Israel Vallarta preso desde hace 15 años acusado de secuestro, envió un audio al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde denuncia que ha sido víctima de tortura al interior de la prisión en Michoacán.
¿Qué dijo? Durante la mañanera, una reportera expuso el audio que le compartió Vallarta con el fin de dárselo a conocer a AMLO, “Estoy custodiado por un régimen inhumano, degradante, abusivo, involucionado… me mantienen en un encierro prolongado, y la restricción de derechos humanos que incluso hoy me impiden ver y escuchar su conferencia señor presidente. Hay funcionarios que todavía creen que las personas privadas de libertad no tenemos derechos”.
Acusa corrupción. En el audio, también se escucha sus denuncias por presunta corrupción “Señor presidente, usted habla mucho de corrupción y le pido voltee a estos lugares, que observe a quiénes los dirigen, tiene la oportunidad de transformar lo que por herencia dejó (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón… Hago un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la FGR para que investigue a estos servidores. Aún con todo lo vivido”.
Respuesta. En tanto, AMLO aseguró que no habrá impunidad y que l Secretaría de Gobernación (Segob) tomará conocimiento del caso: “No hay impunidad, no se solapa a ningún funcionario público y en estos casos vamos a seguir facilitando a víctimas y quienes injustamente están en cárcel para que sus procesos se apeguen a la verdad, la justicia. Vamos a atender a este asunto, se va a castigar lo del director del penal, ese es mi compromiso, le voy a pedir a Alejandro Encinas que atienda este asunto y todos”.
Un Tribunal Federal otorgó un amparo a Brenda Quevedo Cruz, sentencia que ordena revisar si está justificada la prolongación de la prisión preventiva que le fue impuesta hace 17 años, mujer que sigue a la espera del fallo en su proceso penal, tras haber sido señalada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de presuntamente participar en el secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
Por unanimidad, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal verificar la racionalidad de la prisión preventiva con base a los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema.
Desde hace años, Brenda Quevedo ha demandado enfrentar su proceso en libertad e incluso denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que fue torturada para declararse culpable, lo que dio inicio a una carpeta de investigación.
Jorge Isaac Lagunes Leano, magistrado ponente, propuso declarar fundado el argumento de la quejosa en el sentido de que el Tribunal de Apelación abordó de manera desacertada el criterio emitido por la Primera Sala de la Corte, para efecto de verificar lo prolongado de la prisión preventiva.
“…lo pertinente es verificar si existen razones objetivas que justifiquen que se mantenga en prisión preventiva hasta el día de hoy”, expresó Lagunes Leano.
El magistrado subrayó que se trata de un procedimiento penal que tiene muchos años, pero la SCJN estableció, a partir de los lineamientos que ha desarrollado la propia Corte IDH y que se han acogido en diversos criterios de los tribunales, a verificar la racionalidad de esta medida cautelar.
“Si bien es cierto, se observa que el juez de primer grado sí se pronunció en ese sentido; no obstante, ello, el Tribunal de Apelación estimó que no era pertinente verificar la racionalidad de la prisión preventiva bajo las condiciones de posible riesgo de fuga, el peligro de los testigos o de las partes que intervienen o que vaya a evadirse o prolongar o impedir la prosecución del juicio.
“Estimó el Tribunal de Apelación que eso no era necesario atenderlo, pues ello respondía a una diversa incidencia, no a la que estaba conociendo…”, comentó el magistrado, cuya propuesta fue aprobada por sus homólogos Silvia Estrever Escamilla y Enrique Martínez Guzmán.
Con el amparo otorgado, el Colegiado de Apelación deberá resolver si se justifica o no que Brenda Quevedo siga en la cárcel.
Brenda Quevedo fue capturada en Louisville, Kentucky, con ayuda del FBI, en 2007, a raíz de una orden de aprehensión que giró un juez federal a petición de la PGR, derivado del crimen cometido en 2005.
En noviembre de 2020, Quevedo Cruz presentó una denuncia en la FGR donde aseguró que fue obligada a declararse culpable, tras ser torturada por policías y personal penitenciario en México. [Brenda fue torturada pero NUNCA se declaró culpable]
Lo anterior dio origen a la carpeta de investigación FED/FEMDH/UNAI-MEX/0000333/2020, la cual está en manos de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la FGR.
Con la filtración de la denuncia anónima hacia el ex ministro Zaldívar y el revire de éste hacia la ministra presidenta Norma Piña, será interesante lo que se ventile respecto al actuar de los ministros y en general de la Suprema Corte, ya se olvidaron de la denuncia que le hicieron a la ministra Yasmín Esquivelpor supuesto plagio dado que consiguieron que la presidencia no fuera ocupada por ella sino por Norma Piña que bien ha servido a los intereses corporativos; ha dado cabida a resoluciones que se ven dudosas, todas en tiempo récord y ha permitido que expedientes de deudores fiscales como el de Salinas Pliego, duerman el sueño de los justos.
Desde el 2 de enero del año pasado, la ministra presidenta Piña no ha pasado inadvertida, como tampoco lo ha sido Abraham Pedraza Rodríguez, el secretario de la ministra, cuñado de Isabel Miranda de Wallace. ¿No había conflicto de interés ahí?
Muy pronto los primeros en caer fueron los que sí hacían su trabajo, el equipo de Defensoría Pública Federal, que comenzó con la renuncia de Pedraza y el posterior desmantelamiento del equipo que sí trabajaba y dio resultados espectaculares; los dimes y diretes llegaron a amenazas en redes de Isabel Miranda hacia Netzaí Sandoval y Salvador Leyva principalmente ya que gracias a su trabajo, la corte estaba por declarar la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, presa desde hace más de 15 años, sin embargo, con la denuncia hacia el ministro Zaldívar, todo se detiene ya que los que llevaban el caso, Sandoval y Leyva, también están mencionados en la denuncia anónima que se investiga. Muy favorable para Isabel Miranda que, con este ardid logra evitar que se derrumbe el caso Wallace y sea ella la que ingrese en prisión.
La mano que mece la cuna, Wallace, se ha visto favorecida por esa “extraña filtración” de una denuncia para la que ni siquiera existe marco legal (pero que están haciendo sobre las rodillas)
Ya que se investiga, ¿sabremos más de los actos de corrupción del ministro Luis María Aguilar, cuando fue presidente de la Corte o quedará en lo oscurito?. Felicito a Norma Piña porque sin pensarlo, nos mostrará las entrañas de los manejos corruptos de la Suprema Corte.
Esta figura lejos de utilizarse de manera excepcional se ha convertido en la regla
A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara a México modificar su marco normativo para eliminar la prisión preventiva oficiosa (PPO), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se propone discutir la eliminación de esta figura del artículo 19 constitucional, y a ordenar su inaplicabilidad.
En respuesta a ello, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte, adelantándose a la discusión, para manifestar su desacuerdo con el proyecto que podría acabar con la PPO, incitándola además a incumplir con lo dictado por el tribunal regional. Asimismo, la secretaria de Gobernación salió a manifestar en la Mañanera una preocupación con tono de amenaza: de aprobarse el proyecto, más de 68 mil delincuentes saldrían de prisión, amenazando la paz y la seguridad nacionales.
Además de no ser cierto que se liberaría automáticamente a las personas que se encuentren en ese supuesto, tampoco se explica que no se trata solamente de personas acusadas de homicidio, secuestro, violación y narcotráfico, como lo han sugerido, sino de acusados de robo de casa habitación, robo a transporte de carga, en materia de hidrocarburos y una larga lista de delitos que han sido incorporados al catálogo que amerita prisión preventiva oficiosa, sin que se haya invertido más recursos en verdaderas políticas de reinserción social y en la mejora del sistema penitenciario. Pareciera que se trata solo de saturar las cárceles sin ningún plan ulterior. El 47% de las prisiones tienen sobrepoblación, albergando casi 14 mil personas por encima de su capacidad, lo que es contraproducente para su futura reinserción en la sociedad.
Sorprende la preocupación e implicación del Ejecutivo en el tema, como si la estrategia de seguridad de nuestro país se basara principalmente en el encarcelamiento automático de presuntos responsables, y como si fuera justificable la violación de los derechos humanos de unos para proteger los de otros.
Lo que realmente debería preocupar y ocupar al gobierno son estrategias de prevención social del delito para que menos gente esté dispuesta a cometer este tipo de actos, o la seguridad en las calles, o contar con mayor capacidad de investigación, inteligencia y operación, menos impunidad y mayor justicia para las víctimas. Debería enfocarse también en fortalecer el sistema de procuración e impartición de justicia, pues Ministerios Públicos, peritos, policías y jueces están rebasados en sus funciones. Entre 2020 y 2021, en la CDMX 469 defensores de oficio en materia penal atendieron casi 100 mil casos.
El problema radica en que esta figura lejos de utilizarse de manera excepcional se ha convertido en la regla. Además, los más afectados son los más pobres y las mujeres. El 54% de la población carcelaria contó con defensa de oficio, contra el 25% que tuvo una privada. Seis de cada diez mujeres se encuentran privadas de su libertad sin una sentencia por esta medida cautelar mientras que en el caso de los hombres son cuatro de cada diez.
La sentencia de la Corte Interamericana se da respecto al caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron mantenidos en prisión preventiva durante 17 años, violándose sus garantías judiciales y su derecho a la libertad personal. Como ellos, hoy día 88 mil personas están en prisión sin que realmente sepamos sin son o no culpables de lo que se les acusa y muchos de ellos con muchos años en la cárcel a pesar de que la Constitución marca dos años como el límite en el que una persona puede ser privada de su libertad sin sentencia.
No es posible que ante la saturación del sistema de justicia, se considere al encarcelamiento instantáneo de personas no sentenciadas como un mecanismo válido y apropiado. No solamente no resuelve el problema, sino que viola derechos humanos y actúa como una pena anticipada.
Es paradójico que al mismo tiempo que se interviene frente al poder Judicial para defender la prisión preventiva oficiosa, se haya aprobado en el Senado una reforma a la Ley de Amnistía para dar al Presidente facultades para liberar de manera directa a privados de la libertad a cambio de información que ayude a esclarecer delitos. Esta contradicción pone en evidencia que la prioridad no es el respeto a las víctimas, o el derecho a la libertad personal, sino el poder actuar discrecionalmente y por encima de los límites democráticos que impone la separación de poderes.
Con la investigación a Arturo Zaldívar y a otros integrantes del Poder Judicial, la ministra Norma Piña está influyendo en el caso de Isabel Miranda de Wallace, estableció el abogado Salvador Leyva.
Isaac Rosales | Astillero Informa
De acuerdo con el defensor de derechos humanos Salvador Leyva, la investigación contra algunos integrantes del Poder Judicial, entre los que se encuentran el ministro en retiro Arturo Zaldívar y el propio Leyva, está influyendo en el caso de Isabel Miranda de Wallace.
En una entrevista con Julio Astillero, dijo que estaba acusado de presionar a una ex defensora de Juana Hilda (quien está implicada en el secuestro de Hugo Alberto, hijo de Isabel, y por lo cual está presa desde 2006) para que asegurara que su clienta fue torturada en aras de que se declarara culpable del secuestro. Sin embargo, mencionó, dicha abogada, de nombre Dolores Vera, no era representante legal de nadie en el momento en que él llegó a la Defensoría Pública ni estuvo presente cuando Juana Hilda confesó ante la SEIDO.
“Lo que señala el acuerdo de inicio de la investigación es que presioné por instrucciones deNetzaí [Sandoval] a María Dolores Vera Murcia para que alegara tortura en este caso, lo cual no tiene sentido. María Dolores Vera Murcia no era defensora cuando nosotros llegamos a la Defensoría [Pública], sino delegada, es decir, no representaba directamente a nadie. Ella fue la defensora de Juana Hilda en el 2005, precisamente cuando fue torturada, y fue la defensora que no estuvo presente en la confesión que se grabó en la SEIDO”.
Esto es relevante, detalló, porque “lo que va a resolver la Suprema Corte es si Juana Hilda tuvo una defensa adecuada durante la investigación, cosa que no ocurrió. Al hacer público este acuerdo en donde se dice que se presionó a esta defensora para que alegara tortura, lo que [en realidad] quieren decir es que el alegato de tortura de Juana Hilda es falso y que fue fabricado”.
El litigante manifestó que la ministra presidenta de la suprema Corte y la fundadora de la asociación Alto al Secuestro tienen una relación desde hace muchos años. En este sentido, consideró “curioso” el hecho de que Isabel Miranda fuera la primera persona en pronunciarse cuando se hizo pública la investigación, al decir que ella también había denunciado a Arturo Zaldívar y al propio Leyva.
“Yo no tengo duda de que hay una relación entre Isabel Miranda y Norma Lucía Piña desde hace muchos años. Es curioso que en cuanto salió la publicación o se filtró este acuerdo de inicio de investigación, la primera persona que salió públicamente antes de este pasante de derecho de la organización Mexicanos contra la Corrupción fuera Isabel Miranda de Wallace, diciendo ‘Yo denuncié a Salvador Leyva y a Arturo Zaldívar’”.
El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte aprobó eliminar la prisión preventiva oficiosa o “prisión automática” en 18 estados del país,donde las personas privadas de la libertad podrán pedir otras medidas cautelares.`
El órgano del Poder Judicial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, tomó la decisión con base en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de esta figura.
Una vez que sea publicado, se eliminará la prisión preventiva en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes.
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Opciones de medidas cautelares
“Cuando el quejoso solicite la suspensión provisional ante la imposición de la prisión preventiva oficiosa, está deberá tener efecto de tutela anticipada y el juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, convocará a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de 48 horas y podrá imponer una diversa previo contradictorio”, señaló el Consejo de la Judicatura Federalmediante un comunicado.
Estas medidas cautelares pueden ser libertad condicional, uso de brazalete electrónico, prisión domiciliaria, firma periódica, entre otras.
En noviembre pasado Animal Político publicó el reportaje Prisión Preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes, en el que se evidenció que cada día 300 mujeres y hombres en México son privadas de la libertad, la mayoría sin que se haya probado si son culpables o no.
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Prisión preventiva y su discusión en la SCJN
En septiembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió un proyecto que proponía inaplicar el Artículo 19 de la Constitución para eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero el proyecto recibió sólo cuatro votos a favor y 7 en contra.
La contradicción de criterios 40/2023, resuelta en sesión ordinaria el 13 de julio por el órgano judicial, surgió de la contraposición de posturas entre dos tribunales colegiados de circuito al resolver diversos “recursos de queja urgentes”, mismos que derivaron de diversos juicios de amparo en los que el acto reclamado fue la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
“La propuesta en el proyecto que ha sido circulado atiende al mandato constitucional establecido en el Artículo 1 el cual dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, dijo el magistrado Samuel Meraz Lares al presentar el proyecto, mismo que fue apoyado por sus compañeras y compañeros.
La filtración de una investigación contra el exministro Arturo Zaldívar y algunos de sus colaboradores abrió las cloacas de un espejo de la corrupción dentro del Poder Judicial: el caso Miranda de Wallace, donde, en medio de la confusión, parece haber intenciones por encubrir la impunidad
Texto: Alejandro Ruiz
CIUDAD DE MÉXICO. – Desde el 12 de abril, la discusión pública ha girado entorno a una denuncia anónima que el Poder Judicial recibió, y filtró, donde se acusa al exministro y ahora integrante de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar, de incurrir en actos de corrupción.
El expresidente de la Corte ya salió a decir que esto es “una persecución política”, lo mismo hizo la candidata presidencial de Morena, y varios de sus cuadros en medios de comunicación.
Ahora, desde la Suprema Corte, la voz de la ministra Lenia Batres también criticó la filtración del acuerdo de inicio de investigación, con la denuncia completa, por el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, Herbert Torres Coello, y la propia Norma Piña.
Batres reaccionó así: “Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país, constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política”.
Además, aclaró que a ella nadie la “ha presionado para elegir al personal de mi ponencia, mucho menos al coordinador”, esto, en referencia a su coordinador de ponencia, Netzaí Sandoval, quien también es acusado dentro de la denuncia anónima.
La investigación aún no inicia, pero ya comenzó a remover fibras sensibles dentro del Poder Judicial, pues acusa que los “casos de Estado” como Segalmex, Rosario Robles o Emilio Lozoya pudieron estar manipulados desde magistrados, cortes y jueces.
De todo esto, que debe investigarse, y en dado caso emitir una resolución pública, hay un caso que ha levantado sospechas: el caso Wallace.
¿Qué tiene que ver este caso con la denuncia contra Zaldívar y las criticas hacia Norma Piña? Al parecer, mucho más de lo que imaginamos.
Para ahondar en ello, en Pie de Página dialogamos con el abogado y defensor de derechos humanos, Salvador Leyva, extitular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, y uno de los exfuncionarios acusados en la denuncia anónima.
Caso Wallace ¿por qué aparece ahí?
En febrero de 2023, Salvador Leyva denunció públicamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba infiltrada por Isabel Miranda de Wallace. ¿Cómo? A través de su nueva presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Por eso, cuando se enteró que su nombre y el caso Wallace aparecían en la denuncia anónima contra Zaldívar, Leyva prendió sus alarmas.
“El caso Wallace no tendría ni siquiera porque estar mencionado en esta denuncia. No hay ni siquiera alegatos concretos de dónde estarían las irregularidades por parte de ninguno de los denunciados, esto es Carlos Alpízar, Arturo Zaldívar, Netzaí Sandoval, y los jueces y las juezas que habrían cedido y se habrían beneficiado de estos casos”.
Las sospechas crecieron cuando, a la par de la denuncia, se revivió un reportaje elaborado por la periodista Yohalí Reséndiz, donde se acusa que el periodista Ricardo Raphael hizo un pago al exministro Arturo Zaldívar para influenciar a la ministra Ana María Ríos Farjat, quien en 2022 atrajo el amparo de una de las acusadas por el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Juana Hilda.
“Me parece complicado que quieran involucrar a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y parece que en realidad es Norma Piña destruyendo al Poder Judicial. Esa investigación, la de ahora contra Zaldívar, no tiene absolutamente nada que ver con ese vídeo que se está publicando, la historia es otra”.
Los acusados, ahora son víctimas
Para el abogado, el punto de partida de la denuncia son las acusaciones contra su exjefe, Netzaí Sandoval (ahora coordinador de la ponencia de la ministra Batres). Concretamente, casos de hostigamiento laboral.
Salvador Leyva explica:
“En la investigación, de lo que se acusa a Zaldívar es de la injerencia en la decisión de los jueces y las juezas a través de amenazas. Pero los dos jueces que participaron en el caso Wallace desde que él era ministro presidente hasta que nos fuimos son Francisco Marroquín Arredondo, y luego cambiaron y fue Alfredo Silva. Ninguno de esos dos jueces está en la lista de jueces y juezas a los que supuestamente se presionó en el trámite del juicio de Brenda, de Juana Hilda, Jacobo, Albertoni y César.
“La única otra parte donde se menciona el caso Wallace es en las denuncias contra Netzaí Sandoval, y son muy amplias”.
Salvador Leyva resume las denuncias que acusaron hostigamiento laboral por parte de Netzaí Sandoval. Una, dice el acuerdo de investigación, fue por “intentar hacer lo posible por tener la libertad de las víctimas”.
Esto, comenta Salvador, es absurdo, pues “efectivamente, ese el trabajo de la Defensoría: agotar todos los recursos disponibles para defender los derechos de las personas representadas”.
La denuncia, además, acusa que estas acciones fueron realizadas “a través de un incondicional” a Netzaí Sandoval. En este caso: Salvador Leyva.
“Yo no soy incondicional a nadie. Netzaí fue mi jefe, creo que eso lo respeto, y creo que hicimos un buen trabajo, tan es así que hoy por hoy, casi un año y medio después de que salimos, la Defensoría Pública lo único que puede presumir son los resultados del trabajo que hicimos durante su administración”, se defiende el abogado.
El modus operandi expresado en la denuncia, explica Leyva, es que a través de él se presionó, en 2005, a la defensora pública en el caso, María Dolores Vera Murcia, para que alegara tortura en las detenciones de los presuntos culpables.
“María Dolores Vera Murcia era defensora pública, fue la defensora pública en 2005 que no estuvo presente en la confesión de Juana Hilda que se obtuvo bajo tortura. Esa confesión fue grabada, y es la base de esta investigación que mantiene a seis personas privadas de su libertad, algunas de ellas desde hace 18 años”, explica Leyva.
Además, asegura, esto es falso. Explica:
“Para empezar, no tendría sentido que yo la presionara porque ella no era la defensora. Cuando nosotros entramos ella ya era delegada, porque por cierto, después de este patético actuar en el caso de Juana Hilda, se le premio como delegada. Es decir, se le subió de puesto.
“Cuando llegamos ella todavía era delegada, y sumado a otras faltas administrativas graves, algunas de ellas eran denuncias muy fuertes de acoso laboral, estaba el tema de Juana Hilda, en el sentido de que 2022 fue cuando obtuve el dictamen que se presentó, y está en la Suprema Corte y está en el juicio, que demuestra científicamente que María Dolores Vera Murcia no estaba presente en la confesión de Juana Hilda, y por lo tanto ella no tuvo defensa durante esa confesión que fue grabada”.
Aunado a esto, está otra acusación de otro abogado que también, como Maria Dolores Vera Murcia, acusó hostigamiento laboral. Leyva, sin ahondar mucho en el caso, solo comenta: “Es un abogado que renunció porque no quiso cumplir con las cargas de trabajo”.
Para Salvador Leyva que el caso Wallace aparezca, sin sentido alguno, en la denuncia contra Zaldívar y sus colaboradores sólo refleja algo:
“Norma Piña está solapando el oportunismo de Isabel, que se suma a este vídeo que casualmente salió nuevamente a la luz en febrero, pero que inició desde 2022 cuando lo publicó Isabel, y nadie le hizo caso. Ahora aprovecharon el oportunismo de este embate político que se traen entre Zaldívar y la ministra Piña. Y ahora sí pegó, a pesar de que no tiene nada que ver con la investigación que se inició en el Poder Judicial”.
Si se investiga, que se investigue a todos: empezando por Norma Piña
Salvador Leyva es claro, si la Suprema Corte a cargo de Norma Piña quiere iniciar una investigación sobre el caso Wallace, tiene que empezar por ella misma.
El primer argumento, explica el abogado, es que “Norma Piña tiene que explicar por qué tenía al denunciante de este caso, es decir la persona por la que se inició este juicio, Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado y sobrino de Isabel Miranda”.
Pedraza Rodríguez trabajó con la ahora presidenta de la Corte desde que ella era magistrada en un Tribunal Colegiado. Después, cuando Enrique Peña Nieto la designó magistrada de la Corte, Abraham Pedraza Rodríguez se fue con ella a su equipo de trabajo.
“Es demasiada coincidencia”, explica Salvador Leyva, y recuerda un episodio que caracteriza al “protegido” de la ministra: “Este funcionario, por ejemplo, huía de las notificaciones en el juicio del supuesto secuestro de Alberto. Se le tuvo que notificar en el Juzgado Federal donde trabajaba. Piña tendría que empezar por eso».
Para Leyva, desde la Suprema Corte, cuando arribó Norma Piña a la presidencia, ha habido una serie de actos irregulares que podrían ejemplificar un encubrimiento, y eso es algo que sí se tendría que estar investigando.
“Norma Piña tendría que empezar explicando por qué el Poder Judicial, desde agosto pasado, está clasificando, reservando, toda la información relacionada con el caso. Lo está blindando de solicitudes de información.
“Hay que preguntarle a Norma Piña: ¿Por qué la Defensoría Pública, por ejemplo, ha abandonado el caso de Juana Hilda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La semana pasada recibí una comunicación donde están alertando sobre el posible archivo porque, desde hace más de un año, la Defensoría Pública no ha aportado ninguna documentación ni pruebas para que siga el caso ante la Comisión”.
Sobre la investigación, Salvador Leyva es claro: “A mí me parece muy bien que se inicie una investigación seria de todos los funcionarios que hemos participado en este caso, incluidos jueces y magistrados”.
“Si Norma Piña realmente quiere investigar ese caso, y por eso lo incluyó en este acuerdo, pues que lo haga. Que lo haga para todas las personas que hemos estado involucradas en estos 18 años, y no por querer fincar responsabilidades únicamente, sino también por garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de este caso”.
Al final, concluye Leyva, los realmente afectados no son Zaldívar, o Piña, o sus colaboradores, sino las víctimas.
“Me parece preocupante que algunas personas, algunos medios, e incluso periodistas, utilicen este vídeo falso de Yohali para atacar a Arturo Zaldívar, sin tener en cuenta que ese actuar lo único que está haciendo es perjudicar a personas como Brenda Quevedo o Juana Hilda González, que llevan en prisión preventiva, en el caso de Brenda 16 años, y en el caso de Juana Hilda que lleva esperando una resolución de la Suprema Corte desde hace más de dos años”
Periódico La Jornada
Martes 5 de marzo de 2024, p. 8
Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la prisión preventiva oficiosa genera caos y falta de equilibrio en el orden constitucional, por lo cual propondrá a sus pares no aplicar el artículo 19 de la Constitución, y dejar sin efecto, para una persona solicitante de amparo, el internamiento en la cárcel de forma automática ante acusaciones de delitos graves.
En las próximas semanas, el pleno del máximo tribunal del país analizará y votará la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena en la que se plantea que no debe encarcelarse ciegamente a personas que aún deben recibir el trato de inocentes al no haber sido juzgadas.
Si el proyecto de sentencia prospera con mayoría calificada de ocho votos, generaría jurisprudencia para todos los juzgados y tribunales del país, abriendo así la puerta a que cientos de acusados pidan que su sentencia se vuelva a analizar y se debata si deben o no permanecer tras las rejas mientras levan su proceso.El juez de control está obligado a permanecer ciego frente a un potencial abuso de la vulnerabilidad de esas personas. No tiene que acusar recibo de imputaciones superfluas o motivadas por razones abiertamente incompatibles con el orden constitucional; por ejemplo, las que estarían posiblemente fabricadas por razones políticas o por la persecución de las ideas en general, expone la propuesta.
Analizan exentar la cárcel en imputaciones graves
La Jornada informó que la Corte también se perfila para analizar la propuesta del ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien busca dejar de aplicar el artículo 19 de la Constitución y dejar sin efecto, para dos personas solicitantes de amparo, la medida de prisión preventiva oficiosa por delitos graves como portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército nacional, así como posesión de droga para su venta.
Pardo Rebolledo expone en su proyecto que sólo debe recurrirse a la prisión preventiva en casos extremos pues, dice, la regla general en un proceso penal debe ser siempre la libertad del imputado.
Andrés Manuel López Obrador presidente de México acusó que el Poder Judicial (PJ), encabezado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña, sigue estando tomado, y al servicio de una élite que protege a sus allegados, entre ellos a la empresaria Isabel Miranda de Wallace.
“Se está protegiendo a quienes tienen relaciones en la Corte o en el Poder Judicial, se está protegiendo sobre todo a gente muy conservadora, gente autoritaria de malas entrañas, pues por eso la señora (ministra Norma Piña) con todo respeto, le dio entrada hasta a asesores de (Genaro) García Luna, y utiliza a los del bloque conservador, a todo el Poder Judicial, hay excepciones, pero por lo general el Poder Judicial está completamente en contra del pueblo”.
Y que la ciudadanía elija a los juzgadores no resolverá “mágicamente” todos los problemas de ese Poder.
“No quiere decir que ya está resuelto el problema, que con eso ya se limpió, porque hay un entorno en donde incide mucho lo material, el dinero, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”, aseguró.
“No es una solución mágica, porque es un problema estructural”, enfatizó.
Esos problemas, dijo, viene desde el régimen del expresidente Carlos Salinas de Gortari cuando decidió entregar, por partes, este poder a los partidos políticos, y entonces se usó a personas de mente conservadora, sobre todo abogados, de quienes no se puede decir ahora que sean servidores públicos, porque obedecen a intereses ajenos.
“Es un Poder Judicial de élite, es como el Supremo Poder conservador, y esto viene de tiempo atrás. Empezaron las negociaciones entre las fracciones del bloque conservador, desde Salinas les entregaron el Poder Judicial a unas fracciones, y predominan en esa, y desde luego esos abogados que son mayoría o todos, predominan la mentalidad conservadora, son defensores de intereses particulares, no son servidores públicos”.
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