Andrés Manuel López Obrador presidente de México acusó que el Poder Judicial (PJ), encabezado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña, sigue estando tomado, y al servicio de una élite que protege a sus allegados, entre ellos a la empresaria Isabel Miranda de Wallace.
“Se está protegiendo a quienes tienen relaciones en la Corte o en el Poder Judicial, se está protegiendo sobre todo a gente muy conservadora, gente autoritaria de malas entrañas, pues por eso la señora (ministra Norma Piña) con todo respeto, le dio entrada hasta a asesores de (Genaro) García Luna, y utiliza a los del bloque conservador, a todo el Poder Judicial, hay excepciones, pero por lo general el Poder Judicial está completamente en contra del pueblo”.
Y que la ciudadanía elija a los juzgadores no resolverá “mágicamente” todos los problemas de ese Poder.
“No quiere decir que ya está resuelto el problema, que con eso ya se limpió, porque hay un entorno en donde incide mucho lo material, el dinero, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”, aseguró.
“No es una solución mágica, porque es un problema estructural”, enfatizó.
Esos problemas, dijo, viene desde el régimen del expresidente Carlos Salinas de Gortari cuando decidió entregar, por partes, este poder a los partidos políticos, y entonces se usó a personas de mente conservadora, sobre todo abogados, de quienes no se puede decir ahora que sean servidores públicos, porque obedecen a intereses ajenos.
“Es un Poder Judicial de élite, es como el Supremo Poder conservador, y esto viene de tiempo atrás. Empezaron las negociaciones entre las fracciones del bloque conservador, desde Salinas les entregaron el Poder Judicial a unas fracciones, y predominan en esa, y desde luego esos abogados que son mayoría o todos, predominan la mentalidad conservadora, son defensores de intereses particulares, no son servidores públicos”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a criticar al Poder Judicial asegurando que generalmente se opone al pueblo e incluso a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto ocurrió después de que se le informara que personas encarceladas sin sentencia en el caso Wallace quedaron sin defensa pública tras una reestructuración del Instituto de la Defensoría Pública por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, quien es cercana a Isabel Miranda de Wallace.
Desde Palacio Nacional, AMLO declaró que esta denuncia muestra que el Poder Judicial está generalmente en contra del pueblo porque es elitista y se comporta como un supremo poder conservador. Nuevamente relacionó esta situación con la incorporación de panistas como parte de la negociación para reconocer a Carlos Salinas de Gortari como presidente legítimo después del fraude electoral de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
“Esos abogados, que son mayoría, no todos, predomina la mentalidad conservadora, son defensores de intereses particulares. En sentido estricto no son servidores públicos. Es como si un despacho de abogados penalistas o fiscalistas, que son los que se pusieron de moda durante el periodo neoliberal, se apoderara de juzgados, de tribunales, de la corte. Es un problema de fondo, estructural, y eso fue creciendo», pronunció López Obrador.
El mandatario comentó que el Poder Judicial es patrimonialista y suele actuar también en contra de la Constitución Política al anular leyes propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Poder Legislativo con el voto de uno o dos ministros. Destacó que fue así como la Corte suspendió recientemente la reforma eléctrica en leyes secundarias, asegurando que el objetivo era realmente proteger a empresas privadas nacionales y extranjeras, permitiéndoles ser las preponderantes y aumentar los costos de la energía eléctrica.
Pese a ello, AMLO consideró que el Poder Judicial se está afectando a sí mismo con ese tipo de comportamientos con los que «muestran el cobre». Al respecto, afirmó que mucha gente está tomando consciencia de que están favoreciendo a empresas particulares e lugar de cuidar el interés del pueblo, lo cual será importante para cuando “la gente decida [mediante el voto a los jueces, magistrados y ministros]”.
Finalmente, el presidente de la República acusó a jueces, magistrados y ministros de no tener interés en lograr una justicia pronta y expedita, menos aún cuando hay una consigna política de por medio. Por el contrario, afirmó que solo están para otorgar amparo a los poderosos, ya que el poder judicial está dominado por el conservadurismo corrupto y la «mafia del poder».
Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras el estancamiento del caso de los acusados por la activista política Isabel Miranda de Wallace, este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acusó directamente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de estar detrás de la protección a la mujer también vinculada al Partido Acción Nacional (PAN).
Al mismo tiempo, el primer mandatario de la nación, también admitió que se ha estado haciendo persecución de los abogados del Consejo de la Defensora Pública que apoyaban a los acusados por Miranda de Wallace de haber secuestrado y matado a su hijo.
“Se está protegiendo a quienes tienen relaciones en la Corte o en el Poder Judicial, y se está protegiendo, sobre todo, a gente muy conservadora, gente autoritaria . (Norma Piña) le dio entrada hasta asesores de (Genaro) García Luna… Por lo general, el Poder Judicial está completamente en contra del pueblo, es un Poder Judicial de élite», sostuvo.
Al tiempo de también recordar que desde la llegada de Piña a la presidencia de la SCJN se le a dado revés a varios temas de la agenda política nacional como la contrarreforma eléctrica, recordó que en el caos del los acusados por Miranda de Wallace no se les puede apoya ni con la ley de amnistía que aprobó para casos como estos al
Inicio de su administración.
“Al principio del Gobierno se aprobó una ley de amnistía para que podamos […] liberar a personas que injustamente están detenidas, el problema que tenemos es que no hay sentencias, tardan años en sentenciar a las personas [y] no podemos, si no hay sentencia, aplicar la Ley de Amnistía [y] si hay consigna política, menos». Abundó.
Juana Hilda González, Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, Albert Castillo, Tony Castillo y Cesar Freyre, actualmente en proceso penal en diferentes reclusorios de la Ciudad de México por presuntamente secuestrar a Hugo Alberto Wallace, han acusado aseguran a la Fiscalía General de la República (FGR) de no realizar ningún acto de investigación para acreditar si la también presidenta de la organización Alto al Secuestro, habría simulado las pruebas que tienen en la cárcel.
La denuncia presentada por los acusados el 6 de mayo de 2021, contra Wallace, es por el delito de falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, en su modalidad de simulación de pruebas.
La historia del caso Wallace data de julio de 2005, cuando el esposo de Isabel Miranda y su supuesto sobrino denunciaron la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, también llamado Hugo Alberto León Miranda, del cual la última vez que supo de él fue el 11 de ese mismo mes tras su presunto secuestro y asesinato.
En agosto de 2022 aparecieron, por segunda ocasión en la Ciudad de México, decenas de espectaculares colocados por la empresa Showcase Publicidad, propiedad de María Isabel Miranda Torres, y cuyo apoderado legal es su hermano, Roberto Miranda Torres. La primera vez fue en el 2006, y en ellos Isabel ofrecía recompensa a quien diera información con la que se pudiera localizar a quienes ella decidió serían los responsables del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda: sus víctimas.
Isabel Miranda expuso a Brenda Quevedo, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo Cruz, y César Freyre, como “secuestradores” y “asesinos”, a pesar de que ninguna de estas personas cuenta con sentencia firme y, por ende, son inocentes y se les debe presumir como tal. Meses después, Isabel acompañaría esta estrategia con una retorcida “experiencia inmersiva” en el Parque México, en la Alcaldía Cuauhtémoc.
A partir de entonces comenzó una lenta batalla legal en contra, no solo de Isabel Miranda y sus allegados, sino de las alcaldesas y alcaldes, y otras instituciones de la Ciudad de México, que le permitieron colocar estos espectaculares. Esta estrategia estuvo a cargo de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura (STCT) del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), e incluyó decenas de demandas de amparo, denuncias y quejas administrativas que a la fecha siguen en curso.
También en agosto de 2022, la defensa de Brenda solicitó al juez a cargo de su juicio, adoptara las medidas necesarias para garantizar su derecho humano a la presunción de inocencia. Como en muchas otras ocasiones durante los 18 años que lleva este juicio, decidió no actuar en favor de las víctimas de la fabricación.
Fue hasta noviembre de 2023, tras varios recursos legales, que un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México reconoció que el juez de la causa incumplió con la obligación de garantizar el derecho a al presunción de inocencia de Brenda, y le ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho humano. Poco tiempo después, el juez ordenó a Isabel Miranda abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento público que pudiese atentar contra la presunción de inocencia de Brenda.
En cuanto a los juicios en contra de las alcaldías de la Ciudad de México por permitir la exposición de los espectaculares, en enero de 2024 el 24º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México fue el primero en resolver a favor de Brenda Quevedo, y ordenó a las autoridades de la Alcaldía Tlapan:
•Verificar que la autorización concedida a “Showcase” fuera otorgada conforme a la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.
•Ordenar visitas de verificación.
•Dictar las medidas cautelares pertinentes para impedir la visualización de los anuncios de Isabel Miranda (a través de Showcase”) relacionados con Brenda y el llamado “Caso Wallace”.
•En su caso, iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra de la o las personas servidoras públicas que otorgaron esas licencias o autorizaciones.
El abandono e indiferencia del IFDP
Las decisiones de los Tribunales Colegiados son un fuerte “hasta aquí” a Isabel Miranda, quien desde 2005 ha vulnerado permanentemente los derechos de Brenda, Juana Hilda, y el resto de sus víctimas mediante entrevistas, espectaculares, “experiencias inmersivas”, y videos, entre otros mecanismos que ha utilizado para difundir información falsa y sostener una mentira por casi 19 años.
Desgraciadamente, desde noviembre de 2023 la actual Secretaria Técnica de Combate de Tortura del IFDP dejó sin representación tanto a Brenda como a Juana Hilda en los juicios y la investigación penal relacionados con los espectaculares de Isabel Miranda.
El 7 de noviembre de 2023 renunció al cargo de Subdirector de Área de la STCT el único abogado que quedó en representación de Brenda y Juana Hilda después de la llegada de Norma Piña como Presidenta de la SCJN y Taissia Cruz como Directora del IFDP. Este funcionario, quien además fue agredido físicamente por Roberto Miranda y expuesto públicamente por Isabel Miranda, por la representación en estos juicios, informó sobre el estado de indefensión en el que quedaron quienes hasta entonces fueron representadas por la STCT.
Documento de la defensoría pública federal, sobre el caso Wallace.
A pesar de tener conocimiento de que, desde el 7 de noviembre, Juana Hilda y Brenda no contarían con representación para impulsar el cumplimiento de esta sentencia o presentar los recursos correspondientes en los demás juicios, la funcionaria pública violó su derecho a contar con un abogado en los procesos en donde se ven involucrados sus derechos humanos. Esta omisión le costó a Juana Hilda, por ejemplo, la posibilidad de recurrir la sentencia emitida en un juicio similar ante el Juzgado 6º de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
La indiferencia del IFDP en general, y de la STCT en particular, para brindar los servicios legales de calidad a los miles de personas sobrevivientes de tortura, ha sido una constante desde la llegada de Taissia Cruz como directora. Este fracaso no solo se ve en casos individuales como el de Brenda y Juana Hilda, también lo hemos visto en otras situaciones como la crisis de derechos humanos que se vive en el CEFERESO 16, “el cementerio de las vivas”, donde también viven Brenda y Juana Hilda.
Desde hace más de un año, la STCT ha sido totalmente indiferente y ajena a las personas a quienes debe representar. No solo no se tiene control de los juicios, con las consecuencias irreparables que ello puede causar, también se ha roto el sigilo en investigaciones penales, y se ha dejado personas sin representación legal.
En el IFDP, como en otras áreas del Poder Judicial -posiblemente por el desencuentro político existente entre Piña y Zaldívar-, las estrategias que se iniciaron en la administración de Arturo Zaldívar (incluso aquellas que han resultado exitosas), fueron descontinuadas, en el mejor de los casos. A más de un año de la llegada de Norma Piña, el único sustento que tiene IFDP para justificar su “trabajo” son los resultados de litigios, mejoras estructurales, e implementaciones normativas que se hicieron en la administración pasada.
Las omisiones de la STCT son objeto de una investigación administrativa (0007673/24) ante el Consejo de la Judicatura Federal. El mecanismo de quejas y denuncias del CJF es el único recurso que tiene la sociedad para la vigilancia y supervisión de la labor de las personas funcionarias del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, difícilmente esta o cualquier otra denuncia en contra del personal del IFDP tendrá un resultado objetivo, cuando quien preside la Comisión de Disciplina del CJF, la consejera Lilia Mónica López Benítez, ya intentó desecharla “fast track” en una ocasión, y expresa públicamente su cercanía personal con la directora del IFDP, privando de la más mínima imparcialidad cualquier procedimiento disciplinario que se pudiese iniciar.
Si la Ministra Norma Lucía Piña en verdad no está favoreciendo a María Isabel Miranda Torres desde el Poder Judicial de la Federación, tomará las medidas necesarias para garantizar que Brenda Quevedo, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo Cruz, y César Freyre cuenten con asistencia legal adecuada y de calidad por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública en todos los procesos que involucren una posible decisión sobre sus derechos.
* Salvador Leyva Morelos Zaragoza (@eseleyva1) es abogado defensor de derechos humanos.
La demanda judicial señala que “María Isabel Miranda Torres rentó, a través de un prestanombres, el departamento donde habría ocurrido el secuestro y homicidio de su hijo, para después sembrar una gota de sangre y la licencia de conducir vencida de su hijo”.
“Posteriormente simuló que el padre biológico de Hugo Alberto, Carlos León Miranda, era José Enrique del Socorro Wallace Díaz, para que el perfil genético fuera correspondiente con sangre encontrada en el departamento y poder así, simular la presencia de Hugo Alberto”, añade el abogado que presentó la denuncia, quien adjunta una veintena de pruebas entre las que se encuentran dictámenes criminalísticos, de genética forense, de representación gráfica, órdenes de cateo, testimonios e informes médicos.
Isabel Miranda de Wallace buscó a su hijo durante mucho tiempo | Ariana Pérez
Los denunciantes aseguran que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha realizado ningún acto de investigación para acreditar si María Isabel Miranda Torres, presidenta de la organización Alto al Secuestro, habría simulado las pruebas que tienen en la cárcel a Brenda Quevedo, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, Albert Castillo, Tony Castillo y César Freyre.
Los juzgadores mantienen sin resolver un entramado de recursos que ha evitado una investigación que confirme o descarte la participación de Isabel Miranda en este delito. La denuncia por el delito de falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, en su modalidad de simulación de pruebas, fue presentada el 6 de mayo de 2021.
La historia del caso Wallace empezó en julio de 2005, cuando el esposo de Isabel Miranda y su “sobrino” denunciaron la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda (o, como versiones más recientes dicen que es su varadero nombre: Hugo Alberto León Miranda). Según sus propias declaraciones ministeriales, la última vez que supo de él fue el 11 de ese mismo mes. A las 6:00 de la tarde, manifestó, fue la última vez que escuchó su voz.
A través de un supuesto testigo, llegó hasta un edificio en la calle Perugino número 6, colonia Extremadura Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez. Según su historia, fue un niño el que le dijo que del departamento número 4 sacaron a una persona herida y que su madre tuvo que limpiar la sangre.
Isabel Miranda de Wallace, dirigente de Alto al Secuestro, presentó un informe sobre las cifras de secuestro en el país. (Cuartoscuro)
El 15 de julio de ese año, un juez federal autorizó el primer cateo en Perugino 6. Los registros judiciales señalan que en ese momento no se encontró ningún rastro del paso de Hugo Alberto por ese departamento.
Fue a partir de ese momento que Isabel Miranda comenzaría a buscar a los involucrados en el secuestro de su hijo. Según ella, los agresores eran Juana Hilda González, Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, Albert Castillo, Tony Castillo y Cesar Freyre. La mujer se dedicó a colocar anuncios espectaculares en la capital del país, los primeros aparecieron en enero de 2006, con los rostros de los presuntos secuestradores.
“Si lo has visto, denúncialo”, decían las frases acusatorias que colocó por distintos puntos de la ciudad. Y así, una a una, fue dirigiendo sus capturas, con apoyo de las autoridades federales y estatales, que incluso la invitaban a las presentaciones en las procuradurías.
En el caso de la detención de Jacobo Tagle Dobin, durante una rueda de prensa con el entonces fiscal, incluso ordenó a las autoridades del Estado de México que le levantaran la camiseta para mostrar que no había sido torturado.
“Yo sólo soy una madre en busca de justicia”, ha insistido durante todos estos años, Isabel Miranda de Wallace, quien se convirtió en una especie de vengadora ciudadana que se dio a la tarea de hallar a los secuestradores de su hijo.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, la activista adquirió notoriedad pública por la cercanía que tuvo con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La otra madre
Cómo olvidarlo. La señora Enriqueta Cruz estaba sentada en su escritorio en el despacho donde trabajaba desde hacía muchos años. Todo igual, el mismo lugar, la misma silla, el trajín constante. Era 30 de marzo del 2006, cuando de repente el repiqueteo del conmutador telefónico parecía desquiciado.
“Ya viste el espectacular, están diciendo que es una secuestradora”,le decían por teléfono, escandalizadas, sus hermanas, en referencia a su hija Brenda. Sintió como un golpe seco en la panza, la boca amarga. Enriqueta se echó agua helada en la cara. Intentó recuperarse y fingir con los clientes del despacho que nada pasaba.
“Empezó todo, la pesadilla, el trato como delincuentes”, dice Enriqueta. Las visitas frecuentes, el cortar cartucho sobre su cabeza, los gritos: “¡Este era el departamento del secuestro, ¿verdad?!”.
“Querían a fuerzas allá en la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] que yo dijera que había sido mi hija y que dónde estaba ella”, recuerda. Las primeras ocasiones que la llevaban a declarar a veces se preguntaba si estaba soñando. “Sí, sí estoy soñando”, entonces miraba a su lado y veía su otro hijo, Omar, que por esa época aún era adolescente, sentado a su lado mientras los policías intentaban involucrarla.
Entonces se daba cuenta que no, que ahí estaba, en esa oficina café con olor a tabaco y café agrio. Como si fuera contagioso el hedor, Enriqueta comenzaba a sentir amarga la boca otra vez. Una sensación, un sabor metálico que sentirá durante los últimos 15 años de su vida.
“Era la primera vez que vivíamos esto, ay, no sé, si yo hubiera sabido pero no, no sabía nada. Como mis derechos. Qué triste, por ejemplo, no sabía que tenía que estar con mi abogado y que siendo mamá de Brenda, podía evadir contestarles”, lamenta ahora la señora.
Al día siguiente, Enriqueta tenía que trabajar y entonces se ponía –explica y no meramente en sentido metafórico– una máscara. Porque los gestos, las sonrisas fingidas, los buenos días no eran suyos. Su rostro se mantenía cordial aunque no hubiera dormido ni una sola hora la noche anterior, y aunque hubiera estado vigilando por la ventana a los hombres en camionetas negras con cortes de cabello estilo militar que la espiaban desde abajo.
La historia del caso Wallace empezó en julio de 2005 | AP
Hasta que ya no pudo más. El colapso vino acompañado de una hoja blanca. Recuerda que ese día llegó de trabajar, frente a su lugar estaba un mueblecito con un trinchador. Ahí, por debajo, alguien había deslizado una hoja blanca tamaño carta. Entonces, en un ataque de nervios, se echó a gritar y llorar: “¡Ya no puedo más!”, le decía a su hijo que intentaba tranquilizarla.
Pensó que esa hoja sería una citación, una amenaza, algo horrible, quizá las órdenes de otro funcionario gritando y golpeando el escritorio exigiendo que entregara a su hija. Después se dio cuenta de que sólo era un recibo, una cuenta por pagar. Una más.
“No sabes con quién te metiste”
Su hija Brenda Quevedo fue señalada por Isabel Miranda como una de las secuestradoras de su hijo. Según esta versión, la participación de Brenda habría estado centrada en tomar fotos al cuerpo de Hugo Alberto y editarlas. El 6 de abril de 2006, un juez libró orden de aprehensión en su contra de Brenda y por temor a ser inculpada, la familia decidió enviarla a Estados Unidos donde enfrentó un largo proceso en prisión para ser extraditada.
El 25 de septiembre de 2009 fue trasladada a la Ciudad de México y en el hangar del aeropuerto internacional Benito Juárez la recibió personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). La exhibieron con un jumper naranja y le tomaron las fotografías y los videos que después enviaron en un comunicado de prensa.
“Ahí trataron de presionar a Brenda para que empezara a hablar, ya le empezaban a poner videos de Hugo y de que firmara y ella decía ‘no, no les voy a decir nada’”, hasta que las autoridades llevaron a Isabel Mirada frente a la acusada. Brenda no agachó la cabeza y la encaró: “Usted tendrá todo el dinero del mundo, yo no lo tengo, pero me voy a defender”, aclaró decidida.
Entonces Isabel, con el rostro desencajado le contestó: “No sabes con quién te metiste”; se le acercó aún más a la cara y le confirmó: “No sabes con quien te metiste”.
A partir del 27 de septiembre de 2009 las torturas, las amenazas, el abuso sexual iniciarían para Brenda. Ese día rindió su declaración ante el juzgado y a pesar de sus denuncias por violaciones, la autoridad judicial decidió ignorarlo y vincularla a proceso.
El primer penal donde fue torturada fue en el de Santiaguito en Almoloya de Juárez. Recuerda que la introdujeron en un cuarto donde había dos hombres vestidos de traje y encapuchados que le esposaron las manos, le vendaron los ojos y la sentaron en una silla.
“Le dijeron: ‘no sabes de parte de quién venimos, ¿verdad?’”. A eso le siguieron los golpes, la envolvieron en un plástico durante más de dos horas para asfixiarla, le decían que me iban a matar y a matar a Roberto, su papá”, recuerda Enriqueta.
¿En dónde está el cuerpo de Hugo Alberto? Esa era la pregunta insistente, que daba paso a una de las peores torturas: de una maleta sacaron hojas, una pluma, grabadora y una jeringa. Le inyectaron un líquido rojo que le pusieron en el cuello y dijeron que era sangre de un “sidoso” en etapa terminal.
Luego vinieron las torturas en las Islas Marías. En octubre de 2010 las autoridades la sacaron de prisión y la trasladaron a un lugar en la “parte trasera” de una isla. En ese lugar cinco hombres encapuchados le vendaron los ojos, le quitaron los pantalones, y durante seis horas, la golpearon. Y lo que seguía era el abuso sexual. Un hombre le metía la mano cerrada muy fuerte entre las piernas, lastimándola hasta sangrar.
Después más penales, más torturas y la misma consigna: conseguir que confesara su culpabilidad en el secuestro de Hugo Alberto Wallace.
Alguien con muchos conectes
Cómo olvidar también otro pasaje. La primera vez que Enriqueta la vio fue en un juzgado. Recuerda que una vez más habían cambiado de abogado. Ese nuevo defensor se quedó afuera, Enriqueta ingresó al juzgado y lo dejó atrás. Fue ahí cuando la vio. Hacía mucho calor y ella llevaba una blusa con un escote pronunciado y unas zapatillas de verano muy coquetas.
Entraba y salía de la oficina del juez con mucha soltura. Por alguna razón la imagen que ha quedado en la mente de Enriqueta era que la mujer cargaba cuatro o cinco radios Nextel de esa época. Sonaba el pi-pi, interminable. Isabel saludaba a los funcionarios, y les echaba miraditas de complicidad. Era la dueña del lugar.
“Ahí dije, santo, ¿pues contra quién estamos? Ese día yo traía una Biblia chiquita que abría y abría para rezar (…). Yo la imagen que percibí de Isabel Miranda era de cuál dolor, ¿cuál?, era más su arrogancia”.
Hubo más episodios en los que figuró la señora Miranda de Wallace. Otro tribunal, una audiencia más. Otra de las acusadas, Juana Hilda, detrás de la rejilla de los acusados sonreía de repente, nerviosa. Entonces se escuchó un grito que despertó a todos:
“Sí, ríete, hija de la chingada, ríete, ríete, pero lo vas a pagar con ese –así le dijo– hijo bastardo que vas a tener”, soltó Isabel.
“Yo lo que espero es justicia, ver la justicia por fin, después de tanto tiempo me gustaría de alguna manera poder decir que lo más doloroso con mi hija, lo que dolió mucho fue lo de Islas Marías. Fue, casi, una muerte”, dice Enriqueta.
Una historia rocambolesca
En mayo de 2021, el abogado Salvador Leyva, representante de las víctimas desde el 2019 ante instancias internacionales, y que a pesar de su renuncia sigue acompañándolas, presentó una denuncia por el delito de falsedad de declaración y simulación de pruebas ante la Fiscalía General de la República.
Aunque el cúmulo de denuncias públicas en contra de Isabel cada día crece más, hay una que se centra en que en 2006, Isabel Miranda rentó a través de su acreedor llamado Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez, el departamento número 4 del edificio de Perugino, en la colonia Extremadura Insurgentes, en el periodo entre el primer y el segundo cateo (es decir, julio de 2005 y febrero de 2006).
Salvador Leyva explica que desde el 2021 la denuncia en contra de Isabel Miranda ha sido todo un reto | Jorge González
Salvador Leyva explica que entre septiembre y octubre del 2006, Rodrigo Osvaldo aparecía como acreedor de la empresa Showposter Publicidad, cuya directora general era Isabel Miranda.
Y es que aunque en el primer cateo no se encontró ningún indicio de que Hugo Alberto hubiese sido secuestrado y descuartizado en el departamento, y cuando Rodrigo Oslvaldo ocupó el número 4 de Perugino, encontraron una licencia de conducir vencida de su hijo y una famosa gota de sangre, que supuestamente pertenecía a Hugo Alberto.
La historia se vuelve más rocambolesca: se daría a conocer que el verdadero padre de Hugo Alberto era Carlos León Miranda, primo de Isabel, quien aseguró que esta lo hizo pasar como el señor José Enrique del Socorro Wallace ante la PGR, donde se le tomaron muestras de sangre para compararlas con la gota hallada en el baño del departamento.
“Gracias al apoyo de una organización contactamos al señor Carlos León, de quien obtuvimos muestras de sangre y saliva. Estas muestras las mandamos a un laboratorio para obtener el perfil genético de Carlos León Miranda. Este perfil coincide con el de quien en el expediente aparece como José Enrique del Socorro Wallace, que es materialmente imposible”, explica el defensor Salvador Leyva.
“Independientemente del origen de la gota que se supone encontraron en el departamento, ya no puede ser valorada por el juez porque no es de quien supuestamente la proporcionó, es decir, de José Enrique. Sin esa gota y sin esa licencia, las únicas pruebas que ubican a Hugo Alberto en el departamento son las declaraciones obtenidas bajo tortura y coacción, ya sean las de las personas enjuiciadas o las de los ‘testigos’ que cambiaron su declaración”, dice Leyva.
Sobre Rodrigo Osvaldo se cuestiona cómo apareció misteriosamente una licencia de conducir en un departamento donde además se había cambiado la alfombra, y ya había sido habitado. Además, la gota de sangre apareció en un baño que se usó durante meses.
Salvador Leyva explica que desde el 2021 la denuncia en contra de Isabel Miranda ha sido todo un reto. Recuerda que primero no querían recibir la denuncia con pretextos ridículos (que no coincidía un número de anexo con la nota al pie, por ejemplo), pero después de una disputa con el personal oficial lograron presentarla.
Refiere más cosas extrañas. Cita que cuando iban a presentar más pruebas que se relacionaban con el testimonio de la ex pareja de Hugo Alberto para acreditar que Isabel también simuló su muerte:
Existen en el expediente pruebas de vida de por lo menos unos años después, y cuando se intentan presentar esas pruebas le informan a una persona de mi equipo que no las recibirían porque ya había una determinación de abstenerse de investigar, lo cual ya me había sido notificada, cosa que no era cierto: la notificaron unas horas después, pero con una fecha anterior”, dice.
AFP
Se sucedió todo un embrollo de idas y vueltas: en 2021 un juez ordenó que efectivamente el Ministerio Público tenía que investigar los hechos denunciados. Luego Isabel Miranda obtuvo un amparo de la jueza Luz María Tlapa Ortega, quien había sido denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en varias ocasiones en el trámite de juicios que involucraban a las víctimas del caso Wallace.
Este amparo coincide con la decisión de la FGR de no investigar a Isabel Miranda. Sin embargo, las víctimas insisten en que se revise. Y está pendiente de resolverse desde el 2022. Uno de los motivos del retraso en la resolución del caso, tomado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, es que en dos ocasiones ha nombrado a magistradas que tuvieron conocimiento previo del caso Wallace en otras instancias.
Ante las denuncias públicas que se han hecho del conflicto de intereses, ambas magistradas se han excusado de conocer este asunto. Esto implica un retraso de meses en la resolución de ambos impedimentos. De hecho, a la fecha no se ha resuelto el segundo impedimento presentado por la magistrada Olga Estrever Escamilla, que ha llevado en su historia otros casos polémicos relacionados con secuestros, además de este donde está implicada Brenda Quevedo.
Lo que pasa en las cárceles mexicanas, se queda en las cárceles mexicanas. Esta es la máxima que autoriza una de las injusticias más infames del sistema penal mexicano. Como ejemplo está la prisión federal femenil de Morelos, conocida como el Cefereso 16. Se trata del negocio más miserable del hombre más rico de México, Carlos Slim Helú.
Este centro femenil fue construido por Ideal, una constructora integrada dentro de Grupo Carso, que en el presente es responsable de la gestión material de un sitio donde viven, recluidas, poco menos de 900 mujeres.
Este negocio es redondo porque la instalación alberga al doble de las mujeres que debería y a la mitad de las personas para las que tiene capacidad.
De las 900 reclusas que hay ahí dentro, la mitad no cuenta con sentencia en primera instancia. Es decir, que están recluidas en el penal femenil de más alta seguridad personas cuya culpabilidad no ha sido probada.
Sobresale, entre otros casos, el de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva 16 años enclaustrada sin que haya sido declarada culpable del supuesto secuestro de Hugo Alberto León (alias Hugo Alberto Wallace), principalmente por insuficiencia de pruebas. Esto, a pesar de que la ONU recomendó que Quevedo transcurriera su proceso penal en prisión domiciliaria.
Por otro lado, esta instalación fue construida suponiendo que iba a albergar a 2 mil mujeres. Así quedó estipulado en el contrato entre el gobierno federal y el Grupo Carso. El cobro que la empresa demanda al presupuesto público no es capaz de distinguir si la ocupación es solo de 50 por ciento.
En fecha última este penal femenil ganó peor fama por dos hechos: primero por el envenenamiento sufrido por 400 reclusas, que debieron ser atendidas fuera del Cefereso ya que, debido a este incidente, se dio a conocer la insuficiencia de servicios médicos y de medicinas.
Hace unos días la autoridad penitenciaria reconoció también la muerte de ocho mujeres cuyo deceso ocurrió en circunstancias sospechosas. Se asume que pudo haberse tratado de un suicidio, pero los familiares de las víctimas no cuentan aún con las respectivas autopsias.
Zoom: el Cefereso 16 es una evidencia más de la enorme injusticia que se vive dentro del sistema de justicia. Un hecho que cuando se narra en femenino revela sus peores garras.
Tal parece que hemos olvidado que la práctica de la tortura en México es generalizada, como lo dijo el entonces Relator de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, tras su visita a México en el 2014. Casi una década después, a pesar de que existen avances en la materia, estamos lejos de eliminar esta práctica y garantizar justicia a quienes la han sobrevivido. De esta lucha se aparta ahora el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que todavía podría asumir la posición que le corresponde. Por lo pronto, la falta de resultados indica que la política actual es la de sumarse a las filas de los agentes de impunidad que permiten que en México la gente sea torturada, sin consecuencias de ningún tipo.
En junio de 2019 se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (STCT) dentro de la Dirección General del IFDP, como un esfuerzo institucional para contribuir a saldar la deuda que tienen las instituciones mexicanas con las personas sobrevivientes de tortura. La primera tarea fue identificar la magnitud del problema para establecer una estrategia de acciones estructurales. Se solicitó a las personas defensoras públicas informasen sobre los casos que contaron con representación pública que pudiesen involucrar actos de tortura o malos tratos desde el 2011. La respuesta fue abrumadora: tan solo en los primeros meses desde su creación, la STCT identificó más de 7 mil posibles casos de tortura, de los cuales solo se tenía registro de 44 denuncias presentadas por dicha institución.
En consecuencia, entre septiembre de 2019 y mayo de 2022 se presentaron más de 5 mil denuncias por la posible comisión de actos de tortura o malos tratos en contra de agentes federales y estatales. Estas denuncias fueron el inicio de una estrategia de litigio que hoy en día sigue rindiendo frutos, a pesar de la falta de continuidad y la ausencia de nuevas acciones por parte de la dirección actual.
A la par que se denunciaban actos de tortura cometidos, se presentaron cientos de demandas de amparo reclamando la inactividad de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales en las investigaciones de este delito. Derivado de estas demandas se han iniciado juicios penales, por ejemplo, en contra de agentes de la SEMAR, por violaciones cometidas hace más de una década.
Gracias a esta estrategia de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la STCT tiene interés legítimo para acudir al amparo e impulsar las investigaciones por el delito de tortura, en beneficio de las personas que cuentan con defensa pública federal. Este reconocimiento fue resultado de dos años y medio de litigio estratégico, con más de una centena de juicios tramitados en circuitos judiciales de todo el país. Es una herramienta que abre la puerta a las instituciones públicas encargadas de garantizar el acceso a la justicia de las personas sobrevivientes a través de acciones legales, evitándoles obstáculos materiales y legales característicos en este tipo de casos. Lamentablemente, desde enero de 2023, la STCT únicamente ha presentado tres demandas de amparo para impulsar investigaciones, desperdiciando esta valiosa herramienta legal que, en consecuencia, deja a cientos de sobrevivientes de tortura en absoluta indefensión como víctimas del delito.
Dentro de esta estrategia legal se sometió a juicio también el incumplimiento de la FGR de implementar correctamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fruto de la lucha de las personas sobrevivientes de tortura, sus familias y organizaciones que les acompañanan. En particular, derivado de los juicios interpuestos por la STCT, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la falta de operatividad y creación del Registro Nacional del Delito de Tortura constituye también una omisión en el deber de investigar diligentemente el delito de tortura. Un mes después, la FGR publicaría por fin los Lineamientos de Operación del Registro Nacional del Delito de Tortura. La operatividad y correcto funcionamiento de este registro está en duda; su creación -aunque tardía-, fue resultado de la estrategia iniciada por la STCT en el 2019.
Ahora, la autoridad responsable de investigar la tortura y los malos tratos a nivel federal es la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos a cargo de Sara Irene Herrerías Guerra.
Según los informes anuales de la FGR, entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 se consignaron o “judicializaron” 53 investigaciones (6 en 2020, 15 en 2021 y 32 en 2022). Es un número ínfimo en comparación con la cantidad de investigaciones en las que la fiscalía ha determinado no ejercer acción penal, archivar, abstenerse de investigar, declararse incompetente, o acumular más de una investigación (2,243 entre el 2020 y 2022). La diferencia entre el número de asuntos consignados en 2022 respecto del 2020, aunque insuficiente, es proporcional al incremento en las acciones legales que realizó la STCT entre el 2019 y 2022.
El 2023 inició para la FEIDT con 3,742 investigaciones pendientes de determinar. Es decir, desde el 2020, que inició con 4,982 investigaciones pendientes, hasta finales del 2022, la fiscalía se ha “deshecho” de casi la mitad de ellas sin haber llevado ante la justicia a las personas que pudiesen ser responsables. Las razones que llevaron a la fiscalía a “deshacerse” de estas investigaciones las debe dar dicha institución.
Las estrategias de la STCT también implicaron el aumento del acceso a los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las personas sobrevivientes de tortura. Según la información rendida por el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2019 tuvo conocimiento de 673 casos, mientras que en el 2022 fueron 1,723, casi el triple.
Desgraciadamente, desde la llegada de Taissia Cruz Parcero como Directora General del IFDP, designada por la Ministra Norma Piña, se adoptó una política institucional de complicidad en la impunidad que rodea los casos de tortura. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de transparencia 330030423001999, durante su primera semana a cargo de la institución, se reunió con la Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.
Desde entonces, la política institucional ha sido, por un lado, la de no denunciar todos los casos en los que se presume se pudiesen haber cometido actos de tortura o malos tratos, como lo ordenan el Derecho Internacional y la normativa mexicana, y por otro, la de no ejecutar algún tipo de estrategia legal para impulsar las investigaciones penales. La omisión de las personas funcionarias de denunciar los posibles actos de tortura de los que tienen conocimiento en el ejercicio de sus funciones es un delito en México. A esta preocupación se suma la falta absoluta de estrategias de litigio e incidencia, en general, para el combate a la tortura desde el IFDP.
Según información disponible en el Portal Nacional de Transparencia entre el 1º de abril y 4 de agosto de 2023 la STCT presentó 7 denuncias y las personas defensoras públicas presentaron 87. Durante años, la práctica de la defensa pública federal fue la de conformarse con “dar vista” al Ministerio Público de las posibles violaciones a los derechos humanos. Por lo general, esto se cumple como mera formalidad de las personas defensoras y las personas juzgadoras, olvidándose del asunto y dejando al arbitrio de la buena voluntad del Ministerio Público el acceso a la justicia para las personas sobrevivientes de tortura. La STCT debe cerciorarse de que las denuncias de la defensa se presenten ante la autoridad competente, es decir, la FEIDT en el caso de agentes federales y las fiscalías especiales locales en el caso de agentes estatales. No hacerlo así propicia la reclasificación de los hechos a delitos con penas menos severas y un trato legal distinto, y con ello la impunidad.
La correcta identificación, documentación y atención de casos de tortura desde la defensa penal requiere de herramientas institucionales que faciliten la labor de las personas defensoras. Desde la llegada de la Directora designada por la ministra Norma Piña, según información recogida de la titular de la STCT, no ha realizado acciones de mejora, manuales o protocolos para la atención de asuntos que involucren tortura o malos tratos. La ausencia de estas acciones impacta negativamente en el número de casos identificados y denunciados por el personal del IFDP.
Por otro lado, el papel de la STCT y las personas defensoras en el monitoreo de las condiciones carcelarias en las que viven las personas representadas y la defensa legal de sus derechos frente a la represión del sistema penitenciario, es crucial. Hasta agosto del 2023, la titular de la STCT habría realizado únicamente dos visitas a las cárceles mexicanas. La propia respuesta dada por el IFDP indica que la STCT ya no realiza acciones de monitoreo ni documentación de la tortura y malos tratos a nivel nacional. Si no existen acciones legales a favor de las personas privadas de libertad tras las visitas realizadas por funcionarias públicas a los penales mexicanos, se convierten en una mera promesa y falsa esperanza para aquellas personas que viven aisladas y abandonadas por la sociedad.
Relacionado con la ausencia de las instituciones en los penales, y particularmente en el femenil, el 9 de noviembre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó mediante Nota Informativa que 8 mujeres murieron en el CEFERESO 16 “presuntamente” por suicidio. Este centro penitenciario, el único federal para mujeres privadas de libertad, es una bomba de tiempo que cada cierto tiempo cobra las vidas de las internas. Desde febrero de 2023 Taissia Cruz tiene conocimiento de las deporables condiciones de internamiento y las afectaciones a la salud en las que viven las mujeres en el CEFERESO 16 y que fueron documentadas en más de mil entrevistas sistematizadas por la STCT. Parece que la atención a las mujeres privadas de libertad no son una prioridad en esta administración, donde tanto la Presidenta de la SCJN como la Directora del IFDP fueron reconocidas como las primeras mujeres en llegar al cargo.
Esta postura es sumamente conveniente para la Fiscal Sara Irene Herrerías, a quien por precedente judicial se le debe investigar (administrativamente) en todos los casos en los que se demostró que fue omisa en supervisar que el fiscal a cargo de las investigaciones por tortura realice correctamente su trabajo. En principio, estas investigaciones se deberían realizar en las docenas de juicios que ganó la STCT en contra de las autoridades investigadoras adscritas a la FGR.
La Directora del IFDP recibe un sueldo neto de $ 153,482 más prestaciones, más de $ 30,000 mil pesos mensuales de lo que recibía el Director anterior, que es el presupuesto designado para dicho puesto. La persona titular de la STCT recibe $97,617, más prestaciones. En el peligroso y nada productivo embate entre los poderes Ejecutivo y Judicial, donde los altos sueldos se utilizan como pretexto para atentar contra la independencia judicial, bien les vendría a las funcionarias “desquitar el sueldo” y entregar resultados. Particularmente cuando la ministra Norma Piña justifica el aumento del presupuesto en la necesidad de fortalecer la defensa pública (institución que, por cierto, no figuró en su Plan de Trabajo como Presidenta de la SCJN).
El próximo 15 de noviembre la SCJN resolverá el Amparo en Revisión 539/2023, relacionado con la obligación de los estados de crear fiscalías especializadas para la investigación del delito de tortura. También en los próximos meses resolverá un caso relacionado con la obligatoriedad de las medidas provisionales dictadas por el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y el Amparo Directo presentado por Juana Hilda González Lomelí, implicada en el fabricado “Caso Wallace”. La llegada de estos casos a la SCJN fue resultado de estrategias de litigio iniciadas hace tres o cuatro años, y que recién están rindiendo resultados.
Hoy no existe una política institucional ni estrategia desde la defensa pública federal para contribuir al combate a la tortura y los malos tratos en México. Los precedentes judiciales se buscan a través de estrategias legales planificadas con anticipación, con base en el análisis de la realidad en la que vivimos. No existe en México ninguna institución u organización que esté en mejor posición que el Instituto Federal de la Defensoría Pública para hacer frente, por los medios legales, a esta práctica inhumana que, junto con la desaparición de personas, ha marcado la reputación del estado mexicano a nivel internacional.
* Salvador Leyva Morelos Zaragoza (@eseleyva1) es abogado defensor de derechos humanos.
Luego de que familiares de víctimas del «Caso Wallace» solicitaran retirar el premio a Isabel Miranda de Wallace, la CNDH informó que buscará eliminar la entrega del reconocimiento.
El 29 de septiembre pasado, la CNDH emitió la recomendación por Violaciones Graves 127VG/2023 en la que reconoció que se cometieron actos de tortura sobre Brenda Quevedo, quien lleva 15 años en prisión, acusada de estar presuntamente involucrada en el secuestro de Hugo Alberto Miranda de Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.
La recomendación, dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señala que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de Brenda Quevedo, así como la existencia de múltiples pruebas que respaldan las acusaciones de tortura que fueron cometidas en su contra.
La CNDH señaló que las pruebas reunidas comprobaron que desde la detención de Brenda Quevedo y durante el tiempo en que permaneció bajo custodia de la entonces PGR existió la presencia de una persona civil, de quien se dice que participó y estuvo presente en diversos momentos en los que se le torturó en los centros de Readaptación Social donde ha estado recluida. Esto –añade– contó con el «consentimiento» de personas funcionarias de las extintas PGR y SSPF.
Por ello, el organismo solicitó que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y objetiva para determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en el caso, incluyendo la de particulares. Además, ordena cumplir con una serie de acciones para reparar integralmente el daño causado a Brenda Quevedo Cruz y sus coprocesados, reconocidos por la CNDH como víctimas.
Luego de que la CNDH emitió dicha recomendación, el pasado 30 de octubre, familiares de Brenda Quevedo, Juana Hilda González, Jacobo Tagle y de Albert y Tony Castillo, víctimas directas e indirectas del caso Wallace, solicitaron retirar el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda de Wallece, el cual le fue entregado en 2010.
Este 8 de noviembre, la CNDH respondió a dicha solicitud y, a través de un comunicado, precisó que si bien el organismo coincide con la familia de las personas agraviadas en que dicho premio debería ser retirado, no se cuentan con herramientas ni mecanismos legales que le permitan dar marcha atrás en el otorgamiento de dicho galardón.
«La CNDH reconoce que el Premio Nacional de Derechos Humanos si bien en ocasiones ha sido entregado a personas de enorme valía y aportaciones reales a la defensa y promoción de los derechos humanos, que lo enaltecen, también fue usado, como en este caso, como un instrumento para intentar legitimar a personajes e instituciones serviles a las autoridades y los gobiernos en turno, que lo denigran, porque formaron parte del modelo de simulación de la defensa de los derechos humanos que desde un inicio fue esta Comisión Nacional», apuntó el organismo.
El organismo informó que Rosario Piedra Ibarra ya envió la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a fin de que el premio sea eliminado de manera definitiva.
Para ello, deberá reformarse la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, ya que «es necesario que existan otros mecanismos e instrumentos, con mucha mayor rigurosidad y que no se presten a negociaciones o acuerdos inconfesables que premien las simpatías o cercanías personales de quienes lo deciden», apuntó la CNDH.
El caso Wallace
En 2005, Isabel Miranda de Wallace denunció el secuestro de su hijo Hugo Alberto. El caso cobró notoriedad luego de que Miranda de Wallace investigó por su cuenta y dio con la banda que presuntamente secuestró y asesinó a su hijo. Desde entonces, el caso ha generado algunas polémicas por presuntas irregularidades en la investigación.
En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) informó que cuatro integrantes de la banda que secuestró a Hugo Alberto recibieron una sentencia condenatoria dentro de la causa penal 35/2006.
César Freyre Morales fue sentenciado a 131 años y seis meses de prisión, por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Juana Hilda González Lomelí también sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz fueron condenados por su parte a 93 años y seis meses de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada. Además, todos recibieron una multa económica.
Brenda Queveado, detenida en 2007, está recluida actualmente en el penal de máxima seguridad El Rincón, en Tepic, Nayarit, en calidad de procesada. Lleva 15 años en prisión preventiva oficiosa y sin sentencia.
RESPUESTA DE LA CNDH A LA SOLICITUD DE RETIRO DEL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL AÑO 2010
Ante la petición enviada por familiares de víctimas reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las recomendaciones 122VG/2023 y 127VG/2023 sobre el llamado “Caso Wallace”, en la que solicitan de manera formal “le sea retirado el Premio Nacional [de Derechos Humanos] a Isabel Miranda Torres, como medida de satisfacción para nosotros y nuestros familiares”, la CNDH aclara lo siguiente:
1.- Pese a coincidir con la familia de las personas agraviadas en que dicho premio debería ser retirado, toda vez que quien lo ostentó en el año 2010 se encuentra directamente señalada en los mencionados instrumentos recomendatorios como solicitante e incluso partícipe de actos de tortura, lamentablemente, la CNDH no cuenta con herramientas ni mecanismos legales que le permitan dar marcha atrás en el otorgamiento de dicho galardón.
2.- En concordancia con lo anterior, la CNDH reconoce que el Premio Nacional de Derechos Humanos si bien en ocasiones ha sido entregado a personas de enorme valía y aportaciones reales a la defensa y promoción de los derechos humanos, que lo enaltecen, también fue usado, como en este caso, como un instrumento para intentar legitimar a personajes e instituciones serviles a las autoridades y los gobiernos en turno, que lo denigran, porque formaron parte del modelo de simulación de la defensa de los derechos humanos que desde un inicio fue esta Comisión Nacional.
3.- Por ello, y porque la transformación de la CNDH y del modelo de defensa de los derechos humanos es una realidad, la presidenta Rosario Piedra Ibarra ha enviado la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a fin de que el Premio Nacional de Derechos Humanos sea eliminado de manera definitiva mediante una reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, pues si bien es cierto que es meritorio enaltecer a quienes han hecho de la defensa y promoción de los derechos humanos una razón de vida, es necesario que esto sea mediante otros mecanismos e instrumentos idóneos, con mucha mayor rigurosidad y, sobre todo, que no se preste a negociaciones o acuerdos inconfesables que premien las simpatías o cercanías personales de quienes lo deciden.
En un país como México, en donde históricamente los premios y los estímulos más bien han obedecido al amiguismo o a la complicidad de quienes los reciben, es necesario encontrar una nueva fórmula, verdaderamente imparcial e insospechablemente ética y, que en todo caso, un premio de este tipo se defina a partir de la calificación de las víctimas.
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