Desde lo más alto de la verdad pura y transparente…

 

 

Wallace angelita

“Desde lo más alto de la verdad pura y transparente,” de las nubes de los cielos azules desde los cuales Dios, los ángeles y el alma de su hijo descuartizado que nunca tuvo antecedentes penales platican diario con ella, la autoproclamada activista y voz de la ciudadanía que se cree la representante terrestre de la palabra divina, nos amonesta: “No caigan en la trampa de la Sra. Anabel Hernández cuyo único propósito es de difamarme.”

Síntomas de victimización sistemática cuando uno la contradice, reacción violenta a la contestación, rechazo radical de otra línea de pensamiento, convicción mórbida de tener la razón, de hacer lo correcto, aun y cuando lo correcto implica el uso de la violencia física y psicológica, identificación con la figura divina de la Santa Virgen cuyo hijo fue crucificado – el suyo fue, en la mente de la seudo-activista, descuartizado, otro paradigma de la crucifixión y del sacrificio -, convicción irracional de cumplir con el destino y la voluntad de Dios mismo, trastorno mental de la personalidad múltiple (María Isabel Miranda Torres, Isabel Miranda de Wallace,…), la patología de la que sufre la impostora más famosa de nuestro país tiene nombre : esquizofrenia.

A la diferencia de las otras personas que sufren de esa patología mental y a la que mandamos el abrazo mas fraternal, ya que luchan cada día para combatir con valor esa enfermedad, no solamente la esquizofrenia de Isabel Miranda de Wallace no recibió, al parecer, el tratamiento adecuado, sino que le sirvió para adquirir el poder y la fama de los que hasta hace poco gozaba incondicionalmente. A Isabel Miranda de Wallace le dieron poder. El criminal Felipe Calderón en primer lugar. El poder de decidir quién era culpable. El poder de calumniar. El poder de destrozar. El poder de presionar a los jueces. El poder de amenazar. En otros tiempos, gente con poderes semejantes se convirtieron en las figuras más sanguinarias de la inquisición. Más bien, la cruzada de Isabel Miranda es la figura moderna de la inquisición. Nuestra carga que como Mexicanos tendremos que asumir, tarde o temprano.

Un tiempo, nos identificamos con la increíble historia – con el cuento – de una madre desesperada luchando sola para encontrar a su hijo secuestrado, para hacerse justicia y cazar a los verdugos de su criado. Su aparente dolor se volvió el nuestro. Hartos de la impunidad, de la complaciente incompetencia de las autoridades con los grupos del crimen organizado, de la inseguridad, del temor, cotidiano, coincidimos con el rostro de esa mujer, desconocida y anónima, que pretendía ser una humilde maestra de preparatoria en búsqueda de su hijo… cuando no era así.

Tardamos, como muchos, en darnos cuenta de la trampa. Porque nos convenía creer en lo inverosímil. No queríamos admitir que nuestro odio a los secuestradores inducido por la campaña mediática de la Sra. Wallace a través de los espectaculares de su empresa de publicidad Showcase, no tenía ningún fundamento racional. Y por esa tardanza de la que somos responsables, les pedimos perdón a las víctimas cuyos rostros fueron expuestos a la vista de todos, tachados de secuestradores, de delincuentes y de asesinos.

Ahora Isabel Miranda de Wallace, sea cual sea su nombre real, trata de minimizar la importancia de las pruebas – contundentes, del dominio público y que no logró en desaparecer antes de que fueron encontradas – que fueron publicadas y difundidas por los medios de comunicación que decidieron dejar de cumplir con la línea de pensamiento gubernamental. Ahora Isabel Wallace nos quiere hacer creer que es la víctima de algunas personas aisladas que le quieren hacer daño. A ella, personalmente. Porque siempre se ha tratado de ella. Se valoriza a sí misma con ese estatus de víctima absoluta del que se ha apoderado de manera ilícita, fraudulenta.

Escrito por uno de sus acolites, el texto de introducción de la nueva campaña de Isabel Miranda de Wallace usa ad nauseam expresiones tan pesadas como falsas como la de “verdad pura y transparente”. Gracias a Dios, Isabel Miranda de Wallace y quienes la apoyaron no tienen el monopolio de la verdad. Isabel Wallace no se encuentra más cercana al divino que los demás. Esa pretensión enferma que la caracteriza es lo primero que debemos denunciar. Al contrario de la luminosa y ficticia verdad que nos propone, y a medidas que se está cayendo el teatro de Isabel Wallace, mas ruda, más verosímil, más evidente, mas fría, hasta más grosera nos aparece la simple verdad que siguen tratando de esconder bajo el estilo pomposo de quién escribe en lugar de la impostora Wallace: si Hugo Alberto Wallace estuvo secuestrado – y absolutamente nada nos permite corroborar que así fue -, no sucedió en las circunstancias que Isabel Wallace narró – o más bien nos gritó hasta adormecernos. Fue ella misma quien inventó el secuestro y el descuartizamiento de Hugo Alberto, ella quien fabricó una banda de secuestradores que nunca existió, apoyada por unos funcionarios que vieron en la esquizofrenia de Wallace una oportunidad para crecer en la administración.

Para quienes han tenido conocimiento de los documentos que se publicaron, de las investigaciones que se llevaron a cabo de manera estrictamente profesional, no cabe duda: el caso Wallace no es una historia de secuestro sino la de una vergonzosa simulación desde el principio. Una simulación planeada, orquestada por la familia del desaparecido. Más adelante tendremos que investigar el papel que desempeñó Isabel Wallace como agente del gobierno de Calderón y de gobiernos locales, para hundir las víctimas de la fabricación de culpables. Más adelante, tendremos que evidenciar quien o quienes sacaron algún provecho de lo que hizo Isabel Wallace.

Punto de mira actual de la campaña de ataque que Isabel Wallace lanzó bajo el pretexto de defenderse – como lo hacen mayoría de los despostes en ese mundo, Anabel Hernández no necesita a la verdad que la defendamos. Fuerte, esa periodista ha publicado las conclusiones de una pequeña parte de su investigación. Tampoco necesitarán ayuda los otros puntos de mira que Isabel Miranda, en su delirio, no tardará en señalar, en difamar, como siempre lo ha hecho, cumpliendo con su papel de acusadora pública del que ha sacado provecho. Esa es la última obra de Wallace, una obra vergonzosa que caerá por su propio peso. Sin ninguna duda.

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No somos héroes. Nos somos ángeles, ni santos, ni nada por el estilo. No queremos ni pretendemos serlo. Somos humildes ciudadanos indignados por el engaño en el que caímos. Como todos. Y a la diferencia de muchos, ya no queremos formar parte de los que se dejan engañar, voluntariamente, por interés o pereza intelectual. No queremos participar, con nuestro silencio y apatía, a la tortura que viven actualmente siete personas, todas inocentes.

Pero si Isabel Miranda de Wallace quiere llevar el asunto al terreno religioso como parece hacerlo, si quiere meternos en la posición de escoger entre la luz transparente de su seudo-verdad absoluta y el supuesto obscurantismo de los que la contradicen usando de su razón, entonces le podemos contestar que es la característica maestra de Satanás el Diablo de disfrazarse de ángel de luz y ocultar con ese disfraz su verdadera naturaleza y sus propósitos (2 Corintios 11:14).

Oscar V.

Grupo MXporFC

 

 

 

 

 

Wallace y sus trolles (#trolldeWallace)

Algunos ejemplos de los trolles de Isabel Miranda de Wallace, que casualmente aparecen cada vez que la Sra. no sabe qué contestar. Gracias Isabel, por hacernos reir tanto.

Wallace Dumbo

 

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La Señora Wallace, acusada ante la PGR

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 

Artículo publicado en Proceso y el Diario de Coahuila

Por Jorge Carrasco Araizaga

El 14 de septiembre de 2014

 

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Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace.

Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR.

Los denunciantes son Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes son María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

‘PRUEBAS FABRICADAS’

Según la denuncia de hechos, con la revelación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y la del matrimonio de Isabel Miranda con Enrique Wallace, así como la existencia de pruebas cuestionadas, publicadas en mayo y junio pasados por el periódico digital Los Ángeles Press y Proceso (ediciones 1961 y 1962), “se pone en evidencia” los delitos denunciados.

En una de las actas, emitida en el Distrito Federal, Hugo Alberto aparece como hijo de Jacinto Miranda. En la otra, de un juzgado civil de Texcoco, el papá es José Enrique del Socorro Wallace, de nacionalidad nicaragüense; mientras que la activista en la primera se llama Isabel Torres, y en la segunda, María Isabel Miranda Torres.

Los denunciantes aseguran que Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres, nombres de la activista que aparecen en los documentos oficiales, así como su esposo Enrique del Socorro Wallace, son presuntos responsables del delito contra el estado civil porque al registrar a Hugo Alberto como hijo de ambos, la primera adjudicó “a un tercero la paternidad que no le corresponde” y el segundo asumió “la filiación de padre sin corresponderle”.

Señalan que el artículo 227, fracción III del Código Penal Federal (CPF) impone de uno a seis años de prisión, entre otros, “a los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando nombres o suponiendo que los padres son otras personas”.

Según la denuncia, ambos cometieron falsedad de declaración ante las autoridades judiciales y ministeriales respecto a la autenticidad del apellido, lugar y fecha de nacimiento de Hugo Alberto, “así como el ocultamiento doloso ante tales autoridades de la identidad del padre biológico de la víctima”.

Los familiares de los procesados aseguran también que Isabel Miranda y su esposo “declararon falsamente ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre la verdadera fecha de su matrimonio con el fin de encubrir la verdadera filiación de Hugo Alberto”. Citan que la falsedad de declaración está penada con prisión de cuatro a ocho años en el Código Penal Federal (CPF).

Sobre la simulación de pruebas, dicen que la evidencia “más trascendental” para condenar a cuatro de los seis acusados y “supuestamente encontrada en la escena del supuesto crimen, fue falseada y alterada con el único objetivo de inculparlos de los supuestos delitos de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y otros”.

‘SEMBRADOS’

Explican que la gota de sangre y un pelo de la alegada víctima encontradas en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los hechos denunciados, no sólo fueron “sembrados” sino también alterados porque el perfil genético de lo que se presentó como prueba originalmente fue identificado como cromosoma de mujer (XX) en el informe de la perito Yanet Rogel Montes, el 20 de marzo de 2006.

De acuerdo a los denunciantes, ese perfil genético “corresponde al del padre adoptivo del desaparecido”. Ante esa inconsistencia, la perito aseguró que se equivocó y que al momento de redactar su informe, “por un error de dedo”, escribió XX en lugar de XY para identificar el cromosoma.

Aseguran que el delito de simulación de pruebas fue cometido por Isabel Miranda y su hermano Roberto, y que de acuerdo al artículo 248 Bis del mismo CPF, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión al que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales.

De la perito Yanet Rogel Montes dicen que cometió el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, penado en el artículo 247 Bis del CPF con una pena de cinco a 12 años de cárcel.

A partir de esa prueba aportada por la PGR, fueron sentenciados de 78 a 131 años de prisión los hermanos Castillo Cruz, César Freyre y Juana Hilda González. Los familiares dicen que a la perito se le podría aplicar una pena de ocho a 15 años, debido a que ese mismo artículo dice que cuando a un sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión, la pena se incrementa por el testimonio o peritajes falsos.

“Además exigimos que se investigue la comisión de los delitos que se derivan de la falsedad de declaración y de informes dados a una autoridad judicial, tales como el soborno o la coacción de cualquier naturaleza hacia la perito”, dice la denuncia.

También piden a la PGR que investigue la probable comisión de los ilícitos de cohecho, amenazas y tráfico de influencias. En este último delito, no sólo mencionan a la perito, sino también a “todas las partes que dentro del proceso han sido sujetos de los actos denunciados” y que “han favorecido a la parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público federal, María Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace”.

Respecto al tráfico de influencias, dicen, “hay que tomar en consideración el personaje Isabel Miranda de Wallace como figura pública y su poder económico, así como (su) cercanía… con los agentes del Ministerio Público Oswaldo Jiménez Juárez, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz… encargados de llevar a cabo las averiguaciones previas y acusaciones en contra de los acusados”.

CONTRADEMANDA

La publicación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y de su acta de matrimonio llevó a Isabel Miranda a presentar una denuncia ante la PGR. La Unidad Antisecuestros inició de inmediato la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014. Por esa razón han sido llevados a declarar, sin orden de presentación, Giel Meza, activista de la organización Gente de México por la Democracia, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo.

En esa denuncia está incluido David Bertet, activista canadiense que promueve la liberación de los acusados del caso Wallace, como lo hizo con Florence Cassez. La ciudadana francesa fue acusada también de secuestro en el pasado gobierno y la presidenta de Alto al Secuestro fue una fuerte opositora a su liberación.

Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet anunció en agosto pasado que presentaría en la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de la publicación de las actas en Proceso y Los Ángeles Press.

“Acudiré ante la GRC para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsables de las amenazas de las que soy víctima”, escribió en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también de la PGR.

Para el activista, se trata de una represalia e intimidación a “consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

En respuesta a la publicación de esos documentos, Isabel Miranda aseguró que se trató de “una gran canallada”. En una entrevista con Sergio Sarmiento de Televisión Azteca, el 2 de julio pasado, señaló:

“No la puedo llamar de otra manera. Es algo que de verdad no tiene nombre” porque la publicación del reportaje se hizo “sabiendo de manera deliberada que sí existen pruebas. Indudablemente que fue ganas de golpetear, de exponer públicamente mi vida o lo que ellos consideran que es mi vida.

“Pero no es la verdad de lo que está en el expediente. Tan no es así, que precisamente una semana después que sacara esta señora (Anabel Hernández) el reportaje (en Proceso), el juez le confirma el auto de formal prisión a Brenda (Quevedo). Esa es la mejor respuesta que yo puedo tener, sabiendo que jurídicamente tengo la confianza que ella va a permanecer en la cárcel siempre, por más estrategias de medios de comunicación que hagan, por más mentiras que digan.”

 

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 Wallace delincuente

Demandan a Wallace por simular secuestro de su hijo

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Artículo publicado en Hoy Estado
El 4 de septiembre de 2014

Isabel Miranda de Wallace fue demandada ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por familiares de los inculpados del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace en julio de 2005.

Los denunciantes manifiestan que Wallace ha caído en contradicciones en sus declaraciones ministeriales dadas a las autoridades, así como amenazas, tráfico de influencias y cohecho.

El documento ya fue presentado ante el procurador Jesús Murillo Karam, en donde además se denuncia a varias autoridades ministeriales de la Federación que presuntamente la ayudaron con torturas a las víctimas y a sostener la simulación de pruebas.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación implicados en la denuncia bajo cargos de torturas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho y simulación de pruebas, fueron Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, todos adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

La denuncia se deriva de “una serie de pruebas en diversos reportajes del medio digital Los Ángeles Press y la revista Proceso”, donde se puso en evidencia los delitos en contra del estado civil, la simulación de pruebas y la falsedad en declaraciones judiciales.

Hugo Alberto Wallace, no es hijo del nicaragüense Enrique Wallace Díaz, si no que éste lo reconoció como hijo adoptivo cuando contrajo matrimonio con Isabel Miranda.

Una de las funcionarias de la PGR implicadas en la denuncia fue la perito Yanet Rogel Montes, por falsear información en el reporte forense sobre la gota de sangre encontrada en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los supuestos hechos.

Rogel Montes atestiguó como perito que esa gota de sangre sí correspondía al perfil genético de Isabel Miranda Torres y de Enrique del Socorro Wallace, simulando con ello la única prueba pericial que pretendía sostener el asesinato, pues ahora se sabe que Hugo no era hijo biológico de Enrique Wallace.

Por su parte, El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, dijo que con la presentación de esta denuncia contra la Señora Wallace y sus cómplices, este caso, se vuelve emblemático para la comunidad internacional de derechos humanos y para todas las personas que han sido víctimas de la simulación de pruebas en México.

Con información de: Los Ángeles Press

 

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Wallace delincuente

Era cuestión de tiempo: denuncian a Wallace ante PGR por simulación de pruebas y fabricación de falso secuestro de su hijo

Publicado en Los Ángeles Press
Por Guadalupe Lizárraga
Fecha : 4 de septiembre de 2014
 
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Isabel Miranda Torres, denunciada ante la PGR por fabricar culpables y simular pruebas en el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto. Foto: Enrique Ordoñez/Cuartoscuro

Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de los inculpados del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace en julio de 2005 pusieron ayer -3 de septiembre- una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra Isabel Miranda de Wallace y varias autoridades ministeriales de la Federación que la ayudaron con torturas a las víctimas y a sostener la simulación de pruebas.

La denuncia fue puesta directamente en la oficina del procurador Jesús Murillo Karam, y especificó que se deriva de la publicación de “una serie de pruebas en diversos reportajes del medio digital Los Ángeles Press y la revista Proceso”, donde se puso en evidencia los delitos en contra del estado civil, la simulación de pruebas y la falsedad en declaraciones judiciales. Así mismo, se destacó en la denuncia la falsedad y las contradicciones en las declaratorias ministeriales de Miranda Torres dados a las autoridades, así como amenazas, tráfico de influencias y cohecho.

En el documento se denunció que Isabel Miranda ha sido favorecida a lo largo del proceso judicial como parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público Federal, en perjuicio de los acusados. Las supuestas pruebas que ella ha presentado como “contundentes” en la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIS/146/2005, así como en la causa 35/2006-II, radicada en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, “carecen de sustento legal y validez, puesto que han sido obtenidas ilícitamente y violentando los derechos humanos” de los inculpados para acreditar la tesis del secuestro y del asesinato de Hugo Alberto Wallace.

También se señaló a Enrique del Socorro Wallace Díaz, esposo de Miranda Torres, como presunto responsable en la comisión del delito contra el Estado Civil, y por haber mentido sobre el parentesco de Hugo Alberto Miranda Torres, hijo adoptivo de éste, y sobre la fecha de matrimonio con Isabel Miranda Torres.

Acta de matrimonio que revela que Enrique Wallace no es padre biológico de la supuesta víctima, una de las evidencias publicadas.

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Funcionarios de la PGR acusados de complicidad

Una de las funcionarias de la PGR implicadas en la denuncia fue la perito Yanet Rogel Montes, por falsear información en el reporte forense sobre la gota de sangre encontrada en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los supuestos hechos.

Rogel Montes atestiguó como perito que esa gota de sangre correspondía al perfil genético de Isabel Miranda Torres y de Enrique del Socorro Wallace, simulando con ello la única prueba pericial que pretendía sostener el falso crimen contra Hugo Alberto Wallace. Mientras tanto, las evidencias publicadas en los reportajes sobre la doble acta de nacimiento de la supuesta víctima, demostraron que la gota de sangre no pertenecía a Hugo Alberto Wallace, puesto que Enrique Wallace no era su padre biológico, sino que el nicaragüense Wallace Díaz lo reconoció como hijo adoptivo a la edad de seis años, cuando contrajo matrimonio con Isabel Miranda.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación implicados en la denuncia bajo cargos de torturas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho y simulación de pruebas, fueron Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, todos adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO.

Todos ellos han sido identificados por las víctimas de haber participado directamente en las torturas infringidas para que se incriminaran. No obstante, de acuerdo a los testimonios de los inculpados, el MP Braulio Robles Zúñiga es quien ha sido identificado como el “brazo derecho” de Miranda para entrar a los penales a discreción, y perpetrar los abusos de autoridad con amenazas y violencia física contra los inculpados.

Sin duda, la fabricación del secuestro Wallace: Bertet

El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, quien ha coordinado la investigación de las evidencias del falso secuestro de Hugo Wallace, señaló que la presentación de esta denuncia formal ante las autoridades mexicanas es una etapa clave en el denominado caso Wallace.

“Ya no nos cabe duda de que la historia del supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace ha sido fabricada por la familia del desaparecido que cuenta con antecedentes penales, y con la complicidad de altos funcionarios del Estado”, dijo.

El activista canadiense enfatizó que “se trata de una etapa decisiva no solamente en cuanto a la defensa de las personas que han sido acusadas injustamente por la comisión de hechos de nunca sucedieron, sino también para que las verdaderas víctimas en este caso, es decir los acusados y sus familiares, puedan finalmente considerarse como tal”.

Concluyó que con la presentación de esta denuncia contra la “Señora Wallace” y sus cómplices, este caso, se vuelve emblemático para la comunidad internacional de derechos humanos y para todas las personas que han sido víctimas de la simulación de pruebas en México.

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Categorías:Caso Wallace

Inventando culpables

Publicado en la revista Proceso

Por Denise Dresser

Fecha: 31 de agosto de 2014

El-montaje-de-García-Luna-Cartón-de-RochaUn ejercicio contra la impunidad. Un argumento para que los intocables no sigan siendo intocables. Un llamado de atención a quienes tomaron el país como su propiedad. Su feudo. Su reino particular. Una denuncia contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y Marisela Morales por lo que hicieron en el caso controvertido de Florence Cassez. Así es el libro de José Reveles, El affair Cassez / La indignante invención de culpables en México. En cuyas páginas describe ese caso paradigmático que evidenció la podredumbre de las instituciones que supuestamente imparten justicia en México pero acaban saboteándola.

He allí al gobierno de Calderón manipulando, politizando, criminalizando, prefabricando el caso Cassez para demostrar que actuaba con “firmeza” contra la delincuencia organizada. Creando una “justicia a la carta”, al gusto y conveniencia de Los Pinos y sus aliados. Llevando a que muchos mexicanos continúen considerando a Cassez culpable, liberada por razones ajenas a su condición de “secuestradora”. Y por ello es imprescindible desmenuzar las iniquidades de su detención, arraigo y consignación. Los procesos judiciales irregulares que acompañaron su caso. La condena excesiva sin evidencia. La siembra de rehenes y testigos. Irregularidades y arbitrariedades a las que se ven sometidos muchos más que el caso Cassez tan sólo sacó a la luz.

La forma en la cual numerosos mexicanos son torturados. La manera en la cual familias enteras son criminalizadas. Cómo se compran testigos. Cómo se alteran archivos, testimonios y peritajes. Cómo se siembran rehenes. Por qué hay tantos inocentes presos a los que se han negado los más elementales derechos de acceso a la justicia. Y la responsabilidad de sucesivos procuradores de la República –Rafael Macedo de la Concha, Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales– que encarcelaron con imputaciones apoyadas sólo en declaraciones de testigos protegidos o comprados. Responsables de manufacturar delitos con fines propagandísticos o personales.

Valiente el hecho de que José Reveles vaya a contracorriente de lo que la mayoría de la población cree sobre Florence Cassez. Valiente que cuestione la “verdad única” que los medios y la autoridad sembraron con la pregunta: ¿Pesan más las violaciones a los derechos de una secuestradora que el sufrimiento de sus víctimas? Valiente que ponga en tela de juicio dos premisas falsas y percepciones equívocas: Que ella sí era plagiaria y que las víctimas fueron violadas o lastimadas. Reveles expone –a pesar de lo que piensan muchos mexicanos de manera prejuiciosa– que la justicia se prostituyó por motivos políticos y de glorificación personal.

No hay que olvidar que Genaro García Luna promovió un montaje televisivo para engañar a la opinión pública y fingir un rescate “en vivo” de tres víctimas de secuestro. O que los supuestos plagiarios habían sido detenidos un día antes. O que Florence Cassez pasó –según Reveles– 53 horas sin asistencia consular. O que a lo largo de un proceso amañado no tuvo acceso efectivo a la justicia. Y que a pesar de la decisión de la Suprema Corte que la liberó, el juzgamiento de los funcionarios públicos responsables de esta gran impostura nunca ocurrió.

No hay que olvidar las preguntas sin respuesta: ¿Por qué las víctimas del secuestro jamás denunciaron que fueron utilizadas por la Policía Federal para una recreación televisiva? ¿Por qué no presentaron una queja por el abuso de su calidad de rehenes dobles, primero de la delincuencia y después de la autoridad? ¿Por qué insistieron en que fueron rescatadas el día del montaje y nadie les ha reclamado esa mentira, repetida hasta el cansancio? ¿Por qué cambiaron drásticamente sus declaraciones después de que la PGR las premió enviándolas a vivir a Estados Unidos? ¿Las víctimas se convirtieron en victimarios a modo?

Y en todo ese proceso irregular, plagado de interrogantes a las que nadie quiere responder, hay un tema fundamental. Si Genaro García Luna y Marisela Morales no son investigados y sancionados, el gobierno de Enrique Peña Nieto seguirá mandando el mismo mensaje de siempre. Que los mexicanos estamos a merced de policías corruptos, jueces parciales y magistrados politizados. Que el histórico fallo de la Suprema Corte –en el cual se liberó a una mujer a la cual le violaron todas sus garantías fundamentales– habrá servido de poco. Que nadie pagará en México por tanto abuso. Hasta el momento la Procuraduría General de la República no se ha pronunciado sobre si los delitos posiblemente cometidos por Genaro García Luna han prescrito o no. Prevalece el silencio, y con él la impunidad.

La impunidad que protege a Genaro García Luna. A Luis Cárdenas Palomino, entonces director de Investigación Policial. A Garza Palacios, director de Operaciones Especiales. A Jorge Rosas García, titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro. A Israel Zaragoza Rico, subdirector del área de secuestros de la AFI. A los AFI José Aburto Pazos, José Escalona Aldama, María Isabel Arzate, Germán Ovidio Zavaleta y Carlos Servín Castorena. Por obstaculizar la administración de la justicia, por abusar de la autoridad, por falsedad de declaraciones y por el ejercicio indebido del servicio público.

El caso de Florence Cassez debería funcionar como una alerta, un foco rojo, un llamado a la acción urgente. Porque reveló cómo no funciona la justicia en México, desde el momento en que la captura fue recreada como montaje a modo. Porque reveló que los intereses políticos y personales –en esta instancia de Genaro García Luna– pesaron más que el respeto a los derechos individuales. Y así el “debido proceso” se convirtió en el “indebido proceso”. La justicia convertida en farsa, lo que indigna a José Reveles y que debería indignar a cualquier mexicano. La capacidad que tiene el sistema judicial para aprehender a presuntos inocentes y transformarlos en indudables culpables. La capacidad que tiene el sistema penal para encarcelar a alguien porque al presidente en turno le conviene. La sensación surrealista que queda después de leer el libro y entender lo que ocurrió. El Estado mexicano inventó un culpable y, dado que no hubo sanción, sigue y seguirá haciéndolo.

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Mexicanos en NY inician campaña de repudio a Wallace

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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Publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizarraga

El 2 de septiembre del 2014

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Activistas de Nueva York por los presos políticos en México emprendieron la campaña internacional de repudio a Isabel Miranda Torres, quien se dio a conocer en los medios mexicanos como la “señora Wallace”,  al cobrar notoriedad política y poder económico desde 2005, por fabricar culpables para sostener el falso secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda.

La campaña internacional inició en medio del evento solidario por la liberación de José Manuel Mireles, autodefensa de las comunidades de Michoacán. Mientras, se informaba en las redes sociales al mismo tiempo de la detención arbitraria de Enriqueta Cruz Gómez, madre de la inculpada del caso Wallace, Brenda Quevedo Cruz, por agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, en la mañana del sábado 30 de agosto.

Los activistas recibieron la noticia el domingo y manifestaron su repudio desde Nueva York a Isabel Miranda Torres, quien en su trayectoria delictiva cometió perjurio ante la Corte de Chicago en 2008, al presentar documentos falsos en favor de su hijo y poder influir en la deportación de Brenda Quevedo Cruz incriminada por el falso secuestro.

Miranda fue exhibida también por los activistas ante los espectadores en la turística esquina de Manhattan conocida como Times Square, por delitos como corromper a autoridades judiciales y simular pruebas en el falso crimen. Enfatizaron los activistas que mientras buscaba posicionarse en cargos políticos recibía recursos públicos por el supuesto activismo contra el secuestro en México, poniendo de ejemplo del caso de su hijo, quien también tiene antecedentes delictivos por contrabando.

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Francisco Ramírez, uno de los creadores de la campaña internacional de “Repudio a La Wallace”, hizo un llamado a través de las redes sociales y medios alternativos para que más mexicanos se sumen al iniciativa, porque -dijo- Isabel Miranda es el símbolo de corrupción del sistema de justicia mexicano que tiene a miles de presos inocentes. “La Wallace”, como se refiere despectivamente a Miranda por el apellido que ella adoptó del segundo marido y porque ha puesto motes a los inculpados para generar imagen de delincuentes, “debe ser repudiada en todo el mundo por su crueldad y corrupción, y por torturar a sus víctimas para que se incriminaran del falso secuestro de su hijo por la pura ambición de poder”, mencionó.

Ramírez dijo para Los Ángeles Press que esta campaña será promovida sin tiempo límite, pero que espera que los mexicanos del mundo se sumen como parte de las protestas y la indignación colectiva en torno al 15 de Septiembre, día de la Independencia en México: “Un día que ha perdido todo valor cívico y sólo nos queda gritar la corrupción de los políticos que han vendido y depredado a nuestro país”.

Agregó que “la campaña es el repudio de lo que representa Wallace: la tortura, la mentira, la corrupción de funcionarios, los narcopolíticos, y sobre todo el hartazgo de los mexicanos por personas como Isabel Miranda, que sin educación pero con dinero, se vuelven criminales privilegiados por el gobierno en perjuicio de los más vulnerables”.

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Políticos estadounidenses se suman al repudio a Wallace

El presidente del Freedom Socialist Party en Nueva York, Stephen Durham, también se unió a la campaña contra Isabel Miranda y recordó que precisamente la corrupción del sistema de justicia mexicano es la que mantiene en la cárcel a Nestora Salgado y a los policías comunitarios. Consideró que personas como Miranda, la “señora Wallace” deben ser exhibidas internacionalmente para romper el círculo de impunidad en el que se mueven con la complicidad de políticos de los partidos oficiales en México.

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Otro político neoyorkino que se sumó a la campaña de repudio a Miranda Torres, fue Daniel Villa, candidato del Partido Verde para el Congreso de Estados Unidos en el distrito 13 de Nueva York. Dijo sumarse al repudio contra la corrupción en México y Estados Unidos, porque es la principal fuga de recursos públicos que deberían ser destinados al bienestar de los ciudadanos.

Villa conduce también un programa de radio en español en Nueva York, desde donde ha hecho eco sobre el caso de Nestora Salgado y los policías comunitarios, en diferentes entrevistas a Stephen Durham, del Freedom Socialist Party.

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Para la sorpresa de los activistas mexicanos, el alcalde de la ciudad de Tucumcari de Nuevo México, Robert Lumpkin-+, se unió al repudio a Isabel Miranda Torres al escuchar las intervenciones públicas de los activistas sobre las torturas a siete personas para que se incriminaran del falso secuestro, dos de ellas en espera aún de sentencia y el resto con condenas de hasta 93 años de cárcel, pese a las evidencias de que el crimen no se cometió.

Lumpink señaló que esos actos de injusticia que quiebran el Estado de derecho en México afectan a todo el mundo y principalmente a Estados Unidos al compartir directamente sus fronteras. Las víctimas de crímenes cometidos por políticos, dijo, son las que más sufren porque el impacto es para todos y cada uno de los ciudadanos al romper la ley, cuando ellos -los políticos- deberían de dar el ejemplo a la ciudadanía que pretenden representar.

Por último, el alcalde Lumpkin, quien dijo tener familia en el estado mexicano de Chihuahua, ofreció a los activistas sus datos y dijo que si podía ayudar en algo más a la causa por los presos inocentes en México podían comunicarse con él. Y mostró un folleto con la información de Nestora Salgado que guardó en su bolsillo.

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Wallace delincuente

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