Ricardo Raphael
Proceso
30 diciembre, 2018
En su más reciente libro, El falso caso Wallace, la periodista Guadalupe Lizárraga echa por tierra las pruebas sobre el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace –caso que será vuelto a investigar este sexenio. El volumen fue comentado por Ricardo Raphael en las páginas editoriales de Proceso (número 2194), lo que provocó una airada reacción de la madre de la supuesta víctima: Isabel Miranda. Para dilucidar el tema, el articulista convocó a ambas mujeres a su programa de televisión; ambas declinaron participar juntas, pero sí lo hicieron por separado. He aquí la crónica de la historia resultante.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los anuncios espectaculares con los rostros de los secuestradores fueron colocados en la Ciudad de México y poblaciones cercanas. Eran los primeros meses de 2006 y María Isabel Miranda de Wallace no se detendría hasta encontrar a los responsables del asesinato de su hijo Hugo Alberto.
Enormes fotografías y textos decían: “Jacobo Tagle Dobin. Secuestrador. Asesino. Se busca. 250 mil pesos a quien lo entregue”, “Brenda Quevedo. 50 mil pesos. Recompensa. Secuestradores y Asesinos”, “César Freyre Morales. Secuestrador. Si fuiste víctima de este delincuente, denúncialo. Servicio a la comunidad”.
No recuerdo que nadie denunciara la violación a la presunta inocencia de estas personas, que fueron juzgadas y sentenciadas antes siquiera de que empezara el proceso en su contra.
Sus rostros estaban colgados en los muros de muchos edificios y en estructuras publicitarias y nadie se atrevió a dudar. Mea culpa: fui uno de esos periodistas que, por televisión, dieron voz a la valientísima señora Wallace, sin que me pasara por la cabeza cuestionar los métodos de su investigación o sus acusaciones famélicas.
El contexto de la época explica –no justifica– la ceguera: un par de años antes el Paseo de la Reforma se había vestido de blanco durante una marcha masiva para protestar por la ola de inseguridad que venía creciendo en el país. El grito principal era contra las autoridades indolentes y la consecuente impunidad.
Coincidió que en ese momento irrumpiera como figura pública una mujer arropada con las telas del coraje y la valentía, una vengadora, una justiciera que, al menos en apariencia, no estaba dispuesta a hacer concesiones respecto a la ineptitud de las autoridades. Ella hacía lo que parte de la sociedad deseaba: poner contra las cuerdas al gobierno para que por fin los funcionarios hicieran su trabajo.
Por este motivo los periodistas le dimos voz, sin dudas ni cuestionamientos, para que ella contara una y otra vez el caso de su hijo y, sobre todo, para que narrara los obstáculos burocráticos que la heroína estaba enfrentando en su intento por obtener justicia.
Una vez que los sujetos exhibidos en los anuncios espectaculares comenzaron a ser detenidos, dejé de prestar atención al caso. Así es la frivolidad con que seguimos tratando el ciclo de atención mediática.
La primera duda me nació tiempo después, cuando la señora Wallace y yo volvimos a coincidir –esta vez como invitados a un mismo programa de televisión– en el que se debatió otro expediente judicial emblemático, el de la francesa Florence Cassez.
Recuerdo que me sorprendió la furia con la que la señora fustigó a la presunta secuestradora; pero todavía más: la ignorancia que Isabel tenía del expediente. También me incomodó que señalara como cómplices del delito a quienes nos atrevíamos a cuestionar el proceder de las autoridades.
Para ese momento ella no era más la madre dolida de una víctima, sino una militante de las causas del gobierno en turno. Prueba de su transfiguración fue la candidatura que abanderó en 2012, bajo las siglas del PAN, en la contienda para la jefatura de gobierno.
Alternando política, negocios y activismo, la señora Wallace se dedicó a entregar aval público a la actuación de las autoridades en otros casos controversiales, como el del hijo de Alejandro Martí, Nestora Salgado o el de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Cada vez que era necesaria una certificación de eficiencia en la política criminal, ahí estaba Isabel Miranda para obsequiarla. En mi cabeza comencé a llamarla “Wallace la útil.”
Por estas razones en mayo de 2014 presté oídos al reportaje publicado por Anabel Hernández en la revista Proceso. Ahí la periodista denunció el descubrimiento de dos actas de nacimiento, con diferentes nombres, presuntamente pertenecientes a Hugo Alberto Wallace, así como de dos cédulas distintas en el Registro Nacional de Población.
A partir de esta evidencia, Anabel Hernández sugirió la hipótesis de que la presunta víctima podría seguir con vida.
Con esas alertas ya encendidas, cayó en mis manos el libro de la periodista Guadalupe Lizárraga, que profundiza las investigaciones de Hernández y también de mi colega José Reveles. En una sola noche leí El falso caso Wallace y amanecí con un saco abultado de interrogantes. Fue cuando decidí resumir los principales argumentos de este trabajo periodístico en la columna quincenal que publico en Proceso. Esta reseña mereció interés por parte de los lectores.
La respuesta de la señora Wallace no se hizo esperar. Primero en las redes sociales y después con una carta enviada a la redacción de la revista, ella reaccionó con enojo: me acusó de ser un periodista sin rigor y de haber emitido opiniones sesgadas y sin independencia mental (sic). También me exigió un debate público con pruebas en la mano.
En respuesta convoqué tanto a Isabel Miranda como a Guadalupe Lizárraga para que debatiéramos, juntos, los argumentos que aparecen relatados en El falso caso Wallace. Me pareció oportuno hacerlo en el programa Espiral que conduzco para Canal 11, donde conocí hace diez años a la madre de Hugo Alberto.
La audiencia no pudo contar con un ejercicio de contraste donde asistieran ambas invitadas, porque las dos se negaron a comparecer en simultáneo. Jimena Saldaña, directora del canal, me animó entonces a hacer dos entrevistas por separado. Así, Lizárraga y Miranda podrían exponer en extenso sus argumentos. La grabación se celebró el pasado miércoles 12 y los programas se emitieron ese mismo día y el miércoles 19 (https://youtu.be/W0r3o0wTwpE y https://youtu.be/wafao0h3td8 ).
Una fuente importante para comprender el expediente fue David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Decidí que debía carear cada documento de tal manera que tanto la periodista como la activista reaccionaran a preguntas respaldadas por evidencia. Organicé el guion buscando presentar el material que podía exhibirse en la pantalla de televisión. La idea fue exponer los hechos para que el auditorio fuera capaz de consignar las reacciones de las dos mujeres. Resumo a continuación los hallazgos obtenidos a partir de este ejercicio periodístico:
Las actas de nacimiento
En el Registro Civil de la Ciudad de México existe una partida de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, expedida el jueves 15 de enero de 1970. La fecha de nacimiento del niño habría sido el domingo 12 de octubre de 1969. Los padres del menor mencionados en este documento son Jacinto Miranda e Isabel Torres.
Durante la entrevista, la señora Wallace afirmó que este documento es una fabricación, una pieza falsa elaborada por los presuntos asesinos de su hijo para defenderse de la justicia. Es, sin embargo, un documento público difícil de desestimar porque reúne todos los elementos necesarios para ser tomado con seriedad.
En contraparte, Isabel reconoce como verdadera otra acta de nacimiento emitida en el Estado de México en 1975 a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien también habría nacido, como dice el documento anterior, el domingo 12 de octubre de 1969.
Según esta acta los padres de Hugo Alberto serían José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres. Este documento despierta sospecha, ya que, de ser válido, el menor habría sido registrado seis años después de su nacimiento.
Ante pregunta expresa sobre las razones de la tardanza, Isabel se negó a responder aduciendo motivos relacionados con su vida privada. Cabe suponer que la negativa se debió a que Isabel mantuvo una relación con el señor Wallace mientras éste estaba casado con su primera mujer, María Guadalupe Magallanes Villarreal. Pero también cabría considerar, de acuerdo con Lizárraga, la posibilidad de que Hugo Alberto no fuera hijo biológico de José Enrique Wallace sino de otra persona.
La señora Miranda presentó durante la entrevista una prueba de paternidad para confirmar el nexo biológico entre su hijo Hugo Alberto y el señor José Enrique Wallace. ¿Podría ser este otro documento también fabricado? Hay suficientes testigos como para continuar con esta parte de la investigación hasta dar con una verdad definitiva.
El acta de defunción
Insuficiencia respiratoria aguda y asfixia torácica por estrangulación son las causas de muerte del hijo de la señora Wallace relatados en el acta de defunción. Blanca Crespo Arellano, perito de la PGR, certificó los datos. Sorprende sin embargo esta información cuando los supuestos restos de Hugo Alberto jamás fueron encontrados. ¿Cómo pudo determinarse tal causa de muerte sin haber practicado una autopsia? Isabel Miranda responde que el origen de la muerte se conoció gracias al testimonio (autoinculpatorio) de Jacobo Tagle Dobin.
La contestación atenta contra el sentido común, sobre todo cuando Tagle Dobin ha argumentado que ese testimonio suyo se obtuvo por medio de tortura.
Estado de cuenta y gastos
Isabel Miranda reconoce como válido el estado de cuenta de una tarjeta de crédito a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda donde se exhibe una serie de gastos realizados entre el 20 y el 29 de julio de 2005, es decir una y dos semanas después de que la supuesta víctima hubiera sido secuestrada y asesinada.
Asegura la señora Wallace que, a pesar de que el estado de cuenta registra gastos extemporáneos, en realidad habrían sido celebrados antes del deceso, pero reportados mucho tiempo después al banco por los establecimientos.
Este argumento es difícil de creer. Los gastos que aparecen en el documento provienen de negocios distintos: restaurante Arcos, Liverpool, Tienda Gotcha, y Seven Perisur. ¿Cómo es posible que tales establecimientos tardaran tanto para cobrar y que, al final, lo hubieran hecho todos justo el mismo día?
Pruebas científicas
Dos son las piezas de evidencia científica que Isabel Miranda presenta como concluyentes para la teoría del crimen: una gota de sangre encontrada en la regadera del departamento donde supuestamente habría sido asesinado y una fotografía de Hugo Alberto tomada, en teoría, por los secuestradores después de que éste hubiera fallecido.
La gota de sangre presenta como problema que fue obtenida siete meses después del supuesto crimen, pero sobre todo que –según el análisis forense– ofrece coincidencia genética con José Enrique Wallace Díaz. Si, como teoriza Guadalupe Lizárraga, Hugo Alberto no fuera hijo biológico de esta persona, entonces esta pieza crucial de evidencia perdería validez. De ahí la importancia de conocer el nombre del padre biológico de Hugo Alberto.
La fotografía exhibida por Isabel Miranda ante los medios muestra a su hijo desnudo y con una venda blanca en los ojos. De acuerdo con el expediente de Brenda Quevedo, presunta secuestradora, esta fotografía habría aparecido dentro de su ordenador personal junto con diversos mensajes destinados a la señora Wallace exigiendo rescate.
Quevedo se defiende argumentando que tales pruebas fueron sembradas en su dispositivo más de medio año después de que la computadora hubiese sido incautada por la policía.
Pruebas testimoniales
Ante la debilidad de las pruebas científicas restan para este caso los testimonios de Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales y Jacobo Tagle Dobin. Sin embargo, en distintos momentos los tres denunciaron que sus declaraciones fueron obtenidas ilegalmente, mediante tortura física y psicológica.
En cambio, Albert y Tony Castillo Cruz, así como Brenda Quevedo, se negaron a aceptar responsabilidad en los hechos por los que se les acusa, y también denuncian haber sido bestialmente torturados.
Durante la entrevista, Isabel Miranda presentó un documento firmado de puño y letra por Freyre Morales, donde éste acepta, frente a un juez, que él y los demás acusados conspiraron para argumentar tortura en vez de aceptar su responsabilidad.
Con todo, existen otros documentos posteriores donde Freyre denuncia que cuanto dijo para inculparse e inculpar al resto de los acusados fue porque sufrió tratos inenarrables de violencia para arrancarle la confesión.
Reflexión final
El caso Wallace es complejo y todavía se halla insuficientemente investigado. La dificultad para acreditar las personalidades de la madre, el padre y el hijo, las irregularidades en las actas de nacimiento y defunción, la evidencia de actividad financiera posterior a la muerte, la debilidad de las pruebas científicas y las contradicciones en los testimonios autoinculpatorios de los presuntos victimarios, son todos elementos poderosos para nutrir la duda, pero todavía escasos a la hora de ofrecer una teoría alternativa del caso.
A estas alturas hay una sola certeza en el expediente Wallace: que se volvió célebre porque surgió en un momento de intensa demagogia punitiva. De otra manera no se explicaría el enorme poder que ha tenido Isabel Miranda para someter a las autoridades a sus investigaciones erráticas, a sus hallazgos incompletos y a sus acusaciones débiles: de la mano de Isabel policías, agentes del Ministerio Público, peritos y jueces violentaron los principios del debido proceso y las garantías de legalidad previstos por las leyes mexicanas.
Si hoy es difícil creer en el caso Wallace es porque la política y la demagogia destruyeron la posibilidad de obtener verdad jurídica. En este sentido se parece a otros casos, como el de Florence Cassez o el de Ayotzinapa, donde Isabel también ha sido muy vocal, con sus métodos y argumentos.
Esta es la principal lección del caso Wallace: el día que la sociedad deje de clamar venganza a ciegas y que el gobierno se prohíba simular eficiencia a través de fuegos artificiales es que podremos comenzar a recuperar una política criminal que sea conforme a la Constitución y el derecho.
Este reportaje se publicó el 23 de diciembre de 2018 en la edición 2199 de la revista Proceso.
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