reconoció las irregularidades al debido proceso, esto no debía traducirse en alcances suficientes para poner en libertad a la inculpada.
Esta vez, la ponencia de la ministra Sánchez Cordero puede tener una definición distinta que convoque a sus colegas ministros a reflexionar y decidir el caso Florence Cassez desde y sólo en beneficio de la ley. Transcurrido el tiempo electoral, no debe haber presiones del poder político que tenga por objetivo administrar votos y muchos menos se le debe dar paso a los falsos y mentirosos activistas como Isabel Miranda de Wallace y séquito que más que defender los derechos de las víctimas trabajaron sistemáticamente para limpiar la sangre derramada por el gobierno de Felipe Calderón.
Es más, a pesar de que se ha dicho que el equipo de Enrique Peña Nieto podría acelerar la salida de Cassez de la cárcel para deshacerse de ese conflicto diplomático, definitivamente tampoco debe intervenir. La ley no debe ser usada como chantaje ni para fines políticos o personales, simplemente la ley debe aplicarse con rigor y en apego a su espíritu de justicia.
Es evidente que Florence Cassez se convirtió en una obsesión para el gobierno de Felipe Calderón, ponerla en libertad representaba la más contundente prueba de su torpeza y maldad. Después de Florence, podrían presentarse muchos casos más donde el común denominador era la fabricación de culpables y las aprehensiones espectaculares con horario tripe «a» con exclusividad para la televisión. Florence Cassez es víctima de un sexenio que quiso legitimarse a cualquier precio, incluso con el precio de su libertad.
No es necesario ser un docto en derecho para emitir una opinión sustentada sobre la inocencia de Florence Cassez. Cualquiera que revise el expediente de Cassez (http://bit.ly/aNEW6N), notará fácilmente las inconsistencias como que la propia autoridad no atina en decir cuándo y dónde fue capturada; las víctimas en sus primeras y segundas declaraciones no la identifican y sospechosamente hasta la tercera declaratoria la recuerdan. Una tercera víctima (Ezequiel Elizalde Flores) dice que le inyecta anestesia para cortarle un dedo y posteriormente un médico certifica que dicha cicatriz es un lunar, luego vienen testigos falsos que le atribuyen ser la líder de la banda cuando ninguna víctima le confiere ese perfil. En fin, una interminable cantidad de inconsistencias que fueron haciendo cada vez más complejo el caso y que lamentablemente todo es producto de la anodina idea de Genaro García Luna de recrear los hechos para las pantallas de televisión.
Finalmente, debo destacar que en la opinión pública, la sed de justicia -y en muchas ocasiones de venganza- provocó que muchos ciudadanos se convencieran de la culpabilidad de Florence Cassez. Es común escuchar o leer opiniones cargadas de odio y desesperación que claman por que se quede en la cárcel. Desafortunadamente, no comparto ese rencor. Quien esto escribe entrevistó de manera directa en el penal de Tepepan a Florence Cassez, conversamos varias horas y por el momento sólo destaco una idea que tiene muy presente Cassez: nunca se va a declarar culpable porque no lo es, y luchará todo el tiempo que sea necesario para salir de ese penal con la frente en alto.
Camino a la libertad, una vez más el caso de Florence Cassez obliga a la reflexión porque no sólo está en juego su libertad, sino también la libertad de cientos de mexicanos inocentes injustamente recluidos en los penales del país; pero sobretodo para quienes estamos en libertad, está en juego el respeto a nuestros derechos fundamentales, pues es un hecho que un Estado violento como el que hereda Felipe Calderón que no respetó el debido proceso y la presunción de inocencia, está condenado irremediablemente a padecer la injusticia.
mexicoporflorencecassez.wordpress.com 
Por Guadalupe Lizárraga
1 de julio del 2014
NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos