Caso Vallarta: Entrevista de las periodistas Emmanuelle Steels y Delphine Rigaud con Blanche Petrich

Israel Vallarta

 

Para ver la Primera parte de la entrevista.

Para ver la Segunda parte de la entrevista.

Resuelve la Corte que denuncias por tortura se investiguen de oficio

Fuente: Proceso
El 2 de abril, 2014
El caso de una mujer condenada a 25 años de prisión por el homicidio de su esposo, en cuyo caso la confesión presuntamente obtenida bajo tortura fue una de las pruebas principales para su condena, abrió la puerta para que toda denuncia por tortura se investigue de oficio y de manera inmediata.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la carga de la prueba para demostrar que no se cometió esta práctica sobre un indiciado corresponde al Estado.
Al resolver el amparo directo en revisión 90/2014, la Primera Sala de la Corte señaló que con esta resolución que se pretende “desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción” en la investigación de los delitos del Ministerio Público.
La resolución fue más allá del caso en particular pues los jueces fijaron los parámetros que se deben seguir para investigar los casos de tortura.
En el caso resuelto por la Primera Sala, la acusada argumentó ante el juez que para obtener su confesión los agentes investigadores la sometieron a tortura psicológica.
Los jueces no se pronunciaron sobre la culpabilidad de la mujer, le otorgaron un amparo para que se deje sin efecto la sentencia condenatoria y ordenaron que se haya investigado “minuciosamente” si en realidad la confesión le fue arrancada bajo tortura.
La Corte resolvió que sea el propio juez quien ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes, así como la práctica de cualquier probanza para esclarecer si hubo tortura en el caso y en función de los resultados, decidir si la confesión tiene valor probatorio.
En cuanto a los parámetros que deben tener en cuenta los juzgadores al investigar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de los agentes del Estado, la Primera Sala resolvió que las investigaciones relativas las denuncias de tortura deben realizarse de oficio y de forma inmediata, además de que debe ser “imparcial, independiente y minuciosa”.
Además los jueces no sólo deberán determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, sino identificar a los responsables, y en su caso, iniciar su procesamiento.
Por ello la SCJN determinó que corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura.
Asimismo, la Corte señaló que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, a fin de que pueda practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias con base en las normas establecidas en la práctica de su profesión.
De acuerdo con la resolución, cuando una persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión fue obtenida mediante coacción, el Estado deberá verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación realizada con la debida diligencia.
La carga de la prueba de hechos de ese tipo recae en el Estado, por lo que no será válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. Al Estado le corresponderá demostrar que la confesión fue voluntaria.

Los Vallarta y los montajes calderonistas

Fuente: Noticias Prodigy Msn

El 19 de marzo, 2014

Israel Vallarta (caso Zodiaco)

Israel Vallarta (caso Zodiaco)

“Todos mis familiares presos han sido torturados y todos dieron positivo en el Protocolo de Estambul”, afirma Guadalupe Vallarta, cuya familia, sostiene, es víctima de un gran montaje político y mediático.

Una a una han ido saliendo de la cárcel personas que fueron víctimas de montajes jurídicos, políticos y mediáticos en el sexenio del presidente Felipe Calderón y de su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

A los encarcelados no se les siguió un debido proceso, ni se respetó el principio fundamental jurídico de presunción de inocencia. Entre los injustamente encarcelados hay periodistas, militares, jefes policiacos, decenas de alcaldes de oposición y personas comunes y corrientes.

Tal vez el caso más publicitado es de la francesa Florence Cassez y su entonces novio, el mexicano, Israel Vallarta.

Autoridades y Televisa fabricando culpables

A Israel Vallarta y a Florance Cassez los arrestaron el 8 de diciembre de 2005 acusados de ser secuestradores. El 9 de diciembre de ese año, un día después de su detención, la policía preparó en el rancho Las Chinitas, propiedad de Vallarta, la escenografía de un gran show.

Durante la noche del 8 al 9 de diciembre, Israel fue torturado. Llevaron a Vallarta y a Cassez a Las Chinitas donde la Policía Federal de Investigaciones (AFI) tenía todo preparado para simular ante las cámaras de televisión que estaban rescatando a tres víctimas de secuestro, en vivo y en directo.

Cuando quedó claro que la  transmisión en vivo no era una captura in fraganti de la banda de Los Zodiaco, García Luna tuvo que admitir que los arrestos se habían hecho un día antes y que “a petición de la prensa” habían escenificado todo otra vez. Pero escenificaron algo que no ocurrió así.

Lo que nunca dijo García Luna es que jamás existió la banda de Los Zodiacos, que Vallarta y Cassez no son secuestradores y las supuestas víctimas fueron “sembradas” por la misma policía. Y las cadenas de televisión hicieron un papelón.

Censura y represión

A Vallarta se le prohibió hablar con la prensa. Una vez logró comunicarse telefónicamente durante diez minutos con dos periodistas francesas y, como represalia, lo incomunicaron durante meses. Por esta razón, la familia teme reunirse con la prensa.

Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, aceptó hablar con RNW y explicó que a pesar de que los videos de Televisa y TV Azteca fueron editados, en algunas tomas se alcanza a ver a Cárdenas Palomino, amigo y subordinado de García Luna, tomando por el cuello con toda fuerza a Vallarta y enterrándole un dedo en la yugular, lastimándolo para obligarlo a confesarse culpable. Tres ex empleados de Televisa que fueron testigos del montaje han tenido el valor civil de denunciarlo.

El expediente que nadie quiere leer

En el expediente y en las audiencias empezaron a aflorar las contradicciones, en especial las declaraciones de las  presuntas víctimas que cambiaron muchas veces su versión de los hechos. Las versiones no coinciden en nada, ni los tiempos, ni los lugares; nada cuadra ni tiene lógica.

Al tiempo que los corresponsales galos en México Anne Vigna, Leonore Mahieux, Delphine Rigaud y Emmanuelle Steels encontraban las inconsistencias del proceso y que el gobierno de Francia se interesó con el caso, la embestida mediática contra Cassez y Vallarta empeoró; la policía repartió boletines de prensa con declaraciones y pruebas falsas.

Cassez decidió llevar su caso por cuenta propia. La estrategia de sus abogados fue que se le dictara sentencia lo más rápido posible, apelar, hasta agotar todas las instancias para que su caso llegara a la Suprema Corte de la Nación. En primera instancia la condenaron a 96 años de cárcel, con la apelación, la pena bajó a 60 años y la Suprema Corte declaró que no se le había seguido un debido proceso y la liberaron. No la declararon ni culpable ni inocente.

Dos hermanos y tres sobrinos de Israel Vallarta están presos y son víctimas de supuestas falsas declaraciones, de falsos testigos, con falsas evidencias y comunicados de prensa llenos de mentiras.

Guadalupe Vallarta en entrevista con RNW afirmó que el proceso de su hermano va muy lento porque durante varios años la jueza Olga Sánchez Contreras no aceptó las pruebas de la defensa. Los testigos aparecían sólo para incriminar a Vallarta y a Cassez pero cuando la defensa solicitaba interrogarlos, desaparecían. Además, dice, se trata de contaminar el proceso inventando nuevos delitos que sus familiares no cometieron.

“Mi hermano Mario quedó sordo tras una paliza; le reventaron un oído”, dice Guadalupe.

La señora Vallarta se ha dedicado desde el 2009 a defender a sus familiares. Ha estado en todas las audiencias y señala algo muy peculiar: “Cárdenas Palomino siempre estuvo presente en todos los arrestos, en todas las audiencias, en todos los careos; él es quien siempre da las noticias a los medios. Siempre usa al mismo equipo compacto de jueces, ministerios públicos y demás funcionarios. A veces cambian de cargos pero sus firmas siempre están en los documentos. Cada vez que capturan a secuestradores, dicen que son una célula de Los Zodiaco. Los torturan para que acusen a los Vallarta. Israel aporta pruebas de su inocencia y no sólo busca que se le libere sino que se le exculpe, que se haga justicia”, remarca nuestra entrevistada.

La prensa y el rigor periodístico

Emmanuelle Steels, corresponsal en México del periódico Libération, ha estudiado el expediente del caso Vallarta-Cassez desde 2009 y afirmó a RNW que se trata de un montaje, político, jurídico y mediático y cada vez que estaba a punto de salir a la luz una inconsistencia, una contradicción, una resolución, la visita del entonces presidente francés Nicolás Sarkozy, se arrestaba a algún miembro de la familia Vallarta. Entonces, para tapar el primer montaje, se montó un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto.

El periodista José Reveles afirmó que no existe la banda de Los Zodiaco, que todo es un invento, un montaje y en su más reciente libro El Affaire Cassez, documenta paso a paso, detalle a detalle no sólo el montaje, sino que deslinda responsabilidades y los motivos.

Reveles también hace una lista de diversos personajes de la vida política que fueron encarcelados injustamente. Todos ya están libres porque se demostró su inocencia. Reveles afirma que México es una gran fábrica de culpables y que en el sistema de impartición de justicia reina la corrupción.

La familia Vallarta exige que los jueces y los abogados estudien el expediente, que se apeguen a los procedimientos, y que hagan justicia.

El careo más controvertido del año: Jacobo Tagle y Cesar Freyre, dos de los acusados en el “Caso Wallace”, admiten haber sido torturados para incriminar a Brenda Quevedo

Fuente : Buholegal

por Luis Vargas

El 19 marzo, 2014

Isabel Miranda de Wallace acusada de tortura por sus acusados

Isabel Miranda de Wallace acusada de tortura por sus acusados

La tarde del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Decimo Sexto de Procesos Penales Federales, que preside el Juez  Raúl Angulo Garfias, se llevó a cabo la audiencia pública concerniente al careo entre Brenda Quevedo Cruz y sus co-procesados; Jacobo Tagle Dobin y Cesar Freyre Morales. Todos ellos acusados de la privación ilegal de la libertad de Hugo Alberto Wallace, en la causa penal 35/ 2006, mejor conocida como el “Caso Wallace”.

En la misma, Brenda Quevedo, quien sostiene su inocencia y quien a 6 años de proceso no ha sido juzgada aun, confrontó en primer lugar a Jacobo Tagle y luego, a Cesar Freyre. En el careo, tanto Jacobo como Cesar, la deslindaron de toda responsabilidad y además, los dos afirmaron que Brenda ni siquiera conocía a Hugo Wallace. Asimismo, Brenda puso de relieve la tortura y aleccionamiento de sus compañeros por parte de las autoridades a fin de obligarlos a incriminarla en la supuesta privación ilegal de Hugo Wallace. Por último, señaló otras contradicciones en el expediente relativas a la investigación sobre su participación en los hechos.

El careo

A continuación, sintetizare los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y Cesar Freyre durante el careo, las cuales refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio. Debemos partir del supuesto que las declaraciones que incriminan  a Brenda en la comisión de los hechos delictivos mencionados en las mismas, fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos, como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo.

1.- Incriminación hecha por Jacobo Tagle y Cesar Freyre en perjuicio de Brenda Quevedo en el supuesto secuestro de Hugo Wallace.

Al respecto, Jacobo expuso que la razón de implicarla en tal crimen es debido a que fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz, tal como lo expresó en su declaración preparatoria. En el mismo sentido, Cesar manifestó que Brenda no fue participe y además, afirma haber sido víctima de tortura física y mental. Asimismo, Cesar señala que ni siquiera solicitó llevar a cabo la declaración en donde la incrimina. Por último, Cesar nos remite a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana denunciando los actos de tortura y las violaciones a sus derechos humanos.

2.- Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados en su participación en el secuestro de Hugo Wallace.

Ambos acusados concuerdan que Brenda no tuvo nada que ver en los hechos que se le imputan y además, coinciden que ni siquiera conocía o había visto a Hugo Wallace. Asimismo, Jacobo afirma que Brenda nunca recibió dinero por parte de Cesar, o de cualquiera de las personas que formaban parte de la supuesta banda, más adelante el mismo Cesar confirmaría estas aseveraciones. Lo anterior, resulta contrario a lo que Jacobo había señalado en una de sus anteriores declaraciones obtenidas bajo coerción.

3.-Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados en su participación en otros secuestros o algún otro hecho delictivo.   

En cuanto a los hechos delictivos anteriores al secuestro de Hugo Wallace de los que Brenda es acusada, cabe señalar que los mismos tuvieron lugar a mediados del año 2004. En este sentido, Jacobo afirma haber conocido a Brenda a finales del 2004, luego Cesar constató esta versión. Asimismo, Jacobo aseveró que Brenda nunca conoció al señor Trevedant, Rugueiro y Gina, personas mencionadas en las declaraciones que incriminan a Brenda. Al igual que Jacobo, Cesar afirma que Brenda no tuvo ningún tipo de relación o comunicación con Trevedant.  Además, Jacobo y Cesar coinciden que Brenda nunca ha participado en algún hecho ilícito, incluso Jacobo agregó que ella es una persona honrada y trabajadora.

4.- Otros aspectos en el expediente relativos a la investigación de la presunta participación de Brenda en el secuestro de Hugo Wallace.

Cesar Freyre señaló que nunca fue a la casa de Enriqueta Cruz, madre de Brenda, o a la casa de Brenda, mucho menos haber vivido ahí. También, menciona que el auto Corsa mencionado en sus declaraciones, en realidad nunca fue utilizado para cometer algún hecho delictivo. Asimismo, niega que Brenda haya ido alguna vez a la casa de su padrino. Por último, niega haber visto a Brenda usando algún tipo de peluca.

Las consideraciones finales

Por último, dado que al final no fue necesario proceder a la fase de los careos procesales, puesto que los confrontados no incurrieron en contradicción alguna que refutar, el juez procedió a otorgarle la palabra a Isabel Miranda de Wallace y  a Brenda Quevedo Cruz para que expresaran sus consideraciones finales.

Isabel Miranda de Wallace señaló al juez “el aleccionamiento que han tenido los inculpados a fin de tratar de evadir su responsabilidad”. Asimismo, negó que Jacobo haya sido torturado, pues según ella en el video en el que se auto-incrimina ante el Ministerio Público “se aprecia la naturalidad con la que confesó todo lo relativo al secuestro y muerte de [su] hijo Hugo Wallace”. Además, Isabel de Wallace asegura que la prueba de la falsedad de tales acusaciones estriba en el hecho de que Jacobo la acusa de haberlo amenazado con meter a su hermano, Salomón Tagle, a la cárcel, sin embargo, remarcó, “Jacobo Tagle se ha perdido en el tiempo, ya que [su hermano] ya se encontraba preso cuando Jacobo fue detenido, por lo cual sería imposible que alguien lo hubiera amenazado con un hecho que ya había ocurrido”.

En cuanto a Brenda Quevedo, Isabel de Wallace alegó que la prueba de que miente es el hecho de que esta “se haya internado en otro país con identificaciones falsas a fin de no ser localizada”. En este sentido, menciona, “se tuvo que llevar la extradición durante dos años en la cual hubo causa probable para traerla y responder ante este Juzgado”.

Por su parte, Brenda Quevedo manifestó que ha sido torturada dos veces las cuales ha denunciado ante la PGR e instancias de derechos humanos nacionales e internacionales. Asimismo, solicitó que se investigue la tortura de sus co-procesados Cesar Freyre y Jacobo Tagle, y reiteró, “ya que evidentemente hemos sido de la misma forma amenazados y torturados físicamente para así arrancarnos una declaración, una confesión a base de coerción”.

Conclusiones

Las declaraciones desprendidas del careo se inclinan en la hipótesis del uso de la tortura como medio de incriminación de Brenda Quevedo Cruz, lo cual refuerza lo argumentado en mi artículo “25 razones para dudar del caso Wallace”. En esta misma línea, se deduce que si la mayoría de los acusados fueron torturados y obligados a declarar en perjuicio de Brenda, el resultado final es una nefasta fabricación de pruebas y acusaciones en su contra carentes de credibilidad, cuyo fin es   incriminarlos en el crimen en cuestión.

Asimismo, considero pertinente poner atención en las declaraciones y acusaciones de Jacobo Tagle y Cesar Freyre, puesto que ellos también manifiestan haber sido torturados para auto-incriminarse e implicar a Brenda Quevedo en el secuestro de Hugo Wallace y otros hechos delictivos. Jacobo, al igual que Brenda, sostiene su inocencia, por lo que es prioritario hacer un seguimiento de ambos casos. Contrariamente a Brenda, quien a pesar de haber sido torturada  no aceptó su participación en los hechos, Jacobo y Cesar debido a la brutalidad de los actos de barbarie perpetuados en su contra, aceptaron su implicación en el crimen del cual se les acusa.

Cabe señalar que en el caso de Brenda Quevedo y Cesar Freyre, existe una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a sus derechos fundamentales. Asimismo, existen pruebas contundentes que demuestran el uso de tortura, malos tratos, humillaciones y aleccionamiento, tales como la valorización psicológica bajo los criterios sugeridos por el “Protocolo de Estambul” en el caso de Brenda y Jacobo. Si esta denuncia es admisible, en unos años, las autoridades mexicanas podrían ser llevadas ante la Corte IDH para la consecuente reparación integral de los daños y a la investigación de los responsables de haber llevado a cabo tales actos de brutalidad en perjuicio de Brenda y los demás acusados.

#reinahdemándameamitambién

Por qué no toleramos ningún tipo de amenaza cuando se trata de la búsqueda de la verdad.

Por qué apoyamos a la familia Vallarta, a Israel Vallarta en particular, y a los que los defienden al igual que nosotros.

#reinahdemándameamitambién

 

Tweet Pablo Reinah a Emmanuelle Steels

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Para leer el excelente artículo de Emmanuelle Steels publicado en Gatopardo así como el de Delphine Rigaud para la revista Proceso (también exelente)

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Felipe Calderón presionó a jueces para fabricar culpables, acusa la CIDH

 

Fuente : Excelsior

Autor : Leticia Robles de la Rosa
El 10/03/2014

Isabel Miranda de Wallace y Felipe Calderon

Isabel Miranda de Wallace y Felipe Calderon

Felipe Calderón presionó a jueces para encarcelar a presuntos culpables, con lo que contribuyó al registro de 100 mil personas presas y que todavía no reciben sentencia, y el consecuente hacinamiento de 26% que registra el país, establece un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe, que hoy se presenta en el Senado ante la comisión que encabeza Angélica de la Peña, se refiere a la prisión preventiva y se inscribe en el contexto de la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto para encontrar alternativas de solución de delitos para no saturar las cárceles.

Otro de los factores relevantes que incide en que la prisión preventiva no sea utilizada excepcionalmente y de acuerdo con su naturaleza cautelar lo constituyen las injerencias sobre las autoridades judiciales directamente encargadas de decidir acerca de la aplicación de esta medida.

“(…) Como ejemplo de presiones provenientes de altos funcionarios de otros órganos del Estado hacia el Poder Judicial, el anterior Presidente de la República (Felipe Calderón) tenía la práctica de criticar públicamente a jueces que actuaban en determinados casos de alto perfil mediático.

En sus pronunciamientos, el mandatario asimilaba a impunidad la excarcelación por parte de jueces estatales y federales, obviando deliberadamente el hecho de que tales decisiones judiciales no constituían una determinación definitiva en esos procesos”, precisa el documento.

La CIDH destaca que México es el tercer país de América con mayor número de presos (242 mil), pero 40% (100 mil) no tiene condena, y esa situación se agudiza, precisamente, por las presiones externas al sistema judicial, provenientes de actores políticos.

“La CIDH observa que la posición oficial de muchos estados es asimilar o reducir el fenómeno de las presiones indebidas hacia la función de los jueces a la comisión de un delito o una falta, cuando no necesariamente son conceptos equiparables.

Evidentemente, las amenazas son las expresiones más graves de este tipo de injerencias, pero hay formas de presión que pueden no constituir delito e igualmente socavan el estado de Derecho y la independencia judicial.

“La Comisión reitera el principio fundamental de que la observancia eficaz de los derechos humanos requiere de un orden jurídico e institucional en que las leyes son más importantes que la voluntad de los gobernantes, y en el que existe un equilibrio entre todas las ramas de gobierno”, añade.

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Sea o no sea el chapo, que juzguen a Fox, a Calderón y a García Luna” Leonardo Schwebel

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