El documental Bajo Tortura se exhibirá en esta edición del DOCS DF, como ganadores de la edición pasada de Doctubre, este SABADO 1 DE NOVIEMBRE EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO A LAS 8:30 PM.
En presencia de la autora del documental Cristina Juárez Zepeda.
¡Pasen la voz!
Sitio oficial de apoyo a Martín del Campo, culpable fabricado: aquí
Parece que se repite tantito el episodio de Genaro García Luna y sus casas millonarias…
Artículo publicado El Diario
El 18 de octubre del 2014
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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, estrenará una residencia en el Pedregal valuada en 20 millones de pesos.
La nueva casa del ombudsman se ubica en un predio de 795 metros cuadrados en el número 30 de la calle Xitle, en Jardines del Pedregal, adquirido en 2012 por su esposa, Adelita Deyanira Ortiz Kuri.
La escritura pública 2814, fechada el 16 de agosto de 2012 –inscrita en el Registro Público de la Propiedad del DF–, detalla que la operación fue por 5 millones 474 mil pesos.
Los nuevos propietarios demolieron la construcción que se encontraba ahí y levantaron una residencia de estilo contemporáneo con acabados en cantera blanca, desnivel para cochera, jardín trasero y tres pisos.
Según lo que se pudo observar en una visita hecha la semana pasada, aún hay albañiles trabajando en los últimos detalles.
La residencia del ombudsman tiene hoy en día un valor de mercado de al menos 20 millones de pesos, según las ofertas públicas de agencias inmobiliarias.
Dos ejemplos: una residencia de 650 metros cuadrados en la calle Agua es vendida en 18 millones 500 mil pesos, mientras que una casa de 738 metros cuadrados en la calle de Fuego cuesta 24 millones.
No existen registros de los bienes de Plascencia Villanueva al llegar a la CNDH, en noviembre de 2009, ni ahora que está a punto de concluir el periodo para el que fue electo.
En respuestas a solicitudes de información hechas bajo la Ley de Transparencia, la CNDH ha respondido que la situación patrimonial del ombudsman es clasificada como “información confidencial”.
Un balance de su gestión permite ver que, en el último lustro, la CNDH ha tenido más recursos, más personal y nuevas atribuciones legales, pero emite menos recomendaciones en proporción a las quejas que le llegan y su labor es menos efectiva.
#NoMasConPlascencia
#UnaCNDHconlasVíctimas
Artículo publicado en Criterio Hidalgo
Por Silvia Garduño
El 14 de octubre del 2014
Bajo la gestión de Raúl Plascencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha contratado entre su personal a gente cercana a políticos panistas y priístas.
Bajo la gestión de Raúl Plascencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha contratado entre su personal a gente cercana a políticos panistas y priístas. Al menos 15 funcionarios que laboran o han laborado en la CNDH durante la gestión de Plascencia vienen de estos partidos políticos que lo apoyaron en el proceso de elección de 2009.
Hannia Echeverría Cerisola, directora general del programa de trata de personas de la CNDH, fue colaboradora en el PAN del Distrito Federal de la senadora Mariana Gómez del Campo, una de las principales impulsoras de Plascencia al frente de la CNDH.
Carlos Zardaín Escudero, director del programa de atención a víctimas del delito, fue director jurídico del PAN-DF, cuando Gómez del Campo era la presidenta del Comité Directivo local.
El hermano de Mariana Gómez del Campo, Antonio Gómez del Campo, fue director general adjunto de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo en el primer año de la gestión de Plascencia.
Verónica Miranda Mondragón, directora de seguimiento con el Poder Legislativo de la Secretaría Técnica de la CNDH, es sobrina de Isabel Miranda de Wallace, candidata a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal por el PAN en 2012 y una de las principales promotoras de Plascencia durante el proceso de elección del ombudsman nacional en 2009.
Entre 2009 y 2010, Omeheira López Reyna, exdiputada federal del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, fungió como directora del programa de trata de personas de la CNDH.
Por parte del PRI, Javier Sepúlveda Amed, actual director del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, fue director general jurídico y exconsultor jurídico de Manlio Fabio Beltrones en el Senado.
Alicia Pavlovich Arellano, visitadora adjunta de la oficina de la CNDH en Nogales, es hermana de la senadora del PRI, Claudia Pavlovich Arellano.
En 2010, Ana Darbella Cas-tro Álvarez, hija de Fernando Castro Trenti, actual embajador de México en Argentina, se desempeñó como directora de análisis y divulgación de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH.
Hasta mayo de 2014, el excandidato del PVEM por el distrito VIII de Baja California, Manuel González Martínez, y cercano a Fernando Castro Trenti, se desempeñó como director general adjunto de formación y educación en derechos humanos de la Secretaría Técnica de la CNDH.
El actual dirigente de la CNC en Baja California, Francisco Javier Cital Camacho, fue director general adjunto de formación y educación en derechos humanos de la Secretaría Técnica de la CNDH, y, al igual que Daniel Romero Mejía, quien fungiera como tercer visitador del organismo, también es cercano a Castro Trenti.
Articulo publicado en la revista Proceso
Por Arturo Rodríguez García
Fecha: 8 de noviembre de 2013
Fue agredido a tiros por un superior con quien tenía una historia de rencillas personales. Salvó la vida pero no pudo poner fin al hostigamiento: ahora está preso, acusado de insubordinación y agresión. En realidad el fondo de la trama es otro: el teniente Mendoza fue quien denunció en las páginas de este semanario que el operativo calderonista contra Luz y Fuerza del Centro lo realizaron militares disfrazados de policías federales… Además, él y otros de sus compañeros de armas han sostenido una larga lucha por eliminar el fuero militar –fuente de numerosas violaciones a los derechos humanos– y participa en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
La tarde del 19 de septiembre de 2012 el teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez fue a la primaria del Instituto Educativo Las Américas, en Naucalpan, para saludar a su hijo. Ahí, frente al pequeño y sus compañeros, maestros y padres de familia, el militar fue atacado a tiros.
Desde hacía meses se quejaba de que el concubino de su expareja, el coronel de justicia militar José Raúl Celedón Lamas, le impedía ver a su hijo. La jerarquía era el argumento: Mendoza tenía que obedecer.
Ese 19 de septiembre, hacia las 2:30 de la tarde, cuando cientos de padres convergen en la caótica hora pico, Mendoza llegó a la escuela donde se encontró con Celedón. Sin mucha puntería el coronel disparó al menos cinco veces. Sólo dos tiros impactaron al teniente: uno en el costado izquierdo y otro en la espalda.
Entre la muchedumbre aterrorizada se escuchaban los gritos acusadores: “¡Fue el pelón, fue el pelón!”, decían y señalaban al agresor.
Según la primera declaración de los testigos (Vivian Prieto y Juan Manuel Samperio, en cuyo automóvil hubo impactos de bala), el teniente pedía clemencia mientras el coronel seguía disparando. Herido, Mendoza se arrastró hasta quedar junto a la pared del deportivo El Huizachal, donde unos soldados lo subieron a una camioneta para llevarlo al Hospital Militar.
Tenía perforado el pulmón derecho
Celedón huyó con el hijo del teniente y seis horas después se entregó a la justicia militar, ante la que dio una versión distinta: que había sido él quien resultó agredido –“a cabezazos”–, por lo que respondió a tiros en “legítima defensa”. A esa hora, en el lugar del tiroteo ya no quedaban ni los casquillos percutidos. Además acusó al teniente de insubordinación.
Mendoza estuvo internado varias semanas en el Hospital General Militar.
Cuando estaba a punto de ser dado de alta, oficiales de la Policía Judicial Federal Militar irrumpieron en el nosocomio, lo arrestaron y se lo llevaron a la prisión del Campo Militar Número Uno, donde permanece hasta ahora.
La justicia castrense desestimó las lesiones por arma de fuego y la justicia civil no se quiso hacer cargo de la denuncia por intento de homicidio interpuesta contra el coronel, que está libre y en funciones en la sede judicial militar de Mazatlán, mientras que por el supuesto cabezazo el teniente está preso, acusado de “insubordinación en vías de hecho causando lesiones al superior”.
Cuando ocurrieron los hechos, ninguno de los dos iba uniformado –no forman parte de la misma área ni tienen relación directa de supra-subordinación–, estaban fuera de servicio en una zona de civiles y no en instalaciones castrenses.
Con todo, los jueces militares y un juzgado constitucional le negaron a Mendoza Pérez la petición de llevar su causa al fuero civil, quien desde hace años ha sido un activo promotor de la erradicación del fuero militar, por considerarlo una medida injusta que favorece las violaciones a los derechos humanos.
Marchaba por la paz
Un año antes del tiroteo, el teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez se había sumado al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), surgido a instancias del poeta Javier Sicilia y de familiares de víctimas de la violencia desatada durante el sexenio de Felipe Calderón.
Indignados, varios oficiales del Ejército y la Marina denunciaban abusos de la justicia castrense, a la que acusaban de propiciar la vulneración de derechos humanos de civiles y militares por igual.
A Mendoza y otros de sus compañeros en activo se les veía marchando junto con integrantes de dicho movimiento, enviaban oficios a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los titulares de los tres poderes y participaban en foros y audiencias de la Cámara de Diputados para pedir una reforma al fuero militar.
Por ejemplo, el 26 de junio de 2012 el MPJD peregrinó a la Basílica de Guadalupe, donde el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ofició una misa. El teniente y sus compañeros, en procesión, ingresaron al templo del brazo de familiares de víctimas de militares.
Para entonces el teniente había hecho público su testimonio como comandante de un batallón: reveló que el 19 de octubre de 2009 miles de militares fueron disfrazados de policías federales para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), extinguida esa noche por decreto de Calderón.
El testimonio fue dado a conocer por Proceso en su edición 1841, del 12 de febrero de 2012. En la entrevista con este semanario Mendoza explicó que le habían fincado el delito de abandono de funciones. Él había cuestionado en diferentes ocasiones el operativo de custodia de LFC, pues aseguraba que sus soldados estaban en condiciones infrahumanas, con órdenes de no dejar entrar a trabajadores y mantener en secreto su condición de militares.
“La verdad, lo único que hacían (los trabajadores) era que iban y colocaban sus mantas. Yo nunca vi que hubiera violencia ni agresiones como para mandarnos, pues aunque desarmados, somos soldados de armas. Ellos (los trabajadores) exigían lo que les correspondía, pues. Nunca nos agredieron”, dijo a este semanario esa vez.
También relató su primer desencuentro con el coronel Celedón cuando en mayo de 2010 acudió a ver a su hijo a una unidad habitacional militar de Irapuato y fue retenido en el acceso por la Policía Militar. Afirmó que esa orden provino del coronel, quien lo amenazó con acusarlo de insubordinación si intentaba ir otra vez a ver al niño. De todas maneras quedó acusado.
“Le dije que era una violación a mis derechos, pues en todo caso se trataba de un asunto familiar y yo tenía derecho de visita y convivencia con el niño. Pero así es en el Ejército: deciden hasta en derecho de familia”, explicó entonces.
Casos y testimonios aparte, los militares y marinos que participaban en el MPJD, con Mendoza incluido, tenían una serie de exigencias: transparentar el destino de las nóminas retenidas a militares en juicio, investigar la cadena de mando en las acusaciones por muerte o agresión a civiles, erradicar el fuero militar y crear un tribunal especial (similar al electoral) integrado por jueces y magistrados civiles.
El desamparo
Concluida su convalecencia en el Hospital General Militar, el teniente quedó preso. Se le abrió la causa penal 462/2012 y el 26 de noviembre de 2012 el Juzgado Primero Militar adscrito a la I Región le dictó formal prisión, lo que quedó confirmado el pasado 8 de abril por el Tribunal Superior de Justicia Militar.
La denuncia del teniente por “intento de homicidio” –interpuesta contra Celedón– fue archivada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y el coronel quedó libre, enfrentando sólo un cargo en el sistema judicial militar por abuso de autoridad simple; es decir, sin tener en cuenta los disparos.
Conforme a los autos asentados en el juicio de amparo 463/2013-IX-B, del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el teniente rechazó haber cometido el delito que se le imputa.
Luego de que el coronel Celedón le prohibiera visitar a su hijo en su domicilio, Mendoza solía visitarlo a la salida de la escuela. Conforme a los antecedentes expuestos en la demanda de amparo, no existe ninguna orden que impidiera que Mendoza visitara a su hijo, lo que fue corroborado en la declaración testimonial de su exmujer, la capitana Maribel Vázquez Vélez.
En el juicio de amparo Mendoza probó que el día de los hechos no estaban en servicio el coronel ni él mismo, que todo ocurrió fuera de instalaciones militares y que si bien Celedón tiene mayor grado, sus respectivas áreas de trabajo no se relacionan ni él se encontraba bajo el mando orgánico del coronel, razón por la cual no es posible que se haya insubordinado.
Subrayó que Celedón utilizó un arma de fuego en zona de civiles sin estar en funciones militares ni tener participación en operación alguna, y realizó más de cinco disparos que, según el coronel, hizo en legítima defensa.
Los testigos civiles corroboraron que el agresor fue el coronel, a quien Mendoza acusó por homicidio en grado de tentativa ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público, Mesa II, del fuero común, que hasta ahora no ha consignado el expediente.
En el juicio de amparo, Mendoza argumentó que el asunto debía ser tratado en el fuero común. Esgrimió la tesis aislada 313 404, tomo XXXVIII, de 1933, donde se establece que si un militar fuera de servicio mata a otro, el delito es competencia del fuero común. A ésta se añadieron 11 tesis resueltas en años recientes para exigir el proceso en el fuero común.
Durante el juicio Celedón se contradijo. Por ejemplo, en una primera declaración sostuvo que fue agredido y para defenderse sacó su arma y disparó, pero se le encasquilló, así que siguió jalando el gatillo y hasta cuando vio al teniente herido se dio cuenta de que era el padre del menor.
En una segunda declaración afirmó que vio llegar al teniente, quien se dirigió a él para agredirlo, por lo que debió disparar en legítima defensa.
No obstante, los testigos confirmaron que fue el coronel quien inició la agresión; unos dicen que a cabezazos y otros que ambos manotearon, tras lo cual el coronel sacó su arma y disparó.
Para el juzgado y el tribunal castrenses el delito de insubordinación se configuró en los hechos del 19 de septiembre pues ambos son militares –hayan estado en servicio o no– y Mendoza conocía el grado de Celedón, a quien le causó lesiones con el supuesto cabezazo.
La justicia militar dio por buena la denuncia por insubordinación en vías de hecho causando lesiones al superior, aunque durante el juicio no se acreditó ninguna lesión provocada por el teniente.
Con sus argumentos, Mendoza pretendía demostrar que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, así como disposiciones de tratados internacionales suscritos por México; sin embargo, se le negó el amparo, con lo que se confirmó el auto de formal prisión con el mismo argumento: el teniente conocía la graduación de Celedón.
Y preso se queda
Marcos Gerardo Mendoza fue juzgado por el general Rogelio Rodríguez Correa, quien –afirma el teniente– es compañero del agresor.
Rodríguez Correa ya había encausado al teniente Mendoza en 2011 tras la otra acusación por faltas a la disciplina militar hecha por Celedón la primera vez que se opuso a que el teniente viera a su hijo. Además el coronel fue titular del Juzgado Sexto Militar, donde se radicó la causa contra el teniente; ésta se sumó a la número 426/2012. En dicho juzgado permanece el secretario de acuerdos que sirvió también durante la titularidad de Celedón en esa instancia.
El general Rodríguez, uno de los altos mandos supuestamente dedicados a promover los derechos humanos en las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Calderón, se ha visto envuelto en diferentes casos polémicos; entre ellos el juicio a los soldados que violaron a 14 mujeres en Castaños, Coahuila, en julio de 2006, cuya sentencia (demasiado leve) fue criticada por defensores de los derechos humanos.
El recurso que intentó interponer Mendoza se radicó en el Juzgado Primero de Amparo en Materia Penal, cuya titular es la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, envuelta con frecuencia en controversias por sus fallos.
Robledo amparó al narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, el pasado julio; en 2008 al líder textilero Fermín Lara Jiménez, acusado de fraude a Bacomext por más de 40 millones de dólares; en 2006 al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo contra una orden de extradición y, en 2005, a Osiel Cárdenas Guillén, capo que lideró el Cártel del Golfo.
Pero a Mendoza le negó el amparo. La defensa del teniente hace dos observaciones: la juez difirió cinco veces la audiencia, dando tiempo a que se resolviera el caso de abuso de autoridad contra Celedón en el fuero militar, y desoyó el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de septiembre de 2012, el cual establece que los delitos del orden común cometidos entre militares deben procesarse por la justicia civil.
Con todo, para la justicia castrense y para Robledo Magaña –según sus respectivas argumentaciones–, si bien los hechos analizados pudieron derivar de cuestiones personales, el teniente Mendoza trastocó y lesionó la disciplina castrense, lo que es constitutivo de delito en ese fuero, por lo cual debe permanecer preso.
Los responsables de este lamentable suceso están debidamente identificados, además son repudiados por un amplio sector de la población.
Artículo publicado en Proceso
El 2 de octubre de 2014
A 22 meses de su liberación, luego de permanecer siete años en prisión acusada de secuestro, Florence Cassez decidió que ya era hora de saldar cuentas con los protagonistas del infierno que vivió en México y presentó una denuncia en los tribunales franceses por su detención ilegal.
Según las agencias internaciones que recogieron el hecho, la querella fue promovida el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía parisina; en ella no responsabiliza a ninguna persona en particular, pero busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto, el 8 de diciembre de 2005. En el juicio que enfrentó dichas personas están claramente identificadas. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y su brazo derecho, el exsubsecretario Luis Cárdenas Palomino.
Incluso, la propia Corte dejó en claro que su arresto fue un montaje para Televisa, particularmente para su conductor estrella Carlos Loret de Mola.
Luego de permanecer siete años en prisión, Cassez apeló la sentencia y el 23 de enero de 2013 la SCJN la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa por tres votos contra dos.
El argumento central fue que el montaje televisivo de su detención “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión” ante la justicia mexicana.
Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. Sólo fijaron su postura sobre si se violaron sus derechos humanos y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.
Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo “liso y llano”, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron “tan graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso”. En contra votaron José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo.
Florence Marie Louise Cassez Crepin llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.
Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, que quedó al descubierto en febrero de 2006.
La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. En marzo de 2012 la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.
Durante su administración, el expresidente francés Nicolas Sarkozy presionó al gobierno mexicano, que encabezaba el panista Felipe Calderón, para que Florence Cassez cumpliera su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).
Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.
La “reconciliación” entre ambos países se materializó en abril pasado, en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó, junto al mexicano Enrique Peña Nieto, la voluntad de abrir una “nueva página” a través de una “cooperación excepcional” en una amplia gama de sectores.
Artículo publicado en SDP Noticias
Por Manuel Alejandro Vázquez Flores
El 3 de octubre de 2014
El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”.
Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de lo que la ley le exige incurre en una grave violación al “Debido Proceso”, lo que quiere decir que incumple flagrantemente con el mandato de la ley.
El día de ayer nos desayunamos con la noticia de que la ciudadana de origen francés Florence Cassez, conocida por el denominado «juicio del siglo» como bien lo intituló el Dr. Luis de la Barreda, tras un encarcelamiento que compurgó durante siete largos años en México y, que culminara después de una oleada de múltiples acontecimientos y cuestiones mediáticas tanto a favor como en contra, en su libertad absoluta en enero de 2013, reapareció el día de ayer tras interponer una denuncia formal en París por «detención y encarcelamiento ilegales».
Florence «pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años», y no debemos omitir en ningún momento que el único culpable conforme a derecho de la violación de los derechos constitucionales de Cassez en su momento, es el desaparecido ex Secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, personaje polémico del sexenio calderonista que se le caracterizó además de los montajes, por los presuntos vínculos con la delincuencia organizada, como también se encuentra documentado y sustentado por medio del semanario Proceso, pero que para que pueda estarse en posibilidad de prosperar tal acción legal que ya realiza la ciudadana francesa, bien debe acudir ante la justicia mexicana, es decir, regresar a nuestro país, ahora revertiendo la situación, tal y como esa «ley del boomerang» como denunciante, e insisto, en contra del ex funcionario, que se encuentra hasta este momento sin saberse nada sobre su paradero oficial.
Retomando un poco el análisis de este controvertido caso, Francia, en su momento recurrió a la Convención Sobre Traslado de Personas Condenadas firmada en Estrasburgo en 1983 de la cual México también es parte y que tiene por objeto “que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen”, y en consecuencia, fue solicitado el traslado de Florence Cassez a Francia, insisto, tomando como base legal la presente convención, para cumplir su sentencia en dicho país; sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón se negó a tal acción, por todas las presiones que existían en ese momento, así como también para encubrir a García Luna, violando flagrantemente los términos de esta Convención Internacional, que dicho sea de paso, es de rango y observancia constitucional, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eleva como derecho fundamental la garantía o derecho humano de “debido proceso legal”; es decir, ser sometido a juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”; desde entonces, incluso antes de ser procesada, Cassez quedó estigmatizada. En febrero de 2006, las autoridades tuvieron que reconocer que las imágenes televisadas “no correspondían ni a la realidad ni a un rescate en vivo”.
En el caso Cassez, el propio montaje ocurrido, en efecto, fue una violación al “Debido Proceso”, los artículos 14 (formalidades esenciales del procedimiento) y 16 párrafo cuarto, dentro de los requisitos formales de legalidad que exigen los dispositivos constitucionales de nuestra Carta Magna fueron a todas luces quebrantados en perjuicio tanto de la francesa como de Israel Vallarta, dos de sus hermanos y tres sobrinos de este último, quienes siguen recluidos ilegalmente y aún sin sentencia.
El presente asunto, dejó de ser un caso de secuestro para convertirse en una controversia a todas luces política, donde las autoridades no podían desprestigiarse más a sí mismas, toda la atención que habían volcado en Cassez era ahora su mayor enemiga.
Tras siete años se cerró un caso, mismo que se solucionó “al estilo mexicano”; es decir, se resuelve en menos de un mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decidirse reabrir el caso en amparo en revisión, donde la controvertida Florence Cassez es puesta en absoluta libertad, y la autoridad reconoce simplemente su equivocación y dejan salir libre a alguien, que regresa a su país de origen, previa estancia ilegal en los Penales tanto de Santa Martha Acatitla y Tepepan en el Distrito Federal, y que ahora regresa “a escena” para pedir castigo a los culpables de su ilegal encierro. ¿Ahora hasta a dónde llegará todo esto?
Introducción
Por MXporFC
El 2 de octubre de 2014
A pesar de su tono poco objetivo (para cambiar) y las alusiones directas aunque no tan abiertas a que condenaron a Florence a 60 años (injustamente, diríamos) por el delito de secuestro (simulado, agregaríamos), publicamos ese artículo del medio Milenio. Ese artículo contiene una información muy pertinente: Florence Cassez acaba de interponer una denuncia ante la fiscalía por su detención ilegal a raíz de la cual fue fabricada su culpabilidad y violada su inocencia. Se trata de una etapa significativa en la lucha contra la fabricación de culpables en nuestro país. A los responsables de simular una detención, de fabricar acusaciones falsas, de inducir a presuntas víctimas, manipular a la opinión pública, de linchar a gente inocente, se les debe considerar como los verdaderos criminales. No se lucha contra el crimen organizado encarcelando a inocentes.
A los escépticos que todavía dudan de la inocencia de Florence porque se basan en la creencia sin sustento racional alguno de que su novio era un secuestrador, les pedimos que se informen sobre la sentencia que Israel Vallarta ha recibido hasta la fecha: ninguna. Israel Vallarta – tan inocente como Florence. Lo liberaremos.
Artículo publicado en Milenio
El 2 de octubre de 2014
La francesa Florence Cassez, condenada en México a 60 años de cárcel por un delito de secuestro y liberada en enero de 2013 tras siete años en prisión, presentó en París una denuncia por «detención ilegal», confirmaron hoy a EFE fuentes judiciales.
La demanda contra «X», en la que no especifica al presunto culpable, fue interpuesta este martes ante la Fiscalía de París y busca que la Justicia identifique y condene a los autores de su arresto.
Cassez llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta, a quien había conocido allí.
Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, algo que quedó al descubierto en febrero de 2006 y que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contaminó el proceso legal hasta el punto de viciarlo de origen.
La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos y, en marzo de 2012, la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.
Durante su Administración, el ahora ex presidente francés Nicolas Sarkozy presionó al Gobierno mexicano para que trasladara a Florence a cumplir su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).
Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.
La «reconciliación» entre ambos países se materializó el pasado abril en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó junto al mexicano Enrique Peña Nieto la voluntad de abrir una «nueva página» a través de una «cooperación excepcional» en una amplia gama de sectores.
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