Se internacionaliza caso Wallace: activista canadiense denuncia amenazas

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Artículo de Jorge Carrasco Araizaga, publicado en la revista Proceso el 18 de agosto de 2014.

Isabel Miranda de Wallace, activista.  Foto: Germán Canseco

Isabel Miranda de Wallace, activista.
Foto: Germán Canseco

El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, presentará en la Gendarmerie Royale du Canada una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de que la revista Proceso y el diario digital Los Angeles Press publicaron la existencia de documentación oficial duplicada sobre Hugo Alberto Wallace, declarado oficialmente muerto.

“Acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsable de las amenazas de las que soy víctima”, escribió el activista en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).

La denuncia es por “hechos ilícitos de intimidación, represalias y abuso de autoridad” por parte de personal de la Unidad Antisecuestros de la misma PGR, en relación con la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014.

Dicha averiguación, a cargo de la agente del Ministerio Público federal Lourdes López Lucho Iturbide, tiene al activista canadiense como uno de los indiciados por la publicación de dos actas de nacimiento y dos claves únicas de registro de población de Hugo Alberto Wallace.

También es investigada Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, una de las acusadas en el llamado caso Wallace, así como las periodistas Guadalupe Lizárraga, de Los Angeles Press, y Anabel Hernández, quienes publicaron esos documentos (Proceso 1961).

“La averiguación previa está dirigida en mi contra, aunque ningún delito haya cometido, ya que los documentos que publicaron esos medios es información pública que cualquiera puede obtener”, precisa el activista canadiense en su denuncia de hechos dirigida a la fiscal Laura Angelina Borbolla.

Añade: “Quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR; represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

A raíz de ese trabajo, dice, “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”.

La actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR “no nos sorprende” y “nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam”, apunta Bertet, quien también promovió la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez.

“Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”, subraya

PGR intimida a periodistas por revelar falso secuestro de Wallace

Artículo de Guadalupe Lizarraga, publicado en Los Ángeles Press el 19 de agosto de 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa contra periodistas y activistas de derechos humanos que han investigado y publicado evidencias que revelan el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, fabricado desde 2005 por su madre Isabel Miranda Torres en la Cuidad de México, y por lo que ha obtenido notoriedad política y poder económico.

Ante ello, el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, con sede en Montreal, señaló que está haciendo una denuncia pública ante Asuntos Exteriores de Canadá y a su Embajada en México por los “hechos ilícitos de intimidación, represalias, y abuso de autoridad” por parte de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Con la denuncia interpuesta por Isabel Miranda, la PGR abrió la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 contra el activista David Bertet, y los periodistas Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press), Anabel Hernández (Proceso), Luis Miguel Ipiña (escritor) y José Reveles (periodista independiente).

Quien ha iniciado esta averiguación ha sido la Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, instancia denunciada por actuar con abuso de poder contra el activista Giel Meza, al ser detenido con armas largas y sin ninguna orden notificada por escrito, el pasado 13 de julio de 2014, para cuestionarlo por el trabajo de los periodistas.

Un segundo acto de intimidación de la SEIDO fue contra Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, una de las inculpadas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Cruz fue notificada bajo advertencias de sanciones económicas si no se presentaba ante las autoridades, el 11 de agosto, para que diera información sobre el origen de evidencias y testimonios publicados por Los Ángeles Press y la revista Proceso.

David Bertet señaló en su denuncia que al ser él mismo indiciado en esta averiguación previa es un acto de intimidación y represalia contra su persona, cuando sus actividades profesionales están sustentadas legalmente al coordinar y promover investigaciones sobre culpables fabricados en México, por lo que puso una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR.

A raíz de la investigación del falso secuestro Wallace, Bertet dijo: “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”, y atajó que la actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR no le sorprende y confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada ahora por Jesús Murillo Karam.

Concluye en su denuncia que “como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”.

Denuncia de hechos

MTRA. LAURA ANGELINA BORBOLLA MORENO FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ASUNTO: DENUNCIA DE HECHOS ILICITOS DE INTIMIDACION, REPRESALIAS Y ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ANTISECUESTROS DE LA PGR EN RELACION A LA AVERIGUACION PREVIA PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014

El 18 de junio a las 11 horas, los familiares de los acusados en el denominado caso Wallace realizaron un plantón en las afueras de las instalaciones de la PGR sobre paseo de la Reforma para solicitarle al procurador Jesús Murillo Karam una entrevista en relación a los elementos de pruebas que fueron publicados en los medios Los Ángeles Press y Proceso. Dichos elementos de pruebas, entre los cuales figuran un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto, hijo de la activista – presidente de la organización Alto al secuestro y dueña de la empresa de espectaculares Showcase, Isabel Miranda de Wallace, así como una CURP tramitada por el desaparecido o por sus padres 5 años después de su supuesta muerte, dieron un nuevo giro al caso Wallace al comprobar que muy probablemente Hugo Alberto sigue vivo bajo otra identidad que la de Hugo Alberto Wallace Miranda y que, a consecuencias, el caso de su supuesto secuestro y asesinato fue a todas luces fabricado. Hasta la fecha los familiares de los acusados no han recibido ninguna respuesta de parte de las oficinas del Procurador.

No solamente, hasta el día de hoy, nuestro trabajo a favor de las víctimas de la violación a los derechos humanos y de la fábrica de culpables ha sido deliberadamente ignorado por la PGR y las autoridades “competentes”. El 13 de julio de 2014, el personal de la SEIDO fue movilizado con vistas a presionar e intimidar a nuestro colega y compañero de trabajo, Giel Meza, presidente de la asociación Gente de México por la Democracia, el cual fue detenido arbitrariamente ese 13 de julio, en violación flagrante al debido proceso y a sus derechos humanos, encañonado por agentes de la SEIDO, y luego interrogado e intimidado durante más de 5 horas en relación de las publicaciones recientes de Los Ángeles Press y de Proceso sobre el caso Wallace.

El 25 de julio, 2014, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y la periodista independiente Guadalupe Lizárraga le hicieron llegar al Procurador dos cartas abiertas para solicitar de nueva cuenta que se abra una investigación a la luz de los elementos de prueba hasta la fecha desconocidos y que ofrecen una perspectiva totalmente diferente sobre el caso Wallace y el personaje de Isabel Miranda de Wallace. Aprovechamos para expresar en dichas cartas nuestra profunda preocupación por la detención ilegal de nuestro colega Giel Meza.

La respuesta procedente de la institución dirigida por el Procurador Jesús

Murillo Karam fue doble:

1) Con referencia PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 y a petición de Isabel Miranda de Wallace, se abrió oficialmente una averiguación previa a cargo de la Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, en contra de Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press), de Anabel Hernández (Proceso), y David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el derecho y la verdad, con sede en Canadá.

2) Fue convocada la madre de Brenda Quevedo Cruz a las instalaciones de la SEIDO para llevar a cabo una diligencia el 10 de agosto 2014 a las 10 horas de la mañana.

En resumen, resulta evidente que no solamente las autoridades “competentes” de México se niegan deliberadamente a investigar sobre el denominado caso Wallace, sino que al obedecer ciegamente a esta persona cuya verdadera cara ha sido evidenciada gracias a las investigaciones realizadas por activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, dichas autoridades se comportan de manera contraria al derecho al recurrir a la intimidación, a la violencia psicológica en contra de colegas y de familiares de víctimas, al abrir una investigación previa sobre hechos que no les competen, ya que si existiría una queja firmada por Isabel Miranda de Wallace en relación a la publicación de datos difamatorios, “la vía tendría que ser civil y no penal”, como lo explicó Anabel Hernández en su misiva a ese órgano. Cabe notar la contradicción en la que cae Isabel Miranda Wallace al pedir que se abra una investigación sobre la publicación de documentos que ella misma, en entrevista en el programa Impacto Jurídico, califico de “falsos”, acusándonos implícitamente de fabricación de documentos falsos cuando nos consta que dichos documentos (un primer acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres que se uso para tramitar una CURP en 2010) son validos, auténticos.

Por un lado, dicha actuación por parte del personal de la Unidad Antisecuestros de la PGR no nos sorprende. Por otro lado, nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam. Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aún y cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia.

Sabiendo que la investigación previa numero PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 está dirigida personalmente en mi contra, aunque ningún delito haya sido cometido, ya que los documentos que fueron publicados por Los Ángeles Press y Proceso relevan del Registro Civil del DF a los que cualquiera puede tener derecho, quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR, represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda, trabajo a raíz del cual la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las victimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos. En resumen, soy víctima de represalias y de intimidación por cumplir con los objetivos y el mandato de la asociación que tengo el honor de presidir que es el de defender y promover los derechos humanos, así como con el deber de cualquier ser humano que es de enfrentar y luchar contra las injusticias y las violaciones a los derechos fundamentales, en cualquier parte del mundo dichas injusticias y violaciones se cometan.

El personal de la Unidad antisecuestros de la PGR, obviamente al mando de Isabel Miranda de Wallace, al estar investigando de manera absolutamente indebida y fuera de sus atribuciones sobre cómo conseguimos el acta de nacimiento y la Curp a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, intenta presionar a quienes desde México o el extranjero investigan sobre el denominado caso Wallace, a quienes apoyan al pueblo mexicano y coinciden con él en su noble aspiración a la seguridad y a un verdadero sistema de impartición de justicia.

Dada la imposibilidad en la que estoy actualmente para acudir a la Fiscalía de la PGR y para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, le pido que en mi derecho este correo electrónico sirva como denuncia formal ante la Fiscalía Especial de la PGR, hasta que acude en persona a sus oficinas para ratificarla. Por medio de la presente, solicito su intervención inmediata en caso de que fuera detenido dentro el territorio mexicano, con vistas a salvaguardar mi integridad física y mis derechos constitucionales. Le preciso que acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) y a Asuntos Exteriores de Canadá para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulte(s) responsable(s) de las amenazas de las que soy víctima.

Para terminar, hago directamente responsable a Isabel Miranda de Wallace de lo que llegue a pasar a mí o a cualquier otro integrante o colaborador de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, dentro y fuera del territorio mexicano.

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
http://www.ac-dv.org
@: president@ac-dv.org

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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Wallace delincuente

David Orozco, otra víctima en caso Cassez, morirá en la cárcel a consecuencias de la tortura que sufrió

Un artículo de Anabel Hernández, publicado en la revista Proceso el 17 de agosto de 2014.

En 2009, cuando los gobiernos mexicano y francés discutían el posible envió de Florence Cassez a Francia, un testimonio grabado en video dio al traste con esa negociación: en el David Orozco se reconocía como secuestrador y afirmaba que la francesa también lo era. En realidad esto fue un montaje mas de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica en el sexenio calderonista, pues el declarante era un tianguista que fue torturado para que se incriminara. Y aunque el Poder Judicial ya estableció la inocencia de esta persona, Orozco no saldrá vivo de la cárcel: pronto morirá como consecuencia de un tumor que se le desarrolló por las torturas a las cuales lo sometieron policías federales.

David Orozco Hernández, vendedor de ropa en un tianguis, es el preso número 4708 del Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic. Hace dos semanas le detectaron un tumor provocado por las golpizas que le propinó la Policía Federal (PF) en 2009. Está muriendo…

Ahora la Procuraduría General de la República (PGR) lo tiene en el olvido. Pero no siempre fue así. En mayo de 2009 Orozco apareció en los principales noticiarios: La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), encabezada entonces por Genaro García Luna, lo presentó en un video para incriminar a Florence Cassez.

A ella en 2005 la Agencia Federal de Investigaciones la dio a conocer en la transmisión televisiva de un supuesto operativo de captura y la presentó como integrante de la banda de secuestradores Los Zodiaco. El video de Orozco incriminándose e incriminando a Cassez apareció cuando los gobiernos mexicano y francés discutían la posible repatriación de la francesa y sepultó en ese momento la posibilidad de que fuera enviada a su país.

El 24 de enero de 2013 la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de Cassez por violaciones graves al debido proceso. Pero tras sus breves segundos de fama, Orozco fue olvidado por la opinión pública y la justicia. El 25 de noviembre de 2011 el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tepic, lo sentenció a 68 años de cárcel.

Pero el 15 de febrero de 2014 el Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, toca penal 338/2011, ordenó que se eliminara la sentencia contra Orozco y se repusiera su juicio por faltas al debido proceso, contradicciones en los testimonios de los policías federales, declaraciones de la verdadera circunstancia de su detención y dictámenes que confirmaban la tortura.

Descargar el artículo completo.

The Washington Post usa fuentes ilegítimas sobre secuestros en México

Un articulo de Guadalupe Lizarraga

Publicado en Los Ángeles Press

El 18 de agosto de 2014

 

El 15 de agosto, el periodista y editor en jefe en la Ciudad de México por The Washington Post, Joshua Partlow, publicó un artículo sobre el secuestro en México. Para ello recurrió a Isabel Miranda Torres y a Fernando Ruiz Canales, a quienes presentó como supuestos activistas contra el secuestro, ignorando su larga trayectoria delictiva, y a quienes da veracidad en cifras de secuestros sin más fundamento que la opinión de los implicados. Aquí mi carta al periodista.

 

Los Ángeles, California, 17 de agosto de 2014

Estimado Joshua Partlow:

En su artículo “Kidnappings in Mexico surge to the highest number on record” publicado el 15 de Agosto de 2014, utilizó de fuente informativa a dos supuestos activistas contra el secuestro en México, Isabel Mirada de Wallace y Fernando Ruiz Canales.

Llama la atención que un periodista de su talla, y de un medio con el prestigio como el de The Washington Post, no considere una investigación mínima a sus fuentes informativas antes de publicar una nota. Isabel Miranda de Wallace, con una larga trayectoria en la fabricación de culpables y una de las piezas más corruptas del sistema de justicia mexicano, de acuerdo a evidencias, testimonios, denuncias judiciales y en instancias de derechos humanos, da cifras sin ningún respaldo científico, sin ningún fundamento más que su palabra.

Nuestra investigación –que no es la única– reveló que Isabel Miranda fabricó el secuestro de su hijo en julio de 2005, y torturó a siete personas para que se incriminaran por este delito que nunca sucedió. Ella usó a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República para detener ilegalmente a sus víctimas y para entrar a discreción a los penales donde fueron torturados varias veces. Con estos hechos, ella se presentó como activista contra el secuestro y ganó notoriedad política y poder económico a través de recursos públicos.

Miranda nunca presentó una sola prueba pericial del supuesto crimen de secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace. Además, cometió perjurio ante la Corte de Chicago en 2008, al mentir que su hijo no tenía antecedentes penales en México y ha hostigado a periodistas que publicamos sus delitos. Incluso hay suficientes evidencias de rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda publicados en nuestro medio Los Ángeles Press.

Fernando Ruiz Canales, la otra referencia informativa que usted utiliza, ha sido denunciado como extorsionador de víctimas. Él cobró 15 mil pesos a la madre de Brenda Quevedo Cruz y a la madre de Albert Castillo Cruz, ambos acusados falsamente de secuestro y homicidio por Isabel Miranda, con la promesa de localizar a Hugo Alberto Wallace, en una de las últimas veces que lo vieron en un bar en 2010.

Ruiz Canales tomó el dinero de las madres de los inculpados, y jamás volvió a darles la cara.

¿Cómo puede usted dar credibilidad a personajes tan siniestros de la corrupción mexicana en un tema tan serio como es el de secuestro en México?

Utilizar a delincuentes del sistema como fuentes informativas, no solo desprestigia su nombre y su medio, sino también contribuye a la impunidad y legitimación de estas mentiras avaladas por el gobierno mexicano.

 

Guadalupe Lizárraga

Periodista

Los Ángeles Press

Anabel Hernández denuncia amenazas por caso Wallace

Publicado el 12 de agosto de 2014 en la revista Proceso

 

Anabel HernandezEn una carta enviada a Laura Borbolla, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, la periodista Anabel Hernández denuncia que es objeto de represalias e intimidación por el reportaje en el cual se pone en duda el secuestro y muerte del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda (Proceso 1961).

En su investigación, la periodista destaca que Hugo Alberto tiene una primera acta de nacimiento usada para tramitar una CURP en 2010.

Hernández acusa en su carta que la Unidad Antisecuestros de la PGR, “de manera abusiva y fuera de su competencia” abrió en su contra la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014, a petición de Miranda de Wallace.

Precisa que la MP responsable de la averiguación previa es Lourdes López Lucho Iturbide a la Unidad Antisecuestros de la SEIDO.

“A todas luces se trata de un acto arbitrario de la autoridad federal ya que si la persona María Isabel Miranda considerara que se trata de un artículo difamatorio, la vía tendría que ser civil, no penal. La PGR no tiene facultades para investigar el libre ejercicio periodístico a menos que se trate de agravios a periodistas”, argumenta Hernández García en la carta.

La periodista señala que aun cuando ya ha habido personas que han sido declaradas en la SEIDO por este caso, a ella no la han citado ni notificado.

Entre ellas, detalla, están Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, acusada de supuestamente haber secuestrado al hijo de la señora Miranda, quien fue citada a declarar el día de ayer 11 de agosto a las 10 a.m.

“La interrogaron constantemente sobre mi persona y cómo obtuve el acta de nacimiento y de matrimonio de María Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace que tiene fecha de 1978 y no de 1968 como ella declaró a la PGR, siendo éstos claramente documentos públicos al encontrarse en el Registro Civil”, expone Hernández.

Sostiene que de manera arbitraria y sin citatorio alguno el 16 de julio pasado elementos de la PGR detuvieron al activista Giel Meza, de la asociación Gente de México por la Democracia.

“Lo llevaron a la fuerza a la SEIDO, lo interrogaron sobre mi persona y luego de intimidarlo lo soltaron”, afirma Hernández.

En su carta, la periodista pide a la fiscal Borbolla que “se inicie de inmediato una averiguación sobre este asunto que claramente se trata de un ataque de una particular coludida con una autoridad en represalia a mi trabajo”.

Hernández García manifiesta que teme por su vida y su integridad física ya que, asegura, supuestos responsables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace han denunciado tortura por parte de la señora Miranda, orquestada por propios elementos de la PGR al momento de su detención o interrogatorios. Y la CNDH ha comprobado dichas torturas, remata.

“Por lo que sé, la PGR está investigando de manera absolutamente indebida y fuera de sus atribuciones cómo conseguí el acta de nacimiento y el acta de matrimonio de la señora Miranda, lo cual por supuesto no es un delito sino el ejercicio de mi libertad de expresión y trabajo. Además de que se trata de documentos del Registro Civil del DF a los que cualquiera puede tener derecho. En modo alguno es un delito federal, mucho menos del ámbito del área Antisecuestros. Es evidente que se trata de un intento para amedrentarme e impedir que siga investigando como periodista”.

Hernández indica que teme ser detenida al salir del país o a su regreso, o ser víctima de abusos, tortura y desaparición forzada “como lo ha hecho la señora Miranda Torres coludida con autoridades federales contra otras personas”.

Por lo que la periodista solicita a la fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que si de manera irregular es retenida en el aeropuerto o en cualquier otro lugar, se intervenga de inmediato para salvaguardar su integridad física y sus derechos.

“Dada la urgencia, premura y mi imposibilidad para acudir personalmente a la Fiscalía de la PGR para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, así como para presentar una denuncia ante la CNDH por un claro abuso de autoridad, les pido que en mi derecho este correo electrónico sea tomado como mi denuncia formal ante la Fiscalía Especial de la PGR y la CNDH la cual ratificaré el jueves próximo cuando regrese de mi viaje de trabajo”, expresa.

Anabel Hernández destaca en la carta que actualmente cuenta con la protección del gobierno federal y del Mecanismo de Protección a Periodistas debido a que ha sido blanco de amenazas, ataques físicos a su domicilio y presuntos complots para asesinarla.

Añade asimismo que la ONU y varios países de Europa y América han manifestado su preocupación por el aumento de agravios hacia su persona en represalia a su ejercicio periodístico profesional y ético.

2 cartas abiertas al procurador Murillo Karam sobre el caso Wallace: Guadalupe Lizarraga y ACDV

Carta publicada en Los Ángeles Press

El 25 de julio de 2014

Todos los esfuerzos de su administración por una justicia expedita y eficiente en México, mientras el caso más paradigmático de corrupción y crueldad como es el de la simulación del secuestro y homicidio de Wallace, fabricado por su propia madre, siga impune.

Procurador General de la República en México, Jesús Murillo Karam, e Isabel Miranda Torres, simuladora del secuestro de su hijo en 2005.

Procurador General de la República en México, Jesús Murillo Karam, e Isabel Miranda Torres, simuladora del secuestro de su hijo en 2005.

Los Ángeles, California, 25 de julio de 2014

Jesús Murillo Karam

Procurador de la República

Me dirijo a usted en su calidad de responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y la representación social en la persecución de los delitos en México, lo que conocemos como procuración de justicia; y que sin embargo son tareas que no se han cumplido cabalmente, ni ahora ni con sus antecesores en el denominado Caso Wallace.

El pasado 13 de julio de 2014, el activista, Giel Meza, de la organización no gubernamental  Gente de México por la Democracia, fue detenido arbitrariamente y encañonado con armas largas, bajo la falsedad de una orden de aprehensión, por cuatro agentes de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada.

Una vez en la SEIDO, se le especificó que estaba en calidad de “testigo” debido a una denuncia iniciada por María Isabel Miranda Torres o Isabel Miranda de Wallace. Y durante cinco horas, fue interrogado sobre los reportajes de investigación que he publicado en Los Ángeles Press, medio digital basado en Los Ángeles, California. Se le insistió entre otros asuntos, si él había “filtrado” los elementos probatorios de la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, específicamente documentos oficiales de la doble identidad de esta persona en cuestión.

Quiero manifestar públicamente mi total disposición a proveer las evidencias, documentos completos, testimonios y análisis de expertos con los que he sustentado mi trabajo, con el único propósito de facilitar las tareas de procuración de justicia a su cargo, y resarcir los derechos de quienes han sido víctimas de tortura, acoso y humillación sexual por parte de funcionarios de la SEIDO, que han actuado bajo órdenes de María Isabel Miranda Torres.

Un doble propósito en esta misiva, además de proveer el material de mi investigación periodística, que incluye la presentación de testigos que confirman haber visto y estado con Hugo Alberto Wallace Miranda después de la fecha de su supuesta muerte, tanto en la Ciudad de México como en Acapulco, es evitar que agentes ministeriales –y demás personal a su cargo– sigan cometiendo violaciones de derechos humanos, como lo han hecho con el activista Giel Meza, y con cada uno de los implicados en el caso Wallace, así como con sus familiares, porque ya hay pérdidas fatales.

Isabel Miranda Torres, con profunda vocación sádica, ha pretendido que sus víctimas torturadas se dejen llevar en silencio hasta su invisibilidad sin protestar, que renuncien a sus derechos más sagrados como el de la presunción de inocencia y la libertad, y se abandonen hasta el punto de dejar de afirmar su existencia.

Usted bien sabe que serán vanos todos los esfuerzos de su administración por una justicia expedita y eficiente en México, mientras el caso más paradigmático de corrupción y crueldad como es el de la simulación del secuestro y homicidio de Wallace, fabricado por su propia madre, siga impune.

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente

Los Ángeles Press

@gpelizarraga

 

 

Carta publicada en el sitio de la ACDV (Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad) (extracto)

El 25 de julio 2014

 

Montreal, Canadá, 25 de julio de 2014

JESÚS MURILLO KARAM
PROCURADOR DE LA REPÚBLICA
PRESENTE:

En calidad de presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Canadá, me dirijo a usted con el fin de hacer de su conocimiento nuestro desacuerdo y profunda decepción en cuanto a la manera en que las autoridades judiciales de su país y, sobre todo, la PGR de la que usted es el responsable no han manifestado ningún interés en investigar sobre los hechos que hemos evidenciado referente al denominado caso Wallace.

Hasta la fecha, es evidente que los elementos de prueba que encontramos y que fueron publicados, desde los Estados Unidos, en el sitio digital Los Ángeles Presscon el que tenemos el honor de trabajar conjuntamente a favor de las víctimas de la violación a los derechos humanos y de la fábrica de culpables, han sido deliberadamente ignorados por la PGR, cuando deberían haber dado inicio a una extensa y urgente investigación. Más allá de su silencio y de la ausencia de apoyo a nuestro trabajo a favor de las verdaderas víctimas en el caso Wallace, –por cierto, silencio que se puede interpretar como una apoyo tácito a la línea de actuación de Isabel Miranda de Wallace quien acusa a periodistas y a activistas de haber iniciado una venganza en su contra–, es menester informarle que todo cuanto hacemos es nuestro trabajo de investigación y de promoción de los derechos humanos a través de la defensa de las personas cuyas garantías fundamentales han sido violadas. Ahora nos consta que parte de su personal ha sido movilizado con vistas a presionar e intimidar a los defensores de los derechos humanos. Nuestro colega y compañero de trabajo, Giel Meza, presidente de la asociación Gente de México por la Democracia, fue detenido arbitrariamente el domingo 13 de julio de 2014, en violación flagrante al debido proceso y a sus derechos humanos, por agentes de la SEIDO, y luego interrogado durante más de 5 horas en relación de las publicaciones recientes de Los Ángeles Press sobre el caso Wallace.

Tal actuación de parte de sus agentes resulta totalmente inadmisible, así como el hecho de que dicha actuación tenga como propósito la intimidación hacia defensores de los derechos humanos y periodistas. La realidad es que Isabel Miranda de Wallace –o María Isabel Miranda Torres– no contestó la publicación de la segunda acta de nacimiento de su hijo presuntamente desaparecido y de la CURP registrada en febrero del 2010 a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, cinco años después de su supuesta muerte. Vuelve a la calumnia contra nosotros, a través de las entrevistas en medios que la favorecen, alegando una fantasiosa venganza personal de la que se dice víctima, vuelve a las amenazas, y ahora a la intimidación, esto último con la ayuda del personal de una instancia federal como la SEIDO. Hemos dicho lo que resulta ser una evidencia y lo seguimos afirmando: no es la persona de Isabel Miranda nuestro interés ni problema, sino la red de corrupción creada por ella con graves daños al sistema de procuración de justicia en México. En un país con un Estado de derecho sólido, nadie debe estar más allá de la ley. Nadie puede instrumentalizar la justicia a la que todos los ciudadanos aspiran, por motivos totalmente ajenos a la justicia misma. Nadie puede pisotear el sistema de leyes ni evadir las consecuencias de sus actos. En el caso de Isabel Miranda Wallace, hemos evidenciado una red amplia de corrupción que ha creado con ayuda de la SEIDO, y ha engañado a México fabricando un supuesto crimen sin ninguna prueba pericial válida que establezca veracidad alguna, más allá de declaraciones bajo tortura que se contradicen.

Isabel Miranda volvió a afirmar ante las cámaras de televisión que el padre biológico de su hijo es José Enrique del Socorro Wallace Díaz, pese a las actas de nacimiento y de reconocimiento de Hugo Alberto que han sido publicadas. Una simple prueba de ADN de cuatro personas la hubiese desmentido: la hija y la ex-esposa de Hugo Alberto, de María Isabel Miranda Torres y de su segundo esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, resolvería la duda que durante nueve años ha mantenido en la cárcel a siete personas inocentes.

Lo cierto es que el caso Wallace, por ser un caso emblemático de la fábrica de culpables en México, de la violación sistemática a los derechos humanos más básicos, entre otros el derecho a la presunción de inocencia, se ha internacionalizado, gracias al interés de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos dentro y fuera de México. Por un lado, le reiteramos nuestra disposición a trabajar con usted para evidenciar la verdad del caso Wallace. Por otro lado, y con todo respeto, le avisamos que seguiremos nuestro trabajo para que se haga justicia en este caso. Como usted sabe, el recurso a instancias internacionales de justicia es una de las vías a las que se puede recurrir cuando se observa la falta de actuación de las autoridades para procurar justicia expedita en un país. Aún esperamos el cumplimiento de su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, tal como hizo público desde que entró en función la administración del presidente Enrique Pena Nieto.

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

@ACDVcanada

Leer la carta de la ACDV completa.

Activista Giel Meza detenido arbitrariamente por el caso Wallace (Los Ángeles Press y Desde la raíz)

Publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizarraga

Fecha: 24 de julio del 2014

El activista Giel Meza en el Congreso de la Unión hablando sobre la tortura y culpables fabricados. Foto: cortesía

El activista de derechos humanos Giel Meza, de la organización Gente de México por la Democracia, fue detenido de manera arbitraria por agentes federales, el pasado 13 de julio de 2014, a las 6 de la tarde, por lo que puso la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el número de expediente CDHDF/121/14/CNDH/R0689.

Su detención fue por un interrogatorio de cinco horas sobre los reportajes publicados en Los Ángeles Press que versan acerca de la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace en 2005 y las evidencias que ha aportado la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad a la investigación.

Los agentes dijeron ser policías federales ministeriales, pero no se identificaron y apuntaron a Giel Meza con un arma, sometiéndolo de los brazos. Le dijeron que tenían una orden de aprehensión contra él, sin especificar el motivo, y que se la mostrarían en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO). Lo subieron a un automóvil sin logotipo y estuvieron dando rodeos durante unos quince minutos antes de llegar a las oficinas de la Procuraduría.

Una vez en la SEIDO, lo trasladaron a las oficinas de Antisecuestro, y le dijeron que se encontraba en calidad de “testigo”, a raíz de “una denuncia que inició Isabel Miranda de Wallace, por unas publicaciones que se han hecho en los medios”. Sin embargo, no se le informó qué tipo de denuncia ni número de oficio de averiguación previa o de expediente.

Después de que un comandante de apellido Laris señalara que iba en calidad de “testigo”, los agentes ministeriales sin identificación justificaron que “habían tenido que proceder de esa forma porque se hizo caso omiso de los citatorios que enviaron a su domicilio”. Pero Meza solicitó copia de los citatorios y se negaron a entregarlos, con lo que corroboró que era falso.

Meza señaló en entrevista para Los Ángeles Press que las preguntas se enfocaron en saber si él había proveído las evidencias de la fabricación del Caso Wallace, desde actas de nacimientos que demuestran la doble identidad de Hugo Alberto Wallace, el CURP registrado cinco años después de su supuesta muerte, entre otros varios documentos oficiales que han dado rastros de vida.

También le preguntaron qué relación tenía con los periodistas que tuvieron acceso a estas evidencias, específicamente con Anabel Hernández (Proceso), José Reveles (independiente) y Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press).

El activista comentó que también le preguntaron por el documento que firmó con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad que preside David Bertet, con sede en Montreal, dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México para atraer el caso de Brenda Quevedo Cruz, inculpada y torturada por la simulación Wallace.

El documento de 29 páginas es un análisis sobre las declaraciones incriminatorias de los inculpados del Caso Wallace, en el que se revelaron discrepancias y graves contradicciones sobre cómo se perpetró el supuesto crimen.

Giel Meza salió de la SEIDO en torno a las 11 de la noche del mismo domingo. Lo cual llamó su atención, dijo a Los Ángeles Press, que lo detuvieran de esa forma, violando sus derechos humanos, y en un día y hora en que casi no hay testigos.

Escuchar a Giel Meza en entrevista con Patricia Barba en el programa de radio Desde la raíz (23 de junio 2014).

Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable (Sexta parte)

Publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizarraga

Fecha: 22 de julio del 2014

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

 

Isabel Miranda reconoció ante Albert Castillo que no hab;ia sucedido el crimen por el que fue sentenciado a 93 años. Foto: aztecatv.com.mx

Isabel Miranda Torres aceptó ante el inculpado Albert Castillo Cruz, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y tres agentes ministeriales más, que su hijo Hugo Alberto Wallace no había sido secuestrado ni asesinado el 11 de julio de 2005 en México, por quienes ella acusó y por lo que Albert Castillo y su hermano Tony fueron sentenciados a 93 años de cárcel. De acuerdo a la denuncia de hechos del 14 de diciembre de 2011 puesta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por María Elena Cruz, madre del inculpado, Miranda Torres reconoció la simulación del secuestro el 13 de octubre de 2010, horas después de que Albert Castillo fuera torturado en el Cefereso Número 2 para que se incriminara.

Albert  Castillo Cruz fue privado de su libertad por Isabel Miranda Torres y su hermano Roberto, el 7 de marzo de 2006.  Se encontraba en su trabajo, cuando los hermanos Miranda fueron por él acompañados de cuatro hombres encapuchados, vestidos de negro y portando armas largas. Lo golpearon durante unas tres horas y lo acusaron de ser secuestrador.  Castillo negó las acusaciones y Roberto Miranda lo golpeó en las costillas y le dijo: “pues, ahora ya lo eres”. Posteriormente se lo llevaron a las oficinas de SIEDO, según especificó Castillo en su declaración ministerial y en las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También lo denunció en varias cartas al embajador Anthony Wayne y al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ya que él y su hermano Tony Castillo Cruz tienen la ciudadanía estadounidense.

Primera página de la carta de Albert Castillo al embajador Anthony Wayne.

“Sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas”

Al día siguiente de ser torturado por segunda ocasión el 12 de octubre de 2010 “de parte de la señora Isabel Miranda”, en el Cefereso No. 2  de Puente Grande, Jalisco, Albert Castillo fue llevado con Miranda, quien dijo que “él la había mandado llamar para pedirle perdón”:

–¿Quién le dijo eso? –preguntó Albert a Miranda.

–La gente que estuvo ayer en la noche contigo –le respondió ella en alusión directa a sus torturadores.

–Yo no tengo nada que declarar –contestó Castillo.

–Si no te declaras culpable, ellos (señalando a los tres agentes ministeriales y al MP Braulio Robles Zúñiga) van a regresar a refrescarte la memoria –insistió Miranda Torres.

En ese momento, Albert Castillo escuchó que uno de los guardias recibió órdenes para que lo trasladaran a la celda 19, pasillo II. Y en el traslado el guardia le dijo que “por su bien, tenía que decir y hacer todo lo que le dijeran”. Castillo sólo lo escuchó sin decir nada. Al poco tiempo, volvieron a trasladarlo a otra oficina “que está en COC, y la oficina es identificada como CTI”, donde se encontraban nuevamente Isabel Miranda Torres, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y los mismos tres agentes ministeriales que lo habían torturado.

Miranda le dijo que si se declaraba culpable, “que ellos le podían conseguir beneficios”.

–No lo voy a hacer, porque no soy culpable de nada –respondió Castillo.

Braulio Robles intervino:

–Tienes que decir lo que querías decir ayer en el juzgado.

–Lo que ustedes querían que yo declarara, porque me torturaron toda la noche –contestó el inculpado.

Isabel Miranda insistió:

–Si no te declaras culpable y dices lo que yo quiero, te voy a hacer la vida imposible. Yo tengo arreglado esto con gente muy importante.

En la declaración ministerial, Castillo Cruz señaló que Isabel Miranda lo amenazó con lastimar a su familia, y con entrar a la prisión las veces que quisiera para torturarlo, “porque ella podía hacer ahí lo que quisiera”.

–Usted sabe que nunca estuve en el lugar de los hechos. Y no nos vio ahí, porque mi hermano y yo somos inocentes, no hicimos nada, ni sucedió nada –dijo Albert Castillo, en referencia a su hermano Tony, inculpado y sentenciado también a 93 años por el mismo supuesto delito.

–Es cierto, yo no los vi, y sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas –contestó Isabel Miranda.

Al día siguiente lo llevaron ante un Juzgado que el inculpado no pudo identificar, ni tampoco se lo notificaron. Allí se encontraba Isabel Miranda y sus torturadores Braulio Robles Zúñiga y otros tres agentes ministeriales de los que no se aportó sus nombres. La declaración de Albert Castillo fue la misma:

“Yo no tengo nada que confesar, yo no sé nada, yo nunca estuve en el lugar de los hechos, y simplemente les dije que iba a declarar para que dejaran de torturarme”, mostrando las huellas de las torturas en su cuerpo.

El 14 de octubre de 2010 volvieron los mismos agentes ministeriales junto con Braulio Robles Zúñiga para torturarlo de nuevo. Le gritaron que se había “pasado de pendejo” y que “con ellos no iba a jugar”, profiriéndole una sarta de insultos. “Le pusieron esposas en las manos y pies, le pusieron una toalla mojada en la cabeza y una bolsa de plástico para asfixiarlo, y siguieron golpeándolo en el cuerpo”, especifica la denuncia al subprocurador de la SIEDO. La tortura fue suspendida cuando prometió que ahora sí se declararía culpable; sin embargo, nunca se incriminó ante un juez y fue sentenciado sólo con las acusaciones de Isabel Miranda Torres.

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Los testigos de la tortura a Albert Castillo

Albert Castillo envió un segundo escrito al titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, el 17 de abril de 2013, para pedirle su intervención en el desahogo de pruebas de tortura. El primero fue el 24 de julio de 2012, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondiera que “no habían encontrado irregularidades”.

En el escrito a la CIDH, Castillo insiste en que se tome la declaración a J. Jesús Galván Díaz y Erasmo Ornelas Peñuelas, quienes eran sus compañeros de celda “en el momento en que ocurrieron los hechos”. La declaración ministerial de Ornelas atestigua los hechos:

“…yo presenté una petición dirigida a la autoridad de este centro, para evitar que me fueran a inculpar por los golpes que Alberto presentaba en estos momentos y eran muy visibles, fue el mismo día que ingresa al módulo 8, después de que lo sacaron por varios días, ese día yo tenía visita, que fue cuando regresó a la estancia, ya él estaba muy golpeado y fue cuando en ese momento hice mi petición, dirigida a seguridad interna  de este centro, yo narré que Alberto salió de la estancia por varios días sin recordar cuántos y cuando regresó, yo lo miré que estaba golpeado, tenía marcas en las muñecas y en los tobillos, como si hubiera estado amarrado, y se le miraban heridas abiertas con muy mal aspecto, en el cuello se le miraban moretones, en la boca del estómago también se le miraban moretones, me consta que él reportó al encargado del módulo y él solicitaba diariamente que lo atendieran por parte del área médica (…)”.

La declaración ministerial del interno J. Jesús Galván:

“…lo que me consta es que Alberto Castillo Cruz solicitaba la autorización para atención médica ya que éstas nada más se nos programan dos veces a la semana, y como lo mencioné sí le vi lesiones en las muñecas, en los tobillos, en el cuello, como magulladuras de sangre, sin observar sangre por fuera, desconociendo cómo se las había ocasionado, pero a Erasmo y a mí nos platicó que unas personas se las había hecho y que éstas habían ingresado al centro y recuerdo las palabras de Alberto cuando explicaba que sus lesiones fueron en relación a que habían sido causadas por una tortura para que firmara y aceptara su responsabilidad, (…)”

Albert Castillo Cruz apuntó: “todos se dieron cuenta que fui sacado del módulo con mis cosas y regresado a la semana con huellas de tortura, y no como las autoridades dicen que no hay registro de que yo haya sido reubicado”. Incluso, da como prueba un recibo de compra de la tienda del Centro de Observación y Clasificación (COC) en esa semana en que fue torturado. También pidió el testimonio de los internos de la misma sección que lo vieron, Luis Morales Villanueva, Manolo Padierna Sánchez y Carlos García Ferrat.

El custodio que sacó de la celda a Castillo para trasladarlo al cuarto de tortura fue identificado como Emiliano Reynoso Flores. Y los custodios que lo sacaron del módulo 8 para trasladarlo al Centro de Observación y Clasificación fueron identificados como Eusebio Jiménez Evangelista y el custodio Gámez. Castillo señaló en el escrito a Derechos Humanos que el director del Cefereso en ese momento fue Francisco Javier Gómez Meza, quien permitió la tortura, y dos semanas después se lo llevaron preso presuntamente por narcotráfico.

Dos oficiales más, testigos de los hechos, presentaron una queja ante derechos humanos al Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública por la tortura a Castillo. Fueron los oficiales Salvador Moreno Chávez y Erick Hernán Cortés, quienes mostraron su disposición a dar su testimonio, pero posteriormente fueron removidos del penal, uno de ellos al Estado de Durango, sin que la familia o Castillo Cruz volviera a tener contacto con ellos.

Sin embargo, pese a los múltiples testimonios y quejas oficiales por los mismos custodios, la perito oficial en Psicología Lucía Galeana Garzón, el 3 de junio de 2011, entregó los resultados del dictamen psicológico de tortura con el número de folio 11222 realizado el 20 de mayo de 2011. Su conclusión fue:

“…Como resultado de la evaluación psicológica practicada, conforme a los lineamientos que marca el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (Protocolo de Estambul) al señor Alberto Castillo Cruz, se determina que no presenta ninguna de las reacciones psicológicas no de las clasificaciones diagnosticadas comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes de tortura…”.

 

Las denuncias por tortura ignoradas por Derechos Humanos

Los familiares de Albert Castillo –su madre María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante– pusieron varias denuncias y quejas ante diferentes instancias judiciales y ante comisiones de derechos humanos. Sin embargo, ninguna institución mostró interés por investigar los hechos denunciados por tortura y falsedad a autoridades por parte de Isabel Miranda.

La primera denuncia fue dirigida al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, el 21 de octubre de 2010, siete días después de la segunda tortura, cuya recepción fue foliada con el número 75910. En esa denuncia, los familiares de Castillo Cruz señalaron a Isabel Miranda Torres y a su hermano Roberto como responsables directos de la detención ilegal de Albert y de haber ordenado y participado en su tortura el 12 y 14 de octubre de 2010.

Una siguiente denuncia fue presentada al titular de la SIEDO, Arturo Germán Rangel, el 16 de diciembre de 2010, en contra del MP Braulio Robles Zúñiga, quien fue identificado por Castillo como su principal torturador, y contra el agente ministerial Ignacio Silva Vázquez, con la que se abrió la averiguación previa  número 233/UEIDAPLE/LE/12/2010. En esta misma denuncia se incorporó al director del Cefereso  No. 2, Francisco Javier Gómez Meza, a Roberto Miranda y a Isabel Miranda, señalada de coordinar la sesión de tortura desde una ventana de rejas en el techo de la habitación donde lo tenían para estos propósitos.

Otra denuncia fue dirigida al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Enrique Gómez García, el 28 de octubre de 2010. En ésta se especificó a detalle la tortura, y de cuando los agentes con pasamontañas y vestidos de negro, le dijeron: “Venimos de parte de la señora María Isabel Miranda Torres”.

Castillo Cruz hizo responsables de lo que le pasara a él y a su familia al Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, a María Isabel Miranda Torres, “y todas las autoridades de este centro federal como son el director técnico Pedro Ramírez, el director de Seguridad de apellido Silva (Ignacio Silva Vázquez), los adjuntos de Seguridad y Guardia, de Seguridad y Custodia,  y a todos los integrantes de la misma…”. Incluso Castillo pidió el álbum fotográfico de los custodios para identificar por rostro a los que participaron en su tortura, según lo especifica el oficio número 1537/UEIDAPLE/12/2011 a la Procuraduría General de la República (PGR), con el que se determina el “No ejercicio de la acción penal” a los denunciados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió a la PGR, con fecha del 14 de junio de 2011, el oficio V3/36998 suscrito por Sergio Iván de la Selva Rubio, en el que afirma que en el Cefereso No. 2 “no existe antecedente de que el señor Alberto Castillo Cruz fue objeto de maltrato”.

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La obsesión de Isabel Miranda por el cercenamiento de su hijo

Albert Castillo señaló que nunca había escuchado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, ni las palabras “secuestro”, “levantar”, “casa de seguridad”, “negociación”, “950 mil dólares”, “pago” ni “rescate”. Sin embargo, Isabel Miranda lo acusó de ser parte de una “banda de secuestradores” y le puso un alias: “El médico”. También ella lo acusó de ser quien había cercenado el cuerpo de su hijo con una sierra eléctrica “Black and Decker” comprada en un WalMart después de las cuatro de la madrugada del 12 de julio de 2005.

De acuerdo a la declaración difundida por Isabel Miranda en los medios mexicanos, su hijo supuestamente fue cercenado en el baño del departamento de la inculpada Juana Hilda González. Así mismo, en el careo constitucional entre Albert Castillo Cruz y María Isabel Miranda Torres, realizado el 7 de enero de 2008, ella insiste en que su hijo fue cercenado:

“… tú sabes perfectamente bien Alberto Castillo Cruz que mi hijo no está vivo, porque tú te encargaste de cerciorarte de que estaba muerto, y más aún tú cercenaste el cuerpo de mi hijo, junto con tu hermano…”.

No obstante, se realizaron inspecciones periciales y no se encontró ningún vestigio de sangre en el baño que tiene “dimensiones tan pequeñas tal como consta en la inspección judicial…”, sitio en el que según las conclusiones absolutorias de la defensa de Castillo Cruz, no hubieran cabido los dos hermanos Castillo, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace entonces con un peso aproximado de unos 150 kilos –según la defensa- y adicionalmente la motosierra.

Ya desde el 3 de marzo de 2006, se contaban con los resultados del peritaje de la Dirección de Biología Molecular en especialidades criminalísticas, del departamento de Genética Forense de la PGR , fojas 241 del Tomo VIII, donde se confirmó que las muestras rotuladas como restos óseos 1 y 2, no eran de origen humano.

El perito Carlos Alberto Jiménez Baltazar, adscrito a la Coordinación de Servicio Periciales fue quien determinó que “el perfil genético de los residuos que fueron recabados en la coladera del baño del departamento número 4 no eran de origen humano”.

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La acusación contra los Castillo

En la versión fabricada por Isabel Miranda Torres, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad identificó una serie de contradicciones y discrepancias que fueron obligadas a decir a los inculpados respecto al tema de la supuesta muerte de Hugo Wallace. El análisis -entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México- destacó en este apartado las discrepancias que incriminaron a los hermanos Castillo supuestamente encargados de “descuartizar” el cuerpo de Wallace y de limpiar el baño.

Entre los hallazgos de incoherencias de los activistas canadienses, se revela que los inculpados declararon que los Castillo limpiaron el baño antes y después del descuartizamiento, según las declaraciones incriminatorias de Juana Hilda González y Jacobo Tagle al dar las horas de los hechos, mientras que la sierra y los utensilios de limpieza fueron comprados supuestamente después de las 4 de la madrugada.

  1. Según la declaración incriminatoria de Jacobo Tagle, los hermanos Castillo se fueron con la sierra, después de descuartizar el cuerpo, y Juana Hilda González se quedó en el departamento, mientras él y César Freyre bajaron la maleta y las bolsas con los restos humanos.
  2. Según Juana Hilda González, los hermanos Castillo se quedaron en el departamento a limpiar, y ella junto con César Freyre y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plástico donde llevaban los restos de Hugo Wallace.
  3. Según César Freyre, él y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plásticos con los restos humanos y con la sierra, porque los hermanos Castillo ya se habían ido.

La Asociación Canadiense destacó en el análisis que hay tres versiones diferentes también respecto al cercenamiento del cuerpo que dan Juana Hilda González, César Freyre y Jacobo Tagle en su declaración bajo coacción. Incluso, César Freyre, a quien Miranda Torres acusó de ser el jefe de la banda, desconoce si la supuesta sierra para descuartizar el cuerpo de Wallace es de gasolina o eléctrica, pese a que en su incriminación dijo haberla comprado él.

De acuerdo al documento, otro hecho que se destaca es que ninguno de los inculpados supo responder qué pasó con la sierra, después del cercenamiento.  Otra contradicción resaltó al dar el color de las bolsas en que supuestamente metieron los restos de Hugo Wallace. En esta alusión, Isabel Miranda Torres también discrepó de los inculpados, y declaró a los medios que se trataba de una bolsa transparente, mientras que las declaraciones incriminatorias dijeron que eran bolsas negras.

El siguiente video fue realizado de forma humorística para evidenciar las contradicciones de las denuncias de Miranda. La fuente original es  www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com.

Los tropiezos de Miranda en los careos constitucionales

Otra falsedad a la autoridad por parte de Isabel Miranda fue afirmar que Albert Castillo se encontraba el 12 de julio de 2005 en el departamento de los supuestos hechos. Incluso, Miranda lo señaló como la persona que había visto “a corta distancia” en el departamento de Perugino  y que la estuvo observando.

“… el 12 de julio de 2005 era imposible que yo conociera el nombre de mi careado, pero con posterioridad me enteré que su nombre es Alberto Castillo Cruz, su presencia concuerda plenamente con lo declarado por Juana Hilda González Lomelí, el día 8 de febrero de 2006, cuando se refiere que tanto Tony como Alberto Castillo Cruz, se quedaron más tiempo en el departamento después de que salieron Brenda, Jacobo y César Freyre con el cuerpo de mi hijo ya cercenado por Alberto Castillo Cruz”.

Albert Castillo preguntó a Miranda en ese mismo careo constitucional por qué no llamó a las autoridades para que lo detuvieran ese 12 de julio de 2005, fecha en que supuestamente lo vio como sospechoso en el lugar de los hechos. Sin embargo, Miranda no dio respuesta específica y de acuerdo a la minuta del careo ratificó su declaración de que Castillo era la persona que había cercenado el cuerpo de su hijo y que las autoridades habían fallado en su identificación.

“…quiero afirmar sin lugar a equivocarme que Alberto Castillo Cruz, es la misma persona que estuvo en Perugino número seis el día 12 de julio de 2005, ya que lo tuve a una distancia muy corta, y no hay duda de ello, y que por supuesto que pedí que interrogaran a todas las personas que se encontraban dentro del edificio antes mencionado, pero de manera negligente, la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, no lo hizo”.

La defensa de los Castillo Cruz acreditó que cuatro personas estuvieron con Albert Castillo el 11 de julio de 2005, entre las 9 y las 10 de la noche. Todos pertenecientes a un comité de rescate de unidades habitacionales promovido por la Procuraduría Social del Distrito Federal. Esa noche firmaron documentos y las hojas de los cheques para las personas que hacían las reparaciones del edificio donde vivían. Las personas dieron sus testimonios. En el caso de su hermano Tony, la defensa acreditó que estuvo en la fiesta de cumpleaños de su novia y que terminó a la cinco de la madrugada del 12 de julio. Los testigos se presentaron a declarar y confirmaron haber estado con él; sin embargo, el juez 4o de Distrito de Procesos Penales Federales dictó sentencia de ‘culpables’ el 28 de octubre de 2011.

La voz de la madre de los hermanos Castillo

Escuchar a María Elena Cruz en entrevista con Los Ángeles Press.

La madre de los hermanos Castillo, María Elena Cruz, en entrevista exclusiva a Los Ángeles Press, narró el sufrimiento que han padecido por “la fabricación del caso Wallace”. Así mismo, especificó que su hijo Albert no tiene ninguna formación profesional en medicina y que Miranda “probablemente” había deducido que era médico, porque trabajaba en el Hospital Juárez de México, y necesitaba una coartada para sostener la mentira del desmembramiento del cuerpo. A Tony Castillo, Isabel Miranda le puso el alias “El Panqué”, basada en su complexión robusta. Al igual que el resto de los inculpados, puso la fotografía de Albert Castillo y de su hermano Tony, en un espectacular montado por su empresa Show Case, SA de CV con la palabra “secuestrador” antes de ser investigados judicialmente y sentenciados.

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Esta imagen fue publicada en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, sin cubrir el rostro del menor, y presentando a sus padres como delincuentes.

Cómo Miranda fabricó “la banda de secuestradores”

 La acusación de Isabel Miranda Torres contra los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, y contra cinco personas más, fue hecha a raíz de una fotografía encontrada en el departamento de la también inculpada Juana Hilda González, en Perugino No. 6, de Insurgentes Extremadura del Distrito Federal. En la foto se encuentran Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, Juana Hilda González, César Freyre, Albert y Tony Castillo, Paola Patricia Díaz Romero y Jael Malangón Uscanga con su hijo de cuatro años de edad, tomada en Chalma, Estado de México, en un paseo que habían hecho en grupo meses atrás.

Los inculpados en la fotografía señalados con letras, fueron identificados por Juana Hilda González después de ser torturada y humillada sexualmente por los ministerios públicos Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz, según su declaración ministerial y de acuerdo a los diferentes careos constitucionales con los inculpados.

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El patrón de hostilidad de Isabel Miranda contra sus víctimas

En la declaración ministerial y en las denuncias de Albert Castillo Cruz hace referencia a situaciones que coinciden en las declaraciones de los otros inculpados torturados, específicamente en los casos de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle y César Freyre. Las denuncias coinciden sin que haya habido contacto entre ellos, a lo largo de varios años que los han mantenido recluidos en diferentes penales de alta seguridad:

  • Isabel Miranda participó directamente en la detención ilegal de los inculpados.
  • Todos los inculpados fueron torturados, excepto Tony Castillo quien fue recluido en Matamoros, Tamaulipas, un penal que no ha sido visitado por Isabel Miranda.
  • Los torturadores dijeron hacer su trabajo a nombre “de la señora María Isabel Miranda Torres”.
  • La tortura tenía el propósito de que se declararan culpables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
  • Isabel Miranda Torres presenció la tortura de todos los inculpados, excepto en el caso de Brenda Quevedo Cruz.
  • El principal operador de la tortura fue en todos los casos el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga.
  • Isabel Miranda Torres amenazó de muerte a todos los inculpados y a sus familiares.
  • Isabel Miranda Torres acusó de falsos delitos a familiares y defensa de los inculpados y tuvo éxito en el caso de la madre y la hermana de César Freyre, quienes estuvieron en la cárcel durante año y medio; y en el caso de la abogada defensora de Brenda Quevedo Cruz, quien estuvo durante tres meses arraigada. Las tres salieron exoneradas de cargos.
  • Isabel Miranda Torres obligaba a los inculpados a pedirle perdón. Sólo en el caso de Juana Hilda González lo logró con las amenazas contra su madre y su hija menor de edad.
  • Isabel Miranda Torres condujo la grabación en las autoincriminaciones de tres inculpados después de sus torturas, la de Juana Hilda González, la de César Freyre y la de Jacobo Tagle. Los demás inculpados, pese a las torturas, no se han incriminado.

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

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