Artículo publicado en la revista digital Noticia Agencia 3
Fecha: 12 de octubre 2015
Héctor Manuel Casique Fernández, fue detenido y privado de su libertad en forma injusta y arbitraria con su compañero Maximiliano Ezequiel Millán González, el sábado 16 de marzo como a las tres de la madrugada acusados de ultraje a la autoridad y de ser los responsables del asesinato de seis personas en el Bar La Sirenita en Cancún, hechos de los cuales desde el primer momento se declararon ajenos e inocentes.
Héctor y su compañero Maximiliano, fueron trasladados sin orden de aprehensión a los separos de la Policía Judicial de la zona hotelera de Cancún, donde fueron torturados y golpeados en forma salvaje, lugar en el que uno de los agentes al mando del Capitán Arturo Olivares, quien es el jefe de todos los judiciales adscritos a la Subprocuraduría General de Justicia de ese lugar, violó en forma cobarde a Hector.7
Ahí los cobardes agentes también le taparon la cara a Héctor con un trapo al cual mojaron con chile habanero, lo que le generó graves problemas en el ojo izquierdo por varios días, además que lo golpearon en forma salvaje hasta hacerlo perder el conocimiento.
Casi a las ocho de la noche de ese mismo sábado Héctor, se encontraba desnudo y tirado en el piso por la golpiza llevada, cuando llegó hasta él un agente de nombre Constantino Solana Wady Alfredo, quien le dijo “señor profesor”, para luego comenzar a meterle los dedos y un aparato en el recto, mientras le apuntaba con una pistola en la cabeza y le gritaba que se declarara culpable del multi homicidio, porque si no lo hacia lo mataría, no solo a él sino a toda su familia.
El cobarde agente judicial le aseguró en ese momento de dolor y humillación que eso era lo que le pasaba a los putos que no querían hablar y confesar por la buena, pero que de todos modos saldría culpable de todo lo que le imputaban.
Cabe hacer mención que Héctor, con amplios conocimientos en Karate, era instructor en defensa personal de la policía judicial del estado en Cancún, por eso conoció perfectamente a todos los que desde el pasado 16 de Marzo, comenzaron a torturarlo y a violar sus derechos humanos en forma flagrante, incluido el agente Constantino Solana Wady Alfredo, así como el jefe de todos ellos Arturo Olivares Mendiola. Quien le partió la cabeza con la cacha de su pistola y que además le saltó en el estómago en varias ocasiones, al grado de que al día de hoy no le funcionan ni los intestinos ni los riñones, entre otros males.
Las lesiones y demás actos de tortura en contra de Héctor, le generaron graves secuelas con pérdida del estado de conciencia, las que pusieron en peligro su vida y causaron lesiones en el tejido nervioso provocado por las fasciculaciones musculares, pérdida del equilibrio y arritmias que hasta el momento no han sanado, cicatrices permanentes y no visibles con incapacidad para los movimientos propios de las partes afectadas hasta la sanación de las mismas, lo cual fue constatado y sostenido por el Perito Médico Legista de la PGJE de Quintana Roo, David Anguiano Camarillo.
El caso fue denunciado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de ese entidad, pero el presidente Harley Sosa Guillén, cometió negligencia y omisión, recomendando “sanción administrativa” en lugar de acción penal, ya que conforme a los derechos humanos consagrados en el artículo octavo constitucional, se negó a tomar en cuenta el certificado médico donde se presentaban las huellas de tortura en contra de Héctor.
Fue hasta el seis de Mayo de ese mismo año, cuando el abogado de Héctor Jorge René Flores García, interpuso la denuncia por tortura y violación por parte de los agentes de esa dependencia de justicia en Chetumal, la cual el mismo procurador remitió a la dirección de Asuntos Jurídicos de la zona norte, por lo que se abrió la averiguación previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/042/2013, el 18 de ese mismo mes.
La declaración de Héctor fue tomada hasta el 25 de Julio de 2013, donde con todo el valor civil denunció los abusos que sufrió por parte de un grupo de torturadores de la policía judicial de ese lugar y fue hasta el siguiente día que se le practicó el dictamen proctológico y de lesiones por parte del médico legista David Anguiano Camarillo.
El 4 y 5 de Noviembre de ese mismo año se le practicó otro examen a Héctor, por parte de los especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde por primera ocasión se implementó el “Protocolo de Estambul”, bajo el número CNDH/2/2013/290/QR, emitido por la segunda Visitaduría General de ese organismo, el cual fue enviado al estado de Quintana Roo, el 12 de Julio para la acreditación de la tortura que sufrió.
En el amparo radicado en el Juzgado Segundo de Distrito bajo el número 591/2013, se da a conocer los abusos y actos de tortura que sufrió Héctor, por lo que lo ampara y protege, ya que el supuesto auto incriminación fue que lo obligaron a base del uso de la fuerza a poner sus huellas y a base de una cobarde e indiscriminada tortura, por lo que se pidió que los judiciales que lo torturaron sean plenamente investigados y sancionados lo que hasta la fecha no ha sido así, porque Héctor está siendo utilizado como chivo expiatorio de un múltiple asesinato que nunca cometió y que el gobierno de Quintana Roo, no ha logrado esclarecer o no ha querido hacerlo por los fuertes intereses que hay de por medio.
Es más, hay tantos intereses ocultos en ese caso que a los abogados de Héctor, en un principio no se les permitía el acceso a la averiguación previa y mucho menos tomaron en cuenta lo gravemente lastimado que lo dejaron y aun así torturado y lastimado fue como lo presentaron, por lo que la juez Silvia verónica Solís Lizama, le dictó auto de formal prisión, sin tomar en cuenta que la tortura es un delito grave, lo que está acreditado por dictámenes médicos.
Aun cuando la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, cuyos artículos son 6,7 y 8, dicen que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las respectivas autoridades investiguen y sancionen en forma pronta y expedita, sin embargo, el caso Héctor llegó a la Sala Constitucional, donde el magistrado Dr. José Manuel Ávila Fernández, ordenó en forma eficiente y apegado a derecho sancionar penalmente a todos los involucrados por tortura y abuso de autoridad, los cuales siguen libres, impunes y gozando de la amplia protección gubernamental de esa entidad.
Y como prueba de ello es que las autoridades encargadas del caso resolvieron en forma aberrante, cínica y descarada no ejercer acción penal en contra de los agresores de Héctor, acción que con fundamento en el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, fue impugnada en tiempo y forma por los abogados de Héctor, demostrándose de esa manera que hay intereses ocultos en ese caso.
La madre de Héctor, Yáskade Fernández, ha venido exigiendo de manera valiente a través de diversos medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, la inmediata libertad de su hijo, ya que se ha demostrado su inocencia con dos amparos ganados y una revisión ante tribunales, por lo que salió libre por esa averiguación previa, la cual por segunda vez y de forma arbitraría y sin orden de aprehensión, lo volvieron a detener el mismo día que obtuvo su libertad y volvieron a juzgar por ese mismo delito y por la misma averiguación previa de la que ya quedó libre, con lo que queda evidente la fabricación de culpable que hicieron con Héctor y donde queda al descubierto una vez más todas las triquiñuelas que hace la procuraduría del Estado de Quintana Roo con ese caso.
El 27 de agosto del año en curso fue cuando la Sala constitucional ordenó al procurador del estado cambiar su resolución y apegarse a la del magistrado y remitirlo al agente investigador para que dicte el ejercicio de acción penal contra los torturadores, así como un castigo ejemplar para todos los responsables.
Ante el giro que sufrió ese caso Gaspar Armando García Torres, renunció de manera inmediata el día que se vencía el termino para ejercer acción penal en contra de los 36 agentes que participaron en la tortura de Héctor, en tanto que el actual administrador de la justicia en ese estado prefirió violar la ley y pasarse por el arco del triunfo la sentencia dictada por el Magistrado.
El desacato en que incurrió el actual procurador de justicia para seguir protegiendo a los judiciales torturadores y al ministerio público involucrado en ese caso, quedó evidenciado una vez más, ya que él siempre supo que hubo violaciones a los derechos humanos de Héctor, pero prefirió velar por los derechos de los criminales, lo que demuestra una palpable complicidad.
El bello y hermoso estado de Quintana Roo, considerado por propios y extraños como un paraíso terrenal, puede ser al mismo tiempo un verdadero infierno para cualquier persona que llegue a caer en manos de los que procuran, imparten y administran la justicia bajo una galopante y descarada corrupción que los hace torcer las leyes a su antojo y pasarse por el arco del triunfo a las instancias superiores.
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