Ministro Zaldívar: la Corte fue presionada para que Cassez no fuera liberada en 2012

Artículo publicado en la revista digital Efe.

Fecha: 13 de noviembre 2015

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, afirma el ministro Arturo Zaldívar.

Comentario: “Impensable”: claro está. Sin embargo, las autoridades estateles y federales siguen mintiendo abiertament, torturando, amenazando, fabricando culpables…

Zaldivar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) recibió “muchas presiones” del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) para que no liberara a la francesa Florence Cassez, admitió hoy el ministro Arturo Zaldívar en una entrevista con Efe.

Zaldívar, quien llegó al Supremo en diciembre de 2009 a propuesta de Calderón, redactó el polémico proyecto de resolución que allanó el camino para la excarcelación de la joven debido a irregularidades en su proceso, como la recreación del arresto ante las cámaras de televisión y el retraso de la asistencia consular.

Hubo muchas presiones, muchas, muchas presiones, sin duda“, de la anterior Administración, reconoce Zaldívar sobre aquellos días de marzo de 2012, cuando su propuesta de sentencia no fue aprobada por la Primera Sala, integrada por cinco ministros.

Aunque los magistrados José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra de la libertad inmediata de Cassez, hubo consenso en que se registraron graves violaciones en el proceso y se pidió a la ministra Olga Sánchez Cordero que redactara una nueva propuesta.

Dos días antes, Calderón pidió justicia para las víctimas de delitos y que “la interpretación de la ley no sea una rendija” para la impunidad, lo que llevó al entonces presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, respeto a “la división de poderes”.

El caso enturbió la relación con Francia después de que Cassez fuera condenada en 2010 a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. El entonces presidente galo, Nicolas Sarkozy, dijo que la joven era víctima del sistema judicial mexicano, mientras Calderón la acusó de ser parte de una “peligrosísima banda de delincuentes”.

El fallo a favor de la liberación de Florence Cassez “supuso un antes y un después en la historia del debido proceso en México”

El 23 de enero de 2013, en el segundo mes del mandato de Enrique Peña Nieto, “el proyecto que se aprueba es exactamente el que yo presento, porque (…) la ministra Sánchez Cordero (lo) retoma”, recuerda Zaldívar.

Así, la liberación de la francesa es aprobada con los votos de Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez, que apenas “iba llegando a la Corte”, en un fallo que, dijo, supuso “un cambio de paradigma, un antes y un después en la historia del debido proceso en México”.

Cuando se debatió ese asunto, recuerda, todos decían que el debido proceso era un tecnicismo, pero hoy “todo el mundo entiende que el debido proceso es un derecho humano” y las autoridades tratan de cuidarlo.

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, asegura el ministro, quien reconoce que dicha resolución “fue radicalmente o dramáticamente impopular”.

Y es que el fallo, en el que el alto tribunal no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la joven, desató una avalancha de críticas de las víctimas de criminales.

A la distancia “estoy convencido de que hice lo correcto” y de que la Corte tomó la “mejor decisión posible porque, más allá de la persona en particular, el mensaje que mandó (…) es que hay prácticas que en un Estado democrático no pueden ser permitidas” y que “el combate a la delincuencia organizada tiene que pasar por los derechos humanos”.

El ministro reconoce que todavía hay “muchas violaciones a los derechos humanos”, pero al menos “las autoridades son conscientes de que tienen que respetar los derechos” y “cuidar el debido proceso”.

“Hubo un cambio de mentalidad” en materia de “presunción de inocencia, de protección consular, de prueba ilícita, de manejo de medios de comunicación en detenciones, ya no hablemos de montajes”, asegura.

A las señalamientos de que Cassez fue liberada por tratarse de una extranjera responde, categórico, que “es absolutamente falso” y destaca que la mayoría de las personas amparadas por el Supremo tras sufrir procesos injustos no solo “son mexicanos de las clases económicas más desprotegidas”, sino además de minorías étnicas.

Están los casos de los indígenas de Acteal, los luchadores sociales de Atenco… y sigue la lista de personas humildes a las que se le han “fabricado homicidios con testigos falsos”, señala Zaldívar, quien añade que esas opiniones “infundadas” solo intentaban engañar.

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La brutal “Señora Wallace”, tras la orden de NO liberar a la activista Nestora Salgado

El diario La Jornada reveló hoy que la empresaria Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, es la causante de que el fiscal general de Guerrero negara la libertad a la líder comunitaria Nestora Salgado, presa desde agosto de 2013 en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de plagiar a dos jovencitas de 17 años.

Pese a que el empleado de Peña Nieto en el “gobierno” interino de Guerrero, Rogelio Ortega, prometió que la activista sería liberada a principios de este año, el fiscal general Miguel Ángel Godínez rechazó la petición para desistirse de los cargos contra Nestora, justo cuando la panista Miranda de Wallace y su patiño Alejandro Martí, intervinieron en el caso antes de que venciera el plazo legal para dictar la resolución.

De hecho, las causas penales contra la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fueron desechadas en marzo de 2014 por un tribunal federal, ordenando su excarcelación. No obstante, desde entonces se viene retrasando la ejecución de la orden con gran variedad de pretextos.

El caso de Nestora Salgado se remonta a junio de 2013, cuando ella era comandante de la CRAC-PC en su comunidad natal de Olinalá, Guerrero. Dos señoras se acercaron a ella para plantearle el caso de sus dos hijas de 17 años –Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa–, que se encontraban desaparecidas desde hacía varios días y, según sus propias madres, andaban en malos pasos.

Nestora movilizó a sus fuerzas y pronto dio con el paradero de las adolescentes, halladas en casas de sus “amigos” en Huamuxtitlán y Tulcingo. Como parte de las acciones de reinserción social implementadas por la CRAC desde 1995, las jovencitas fueron remitidas con el consentimiento de sus familias a diversas casas de justicia administradas por maestros de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, encargada de proyectos educativos para jóvenes infractores en conjunción con las autoridades comunitarias. Consta el acuerdo firmado entre las madres de las jóvenes y la CRAC, con fecha del 10 de junio de 2013.

Meses más tarde, las madres se “echaron para atrás” inexplicablemente y acusaron a Nestora Salgado de secuestro agravado y extorsión, cambiando sus versiones ante el Ministerio Público. A raíz de estas acusaciones, Ángel Aguirre y Peña Nieto emprendieron una brutal cacería sobre las autodefensas de la CRAC en varias localidades de La Montaña. Duarante un violento operativo, militares y efectivos de la Marina detuvieron en Olinalá a Nestora Salgado junto a otras 50 personas. Hasta el momento, 12 autodefensas permanecen encarcelados y declarados presos políticos del régimen sangriento de Aguirre/Peña.

En marzo de 2014, tras una dura lucha de organizaciones sociales, activistas y abogados defensores de derechos humanos para recuperar la libertad de la lider comunitaria, madre de tres hijas y migrante mexicana Nestora Salgado, el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco, José Luis Arroyo, determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no procedían, ya que Salgado había actuado facultada por su autoridad como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones legales derivadas de un acto de autoridad.

El mismo juez detectó contradicciones e inconsistencias en los dichos de los denunciantes, concluyendo que los supuestos montos de dinero que la policía comunitaria les exigía para liberar a los detenidos, en realidad eran fianzas y no sobornos como habían acusado. Por todo ello, el magistrado ordenó el no ejercicio de la acción penal contra Nestora Salgado y los otros 11 integrantes de la CRAC encarcelados. Sin embargo, retrasos deliberados del “sistema de justicia” han impedido que se ejecute la orden, la diligencia se mantiene trunca y no se han presentado en su totalidad las pruebas de descargo en favor de Salgado.

A principios de enero de este año, Rogelio Ortega presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien debía evaluar si procedía o no la liberación de Nestora. Un semana antes de que venciera el plazo para que Godínez informara su decisión, los empresarios panistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace emprendieron una campaña bestial de desprestigio contra la líder comunitaria.

Erigiéndose en jueces y dictadores de los destinos de este país, ambos panistas declararon a voz en cuello que la liberación de Nestora Salgado sería “ilegal y contraria a derecho”. Además acusaron a Ortega de no tener facultades para hacer dicha solicitud y denunciaron una supuesta “negociación” entre diputados federales y locales del PRD, para sacar raja política del caso.

Montando un teatro miserable, la “terrible Señora Wallace” ha utilizado a la joven Dulce Rubí Burgos, una de las acusadoras de Nestora, en sus conferencias de prensa para echar pestes contra las policías comunitarias. La muchacha prácticamente no habla, sólo se dedica a llorar junto a la poderosa empresaria mientras ésta, dramáticamente, la abraza.

De izquierda a derecha: Alejandro Martí, líder de “México SOS”; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de “Alto al Secuestro”, y la joven Dulce Rubí Burgos. Foto: Humberto González / La Jornada

El abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, denunció que la intervención de Miranda de Wallace y Martí “desvirtuó el debate jurídico” y violaría el debido proceso de Salgado, plagado ya de un sinfín de irregularidades, pues ambos sujetos pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público.

La feroz empresaria panista Isabel Miranda de Wallace tiene un largo historial de arbitrariedades cometidas en diversos casos, con tal de salirse con la suya. Su exabrupto más reciente lo aplicó a la periodista de investigación Anabel Hernández, luego de que ésta revelara que la empresaria manipuló a su antojo el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace, presuntamente asesinado por secuestradores, y que incluso el occiso podría seguir vivo. La panista estalló contra Hernández y acusó a la revista Proceso de presionar a testigos citados en el reportaje de la periodista para que mintieran.

En su libro “México en Llamas”, Anabel Hernández dedicó un capítulo entero a exhibir las acciones ilegales de esa terrible empresaria para hacerse “justicia” por su propia mano contra personas inocentes, solapada por el régimen genocida del usurpador Felipe Calderón.

Denuncian a la expresidiaria @WallaceIsabel por calumniar y atacar a la activista Nestora Salgado

Artículo publicado el 20 de enero de 2015 en Ah Diario.

Cuauhtémoc Ruiz Ortiz, coordinador del Comité Nestora Libre, aseguró que Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, emprendió una campaña en contra de la líder comunitaria Nestora Salgado García, quien se encuentra presa en Tepic, Nayarit desde agosto de 2013, acusada FALSAMENTE (agregamos) de secuestro agravado en contra de seis personas.

En conferencia de prensa, acompañado por la hermana de Nestora, Ruiz Ortiz aseguró que lo dicho por Miranda de Wallace la semana pasada son una serie de infundios y calumnias, ya no sólo en contra de Nestora sino también contra las policías comunitarias y los mismos pueblos indígenas.

En días pasados, Miranda de Wallace hizo un llamado al usurpador Enrique Peña Nieto y a las autoridades del poder judicial para que revisen el caso y se lleve a cabo, dijo, un debido proceso y no se politice el asunto. Consideró que la liberación de la líder comunitaria era “ilegal y contrario a derecho”.

También dio a conocer un audio en el que, supuestamente, diputados federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) negociaban la liberación de Salgado.

La principal actora de esta campaña, la señora Miranda de Wallace, es una impostora y un dócill instrumento de los peores intereses en Guerrero, del ex gobernador Aguirre y de su procurador Iñaki, así como de algunos sectores de empresarios y el PRI”, dijo Ruiz Ortiz.

Por su parte, la hermana de Nestora, Cleotilde Salgado García, afirmó que lo dicho por Miranda de Wallace son “puras mentiras” y la exhortó a que investigue antes de difamar a una persona. “Yo le pido que vayan a Olinalá a investigar quién es Nestora Salgado García y quiénes son sus defendidos. Todo mundo los conoce, todo mundo sabe qué clase de personas son estas”.

Miranda de Wallace junto con Alejandro Martí, de la organización México SOS, afirmaron que Nestora secuestraba a personas y cobraba hasta 50 mil pesos por liberarlos. Llevaron a cinco presuntas víctimas que aseguraron que Salgado García las encarceló en Paraíso.

LA HISTORIA

Nestora Salgado García fue detenida el pasado 21 de agosto, acusada del secuestro en agravio de por lo menos seis personas, entre ellos dos menores de edad, sin embargo, en abril pasado, un juez federal exoneró de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por lo que el Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito dictó auto de libertad.

El 8 de enero el gobierno de Guerrero desistió de emprender la acción penal en contra de la comandante, sin embargo hasta el momento no ha sido liberada.

De acuerdo con testimonios y otros elementos de prueba que constan en el expediente, el Juez decretó la formal prisión y sin derecho a fianza en contra de Nestora Salgado.

En la conferencia, también estuvo presente Francisco Flores Jiménez, un joven que estuvo en la Casa de Justicia de Paraíso, quien convivió con las dos jóvenes menores de edad que acusan a Nestora de secuestrarlas.

“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas. No es verdad, la señora Nestora Salgado siempre nos trató de una manera en la que valorizamos las cosas, el trabajo. Los compañeros de la comunitaria si trabajábamos nos daban comida buena; si no, nos daban lo que había”.

También explicó que las madres de las menores, las mayores acusadoras en contra de Nestora, incluso firmaron para que éstas mismas fueran ingresadas por lo que no entendía por qué hablaban mal de la comandanta.

Flores Jiménez también dijo que cuando fue detenido, el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, lo obligó a atacar a Nestora, sin embargo, el joven se negó.

Por otra parte, Cruz Morales Reyes, comandante regional, explicó que el sistema comunitario, bajo el cual se rigen, es diferente al sistema de justicia que conocemos todos. Ahí existe la Casa de Justicia donde los jóvenes son llevados porque no “hacen cosas de bien”.

Aseguró que la salida de los que ingresan depende de su avance, si trabajan y si están rehabilitados, pero que en ningún momento han pedido una cooperación.

“Cuando sale se le entrega a su familia con un compromiso ante la comunidad de que no regresará”.

Finalmente, Cuauhtémoc Ruiz dijo que Nestora podía ser liberada en cualquier momento. “Podría salir en cualquier momento, si se desiste de los cargos el gobierno del estado, que es la que la acusa, entonces queda libre ella y todos los demás”.

El 7 de enero, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, se comprometió a que en su administración no habría más luchadores sociales detenidos y anunció que la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajaban en la elaboración de una Ley de Amnistía que permitiera liberar a líderesa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Ortega Martínez aseguró que mantiene contacto con los familiares de los dirigentes de la CRAC que se encuentran presos en penales de máxima y mediana seguridad, entre ellos Nestora Salgado García de Olinalá y Gonzalo Molina González de Tixtla.

Comunicado de Gente de México por la Democracia: “Ayotzinapa: Fue el Estado”

Ayotzinapa: Fue el Estado
El 26 y 27 de septiembre de 2014, las instituciones mexicanas dieron un ejemplo más de su debilidad, de su complicidad con el crimen. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la muerte de seis más y los veintisiete heridos, fue el saldo de esa noche en la que el Estado dio un golpe brutal contra la sociedad mexicana.

Han transcurrido casi dos meses desde la desaparición de los 43 estudiantes. El Gobierno Federal apuesta por el olvido de México ante esta situación, con una investigación mediocre encabezada por la Procuraduría General de la República y con una puesta en escena donde intentan persuadirnos que cumplen con sus obligaciones de buscar a los 43 normalistas. Sin embargo, el hartazgo ante instituciones y gobernantes ineficientes y corruptos, no da cabida para el olvido.

Hemos visto a un procurador cansado, que ni intenta hacer su trabajo y que sin embargo, se rehusa a dejar el cargo. Hemos visto a una PGR incapaz de dar respuestas y de conducir una investigación responsable. ¿Y cómo podría hacerlo si la Procuraduría General de la República sigue actuando como el brazo del poder para castigar adversarios políticos y mantiene un personal inoperante que la ex procuradora Marisela Morales dejó en la institución tras su paso por ella? La PGR está enfocada en intimidar y detener arbitrariamente a todos aquellos que protesten y exhiban la podredumbre del sistema, sean periodistas, activistas, estudiantes, mujeres, niños. La Procuraduría prefiere perseguir a quienes se manifiestan en contra del Gobierno Federal que a quienes, desde el poder, han atentado contra el país.

El gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo es incapaz de dar resultados, sino que es cómplice en estos crímenes, ahora más que con la fuerza y la represión policiaca intenta callar las voces que exigen justicia. Sus intentos de intimidación no funcionarán. Los mexicanos seguiremos tomando las calles exigiendo justicia, alto a la impunidad y a la corrupción, la aparición con vida de los 43 normalistas y la salida de todo funcionario que atente contra México.

Fue el Estado el responsable de la desaparición de los normalistas, fue el Estado el responsable de la represión en contra de manifestantes, fue y es el Estado, y sus complicidades con la delincuencia, el responsable de la violencia que azota a este país.

Florence Cassez presenta denuncia por su detención ilegal en México

Artículo publicado en Proceso

El 2 de octubre de 2014

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A 22 meses de su liberación, luego de permanecer siete años en prisión acusada de secuestro, Florence Cassez decidió que ya era hora de saldar cuentas con los protagonistas del infierno que vivió en México y presentó una denuncia en los tribunales franceses por su detención ilegal.

Según las agencias internaciones que recogieron el hecho, la querella fue promovida el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía parisina; en ella no responsabiliza a ninguna persona en particular, pero busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto, el 8 de diciembre de 2005. En el juicio que enfrentó dichas personas están claramente identificadas. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y su brazo derecho, el exsubsecretario Luis Cárdenas Palomino.

Incluso, la propia Corte dejó en claro que su arresto fue un montaje para Televisa, particularmente para su conductor estrella Carlos Loret de Mola.

Luego de permanecer siete años en prisión, Cassez apeló la sentencia y el 23 de enero de 2013 la SCJN la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa por tres votos contra dos.

El argumento central fue que el montaje televisivo de su detención “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión” ante la justicia mexicana.

Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. Sólo fijaron su postura sobre si se violaron sus derechos humanos y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.

Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo “liso y llano”, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron “tan graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso”. En contra votaron José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo.

Florence Marie Louise Cassez Crepin llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, que quedó al descubierto en febrero de 2006.

La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. En marzo de 2012 la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.

Durante su administración, el expresidente francés Nicolas Sarkozy presionó al gobierno mexicano, que encabezaba el panista Felipe Calderón, para que Florence Cassez cumpliera su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).

Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.

La “reconciliación” entre ambos países se materializó en abril pasado, en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó, junto al mexicano Enrique Peña Nieto, la voluntad de abrir una “nueva página” a través de una “cooperación excepcional” en una amplia gama de sectores.

Juicio político contra el titular de la CNDH. Raúl Plascencia Villanueva

Artículo publicado en SDP noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 25 de septiembre de 2014

Nota: El artículo siguiente expresa la opinión de su autor con respecto a la denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva. Sin embargo, no refleja necesariamente la opinión del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El día de ayer por medio de un comunicado de prensa emitido por el Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas, informaron que “más de 85 personas y ONG´s” presentaron ante la Cámara de Diputados denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, bajo los argumentos de “faltar a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos; y la utilización de la institución a “modo” y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.”

Asimismo se enlistan las presuntas omisiones en que ha incurrido Plascencia Villanueva durante el ejercicio de sus funciones como Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las cuales, a juicio de los denunciantes, además de tener conocimiento pleno de las violaciones que se enumeran a continuación, ha solapado en su calidad de “ombudsman nacional”:

Las setenta mil personas asesinadas  en el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 1º de diciembre del 2012, es decir, durante el mandato de Felipe Calderón.

Los “miles” de migrantes calificados como secuestrados, pero que también fueron y son desaparecidos, desaparecidos forzosos, extorsionados, reclutados para trata, el crimen organizado, asesinados, etcétera.

Las 1.6 millones de víctimas de “desplazamiento forzado” a consecuencia de la violencia del crimen organizado.

Los “cientos de miles de personas” detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes sin haber comprobado su culpabilidad o inocencia, en el período del 2006 al 2012, de igual manera, en el ejercicio del mandato de Felipe Calderón.

Las 25,276 personas desaparecidas en el período del 1 de diciembre del 2006 al 1 de diciembre del 2012, y 23,322 personas del 1  de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014, donde ya corresponde una parte al ejercicio del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto.

La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática.

El caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes.

“Los hechos del 1 de diciembre del 2012” en la Ciudad de México, donde no se especifican los mismos.

Las reformas a las Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Las restricciones a la libertad de expresión en “la reglamentación de la protesta social”, donde tampoco se especifican las circunstancias de modo y tiempo de tales restricciones.

La nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos.

El incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.

El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros Generales del Ejército Mexicano, acusados “de oídas” por “testigos protegidos”.

El caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas.

El caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron.

Los casos de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia.

Recomendaciones para “desacreditar a personas e instituciones” como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Lic. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, al Dr. Luis González Plascencia su homólogo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde no se especifica en qué consisten tales descréditos y las circunstancias en que se dieron.

Todos estos casos, de acuerdo con el boletín de prensa del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas están detalladamente documentados en la denuncia de juicio político que fuera presentada ante la Cámara de Diputados el día de ayer, pero conforme a derecho, siendo objetivos, tanto la CNDH, así como todas y cada una de las estatales, incluyendo la del Distrito Federal, son retóricos “organismos constitucionales autónomos” los cuales dependen claramente del Ejecutivo en los dos primeros niveles de gobierno (Federal y Local), ya que se encuentra la injerencia tanto de este poder, como del Legislativo en la toma de decisión para la elección del ombudsman y no es un secreto, máxime que, en el caso en concreto, bien vale la pena colegir, que de acuerdo con el artículo 102 constitucional que las Comisiones de Derechos Humanos exclusivamente conocen de “quejas” en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, y lo más claro:  estos organismos únicamente formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Es debido a lo anterior, que estas Comisiones son organismos que además de no servir, de ser verdaderos “elefantes blancos” creados con la flagrante intención de justificar o mejor dicho “gastar” el presupuesto, lo único que realizan es como ya se mencionó emitir sus “recomendaciones” que en estricto derecho no sirven de nada a la sociedad, y para dar “asesorías”, o ser organismos de gestión para que nada más se canalicen “las quejas o denuncias” a la autoridad competente, es decir, es un mero círculo vicioso que en el mejor de los casos sirve para “hacerle presión a la autoridad” mas no para obligarla en ningún momento, dado a que se insiste, y no lo digo yo, sus recomendaciones son eso nada más y mucho menos tienen carácter vinculatorio.

Es por lo anterior que el actual titular de la CNDH, es únicamente la “figura representativa o personaje” que representa en “eventos” a este organismo, pero, en el caso historico de que verdaderamente la Cámara de Diputados actuara contra el funcionario en lo que concierne a las omisiones de las recomendaciones que debió haber emitido en su momento por los casos que fueran enlistados; siendo en todos y cada uno de los casos penalmente responsables de las acusaciones contra Plascencia Villanueva el ex Presidente Felipe Calderón, el ex Secretario de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, los ex Procuradores del mandato calderonista, el actual Enrique Peña Nieto,  así como el actual Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, este último mediante juicio político, que siendo realistas mis queridos lectores, ¿realmente creen que proceda algo en contra de todos estos personajes, en específico contra Plascencia Villanueva que es el caso que nos ocupa en esta columna?

En mi opinión estos organismos de Derechos Humanos bien deberían de ser extinguidos por intrascendentes e inservibles, o en su defecto, elaborar una verdadera reforma constitucional, como aquella del 2011 donde fueron reconocidos estos “Derechos”, en la cual ejerzan las funciones de autoridad que como órganos públicos autónomos deben tener dentro de las cuales realmente emitan no recomendaciones, sino resoluciones y sanciones para que cumplan con su verdadero objetivo que es la salvaguarda de los Derechos Humanos tanto de víctimas como de la sociedad en su conjunto.

Germán Martínez Cázares: “Si Raúl Plascencia tiene vergüenza, debe declinar de la CNDH”

Artículo publicado en Noticias Terra.mx

Por Germán Martínez Cázares

El 29 de septiembre de 2014

Para Germán Martínez Cázares, el “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga.

Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..  Foto: Agencia Reforma
Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..
Foto: Agencia Reforma

Si Raúl Plascencia Villanueva tiene vergüenza pública debe declinar su aspiración de reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tlatlaya lo desnudó. Dejó al descubierto el peor defecto de un ombudsperson: inclinarse por utilidad política.

¿No tenía tiempo para investigar una masacre de 22 personas en el Estado de México, porque al mismo tiempo diseñaba, calculaba y recababa apoyos para su reelección, con un regaño al gobierno de Puebla? ¿Mutis en Tlatlaya, gritos justicieros en Ocoyucan?

Al doctor Plascencia se le nota feliz con el lucimiento personal, el dolor de las personas parece incomodarle. Su desempeño en muchas ocasiones es frívolo, en otras, deficiente por genuflexo frente al poder.

Se extraña aquella comisión nacional de Jorge Carpizo, fuente de autoridad cívica y decoro profesional, porque en los últimos cinco años -y con un presupuesto similar al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- el señor Plascencia ha convertido a la CNDH en un tiliche burocrático al servicio de contrataciones personales, ataques políticos y venganzas privadas.

El “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga. Guarda expedientes como amenazas o premios en su cajón, ¿no? Fueron “tiempos largos” para resolver el caso Ayotzinapa, en cambio, cuando los medios descubrieron el bochornoso asunto de Genaro Góngora Pimentel, ordenó resolver con urgencia. “Recomendación” dura y puntual a su adversario el abogado general de la UNAM, por acoso sexual de un profesor, pero para sus cuates un silencio cómplice. Las denuncias por hostigamiento laboral, recién le preguntó la senadora Saldaña, ¡en su propia oficina!, ¿para cuándo?, ¿ya investigó en su oficialía mayor?

El ombudsman nacional presume la creación de la Sexta Visitaduría especializada en tutelar derechos laborales, económicos, culturales y ambientales. ¿Qué hizo en los últimos desastres ecológicos de Sonora, Tamaulipas y Veracruz? ¿Algún pronunciamiento sobre el asistencialismo gubernamental en el combate a la pobreza? ¿Algún reclamo por la confiscatoria reforma fiscal?

Quizá con demasiada frecuencia en la oficina del señor Plascencia se usa la palabra “remitir”. La CNDH puede ordenar la “remisión” de las denuncias a los órganos estatales (además reenvía a defensorías públicas y por “orientación directa” a distintas dependencias). ¿Acaso ese escurridizo trámite de endosar asuntos es el motivo de la disminución de quejas? ¿El gobierno de Peña comparte ese espejismo?

Después de Tlatlaya el compromiso del PRI con los derechos humanos se medirá a la hora de examinar al doctor Plascencia para ratificarlo. El gobierno debe saber que una tapadera

CNDH ha fallado su misión por corrupción y tráfico de influencias: ONG

Artículo publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 10 de octubre de 2014

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en voz de su presidente David Bertet, se pronunció en contra del tráfico de influencias para elegir al nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Observó casos de corrupción en esta institución que ha afectado la vida de muchas familias, por lo que opinó que no debería elegirse para esta tarea a personas que llegaron a ocupar altos cargos políticos por el nivel de compromisos que establecen con particulares y grupos de poder.

Bertet, quien también fue uno de los firmantes para promover el juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva por su omisión en cientos de casos graves de violaciones de derechos humanos, recordó que Plascencia fue elegido como titular de la CNDH por la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, denunciada ante la PGR por simular el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace. “Lo que resulta particularmente sintomático de una gravísima desviación del sentido ético dentro del sistema de justicia mexicano”, dijo el activista.

Enfatizó Bertet que la CNDH falló con su misión en el registro puntual de las violaciones de derechos humanos. “No solamente por la decena de familias víctimas de servidores públicos corrompidos por la misma persona que impulsó a Plascencia, Isabel Miranda de Wallace, sino por la división artificial que se hizo entre derechos humanos y privilegios de las personas que se autoproclamaron «víctimas» sin serlo, como esta señora”.

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El falso caso Wallace favorecido por Plascencia

El activista canadiense, David Bertet, quien ha impulsado los trabajos de investigación sobre el falso secuestro y homicidio de Wallace, sostuvo que “con Plascencia se rompió la coherencia de las leyes y de la Constitución mexicana para favorecer intereses privados” y mencionó que entre éstos, los de la persona que lo propuso en ese cargo público.

Un ejemplo de la gravedad de las faltas en las que incurrió Plascencia como titular de la CNDH fue la omisión de tortura en el caso de Brenda Quevedo Cruz, y en el de cuatro personas más inculpadas para sostener el falso secuestro Wallace, más aparte se omitió la documentación de detenciones arbitrarias, privación de libertad y abuso de poder de funcionarios contra familiares de las víctimas.

Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presentó la denuncia formal contra Plascencia ante la Procuraduría General de la República el 23 de mayo de 2013, por su omisión en las violaciones de derechos humanos a su hija perpetradas desde septiembre de 2009 y octubre de 2010. Al denunciar los hechos en primera instancia a la CNDH, la respuesta de esta institución fue que el caso no era de su competencia sino del Ministerio Público, pese a que se especificaba el abuso de autoridades judiciales, como la participación directa de agentes ministeriales en la tortura física y violación a la víctima, y posteriormente el resultado positivo del Protocolo de Estambul con el que se validaba la tortura.

Denuncia ante la PGR contra Plascencia.

Un caso similar fue el de Alberto Castillo Cruz, inculpado por el mismo falso secuestro, quien fue torturado también en octubre de 2010 para obligarlo a incriminarse y a pedirle perdón a Isabel Miranda. Su madre, María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante presentaron la denuncia de hechos a la CNDH y ésta volvió a omitir su intervención y a responder que no era de su competencia; por lo que fue denunciado nuevamente Raúl Plascencia ante la PGR.

Otras de las quejas omitidas, éstas desde 2006 a 2010, por la CNDH que afectó fatalmente a una de las víctimas de violaciones de derechos humanos fue la interpuesta por la madre y la hermana de César Freyre Morales, culpable fabricado del mismo caso Wallace. María Rosa Morales y la ya fallecida Julieta Freyre, fueron encarceladas por año y medio a raíz de las denuncias de Miranda por falsos delitos, mientras que la CNDH volvió a omitir sus recomendaciones a los funcionarios públicos implicados en esta situación.

“Tal complicidad entre Plascencia y la persona que inventó el secuestro y homicidio de su hijo, es el ejemplo más emblemático de la corrupción no sólo dentro de la CNDH, sino de las instituciones de justicia del Estado mexicano”, comentó al respecto Bertet para Los Ángeles Press, y advirtió que “mientras el tráfico de influencias sea la regla implícita en la elección del Ombudsman mexicano, las verdaderas víctimas seguirán indefensas y su sufrimiento será ignorado”.

Respecto a la posibilidad de que Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, se convierta en el sucesor de Plascencia como titular de la CNDH, Bertet expresó su preocupación: Simplemente por el hecho de que ese precandidato ya ejerce actualmente una función pública, y su candidatura es impulsada por el PRI, eso debería ser suficiente para descartarla. México merece que una institución del tamaño de la CNDH sea realmente independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, y no una puerta más para beneficiarse del tráfico de influencias”.

Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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Publicado en Los Ángeles press

Por Guadalupe Lizárraga

El 22 de agosto de 2014

Imagen tomada ante las instalaciones de la PGR para pedir que se investigue a Isabel Miranda Torres por las evidencias del falso secuestro Wallace publicadas en los medios. Foto: especial
Imagen tomada ante las instalaciones de la PGR para pedir que se investigue a Isabel Miranda Torres por las evidencias del falso secuestro Wallace publicadas en los medios. Foto: especial

Autoridades del Cefereso #12, en Guanajuato, han negado a Albert Castillo Cruz, inculpado del falso secuestro de Hugo Wallace, toda documentación jurídica que lo instruya sobre sus derechos, desde la Constitución Política hasta código penales, leyes de amparos, jurisprudencias y reformas judiciales. Así mismo, su correspondencia fue retrasada por más de nueve meses a su destinatario el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, como forma de represalia a la búsqueda de justicia después de que periodistas y activistas de derechos humanos han estado revelando la falsedad del secuestro y homicidio de Hugo Wallace, fabricado por su madre Isabel Miranda Torres.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, no pasaron sus llamadas el fin de semana para comunicarse con sus padres, como le corresponde periódicamente. El sábado, 16 de agosto,  Brenda Quevedo realizó tres intentos de llamadas desde el penal El Rincón, Tepic, Nayarit, y cortaban la llamada antes de transferirla a casa a de sus padres, quienes denunciaron que no es la primera vez que los dejan incomunicados, y al parecer nadie más de las compañeras internas de Quevedo tienen problemas con la comunicación telefónica.

Enriqueta Cruz, madre de Brenda, consideró la incomunicación de su hija como una represalia por sus declaraciones ante la Ministerio Público Lourdes López Lucho, el pasado 11 de agosto, cuando se le citó para que diera información sobre las evidencias publicadas por Los Ángeles Press y la revista Proceso, pese a que ella ya las había presentado desde marzo de 2014 ante el Juzgado 16 de Procesos Penales que lleva la causa 35/2006.

Cruz agregó que pondría una nueva queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Comisionado del Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que consideró que “ahora más que nunca, es importante estar en comunicación con su hija, una comunicación a la que tiene derecho”. Brenda Quevedo y Jacobo Tagle aún están en el proceso de desahogo de pruebas y no han sido sentenciados.

Albert Castillo, por su parte, en la misiva dirigida al titular del Poder Ejecutivo, escrita el 22 de noviembre de 2013 y entregada a sus familiares a mediados de agosto de 2014, reiteró la denuncia de que fue víctima de tortura bajo las órdenes de Isabel Miranda Torres, a quien señaló también como principal responsable de las inconsistencias del proceso fabricado en su contra y en contra de su hermano Tony, en el denominado “Caso Wallace”.

También denunció al Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, responsable directo de la tortura en el Cefereso No. 2 de Puente Grande, Jalisco, y mencionó asimismo el caso de tortura a Brenda Quevedo Cruz. Se trata del mismo ministerio público identificado por las demás víctimas de Isabel Miranda, que junto con el MP Oswaldo Jiménez Juárez y Fermín Ubaldo Díaz, participaron en las agresiones físicas contra César Freyre, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y Brenda Quevedo Cruz.

Albert Castillo decidió escribir a Peña Nieto, porque él y su hermano  Tony fueron sentenciados a 46 años de cárcel por el falso secuestro del hijo de Miranda Torres, y por presión mediática de ella, el juez incrementó la pena a 93 años de cárcel, pese a las graves irregularidades del proceso y sin que la parte acusadora hubiera presentado una sola prueba pericial consistente.

Las autoridades del penal donde se encuentra recluido Albert Castillo, le dijeron que ya no tenía nada que hacer en su defensa, por eso le negaron la documentación jurídica. Los hermanos Castillo Cruz cumplen condena desde 2006. Albert  fue capturado y torturado por Isabel Miranda y varios agentes ministeriales pertenecientes a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Tony se entregó voluntariamente con el propósito de aclarar la falsa acusación y sin temer por su vida. Sin embargo, el día que fue a declarar, no volvió a salir y fue internado en el Cefereso No. 3 de Matamoros, Tamaulipas.

Brenda Quevedo Cruz fue detenida desde 2007, en Estados Unidos, y deportada a México, donde fue torturada en dos ocasiones, una en el penal de Santiaguito, Estado de México, y otra en islas Marías.  “A parte de todo lo que ha padecido, siguen castigándole con la tortura psicológica”, atajó su madre Enriqueta Cruz.

 

Carta de Albert Castillo a Enrique Peña Nieto

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NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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Wallace delincuente