Enriqueta Cruz Gómez, madre de la inculpada del caso Wallace, Brenda Quevedo Cruz, fue detenida por agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), hoy por la mañana, para que declare por la investigación de la Ministerio Público Lourdes López Lucho, quien lleva laaveriguación previacontra varios periodistas y activistas de derechos humanos que han revelado la fabricación del secuestro de Hugo Wallace.
En torno a las 9:30 horas, varios agentes ministeriales se presentaron a la casa de Enriqueta Cruz y le exigieron que los acompañara a las instalaciones de la SEIDO, por la averiguación previa número PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 contra el activista David Bertet, y contra los periodistas Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández, José Reveles y Luis Miguel Ipiña, quienes han revelado la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Wallace por parte de Isabel Miranda Torres.
En el documento mostrado a distancia por los ministeriales se resaltaba que era “urgente y confidencial” que Enriqueta Cruz se presentara ante la SEIDO, pese a que el 11 de agosto pasado, ya había sido entrevistada por López Lucho durante más de cinco horas.
Los Ángeles Pressllamó a la ministerio público Lourdes López Lucho por la detención de Enriqueta Cruz, y se informó que la funcionaria no laboraba el fin de semana. La llamada la tomó el fiscal coordinador adscrito a la Unidad especializada en investigaciones de delitos de secuestros, Edgar Rodríguez, quien dijo que sólo la titular de la averiguación previa podría darle seguimiento al caso.
El fiscal aseguró que daría el mensaje a López Lucho, sin embargo, esta periodista se ha comunicado en tres ocasiones a la SEIDO, desde la semana pasada, y la ministerio público no ha respondido las llamadas, pese a que se trata de la averiguación previa por las evidencias publicadas en sus reportajes sobre el falso secuestro de Hugo Wallace.
Por la misma averiguación previa, también fue detenido sin notificación legal elactivista Giel Meza, el pasado 13 de julio de 2014, por lo que puso la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el número de expediente CDHDF/121/14/CNDH/R0689.
Por su parte, el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, también puso una denuncia por intimidación, represalias y abuso de autoridad contra los ministeriales de la SEIDO, ante la Fiscalía especial para la atención de delitos contra la Libertad de Expresión, de la PGR.
La última actualización informativa que se tuvo de los familiares de Enriqueta Cruz, es que después de unas tres horas de espera en la SEIDO, se les avisó que sólo la habían trasladado a las instalaciones judiciales para que declarara sobre la denuncia contra los periodistas, y que la liberarían en unas tres horas más.
NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
Firmaaquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos
Imagen tomada ante las instalaciones de la PGR para pedir que se investigue a Isabel Miranda Torres por las evidencias del falso secuestro Wallace publicadas en los medios. Foto: especial
Autoridades del Cefereso #12, en Guanajuato, han negado a Albert Castillo Cruz, inculpado del falso secuestro de Hugo Wallace, toda documentación jurídica que lo instruya sobre sus derechos, desde la Constitución Política hasta código penales, leyes de amparos, jurisprudencias y reformas judiciales. Así mismo, su correspondencia fue retrasada por más de nueve meses a su destinatario el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, como forma de represalia a la búsqueda de justicia después de que periodistas y activistas de derechos humanos han estado revelando la falsedad del secuestro y homicidio de Hugo Wallace, fabricado por su madre Isabel Miranda Torres.
En el caso de Brenda Quevedo Cruz, no pasaron sus llamadas el fin de semana para comunicarse con sus padres, como le corresponde periódicamente. El sábado, 16 de agosto, Brenda Quevedo realizó tres intentos de llamadas desde el penal El Rincón, Tepic, Nayarit, y cortaban la llamada antes de transferirla a casa a de sus padres, quienes denunciaron que no es la primera vez que los dejan incomunicados, y al parecer nadie más de las compañeras internas de Quevedo tienen problemas con la comunicación telefónica.
Enriqueta Cruz, madre de Brenda, consideró la incomunicación de su hija como una represalia por sus declaraciones ante la Ministerio Público Lourdes López Lucho, el pasado 11 de agosto, cuando se le citó para que diera información sobre las evidencias publicadas por Los Ángeles Press y la revista Proceso, pese a que ella ya las había presentado desde marzo de 2014 ante el Juzgado 16 de Procesos Penales que lleva la causa 35/2006.
Cruz agregó que pondría una nueva queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Comisionado del Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que consideró que “ahora más que nunca, es importante estar en comunicación con su hija, una comunicación a la que tiene derecho”. Brenda Quevedo y Jacobo Tagle aún están en el proceso de desahogo de pruebas y no han sido sentenciados.
Albert Castillo, por su parte, en la misiva dirigida al titular del Poder Ejecutivo, escrita el 22 de noviembre de 2013 y entregada a sus familiares a mediados de agosto de 2014, reiteró la denuncia de que fue víctima de tortura bajo las órdenes de Isabel Miranda Torres, a quien señaló también como principal responsable de las inconsistencias del proceso fabricado en su contra y en contra de su hermano Tony, en el denominado “Caso Wallace”.
También denunció al Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, responsable directo de la tortura en el Cefereso No. 2 de Puente Grande, Jalisco, y mencionó asimismo el caso de tortura a Brenda Quevedo Cruz. Se trata del mismo ministerio público identificado por las demás víctimas de Isabel Miranda, que junto con el MP Oswaldo Jiménez Juárez y Fermín Ubaldo Díaz, participaron en las agresiones físicas contra César Freyre, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y Brenda Quevedo Cruz.
Albert Castillo decidió escribir a Peña Nieto, porque él y su hermano Tony fueron sentenciados a 46 años de cárcel por el falso secuestro del hijo de Miranda Torres, y por presión mediática de ella, el juez incrementó la pena a 93 años de cárcel, pese a las graves irregularidades del proceso y sin que la parte acusadora hubiera presentado una sola prueba pericial consistente.
Las autoridades del penal donde se encuentra recluido Albert Castillo, le dijeron que ya no tenía nada que hacer en su defensa, por eso le negaron la documentación jurídica. Los hermanos Castillo Cruz cumplen condena desde 2006. Albert fue capturado y torturado por Isabel Miranda y varios agentes ministeriales pertenecientes a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Tony se entregó voluntariamente con el propósito de aclarar la falsa acusación y sin temer por su vida. Sin embargo, el día que fue a declarar, no volvió a salir y fue internado en el Cefereso No. 3 de Matamoros, Tamaulipas.
Brenda Quevedo Cruz fue detenida desde 2007, en Estados Unidos, y deportada a México, donde fue torturada en dos ocasiones, una en el penal de Santiaguito, Estado de México, y otra en islas Marías. “A parte de todo lo que ha padecido, siguen castigándole con la tortura psicológica”, atajó su madre Enriqueta Cruz.
Carta de Albert Castillo a Enrique Peña Nieto
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Isabel Miranda de Wallace, activista. Foto: Germán Canseco
El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, presentará en la Gendarmerie Royale du Canada una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de que la revista Proceso y el diario digital Los Angeles Press publicaron la existencia de documentación oficial duplicada sobre Hugo Alberto Wallace, declarado oficialmente muerto.
“Acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsable de las amenazas de las que soy víctima”, escribió el activista en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
La denuncia es por “hechos ilícitos de intimidación, represalias y abuso de autoridad” por parte de personal de la Unidad Antisecuestros de la misma PGR, en relación con la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014.
Dicha averiguación, a cargo de la agente del Ministerio Público federal Lourdes López Lucho Iturbide, tiene al activista canadiense como uno de los indiciados por la publicación de dos actas de nacimiento y dos claves únicas de registro de población de Hugo Alberto Wallace.
También es investigada Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, una de las acusadas en el llamado caso Wallace, así como las periodistas Guadalupe Lizárraga, de Los Angeles Press, y Anabel Hernández, quienes publicaron esos documentos (Proceso 1961).
“La averiguación previa está dirigida en mi contra, aunque ningún delito haya cometido, ya que los documentos que publicaron esos medios es información pública que cualquiera puede obtener”, precisa el activista canadiense en su denuncia de hechos dirigida a la fiscal Laura Angelina Borbolla.
Añade: “Quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR; represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.
A raíz de ese trabajo, dice, “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”.
La actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR “no nos sorprende” y “nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam”, apunta Bertet, quien también promovió la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez.
“Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”, subraya
PGR intimida a periodistas por revelar falso secuestro de Wallace
Artículo de Guadalupe Lizarraga, publicado en Los Ángeles Press el 19 de agosto de 2014.
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa contra periodistas y activistas de derechos humanos que han investigado y publicado evidencias que revelan el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, fabricado desde 2005 por su madre Isabel Miranda Torres en la Cuidad de México, y por lo que ha obtenido notoriedad política y poder económico.
Ante ello, el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, con sede en Montreal, señaló que está haciendo una denuncia pública ante Asuntos Exteriores de Canadá y a su Embajada en México por los “hechos ilícitos de intimidación, represalias, y abuso de autoridad” por parte de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Con la denuncia interpuesta por Isabel Miranda, la PGR abrió la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 contra el activista David Bertet, y los periodistas Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press), Anabel Hernández (Proceso), Luis Miguel Ipiña (escritor) y José Reveles (periodista independiente).
Quien ha iniciado esta averiguación ha sido la Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, instancia denunciada por actuar con abuso de poder contra el activista Giel Meza, al ser detenido con armas largas y sin ninguna orden notificada por escrito, el pasado 13 de julio de 2014, para cuestionarlo por el trabajo de los periodistas.
Un segundo acto de intimidación de la SEIDO fue contra Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, una de las inculpadas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Cruz fue notificada bajo advertencias de sanciones económicas si no se presentaba ante las autoridades, el 11 de agosto, para que diera información sobre el origen de evidencias y testimonios publicados por Los Ángeles Press y la revista Proceso.
David Bertet señaló en su denuncia que al ser él mismo indiciado en esta averiguación previa es un acto de intimidación y represalia contra su persona, cuando sus actividades profesionales están sustentadas legalmente al coordinar y promover investigaciones sobre culpables fabricados en México, por lo que puso una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR.
A raíz de la investigación del falso secuestro Wallace, Bertet dijo: “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”, y atajó que la actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR no le sorprende y confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada ahora por Jesús Murillo Karam.
Concluye en su denuncia que “como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”.
Denuncia de hechos
MTRA. LAURA ANGELINA BORBOLLA MORENO FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ASUNTO: DENUNCIA DE HECHOS ILICITOS DE INTIMIDACION, REPRESALIAS Y ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ANTISECUESTROS DE LA PGR EN RELACION A LA AVERIGUACION PREVIA PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014
El 18 de junio a las 11 horas, los familiares de los acusados en el denominado caso Wallace realizaron un plantón en las afueras de las instalaciones de la PGR sobre paseo de la Reforma para solicitarle al procurador Jesús Murillo Karam una entrevista en relación a los elementos de pruebas que fueron publicados en los medios Los Ángeles Press y Proceso. Dichos elementos de pruebas, entre los cuales figuran un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto, hijo de la activista – presidente de la organización Alto al secuestro y dueña de la empresa de espectaculares Showcase, Isabel Miranda de Wallace, así como una CURP tramitada por el desaparecido o por sus padres 5 años después de su supuesta muerte, dieron un nuevo giro al caso Wallace al comprobar que muy probablemente Hugo Alberto sigue vivo bajo otra identidad que la de Hugo Alberto Wallace Miranda y que, a consecuencias, el caso de su supuesto secuestro y asesinato fue a todas luces fabricado. Hasta la fecha los familiares de los acusados no han recibido ninguna respuesta de parte de las oficinas del Procurador.
No solamente, hasta el día de hoy, nuestro trabajo a favor de las víctimas de la violación a los derechos humanos y de la fábrica de culpables ha sido deliberadamente ignorado por la PGR y las autoridades “competentes”. El 13 de julio de 2014, el personal de la SEIDO fue movilizado con vistas a presionar e intimidar a nuestro colega y compañero de trabajo, Giel Meza, presidente de la asociación Gente de México por la Democracia, el cual fue detenido arbitrariamente ese 13 de julio, en violación flagrante al debido proceso y a sus derechos humanos, encañonado por agentes de la SEIDO, y luego interrogado e intimidado durante más de 5 horas en relación de las publicaciones recientes de Los Ángeles Press y de Proceso sobre el caso Wallace.
El 25 de julio, 2014, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y la periodista independiente Guadalupe Lizárraga le hicieron llegar al Procurador dos cartas abiertas para solicitar de nueva cuenta que se abra una investigación a la luz de los elementos de prueba hasta la fecha desconocidos y que ofrecen una perspectiva totalmente diferente sobre el caso Wallace y el personaje de Isabel Miranda de Wallace. Aprovechamos para expresar en dichas cartas nuestra profunda preocupación por la detención ilegal de nuestro colega Giel Meza.
La respuesta procedente de la institución dirigida por el Procurador Jesús
Murillo Karam fue doble:
1) Con referencia PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 y a petición de Isabel Miranda de Wallace, se abrió oficialmente una averiguación previa a cargo de la Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, en contra de Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press), de Anabel Hernández (Proceso), y David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el derecho y la verdad, con sede en Canadá.
2) Fue convocada la madre de Brenda Quevedo Cruz a las instalaciones de la SEIDO para llevar a cabo una diligencia el 10 de agosto 2014 a las 10 horas de la mañana.
En resumen, resulta evidente que no solamente las autoridades “competentes” de México se niegan deliberadamente a investigar sobre el denominado caso Wallace, sino que al obedecer ciegamente a esta persona cuya verdadera cara ha sido evidenciada gracias a las investigaciones realizadas por activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, dichas autoridades se comportan de manera contraria al derecho al recurrir a la intimidación, a la violencia psicológica en contra de colegas y de familiares de víctimas, al abrir una investigación previa sobre hechos que no les competen, ya que si existiría una queja firmada por Isabel Miranda de Wallace en relación a la publicación de datos difamatorios, “la vía tendría que ser civil y no penal”, como lo explicó Anabel Hernández en su misiva a ese órgano. Cabe notar la contradicción en la que cae Isabel Miranda Wallace al pedir que se abra una investigación sobre la publicación de documentos que ella misma, en entrevista en el programa Impacto Jurídico, califico de “falsos”, acusándonos implícitamente de fabricación de documentos falsos cuando nos consta que dichos documentos (un primer acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres que se uso para tramitar una CURP en 2010) son validos, auténticos.
Por un lado, dicha actuación por parte del personal de la Unidad Antisecuestros de la PGR no nos sorprende. Por otro lado, nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam. Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aún y cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia.
Sabiendo que la investigación previa numero PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 está dirigida personalmente en mi contra, aunque ningún delito haya sido cometido, ya que los documentos que fueron publicados por Los Ángeles Press y Proceso relevan del Registro Civil del DF a los que cualquiera puede tener derecho, quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR, represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda, trabajo a raíz del cual la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las victimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos. En resumen, soy víctima de represalias y de intimidación por cumplir con los objetivos y el mandato de la asociación que tengo el honor de presidir que es el de defender y promover los derechos humanos, así como con el deber de cualquier ser humano que es de enfrentar y luchar contra las injusticias y las violaciones a los derechos fundamentales, en cualquier parte del mundo dichas injusticias y violaciones se cometan.
El personal de la Unidad antisecuestros de la PGR, obviamente al mando de Isabel Miranda de Wallace, al estar investigando de manera absolutamente indebida y fuera de sus atribuciones sobre cómo conseguimos el acta de nacimiento y la Curp a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, intenta presionar a quienes desde México o el extranjero investigan sobre el denominado caso Wallace, a quienes apoyan al pueblo mexicano y coinciden con él en su noble aspiración a la seguridad y a un verdadero sistema de impartición de justicia.
Dada la imposibilidad en la que estoy actualmente para acudir a la Fiscalía de la PGR y para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, le pido que en mi derecho este correo electrónico sirva como denuncia formal ante la Fiscalía Especial de la PGR, hasta que acude en persona a sus oficinas para ratificarla. Por medio de la presente, solicito su intervención inmediata en caso de que fuera detenido dentro el territorio mexicano, con vistas a salvaguardar mi integridad física y mis derechos constitucionales. Le preciso que acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) y a Asuntos Exteriores de Canadá para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulte(s) responsable(s) de las amenazas de las que soy víctima.
Para terminar, hago directamente responsable a Isabel Miranda de Wallace de lo que llegue a pasar a mí o a cualquier otro integrante o colaborador de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, dentro y fuera del territorio mexicano.
David Bertet Presidente Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad http://www.ac-dv.org @: president@ac-dv.org
NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.
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Un artículo de Anabel Hernández, publicado en la revista Procesoel 17 de agosto de 2014.
En 2009, cuando los gobiernos mexicano y francés discutían el posible envió de Florence Cassez a Francia, un testimonio grabado en video dio al traste con esa negociación: en el David Orozco se reconocía como secuestrador y afirmaba que la francesa también lo era. En realidad esto fue un montaje mas de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica en el sexenio calderonista, pues el declarante era un tianguista que fue torturado para que se incriminara. Y aunque el Poder Judicial ya estableció la inocencia de esta persona, Orozco no saldrá vivo de la cárcel: pronto morirá como consecuencia de un tumor que se le desarrolló por las torturas a las cuales lo sometieron policías federales.
David Orozco Hernández, vendedor de ropa en un tianguis, es el preso número 4708 del Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic. Hace dos semanas le detectaron un tumor provocado por las golpizas que le propinó la Policía Federal (PF) en 2009. Está muriendo…
Ahora la Procuraduría General de la República (PGR) lo tiene en el olvido. Pero no siempre fue así. En mayo de 2009 Orozco apareció en los principales noticiarios: La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), encabezada entonces por Genaro García Luna, lo presentó en un video para incriminar a Florence Cassez.
A ella en 2005 la Agencia Federal de Investigaciones la dio a conocer en la transmisión televisiva de un supuesto operativo de captura y la presentó como integrante de la banda de secuestradores Los Zodiaco. El video de Orozco incriminándose e incriminando a Cassez apareció cuando los gobiernos mexicano y francés discutían la posible repatriación de la francesa y sepultó en ese momento la posibilidad de que fuera enviada a su país.
El 24 de enero de 2013 la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de Cassez por violaciones graves al debido proceso. Pero tras sus breves segundos de fama, Orozco fue olvidado por la opinión pública y la justicia. El 25 de noviembre de 2011 el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tepic, lo sentenció a 68 años de cárcel.
Pero el 15 de febrero de 2014 el Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, toca penal 338/2011, ordenó que se eliminara la sentencia contra Orozco y se repusiera su juicio por faltas al debido proceso, contradicciones en los testimonios de los policías federales, declaraciones de la verdadera circunstancia de su detención y dictámenes que confirmaban la tortura.
El 15 de agosto, el periodista y editor en jefe en la Ciudad de México por The Washington Post, Joshua Partlow, publicó un artículo sobre el secuestro en México. Para ello recurrió a Isabel Miranda Torres y a Fernando Ruiz Canales, a quienes presentó como supuestos activistas contra el secuestro, ignorando su larga trayectoria delictiva, y a quienes da veracidad en cifras de secuestros sin más fundamento que la opinión de los implicados. Aquí mi carta al periodista.
Los Ángeles, California, 17 de agosto de 2014
Estimado Joshua Partlow:
En su artículo “Kidnappings in Mexico surge to the highest number on record” publicado el 15 de Agosto de 2014, utilizó de fuente informativa a dos supuestos activistas contra el secuestro en México, Isabel Mirada de Wallace y Fernando Ruiz Canales.
Llama la atención que un periodista de su talla, y de un medio con el prestigio como el de The Washington Post, no considere una investigación mínima a sus fuentes informativas antes de publicar una nota. Isabel Miranda de Wallace, con una larga trayectoria en la fabricación de culpables y una de las piezas más corruptas del sistema de justicia mexicano, de acuerdo a evidencias, testimonios, denuncias judiciales y en instancias de derechos humanos, da cifras sin ningún respaldo científico, sin ningún fundamento más que su palabra.
Nuestra investigación –que no es la única– reveló que Isabel Miranda fabricó el secuestro de su hijo en julio de 2005, y torturó a siete personas para que se incriminaran por este delito que nunca sucedió. Ella usó a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República para detener ilegalmente a sus víctimas y para entrar a discreción a los penales donde fueron torturados varias veces. Con estos hechos, ella se presentó como activista contra el secuestro y ganó notoriedad política y poder económico a través de recursos públicos.
Miranda nunca presentó una sola prueba pericial del supuesto crimen de secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace. Además, cometió perjurio ante la Corte de Chicago en 2008, al mentir que su hijo no tenía antecedentes penales en México y ha hostigado a periodistas que publicamos sus delitos. Incluso hay suficientes evidencias de rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda publicados en nuestro medio Los Ángeles Press.
Fernando Ruiz Canales, la otra referencia informativa que usted utiliza, ha sido denunciado como extorsionador de víctimas. Él cobró 15 mil pesos a la madre de Brenda Quevedo Cruz y a la madre de Albert Castillo Cruz, ambos acusados falsamente de secuestro y homicidio por Isabel Miranda, con la promesa de localizar a Hugo Alberto Wallace, en una de las últimas veces que lo vieron en un bar en 2010.
Ruiz Canales tomó el dinero de las madres de los inculpados, y jamás volvió a darles la cara.
¿Cómo puede usted dar credibilidad a personajes tan siniestros de la corrupción mexicana en un tema tan serio como es el de secuestro en México?
Utilizar a delincuentes del sistema como fuentes informativas, no solo desprestigia su nombre y su medio, sino también contribuye a la impunidad y legitimación de estas mentiras avaladas por el gobierno mexicano.
Publicado el 12 de agosto de 2014 en la revista Proceso
En una carta enviada a Laura Borbolla, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, la periodista Anabel Hernández denuncia que es objeto de represalias e intimidación por el reportaje en el cual se pone en duda el secuestro y muerte del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda (Proceso 1961).
En su investigación, la periodista destaca que Hugo Alberto tiene una primera acta de nacimiento usada para tramitar una CURP en 2010.
Hernández acusa en su carta que la Unidad Antisecuestros de la PGR, “de manera abusiva y fuera de su competencia” abrió en su contra la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014, a petición de Miranda de Wallace.
Precisa que la MP responsable de la averiguación previa es Lourdes López Lucho Iturbide a la Unidad Antisecuestros de la SEIDO.
“A todas luces se trata de un acto arbitrario de la autoridad federal ya que si la persona María Isabel Miranda considerara que se trata de un artículo difamatorio, la vía tendría que ser civil, no penal. La PGR no tiene facultades para investigar el libre ejercicio periodístico a menos que se trate de agravios a periodistas”, argumenta Hernández García en la carta.
La periodista señala que aun cuando ya ha habido personas que han sido declaradas en la SEIDO por este caso, a ella no la han citado ni notificado.
Entre ellas, detalla, están Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, acusada de supuestamente haber secuestrado al hijo de la señora Miranda, quien fue citada a declarar el día de ayer 11 de agosto a las 10 a.m.
“La interrogaron constantemente sobre mi persona y cómo obtuve el acta de nacimiento y de matrimonio de María Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace que tiene fecha de 1978 y no de 1968 como ella declaró a la PGR, siendo éstos claramente documentos públicos al encontrarse en el Registro Civil”, expone Hernández.
Sostiene que de manera arbitraria y sin citatorio alguno el 16 de julio pasado elementos de la PGR detuvieron al activista Giel Meza, de la asociación Gente de México por la Democracia.
“Lo llevaron a la fuerza a la SEIDO, lo interrogaron sobre mi persona y luego de intimidarlo lo soltaron”, afirma Hernández.
En su carta, la periodista pide a la fiscal Borbolla que “se inicie de inmediato una averiguación sobre este asunto que claramente se trata de un ataque de una particular coludida con una autoridad en represalia a mi trabajo”.
Hernández García manifiesta que teme por su vida y su integridad física ya que, asegura, supuestos responsables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace han denunciado tortura por parte de la señora Miranda, orquestada por propios elementos de la PGR al momento de su detención o interrogatorios. Y la CNDH ha comprobado dichas torturas, remata.
“Por lo que sé, la PGR está investigando de manera absolutamente indebida y fuera de sus atribuciones cómo conseguí el acta de nacimiento y el acta de matrimonio de la señora Miranda, lo cual por supuesto no es un delito sino el ejercicio de mi libertad de expresión y trabajo. Además de que se trata de documentos del Registro Civil del DF a los que cualquiera puede tener derecho. En modo alguno es un delito federal, mucho menos del ámbito del área Antisecuestros. Es evidente que se trata de un intento para amedrentarme e impedir que siga investigando como periodista”.
Hernández indica que teme ser detenida al salir del país o a su regreso, o ser víctima de abusos, tortura y desaparición forzada “como lo ha hecho la señora Miranda Torres coludida con autoridades federales contra otras personas”.
Por lo que la periodista solicita a la fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que si de manera irregular es retenida en el aeropuerto o en cualquier otro lugar, se intervenga de inmediato para salvaguardar su integridad física y sus derechos.
“Dada la urgencia, premura y mi imposibilidad para acudir personalmente a la Fiscalía de la PGR para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, así como para presentar una denuncia ante la CNDH por un claro abuso de autoridad, les pido que en mi derecho este correo electrónico sea tomado como mi denuncia formal ante la Fiscalía Especial de la PGR y la CNDH la cual ratificaré el jueves próximo cuando regrese de mi viaje de trabajo”, expresa.
Anabel Hernández destaca en la carta que actualmente cuenta con la protección del gobierno federal y del Mecanismo de Protección a Periodistas debido a que ha sido blanco de amenazas, ataques físicos a su domicilio y presuntos complots para asesinarla.
Añade asimismo que la ONU y varios países de Europa y América han manifestado su preocupación por el aumento de agravios hacia su persona en represalia a su ejercicio periodístico profesional y ético.
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