El regreso de los espectaculares de la señora Wallace

Proceso

16 de octubre 2022

Entre los argumentos validados por el juzgador están la violación que esa campaña de publicidad ejerce contra el principio de presunción de inocencia, sobre todo de Quevedo Cruz quien, después de 15 años en prisión, no ha sido aún juzgada en primera instancia.

Por Ricardo Raphael

Narrativa. Mensajes por la ciudad. Foto: https://twitter.com/ChibyNavy

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “Desde el día que se conocieron Juana Hilda N y Hugo Alberto Wallace hay registro de 18 llamadas en total. ¿Y así niega que lo conoció?”.

Esta frase críptica subió a las alturas gracias a un espectacular, propiedad de la empresa Showcase, ubicado sobre el Circuito Interior a la altura del Metro Oceanía.

Como cabeza aparece una leyenda que dice “pruebas secuestro #casowallace”.

Isabel Miranda, dueña de Showcase, confirma que en nuestro país lo importante no es tener la razón, sino tener el dinero.

En el expediente del caso Wallace no hay evidencia para concluir que Juana Hilda N (González Lomelí) y Hugo Alberto León (Wallace) Miranda hayan sostenido todas esas conversaciones telefónicas.

Es cierto que Hugo Alberto se comunicó en varias ocasiones al teléfono celular número 55 2864 4890, y también que la compañía Telcel afirma que ese número estaba a nombre de una mujer llamada Carmen Ortega Becerra. (Fuentes alternas indicarían que ese mismo número, en la fecha del presunto secuestro –julio de 2005–, estaba en realidad a nombre de otra mujer: Lucero Landeros Cisneros).

Sin embargo, en el expediente no existe ningún indicio o dato de prueba que permita decir que Juana Hilda González tuvo en su poder un aparato celular vinculado al número referido.

En la alcaldía Álvaro Obregón, también bajo la etiqueta “pruebas secuestro #casowallace”, se halla otro espectacular en el que se afirma que “César N (Freyre)­ y Jacobo N (Tagle Dobin), compraron una sierra para descuartizar el cuerpo de Hugo Alberto”.

Es casi imposible percibir que, junto a ese mensaje, la señora Miranda mandó agrandar un ticket de compra de una tienda de autoservicio el cual fue presentado como prueba de la acusación.

Ese comprobante de compra refiere a la adquisición de una motosierra –que no es lo mismo que una sierra eléctrica–, la cual se habría hecho a las 02:48 AM del martes 12 de julio de 2005, en un establecimiento ubicado a más de 12 kilómetros de distancia del lugar donde Freyre y Tagle presuntamente quitaron la vida al hijo de la señora Miranda.

El asunto se complica cuando los testimonios que aparecen en el mismo expediente refieren como hora del fallecimiento de Hugo Alberto las 03:00 AM.

¿Cómo es posible que César N y Jacobo N hubiesen asesinado a Hugo Alberto, en un edificio de la colonia Insurgentes Mixcoac, 12 minutos después de haber adquirido una motosierra al otro lado de la ciudad? (El don de ubicuidad no es un delito castigado por el código penal mexicano).

Con la misma contundencia podría continuar respondiendo a cada uno de los 50 carteles inmensos que Isabel Miranda ha colgado en la zona del Valle de México y otras ciudades, como León, en Guanajuato, y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.

El problema es que, para contar con igualdad de circunstancias en la exposición de los argumentos, sería necesario invertir un presupuesto de 3 millones de pesos mensuales –que es el costo aproximado de esa campaña de publicidad– y también con la disposición de la competencia de Showcase para contrarrestar, igualmente con espectaculares, las acusaciones desplegadas.

Desde hace poco más de dos meses la empresa de la señora Miranda está dedicada casi por entero a defender en las calles y avenidas de la capital lo que muy probablemente va a perder en tribunales. Los anuncios del #casowallace se encuentran ubicados en arterias principales, como Periférico Sur, donde hay 15 de ellos; en Circuito Interior donde pueden ubicarse otros ocho, o en el Viaducto, que aporta siete más; también han sido sembrados en las avenidas Insurgentes, Constituyentes, Gutenberg, Cuauhtémoc y Prolongación Bosques de Reforma, entre otras.

Probablemente se trate de la peor campaña publicitaria jamás vista en el país. Los textos son tan pequeños que apenas pueden leerse, los argumentos son rebuscados y solamente comprensibles para las muy pocas personas que conocen el expediente.

Entre toda esa basura visual hay un anuncio ubicado a un costado de la Supervía Oriente que merece particular atención. Bajo la leyenda de cajón aparece una agresiva pregunta dirigida al Poder Judicial: “¿Resolverán el caso de Hugo Alberto Wallace conforme a constancias o lo harán considerando intereses ruines de quien preside la Suprema Corte?”.

El léxico utilizado en este anuncio exhi­be que en Showcase no trabaja ningún publicista. Para la inmensa mayoría de la gente los términos “conforme a constancias” no significan nada. Tal cosa hace suponer que los destinatarios del mensaje no seríamos la gente común, sino las personas que integran el Poder Judicial.

Ante ellas Isabel Miranda acusa al presidente de la Corte –sin tener pruebas– igual y como en otros anuncios lo hizo con los supuestos secuestradores de su hijo. Tan tremendo despropósito topó esta semana con pared cuando un juez federal ordenó a las autoridades de dos demarcaciones de la Ciudad de México (Tláhuac y Cuauhtémoc) que retiraran los anuncios referidos.

La medida incluye aquellos espectaculares donde pudieran aparecer “los nombres, sobrenombres o imágenes” de Brenda Quevedo Cruz y Juana Hilda González Lomelí. Entre los argumentos validados por el juzgador están la violación que esa campaña de publicidad ejerce contra el principio de presunción de inocencia, sobre todo de Quevedo Cruz quien, después de 15 años en prisión, no ha sido aún juzgada en primera instancia. También considera la estigmatización y violencia de género impuesta sobre estas dos mujeres, justo cuando sus respectivos casos están siendo valorados por la justicia.

¿Por qué Isabel Miranda habrá incurrido en una estrategia tan descabellada cuyo propósito evidente es desprestigiar al poder público responsable de revisar su caso?

Sin descartar motivos de orden psiquiátrico que escapan a la comprensión de quien escribe estas líneas, cabe suponer que, como si se tratara de un ludópata en el juego del póker, ante la inminente derrota ella decidió jugarse el resto del capital económico y político que le restaba.

(Quiero agradecer a las varias decenas de personas que, a través de las redes sociales, me ayudaron a levantar el padrón de espectaculares del #casowallace dispuestos en el Valle de México y algunos otros sitios de la República).

Análisis publicado el 16 de octubre en la edición 2398 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

Ordenan a retirar espectaculares de caso Wallace

Claudia Bolaños

Contra Réplica

El juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Ulises Oswaldo Rivera, dio entrada a los amparos de dos de las acusadas por el secuestro y desaparición de Hugo Wallace, ordenó quitar los espectaculares colocados en vialidades de Cuauhtémoc y Tláhuac.

En dichos anuncios se menciona que a la fecha no hay justicia en el mencionado caso.

La orden del juez va dirigida a las alcaldesas de ambos territorios, Sandra Cuevas y Berenice Hernández Calderón, respectivamente, para que giren instrucciones para realizar la revisión de los anuncios publicitarios, y proceder al retiro de estos, particularmente donde pudieran aparecer nombres, sobrenombres o imágenes de las dos mujeres.

El próximo 24 de octubre, el juez llevará a cabo la celebración de la audiencia incidental donde determinará si concede la suspensión definitiva a las quejosas.

En noviembre próximo, Brenda Quevedo cumplirá 15 años presa por su probable participación en el crimen cometido contra el empresario.

Y Juana Hilda lleva 16 años presa, pues en 2011, fue sentenciada a 78 años de prisión, y la revisión de su sentencia está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las alcaldesas de Tláhuac y Cuauhtémoc, Berenice Hernández Calderón y Sandra Cuevas, respectivamente, deberán ordenar el retiro de los anuncios espectaculares donde se exhibe a Brenda Quevedo Cruz y a Juana Hilda Lomelí, quienes fueron señaladas de haber participado en el secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace.

La compañía de publicidad Showcase, de la cual es propietaria la activista Isabel Miranda de Wallace, colocó los anuncios.

Foto: Especial

Juez ordena a alcaldesas que retiren anuncios que exhiben a Juana Hilda Lomelí y Brenda Quevedo

Fueron colocados por la empresa de Isabel Miranda de Wallace.

Rubén Mosso

10.10.2022 

Milenio

Un juez federal ordenó a las alcaldesas de Tláhuac y Cuauhtémoc, Berenice Hernández Calderón y Sandra Cuevas, respectivamente, que lleven a cabo la inmediata revisión de los anuncios espectaculares de la empresa de publicidad Showcase, y proceda al retiro de los que exhiben a la presunta secuestradora Brenda Quevedo Cruz y a la sentenciada Juana Hilda Lomelí.

La citada compañía es propiedad de la activista Isabel Miranda de Wallace, la cual colocó anuncios denunciando a los supuestos secuestradores de su hijo Hugo Alberto Wallace, tal y como lo hizo en 2006.

Ulises Oswaldo Rivera González, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, admitió los amparos promovidos por Brenda Quevedo y Juana Hilda, a quienes otorgó una suspensión provisional.

La medida cautelar obliga a las alcaldesas a que emitan las instrucciones y órdenes que queden dentro de sus facultades, para realizar la inmediata revisión de los anuncios publicitarios, en los que, pudieran aparecer nombres, sobrenombres o imágenes de Quevedo Cruz y de Hilda Lomelí.

Lo anterior, “a fin de que tomen las medidas que sean necesarias para que cese su exposición mediática, suprimiendo parcialmente dichos señalamientos o definitivamente la totalidad del anuncio en cuestión, según lo disponga la normatividad que rija en materia de anuncios, con especial atención a la posible violación al artículo 15 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México”.

Oswaldo Rivera dio un plazo de 24 horas a las alcaldesas para que informen que fueron enteradas de la resolución judicial.

Asimismo, el juez fijó para el próximo 24 de octubre la celebración de la audiencia incidental donde resolverá si concede la suspensión definitiva a las quejosas.

En noviembre próximo, Brenda Quevedo cumplirá 15 años presa por su probable participación en el crimen cometido contra el empresario.

La mujer ha intentado enfrentar su proceso en libertad, pero en noviembre de 2021, Alfredo Silva Juárez, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, rechazó modificar la medida cautelar solicitada a su favor, por considerar que existe un elevado riesgo de fuga.

Mientras que Juana Hilda lleva 16 años presa. En 2011, fue sentenciada a 78 años de prisión, tras ser encontrada penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos.

Israel Vallarta, tras casi 17 años preso: “Mi búsqueda es la justicia”

Animal Político

Un poco demacrado y con el cabello cano, pero con energía, es como Israel Vallarta Cisneros se encuentra hoy dentro del penal del Altiplano, desde donde espera la resolución judicial que finalmente le dé la libertad o modifique su medida cautelar tras casi 17 años preso sin tener una sentencia.

“Por muchos años he sido testigo mudo queriendo gritar y decir la verdad. No la verdad de la policía, no la verdad de las víctimas, las que lo sean o las que no lo sean, sino la verdad que existe y no me lo han permitido decir: mi verdad. Yo el secuestrador, el delincuente, esa escoria de la sociedad, como me han manejado allá afuera”, dice Vallarta, en una conversación a la que Animal Políticotuvo acceso.

Se trata de la primera vez en años en la que periodistas logran acceder a una imagen clara de Vallarta, quien lleva el cabello corto y viste un uniforme color caqui. En diciembre de 2005, su imagen fue transmitida a nivel nacional junto con la de la ciudadana francesa Florence Cassez, luego de que ambos fueran detenidos acusados de secuestro.

“Hoy, a casi 17 años, yo ya perdí todo”, asegura Vallarta, quien también afirma que está listo para lo que venga, “ya sea una sentencia absolutoria, condenatoria, un cambio de medida cautelar”. 

“Ya estoy preparado para eso. No pasa nada”, insiste.

El caso Cassez-Vallarta

El 8 de diciembre de 2005, la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), entonces encabezada por Genaro García Luna y con Luis Cárdenas Palominocomo uno de sus hombres más cercanos, desplegó un operativo en el rancho Las Chinitas que derivó en la detención de Vallarta y Cassez. Ambos fueron señalados como presuntos líderes de una banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.

No obstante, la noticia se dio a conocer hasta la mañana siguiente, cuando la AFI recreó el arresto frente a las cámaras de las principales televisoras del país: Televisa y TV Azteca. Los noticiarios de ambas empresas transmitieron el montaje en tiempo real, un elemento que, junto con la tortura, años después fue tomado en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar que hubo violaciones al debido proceso y ordenar la liberación de Cassez, no así la de Vallarta.

Durante 17 años, el caso ha atraído tanta atención que en agosto pasado la productora Netflix lanzó la docuserie El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, que reconstruye los hechos, revive el conflicto diplomático que motivaron entre México y Francia y da voz a casi todos sus actores. Pero uno de aquellos que no dan su testimonio es precisamente Vallarta, a quien los realizadores no logran contactar.

“A mí nunca se me pidió mi opinión ni mi autorización ni para publicar mi historia, ni para sacar mi nombre, mi imagen y la de mi familia. Y todo mundo ha hecho una fortuna alrededor de mí. Pero eso no me preocupa, ni siquiera es lo que estoy buscando. Jamás he preguntado siquiera cuánto podría yo ganar. Mi búsqueda es la verdad, es la justicia, eso es lo que he estado buscando desde hace muchos años. Lo demás vendrá y si no viene no me importa”, dice al respecto.

En marzo de 2019, su defensa legal acudió al Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT), que emitió recomendaciones en el caso antes de realizar un pronunciamiento de fondo, en el que sus abogados esperan que se pida su liberación.

“Recibí una copia de la contestación que dio el Alto Comisionado (de la ONU), en donde se recomienda al Estado mexicano que se dé una preservación a mis derechos, mi seguridad psicológica y médica, atendiendo que no se fuera a dar el caso de una (represalia) por haber denunciado el hecho”, expone Vallarta.

—¿Y estás viviendo este tipo de represalias? —se le pregunta en la conversación.

—Sí ha habido represalias, pero no nada más es de hoy. Yo desde el primer momento, el 12 de febrero de 2006, hice mi primera denuncia ante la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR en ese entonces (…) En mi declaración preparatoria, ahí narro de manera parcial lo que yo sufrí y hago la denuncia de la tortura, pero por la cual nunca hizo nada al respecto la titular del juzgado.

Afirma que en noviembre de 2020, en el penal 17 de Michoacán, donde estuvo preso, sufrió “represalias físicas y psicológicas” de parte del director del lugar.

“En noviembre me sacaron de ahí del penal siete horas encadenado de pies y manos. No me llevaron a ningún lugar, me trajeron golpeando… no con personas sino con el vehículo (cuando) se frenaba, se arrancaba. Me caí dos o tres veces del asiento. Total que no llegamos a ningún lugar. Siete horas después sin comer, sin tomar agua, sin haber ido al baño, me abren la puerta y todavía se ríen y me dijeron que cómo había sido el día”, relata.

A decir de Vallarta, en el Altiplano ha vivido situaciones similares, mientras que Luis Cárdenas Palomino, expolicía detenido precisamente por cargos de torturacontra varios integrantes de la familia Vallarta, tiene “trato preferencial”.

Cambio de medida cautelar, en manos de la GN

En 2022, la defensa de Vallarta ha intentado conseguir una audiencia de revisión de medida cautelar, para que un juez federal decida si le cambia la prisión preventiva por otra medida como prisión domiciliaria o uso de un brazalete electrónico.

Fuentes cercanas al caso mencionan que el cambio de medida cautelar está en manos de la Guardia Nacional, pues de esta depende la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), órgano que debe evaluar si existe riesgo de fuga.

La defensa de Vallarta sostiene que debería ya recibir el cambio de medida cautelar, considerando que ha pasado mucho tiempo detenido sin recibir una sentencia, pero reconoce que enfrenta dificultades. Por ejemplo, al no tener domicilio propio, no puede acreditar arraigo en la CDMX, paso fundamental para conseguir la aprobación de las autoridades.

“Hoy, a casi 17 años, yo ya perdí todo. Dentro del argumento que tuve casas, departamentos y eso, todos estos años eso se ha acabado. Entonces, yo si ahorita me dieran el cambio de medida cautelar, yo me tengo que ir a quedar debajo de un puente vehicular porque no tengo dónde vivir. Sí tengo hermanos y todo, pero yo no tengo un lugar mío”, dice Vallarta.

Su otra “esperanza” es el cierre de instrucción, etapa que forma parte del viejo sistema de justicia penal, en la que las partes deben presentar todas sus pruebas antes de pasar al juicio. Esto no ha ocurrido debido a que tanto Vallarta como la fiscalía han seguido interponiendo recursos.

Israel Vallarta aboga por su hermano

Vallarta no solo habla de su caso. También se refiere al de su hermano Mario, quien de igual forma está en el Altiplano porque las autoridades lo señalaron como un presunto integrante del grupo Los Vallarta.

“El caso de mi hermano también es relevante. Se dio precisamente en la coyuntura del abuso de autoridad y tortura de la que fuimos (víctimas) en el 2005”, dice. 

Debido a que la causa penal de Mario es distinta, no puede llevar su litigio de la misma forma que él.

En ese contexto, Vallarta denuncia que desde hace varios meses existe una consigna por la que las autoridades no permiten que él y su hermano estén juntos, hablen o coincidan dentro de la prisión.

“Sí nos afecta en lo psicológico bastante, porque pues tenemos una situación que aconteció con mi familia. Estar en este lugar nos priva de muchas posibilidades de comunicación al exterior”, argumenta Israel.

—¿Y cómo te encuentras actualmente? —se le pregunta.

—Pues ha sido una montaña rusa de emociones. Es la manera más concreta que puedo decir. Traigo una montaña de emociones por todos lados. Estoy preparado para lo que se venga. Ya sea una sentencia absolutoria, condenatoria, un cambio de medida cautelar. Ya estoy preparado para eso. No pasa nada —responde, e insiste en que quiere ayudar legalmente a su hermano.

En su caso, en diciembre próximo cumplirá 17 años privado de la libertad, mientras espera que su defensa en instancias nacionales o ante la propia ONU finalmente le dé resultados.

«Estoy listo para la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria»: Israel Vallarta

Milenio

La defensoría pública federal solicitará que Israel pueda tener una entrevista con medios de comunicación en próximas fechas.

Elisa Alanís

07.10.2022 

Es la primera vez que lo veo, desde el famoso montaje de Genaro García Luna en el Rancho las Chinitas.

Su rostro golpeado, su gesto de dolor cuando Luis Cárdenas Palomino le apretó el cuello, su cabeza agachada cuando Florence Cassez lo miró de reojo, son las imágenes que dieron vuelta en los medios y quedaron grabadas. Es el Israel Vallarta que quedó suspendido en el tiempo. Hasta el día de hoy.

​A dos meses y dos días de que se cumplan 17 años de la puesta en escena de su detención y de permanecer en prisión preventiva, tengo la oportunidad de verlo y escucharlo. En esta ocasión no hay inconveniente alguno para que se lleve a cabo el encuentro del cual soy testigo. Aparece puntual para la reunión.

Su cabello cano, corto, bien peinado hacia atrás y hacia los lados, da cuenta del paso de los años, pero su mirada es la misma. Se le ve bien, delgado, sano, fuerte, aunque reconoce que vive una “montaña rusa de emociones”.

Su voz es firme, pero se escucha lejos.

Israel sube la mano y toca un vidrio, para mostrar que, además de las rejas, se interpone un cristal. Ofrece una disculpa por tener que agacharse y no estar de frente, pues así logra dirigirse al micrófono, colocado en alguna parte externa.

Señala que existen otras áreas adecuadas, sin embargo, los impedimentos para que pueda tener una buena interacción al exterior ha sido una constante.

No sabe por qué le ponen obstáculos.

Sus primeras palabras son para su hermano Mario, quien también se encuentra en el Cefereso No. 1 del Altiplano. Lo tiene en mente. Pide que esté presente. Que le den la oportunidad de ser escuchado. A pesar de que ambos están en el mismo lugar, no les permiten entrar en contacto.

Además, las secretarías de Seguridad Púbica y la de Gobernación están evaluando el traslado de su sobrino, quien se quedó en la cárcel de Michoacán. Los tres podrían estar juntos. Eso alegra a Vallarta.

La defensoría pública federal solicitará que Israel pueda tener una entrevista con medios de comunicación en próximas fechas.

Quieren que sea vocero de su propio caso. Que la gente pueda escucharlo de manera directa.

En el pasado lo condenaron en los medios: “Yo el secuestrador”, “Yo el delincuente”, “No”. Es importante que ahora oigan sus argumentos.

“He querido gritar la verdad”

Vallarta reconoce que Mary Sainz, su esposa, es una gran mujer. Confía en ella y le agradece, pero le preocupa que reciba recomendaciones de muchas personas. “Yo de pronto no sé quién esté a lado de ella”.

Hay abogados que se presentan en programas, incluso con Loret, y que no representan a Israel.

En la serie documental “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal”, Vallarta casi no aparece.

Comenta que a él no le pidieron permiso o su opinión para publicar parte de su historia y sacar su imagen y la de su familia. Están haciendo dinero con ello, pero eso no le interesa, recalca. Lo que le importa es que se sepa la verdad y se haga justicia.

Reconoce que le ha ayudado, pero señala lo que nos dijo en “Elisa en MILENIO”: que hay reclusos que lo quieren extorsionar porque creen que recibió millones por la serie de Netflix. “Es el efecto colateral”.

En su proceso se acerca un momento clave: la audiencia para determinar si el juez concede otra medida cautelar.

En estos días, la Guardia Nacional, a través de la unidad de supervisión de medidas cautelares, evalúa si existe o no riesgo de fuga. La Guardia Nacional ya había emitido una opinión, pero la defensoría solicitó una actualización, porque no era contundente.

Como es de esperarse, la fiscalía de Gertz Manero pidió que no se le otorgue.

Si se determina que puede seguir su proceso en libertad portando un brazalete, la Defensoría Pública Federal tiene convenios con las empresas privadas, pues tienen un costo que debe asumir directamente el acusado.

Hoy en día, quien cuenta con dinero para pagar un brazalete, sale, y quien no, se queda en la cárcel.

De acuerdo a la Constitución, después de 2 años en prisión preventiva se debe revisar la medida. Israel cumplirá 17 años preso sin sentencia el próximo 8 de diciembre. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no importa el tipo penal.

Israel Vallarta se coloca unos lentes. Tiene algunas dudas de lo que sigue.

Es importante que se cierre la instrucción. Hay pruebas recientes vinculadas con la tortura, pero se pueden integrar a otra investigación.

En algún momento del encuentro narra las torturas de las que ha sido víctima y de las represalias que aún vive.

Recuerda abusos en el penal de Michoacán en noviembre de 2020, cuando lo subieron a un auto, encadenado de pies y manos, el vehículo frenaba, él se caía del asiento, sin comer, sin agua, sin ir al baño, durante cinco horas. Ahí se encontraba Julio César Pérez Ramírez, allegado a Cárdenas Palomino y encargado de su vigilancia. “Julio César hostigaba a la gente, la amenazaba, a uno lo penetraron con un tolete”. Es la clase de personajes con los que ha convivido en su reclusión.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas emitió un primer comunicado, pero realizará un pronunciamiento de fondo que garantice la salud física y mental de Vallarta, para que no se tomen represalias por haber denunciado.

En el expediente de fondo es evidente que hay tortura y existen elementos para acreditar que hubo más de las que se vieron en su momento, durante en el montaje de García Luna en las televisoras.

“Soy preguntón”, perdón. Esboza una sonrisa.

Mira fijo, al frente. Acerca su rostro al cristal, entre los barrotes.

“Estoy preparado para lo que se venga. Ya sea una sentencia absolutoria, condenatoria, un cambio de medida cautelar… ya estoy preparado para eso”.

Y concluye como inició: pidiendo por su hermano Mario. No dejar de lado su situación, entregar un escrito para el alto comisionado de derechos humanos de la ONU y su presencia en próximas reuniones.

Isabel Miranda, ¿víctima o torturadora?

E n su columna, Ana Lozano hace un análisis del crecimiento político que ha tenido Isabel Miranda tras afirmar que su hijo fue secuestrado en 2005.

Isabel Miranda de Wallace. (Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Por Ana Lozano

octubre 04, 2022 a las 13:18 CDT

SDP Noticias

En 2005, la sociedad mexicana se conmovió al ver los espectaculares en los que una madre desesperada buscaba a su hijo quien había sido secuestrado. Ella iba a emprender la búsqueda de los responsables. Sola iba a dar con ellos. Inundó el entonces Distrito Federal con espectaculares ofreciendo recompensas para quien brindara información de los secuestradores. La dolorida y desesperada madre de “Hugo Alberto Wallace Miranda” conmovió a todos. Durante muchos años en México, la señora “Wallace” fue la heroína que arriesgaba su vida para encontrar a los que habían secuestrado a su hijo; transitando por peligrosos lugares, investigando, sin importarle a dónde tenía que ir, ni la hora; si lo tenía que hacer de noche o a media noche…

La gente se preguntaba: ¿Cuánto le habrán costado esos espectaculares? ¡Pobre madre! ¿Y las autoridades? Isabel Miranda era apoyada por la sociedad mexicana. Todos la veíamos con el dolor a cuestas; pero ella de manera audaz, con engaños, con el rostro de madre dolida y muerta en vida se fue colando, se fue acercando a funcionarios de bajo rango y después a los de alto… lo que ella necesitaba era apoyo para que con esa información; no importaba de dónde proviniera, si era verdadera, o falsa, o solo suposiciones; pudiera armar un caso sólido.

Después de exhaustivas investigaciones, la señora Isabel Miranda Torres o de “Wallace” o de “León” colocó las fotografías en los espectaculares. Había iniciado la cacería… ella creó a los culpables, los fabricó. Fue entonces cuando su verdadera esencia comenzó a emerger.

La empresaria Isabel Miranda Torres es dueña de la compañía “Showcase Publicidad”; las estructuras metálicas que abundan y que son causantes de la contaminación visual en la Ciudad de México. Espectaculares que carecen, la mayoría, de regulación.

Isabel Miranda dispuso muchos de sus enormes estructuras, llamados espectaculares en los que aparecían rostros de los presuntos culpables: Jacobo Tagle Dobín. Secuestrador. Recompensa: $250,000 pesos a quien lo entregue.

César Freyre Morales. “Si fuiste víctima de este delincuente denúncialo”. Secuestrador.

La imagen de Brenda Quevedo Cruz junto a la de Jacobo Tagle. Entrégalos. Secuestradores y Asesinos. Brenda 50,000, Tagle 250,000 pesos.

Su empeño, su “valentía” y dolor llegaron hasta García Luna que se encargó del caso, eso sí, siguiendo al pie de la letra la investigación realizada por Isabel Miranda solo para la localización de los que ella hacía responsables. Miranda “conmovió” al entonces presidente Felipe Calderón quien por “alguna razón” y tal vez única en su vida, aparentó sentir empatía por alguien.

Secuestro de Caso Wallace fue fabricado, señalan

En 2005, Brenda Quevedo Cruz, de 24 años fue acusada del crimen. Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos en noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009. Fue torturada y violada. Aunque fue amenaza de ser ultrajada por varios más, ella nunca firmó la confesión.

En enero de 2006 fue detenida Juana Hilda González; quien confesó su participación bajo tortura a manos de la PGR; aportó los nombres de sus “cómplices”. Sí, todas las personas que Isabel Miranda había condenado. Poco después fue aprehendido César Feryre Morales, quien también fue torturado para repetir la versión que indicaba Isabel Miranda. Mientras eran torturados tenían que leer lo que Isabel Miranda, la “torturadora”, había escrito previamente en una cartulina. Ella presenció los suplicios; escuchó los gritos aterradores de los jóvenes, percibió sus rostros de dolor, de tormento y pánico… ahí la verdadera personalidad de Isabel Miranda Torres fue surgiendo, para aparecer negra y perturbadora.

A través de los años, Isabel Miranda ha dado decenas de entrevistas contando cómo resolvió el caso, cómo dio con los secuestradores y de cómo obligó a las “autoridades” para que los detuvieran. Ella, la madre desesperada, había dado sola con ellos… sola.

Según Isabel, su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda o Hugo Alberto Miranda Torres o Hugo Alberto León Miranda había sido secuestrado el 11 de julio de 2005, y había sido llevado al departamento en el que vivía Juana Hilda González Lomelí.

En ese departamento, se llevó a cabo el atroz crimen perpetrado por la “Banda de Perugino”; formada por Juana Hilda y Armando González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, Alberto Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales.

Según Isabel Miranda es ahí en donde lo habían asesinado para después descuartizado con una motosierra. Todo sucedió en plena noche. Horas en las que ninguno de los vecinos escuchó nada, ni un grito, ni un ruido de algún motor, nadie se percató que se estuvieran arrastrando bolsas con restos humanos, dejando rastros de sangre en pasillos y escaleras para después subirlas a algún vehículo para llevarlas y tirarlas en Cuemanco. ¿A qué hora limpiaron la escena del crimen? ¿Cómo es posible que nunca se haya encontrado ningún resto de sangre ni siquiera con Luminol? El departamento no fue resguardado, al poco tiempo fue entregado a su dueño para después rentárselo a un empleado de Isabel Miranda Torres.

A través del tiempo, Isabel Miranda “la súper policía” homóloga de García Luna adquirió poder. Sus indagaciones y pruebas, su condición de madre y mujer sumida en una gran pena fueron y para muchos son todavía incuestionables.

La señora Miranda afirmó que había recibido un correo en donde le pedían dinero a cambio de soltar a su hijo, pero su esposo, José Enrique Wallace declaró ante la autoridad que su hijo había desaparecido pero que no se trataba de secuestro porque nadie había pedido un rescate. Empiezan las contradicciones…

Meses después en el departamento en el que fue perpetrado el horrendo crimen fue encontrada la gota de sangre. Gota hemática que una vez analizada el ADB correspondía de una mujer. Esa gota, esa maldita gota después de meses fue la que condenó a esos jóvenes.

Hay varias versiones que Hugo Alberto está vivo. Amigos suyos declararon que habían recibido una llamada de él, semanas después de su muerte. Hubo transacciones bancarias…

Tal fue la actuación de Isabel Miranda de Wallace o de León o Torres, que Felipe Calderón operó políticamente para que ella se convirtiera en candidata del PAN para gobernar el Distrito Federal. Perdió. Pero desde entonces figura en puestos claves de organizaciones relacionadas con el tema del secuestro.

Nueve personas en la cárcel, torturadas por indicaciones de Isabel Miranda Torres. Brenda está en la lista de las personas que serán liberadas por haber sido torturada y que se compruebe mediante el Protocolo de Estambul. ¿Y los demás?

Carlos León Miranda denunció que tras la desaparición de su hijo, se había ofrecido a dar muestras de ADN; Isabel Miranda le pidió que mintiera.

Cuando Isabel Miranda Torres (hasta ahí su nombre verdadero) le comunicó al padre biológico de Hugo Alberto que éste había sido secuestrado se había sentido muy afectado. Se ofreció de inmediato dar una muestra de sangre. Miranda aceptó comunicándose con él después. Le indicó que se presentara en la SIEDO, ella daba indicaciones a quienes ahí laboraban cómo debía realizarse el proceso. Actuaba, se movía y daba órdenes como si fuese la jefa de todos.

Isabel Miranda presentó a Carlos León, indicando que iba a dar una prueba de sangre. Dándole previamente un aparato ortopédico, que se lo puso en la mano. Estando ahí le dijo a su ex marido: “Tú nada más vas a decir que vienes a firmar porque estás incapacitado, que te lastimaste la mano”. Al final, la que firmó fue la misma Isabel Miranda de… ¿Wallace? De ¿León? ¿O Torres? ¿Quién es ella en realidad?

¿Víctima o torturadora?

Reclusas intoxicadas piden ser atendidas; Cefereso femenil 16, Coatlán del Río

Excelsior

Internas afectadas aseguran que, frecuentemente, les dan comida que ya no sirve; familiares denuncian ante la CNDH; acude tercera visitadora

Abraham Nava

Fueron 400 internasen Coatlán del Río, las que presentaron síntomas de intoxicación, presuntamente, por consumir alimentos caducados. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

Fueron 400 internas en Coatlán del Río, las que presentaron síntomas de intoxicación, presuntamente, por consumir alimentos caducados. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

Al menos 400 internas del Centro Federal de Readaptación Social CPS 16 Femenil Morelos (Cefereso 16), en Coatlán del Río, presentaron síntomas de intoxicación, por lo que saturaron el servicio médico del hospital. Los primeros casos comenzaron la noche del jueves.

Así lo confirmaron familiares de las internas que compartieron a Excélsior el audio de una de las mujeres privadas de su libertad que narra lo que se vive al interior del centro.

“Vino un camión porque todo el día estuvimos reportando que nos sentimos mal, y no una, sino todas, entonces todas estuvimos reportando, en la noche (del jueves) entra un camión y empiezan a decir: ‘todas las que se sienten mal súbanse’, no pues de todos los hogares salieron, a unas las sacábamos desmayadas, a otras las sacábamos mal, vomitándose, con mucha fiebre, unas no podían ni caminar porque les dolían los huesos”, comentó la interna.

“Se llenó un camión, yo ya me sentía mal, yo les dije la prioridad son ellas, porque ya van hasta convulsionando, entonces yo me esperé”, agrega la mujer en el audio, antes de continuar narrando con un nudo en la garganta la siguiente parte de su testimonio.

“Ya en el segundo camión ya otra vez dijeron quienes se sienten mal, salimos varias, ya llegando al hospital igual todas en el piso, vomitándose, con mucha diarrea, unas ya ni se aguantaron porque estaban ahí en el piso, a nosotras (del segundo camión) llegan y nos encierran en un cuartito que es para que no estemos con todas y no haya mucho relajo”.

Las investigaciones que han hecho las familiares con ayuda de las propias internas es que el brote de enfermedad comenzó en el módulo 8. Atribuyen que la comida les afectó.

“Decimos que es la comida, porque yo le dije a la licenciada Sugey, sabe qué lic, la verdad es que no nos están dando de comer bien, la comida nos la dan echada a perder, los frijoles echados a perder, le digo aparte todo el día estuvimos reportando, si ustedes nos hubieran hecho caso temprano, no hubiera llegado esta situación”, señaló en su relato la mujer interna.

De acuerdo con su recuento la noche del jueves les tocaba cenar pizza, pero como no alcanzó para todas, a algunas les dieron una tortilla cruda con salsa de tomate, queso y champiñones.

“Todas decimos que es la comida, supuestamente tienen un contrato con una empresa, pero lo está haciendo mal, dan poquita porción y han tocado cosas echadas a perder y ayer fue todo el Cefereso, estuvo mal”, señaló.

Familiares acudieron a la Ciudad de México a pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y quien acudió al Cefereso fue la tercera visitadora, Hilda Téllez Lino.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue alertado de la situación.

La empresa prestadora del servicio es Alimentos con idea, de los hermanos Luis Antonio Ortiz Domínguez y José Raymundo Ortiz Domínguez y Abraham Gerardo Iga Dávila que formaban parte de la empresa Ifoods que fue inhabilitada de contratos de gobierno por falsear documentos en licitaciones a principios del sexenio. 

Presta los servicios de alimentos en los Centros de Reclusión Social en Sonora (CFRS 11, Hermosillo, Sonora), Guanajuato (CFRS 12. Ocampo, Guanajuato), Morelos (CFRS Femenil 16. Coatlán del Río, Morelos), Chiapas (CFRS 15. Villa de Comaltitlán, Chiapas) y Coahuila (CFRS 18 Ramos Arizpe, Coahuila). Alimentos con idea es una empresa que forma parte de Grupo Lujor.

400 reclusas intoxicadas por ingesta de alimentos podridos en Cefereso de Morelos

Publimetro

01/10/2022

Las mujeres privadas de su libertad resultaron intoxicadas por la ingesta de alimentos en mal estado que sirvió la dirección la noche del jueves

Morelos. Imagen ilustrativa: Dreamstime.

Un grupo de 400 mujeres privadas de su libertad, así como personal administrativo y de custodia del Centro Federal de Readaptación Social Cefereso 16, resultaron intoxicadas por la ingesta de alimentos en mal estado que sirvió la dirección la noche del jueves.

La mayoría de las mujeres privadas de su libertad requirieron atención médica porque presentaron cuadros de vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre y algunas tuvieron desmayos, según versiones de familiares que buscaron a los medios de comunicación. Hasta la noche del viernes, las autoridades mantenían en reserva los casos de intoxicación masiva.

Entre los familiares de las personas privadas de la libertad hay protestas porque conforme a la versión de las mujeres internas, las autoridades sólo suministraron Metamizol sódico para el dolor, pero sin antibióticos para completar el esquema de atención.

Otra versión difundida por personal de Trabajo Social del penal federal indicó que las mujeres recibieron Amikacina y Butilhioscina para controlar la diarreay el dolor abdominal.

De acuerdo con la información, las mujeres privadas de la libertad intoxicadas pertenecen a dos pabellones y desde la noche del jueves presentaron cuadros de malestar pero sin gravedad, y continuaron con medicamentos por lo que no fue necesario su traslado a un hospital externo.

Sin embargo, familiares aseguraron que varias de las internas fueron sacadas en camiones, fuertemente custodiados, para trasladarlas a hospitales de la zona surponiente del estado.

Autoridades de la Secretaría de Salud en el estado confirmaron que ninguna mujer privada de su libertad había sido atendida en hospitales públicos.

Los familiares pidieron a las autoridades, a través de los medios de comunicación, suministrar antibióticos y suero a las mujeres intoxicadas,pero además denunciaron que la comida que reciben las internas es de mala calidad y en poca proporción.

Señalaron que el viernes les dieron de comer caldo de pollo en poca cantidad, cuatro tortillas y agua concentrada de arroz, y más tarde sirvieron pizza pero no alcanzó para todas y les dieron tortillas de harina crudas con salsa Valentina y unas rodajas de jitomate.

El tema sería investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Internas del penal federal para mujeres se intoxicaron por comida en mal estado

30/09/2022

Sus familiares denuncian que sólo les dieron pastillas para la diarrea y el dolor de estómago; autoridades aseguran que todo esta bajo control

Un grupo de 400 mujeres privadas de su libertad, así como personal administrativo y de custodia del Centro Federal de Readaptación Social CEFERESO 16, resultaron intoxicadas por la ingesta de alimentos en mal estado que sirvió la dirección la noche del jueves.

La mayoría de las mujeres privadas de su libertad requirió atención médica porque presentó cuadros de vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre y algunas tuvieron desmayos, según versiones de familiares que enviaron a los medios de comunicación.

Entre los familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) hay protestas porque conforme a la versión de las mujeres internas, las autoridades sólo suministraron metamizol sódico para el dolor, pero sin antibióticos para completar el esquema de atención.

Otra versión difundida por personal de Trabajo Social del penal federal indicó que las PPL recibieron amikacina y butilhioscina para controlar la diarrea y el dolor abdominal, respectivamente.

Las PPL intoxicadas, conforme a versiones extraoficiales, pertenecen a dos pabellones y desde anoche presentaron cuadros de malestar pero sin gravedad, y hoy continuaron con medicamentos por lo que no fue necesario su traslado a un hospital externo.

Sin embargo, familiares de las PPL aseguran que varias de las internas fueron sacadas en camiones, fuertemente custodiados, para trasladarlas a hospitales de la zona surponiente del estado.

Autoridades de la Secretaría de Salud en el estado confirmaron que ninguna mujer privada de su libertad había sido atendida en hospitales públicos.

Familiares de las personas privadas de la libertad (PPL) pidieron a las autoridades, a través de los medios de comunicación, suministrar antibióticos y suero a las mujeres intoxicadas, pero además denunciaron que la comida que reciben las internas es de mala calidad y en poca proporción porque, por ejemplo, hoy les dieron de comer caldo de pollo en poca cantidad, cuatro tortillas y agua concentrada de arroz, y mas tarde sirvieron pizza pero no alcanzó para todas y les dieron tortillas de harina crudas con salsa Valentina y unas rodajas de jitomate.

Registran intoxicación de 400 mujeres reclusas por comida podrida

Agencia El Universal

octubre 01, 2022

Photo Credit To Especial

Un grupo de 400 mujeres privadas de su libertad, así como personal administrativo y de custodia del Centro Federal de Readaptación Social Cefereso 16, resultaron intoxicadas por la ingesta de alimentos en mal estado que sirvió la dirección la noche del jueves.

La mayoría de las mujeres privadas de su libertad requirieron atención médica porque presentaron cuadros de vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre y algunas tuvieron desmayos, según versiones de familiares que buscaron a los medios de comunicación. Hasta la noche del viernes, las autoridades mantenían en reserva los casos de intoxicación masiva.

Entre los familiares de las personas privadas de la libertad hay protestas porque conforme a la versión de las mujeres internas, las autoridades sólo suministraron Metamizol sódico para el dolor, pero sin antibióticos para completar el esquema de atención.

Otra versión difundida por personal de Trabajo Social del penal federal indicó que las mujeres recibieron Amikacina y Butilhioscina para controlar la diarrea y el dolor abdominal.

De acuerdo con la información, las mujeres privadas de la libertad intoxicadas pertenecen a dos pabellones y desde la noche del jueves presentaron cuadros de malestar pero sin gravedad, y continuaron con medicamentos por lo que no fue necesario su traslado a un hospital externo.

Sin embargo, familiares aseguraron que varias de las internas fueron sacadas en camiones, fuertemente custodiados, para trasladarlas a hospitales de la zona surponiente del estado.

Autoridades de la Secretaría de Salud en el estado confirmaron que ninguna mujer privada de su libertad había sido atendida en hospitales públicos.

Los familiares pidieron a las autoridades, a través de los medios de comunicación, suministrar antibióticos y suero a las mujeres intoxicadas, pero además denunciaron que la comida que reciben las internas es de mala calidad y en poca proporción.

Señalaron que el viernes les dieron de comer caldo de pollo en poca cantidad, cuatro tortillas y agua concentrada de arroz, y más tarde sirvieron pizza pero no alcanzó para todas y les dieron tortillas de harina crudas con salsa Valentina y unas rodajas de jitomate.

El tema sería investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).