NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos
Artículo de Jorge Carrasco Araizaga, publicado en la revista Proceso el 18 de agosto de 2014.
Foto: Germán Canseco
El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, presentará en la Gendarmerie Royale du Canada una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de que la revista Proceso y el diario digital Los Angeles Press publicaron la existencia de documentación oficial duplicada sobre Hugo Alberto Wallace, declarado oficialmente muerto.
“Acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsable de las amenazas de las que soy víctima”, escribió el activista en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
La denuncia es por “hechos ilícitos de intimidación, represalias y abuso de autoridad” por parte de personal de la Unidad Antisecuestros de la misma PGR, en relación con la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014.
Dicha averiguación, a cargo de la agente del Ministerio Público federal Lourdes López Lucho Iturbide, tiene al activista canadiense como uno de los indiciados por la publicación de dos actas de nacimiento y dos claves únicas de registro de población de Hugo Alberto Wallace.
También es investigada Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, una de las acusadas en el llamado caso Wallace, así como las periodistas Guadalupe Lizárraga, de Los Angeles Press, y Anabel Hernández, quienes publicaron esos documentos (Proceso 1961).
“La averiguación previa está dirigida en mi contra, aunque ningún delito haya cometido, ya que los documentos que publicaron esos medios es información pública que cualquiera puede obtener”, precisa el activista canadiense en su denuncia de hechos dirigida a la fiscal Laura Angelina Borbolla.
Añade: “Quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR; represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.
A raíz de ese trabajo, dice, “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”.
La actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR “no nos sorprende” y “nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam”, apunta Bertet, quien también promovió la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez.
“Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”, subraya
PGR intimida a periodistas por revelar falso secuestro de Wallace
Artículo de Guadalupe Lizarraga, publicado en Los Ángeles Press el 19 de agosto de 2014.
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa contra periodistas y activistas de derechos humanos que han investigado y publicado evidencias que revelan el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, fabricado desde 2005 por su madre Isabel Miranda Torres en la Cuidad de México, y por lo que ha obtenido notoriedad política y poder económico.
Ante ello, el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, con sede en Montreal, señaló que está haciendo una denuncia pública ante Asuntos Exteriores de Canadá y a su Embajada en México por los “hechos ilícitos de intimidación, represalias, y abuso de autoridad” por parte de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Con la denuncia interpuesta por Isabel Miranda, la PGR abrió la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 contra el activista David Bertet, y los periodistas Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press), Anabel Hernández (Proceso), Luis Miguel Ipiña (escritor) y José Reveles (periodista independiente).
Quien ha iniciado esta averiguación ha sido la Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, instancia denunciada por actuar con abuso de poder contra el activista Giel Meza, al ser detenido con armas largas y sin ninguna orden notificada por escrito, el pasado 13 de julio de 2014, para cuestionarlo por el trabajo de los periodistas.
Un segundo acto de intimidación de la SEIDO fue contra Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, una de las inculpadas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Cruz fue notificada bajo advertencias de sanciones económicas si no se presentaba ante las autoridades, el 11 de agosto, para que diera información sobre el origen de evidencias y testimonios publicados por Los Ángeles Press y la revista Proceso.
David Bertet señaló en su denuncia que al ser él mismo indiciado en esta averiguación previa es un acto de intimidación y represalia contra su persona, cuando sus actividades profesionales están sustentadas legalmente al coordinar y promover investigaciones sobre culpables fabricados en México, por lo que puso una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR.
A raíz de la investigación del falso secuestro Wallace, Bertet dijo: “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”, y atajó que la actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR no le sorprende y confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada ahora por Jesús Murillo Karam.
Concluye en su denuncia que “como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”.
Denuncia de hechos
MTRA. LAURA ANGELINA BORBOLLA MORENO FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ASUNTO: DENUNCIA DE HECHOS ILICITOS DE INTIMIDACION, REPRESALIAS Y ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ANTISECUESTROS DE LA PGR EN RELACION A LA AVERIGUACION PREVIA PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014
El 18 de junio a las 11 horas, los familiares de los acusados en el denominado caso Wallace realizaron un plantón en las afueras de las instalaciones de la PGR sobre paseo de la Reforma para solicitarle al procurador Jesús Murillo Karam una entrevista en relación a los elementos de pruebas que fueron publicados en los medios Los Ángeles Press y Proceso. Dichos elementos de pruebas, entre los cuales figuran un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto, hijo de la activista – presidente de la organización Alto al secuestro y dueña de la empresa de espectaculares Showcase, Isabel Miranda de Wallace, así como una CURP tramitada por el desaparecido o por sus padres 5 años después de su supuesta muerte, dieron un nuevo giro al caso Wallace al comprobar que muy probablemente Hugo Alberto sigue vivo bajo otra identidad que la de Hugo Alberto Wallace Miranda y que, a consecuencias, el caso de su supuesto secuestro y asesinato fue a todas luces fabricado. Hasta la fecha los familiares de los acusados no han recibido ninguna respuesta de parte de las oficinas del Procurador.
No solamente, hasta el día de hoy, nuestro trabajo a favor de las víctimas de la violación a los derechos humanos y de la fábrica de culpables ha sido deliberadamente ignorado por la PGR y las autoridades “competentes”. El 13 de julio de 2014, el personal de la SEIDO fue movilizado con vistas a presionar e intimidar a nuestro colega y compañero de trabajo, Giel Meza, presidente de la asociación Gente de México por la Democracia, el cual fue detenido arbitrariamente ese 13 de julio, en violación flagrante al debido proceso y a sus derechos humanos, encañonado por agentes de la SEIDO, y luego interrogado e intimidado durante más de 5 horas en relación de las publicaciones recientes de Los Ángeles Press y de Proceso sobre el caso Wallace.
El 25 de julio, 2014, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y la periodista independiente Guadalupe Lizárraga le hicieron llegar al Procurador dos cartas abiertas para solicitar de nueva cuenta que se abra una investigación a la luz de los elementos de prueba hasta la fecha desconocidos y que ofrecen una perspectiva totalmente diferente sobre el caso Wallace y el personaje de Isabel Miranda de Wallace. Aprovechamos para expresar en dichas cartas nuestra profunda preocupación por la detención ilegal de nuestro colega Giel Meza.
La respuesta procedente de la institución dirigida por el Procurador Jesús
Murillo Karam fue doble:
1) Con referencia PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 y a petición de Isabel Miranda de Wallace, se abrió oficialmente una averiguación previa a cargo de la Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, en contra de Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press), de Anabel Hernández (Proceso), y David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el derecho y la verdad, con sede en Canadá.
2) Fue convocada la madre de Brenda Quevedo Cruz a las instalaciones de la SEIDO para llevar a cabo una diligencia el 10 de agosto 2014 a las 10 horas de la mañana.
En resumen, resulta evidente que no solamente las autoridades “competentes” de México se niegan deliberadamente a investigar sobre el denominado caso Wallace, sino que al obedecer ciegamente a esta persona cuya verdadera cara ha sido evidenciada gracias a las investigaciones realizadas por activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, dichas autoridades se comportan de manera contraria al derecho al recurrir a la intimidación, a la violencia psicológica en contra de colegas y de familiares de víctimas, al abrir una investigación previa sobre hechos que no les competen, ya que si existiría una queja firmada por Isabel Miranda de Wallace en relación a la publicación de datos difamatorios, “la vía tendría que ser civil y no penal”, como lo explicó Anabel Hernández en su misiva a ese órgano. Cabe notar la contradicción en la que cae Isabel Miranda Wallace al pedir que se abra una investigación sobre la publicación de documentos que ella misma, en entrevista en el programa Impacto Jurídico, califico de “falsos”, acusándonos implícitamente de fabricación de documentos falsos cuando nos consta que dichos documentos (un primer acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres que se uso para tramitar una CURP en 2010) son validos, auténticos.
Por un lado, dicha actuación por parte del personal de la Unidad Antisecuestros de la PGR no nos sorprende. Por otro lado, nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam. Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aún y cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia.
Sabiendo que la investigación previa numero PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 está dirigida personalmente en mi contra, aunque ningún delito haya sido cometido, ya que los documentos que fueron publicados por Los Ángeles Press y Proceso relevan del Registro Civil del DF a los que cualquiera puede tener derecho, quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR, represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda, trabajo a raíz del cual la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las victimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos. En resumen, soy víctima de represalias y de intimidación por cumplir con los objetivos y el mandato de la asociación que tengo el honor de presidir que es el de defender y promover los derechos humanos, así como con el deber de cualquier ser humano que es de enfrentar y luchar contra las injusticias y las violaciones a los derechos fundamentales, en cualquier parte del mundo dichas injusticias y violaciones se cometan.
El personal de la Unidad antisecuestros de la PGR, obviamente al mando de Isabel Miranda de Wallace, al estar investigando de manera absolutamente indebida y fuera de sus atribuciones sobre cómo conseguimos el acta de nacimiento y la Curp a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, intenta presionar a quienes desde México o el extranjero investigan sobre el denominado caso Wallace, a quienes apoyan al pueblo mexicano y coinciden con él en su noble aspiración a la seguridad y a un verdadero sistema de impartición de justicia.
Dada la imposibilidad en la que estoy actualmente para acudir a la Fiscalía de la PGR y para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, le pido que en mi derecho este correo electrónico sirva como denuncia formal ante la Fiscalía Especial de la PGR, hasta que acude en persona a sus oficinas para ratificarla. Por medio de la presente, solicito su intervención inmediata en caso de que fuera detenido dentro el territorio mexicano, con vistas a salvaguardar mi integridad física y mis derechos constitucionales. Le preciso que acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) y a Asuntos Exteriores de Canadá para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulte(s) responsable(s) de las amenazas de las que soy víctima.
Para terminar, hago directamente responsable a Isabel Miranda de Wallace de lo que llegue a pasar a mí o a cualquier otro integrante o colaborador de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, dentro y fuera del territorio mexicano.
David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
http://www.ac-dv.org
@: president@ac-dv.org
NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos
mexicoporflorencecassez.wordpress.com 
lamentable las acciones de las autoridades que en lugar de investigar la doble identidad de este sujeto supuestamente secuestrado y arteramente muerto segun redacta el acta de defuncion extendida a su señora madre, (conque cuerpo?) se toman atribuciones intimidatorias escudados en sus gafetes para recoger a reporteros y periodistas sin haber sido siquiera notificados de alguna presentacion oficial, solo por el hecho de denunciar y defender a los implicados en el caso wallace, demostrar la fabrica de culpables que realizo la señora miranda, ha sido motivo para que periodistas y directores de asociaciones civiles pro derechos humanos y a la aplicacion de justicia sin distincion de clases y situacioners economicas, sean perseguidos sin razon alguna, intimidandolos con la esperanza de que ya no sigan demostrando con pruebas tangibles, documentales, lo que la supuesta ofendida no ha podido demostrar, falsedad en todo este proceso y en los que se les sembraron para aumentar las penas condenatorias. siendo este proceso tan plagado de inconsistencias y el personaje tan apañadala por la autoridad que debe ser un verdadero fracazo reconocer que los contactos tan convenientes con la señora miranda no son tan recomendables para escalar posiciones publicas de mando y dominio, esa es la razon por la cual no ven ni oyen lo que este grupo de familiares le quieren decir al procudador murillo. no le conviene saber.