Enriqueta Cruz pide derecho de réplica a medios por carta de Isabel Miranda

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Enriqueta Cruz pide derecho de réplica a carta de Isabel Miranda por el caso Wallace. Foto: Los Ángeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, inculpada del caso Wallace en el que supuestamente se secuestró a Hugo Alberto Wallace en julio de 2005, solicitó su derecho de réplica a un grupo de medios locales de la Ciudad de México, en respuesta a la carta que Isabel Miranda Torres publicó a su hijo supuestamente muerto hace doce años.

Pese a que se han presentado testimonios y evidencias de vida de Hugo Alberto Wallace desde 2014, seis personas se encuentran pagando condenas, y dos aún permanencen sin sentencia después de 10 años de cautiverio. Es el caso de Brenda Quevedo Cruz y de Jacobo Tagle Dobín. 

El 17 de julio de 2017

De: Enriqueta Cruz Gómez

Domicilio: información reservada

Réplica en referencia a carta de Isabel Miranda de Wallace publicada el 11 de julio de 2017

Páginas de publicación:

Radio Fórmula

Publimetro

La Saga

López Dóriga

Hechos que desea aclarar: desaparición de Hugo Alberto Wallace y ataques de la madre del desaparecido hacia mi hija Brenda Quevedo Cruz.

En ejercicio de mi derecho de réplica consagrado en la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica y reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La cual especifica lo siguiente:

Artículo 3. Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio.

Artículo 4. Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, serán sujetos obligados en términos de esta Ley y tendrán la obligación de garantizar el derecho de réplica de las personas en los términos previstos en la misma.

Artículo 6. La publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.

Artículo 11. A partir de la fecha de recepción del escrito en el que se solicita el derecho de réplica, el sujeto obligado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica.

Artículo 18. Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida o proveniente de las agencias de noticias o de los productores independientes, estarán obligados a difundir la réplica o rectificación respecto de la información falsa o inexacta que éstas les envíen, para lo cual en sus contratos o convenios deberán asentarlo.

Yo, Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, vengo a pedir a los medios de comunicación que publicaron el 11 de julio de 2017 la carta de Isabel Miranda de Wallace dirigida a su hijo desaparecido Hugo Alberto, que, de la misma forma, publiquen la carta que redacté con vistas a rectificar la información falsa e inexacta que contiene su misiva ya publicada.

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Activistas vs activistas

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Activistas se enfrascan en acusaciones serias.

SDP Noticias

y

Por un México inteligente

Que el gobierno espía de Enrique Peña Nieto utilizó el software “Pegasus” con fines maquiavélicos en contra de periodistas y activistas no significa nada cuando paras y miras que los mismos pseudo defensores de los derechos humanos en México se atacan, amenazan e incluso se acusan de integrar uno de los tantos cárteles que asesinan, extorsionan y secuestran a lo largo y ancho de nuestro país.

De acuerdo con una publicación periodística extranjera, se ventiló el caso donde México utiliza recurrentemente el espionaje vía teléfonos inteligentes con un link que pretende persuadir a los objetivos que son en su mayoría periodistas y activistas nacionales, intentos que se registran desde el 2015.

Pero luego del triunfo presidencial de Donald Trump, en la capital del país, se generó un movimiento masivo para hacerle frente el presidente gringo; fue el 12 de febrero del 2017 cuando se concentró la multitud, aquel día, Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Organización Alto al Secuestro fue echada del contingente entre gritos de la multitud quienes de ¡asesina! No la bajaron, allí comenzó una guerra entre activistas a tal grado que según doña Isabel es asesina y mentirosa, mientras que Mary Sainz, otra defensora de los derechos humanos no sólo resultó ser espiada por la señora Isabel, sino que según Miranda de Wallace, Mary Sainz, resultó ser integrante del Cártel de los Zetas (CDZ).

Quise guardar la compostura pero me fue imposible aguantarme la risa. Esta guerra de señalamientos es aún más grotesca que el caso de Duarte y Yarrington, los dos ex gobernadores priístas que podrían gozar de plena libertad este mismo año.

El asunto es que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, “En Vero”, entró en defensa de la activista tamaulipeca Mary Sainz, Enriqueta Cruz, Brenda Quevedo, Guadalupe, Juan Carlos, Alejandro Vallarta, Florence Cassez y Jacobo Tagle, quienes han sido atacados con acusaciones arbitrarias por parte de Isabel Miranda de Wallace.

Me llama tanto la atención que la presidenta de la Asociación Alto al secuestro, haga ese tipo de acusaciones. Entonces en dónde deja a la Secretaría de Gobernación y todas las subsecretarías puesto que han visto a Mary Sainz protestar por todo México y no la identifican como parte de los Zetas; qué hace entonces la SEDENA, SEMAR, PGR si tienen a una criminal con nombre, rostro y apellido.

Será acaso que doña Isabel Miranda de Wallace, en verdad sirve a una franja del gobierno como le acusaron en su momento y por eso ataca de esta manera a la activista. Por qué mejor no se aplican y dejan de lado ese tipo de conflictos estériles que de nada sirven.

Suficiente ya tenemos los mexicanos con la guerra entre cárteles y fuerzas federales como para que los activistas y defensores de los derechos humanos escenifiquen otra revuelta.

Por cierto, si la activista en verdad fuera Zeta, no podría ni siquiera asomar su cabeza libremente por Tampico y Tamaulipas.

davidcastellanost@hotmail.com

 

 

Explicaciones de México por Florence Cassez

Antes de la marcha en contra de Trump en febrero en la Ciudad de México, Miranda de Wallace anunció que iba a encabezar una marcha pro Peña.

La activista Mary Sainz y sus compañeros infiltraron la marcha de Miranda de Wallace y le gritaron “asesina” y “corres como rata”.

Fue cuando Miranda de Walalce denunció en Twitter que detras de ella había un hombre vestido de mujer con pistola, y manchado de sangre y que por eso la sacaron de la marcha. Este hombre vestido de mujer era la activista Mary Sainz.

Miranda de Wallace perdió mucha credibilidad después de esta marcha. Mandó seguir a Mary Sainz. Mary Sainz se dió cuenta y lo denunció.

Para vengarse, Miranda de Wallace utilizó el espionaje telefónico : grabó una conversación telefónica entre Mary Sainz, Guadalupe Vallarta y Enriqueta Cruz Gomez, madre de Brenda Quevedo Cruz, inculpada y torturada en el caso Wallace. Esta conversación, la publicó en Youtube. Fue a los medios de comunicación y denunció que tenía una prueba que criminales querían atentar en contra de su vida, lo que era falso ya que en la conversacion entre las tres mujeres no se escucha ninguna amenaza. En la misma época, Miranda de Wallace denunció que había recibido amenazas de muerte via Twitter (qué raro que estas amenazas nada mas las recibe cada vez que alguién la discredita…). La PGR y la SEGOB ni la pelaron.

No es la primera vez que Miranda de Wallace utiliza el espionaje telefónico (délito federal en México). En el 2007 la PGR la buscó porque encontraron equipo de espionaje en su casa. Salió libre gracias a un amparo. Lo hemos denunciado la semana pasada en este blog con articulos de Milenio del 2007. El mismo año, Luis Moya denunció en los medios que Miranda de Wallace manejaba un centro de espionaje.

El 7 de julio del 2017, Mary Sainz, Guadalupe Vallarta, Enriqueta Cruz, demandaron penalmente a Miranda de Wallace. También la demandaron Juan Carlos y Alejandro Vallarta (inculpados en caso Cassez), que Miranda de Wallace tachó de secuestradores en los medios aun cuando un juez los liberó hace mas de un año y los exoneró de todo délito.  También la demandó Brenda Quevedo porque Miranda de Wallace denunció que Brenda y Juan Carlos Vallarta sostenían una relación sentimental, lo que prueba que Miranda de Wallace intervinó conversaciones telefónicas o correspondencia entre ambos, lo que también constituye un delito. La demanda es de 900 millones de pesos. Actualmente, para evitar la demanda, Miranda de Wallace trata de discreditar a jueces, lo que representa una manera de presionarlos para evitar ser demandada.

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Cuando Miranda de Wallace manejaba centro de espionaje telefónico

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Prisión preventiva: condena sin sentencia

Arturo Zaldivar

11/07/2017

Existen voces que pretenden plantear un falso debate entre el respeto a los derechos humanos y el combate a la delincuencia. Presentan la cuestión como un juego de suma cero, en el que a mayor garantismo penal corresponde menor protección del orden público, o como un asunto de tensión entre los derechos de víctimas y delincuentes. En esta lógica, sostienen que la prisión preventiva es necesaria para la seguridad en las calles, para evitar que los delincuentes las invadan con motivo de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal y que sin ella, persistirá la impunidad.

La realidad es que el uso de la prisión preventiva está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra práctica judicial, y que con ello se ha normalizado la percepción de que es un instrumento válido de persecución penal. Sin embargo, las consecuencias negativas de su uso excesivo están ampliamente documentadas: propicia condiciones de hacinamiento y violencia en las cárceles; tiene un impacto desproporcional en las personas de menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza; eleva los costos de la gestión penitenciaria, y genera un incentivo para alargar los procesos, así como para dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de reclusión preventiva.

Pero lo más grave son las consecuencias para el estado de derecho y la democracia. El derecho a la presunción de inocencia es de los más elementales y se reduce al principio básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. Tanto nuestra Constitución como las normas de derecho internacional son claras en el sentido de que este derecho conlleva el de excepcionalidad de la prisión preventiva; esto es, que al ser la medida más severa que puede imponerse a una persona que no ha sido sentenciada, solo puede dictarse para garantizar la efectividad del proceso, cuando otras medidas menos graves no sean suficientes para ese efecto.

El uso generalizado de la prisión preventiva viola gravemente los derechos humanos en tanto adelanta la pena por delitos que quizá no fueron cometidos, o que habiendo sido cometidos, son irresponsablemente calificados como graves en las legislaciones locales, como las deudas de carácter civil. De esta manera, personas inocentes o culpables de delitos menores, terminan siendo recluidos en condiciones inhumanas y marcados para siempre, con pocas alternativas para continuar con su vida, más allá de seguir vinculados con los delincuentes condenados que conocieron en prisión, dada la falta de separación entre ambos.

Así, es un mito que la prisión preventiva sirva para evitar que delincuentes peligrosos sigan libres. Por el contrario, el sistema basado en su uso indiscriminado demostró con creces su ineficacia. La prisión preventiva no sirve para desalentar la comisión de delitos, ni para salvaguardar los derechos de las víctimas, y en tal sentido, los argumentos que llaman a reforzarla son falaces. Un sistema en el que la prisión preventiva sea la regla general no es más eficaz, sino profundamente injusto, porque sirve para castigar la pobreza, no la delincuencia.

En este contexto, el nuevo Sistema de Justicia Penal busca generar un cambio cultural en la manera como nos aproximamos a la justicia penal y ello pasa por reconcebir a la prisión preventiva como una medida extrema, excepcional, de último recurso. Bajo este nuevo paradigma, es necesario que los jueces realicen, en cada caso, una motivación individualizada de las razones que justifican la prisión preventiva, tomando en cuenta los datos concretos que demuestren su necesidad. Los jueces del nuevo sistema ya no operan sobre la base de criterios tajantes establecidos en la ley; los jueces del nuevo sistema valoran pruebas, ponderan, perciben matices y hacen distinciones. Debemos confiar en su capacidad para hacerlo.

En un verdadero estado de derecho, no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia, por regla general, los juicios se enfrentan en libertad. No podemos dar marcha hacia una realidad en la que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria.

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Miranda de Wallace simula secuestro… por segunda vez…

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Isabel Miranda vinculada a espionaje gubernamental y demandada por daño moral

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Demandantes contra Isabel Miranda por daño moral. Foto: Los Angeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado José E. Patiño Hurtado y la organización canadiense de derechos humanos En Vero interpusieron una demanda colectiva contra Isabel Miranda Torres (Miranda de Wallace) a raíz del daño moral ocasionado a activistas, periodistas y víctimas del falso caso Wallace. El abogado comentó que los derechos lesionados por parte de Miranda contra seis personas están relacionados con el sistema de espionaje gubernamental Pegasus, por lo que solicitó la condena de 900 millones de pesos para la reparación del daño.

Además de calumnias y difamación por parte de Miranda, ha amenazado y puesto en riesgo a los demandantes vinculándolos con grupos delictivos y contratando a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República para su acoso. Mientras que las grabaciones telefónicas fueron aportadas por ella misma, según su declaración a los medios, y difundidas masivamente en sus redes sociales.

Entre los demandantes se encuentran Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta, quienes fueron incriminados de participar en una supuesta banda de secuestradores, y después fueron absueltos de los cargos en febrero de 2017. Sin embargo, Miranda ha seguido refiriéndose a ellos como “secuestradores” en los medios de comunicación y filtró documentos confidenciales de los demandantes.

Otro caso es el de María Guadalupe Vicencio, la activista conocida como Mary Sainz, originaria de Tamaulipas, a quien Miranda vinculó con el grupo delictivo Los Zetas en las redes sociales. Esto sucedió después de que en la marcha “Vibra México” convocada el 12 de febrero por Miranda en apoyo al titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, un grupo de activistas le gritó “asesina”, “rata” y “corrupta” y Miranda se vio obligada a retirarse de la marcha. Posteriormente, dijo a los medios que la activista era un hombre vestido de mujer, que iba armado y que había intentado matarla.

La activista Mary Sainz, a quien Isabel Miranda dijo que era un hombre disfrazado de mujer y que iba armado para matarla.

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Foto: Los Angeles Press

Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, víctima del caso Wallace, también es una de las demandantes, por haber sido grabada en una conversación telefónica con Guadalupe Vallarta, en la que mencionan a Mary Sainz y hablan de la marcha de la que tuvo que huir Miranda por los gritos de los activistas. Estas interferencias telefónicas fueron presentadas por Miranda como evidencia de “confabulación” y “atentado contra su vida”.

Incluso, el 16 de mayo de 2017, en entrevista con Ciro Gómez Leyva de Radio Fórmula, anunció las grabaciones telefónicas como “pruebas de confabulación”:

“Como recordarán estuve denunciando que estuve recibiendo amenazas vía Twitter, luego en la marcha que hubo el 12 de febrero en el Ángel en el que se dio un conato de violencia, bueno pues hoy vamos a presentar las pruebas que quien está detrás de todo esto es la organización de los secuestradores de Vallarta, que estuvieron ligados acusados de secuestro junto con Florence Cassez”.

Posteriormente, Miranda señaló en los medios a los Vallarta y a Enriqueta Cruz como responsables de querer atentar contra su vida, y mencionó que Juan Carlos Vallarta tenía una relación amorosa en la cárcel con Brenda Quevedo. Una mención que se dedujo de las interferencias de la correspondencia postal en la cárcel, de acuerdo a lo investigado por el abogado, y que incurre en la violación del artículo constitucional 11, en su apartado uno y dos, referentes al derecho al respeto de la dignidad y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada.

No es la primera vez que Isabel Miranda ha sido denunciada por espionaje. Ya en 2007, la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones abrió un proceso en contra de ella por posesión de material de espionaje.

En el caso de la periodista Guadalupe Lizárraga, la demandada escribió en Twitter que gracias a que la PGR y la CNDH “no hacen su trabajo”, ella está libre, implicando que ha cometido un delito y debería estar en la cárcel. Este señalamiento lo hizo el 25 de junio.

Además de esta demanda colectiva, se prepara una denuncia por el acoso a la periodista y al activista David Bertet, ya que en noviembre de 2016, Miranda contrató a dos agentes ministeriales para que se los llevaran a declarar a una subdelegación en Baja California, después de su participación en un evento universitario de derechos humanos.

El abogado José Patiño mencionó que en la audiencia judicial para denunciar estos hechos y obtener un amparo, la misma Procuraduría General de la República rechazó haber enviado a los agentes y la existencia de una averiguación previa en contra de Lizárraga y Bertet.

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En seis penales federales hay riesgo de tortura y maltrato: CNDH

La Redacción5 julio, 2017

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que en seis Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) existen factores de riesgo en materia de tortura y maltrato hacia los internos.

En un comunicado precisó que la persistencia de 15 situaciones de riesgo fue detectada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en los cinco Ceferesos varoniles denominados “Centros Prestadores de Servicios” (CPS), identificados con el número 11, en Sonora; 12, en Guanajuato; 13, en Oaxaca; 14, en Durango, y 15, en Chiapas, así como el Femenil No. 16, en Morelos.

De acuerdo con la CNDH, el MNPT informó al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, que de las 45 situaciones originalmente observadas, ocho fueron atendidas y 22 presentan avance encaminado a su cumplimiento.

Entre las situaciones detectadas se encontró que persisten las deficiencias en la supervisión de las autoridades al interior de los centros, maltrato de elementos de seguridad y custodia hacia los internos, encierros prolongados en estancias, insuficiencia de personal médico, de enfermería y deficiencias en el suministro de medicamentos, como lo comprobó el MNPT durante las visitas realizadas en marzo pasado para examinar el trato y las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en esos lugares.

Dicho Mecanismo constató que también prevalece la insuficiencia de personal técnico y de seguridad y custodia, la falta de actividades laborales remuneradas, de capacitación, educativas y deportivas, la irregular realización de llamadas telefónicas y comida insuficiente.

De acuerdo con el comunicado de la CNDH, la visita se hizo con la finalidad de fortalecer los esfuerzos para prevenir la tortura y el maltrato en los lugares de detención supervisados, así como para atender hasta su cabal cumplimiento las observaciones emitidas, puntualizó.

Dichas visitas de supervisión, agregó, comprendieron entrevistas con los servidores públicos responsables de los distintos Ceferesos “CPS” y con el personal adscrito; se aplicaron cuestionarios y entrevistas con personas recluidas y se realizó la revisión de expedientes y documentos de registro, además de recorrer las instalaciones con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones de las distintas áreas.

Previo a las visitas de seguimiento, personal del MNPT mantuvo comunicación con los enlaces designados, con objeto de registrar y evaluar las medidas y acciones presentadas para atender las observaciones señaladas en el informe inicial, así como valorar su correspondencia con los derechos humanos de las personas privadas de la libertad respecto del trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal, señaló la CNDH.

De igual manera, se notificó al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social que el MNPT estará pendiente de la atención que se brinde al informe y las acciones que se tomen para solventar las situaciones persistentes, lo que se reflejará en las próximas visitas que dicho Mecanismo realice a los lugares de detención e internamiento bajo su competencia.

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