Cuando Miranda de Wallace manejaba centro de espionaje telefónico

Delito Espionaje Isabel.jpg

 

FullSizeRender.jpg

Categorías:Sin categoría

Prisión preventiva: condena sin sentencia

Arturo Zaldivar

11/07/2017

Existen voces que pretenden plantear un falso debate entre el respeto a los derechos humanos y el combate a la delincuencia. Presentan la cuestión como un juego de suma cero, en el que a mayor garantismo penal corresponde menor protección del orden público, o como un asunto de tensión entre los derechos de víctimas y delincuentes. En esta lógica, sostienen que la prisión preventiva es necesaria para la seguridad en las calles, para evitar que los delincuentes las invadan con motivo de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal y que sin ella, persistirá la impunidad.

La realidad es que el uso de la prisión preventiva está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra práctica judicial, y que con ello se ha normalizado la percepción de que es un instrumento válido de persecución penal. Sin embargo, las consecuencias negativas de su uso excesivo están ampliamente documentadas: propicia condiciones de hacinamiento y violencia en las cárceles; tiene un impacto desproporcional en las personas de menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza; eleva los costos de la gestión penitenciaria, y genera un incentivo para alargar los procesos, así como para dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de reclusión preventiva.

Pero lo más grave son las consecuencias para el estado de derecho y la democracia. El derecho a la presunción de inocencia es de los más elementales y se reduce al principio básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. Tanto nuestra Constitución como las normas de derecho internacional son claras en el sentido de que este derecho conlleva el de excepcionalidad de la prisión preventiva; esto es, que al ser la medida más severa que puede imponerse a una persona que no ha sido sentenciada, solo puede dictarse para garantizar la efectividad del proceso, cuando otras medidas menos graves no sean suficientes para ese efecto.

El uso generalizado de la prisión preventiva viola gravemente los derechos humanos en tanto adelanta la pena por delitos que quizá no fueron cometidos, o que habiendo sido cometidos, son irresponsablemente calificados como graves en las legislaciones locales, como las deudas de carácter civil. De esta manera, personas inocentes o culpables de delitos menores, terminan siendo recluidos en condiciones inhumanas y marcados para siempre, con pocas alternativas para continuar con su vida, más allá de seguir vinculados con los delincuentes condenados que conocieron en prisión, dada la falta de separación entre ambos.

Así, es un mito que la prisión preventiva sirva para evitar que delincuentes peligrosos sigan libres. Por el contrario, el sistema basado en su uso indiscriminado demostró con creces su ineficacia. La prisión preventiva no sirve para desalentar la comisión de delitos, ni para salvaguardar los derechos de las víctimas, y en tal sentido, los argumentos que llaman a reforzarla son falaces. Un sistema en el que la prisión preventiva sea la regla general no es más eficaz, sino profundamente injusto, porque sirve para castigar la pobreza, no la delincuencia.

En este contexto, el nuevo Sistema de Justicia Penal busca generar un cambio cultural en la manera como nos aproximamos a la justicia penal y ello pasa por reconcebir a la prisión preventiva como una medida extrema, excepcional, de último recurso. Bajo este nuevo paradigma, es necesario que los jueces realicen, en cada caso, una motivación individualizada de las razones que justifican la prisión preventiva, tomando en cuenta los datos concretos que demuestren su necesidad. Los jueces del nuevo sistema ya no operan sobre la base de criterios tajantes establecidos en la ley; los jueces del nuevo sistema valoran pruebas, ponderan, perciben matices y hacen distinciones. Debemos confiar en su capacidad para hacerlo.

En un verdadero estado de derecho, no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia, por regla general, los juicios se enfrentan en libertad. No podemos dar marcha hacia una realidad en la que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria.

Categorías:Sin categoría

Miranda de Wallace simula secuestro… por segunda vez…

simulacro de secuestro de W.png

Categorías:Sin categoría

Isabel Miranda vinculada a espionaje gubernamental y demandada por daño moral

demandantes.png

Demandantes contra Isabel Miranda por daño moral. Foto: Los Angeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado José E. Patiño Hurtado y la organización canadiense de derechos humanos En Vero interpusieron una demanda colectiva contra Isabel Miranda Torres (Miranda de Wallace) a raíz del daño moral ocasionado a activistas, periodistas y víctimas del falso caso Wallace. El abogado comentó que los derechos lesionados por parte de Miranda contra seis personas están relacionados con el sistema de espionaje gubernamental Pegasus, por lo que solicitó la condena de 900 millones de pesos para la reparación del daño.

Además de calumnias y difamación por parte de Miranda, ha amenazado y puesto en riesgo a los demandantes vinculándolos con grupos delictivos y contratando a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República para su acoso. Mientras que las grabaciones telefónicas fueron aportadas por ella misma, según su declaración a los medios, y difundidas masivamente en sus redes sociales.

Entre los demandantes se encuentran Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta, quienes fueron incriminados de participar en una supuesta banda de secuestradores, y después fueron absueltos de los cargos en febrero de 2017. Sin embargo, Miranda ha seguido refiriéndose a ellos como “secuestradores” en los medios de comunicación y filtró documentos confidenciales de los demandantes.

Otro caso es el de María Guadalupe Vicencio, la activista conocida como Mary Sainz, originaria de Tamaulipas, a quien Miranda vinculó con el grupo delictivo Los Zetas en las redes sociales. Esto sucedió después de que en la marcha “Vibra México” convocada el 12 de febrero por Miranda en apoyo al titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, un grupo de activistas le gritó “asesina”, “rata” y “corrupta” y Miranda se vio obligada a retirarse de la marcha. Posteriormente, dijo a los medios que la activista era un hombre vestido de mujer, que iba armado y que había intentado matarla.

La activista Mary Sainz, a quien Isabel Miranda dijo que era un hombre disfrazado de mujer y que iba armado para matarla.

demandantes2.jpg

Foto: Los Angeles Press

Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, víctima del caso Wallace, también es una de las demandantes, por haber sido grabada en una conversación telefónica con Guadalupe Vallarta, en la que mencionan a Mary Sainz y hablan de la marcha de la que tuvo que huir Miranda por los gritos de los activistas. Estas interferencias telefónicas fueron presentadas por Miranda como evidencia de “confabulación” y “atentado contra su vida”.

Incluso, el 16 de mayo de 2017, en entrevista con Ciro Gómez Leyva de Radio Fórmula, anunció las grabaciones telefónicas como “pruebas de confabulación”:

“Como recordarán estuve denunciando que estuve recibiendo amenazas vía Twitter, luego en la marcha que hubo el 12 de febrero en el Ángel en el que se dio un conato de violencia, bueno pues hoy vamos a presentar las pruebas que quien está detrás de todo esto es la organización de los secuestradores de Vallarta, que estuvieron ligados acusados de secuestro junto con Florence Cassez”.

Posteriormente, Miranda señaló en los medios a los Vallarta y a Enriqueta Cruz como responsables de querer atentar contra su vida, y mencionó que Juan Carlos Vallarta tenía una relación amorosa en la cárcel con Brenda Quevedo. Una mención que se dedujo de las interferencias de la correspondencia postal en la cárcel, de acuerdo a lo investigado por el abogado, y que incurre en la violación del artículo constitucional 11, en su apartado uno y dos, referentes al derecho al respeto de la dignidad y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada.

No es la primera vez que Isabel Miranda ha sido denunciada por espionaje. Ya en 2007, la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones abrió un proceso en contra de ella por posesión de material de espionaje.

En el caso de la periodista Guadalupe Lizárraga, la demandada escribió en Twitter que gracias a que la PGR y la CNDH “no hacen su trabajo”, ella está libre, implicando que ha cometido un delito y debería estar en la cárcel. Este señalamiento lo hizo el 25 de junio.

Además de esta demanda colectiva, se prepara una denuncia por el acoso a la periodista y al activista David Bertet, ya que en noviembre de 2016, Miranda contrató a dos agentes ministeriales para que se los llevaran a declarar a una subdelegación en Baja California, después de su participación en un evento universitario de derechos humanos.

El abogado José Patiño mencionó que en la audiencia judicial para denunciar estos hechos y obtener un amparo, la misma Procuraduría General de la República rechazó haber enviado a los agentes y la existencia de una averiguación previa en contra de Lizárraga y Bertet.

Categorías:Sin categoría

En seis penales federales hay riesgo de tortura y maltrato: CNDH

La Redacción5 julio, 2017

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que en seis Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) existen factores de riesgo en materia de tortura y maltrato hacia los internos.

En un comunicado precisó que la persistencia de 15 situaciones de riesgo fue detectada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en los cinco Ceferesos varoniles denominados “Centros Prestadores de Servicios” (CPS), identificados con el número 11, en Sonora; 12, en Guanajuato; 13, en Oaxaca; 14, en Durango, y 15, en Chiapas, así como el Femenil No. 16, en Morelos.

De acuerdo con la CNDH, el MNPT informó al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, que de las 45 situaciones originalmente observadas, ocho fueron atendidas y 22 presentan avance encaminado a su cumplimiento.

Entre las situaciones detectadas se encontró que persisten las deficiencias en la supervisión de las autoridades al interior de los centros, maltrato de elementos de seguridad y custodia hacia los internos, encierros prolongados en estancias, insuficiencia de personal médico, de enfermería y deficiencias en el suministro de medicamentos, como lo comprobó el MNPT durante las visitas realizadas en marzo pasado para examinar el trato y las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en esos lugares.

Dicho Mecanismo constató que también prevalece la insuficiencia de personal técnico y de seguridad y custodia, la falta de actividades laborales remuneradas, de capacitación, educativas y deportivas, la irregular realización de llamadas telefónicas y comida insuficiente.

De acuerdo con el comunicado de la CNDH, la visita se hizo con la finalidad de fortalecer los esfuerzos para prevenir la tortura y el maltrato en los lugares de detención supervisados, así como para atender hasta su cabal cumplimiento las observaciones emitidas, puntualizó.

Dichas visitas de supervisión, agregó, comprendieron entrevistas con los servidores públicos responsables de los distintos Ceferesos “CPS” y con el personal adscrito; se aplicaron cuestionarios y entrevistas con personas recluidas y se realizó la revisión de expedientes y documentos de registro, además de recorrer las instalaciones con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones de las distintas áreas.

Previo a las visitas de seguimiento, personal del MNPT mantuvo comunicación con los enlaces designados, con objeto de registrar y evaluar las medidas y acciones presentadas para atender las observaciones señaladas en el informe inicial, así como valorar su correspondencia con los derechos humanos de las personas privadas de la libertad respecto del trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal, señaló la CNDH.

De igual manera, se notificó al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social que el MNPT estará pendiente de la atención que se brinde al informe y las acciones que se tomen para solventar las situaciones persistentes, lo que se reflejará en las próximas visitas que dicho Mecanismo realice a los lugares de detención e internamiento bajo su competencia.

Categorías:Sin categoría

La siniestra Isabel Miranda de Wallace (VIDEO)

Categorías:Sin categoría

ONG piden plena aplicación de nueva ley antitortura

La Jornada

Emir Olivares Alonso lunes, 26 jun 2017 

Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil llamaron al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva Ley General contra la Tortura, que se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entrará en vigor mañana; y demandaron investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura y que se rechacen todos los testimonios obtenidos a través de esta práctica.

En un pronunciamiento conjunto, 18 de las más importantes organizaciones defensoras de derechos humanos del país, subrayaron que diversos mecanismos internacionales han acreditado que actualmente la tortura es generalizada en México. Agregaron que se trata de un crimen y una violación grave a las garantías fundamentales y, en ciertas circunstancias, puede ser considerada un crimen de lesa humanidad.

Ante la vigencia de esta práctica, que por ninguna razón debe ser tolerada, saludamos la publicación hoy en el DOF de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Ley contribuirá a la erradicación de la tortura, sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes”.

 El posicionamiento es firmado por casi una veintena de organizaciones entre las que están los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña “Tlachinollan”, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Idheas Litigio estratégico en Derechos Humanos.

“Hoy, en el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, las organizaciones y personas que suscribimos este pronunciamiento mostramos nuestra solidaridad con todas las personas sobrevivientes de la tortura.

“Instamos al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva Ley General, y en particular a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura, incluyendo a aquellos que la ordenen o toleren. Llamamos a garantizar la exclusión de cualquier prueba fabricada u obtenida bajo tortura; a reparar a las víctimas; y a tomar todas las acciones necesarias para poner fin a esta práctica. Urgimos a generar diagnósticos confiables de la situación de la tortura en el país a fin de construir herramientas de política pública certeras para erradicar la tortura en México y la impunidad en torno a ella”.

Recordaron que de 2007 a finales de 2016 se presentaron 7 mil 695 quejas por tortura en las comisiones estatales de derechos humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de 12 mil. En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.

 “Las torturas documentadas van desde las amenazas y golpes, hasta choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, waterboarding y en muchas ocasiones violencia sexual. Por su parte, en los últimos años la Procuraduría General de la República (PGR) registra más de 2 mil averiguaciones y ahora carpetas de investigación por tortura al año”.

Por su parte, a través de un comunicado, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad consideró que “el saldo es muy negativo para la población mexicana expuesta a la violencia extrema del Estado mexicano”.

Agregó que pese a que el Estado mexicano ha ratificado diversos acuerdos y convenciones internacionales para erradicar ese delito, “la tortura es cotidiana en espacios abiertos tanto como en lugares de detención. Los señalamientos, observaciones y recomendaciones de instancias internacionales sobre la responsabilidad de policías de la Seguridad Publica de niveles municipal, estatal y federal tanto como de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) en la tortura y su uso generalizado y sistemático en el país, no han sido atendidos plenamente. Son de conocimiento público diversos videos que muestran a policías y soldados cometiendo actos de tortura: golpes, amenazas, asfixia con bolsas de plástico, encañonar con armas de fuego, etcétera”.

Subrayó que se trata de una práctica sistemática y cotidiana en el país como lo acreditan organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, como lo hizo hace unos años el Relator de ONU contra la Tortura en un informe, mismo que “el gobierno mexicano trató de desacreditar en una campaña mediática sin precedentes”.

De acuerdo con esta organización, 65 por ciento de los torturadores son policías, 15 por ciento policías junto a ministerios públicos; en 57 por ciento de los casos, ésta se realiza en la vía pública y 31 por ciento en el domicilio de la víctima.

 Agregó que de las víctimas sobrevivientes 78 por ciento son hombres y 22 mujeres; el rango de edad más frecuente es entre 19 y 31 años. Las declaraciones arrancadas por tortura más frecuentes, contienen los delitos de secuestro y/o delincuencia organizada; en 80 por ciento de los sobrevivientes de tortura, hay efectos psicológicos severos.

Además, enfatizó, la impunidad en este delito es de 99.75 por ciento, “en un Estado en el que la ley es una mercancía y en el que sus agentes son los torturadores”.

Categorías:Sin categoría