Defensoría Pública denuncia investigaciones de la Fiscalía contra abogados de Brenda Quevedo, acusada por el caso Wallace

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tres investigaciones abiertas en contra de la defensa de Brenda Quevedo Cruz, quien se encuentra privada de su libertad por el caso de Hugo Alberto Wallace, hijo de la política Miranda de Wallace.

De acuerdo con la familia de Hugo Alberto, Quevedo lo habría secuestrado y asesinado, sobre lo cual la defensa asegura que la acusada es una “culpable fabricada”. El IFDP refirió en su comunicado el derecho de las personas a contar con abogados durante proceso penal, así como que no se obstaculice el proceso, particularmente con las acciones generadas por el Estado. De igual manera es necesario evitar el hostigamiento en contra del equipo que defiende a las personas inculpadas.

En el año 2021 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Derechos Humanos, se pronunció en favor de la liberación de Brenda Quevedo, al considerar que se trató de un proceso arbitrario de detención, que se generó en el año 2007.

La ONU aseguró que era necesaria la liberación de Brenda Quevedo, de manera inmediata y que tendría derecho a exigir una indemnización, así como las reparaciones que la ley recomiende, después de mantenerla en prisión en cinco diferentes centros durante los últimos años.

Quevedo, hasta noviembre de 2021, se encontraba privada de su libertad con prisión preventiva, es decir, sin que se le dictara una sentencia, por lo que los abogados de la Defensoría Pública promovieron un amparo para que pudiera llevar el proceso en libertad, con un brazalete de seguridad, el cual fue negado.

La historia del Caso Wallace y la defensa de Brenda Quevedo

Hugo Alberto Wallace fue secuestrado en el año 2005. Después de ello su familia inició una investigación por el caso, apoyada por las autoridades, en la que se concluye que existe un grupo que secuestró y terminó con la vida del hijo del empresario José Enrique del Socorro Wallace.

Sin embargo tras las detenciones, las personas privadas de la libertad denunciaron tortura cometida en su contra y en el proceso se inculpa a otros sobre el mismo caso, como George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y César Freyre Morales, así como la propia Brenda Quevedo.

De acuerdo con las investigaciones publicadas por las periodistas Guadalupe Lizárraga y Anabel Hernández, Isabel Miranda habría presionado a las autoridades para generar una historia sobre el presunto secuestro y homicidio de su hijo, quien según el caso presentado ante la prensa, habría sido mutilado con una sierra eléctrica y su cuerpo colocado en bolsas plásticas.

Las entrevistas de las reporteras concluyeron que en ese día y en los consecutivos no se escucharon ruidos extraños en el edificio en el que presuntamente se encontrarían y que el chofer de Hugo Alberto no habría reconocido a Hilda González, quien, de acuerdo con los señalamientos de Isabel Miranda, habría sido su pareja y colaboraría con los delitos.

En el año 2020 Claudia Muñoz, quien afirma que sí fue pareja de Hugo Alberto Wallace y con quien presuntamente tiene una hija, afirmó que tuvo una llamada en el año 2007, este fue el último contacto con ella, en una entrevista con el periodista Ricardo Raphael.

Durante el año 2021 el IFDP presentó una denuncia en contra de Isabel Miranda, en la que se le acusaba de simulación de pruebas en el caso, a lo que ella aseguró que esto era para “distraer a la opinión pública y amedrentarla”.

Hasta el momento Anabel Hernández ha publicado que Quevedo fue torturada psicológica, física y sexualmente por funcionarios públicos. Formó parte de la lista de 682 personas que debían ser liberadas por el decreto de la liberación de presos bajo diversos criterios en el año 2021, sin embargo el juez negó que llevara el proceso en libertad, por lo que se mantiene detenida.

Zaldívar. Respalda a defensores de DDHH

16/02/2022

Milenio

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El Presidente de la Suprema Corte indicó que la institución no permitirá que defensores públicos sean presionados, después de que la Fiscalía General de la República abriera tres investigaciones en contra de la defensa de Brenda Quevedo Cruz, presa desde 2007 por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

– Con información de Romina Gándara

Ciudad de México, (SinEmbargo/AP).- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que no van a permitir presiones, chantajes para amedrentar el trabajo de las y los defensores públicos, ello ante las investigaciones que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra la defensa de Brenda Quevedo Cruz.

“Todas y todos los defensores públicos cuentan con el respaldo del Presidente de la Corte y del CJF (Consejo de la Judicatura Federal) (…) No podemos permitir que se trate de amedrentar, presionar a los defensores públicos. No vamos a permitir que se presione, chantaje o se ataque a los defensores públicos”, sostuvo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Zaldivar destacó que, en caso que el trabajo de los defensores públicos no fuera el adecuado, éste se tiene que ganar en los tribunales, pero que no se pretenda que se haga con tácticas intimidatorias porque –advirtió– no lo van a lograr.

“Algunas personas deben entender que ya pasaron los sexenios en que los protegían desde la Presidencia de la República. (…) En el Poder Judicial ni las jueces, ni los defensores nos dejamos presionar por nadie”, dijo ante las acusaciones que se hicieron a la defensa, las cuales, se estima fueron tras denuncias de la Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace

Ayer, La Defensoría Pública Federal y las Naciones Unidas condenaron que la Fiscalía General de la República (FGR) persiga a defensores de derechos humanos, esto después de que se diera a conocer que la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero abrió tres investigaciones en contra de la defensa de Brenda Quevedo Cruz, presa desde 2007 por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) recordó que el Estado no debe de obstaculizar el trabajo de personas defensoras, como ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por estándares internacionales.

“El #IFDP reitera la importancia de que se garantice el derecho a una defensa adecuada, sin que esta sea obstaculizada o que se generen climas hostiles hacia defensoras y defensores públicos. Seguiremos trabajando por el acceso a la justicia para las personas más vulnerables”, escribió la organización en Twitter.

Por su parte, la ONU declaró en redes sociales: “El derecho a la defensa adecuada de las personas acusadas de un delito es una garantía fundamental ampliamente reconocida por el derecho internacional de los #DDHH. Para ser efectiva, dicha defensa debe realizarse sin interferencias, obstaculizaciones o acciones indebidas”.

Los torturadores de Israel Vallarta

La banda del Zodiaco no era conformada por Israel Vallarta ni por Florence Cassez. Era conformada por los policías de Luis Cardenas Palomino entre los cuales José Aburto Pazos, alias Comandante PISCIS, Carlos Servín CASTORENA y María Isabel HERNANDEZ ARZATe, que despues fue comisaria de la PF y luego trbajó en la Guardia Nacional. Sin embargo fue separada de su cargo en la Guadia Nacional en septiembre del 2020 ya que la FGR la está buscando.

https://www.milenio.com/policia/maria-isabel-hernandez-juez-suspension-orden-aprehension

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Prisión preventiva oficiosa podrá revocarse después de 2 años: SCJN

La Primera Sala de la SCJN resolvió que la prisión preventiva oficiosa debe ser revisada por los jueces cuando la persona acusada cumpla dos años internada.

09 febrero 2022 14:02hrs | Redacción ADN40 | Poder

Prisión preventiva oficiosa podrá revocarse después de 2 años: SCJN
La Primera Sala de la SCJN resolvió que la prisión preventiva oficiosa debe ser revisada por los jueces cuando la persona acusada cumpla dos años internada.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la prisión preventiva oficiosa debe ser revisada por los jueces cuando la persona acusada cumpla dos años internada sin que se le dicte sentencia, aun cuando se trate de delitos graves.

Con mayoría calificada de 4 a 1 se otorgó el Amparo en Revisión 315/2021 de la Primera Sala de la Corte, por lo que ahora el criterio obligará a todos los jueces del país.

Dicha resolución no significa la liberación en automática, sino un límite racional a la prisión preventiva oficiosa.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá explicó previamente que en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación.

Los jueces deberán tomar en cuenta la complejidad del asunto y la extensión de las investigaciones , pero podrá revocarse si el procesado y su defensa demuestren que el asunto no es complejo.

Resolución genera contoversia en ONG’s

La ONG Alto al Secuestro calificó este martes de “riesgo” que se libere a un acusado de cometer un delito tras dos años sin sentencia y en prisión preventiva oficiosa, previo a la discusión en la SCJN en sobre esta materia.

En un comunicado, la ONG informó que este miércoles la Suprema Corte discutiría el amparo en revisión 315/2021 relativo a un “secuestro exprés” por el cual un hombre está en prisión preventiva oficiosa desde 2018, lo cual, de determinarlo la Corte, podría cambiar para que pudiera llevar su proceso en libertad pese a lo que contempla la Constitución.

Cárceles repletas de personas en prisión preventiva. Un trabajo de @ohernandezb pic.twitter.com/84wXkfkAQp

— Luciana Wainer 💚 (@Luliwainer) February 9, 2022

SCJN determina cambiar prisión preventiva de oficio tras dos años de duración

La prisión preventiva de oficio es aquella que se impone cuando se imputa alguno de los delitos previstos en el artículo 19 constitucional

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la prisión preventiva de oficio puede terminar luego de que exceda los dos años de duración y ser sustituida por otra medida cautelar.

El criterio fue avalado este miércoles por mayoría de cuatro votos en la Primera Sala de la Corte, por lo que será obligatorio para todos los jueces del país.

El proyecto fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estableció que para modificar la prisión preventiva de oficio se debe analizar la complejidad del asunto, la actividad procesal del imputado y la conducta de las autoridades.

“El resultado de comprobar lo anterior será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal”, señala el proyecto.

El caso llegó a la Corte derivado de un amparo tramitado por un hombre identificado como Álvaro, asesorado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), acusado de secuestro exprés que lleva más de tres años en prisión preventiva de oficio y solicitó el cambio de medida cautelar.

La ley establece que los dos años máximo de duración de la prisión preventiva de oficio puede prolongarse, siempre que esto sea producto del ejercicio de defensa del imputado.

La resolución de la Corte no implica que una vez que se cumplan los dos años de duración de esta medida cautelar será modificada automáticamente sino que será susceptible de revisión para que los jueces determinen si pueden o no ordenar su sustitución.

La prisión preventiva de oficio es aquella que se impone cuando se imputa alguno de los delitos previstos en el artículo 19 constitucional, como delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio, secuestro, violación, trata de personas, delitos contra menores de edad, entre otros.

Si el proyecto es avalado por mayoría de cuatro votos en la Sala, puede sentar jurisprudencia obligatoria para todos los jueces del país.

Detenido por tortura el jefe de la policía de Aguascalientes, colaborador de Genaro García Luna

El Ejército y agentes de la Fiscalía General mexicana capturan a Porfirio Javier Sánchez Mendoza tras un fallo de la Corte Interamericana a favor de una víctima que lo denunció en 2016

Porfirio Javier Sánchez Mendoza (centro), jefe de la policía de Aguascalientes durante la toma de protesta como secretario de Seguridad Pública Estatal.
Porfirio Javier Sánchez Mendoza (centro), jefe de la policía de Aguascalientes durante la toma de protesta como secretario de Seguridad Pública Estatal.Gobierno del Estado de Aguascalientes

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército mexicano detuvieron el miércoles por la noche al jefe de la policía de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, acusado de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones. Según han informado las autoridades, la captura se produjo durante una reunión estatal de seguridad y el funcionario no opuso resistencia. Los agentes federales ejecutaron una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que inició un trámite en su contra en 2016 tras la denuncia de una víctima que alegó haber sido torturado por el policía durante una de las épocas más oscuras de México: la fallida guerra contra las drogas de Felipe Calderón (2006 a 2012), cuyo secretario de Seguridad y jefe de Sánchez fue Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos y pendiente de juicio por colaboración con el narcotráfico.

Con la captura de Sánchez Mendoza, el Gobierno mexicano amplía el cerco a los colaboradores de García Luna y supone un nuevo golpe a la Administración del panista Calderón. En julio de 2021 fue detenido Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del exsecretario, por supuestamente haber ordenado y participado de la tortura de “presuntos secuestrados” en 2012, según la orden judicial. Se trataba del caso del montaje, en alianza con la cadena Televisa, de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco, para la cual Cárdenas Palomino ordenó y participó en la tortura de cuatro personas y los obligó a firmar confesiones que los vincularan con ese grupo criminal. En este caso se encontraba la francesa Florence Cassez y el montaje terminó en un conflicto diplomático y una polémica alrededor de la policía, pero las torturas fueron reales, según un fallo judicial.

Sánchez Mendoza fue uno de los directivos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y posteriormente formó parte de la Policía Federal cuando Cárdenas Palomino era jefe de inteligencia en la dependencia. Después, entre 2014 y hasta 2018, continuó en el organismo como director de situaciones tácticas en la Coordinación de Operaciones Especiales en la División de Fuerzas Especiales de la Policía Federal.

El veterano agente asumió el cargo de jefe de la policía estatal de Aguascalientes (centro del país) en 2018, gobernado por Martín Orozco (del PAN), que este año elige a un nuevo mandatario. Para ese entonces ya existía una denuncia de tortura en su contra por parte de una víctima que alegó que fue secuestrado al salir de un gimnasio en la Ciudad de México y después fue torturado por el policía y otro compañero. La demanda continuó hasta la Corte Interamericana que falló a favor de la víctima y se suma al de otro puñado de gente inocente a la que presuntamente torturó y agredió la policía comandada por Cárdenas Palomino y García Luna.

El Gobierno de Martín Orozco ha informado a través de un comunicado que su Administración está en “disposición de colaborar en todo lo que sea necesario”. Un comentario que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha celebrado este miércoles. “La declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo de que se investigara, eso es de destacarse, por lo general o se quedan callados o los defienden”, señaló el presidente en la conferencia mañanera de este jueves.

En el comunicado estatal se resalta, no obstante, el trabajo del policía, que cuando asumió el cargo de secretario ya cargaba acusaciones graves de tortura. “De manera particular, el Gobierno estatal expresa que durante el desempeño de Sánchez Mendoza al frente de la Secretaría de Seguridad Pública realizó sus funciones con una conducta intachable y con resultados que han sido óptimos para lograr estándares que nos colocan como un Estado en el que se cuenta con altos índices de seguridad”, reza el texto oficial.

En julio la Fiscalía de Estados Unidos amplió la acusación contra García Luna a su círculo de colaboradores cercanos. El caso contra el exsecretario que fue detenido en Dallas (Texas) a finales de 2019 acusado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa a cambio de facilitarle envíos de droga al norte, permitió la detención de Cárdenas Palomino y otro de sus subalternos, Ramón Pequeño, que todavía no ha sido detenido, el Departamento de Justicia estadounidense lo coloca en calidad de fugitivo.

Todo comenzó durante el juicio contra el narcotraficante Joaquín El ChapoGuzmán, líder del grupo de Sinaloa, en 2018. En el carrusel de testigos que desfilaron por la corte, algunos mencionaron la cercanía de García Luna con el cártel. El hermano de Ismael El Mayo Zambada, Jesús El Rey Zambada, socio de Guzmán en Sinaloa, llegó a declarar que la organización le había pagado millones de dólares.

Los tentáculos de poder de García Luna y Cárdenas Palomino se han extendido hacia los policías que trabajaban bajo sus órdenes. Hasta la fecha, Sánchez Mendoza no solo no había sido retirado de un cargo, sino que era el máximo responsable de la seguridad en el Estado de Aguascalientes. El Gobierno de Orozco ha nombrado este jueves a su sustituto, Tomás Chávez.

Tras la primera audiencia de este jueves ante un juez, Sánchez Mendoza se ha reservado su derecho a declarar. El imputado se ha acogido a las 144 horas que tiene por derecho para presentar las pruebas pertinentes, esto es, seis días. Esperará su próxima audiencia desde la cárcel del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.