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Ixchel Cisneros critica a ONGs como la de Isabel Miranda de Wallace

ongwallace.pngRepublica 32

13 de marzo 2018

En entrevista para República 32, la activista, periodista y directora ejecutiva de Cencos, Ixchel Cisneros, habló sobre el estado de las ONG’s en México y el papel que juegan, tanto en la defensa de los derechos humanos como en su contraparte: el golpeteo político contra organizaciones que critican al gobierno federal.

Al dar su opinión sobre Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al secuestro, Cisneros comentó que pese a no querer demeritar las cifras que publica dicha ONG sobre los casos de secuestro en diferentes estados, sí cree que se “ha dejado utilizar por el gobierno mexicano para servir como un estilo de golpeador contra otras organizaciones de la sociedad civil”.

ixchel cisneros critica a miranda de wallaceWallace es acusada de ser un instrumento gubernamental para “golpear” a otras ONG’s. Foto: Facebook/AltoAlSecuestro

 

“Y hasta lo mejor podría no ser objetivo porque ella nos ha golpeado a nosotros (…) nos ha llamado hijos de (George) Soros, porque supuestamente recibíamos dinero del Open Society Foundation, que tiene un dueño que puede ser criticado por muchas cosas, pero creo que en este país las casualidades no existen y es muy raro que cada que necesitan golpear revistas o personas defensoras salgan personas como Isabel Miranda de Wallace a hablar mal de nosotros, del GIEI o de otras organizaciones que tienen una carrera impecable que pueden ponerse en tela de juicio y seguro pasará cualquier filtro, pero utilizan a este tipo de personajes para golpear porque es mucho más fácil que decir las cosas directamente porque saben que es mentira”.

Para Cisneros no todas las ONG’s están tan ligadas al gobierno federal, sino que depende de la estructura de la organización, para lo que se necesita un consejo sólido sumado a que se debe llevar una buena rendición de cuentas.

La forma en la que las ONG’s se mantienen

La activista recordó que la mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos establecidas en México sobreviven de donaciones internacionales, aunque algunas más por el gobierno mexicano, particularmente las que tienen que ver con temas de justicia.

“Pero es un poco como rascarse con sus propios dientes, porque no hemos sabido transmitirle a la comunidad la importancia de este tipo de organizaciones”.

¿Crees que las ONG’s llegan a funcionar como meramente un negocio?

“Sí creo que haya organizaciones, muchas de ellas asistencialistas, que te venden la idea de ‘vamos a ayudar a los niños de la calle’ y finalmente termina siendo el negocio de una familia”.

ixchel cisneros critica a miranda de wallaceWallace, al centro, durante un evento en el Senado sobre el Sistema Nacional Acusatorio. Foto: Facebook/AltoAlSecuestro

 

“Como organizaciones de la sociedad civil, creo que no hemos sabido transmitir a la gente que también es su obligación como donantes –y también al gobierno mexicano– quiénes son las organizaciones que sí están rindiendo cuentas, que sí están haciendo bien su trabajo, que tienen un consejo sólido, que no son sólo de una persona”.

Sobre la forma en la que surgieron organizaciones como México SOS, del empresario Alejandro Martí, Cisneros clasifica este caso en particular como “tremendo”, haciendo referencia al asesinato del hijo del empresario, que fue el germen del inicio de la organización.

Sin embargo, asegura que Martí se ha dejado arrastrar “por esta clase política que no entiende a nuestro país, y al final de cuentas no sé si consciente o inconscientemente, ha servido para golpear otros movimientos de Derechos Humanos y otras organizaciones”.

Para ejemplificar esto, la activista recordó el caso en donde México SOS apoyó a un un miembro del Ejército que le disparó a quemarropa a un civil en la comunidad de Palmarito, Puebla.

“Una persona que defiende los Derechos Humanos no podría hacerlo, no hay manera en la que una ejecución extrajudicial, evidentemente como fue la de Palmarito, sea defendida por alguien que se cree un defensor de los derechos humanos”.

Yunes Linares no se deja premiar por Miranda de Wallace

http://libertadbajopalabra.com/2018/03/14/yunes-linares-no-se-deja-premiar-miranda-wallace/Wallace

Armando Ortiz / Miranda de Wallace dice que ha intentado contactar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Ella dice que para dialogar sobre la violencia que ocurre en Veracruz y que de acuerdo a sus estudios ha aumentado. Tal vez el gobernador debería de dialogar con la señora, en una de esas le ofrece algún premio, como el que le otorgó en enero de 2017 a Édgar Veytia, fiscal de Nayarit, quien por cierto ya estaba haciendo de las suyas, aliado de las bandas del narcotráfico y detenido en este momento en una cárcel de los Estados Unidos. Pues como Yunes Linares no se presta a esas cosas con la señora Wallace, esta no pierde oportunidad para hablar mal del gobierno de Veracruz, sobre todo cuando el vocero oficial de Javier Duarte, Ciro Gómez Leyva, le abre los micrófonos. Ahora Miranda de Wallace dice que los empresarios de Veracruz no hacen reclamos ni denuncias por miedo a las represalias por parte del gobierno. Sin embargo, ya la asociación de hoteles y moteles de Veracruz dijo que ellos ni reciben línea ni están amenazados. Los mismo dijeron los de la CANACO que afirman que en Veracruz cualquiera puede hablar de inseguridad. Hace mucho que Isabel Miranda de Wallace, un producto del calderonismo, un engendro de Genaro García Luna, ha perdido credibilidad, y sólo se presta a denostar a quien no se deja premiar por ella. Por supuesto esos premios que da no son gratuitos; ¿o qué esperaba?

Cancún, el infierno para cuatro colombianos

El 18 de diciembre de 2017 cuatro colombianos fueron detenidos por policías de Cancún, Quintana Roo, en un hecho similar al de los tres italianos desaparecidos hace mes y medio en Tecalitlán, Jalisco. Uno de esos sudamericanos apareció decapitado dos días después de la detención. Proceso entrevistó en Colombia a familiares de las víctimas y también tuvo acceso al expediente que ese país armó del caso. Los testimonios obtenidos y la información recabada dejan al descubierto una cadena de irregularidades de las autoridades mexicanas que rayan en la corrupción y en el encubrimiento.

BOGOTÁ (Proceso).- El expediente que han recopilado autoridades colombianas sobre la desaparición de tres de sus ciudadanos en Cancún es demoledor.
La información indica, basada en testimonios, que policías municipales del destino turístico detuvieron el 18 de diciembre de 2017 a cuatro colombianos que fueron subidos a dos patrullas. Horas después, los habrían entregado a un grupo criminal identificado como el “Cártel de Jalisco”; 48 horas más tarde sólo uno de los arrestados fue hallado, muerto.

A lo largo de estas 12 semanas, la Fiscalía General de Quintana Roo, encargada de la investigación, no ha realizado una sola captura pese a todas las evidencias y testimonios que involucran a los policías locales en el arresto de los colombianos Yesly Tatiana Góez Guisao, Joan Sebastián Espinoza Urrego, Óscar Alexander Zuluaga Macías y Néstor Espinoza Castañeda.

“Tienen videos de las cámaras cercanas al lugar del arresto, saben a qué patrullas los subieron, saben que eran ocho policías hombres y dos mujeres los que fueron por ellos y no han hecho nada”, se lee en una parte del expediente conocido por Proceso.

Según la documentación a la que este semanario tuvo acceso, funcionarios de la Cancillería colombiana se vieron tan desbordados por “todas las irregularidades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Rooque pidieron ayuda a la Policía Federal, lo que hasta ahora no ha dado ningún resultado.

Además, al ver la sospechosa incompetencia de la Fiscalía de Quintana Roo, personal diplomático de Colombia acreditado en México solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero tampoco ha servido.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, ciudad de la que son oriundas las víctimas, considera que se trata de un caso de “desaparición forzada” y que debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.

Por ello, pidió al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intercedan ante al gobierno mexicano para dar celeridad a la investigación y se castigue a los responsables.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2158, ya en circulación

La justicia mexicana, cómplice de Miranda de Wallace

Victor Caballero

A la opinión pública:

Por este conducto estamos en condiciones de informar que el pasado mes de febrero de 2018, asistimos a las compañeras activistas Mary Sainz y Lupita Vallarta, en la interposición de un juicio de amparo en contra de actos de la Procuraduría General de la República ante la dilacion en la integración de la carpeta de investigación que iniciaron en el mes de junio de 2017 en contra de Isabel Miranda de Wallace y/o quién resulte responsable de las amenazas que recibieron, a partir de su participación en una manifestación en la que coincidieron con dicha persona; dicho juicio de amparo quedó radicado en el Juzgado 15 de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, bajo el expediente número 91/2018.

Resulta que después de 9 meses de haber iniciado dicha indagatoria hasta la semana que transcurre y solo hasta que la PGR estuvo obligada a rendir un informe al juez del amparo, nos enteramos que dicha dependencia se declaró incompetente para conocer de los hechos de dicha indagatoria y que la remitio a la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, la cual, extraña y presuntamente la tuvo por radicada el día 6 de febrero de 2018 ( cuando el amparo se interpuso el día 8 de febrero de 2018), lo cual nunca fue notificado a las denunciantes.

En los informes que constan en el expediente de amparo, dicha carpeta de investigación no ha tenido ningún tipo de avance, al grado tal que no se sabe el destino de las pruebas que las compañeras aportaron a la investigación, lo cual violenta la normatividad relativa a la cadena de custodia establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Desde este espacio exigimos a las autoridades encargadas de la procuración de Justicia, tanto Federal como local en la CDMX -como en otros- que se cumpla con lo establecido en el apartado C, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, asi como las resoluciones relativas al control difuso de Constitucionalidad emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; en favor de las víctimas y que se investigue y se juzgue el delito de que fueron objeto.

Víctor Rogelio Caballero Sierra, Colectivo Democrático Aequus.- Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Colectivo Rebelión.

 

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Falsedad de Caso Wallace exhibido en Encuentro de Mujeres Zapatistas

 

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Por Guadalupe Lizárraga

CARACOL DE ZONA TZOTS CHOJ, Chiapas.- Con una manta pintada en Madrid por el artista Andrés del Collado, se exhibe en el Caracol de Morelia, municipio autónomo zapatista, la falsedad del caso Wallace creado en julio de 2005 por Isabel Miranda Torres para proteger a su hijo del crimen organizado, y que mantiene en la cárcel a Brenda Quevedo Cruz, junto a otras seis personas inculpadas y torturadas.

La denuncia se hace en el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que luchan convocado por el colectivo de mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que termina el 10 de marzo.

En la manta se destaca el rostro de Brenda Quevedo Cruz con el letrero “En México se fabrican culpables” y “El falso caso Wallace” con la dirección de internet donde se pueden obtener los reportajes con las evidencias de la fabricación del caso y los testimonios de tortura de los inculpados Jacobo Tagle Dobín, César Freyre, Alberto y Tony Castillo, así como el testimonio de Juana Hilda González Lomelí.

Brenda Quevedo lleva once años en la cárcel sin sentencia, pese a las denuncias y evidencias de rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien ha utilizado una segunda identidad como Hugo Alberto Miranda Torres y ha obtenido documentos oficiales después del supuesto homicidio por el que Brenda Quevedo fue torturada para que se incriminara en dos ocasiones; una dentro del penal de Santiaguito, Estado de México, y otra en el de Islas Marías al que fue trasladada ilegalmente por los mismos agentes ministeriales que la torturaron la primera vez, y que han trabajado para Isabel Miranda Torres.

El encuentro de mujeres zapatistas ha reunido a cinco mil mujeres de diferentes partes del mundo y ha sido sede para denunciar los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos como es el caso de Quevedo Cruz, el asesinato de Berta Cáceres, y desapariciones de mujeres y niñas en México.

Desde España, voluntarios han trasladado la manta de denuncia a ciudades de Estados Unidos y en México se ha pasado de mano en mano por varios estados de la república, tomando fotografías y videos para su difusión en las redes sociales.

Foto: Los Ángeles Press


Foto: Los Ángeles Press

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