Las personas detenidas a menudo sufren “violencia grave y excesiva” durante su arresto y a veces se les somete a tortura para obtener confesiones, agregó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un contexto de militarización de la seguridad pública, la detención arbitraria sigue siendo “práctica generalizada” en México, ya sea en las cárceles o en los centros de detención migratoria; concluyó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.
A menudo, las personas detenidas sufren “violencia grave y excesiva” durante su arresto, y a veces son sometidas a sesiones de tortura para obtener confesiones, agregó el grupo de expertos internacionales.
Tras sus observaciones sobre la situación de las personas encarceladas en el país, los especialistas expresaron su preocupación por las “presiones” que ejerce el Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial, por ejemplo, mediante el recorte presupuestario o el señalamiento de jueces que emitieron decisiones en sentido contrario a las políticas del gobierno.
Asimismo, reiteraron su exigencia al gobierno de que abandone la práctica de la prisión preventiva oficiosa, que rompe con las obligaciones internacionales a las que se comprometió el Estado mexicano.
“Llamamos a las autoridades de México a remover esa figura; las leyes internas no pueden usarse para evitar las obligaciones internacionales que México ha firmado; es una violación a los derechos humanos”, exhortó el experto Matthew Gillett en respuesta a una pregunta de Proceso.
Aplicada en la actualidad a casi 45 mil personas –de un total de 230 mil personas encarceladas en México–, la prisión preventiva oficiosa es una práctica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado ilegal, pero que el presidente López Obrador defiende como parte fundamental de su política de seguridad.
Su permanencia, e incluso su ampliación a otros delitos durante el sexenio actual, socava múltiples derechos, aseveraron los expertos en un informe preliminar que presentaron este viernes 29, después de dos semanas de estancia en México.
Arbitrariedad y militarización
En conferencia de prensa, tres expertos del grupo internacional deploraron que la arbitrariedad ocurra en muchas partes del proceso de privación de la libertad, a la par de la que existencia de enormes obstáculos para hacer valer los derechos, por ejemplo, mediante la presentación de juicios de amparo. “Los que nos impactó fue la cantidad de instancias donde ocurren las arbitrariedades”, se alarmó Gillett.
De hecho, en la enorme mayoría de los casos, el hecho de que se reconozca una detención arbitraria no cambia en nada la situación, puesto que, según el documento, en la Ciudad de México, en 83.5% de los casos en que el juez señaló que hubo detención arbitraria, la persona permaneció privada de su libertad.
En su informe preliminar, producto de reuniones con autoridades, organizaciones civiles y con 173 personas detenidas –en una gira donde tuvieron un “acceso irrestricto” a los recintos–, los expertos observaron que el despliegue de más de 100 mil soldados en las tareas de seguridad pública ha acarreado un “aumento de la violencia contra las personas detenidas, en las las desapariciones y en los homicidios”.
“Las personas detenidas por personal militar con frecuencia fueron sometidas a graves actos de violencia y tortura, incluidas golpizas con objetos extraños”, denunciaron, y agregaron que, “aunque se informó que las detenciones arbitrarias cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina han disminuido, 60 de las 240 denuncias de detención arbitraria de 2018 a 2023 siguen sin resolverse.”
Aunque reconocieron algunos avances para combatir la arbitrariedad –como la casi desaparición del arraigo–, los expertos advirtieron sobre algunas prácticas violatorias de derechos humanos, como el no contar el tiempo bajo custodia policial como parte del plazo de 48 horas para que un detenido sea presentado ante un juez, o el abuso del concepto de “flagrancia” para llevar a cabo arrestos sin órdenes de aprehensión, o la siembra de delitos.
Los expertos también apuntaron que muchas personas son detenidas en México sin que queden anotaciones en el Registro Nacional de Detenciones, una herramienta lanzada en 2019 para evitar detenciones arbitrarias: determinaron que ni las personas migrantes ni varias de las personas detenidas por soldados –de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional– aparecen en esa base de datos.
Cárceles sobrepobladas
De manera general, los expertos observaron que la sobrepoblación de las cárceles en México proviene en parte de la política antidrogas que se aplica desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que criminaliza como narcomenudeo la posesión de sustancias.
En el interior de los centros de detención –carcelarios y migratorios–, los expertos recabaron denuncias sobre prácticas de corrupción, falta de atención médica, desabasto de medicamentos, alimentación inadecuada y condiciones inhumanas para dormir; a esto se agregan casos en que los reclusos no pueden salir de sus bloques o son sancionados mediante prácticas de aislamiento.
En materia migratoria, los expertos se alarmaron de que 240 mil extranjeros fueron detenidos en el primer semestre de 2023 y muchos de ellos por más tiempo del plazo legal de 36 horas. El año pasado, más de 126 mil niños migrantes fueron arrestados, y la mayoría fue privada de su libertad, bajo la supervisión del DIF.
Reiteraron que, ante el incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, donde murieron 40 personas y muchas más resultaron heridas, “el Grupo de Trabajo enfatiza que las personas migrantes no deben ser mantenidas a puertas cerradas y deben tener acceso a las áreas al aire libre”.
Este es una crónica de como, desde el 2005, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un actor relevante para la fabricación del Caso Wallace que mantiene a seis personas sin sentencia firme en la cárcel
Por: Salvador Leyva Morelos*
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) ha jugado un papel importante en la fabricación del “Caso Wallace”, por el cual siguen presas seis personas sin sentencia firme. En los próximos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver el Amparo Directo presentado por Juana Hilda. El más alto tribunal del país tiene en sus manos la oportunidad de “desfabricar” uno de los casos que más polémica y atención han generado en la historia reciente de la sociedad mexicana y, con ello, resarcir en cierta medida a las víctimas de una injusticia que ha perdurado por más de 18 años.
La participación de la Fiscalía CDMX inició desde la madrugada del 13 de julio de 2005, cuando Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de María Isabel Miranda Torres, denunció la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, e inició la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07. Desde entonces esta investigación fue y es una herramienta a disposición de Isabel Miranda, para enmendar el guion de la fabricación del supuesto secuestro y homicidio de su hijo que se ha seguido en instancias federales desde hace más de 17 años.
En la investigación radicada en la Fiscalía CDMX desde julio de 2005, que sigue abierta hasta hoy, se encuentran piezas clave que son necesarias para la “desfabricación” del Caso Wallace. Esta documentación debería estar en las manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a resolver el Amparo Directo 26/2022 presentado por Juana Hilda González Lomelí, y esclarecer en la medida de lo posible todas las irregularidades cometidas durante la investigación del supuesto secuestro y homicidio.
Desgraciadamente y a pesar de contar con dos sentencias federales a su favor, la Fiscalía CDMX, hoy a cargo de Ernestina Godoy Ramos, se niega desde hace un año a garantizar el acceso a la investigación FBJ/BJ2T3/1635/05-07 a Juana Hilda. Esta situación nos obliga a plantearnos varios cuestionamientos, dentro de los cuales destacan: ¿por qué la Fiscalía CDMX sigue empeñada en encubrir la fabricación del caso? ¿por qué Isabel Miranda tiene tanto temor de que Juana Hilda tenga acceso al expediente integrado por la Fiscalía CDMX?
La averiguación previa iniciada en la Fiscalía CDMX podría contener la respuesta a varias interrogantes que rodean el caso como el cambio en las declaraciones de testigos fundamentales para la fabricación o la renta del departamento en Perugino 6.
Horas antes de la denuncia de Abraham Pedraza ante la Fiscalía CDMX, José Enrique del Socorro Wallace denunció también la desaparición de Hugo Alberto ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros (UEIS) de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), dando inicio a la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/146/2005.
Inusualmente, desde el 13 de julio de 2005 se iniciaron y mantuvieron abiertas investigaciones en ambos fueros (federal y local) por un mismo hecho: la desaparición de Hugo Alberto. Una posible explicación de esta circunstancia se debería a cómo la investigación en la Fiscalía CDMX se ha utilizado para coaccionar testigos cruciales en el caso, iniciándoles investigaciones por el delito de falsedad, dentro de la propia carpeta.
Uno de varios ejemplos es el caso de una de las vecinas del edificio en Perugino 6, lugar donde habrían secuestrado y matado a Hugo Alberto.
El 15 de julio de 2005 la vecina declaró ante la PGR y negó haber escuchado o visto nada relacionado con el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto. También declaró que su hijo, quien -de acuerdo con las declaraciones de Isabel Miranda y sus familiares- fue quien les dijo que escuchó disparos y vio cómo dos sujetos bajaban a otro sangrando por las escaleras del edificio, ni siquiera estuvo en el departamento durante el tiempo que se supone ocurrieron los hechos.
El 12 de noviembre de 2005 acudió nuevamente ante el Ministerio Público, donde fue objeto de cuestionamientos hechos por Braulio Robles Zúñiga, agente de la SEIDO, pero la vecina sostuvo su declaración anterior.
Tres meses después, el 2 de febrero de 2006 (seis días antes de la confesión de Juana Hilda ante la SEIDO) la vecina declaró ante la FGJCDMX, en la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07, con una pequeña diferencia, esta investigación tiene la nomenclatura FBJ/BJ2T3/1635/05-07-D, integrada por el delito de “FALSEDAD”, en la que ella declaró como investigada. Esta declaración culminó a las 20:30. Horas después, el 3 de febrero de 2006 declaró nuevamente y de forma similar en la averiguación previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07, es decir, la relacionada directamente con la desaparición de Hugo Alberto. Esta declaración terminó a las 04:00.
Para justificar el cambio en la declaración, se usó el argumento del miedo a las amenazas que César Freyre (otro de los señalados como responsable del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto) le habría hecho. Lo que no pudieron justificar, es por qué el hermano de Isabel Miranda, Roberto Miranda Torres, la presionó e incluso lesionó para que se presentase ante la Fiscalía CDMX a retractarse de sus declaraciones anteriores y emitir una distinta, esta vez, una apegada al guion que se utilizaría para la confesión que obtendrían de Juana Hilda elementos de la SEIDO seis días después bajo coerción y tortura.
La semana siguiente a la confesión de Juana Hilda, el 14 de febrero de 2006, la vecina declaró ante la Fiscalía CDMX por última vez, hasta donde se tiene conocimiento. Reiteró que la “verdad de lo sucedido” es lo que declaró el 3 de febrero y aportó nuevos detalles que no había dado antes pero que, curiosamente, aparecen en la confesión de Juana Hilda de 8 de febrero de 2006.
Durante el juicio, la defensa ofreció dos veces la ampliación de la declaración de la vecina. Esto hubiera permitido corroborar o no las supuestas amenazas o la coerción de las que fue objeto para cambiar su declaración. Sin embargo, el Juzgado no la pudo localizar durante meses por lo que la defensa se tuvo que desistir de la prueba y la vecina nunca se presentó a declarar en juicio.
Las declaraciones cambiadas de la vecina, y otros testimonios cruciales rendidos ante la Fiscalía CDMX, cruciales en la fabricación del caso, los recibió la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dos días antes de ejercer la acción penal y someter el caso a juicio. Pareciera entonces, que para la PGR los testimonios cambiados repentinamente en la fiscalía local eran pieza importante para intentar sostener el guion de la fabricación en juicio.
Se insiste, en un país donde las instituciones encargadas de investigar delitos se pelean por disminuir sus cargas de trabajo, delegándolo a otras instituciones, llama mucho la atención que en este caso tanto la PGR como la Fiscalía CDMX hayan integrado una investigación por los mismos hechos.
La insistencia de la Fiscalía CDMX en mantener abierta la investigación, a pesar de que sabía que esta se estaba llevando a cabo a nivel federal, se ejemplifica con el hecho de que, a ocho meses de iniciada la investigación por la PGR, y a un mes de que la consignase ante un juez, la Fiscalía CDMX continuó intentando acceder a la averiguación previa federal, sin éxito.
Estos intentos llegaron al extremo de que el entonces Subprocurador Renato Sales Heredia solicitó directamente al entonces Procurador General de la República interviniera a su favor para la expedición de unas copias.
La carrera de este funcionario será acompañada por Isabel Miranda en los siguientes años, cuando se convierta en el primer Coordinador Nacional Antisecuestro y al poco tiempo en Comisionado Nacional de Seguridad, al punto de ser señalado por algunas de las víctimas, como su cómplice en las torturas de las que han sido objeto.
En abril de 2006 la PGR ejerció acción penal en contra de Juana Hilda, César, Albert, Tony, Brenda, y Jacobo por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Han pasado más de 17 años desde que inició el juicio, sin embargo, la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07 a cargo de la Fiscalía CDMX, que se instruye en contra de (hasta donde se tiene conocimiento) Juana Hilda y César, continúa abierta.
En septiembre de 2022 Juana Hilda solicitó a la Fiscalía CDMX copias simples de la averiguación previa instruida en su contra, y designó a las personas que integrarían su defensa, pero la Fiscalía se negó a acordar favorablemente su solicitud. Juana Hilda presentó una demanda de amparo contra la Ministerio Público a cargo de la Averiguación.
El 22 de diciembre de 2022 la Jueza Federal Rosa María Cervantes Mejía le otorgó a Juana Hilda el amparo que obligaba a la Ministerio Público de la Fiscalía CDMX a otorgarle copias de la averiguación y tener por designadas a las personas que nombró como sus representantes. Al recibir la sentencia federal, el 26 de diciembre de 2022 la Ministerio Público ordenó la expedición de copias de la averiguación previa, y tuvo por designados a los profesionistas nombrados por Juana Hilda.
El 3 de enero de 2023, a pesar de que ya se había dictado sentencia, Isabel Miranda solicitó a la Jueza Cervantes el reconocimiento de tercero interesada en el amparo presentado por Juana Hilda. La Jueza lo negó puesto que el juicio ya había sido resuelto. Convenientemente, tres días después, el 6 de enero de 2023, la Ministerio Público a cargo de la investigación contra Juana Hilda, quien ya había autorizado las copias y fijado fecha para su entrega, emitió un nuevo acuerdo en la carpeta, con el que dejó sin efectos la expedición de las copias y la designación de la defensa, puesto que, por instrucciones de su superior, presentaría recurso de revisión en contra de la sentencia.
Tanto el Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado como la Ministerio Público de la Fiscalía CDMX recurrieron la sentencia. El 3 de agosto de 2023 el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió el Amparo en revisión y ordenó reponer el juicio, en la medida de que se debía hacer comparecer a Isabel Miranda como tercera interesada.
La Jueza Cervantes acató la resolución del Tribunal Colegiado, emplazó a Isabel Miranda, y el 8 de septiembre pasado emitió una nueva sentencia en la que concedió por segunda ocasión, el amparo a Juana Hilda. La Jueza, por segunda ocasión, ordenó a la Ministerio Público de la Fiscalía CDMX otorgar copias de la averiguación y tener por designadas a las personas que nombró Juana Hilda como sus representantes. Como era de esperarse de una persona que ha empleado todos los medios para retrasar los procesos judiciales que le son adversos, la semana pasada Isabel Miranda interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de la Jueza Cervantes.
Este recurso pone en riesgo la posibilidad de acceder a tiempo a la documentación que obra en la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07, que contiene información imprescindible para la “desfabricación” del caso que inevitablemente hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Juana Hilda.
En su recurso de revisión, la propia agente del Ministerio Público de la Agencia de Investigación de Secuestro “B” adscrita a la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que elementos de dicha fiscalía estuvieron presentes en la casa de arraigo y recabaron la declaración de Juana Hilda el 8 de febrero de 2006.
Esto corrobora la versión de Juana Hilda de cómo fue presionada y torturada para confesar su participación y la de sus cinco co-enjuiciados en el supuesto secuestro de Hugo Alberto. En particular, Juana Hilda expresó ante el Juez, durante su primera declaración judicial, que una de las amenazas que le hicieron en repetidas ocasiones los agentes de la SEIDO Fermín Ubaldo y Braulio Robles, era que, si no confesaba, los agentes de la Policía Ministerial de la Ciudad de México se la llevarían.
La Fiscal Ernestina Godoy busca reelegirse porque la Ciudad de México se merece una fiscalía distinta, al servicio de la gente. Para Juana Hilda, Brenda y los demás inculpados, esta fiscalía no ha sido distinta a la de Bernardo Bátiz ni a la de sus sucesores.
Es la misma fiscalía que durante casi 18 años ha ocultado información que podría ser indispensable para el esclarecimiento de los hechos y su libertad. Es la misma fiscalía que desde hace más de un año se ha negado a investigar a Isabel Miranda y a la empresa Showcase por la colocación de los espectaculares que violan sus derechos humanos.
Si la Fiscal Ernestina Godoy quiere demostrar que, por lo menos en este caso, es una fiscalía distinta, puede, en un acto unilateral de buena fe y transparencia, enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente íntegro de la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07 para que pueda resolver el Amparo Directo 26/2022. La Suprema Corte debe contar con todos los elementos necesarios para “desfabricar” el caso, impartir justicia, y garantizar el derecho a la verdad de todas las personas involucradas y de la sociedad en general, y el tiempo apremia.
*El autor de esta columna es abogado defensor de Derechos Humanos y ex titular de la Secretaría Técnica del Instituto de la Defensoría Pública
El experto legal destacó que hay más de 90 mil personas privadas de su libertad sin sentencia y bajo prisión preventiva oficiosa en México.
El experto legal destacó que hay más de 90 mil personas privadas de su libertad sin sentencia y bajo prisión preventiva oficiosa en México.
Durante una entrevista en ‘Aristegui en Vivo’, Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, expresó su preocupación por el aumento de las detenciones arbitrarias en México, comparadas con la evaluación realizada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en el año 2002.
Señaló que, a pesar de que han transcurrido 20 años, en lugar de mejorar la situación, empeoró, observando que prácticas como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y las detenciones en estaciones migratorias contribuyen a estas detenciones arbitrarias.
Dijo que acuerdo con datos del INEGI, cerca de 90 mil personas se encuentran sin sentencia en las diferentes prisiones del país, y el 50% de éstas personas se encuentran en prisión preventiva oficiosa.
Foto: Cuartoscuro
“La propia encuesta de población privada de la libertad del 2021, señalaba que 43% de las personas en prisión, señalaban haber sido falsamente acusadas y un 23% que habían sido detenidas sin un mandamiento oficial en la calle“, expresó.
Hernández León subrayó que estas cifras revelan “un problema estructural y sistemático” en el sistema de justicia penal mexicano que necesita ser abordado de manera urgente.
También señaló la falta de avances significativos en las reformas legales y constitucionales necesarias para resolver esta cuestión, así como la ausencia de incentivos políticos para impulsar cambios en este ámbito.
El experto además, dijo que pesar de los llamados y evaluaciones internacionales, casos como el de Brenda Quevedo, Verónica Razo y el caso García Rodríguez, que involucran la Corte Interamericana, no han recibido una respuesta adecuada del estado mexicano.
Lo mismo refirió sobre el caso de Israel Vallarta, quien continúa en prisión preventiva oficiosa desde hace 18 años, a pesar de las medidas contra la tortura y las medidas para recuperar la libertad que no se han logrado implementar.
Asimismo, mencionó el caso Reyes Alpízar y Atenco, de los que México “se encuentra en un impasse en cuanto al cumplimiento de capacitación y publicación de la sentencia”, con una discusión prevista para el próximo año en la Corte Interamericana.
Hernández León consideró que la detención arbitraria es una práctica generalizada en México, al igual que la tortura, observada en todos los niveles de gobierno, desde municipios hasta otros niveles.
Foto: Cuartoscuro
“Se puede decir que la detención arbitraria es una práctica generalizada en México, así como la tortura y es que se da en todos los ámbitos de gobierno, municipios y otros niveles de gobierno. Vemos con preocupación prácticas de detención por sospecha, que es un esquema discriminatorio, y afecta por ejemplo, a jovenes de distintos extractos sociales”, apuntó.
Estas detenciones, según el experto, son realizadas por diversas autoridades, incluyendo a la policía. al ejército y la Guardia Nacional, además de autoridades administrativas, como el Instituto Nacional de Migración, que no permite asistencia legal y retiene a personas en sus estaciones migratorias.
El experto enfatizó la necesidad de que el estado tome en serio sus compromisos internacionales y mencionó que aunque México participa en espacios de organismos internacionales, a menudo muestra resistenciaante las recomendaciones.
“La cancillería señala que no son vinculantes, no aceptan las recomendaciones. Ni la autoridad política ni la judicial. Los jueces de proceso penal, en casos donde es evidente que hay detención arbitraria, sin mandamientos, que hay cuestiones políticas y se violó el debido proceso”, manifestó el especialista.
Foto: Cuartoscuro
Hernández León destacó la falta de pautas claras de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería para implementar estas medidas, lo que resulta en una discrecionalidad en la atención de las recomendaciones.
Mencionó que aunque algunas recomendaciones se atendieron al inicio de esta administración, del presidente Andrés Manuel López Obrador, otras se han dejaron de lado y hubo inconsistencia en su implementación.
Finalmente, Hernández León dijo que tras la próxima visita de la ONU a algunas entidades federativas habrá una la presentación de conclusiones preliminares y en 2024 se presentará un informe, diagnóstico y recomendaciones, de las que se espera que el gobierno mexicano sea receptivo.
Eran los primeros meses de 2006 en la Ciudad de México, cuando en distintos espectaculares se anunciaban enormes fotografías con nombres de personas que supuestamente habían realizado un secuestro y asesinato. Todos ponían recompensas económicas “a quien los entregue”.
La persona que había colocado esos espectaculares parecía que contaba con recursos económicos, no solo por colocarlos en las principales arterias de la Ciudad de México, sino también contacto y poder con políticos. Nos referimos a María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Wallace, quien asegura que no se detendrá hasta, según ella, encontrar a los responsables del supuesto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto.
Los espectaculares fueron los primeros indicios de una historia punitiva, llena de corrupción, tortura, fabricación de pruebas y por supuesto de personas que han sido injustamente privadas de su libertad sin contar con sentencia. Nos referimos a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, los hermanos Tony y Albert Castillo Cruz y César Freyre.
Desde 2006 Brenda y su familia han sido perseguidas. En el 2013 Enriqueta, madre de Brenda Quevedo, se acercó a Mexiro A. C. En ese momento hablamos con la defensa de Brenda, y al leer la carpeta de investigación nos percatamos de las muchas inconsistencias del caso, pero también de las graves violaciones a los derechos humanos que habían pasado a lo largo de todos estos años, como dos torturas sexuales en dos penales distintos, la falta de alimentos y salud, y el uso de instituciones públicas que no dejan de abrazar un crimen fabricado.
La detención ilegal de Brenda sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, quien reforzó las políticas punitivas ya existentes, tales como la integración constitucional a la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) 1 para delitos considerados de “alto impacto social”, y el uso de las fuerzas armadas para medidas y acciones de seguridad pública.
La PPO fue reforzada discursivamente e institucionalmente con nuevas estrategias de “combate al crimen organizado” frente al alza de delitos, las cuales se caracterizaron por el uso de la fuerza, la militarización del espacio público, así como de las medidas de seguridad pública y el discurso de castigo contra quienes aparentemente pertenecían al crimen organizado, es decir, se violan derechos humanos con medidas legislativas del Estado sin ningún contrapeso.
A la par del Caso Brenda, en este periodo presidencial ocurrió un alza en el delito de secuestro y por tanto, un alza de personas aparentemente involucradas en la participación de los hechos. Magaloni, Magaloni y Razu (2018) consideran que bajo este contexto la tortura se institucionalizó como método de investigación criminal y como forma de confesión frente a autoridades policiales y ministeriales, pues el valor probatorio del testimonio tenía mayor peso que las dinámicas con las que se obtenía la información.
La tortura persigue fines políticos con la finalidad de inculpar a personas inocentes para legitimar políticas de Estado punitivas y militaristas. Como consecuencia de estas políticas han aumentado los niveles de violencia en detenciones, operativos de seguridad y medidas de investigación.
En el Caso Brenda se han documentado dos procesos de tortura sexual donde ha habido participación directa e indirecta de autoridades estatales, mismas que se encuentran descritas en el Protocolo de Estambul y han causado severos sufrimientos físicos y mentales a Brenda. 2
Este año, 2023, inició con una luz de esperanza para la familia Quevedo Cruz. El Instituto Federal de Defensoría Pública Federal (IFDP), quien lleva la defensa y representación del caso de Brenda Quevedo Cruz, ha desarrollado una estrategia de defensa emblemática mediante la interposición de diversos recursos y promoción de juicios de amparo con el propósito de que su proceso se lleve con estricto respeto y apego a los estándares nacionales e internacionales.
El 5 de enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso, lo cual resultó en una bocanada fresca de esperanza para Brenda, su familia, la representación legal, y por supuesto para las organizaciones que hemos acompañado estos años para exigir justicia.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, 26 de junio, desde Mexiro A. C. hemos realizado un amicus curiae dirigido a la CIDH con la finalidad de aportar elementos que puedan ser útiles para el acceso a la justicia para Brenda, donde retratamos la relación entre tortura sexual, corrupción y la prisión preventiva oficiosa como problemas estructurales que impiden el acceso a la justicia para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad sin ninguna sentencia. Invitamos a leerla en nuestras redes sociales acá, acá, acá y acá.
Brenda lleva 15 años en prisión por un crimen que no cometió, y en México persiste la corrupción, la tortura y una política punitiva como lo es la Prisión Preventiva Oficiosa, aún cuando se niegue estos problemas desde Palacio Nacional.
1 La prisión preventiva se impone a personas sin ser juzgadas o condenadas por un delito, debido a que buscan funcionar como medida para que se lleve a cabo la investigación de un delito mientras la persona inculpada se encuentra en prisión (Intersecta, 2022).
2 Esto no es un caso aislado, en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México realizado por la Secretaría de Gobernación donde se nuestra que siete de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso penal.
Hasta el momento hay cinco exmandos y exagentes de la PF procesados por el caso de los secuestradores detenidos que integraban la supuesta banda de “Los Zodiaco”
Silueta de Mary Vallarta frente a la lona donde se encuentra el rostro de su esposo.Foto: Archivo Cuartoscuro
La jueza Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Marcela Castro Núñez, dictó auto de formal prisión al exagente de la desaparecida Policía Federal, Maclovio «N», por su presunta participación en actos de tortura contra familiares de Israel Vallarta.
En su resolución, la impartidora de justicia consideró que había elementos suficientes para determinar la probable responsabilidad de dicho exfuncionario en el delito de tortura, preso por el mismo ilícito que el exbrazo derecho de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino.
Dicha persona sometida a proceso incurrió en probable acto de tortura en agravio de Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortés Vallarta; Eduardo y Ricardo Estrada Granados, durante el operativo donde fueron capturados el 27 de abril de 2012 en la colonia Carlos Hank González, de Iztapalapa.
Maclovio «N», permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, en Ocampo, Guanajuato, luego de haber sido detenido a principios de septiembre en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Hasta el momento hay cinco exmandos y exagentes de la PF procesados por el caso Vallarta.
El ex director de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, y el ex agente Ricardo Lozano Cuatzo se encuentran en el penal del Altiplano, Estado de México, mientras María Soledad Bonilla Tlaseca y Marisela García Toledo, también ex elementos de la Policía Federal, están internadas en el Cefereso Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos
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