Lo que ya sabiamos… fundamentado: policias secuestradores

Introducción (MXporFC)

Los siguientes extractos del libro de Martin Moreno, el Caso Wallace nos dan un indicio del grado de complicidad entre Isabel Miranda de Wallace y cuerpos policiacos.

p. 95: “Isabel, sola, habló por radio a dos agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que estaban, sin participar, al pendiente del operativo civil.” (La detención «civil» de Alberto Castillo Cruz, en presencia de policias de la AFI)

p. 62: “Santiago Vasconcelos – Fernando Rivera del Grupo Aeromovil (¡) de las Fuerzas Especiales (GAFES) de la SIEDO

p. 110: “Dentro del gobierno federal, un personaje es clave en el caso Wallace: Jose Luis Santiago Vasconcelos, abogado de carrera, titular de la (SIEDO), respetado tanto por las policías mexicanas como por la Drug Enforcement Administration (DEA), y dentro de los poderosos círculos de seguridad en Washington.(…) Fue él quien le mostro la confesión de Juana Hilda, escrita y grabada, donde narro como fue el plagio y la muerte de su hijo.”

p. 64: Jorge Rosas García Fermín Ubaldo, titular de la Unidad Antisecuestros y Rodrigo Archundia

p. 111: “Espueleado por su jefe, Rosas también se dedicó al caso, así como Fermín Ubaldo y Rodolfo Archundia, funcionarios de la PGR.”

“El MP que me asignaron no está funcionando, subprocurador – se quejó Isabel. Al día siguiente, por órdenes directas del jefe de la SIEDO se nombraba a Braulio Robles Zuniiga como nuevo Ministerio Publico del caso Wallace. Esto fue una bendición ya que, desde el primer día, se mostró comprometido y actuó de manera profesional – y humanitaria, sobre todo – en cualquier tema que ameritara su intervención.”

p. 124: “(Hermenegildo) Lugo (de la SSPDF) contribuyo eficazmente a la hora del interrogatorio y de la presentación a los medios de comunicación del jefe de la banda de secuestradores y asesinos. Mostro valor y sensibilidad. Lugo también apoyo de manera importante a Isabel cuando, a principios de julio de 2006, su hermana, Guadalupe Miranda Torres, fue muerta a balazos por su propio esposo.”

p. 130: “Pero fue siempre por la intervención de Santiago Vasconcelos y algunos otros funcionarios valiosos para este caso como Rodrigo Archundia, Nicandra Castro, Maricela Morales, Tizbeth Cazares, Jorge Rosas, Osvaldo Jimenez, Fermin Ubaldo, Leopoldo Velarde y Luis Alcantara, mas que por ordenes de Medina Mora.”

p. 154: “Aun mas, la Procuraduría General de la Republica (PGR), teniendo como titular a Arturo Chavez Chávez (…) anuncio su inconformidad legal contra la sentencia condenatoria del juez Mejía Ojeda en el caso Wallace: “Por considerar insuficiente la penalidad impuesta a los procesados.”

Fuente: México Denuncia

INFORMACION GENERADA POR AGENTES DEL CISEN

Importantes jefes policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF cuentan con pésimos antecedentes penales por haber incurrido en delitos como cohecho, extorsión, homicidio, violación, acoso sexual, abuso de autoridad e, inexplicablemente, son mantenidos en sus puestos y están encargados de combatir a la delincuencia organizada.

En un informe interno realizado por policías de «inteligencia» de la propia Secretaría de Seguridad Pública, fueron elaboradas «fichas» de destacados mandos de la policía uniformada de la ciudad con «negro» historial.

La gran mayoría de ellos pertenecen a la arraigada organización delictiva policial denominada La Hermandad y han trabajado muy de cerca con ex jefes policíacos que terminaron en la cárcel o concluyeron su gestión en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Pedro Luna Castro, director de Control de Tránsito.- Hace poco más de un mes fue acusado de encubrimiento y nepotismo, por haber nombrado como director de Asuntos Internos de la corporación a su yerno, que cuenta con antecedentes penales por estar involucrado en el robo a bancos. Existe una averiguación previa de este asunto y hasta un juicio penal hay.

En el año 2000, Alejandro Gertz Manero, entonces titular de la SPP del DF, le dio un «jalón de orejas» a Luna Castro por las constantes quejas de uniformados de ser objeto de extorsión.

El ex diputado federal Armando López, lo responsabiliza de haber participado directamente en las matanzas estudiantiles de Tlatelolco y de San Cosme en 1971.

Faustino Gómez Lira, director del agrupamiento Fuerza de Tarea.- Está acusado de lesiones y abuso de autoridad, el 9 de noviembre del año 2000, en la Contraloría General del Gobierno del DF, en la denuncia con número de folio 22576, al agredir con una barra metálica a los policías Eliseo Aguilar Ruiz y Gregorio Hernández Zarate, por haberse negado ser extorsionados.

Como integrante del famoso y temido grupo «Zorro» en la época de Manuel Camacho Solís al frente del entonces Departamento del Distrito Federal, en 1989, Gómez Cruz participó en la masacre de 23 personas en el penal de Tepic, Nayarit, cuando la policía capitalina fue llamada a aquella entidad para reprimir un motín de reos. Nunca quedó clara la actuación de los «Zorros» en esos hechos. Muchos testigos acusaron a la policía capitalina de haber ejecutado a los amotinados aún cuando ya se habían rendido.

Irónicamente, en su calidad de diputado federal, Leonel Godoy, en 1989, exigió se abriera una investigación a fondo sobre la actuación de los «Zorros» en Tepic. Quién iba a decir que once años después, el mismo Godoy, pero como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, impulsó desde su puesto a un ex «Zorro» al darle un destacado nombramiento durante su gestión en Seguridad Pública del DF.

Javier Espinosa Hernández, Primer Inspector (Iztapalapa).- Aprovechando su parentesco con Justo Ceja Martínez -ex secretario particular del ex presidente Carlos Salinas-, prófugo de la justicia y buscado actualmente por la PGR, en los medios policíacos es conocida su intervención con su otrora poderoso concuño, mediante el pago de jugosa cantidad de dinero, en el sexenio salinista, para lograr el nombramiento de René Monterrubio como jefe de la policía uniformada en el DF.

Javier Orozco Paz, Primer Superintendente (jefe regional de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo).- Fundador de La Hermandad, ex amigo del legendario Arturo Durazo Moreno, ha sido acusado por hostigamiento sexual, por abuso de autoridad y extorsión.

Mario Montaño, director de la Policía Montada.- Acusado de lesiones, robo de armas y abuso de autoridad en la Fiscalía Especial de Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia del DF, debido a que en el año 2000 golpeó a dos uniformados a fin de liberar a un vendedor de droga que policías del Centro Histórico habían atrapado infrangati. Este jefe policiaco dejó en libertad al detenido y la averiguación previa en su contra sigue.

Alfredo Angulo Montiel, Primer Inspector (Miguel Hidalgo).- Cuenta con múltiples denuncias en la Contraloría Interna de la SPP del DF por cohecho, soborno, extorsión y utilizar recursos para beneficio personal. Tiene mala fama entre los uniformados.

Pedro Hernández Leyte, Primer Inspector (Jefe regional en Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa).- Es acusado de proteger a sus subalternos que el 6 de junio de 1997 violaron a niñas de la calle en las inmediaciones de la Central Camionera del Norte a bordo de la patrulla 01294.

Víctor Manuel Juárez Sierra, Segundo Superintendente (Azcapotzalco).- Fue secretario particular de Santiago Tapia Aceves, ex jefe de la policía capitalina que terminó su gestión en la cárcel aunque luego salió libre; también fue secretario particular de otro jefe policíaco que salió con sospechas de fomentar la corrupción en las filas policíacas, René Monterrubio. En ambas administraciones, Juárez Sierra se encargaba de recoger el dinero de extorsiones y llevarlo a sus jefes en turno.

Rodomiro Ruiz Rodríguez, director de Protección Ciudadana de Fuerzas Especiales.- Es policía activo desde 1970. Tuvo diferentes comisiones y cargos durante la siniestra y temible administración policíaca de Arturo Durazo Moreno. Hasta hace pocos meses contaba con la clave policial Apolo.

En la PGR existe la averiguación previa en su contra (246/MPINCD/95), mediante oficio MET/064/95, con fecha 26 de enero de 1996, fue citado a declarar en relación con la supuesta venta de drogas prohibidas por y entre elementos bajo su mando.

El 5 de febrero de 1998, el entonces vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea de Representantes del DF, Víctor Manuel Soto Camacho, demandó públicamente el cese de este jefe policiaco por estar relacionado en la venta de drogas, robos, lesiones y abuso de autoridad.

Recientemente y entre las filas de la policía, es señalado también de proteger el ingreso de contrabando a Tepito y prueba de ello es que hace casi un mes, cuando se establecieron retenes en alrededores del barrio bravo, Ruiz Rodríguez se encargaba de agilizar, personalmente, el tráfico para dejar pasar 17 traileres en una sola mañana a Tepito, sin ser molestados por los operativos.

Miguel Salas Moreno, Segundo Superintendente (Venustiano Carranza).- Es acusado de secuestro y abuso de autoridad por parte del policía David Olivo Salgado y el comandante del Grupo de Fuerzas Especiales de la SPP del DF, Luis Morales Villanueva, mediante el acta 586 de la Fiscalía Especialidad e Servidores Públicos.

Carlos Calderón Cadena, Segundo Superintendente (Azcapotzalco).En diciembre de 1991, 19 operadores de grúas del Centro Histórico, encabezados por Evaristo Montero Benítez, de exigirles cuotas diarias a sus subalternos de entre 60 y 120 pesos diarios, de recibir injurias, amenazas y ser sometidos a extenuantes jornadas laborales hasta de 18 horas seguidas. En represalia por haber denunciado a este jefe policial, los denunciantes fueron removidos de sus puestos por negarse a aceptar arbitrariedades, amagos y presiones.

Pese a todo, Calderón Cadena sigue como jefe de sector.

Jaime Colín Colín, Segundo Superintendente (Coyoacán).-Acusado de corrupción y suspendido varios años por la Contraloría Interna de la SPP del DF.

Juan Pérez Pastrana, Segundo Superintendente (Jefe regional de Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan).- Ex integrante del temible grupo «Zorro», involucrado en la ejecución de 23 personas en un penal de Tepic, Nayarit, a donde acudieron a sofocar un motín. Ha sido acusado de soborno y cohecho y en diversas ocasiones sus subalternos le han organizado protestas y cerrado protestas por la corrupción de que son objeto.

Eduardo Hernández Mercado, Segundo Superintendente (Venustiano Carranza).- Integrante de La Hermandad, inició su trabajo como policía en la época de Arturo Durazo Moreno y se hizo de mala fama al golpear al personal bajo su mando por no aceptar ser extorsionado. Es motociclista y ha sido denunciado por corrupción y durante mucho tiempo estuvo comisionado en lo que era la Dirección General de Autotransporte donde logró amasar cuantiosa fortuna. Es un hombre millonario.

Sergio González Anaya, Primer Inspector (Cuauhtémoc).- Ha sido acusado por la Policía Judicial del DF de escoltar traileres robados y brindar protección a bandas de delincuentes y a pesar de ello sigue trabajando como jefe policiaco.

Mario González Moreno, Segundo Inspector (Cuauhtémoc).-. Cuando fue jefe de sector en Aragón, fue acusado de dar protección a bandas de roba coches.

José Flores Arzate, Segundo Superintendente (Cuauhtémoc).- Es acusado de brindar protección a antros, bares y cantinas de la Colonia San Rafael.

Gildardo García Lora, Primer Inspector (Tacubaya).- Miembro de La Hermandad, es acusado como el encargado de recolectar el entre para entregarlo a René Monterrubio, entonces jefe de la policía capitalina.

Protector de asesinos, el 30 de mayo de 1995, cuatro de sus subalternos asesinaron al piloto aviador Eduardo Torres Garcicrespo, y evitó que fueran procesados por abuso de autoridad y homicidio.

Ramón Suazo Ríos, Segundo Superintendente (Benito Juárez).- Hace siete años fue citado a declarar en la PGR. En el oficio número MET/064/95, que consigna la averiguación previa 246/MPINCD/95, de fecha 26 de enero de 1996, girado por una mesa especial de trámites, se les cita a declarar acompañados de un abogado ante un Agente del Ministerio Público Federal, con relación a la protección a narcotraficantes.

Raúl Calderón Soto, Segundo Superintendente (Venustiano Carranza).- Investigado también en 1996 por la PGR por otorgar protección a narcotraficantes.

Raúl A. Durán Cabrera, Segundo Superintendente (Jefe regional de Gustavo A. Madero y Azacapotzalco).- Fue segundo comandante del grupo «Zorros» cuando Manuel Camacho Solís era regente de la ciudad. Estuvo involucrado en la ejecución de 23 personas en el penal de Tepic, Nayarit.

Fue investigado en 1996 por la PGR por otorgar protección a narcotraficantes en el DF.

También es agresor de periodistas. El 8 de febrero de 1990, encabezando al grupo «Zorros» viajó hasta Veracruz por órdenes del entonces jefe de la policía capitalina, Javier García Paniagua, para escoltar un trailer cargado de armas. Al ser descubiertos por reporteros del periódico «Notiver», agredieron a comunicadores y les destruyeron sus cámaras fotográficas. El lío fue de tal magnitud, que policías estatales llegaron a apoyar a los periodistas agredidos y Durán Cabrera y sus subalternos fueron detenidos y trasladados a la Procuraduría Estatal de Veracruz.

Juan Garibay Méndez, Segundo Superintendente (Jefe Regional de Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco).- Un examen antidoping resultó positivo, es adicto a las drogas. Y en 1996 fue citado a declarar a la PGR por presuntos vínculos con narcotraficantes de Tepito.

************************ ********** ************

Fomentado, articulado y protegido desde todos los niveles de Gobierno, el crimen organizado «ha invadido las estructuras del Estado y se ha aprovechado de su poder y recursos».

Las principales organizaciones que operan en México se han convertido en «mafias de Estado», aprovechando que los políticos apuestan solamente a controlar el crimen, en lugar de combatirlo, en busca de resultados aparentes que mejoren su imagen pública. Así se ha consolidado la corrupción de los organismos de seguridad pública, «sin importar el partido que gobierne».

Este es el diagnóstico del Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (Imeco), asociación civil integrada por 20 agentes de Inteligencia que, en su mayoría, fueron miembros de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS). Por lo menos la mitad de ellos trabaja actualmente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación; en la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Salud, de la Procuraduría General de la República, y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Dirigido por quien fue jefe del departamento de Operaciones de Inteligencia de la DFS y director de Investigación del Cisen, Lucio Mendoza Ríos, el Imeco considera que «la catástrofe de seguridad pública que padecemos no es resultado de la crisis económica sino de fenómenos políticos, en particular la extendida y profunda corrupción que prevalece en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia».

Aunque el Imeco se constituyó legalmente en 1997 como asociación civil, el trabajo en equipo de estos «investigadores» -en la elaboración de estudios y propuestas de programas de seguridad pública- coincide con la primera mitad del Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, caracterizado por los fracasos en las estrategias y programas para abatir el crimen organizado.

Planes como la militarización de la Secretaría de Seguridad Pública y los operativos masivos contra la delincuencia, por ejemplo, ofrecieron nulos resultados, y por el contrario desataron críticas y recriminaciones por el exceso de violencia oficial.

Ante esto, han surgido propuestas que van desde posturas «neoautoritarias o profascistas, que nos ofrecen renunciar a libertades a cambio de seguridad», hasta «planteamientos demagógicos», que «eluden comprometerse con la seguridad pública y prácticamente justifican la delincuencia mientras la política económica no cambie».

El Gobierno de Zedillo ha emprendido un intento más para controlar al crimen organizado, ahora con el nuevo Programa Nacional de Seguridad Pública, que lleva tres meses en preparación, que incluye planes para modernizar a las policías y la creación de una Policía Nacional que, desde su anuncio, ya es blanco de polémicas y dudas.

El diagnóstico del Imeco «no ignora causas `técnicas’ de la crisis, como las deficiencias del marco legal, la escasez de recursos o la falta de métodos avanzados de investigación (que sean) al mismo tiempo respetuosos de los derechos humanos», pero aún así las subordina a la creciente influencia de las «mafias de Estado», a las que caracteriza como «los grandes ejes articuladores del crimen organizado en México» y anticipa que «predominarán por un buen tiempo».

Peor aún, considera que la iniciativa presidencial de reformas sobre procuración de justicia y seguridad pública, enviada al Senado, no sólo «puede servir en algunos casos para acrecentar la arbitrariedad y la injusticia», en lugar de contribuir a abatir la impunidad, sino que «podría afectar garantías de los ciudadanos».

Los antecedentes

«El crimen organizado ya no sólo es el narcotráfico, el robo de autos o el asalto a bancos, sino que se agravó con el aumento de los secuestros, el tráfico de armas y personas, la violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, el asalto a los transportistas, el robo a casas… Esto despegó y no hay quién pueda controlarlo. Y peor aún, no hay quién pueda combatirlo», dice en entrevista Lucio Mendoza Ríos.

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica (ESIME-IPN), Mendoza Ríos trabajó 25 años en la Secretaría de Gobernación. Los primeros tres lustros los pasó en la DFS. Algunos de sus jefes fueron el capitán Luis de la Barreda y Javier García Paniagua, pero formalmente empezó bajo la dirección de Miguel Nazar.

Ya fuera de la Dependencia, en 1995, Mendoza Ríos se refugió unos meses en el IPN y dio «algunas asesorías», mientras reestablecía relaciones. Así, algunos miembros del Imeco provienen de la DFS; otros, del Cisen, como Verónica Carpintero y Guillermo Lago Montes, aunque este último también estuvo en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales.

La idea de crear esta asociación civil surgió precisamente de un trabajo de asesoría realizado a fines de 1995, para el entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Enrique Garay Maldonado. Como resultado, Mendoza Ríos y su equipo -entonces media docena de exagentes del Cisen- le presentaron un «Programa de Seguridad Pública», basado principalmente en el trabajo de inteligencia, pero fue rechazado.

] ¿El trabajo de inteligencia tiene que ver con el espionaje?

«Prácticamente, es casi lo mismo. Ese es uno de los artilugios de los que también se ha valido el crimen organizado. Esto es una guerra.

En 1996 llevaron la misma propuesta al director del Cisen, Jorge Tello Peón, donde tampoco fue considerada viable. «Siguen pensando en proyectos sexenales», explica Mendoza Ríos.

En 1997, en plena campaña electoral por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, trataron de reunirse con el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, «pero siempre tuvo sus agendas saturadas».

Luego buscaron al candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, a través de su secretario, Alfonso Vaca, de Samuel del Villar y del dirigente local de ese partido, Armando Quintero; para cuando lograron reunirse con ellos, «ya habían ganado la elección».

Como sea, Quintero recibió el documento en septiembre; a Vaca y Del Villar (actual procurador de Justicia del Distrito Federal) se los entregaron mes y medio antes de que Cárdenas tomará posesión. Al propio Cuauhtémoc Cárdenas le mandaron fotocopias. No prosperó.

Finalmente, llevaron su «Programa de Seguridad Pública» a Editorial Océano, que lo publicó en forma de libro bajo el título Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México, que lo puso a la venta hace unas semanas.

El adelanto de regalías por la venta del libro, más las aportaciones de sus integrantes, son las fuentes de financiamiento que reporta el Imeco, aunque no descartan allegarse fondos mediante convenios de «investigación y asesoría» con instituciones públicas o privadas. También aceptan donaciones.

Sin embargo, se negaron a proporcionar a Proceso la lista completa de sus miembros, porque lo consideraron «peligroso» para al menos diez personas siguen trabajando en las áreas de inteligencia de la PGR, la PGJDF y la Secretaría de Gobernación.

En el libro se definen las características del crimen organizado en México y se hacen propuestas de combate, con recomendaciones tanto para el Gobierno Federal como para el capitalino.

El método empleado fue aplicar el análisis de inteligencia, despejando incógnitas y confirmando hipótesis con trabajo de investigación de campo, «no con suposiciones», cuenta Mendoza Ríos.

Los tentáculos

En la versión publicada por Océano, de 295 páginas, se da crédito como autor al Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C., aunque no se identifica a sus integrantes ni se menciona su origen. Más bien los disfraza. En la solapa del libro dice: «El Imeco es una asociación integrada por personas con gran experiencia en la procuración e impartición de justicia en México».

Como ejercicios de prospectiva, el Imeco plantea cinco escenarios: Libanización; panamización; colombianización; estado de sitio e impunidad; entre la administración del crimen y el desastre actual, y la restauración de la seguridad pública.

En la parte de diagnóstico, plantean:

«La experiencia del crimen organizado en México es bastante singular: Se articula y protege desde el Estado. Pero no sólo eso, sino que en el corazón mismo del Estado habitan las más extendidas y más poderosas mafias, al grado de que la mayoría de las corporaciones policiacas devienen en organizaciones criminales».

Y resaltan que esas mafias enquistadas en las instituciones del Estado «incluyen a los empleados y mandos de los penales del país, a miembros de las Fuerzas Armadas, a legisladores federales y locales, a presidentes municipales y a miembros del Poder Judicial».

También se detalla cómo se ha incrustado la delincuencia organizada en las altas esferas del poder:

«Las mafias policiacas han aprovechado hasta el límite la estructura jerárquica, la disciplina, la especialización y división del trabajo del Gobierno y en particular de las instituciones de seguridad pública, para sus fines criminales.

«Las víctimas inocentes del crimen (asaltados, secuestrados, extorsionados, hurtados, defraudados) o las víctimas voluntarias como los adictos a las drogas, entregan su dinero a los delincuentes sin placa; estos a su vez entregan sus cuotas de protección a agentes y jefes policiacos; los jefes entregan su parte a los altos funcionarios de las instituciones de seguridad pública; las autoridades entregan por diversos conductos una fracción de las ganancias a los jefes políticos; así, hasta llegar a los máximos niveles del Estado».

«La lucha es interna»

Mendoza Ríos acabó su carrera pública como agregado civil para Centroamérica en la Embajada de México en Guatemala, eufemismo para denominar a la que fue «la primera oficina de inteligencia de la Secretaría de Gobernación» en esa región, cuya jurisdicción abarcaba siete países.

En entrevista con Proceso, Mendoza Ríos afirma que México ya enfrenta un grave problema de seguridad nacional y que el país está muy cerca de «colombianizarse».

La semana antepasada, los miembros del Imeco al fin pudieron reunirse con el Procurador capitalino Samuel del Villar, al que le reiteraron la necesidad de combatir el crimen organizado «desde adentro» de la propia Dependencia.

«La lucha es interna», subrayaron ante Del Villar.

Para el director del Imeco, el problema es la magnitud del poder que ha adquirido el crimen organizado, «que no sólo puede corromper al policía que cierra los ojos para decir que no existe un ilícito, sino que corrompe al jefe del Policía, a la autoridad política, judicial y, en un momento dado, se puede convertir en promotor y protector de cualquier variante del crimen dentro del propio Estado».

Pese a la dureza del diagnóstico, el Imeco no proporciona un solo nombre de los jefes de estas mafias en su libro. Mendoza Ríos tampoco lo hace en la entrevista.

«Los nombres pueden ser muchos, pero a la sociedad de nada le sirve conocerlos. En la DFS hubo criminales y narcotraficantes como Rafael Aguilar Guajardo, por ejemplo. ¿Pero de qué le sirvió a la sociedad conocer los nombres de esas gentes? De nada. El crimen siguió. El objetivo es que la ciudadanía ataque el problema.

«La finalidad del diagnóstico es decirle a la gente: Ciudadano: con los niveles de corrupción e ineficacia que tiene tu policía, y con la convivencia permanente con la delincuencia, jamás te podrá resolver tu problema de seguridad».

En el capítulo «Características del crimen organizado en México», se describen las pugnas y las corruptelas dentro de las corporaciones policiacas: «La ruptura de la disciplina criminal se paga con diversas represalias disfrazadas de legalidad o abiertamente ilegales: Marginación; relegamiento a tareas tediosas; bloqueo de promociones; arrestos; negativa a la entrega de información, recursos y medios de trabajo; campañas de prensa hostiles; cambios constantes y arbitrarios de comisión y horarios; carga excesiva de trabajo; trato permanente irrespetuoso; humillante y agresivo; destituciones, y expulsiones arbitrarias».

El policía que no convive con la corrupción, es presionado por sus jefes y corre los siguientes riesgos: «Designación de comisiones peligrosas; divulgación de informaciones delicadas entre delincuentes sin placa para que actúen contra los servidores rebeldes u honestos; represalias contra informantes, familiares y amigos; amenazas abiertas y veladas; cuatros; fabricación de delitos; encarcelamiento injusto; tortura; desaparición, y asesinato».

Para Mendoza Ríos, un ejemplo de la penetración que enfrenta el Estado son las masacres en Ciudad Juárez y en Baja California, pero uno de los casos más elocuentes es Morelos, donde desde el procurador hasta los jefes policiacos, como Jesús Miyazawa, se vieron envueltos en un fuerte escándalo por brindar protección a una banda de secuestradores.

Otro, señala, es el subdelegado de la Policía Judicial en Iztapalapa, Tomás Montes de Oca Alva -exmiembro de la DFS- quien protegía a una banda que robacoches cuyas acciones delictivas contribuían a que la PGJDF reportara un saldo de 143 robos de autos al día.

Incluso, la llegada de mandos militares a las instituciones de seguridad publica en los últimos años «exacerbó los conflictos». Para el Imeco, «muchas de las confrontaciones entre jefes policiacos civiles y jefes policiacos de origen militar, no son otra cosa que un pleito mafioso por el control del crimen».

Mendoza Ríos explica así el caso del General Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de proteger al narcotraficante Amado Carrillo:

«Las mafias criminales pueden penetrar a altísimos niveles, no sólo de partidos políticos, sino al Estado mismo, sin importar el partido que gobierne: El crimen domina y ya es imposible sacarlo».

El riesgo es que «con una nueva correlación de fuerzas políticas en el país y un reparto más plural de las posiciones de poder, los efectos pueden ser más perturbadores para las distintas mafias, sus acuerdos y su permanencia».

Juego de apariencias

A pesar de que la crisis de la inseguridad pública está en su máximo nivel, a Mendoza Ríos le extraña que el problema no esté anotado en la agenda de prioridades del Gobierno Federal.

Explica que la desatención gubernamental es clara desde el momento en que no se atiende una recomendación de la UNESCO para que se destine el 4 por ciento del Producto Interno Bruto al combate a la delincuencia. En México no se invierte ni 0.8 por ciento.

El problema no es nuevo. Desde hace 40 años, la seguridad pública es una variante electoral, dice.

«Lo que pasa es que, por conveniencia política, se combate al crimen con criminales; se habilita a los mandos policiacos que han tenido ciertos éxitos controlando al crimen, no combatiéndolo. Aquí el caso de Miyazawa y de Peredo Merlo es significativo: Como nunca las combatieron, las mafias los rebasaron».

Agrega: «Si el problema más álgido de la Ciudad de México es la inseguridad pública, ¿Qué tiene que ofrecer Cuauhtémoc Cárdenas antes de ser candidato a la Presidencia de la República? Pues buenos resultados. A esto apuestan todos los políticos: A controlar el crimen, ofrecer resultados aparentes y así poder tener, de alguna manera, cierta garantía para que sus ambiciones políticas no se vean restringidas. Esto lo hace cualquier político de cualquier partido».

Como sea, Mendoza Ríos se muestra escéptico sobre las posibilidades de combate real al crimen organizado en la capital del país, y pone como ejemplo al efímero jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, Jesús Carrola.

«El fue miembro de la DFS, llegó al Gobierno de Cárdenas a ofrecer lo de siempre: El control del criminal, bajar los índices en términos muy discutibles, pero que el político entiende como un capital que puede usufructuar en el momento de una elección».

O también el grupo de policías exmiembros de la «hermandad policiaca» que, pese tener una historia negra que se remonta a la época del General Arturo Durazo, fueron incorporados a la SSP por el secretario Rodolfo Debernardi.

El problema que tiene el gobierno capitalino, apunta, es que no existe un programa integral contra la delincuencia. Lo que hace gente como Carrola -«quien sigue operando en la PGJDF», dice- o Debernardi «es promover una serie de acciones en las que sí caen delincuentes, pero no los combaten en términos de erradicación, porque el mal está dentro de las instituciones policiacas».

Por lo pronto, el jueves 16, Cuauhtémoc Cárdenas instaló un Consejo Consultivo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que aplicará medidas emergentes de combate a la delincuencia.

En el acto, el Procurador Samuel del Villar afirmó que «la corrupción y el mal gobierno» abrieron las puertas de par en par para que la delincuencia de apoderara de las calles.

Mendoza Ríos coincide en esto: «El error es que el político le otorga al policía especializado facultades para controlar al delincuente. Como los policías conviven y conocen al criminal, le prometen al político bajar temporalmente los índices.

«Pero eso no resuelve de raíz el problema, porque las policías nacionales, estatales o municipales siguen cumpliendo la función de solapadores, y lo peor: Se convierten en promotores del crimen organizado.

«¿Por qué salió de la PGR Coello Trejo, si los niveles más altos de incautación de droga en la historia de la institución los tiene él? La respuesta es muy sencilla: Porque controlaban el narcotráfico, no lo estaban combatiendo».

En esa época, comenta, «si detenían un cargamento de cocaína, dejaban pasar diez. Y lo curioso es que esa fue la etapa donde más droga corrió en Estados Unidos, no obstante esas grandes cifras de incautación».

] ¿Así ha operado siempre el crimen organizado?

«Ahora se nota más, porque muchos ciudadanos ya no tienen una venda en los ojos: Se dan cuenta de todo lo que sucede; los medios de comunicación están más abiertos a este problema y no hay formas de ocultar nada. Pero hace 20 años, cuando no había apertura en los medios, estas cosas pasaban muy por debajo del agua.

Planes peligrosos

Cifras del Imeco reflejan que de 1994 a 1997 en el Distrito Federal los índices criminales crecieron en aproximadamente 60 por ciento. Lo dramático es que los niveles se dispararon más en cuatro años que en las seis décadas precedentes. Destacan el robo de vehículos, asalto de transportes de mercancías, asalto armado de establecimientos comerciales y el robo a casas-habitación.

En los últimos cuatro años, señalan documentos del Imeco, la descomposición del país aumentó «porque los jefes del crimen organizado decidieron escalar las acciones delictivas tras considerar una situación propicia a causa del desorden político y los vacíos de poder que caracterizaron la más reciente sucesión presidencial en México».

Aunado a esto, la protesta social por la inseguridad pública se multiplica.

De ahí que entre las tareas primordiales que se planteó Francisco Labastida Ochoa al asumir la Secretaría de Gobernación, el 3 de enero, el tema de la seguridad pública ocupara un lugar preponderante.

Entonces reconoció que las acciones gubernamentales habían sido «insuficientes», pues la criminalidad y la delincuencia habían crecido en todo el país, por lo que anunció que se actualizaría e impulsaría el Programa Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con los estados.

Los objetivos de este programa, según dijo, son: Reducir la criminalidad y la violencia; abatir la impunidad; lograr que en una proporción cada vez mayor, los delitos sean investigados, y sus responsables aprehendidos y juzgados, y prevenir la comisión de delitos.

Labastida delineó lo que será el Programa Nacional de Seguridad Pública, que se espera sea presentado esta misma semana:

] Depurar los cuerpos policiacos y mejorar las percepciones económicas y las prestaciones de seguro de vida y de vivienda.

] Capacitar y preparar a los policías preventivos y judiciales, creando escuelas e impartiendo cursos estatales y regionales.

] Diseñar estructuras organizativas más modernas y eficaces dentro de las policías, y equipar adecuadamente a los cuerpos policiacos, con uniformes, armamento y los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones.

] Instalar y operar un moderno sistema de comunicación de alta seguridad, para enlazar a todo el territorio de un Estado y a los cuerpos de seguridad que participen en ese sistema.

] Perfeccionar un sistema de registro de delitos veraz, confiable y oportuno; construir en cada Estado laboratorios de criminalística.

] Diseñar y operar un esquema de ascensos, escalafón y estructura de sueldos, y promover el reconocimiento de la sociedad civil a quienes se desempeñen con honestidad y valor en el cumplimiento de sus funciones y en la defensa de la sociedad.

] Evaluar periódicamente los cuerpos policiacos, con la aplicación de exámenes antidoping, análisis de congruencia entre ingresos y modo de vida, y con la operación del registro estatal y nacional de policías que hayan incumplido la Ley o faltado a su responsabilidad.

] Ejecutar un programa de construcción de reclusorios y de mejoría de su operación; impulsar la creación de cursos, posgrados especializados en tareas judiciales, para que tengan interés en ser jueces, secretarios y auxiliares de judicaturas.

] Instalar en cada Entidad Federativa teléfonos, buzones y ventanillas para recibir información sobre fallas de los organismos de seguridad, así como fortalecer el sistema de información de seguridad nacional.

Desde entonces, la Secretaría de Gobernación emprendió una amplia labor de cabildeo entre los gobernadores de la República, a fin de sacar el nuevo programa de seguridad con el mayor consenso posible.

La presentación del programa se ha pospuesto una y otra vez. Uno de los puntos que mayor conflicto han causado es el de la propuesta de crear una Policía Nacional. El 7 de abril, Roberto Zavala Echavarría, subsecretario de Seguridad Pública y Readaptación Social, comentó: «Estamos tratando de coordinarnos con los estados, en muchos la aprueban, pero otros tienen reticencias».

Uno de los «reticentes» es el gobernador panista de Guanajuato, Vicente Fox, quien apenas el viernes 7, tras una reunión en Gobernación, declaro:

«No vamos por ahí, seguimos trabajando en lo clásico, en lo ortodoxo, que es la Policía Municipal, las policías estatales. El objetivo es seguir fortaleciendo la procuración de justicia y el Poder Judicial, que este último tenga suficientes recursos, para cumplir su tarea a fondo, además de la rehabilitación del sistema penitenciario».

No obstante, en opinión del director del Imeco, Lucio Mendoza Ríos, el proyecto de reformas a la Constitución y la creación de la Policía Nacional «es muy peligroso».

] ¿Por qué?

«Pueden servir en algunos casos para acrecentar la arbitrariedad y la injusticia. El problema no resulta de un marco jurídico inadecuado, sino precisamente del tradicional incumplimiento de los ordenamientos vigentes. Un caso concreto es que no se aplica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente desde noviembre de 1996.

Y sobre la Policía Nacional dice:

«Será una policía más. No va a sustituir a las policías ineficientes y corruptas que se mueven en los niveles federal, estatal y municipal».

La responsabilidad de combatir al crimen organizado, dice, es de la Policía Judicial Federal, «pero no ha podido hacer nada porque el 90 por ciento de los elementos están metidos en tareas contra el narcotráfico. Como consecuencia de ello, existe un gran vacío que ha sido llenado por el crimen organizado».

Cuestiona:

«¿De qué elementos se va alimentar la Policía Nacional, si no de los que ya existen? ¿De qué niveles, si no del federal, estatal y -ojalá no- del municipal?. De acuerdo con el diagnóstico que hay sobre todas estas policías, están altamente afectadas por la corrupción, la ineficiencia, la incapacidad y la impreparación. Con todo esto, ¿Qué Policía Nacional vamos a tener?

«Imaginemos que en Morelos no se le hubiera caído la casa a Miyazawa y a su gente. ¿Acaso no hubieran sido ellos candidatos para la Policía Nacional? Es obvio que sí. Esto quiere decir que policías corruptos ligados al crimen organizado pueden ser llamados a los puestos de dirección».

Y si alguien sabe de corrupción policiaca, es ahora director del Imeco. No en balde, durante 15 años escaló puestos en la Dirección Federal de Seguridad, Corporación por donde pasaron también Florentino Ventura, los hermanos Hugo y Arturo Izquierdo Hebrard, Jesús Miyazawa, Miguel Nazar Haro, José Antonio Zorrilla y Jorge Carrillo Olea, con quien Mendoza Ríos trabajó de nuevo en el Cisen.

] ¿Qué camino le queda a la sociedad?

«Que exija la depuración permanente de sus policías, como se hizo con los elementos de la DFS. Yo fui responsable de hacer ese trabajo y de 900 elementos me quedé con 400, que fueron los que sobrevivieron cuando nació el Cisen. (

Seguridad y Justicia

La Hermandad Policiaca de regreso al poder

Cuando en junio de 1996 los militares empezaron a llegar a la Secretaría de Seguridad Pública para sustituir a los mandos con larga trayectoria en la policía preventiva, surgió una gran incertidumbre entre los integrantes de la llamada «Hermandad Policiaca», la «mafia» que había venido dominando a la corporación desde tiempos de Arturo «El Negro» Durazo, su virtual fundador.

La inquietud se incrementó con el paso del tiempo y como consecuencia de medidas de los mandos militares que afectaban las redes de corrupción y protección de la delincuencia construidas afanosamente por la Hermandad. Casi un año después del arribo de los militares, policías preventivos, instigados por los viejos jefes jubilados y marginados, protagonizaron el motín más violento en la historia de la ciudad de México desde tiempos de la Revolución.

Pero a partir del 5 de diciembre de 1997 las cosas han cambiado. Del temor a perder el poder detentado por años, los jefes de la Hermandad están de nuevo instalados en el regocijo, porque están aquí de vuelta, en pleno control.

EL ENGENDRO DEL NEGRO

Para comprender la enorme desgracia que significa para la ciudadanía el regreso de la Hermandad, es indispensable hacer algo de historia.

La Hermandad surge con Arturo Durazo, quien en la policía preventiva impuso el esquema, hasta entonces más acabado, de perversión de una corporación policiaca y control tipo mafioso de la misma. Con Durazo, el crimen organizado se institucionalizó en México por primera vez.

Si bien es cierto que la corrupción había estado presente siempre en las instituciones de seguridad pública y Durazo no inventó la protección policiaca a los delincuentes, este siniestro sujeto llevó las cosas hasta el límite. El estado mayor de la policía operó como estado mayor de una mafia.  Cada uno de los hombres fuertes de «El Negro» se encargaba de la protección de determinado giro criminal o de la extorsión en determinada área o contra tal o cual grupo de ciudadanos. Se establecieron cuotas fijas de dinero que los colaboradores debían entregar a su jefe máximo, según el esquema de la «mafia».

Cuando Durazo cayó en desgracia, la «mafia» que él formó fue capaz de sobrevivir y continuar controlando la corporación en un grado o en otro, independientemente del jefe formal que la policía preventiva tuviera. Esto marcó un hito, porque prácticamente ninguna otra «mafia» policiaca ha tenido semejante permanencia.

Lo que había venido ocurriendo (y ocurre aún) es que las «mafias» o grupos policiaco-criminales mantienen escasa influencia en la corporación donde surgieron, sus elementos se trasladan a otra institución en masa o se dispersan al grado de que el grupo puede extinguirse. La principal manifestación de la permanencia de la influencia de estas «mafias» es que son capaces de hacerse de una parcela de poder en los «santuarios de impunidad», parcela que suele coexistir con la parcela de otros cabezas de «mafias» policiacas. Así por ejemplo, en Tepito coexisten, no sin conflictos, diversas «mafias», encabezadas por aquellos que han sido jefes de la policía judicial y de la preventiva (al igual que ex jefes del Servicio Secreto, de la DIPD y más recientemente de la PJF, por la creciente penetración de los carteles en el DF). Estas «mafias» se reparten el control del contrabando, la falsificación de mercancías, el tráfico de drogas y armas y sobre todo, a las bandas que asaltan transportes de mercancías.

Cabe reiterar que la Hermandad consiguió esa participación en el control del crimen organizado dentro y fuera de los «santuarios de impunidad», pero además logró lo que las otras «mafias» no y que es permanecer en el manejo efectivo de la corporación misma. Además de Durazo, jefes de la policía preventiva pertenecientes a la Hermandad fueron Santiago Tapia y René Monterrubio. Con los jefes civiles y militares (excepción hecha de Salgado) la Hermandad fue capaz de pactar (aunque no faltaron fricciones). Es de destacar la habilidad de los jefes de la Hermandad para adaptarse, negociar y construir compromisos.

La Hermandad tampoco es en rigor una «mafia» o sociedad secreta con estructura formal y rituales iniciáticos. Se trata simplemente de un grupo de jefes policiacos unidos por complicidades criminales, que en cierta solidaridad mínima, encuentran la manera de avanzar los intereses de cada uno en lo individual.

Aun así, hay grandes disputas y traiciones entre miembros de la Hermandad. El ejemplo más claro de ello es la intriga que llevó a la caída de Santiago Tapia, urdida por René Monterrubio, quien encontró apoyo en Justo Ceja y en José Córdoba Montoya.

SEMILLERO DE CAPOS

También hay integrantes de la Hermandad que han trascendido el ámbito de la policía preventiva. Hay ejemplos exitosos de impunidad (la habilidad del gato que siempre cae parado) y ejemplos de lo contrario (de caídas catastróficas).

Un ejemplo de éxito es el Adrián Carrera. Fue de los lugartenientes importantes de Durazo, quien inicialmente le encargó extorsionar a los médicos que practicaban abortos y después le dio responsabilidades mayores, sobre todo en Tepito y la Zona Rosa. También hay versiones sobre su implicación en la masacre del Río Tula .

Tras la caída de Durazo, Carrera tardó en reponerse . En tiempos en que Alfonso Cabrera Morales era director de los reclusorios del DF (y el jefe de la policía preventiva era Javier García Paniagua), Carrera fue jefe de seguridad en las prisiones y ahí reforzó sus lazos con los capos del narcotráfico que estaban detenidos pero seguían mandando (esto según El Financiero en un  «informe especial» publicado el 20 de octubre de 1996).

Cuando García Paniagua deja la policía preventiva, Carrera a diferencia de muchos, por ejemplo de Tapia que mantuvo su alianza con «Don Javier», entendió para donde soplaban los vientos. Para impulsar su carrera trabó alianza con Justo Ceja y José Córdoba y así pudo llegar  hasta la Dirección General de la PJF, puesto en el que es el responsable inicial de la investigación de los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruíz Massieu.

El ejemplo contrario es el de Fulvio Jiménez Turegano. Este fue otro de los jefes policiacos impulsados por Durazo. Comenzó en tareas de extorsión a gran escala, ya que fue comandante de la Brigada Vial. Luego pasó a la PJF. Ahí alcanzó su máximo cargo cuando en 1993 Jorge Carpizo lo hizo su jefe especial de investigación (dado que el entonces titular de la PGR no confiaba en el director de la PJF, Rodolfo León Aragón). Fulvio fue comisionado para investigar, entre otras cosas, a los «narcoperiodistas», cosa de lo que sabía bastante, habida cuenta que Durazo engendró a los primeros narcoperiodistas.

Sin embargo, de pronto Fulvio fue encarcelado, porque su nombre y teléfonos aparecieron en la agenda de Emilio Quintero Payán, el jefe del Cartel de Guadalajara, muerto en mayo de 1993 por la policía del Estado de México en misteriosas circunstancias.

LA HERMANDAD, PRAGMATICA Y ACOMODATICIA

La permanencia de la Hermandad es en buena medida, resultado de su capacidad para adaptarse, para pactar con diferentes autoridades y fuerzas políticas. Los jefes de la policía preventiva del DF son maestros de la lisonja y el tráfico con ilusiones, engaños y autoengaños. Pero no se crea que dan meros espejitos a cambio de oro. No. Ellos han sido capaces de cumplir compromisos de mantener el funcionamiento de la policía y simular que se actúa contra la delincuencia, pues hasta hace algunos años la Hermandad había sido relativamente eficaz para administrar a la delincuencia en el Distrito Federal.

Tampoco debe creerse que las relaciones de la Hermandad con las diferentes autoridades, grupos y otras «mafias» han sido idílicas, carentes de confrontaciones. Sin embargo, la resultante de la relación ha sido, en casi todos los casos, la alianza y la colaboración, incluso con quienes al principio se presentaban altamente hostiles.

Para lidiar con esta «mafia» policiaca las autoridades políticas han recurrido a jefes militares, en activo o retirados. En realidad, a lo largo de la historia de la policía se ha recurrido constantemente a militares. Lo distintivo a partir del nombramiento del general Ramón Mota Sánchez, es justamente el tratar de someter a una «mafia» que no existía antes y que fundó un astuto y en su momento todo poderoso policía, como era Durazo y quien se había solazado con humillar a los altos mandos militares (por ejemplo al titular de la SEDENA en tiempos de López Portillo, General Félix Galván).

Mota Sánchez sabía del reto e hizo diversos intentos por desarticular a la Hermandad. Esta sufrió incluso un golpe demoledor que puso en crisis su existencia, como fue la desaparición de la DIPD, decretada por Miguel de la Madrid y la persecución contra los «Jaguares», grupo especial de la DIPD, responsable de la Masacre del Río Tula. (Quepa aquí una breve digresión: la desaparición de la DIPD fue una medida atinada pero insuficiente y al final malograda, pues los «dipos», tanto los procesados por lo del Río Tula como los demás, se dispersaron por todo el sistema policiaco del país para terminar de pudrirlo).

Pero al final de cuentas Mota Sánchez no pudo con la Hermandad, constató que era un hueso muy duro de roer y renunció a la conducción de la policía preventiva. Su lugar lo ocupó otro militar, José Domingo Ramírez Garrido Abreu. Este también trató de someter a la Hermandad y se apoyó en algunos militares que llevó como sus colaboradores. Pero el intento fracasó nuevamente y lo que es peor, este grupo de militares que teóricamente iba a reformar a la policía y que por tanto no podía llegar a conciliación alguna con la Hermandad, terminó por hacer a un lado sus últimos escrúpulos y hacer amigos entre los jefes de esta «mafia», como se ha podido confirmar ahora.

El tercer jefe de la policía preventiva en el gobierno de Miguel de la Madrid fue Enrique Jackson, a quien ni siquiera le importaba intentar una reforma de la policía y entró en franca alianza con la Hermandad, porque así suponía que se verían favorecidas sus ambiciones políticas. La alianza fue tan ignominiosa que Jackson, por ejemplo, salió en defensa de un grupo de granaderos que asaltaron las oficinas de la PGJDF para rescatar a uno de los suyos, sorprendido por policías judiciales cuando cometía un asalto. ¡Ahí estaba la Hermandad de vuelta y con más fuerza!

En efecto, hacia finales del sexenio de Miguel de la Madrid los índices criminales en el Distrito Federal crecieron aceleradamente. El famoso «año de Hidalgo» no se limitaba ya al saqueo de las arcas públicas e incluía el dejar manos libres para delinquir a las bandas protegidas.

Ante el alza delictiva, una de las promesas electorales más importantes de Carlos Salinas fue la del «combate implacable contra la delincuencia» y cumplirla fue una de las encomiendas centrales que le dio a Manuel Camacho en su calidad de regente.

Camacho recurrió a Javier García Paniagua, al cual nombró jefe de la policía preventiva y éste a su vez nombró a Miguel Nassar jefe de la recién creada «Dirección de Inteligencia», una suerte de DIPD revivida que no duró mucho tiempo ante el rechazo de la opinión pública.

Los cargos parecían de baja categoría para personajes que habían llegado a tener gran poder (García Paniagua estuvo a punto de convertirse en Presidente de la República). La presencia de estos personajes respondía más bien a una gran alianza política de políticos de la llamada ala «nacionalista» de la clase política priista, opuestos al ala «neoliberal» y que deseaban apoyar el proyecto de Camacho de ser el sucesor de Carlos Salinas (aun cuando para aquel entonces la otra carta que los «nacionalistas» apoyaban, incluso con mayor simpatía, era la del Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios).

García Paniagua tenía bien claras las causas del auge delictivo y sabía que la solución pasaba por actuar contra las «mafias» policiacas. Este personaje fue capaz de bajar en forma considerable los índices delictivos, sobre todo de delitos como el asalto a bancos, que tiene un efecto político, sicológico y simbólico tan importante.

García Paniagua fue capaz de aterrorizar a los capos policiacos, pues sabía como. Sin embargo, no dio los pasos necesarios para una reforma radical de la policía. La protección a los delincuentes no desapareció, solo fue moderada para lograr «resultados» que apuntalaran el proyecto político de Camacho y sus aliados. La corrupción institucionalizada tampoco fue abolida y la Hermandad se mantuvo íntegra, pues se pactó con ella. Ejemplos de este entendimiento son el que Santiago Tapia, en su calidad de número dos de la policía (Director Operativo) siguió con el tráfico de cargos y que, una vez que García Paniagua se fue (1992), quedó como su heredero, bien apalabrado con el propio Camacho.

TAN HERMANOS COMO CAIN Y ABEL

Pero para entonces la sucesión presidencial entraba en una etapa de máxima tensión y golpes bajos, mientras el conflicto en el gabinete crecía entre José Córdoba Montoya y Manuel Camacho. Esta disputa que no era cualquier cosa, pues tenía decisivas implicaciones para el resto del siglo, llegó al seno de la Hermandad misma.

Mientras que Tapia le apostaba a Camacho, René Monterrubio (que aspiraba dirigir la policía) se la jugaría con cualquiera de los aspirantes con los que simpatizaran sus nuevos aliados José Córdoba y Justo Ceja. La policía y la Hermandad misma estaban siendo parte de la disputa por la Presidencia de la República. A Córdoba y a Ceja les interesaba que al frente estuviera un incondicional suyo, no de su enemigo Camacho.

La oportunidad para cambiar las cosas se dio en 1993 cuando fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se desató la cacería contra los hermanos Arellano Félix por un lado y contra Héctor Palma y Joaquín Guzmán por otro lado, y la PGR estableció un programa de denuncias anónimas y recompensas para capturar a los narcotraficantes. Entonces Monterrubio recordó un chisme que le habían contado y que le fue a platicar a Ceja: en una ocasión Santiago Tapia tuvo en sus manos a «El Chapo» Guzmán y por dejarlo libre recibió un soborno por 100 mil dólares. Ceja lo consultó con José Córdoba. Los dos estvieron de acuerdo en lo que Ceja le encargó a Monterrubio: hacer llegar esta información al sistema de denuncias, para poder quitar a Santiago Tapia de la dirección de la policía.

Eso fue exactamente lo que hizo Monterrubio, a través de un incondicional suyo, testigo presencial de los hechos y que no se hubiera atrevido a acusar al jefe de la policía de no haber contado con un gran respaldo.

La salida de Santiago Tapia y después su encarcelamiento tuvo un fuerte impacto en la policía y en la Hermandad. Monterrubio no tenía el mismo poder de cohesión que su antecesor y muchos jefes policiacos no lo tomaban en serio. Por ejemplo, un miembro de la Hermandad relata que tras de nombrado, Monterrubio anduvo cargando durante toda una semana una maleta con el dinero producto de las «cuotas» que entregaban jefes de sector y subsector de una región del DF. Relata esta persona: «era un desmadre, no había a quien entregarle la maleta, cuando que eso nunca había pasado antes».

UN AÑO DE HIDALGO DE CUATRO AÑOS

Como consecuencia de la salida de Tapia, la llegada de Monterrubio, la salida de Camacho, la llegada de Manuel Aguilera y la intensificación de las pugnas en el gobierno con motivo de la sucesión, los controles sobre la Hermandad y la policía y de estas sobre la delincuencia se relajaron. Esto coincidió en 1994 con el «año de Hidalgo». La consecuencia fue un incremento sin precedentes en los índices criminales. En efecto no es en 1995 y como consecuencia de la crisis económica que estalló la crisis de seguridad pública, como muchos pretenden hacernos creer, sino precisamente en 1994, año de crisis política y desestabilización.

Además ya no solo era una Hermandad de unidad afectada la única que intervenía en la administración del crimen en el DF. Había otras «mafias», grupos e individuos de otras corporaciones policiacas, ex jefes policiacos y delincuentes sin  placa policial que ante el desorden y la impunidad simplemente actuaban por su cuenta, sin rendir cuentas a nadie.

Cuando inicia este sexenio, en los ámbitos policiacos y criminales surge incertidumbre respecto a qué pactos de control y administración del crimen se darían. Precisamente es de lo que habló Oscar Espinosa Villareal cuando declaró que cuando recién había tomado el cargo se le acercaron los jefes del crimen organizado en el DF, para tratar de pactar la administración de la delincuencia en la capital del país. En efecto miembros de la hermandad y de otras «mafias», destacadamente de aquellos que han sido ex jefes de corporaciones policiacas del DF, fueron quienes se aproximaron, pero no lograron el acuerdo. Esto no les preocupó pues lo tomaron como un signo de debilidad del gobierno y la consecuencia fue un incremento todavía mayor de los índices criminales.

La relación de Oscar Espinosa y el jefe de la policía preventiva David Garay con la Hermandad, fue contradictoria. Por un lado adoptaron acciones en su contra y por otro permitieron que se mantuviera bajo el control de la policía. Al tiempo que se envió a muchos viejos policías al retiro, se mantuvo en los puestos clave a miembros de la Hermandad, para empezar la Dirección Operativa.

LA CONFRONTACION CON LOS MILITARES

La Hermandad no se contentaba con esta relación y trataba de volver a tener a uno de los suyos al frente. Una de las versiones que explican la represión de los granaderos en contra de los maestros, ocurrida el 23 de mayo de 1996, que le valió el cargo a Garay, es que fue obra de la Hermandad, para hacer que Rafael Avilés Avilés se convirtiera en Secretario de Seguridad Pública del DF y desde esa posición actuara en favor de recuperar el poder que la Hermandad estaba perdiendo frente a otras «mafias» policiacas y grupos de delincuentes comunes.

Pero en lugar de ello el Presidente de la República, decidió, como había ocurrido en otras ocasiones, recurrir a un militar. La diferencia es que no se trataba de que simplemente llegara un general y algunos otros militares, lo que se buscaba era sustituir todos los mandos policiacos con mandos castrenses, para de esa manera neutralizar el poder de la Hermandad.

La intención no era mala, pero la orientación seguida por Salgado tenía gravísimos defectos: se basaba en la militarización (como si el solo arribo de militares hiciera el cambio); no se proponía investigar y ejercer acción penal contra los miembros de las «mafias» policiacas; al igual de lo que sostenían Espinosa, David Garay y la misma Hermandad, se pretendía combatir a la delincuencia mediante acciones masivas indiscriminadas contra la población. Además, como quedaría demostrado al final de la gestión de Enrique Salgado, habría una gran inconsecuencia frente a la Hermandad, pues los militares terminaron por llegar a  entendimientos con  miembros de esa mafia que ocupaban rangos inferiores en la policía.

Con la llegada de los militares, la inquietud de la Hermandad fue creciendo, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, como se habían podido llegar con todos los jefes precedentes (por cierto, Salgado ya había estado en la policía preventiva, pero en una época anterior a la de Durazo). Pero la tensión hizo crisis en mayo de 1997, cuando los mandos de la SSP decidieron que los policías de Iztapalapa y de Gustavo A. Madero, que estaban siendo capacitados en el campo Militar No. 1  ya no regresarían a sus tradicionales zonas de adscripción.

Para el policía raso esto significaba la pérdida de sus redes de extorsión y protección de criminales, pues aunque estas redes pudieran reconstituirse en sus nuevas adscripciones, traería muchas dificultades y el riesgo de denuncias en su contra e investigaciones. Los jefes de la Hermandad comprendieron que era el momento para enfrentar a los militares, para echar abajo una política que amenazaba su existencia. Entonces, por instigación de la Hermandad, estallaron los violentos motines en las calles de la ciudad de México, con el  ridículo argumento de que ahora los pobres policías debían gastar más en camiones para transportarse a sus nuevas adscripciones.

Aunque gravemente preocupados, los jefes de la Hermandad no actuaban sin cálculo y astucia. Ya antes de los motines sabían que no habría una reacción adversa de la sociedad y tras los motines confirmaron que existía un gran potencial político para su causa de sobrevivencia, si se enarbolaba la bandera del rechazo a la militarización. En ese momento para la Hermandad era de crucial importancia saber que haría cada uno de los candidatos al gobierno del DF en caso de resultar electo. De entrada, los que insistieran en la militarización debían ser considerados como enemigos y los contrarios a la militarización como potenciales aliados.

No deja de ser sorprendente que ante los motines de la mafia policiaca en lugar de haber habido una condena de la sociedad, haya habido indiferencia por un lado y hasta simpatía. También es de llamar la atención el gran oportunismo de diferentes personajes, quienes tampoco condenaron al desafío del crimen organizado. Ahí se empezaron a tejer alianzas y compromisos que hoy empiezan a tomar forma y que los ciudadanos empezamos a padecer.

Los motines tuvieron también su efecto en los militares y las autoridades civiles que los apoyaban. En lugar de mantener una orientación que perjudicaba a la Hermandad se siguió el fácil camino de agredir a las víctimas de la delincuencia, al conjunto de la población, a través de los operativos masivos indiscriminados, inspirados en la política de «cero tolerancia», que se trasplantó de Nueva York, pero de manera deformada (para colmo).

Ante los magros resultados contra la delincuencia, los militares recurrieron a medidas más extremas, propias de la «guerra sucia», como las ejecuciones de la colonia Buenos Aires. Es significativo que esas acciones no fueran obra únicamente de militares, sino que en las mismas hubieran participado policías integrantes de la Hermandad, pues era obvio que para entonces ya había una tregua.

AQUÍ ESTÁN DE NUEVO

Al finalizar la gestión de Salgado la derrotada no era la Hermandad, sino los militares. Pero no solo la Hermandad no fue derrotada, sino, como puede verse ahora, ha salido victoriosa y está de nuevo en control de la policía preventiva.

Es tal la arrogancia de la Hermandad que ante los pedidos de los diputados de la Asamblea Legislativa de datos sobre la trayectoria de los nuevos mandos de la SSP, la respuesta fue negar toda información porque eso era «confidencial». Como esta negativa y el regreso de la Hermandad fue denunciado por el diputado Víctor Soto, este recibió de inmediato amenazas de muerte de la «mafia» policiaca.

Respecto a esto, llama la atención que mientras que la PGJDF anunció que brindaría protección a la juez Claudia Campuzano (la que liberó a «El Chucky») dizque porque había sido amenazada, la misma procuraduría, la SSP o Cuauhtémoc Cárdenas no han condenado las amenazas contra este diputado, quien además es miembro del  partido al que están afiliados el jefe de gobierno y también Samuel del Villar. Bueno, la Hermandad está de vuelta.

EL PACTO CON EL DIABLO

Quienes ahora creen que con su alianza con la Hermandad están haciendo el gran negocio político de su vida, deberían considerar también que en realidad podrían estar siendo víctimas del timo del borrego, sobre todo si consideran los siguientes hechos:

ü      La Hermandad no es que «todos los policías somos como hermanos», sino un grupo criminal en el seno mismo de la policía.

ü      Tampoco se trata de que en la policía preventiva los «malos» hayan sido únicamente los jefes que la han conducido, mientras los agentes que han permanecido durante años en la corporación son estoicos y honestos servidores públicos, como los gacetilleros de la Hermandad tratan de hacer creer.

ü      La Hermandad y otras «mafias» policiacas son las responsables históricas de este desastre que eufemísticamente se designa como la mayor crisis de seguridad pública de la historia. Fueron ellas las que organizaron a un crimen que era débil y desorganizado y fueron ellas las que han administrado y hecho crecer a la delincuencia.

ü      La Hermandad ha demostrado que puede bajar los índices delictivos, pero sin afectar en lo esencial la estructura del crimen organizado. Cuando las «mafias» policiacas así lo deciden, se levantan las «vedas» y los índices criminales crecen y llegan a niveles más altos que nunca.

ü      Los miembros de la Hermandad, como los de cualquier grupo criminal, carecen de honor y escrúpulos y por tanto, a la mera hora pueden incumplir sus compromisos. El incumplimiento puede responder a dos cosas: ejercer chantaje para elevar el precio por los «servicios»; simple traición a los «contratantes originales» si sus adversarios les pagan mejor. Esto, por cierto, puede resultar políticamente catastrófico en una coyuntura delicada, digamos por ejemplo, la selección de un candidato o la campaña electoral para la presidencia de la República.

ü      La Hermandad tampoco es monolítica, de modo que entenderse con algunos capos no significa que de veras se logre el control de todos.

ü      La Hermandad ya no controla las cosas como antes. Gran parte del crimen en el DF se desarrolla fuera de su control.

ü      Nadie puede hacerse el tonto: no se pacta con grupos criminales sin pagar el precio, sin que estos se vean beneficiados y muchos inocentes perjudicados. Y ¿quién puede  arrogarse el derecho de decidir quién debe ser asalto y quién no? ¿ a quién secuestrar y a quién no? ¿cuántos robos a bancos son muchos o cuántos son pocos? ¿qué «cuota» entregada por los subordinados a los jefes policiacos es «excesiva»  y cuál es «justa»? .

ü      Tarde o temprano estos hampones harán una de las suyas: otro caso como el de la colonia Buenos Aires o el asesinato de algún periodista o algún….diputado.

ü      No cualquier política que no sea la militarización de la policía es buena. Puede haber políticas tan nocivas como la militarización o peores, como la alianza con la vieja «mafia» policiaca.

ü      Suponer que no queda otra opción que pactar con criminales, pues ellos tienen la información y los controles, es admitir que el crimen organizado es invencible y eso los primeros que no lo creen (pero les gusta hacerlo creer a los políticos) son los mismos capos, con o sin placa policial.

Todavía es posible dar marcha atrás en los «pactos con el diablo» y tomar el curso de una impostergable revolución moralizadora de la policía, es decir, que en lugar de negociar con las «mafias» se les combata con toda la fuerza del Estado y la movilización de la sociedad.