Somos un colectivo de activistas mexicanos que se ha dedicado desde el año 2009 en la investigación sobre casos de culpables fabricados, el primero de los cuales fue el caso de la Sra. Florence Cassez. Contra el linchamiento perpetrado por los medios de desinformación, y las mentiras repetidas de las autoridades y de sus voceros quienes se autoproclamaron representantes de la sociedad civil, los Sres. Alejandro Martí, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres (el segundo siendo su verdadero apellido), hemos defendido la inocencia y la honrad de víctimas como Florence Cassez, causa a la que Usted como padre de víctima se ha juntado en los últimos años del calvario que Florence ha sufrido durante 8 años.
Una vez obtenida la libertad de Florence Cassez, nuestro colectivo se ha comprometido a seguir luchando por los derechos y la libertad de otros culpables fabricados en México. Siempre lo hemos dicho: no hemos defendido a Florence Cassez porque se trataba de una extranjera, sino porque su caso resultaba y sigue resultando emblemático de la fabricación de culpables en nuestro país. Su libertad fue el primer paso significativo en nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad, las cuales se manifiestan diario en las fallas del sistema de impartición de justicia en México, el uso generalizado de la tortura por parte de las fuerzas de “seguridad”, y la invención cotidiana de culpables fabricados, quienes no tienen los recursos para comprobar su inocencia. Nosotros luchamos para que los culpables fabricados salgan de las cárceles, y que los responsables de la fabricación de culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Entre los inocentes que nuestro colectivo defiende, están los inculpados en el muy conocido caso Wallace. Si Usted todavía no está enterado de los elementos que nosotros contribuimos a revelar a la opinión publica, elementos que comprueban que el caso del presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda o Hugo Alberto Miranda Torres (su verdadero apellido), le invitamos a que visiten el sitio www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com o la página derivada de la primera: www.elcasowallace.wordpress.com.
Fue, Sr. Sicilia, con asombro y decepción, que leímos lo siguiente en el artículo titulado « Rogelio Ortega sabe que Nestora es Inocente, confiamos en que ayude a liberarla: Sicilia », publicado el 27 de agosto del 2015 en el sitio www.sdpnoticias.com.
«Su proceso está lleno de aberraciones desde el principio, entonces hay una venganza de orden político criminal que está de origen en el presidente municipal que ahora es diputado por el PRI, Javier Hernández Rodríguez. (..) En declaraciones realizadas desde el pasado 9 de agosto al diario «La Jornada» , Nestora reconoció que permanecía en prisión por la influencia de la presidenta de la asociación civil «Alto al Secuestro Isabel Miranda de Wallace pues ella respalda a uno de sus principales acusadores, Eugenio Sánchez, quien acusa a Salgado García de plagio. Ante ello Sicilia pidió a Miranda de Wallace acudir a Olinala para conocer el funcionamiento de las Policías comunitarias y formar un criterio amplio sobre la realidad de Nestora.
«Yo le pediría a la Señora Wallace a la que estimo profundamente que tiene un gran trabajo en defensa de las víctimas, que en este caso como en otros vaya al origen del problema, que no nomás construya a partir de los dimes y diretes y de las colusiones que hay también entre los testigos que valla a Olinala, y que vaya a visitar las casas de justicia, que realmente sabe que realmente están allá.» concluyó.”
Sr. Sicilia, ¿Cómo Usted puede ignorar que el caso de secuestro de Hugo Alberto Wallace fue fabricado por la madre del desaparecido? ¿Que se encontraron pruebas fehacientes según las cuales el denominado Hugo Alberto estaba vivo por lo menos 5 años después de su supuesto descuartizamiento? ¿Cómo explica usted que Hugo Alberto Wallace tramitó una CURP en el 2010, si se supone que murió en el 2005? Nosotros llevamos 7 años estudiando, analizando meticulosamente el caso Wallace. Le aseguramos que la Sra. Wallace o Miranda Torres no ha hecho absolutamente nada para la defensa de las víctimas, sino que ha instrumentalizado y se ha apoderado del título de “victima” para conseguir poder económico y político. Su hijo estando vivo, la Sra. Wallace, quién ha presenciado sesiones de tortura física y ha lidiado interrogatorios ilegales, solamente actuó para cumplir con sus propios intereses..
Sabemos también, y seguramente Usted también lo sabe, que la actuación de la señora Wallace en el caso Nestora Salgado, deriva de su deseo (o de su obligación a cambio de servicios) de proteger a por los menos dos cómplices suyos involucrados en una red de prostitución y de pornografía infantil: el ex-abogado de la señora Wallace, el “Lic.” Ricardo Martínez Chavez, asi como el ex-subprocurador de Atención a Víctimas del estado de Guerrero Iñaki Blanco. Precisamente esa red que había desmantelada Nestora y su policía comunitaria.
Siendo sincera su “estima” hacia Isabel Wallace, lo cual sería preocupante procedente de Usted, permita que le recordemos que la señora Wallace fue indiciada en el 1998 por los delitos de resistencia a particulares y homicidio en grado de tentativa (documentado por la revista Proceso en el 2012). Eso no impidió que ella fuera nombrada en el 2010 Premio Nacional de Derechos Humanos, gracias a su compadre Raúl Plascencia, presidente de la CNDH. La señora tiene varias denuncias en su contra, denuncias que jamás se han investigado ya que es protegida por la PGR y ciertos magistrados.
Siendo fingida su estima hacia Isabel, en este caso le invitamos a enfrentar el miedo que posiblemente Usted, como decenas o cientos de activistas, jueces y políticos, le tienen a esta Sra. Wallace y a juntarse a colectivos y organizaciones que realmente actúan, a pesar de las amenazas y del riesgo, a favor de las víctimas. El papel de Isabel Wallace consiste en cubrir las fabricación de culpables perpetradas por las autoridades estatales y federales, trabajo sucio a cambio del cual el gobierno federal y del Distrito Federal la apoya en su propio caso también fabricado.
Sr. Javier Sicilia, Usted tiene que tomar una decisión al respecto y escoger su trinchera. Uno no puede pretender luchar por la justicia en México y seguir haciéndole zalamerías a esta corrupta y criminal de Isabel Miranda de Wallace.
Los de MXporFC tenemos conocimiento de los elementos del expediente de Lorena González Hernández que su abogado presentó para conseguir la liberación de su cliente y comprobar su presunta inocencia. A pesar de que los ilustres defensores de Lorena son en su gran mayoría personas que nosotros acusamos de participar en la fabricación de culpables en otros casos (Isabel Wallace, Alejandro Martí, María Elena Morera, Martin Moreno, …) y de los que sabemos fueron muy cercanos al equipo de Genaro García Luna, personas que también en su tiempo se convierten en los peores acusadores públicos que nos dio conocer en ese pais, por lo tanto nos pronunciamos a favor de la liberación de Lorena González, liberación justificada por la falta de pruebas contundentes en su contra.
Las dependencias anteriormente encabezadas por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino no han sido las únicas que se han dedicado a la fabricación de culpables, mediante el uso de declaraciones falsas, amenazas, y tortura. Desgraciadamente.
Sin embargo, nuestro posicionamiento a favor de la libertad ya otorgada de Lorena González no equivale a un apoyo a la “investigación” que hizo la Policía Federal para tratar de cubrir las detenciones – entre las cuales la detención de Lorena – que se llevaron a cabo por parte de la PGJDF de Mancera en ese tiempo. Mantenemos nuestra postura, a saber que por lo menos Noé Robles Hernández, María Elena Ontiveros y Pablo Solórzano Castro fueron levantados, detenidos, torturados, obligados a declarar en su contra y a reconocer como cómplices a personas que desconocían por completo. Aunque éstos últimos seguramente no beneficiaran del apoyo de los corruptos anteriormente mencionados, ya que estos detenidos nunca formaron parte del equipo de García Luna.
Lorena González Hernández, exagente de la SSPDF. Foto: Especial
El pasado sábado 18 Lorena González Hernández fue liberada luego de permanecer en prisión, acusada de participar en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, en junio de 2008.
La exagente de la Policía Federal emprenderá ahora una batalla legal contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que le reparen el daño causado y le ofrezcan una disculpa, como establece la ley.
Rodrigo Higuera, abogado de Lorena, declaró a Radio Fórmula que buscarán una cita con el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos, para iniciar el proceso de reparación del daño.
“Nuestro primer paso a seguir, es buscar tener una cita con el procurador Rodolfo Ríos a la brevedad posible, si no fuera el caso actuaríamos por la vía legal, nosotros creemos que es mucho más fácil porque ya hicieron lo más difícil que es reconocer que se equivocaron y por lo tanto procede un derecho legal, no es un favor que le van a hacer, ella tiene derecho a que le digan que fue un error”, dijo.
Además, puntualizó que su clienta pedirá tener una compensación económica por las complicaciones que enfrentará para encontrar trabajo, debido a lo mediático de su caso, y a que su encierro generó la pérdida de su vivienda y sus ahorros los invirtió para mantenerse en la cárcel.
La detención de La Lore ocurrió cuando Miguel Ángel Mancera estaba a cargo de la PGJDF. En aquel entonces, el hoy jefe de Gobierno se basó en la declaración del principal testigo del caso: Christian Salmones, escolta del joven Martí. En su declaración ministerial, Salmones reconoció a La Lore como la persona que ayudó a los supuestos agentes federales a secuestrar al hijo del empresario Alejandro Martí.
Fue lo único.
Con el paso del tiempo, Salmones cayó en contradicciones y finalmente se desistió de ratificar la acusación, lo que permitió la liberación de la expolicía federal y de paso dejó otra vez en entredicho la investigación que estuvo a cargo de Mancera.
La historia
Fernando Martí Haik fue secuestrado el 4 de junio de 2008, junto con su chofer y su escolta Christian Salmones, quien fue el único que sobrevivió al falso retén policiaco que encontraron cuando se dirigían a su escuela, el colegio American British School.
El 1 de agosto siguiente, el cuerpo del menor fue localizado en el interior de un auto Corsa abandonado en la colonia Villa Panamericana, en la delegación Coyoacán.
Para entonces, Mancera Espinosa tenía menos de un mes al frente de la PGJDF, donde sustituyó de Rodolfo Félix, quien debió renunciar luego del operativo fallido en la discoteca News Divine.
Según el libro “Mancera. Rumbo extraviado”, del periodista del semanario Proceso, Raúl Monge, días después del hallazgo del cadáver, la PGJDF detuvo a José Luis Romero Ángel, comandante de un grupo especial en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Marco Antonio Moreno Jiménez y al policía judicial Fernando Hernández Santoyo.
Los tres fueron señalados por la PGJDF como integrantes de la banda delincuencial “La Flor” y responsables del secuestro y muerte del hijo del dueño de las tiendas de artículos deportivos Martí.
Más tarde, cuenta Monge, en una carta dirigida al entonces presidente Felipe Calderón, Romero Ángel denunció que su detención fue ilegal. También acusó al entonces jefe de la Fiscalía Antisecuestros, Rafael Tuxpan, de amenazarlo y torturarlo y hasta pidió que la investigación fuera atraída por la Procuraduría General de la República (PGR). Al poco tiempo, sus abogados renunciaron a su defensa tras recibir amenazas.
Ante la creciente indignación ciudadana –ya estaba en formación el movimiento Alto al Secuestro, encabezado por el mismo Alejandro Martí–, el procurador Mancera responsabilizó a Sergio Humberto Ortiz Juárez El Apá, un policía retirado, y a Lorena González Hernández La Lore –cercana a Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino, dos de los principales colaboradores de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal–, de participar en el supuesto retén policiaco en el que fue secuestrado Fernando Martí.
Según la investigación de Raúl Monge, cuando La Lore fue puesta a disposición del Ministerio Público, negó haber participado en el crimen y tener relación con El Apá y los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle, acusados por la PGJDF de cuidar a Fernando en su cautiverio.
Después de dar sus datos generales –casada, empleada en la SSP federal, católica y pasante de la carrera Negocios Internacionales– La Lore fue llevada a la cámara de Gessel, donde fue identificada por Christian Salmones, el escolta del menor, como la mujer que participó en el retén.
El vuelco
En enero de 2013, cuando llevaba cuatro años de estar en prisión, en entrevista con el diario 24 Horas, La Lore acusó a Miguel Ángel Mancera –para entonces ya jefe de Gobierno del DF–, de fabricar su caso.
“Sí, cuatro años y cada vez es más difícil. Veo cómo se abre una puerta y luego se cierra, siempre esperando una esperanza que aún no llega. Pese a todo, sé que llegará el momento en que recobraré mi libertad, pero no sé cuándo”, dijo.
En esa entrevista, citada por el periodista de Proceso, La Lore aseguró que el día del secuestro de Martí ella estaba en Acapulco de vacaciones con su esposo y que estaban hospedados en el hotel Lisette, en Costa Azul. Agregó que en el juicio pidió a las autoridades que se hiciera la diligencia en dicho hotel para comprobar su estancia, pero ésta nunca se hizo. Incluso, dijo que el 3 de junio –un día antes del secuestro– acudió a una sucursal del banco HSBC del puerto.
Lorena González aseguró que en su expediente “hay declaraciones de dos personas de Tepito que me relacionan con la banda de secuestradores, pero resulta que las credenciales del IFE de esos testigos eran falsas, entonces, yo creo que nunca existieron, y creo que todo fue una ruin fabricación de pruebas en mi contra”.
Agregó que ignoraba por qué Salmones la señaló como responsable. “No sé de dónde venga todo esto, el hecho es que no tienen pruebas suficientes en mi contra, sólo declaraciones y fabricaciones que ha hecho la PGJDF, pese a que en el fuero federal hay pruebas sólidas de que señalan lo contrario”, agregó.
Al contar sobre su detención, González Hernández dijo que agentes judiciales fueron a sus oficinas de la Policía Federal con una orden de aprehensión y luego la arraigaron. Sin embargo, sólo hasta un mes después se enteró de qué estaba acusada.
La mañana del 17 de junio de 2009, el entonces coordinador de Inteligencia de la SSP federal, Luis Cárdenas Palomino, anunció la captura de integrantes de la banda “Los Petriciolet” y presentó a Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García como autor confeso del secuestro y muerte de Fernando Martí.
Aquel anuncio echó por la borda la investigación de la PGJDF a cargo de Mancera.
Sin embargo, el proceso contra Lorena González Hernández continuó con ella tras las rejas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.
Hasta que el que pasado sábado 18 de julio, el juez 32 Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur determinó dejarla en libertad por insuficiencia probatoria, pues los datos recabados no fueron sólidos para concretar una sentencia condenatoria.
Además, Christian Salmones, exescolta del hijo del empresario y quien en un principio la señaló como la mujer que participó en el falso retén policiaco, se desistió de ratificar su acusación.
La defensa de Mancera
Antes de la liberación de La Lore y desde su oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera justificó en entrevista con Raúl Monge su actuación en todo el caso:
“Lo que nosotros siempre dejamos claro es que se trataba de una banda muy grande, que estaban involucrados policías y que operaban en células. Y empezaron ahí las objeciones porque lo que nos decían es que los secuestradores nunca operan en células que no podían ser algo tan grande y que no tenían vinculación con otra actividad delictiva.
“Al final del día se comprobó que sí había células, que había incluso miembros de la banda que no se conocían entre sí, que estaban metidos policías federales y capitalinos, y que la línea troncal o la columna vertebral tenía que ver con el narcotráfico”.
Tras la liberación de La Lore el pasado fin de semana, Mancera Espinosa se refirió al caso:
“Se presentaron conclusiones inacusatorias. El procurador (Rodolfo Ríos Garza) consideró que con los elementos que se tenían y, sobre todo, tomando una nueva realidad tanto de criterios como de análisis en el sistema jurídico mexicano, los criterios que se tienen hoy derivados del sistema acusatorio, los planteamientos de principios en este sistema adversarial que quedan plasmados ya en la Constitución y las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, pues dan una orientación diferente al Ministerio Público”.
Siguió:
“A partir de estos principios, incluso se tiene ya al Ministerio Público con un principio que es el principio de oportunidad en donde yo estoy seguro que cada vez más vamos a ver asuntos así en donde se lleguen a los análisis cuando no tienes una prueba plena. Porque hay que recordar que hay varias etapas. La etapa de la prueba indiciaria para lograr primero una orden de captura, una prueba indiciaria robustecida en la formal prisión y la etapa de la prueba plena para la condena”.
Y remató: “El Ministerio Público es el que consideró que no tenía los elementos suficientes para llegar a la condena”.
Artículo publicado el 16 febrero 2015 en el sitio de información NotiGodínez
El diario La Jornada reveló hoy que la empresaria Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, es la causante de que el fiscal general de Guerrero negara la libertad a la líder comunitaria Nestora Salgado, presa desde agosto de 2013 en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de plagiar a dos jovencitas de 17 años.
Pese a que el empleado de Peña Nieto en el “gobierno” interino de Guerrero, Rogelio Ortega, prometió que la activista sería liberada a principios de este año, el fiscal general Miguel Ángel Godínez rechazó la petición para desistirse de los cargos contra Nestora, justo cuando la panista Miranda de Wallace y su patiño Alejandro Martí, intervinieron en el caso antes de que venciera el plazo legal para dictar la resolución.
De hecho, las causas penales contra la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fueron desechadas en marzo de 2014 por un tribunal federal, ordenando su excarcelación. No obstante, desde entonces se viene retrasando la ejecución de la orden con gran variedad de pretextos.
El caso de Nestora Salgado se remonta a junio de 2013, cuando ella era comandante de la CRAC-PC en su comunidad natal de Olinalá, Guerrero. Dos señoras se acercaron a ella para plantearle el caso de sus dos hijas de 17 años –Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa–, que se encontraban desaparecidas desde hacía varios días y, según sus propias madres, andaban en malos pasos.
Nestora movilizó a sus fuerzas y pronto dio con el paradero de las adolescentes, halladas en casas de sus “amigos” en Huamuxtitlán y Tulcingo. Como parte de las acciones de reinserción social implementadas por la CRAC desde 1995, las jovencitas fueron remitidas con el consentimiento de sus familias a diversas casas de justicia administradas por maestros de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, encargada de proyectos educativos para jóvenes infractores en conjunción con las autoridades comunitarias. Consta el acuerdo firmado entre las madres de las jóvenes y la CRAC, con fecha del 10 de junio de 2013.
Meses más tarde, las madres se “echaron para atrás” inexplicablemente y acusaron a Nestora Salgado de secuestro agravado y extorsión, cambiando sus versiones ante el Ministerio Público. A raíz de estas acusaciones, Ángel Aguirre y Peña Nieto emprendieron una brutal cacería sobre las autodefensas de la CRAC en varias localidades de La Montaña. Duarante un violento operativo, militares y efectivos de la Marina detuvieron en Olinalá a Nestora Salgado junto a otras 50 personas. Hasta el momento, 12 autodefensas permanecen encarcelados y declarados presos políticos del régimen sangriento de Aguirre/Peña.
En marzo de 2014, tras una dura lucha de organizaciones sociales, activistas y abogados defensores de derechos humanos para recuperar la libertad de la lider comunitaria, madre de tres hijas y migrante mexicana Nestora Salgado, el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco, José Luis Arroyo, determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no procedían, ya que Salgado había actuado facultada por su autoridad como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones legales derivadas de un acto de autoridad.
El mismo juez detectó contradicciones e inconsistencias en los dichos de los denunciantes, concluyendo que los supuestos montos de dinero que la policía comunitaria les exigía para liberar a los detenidos, en realidad eran fianzas y no sobornos como habían acusado. Por todo ello, el magistrado ordenó el no ejercicio de la acción penal contra Nestora Salgado y los otros 11 integrantes de la CRAC encarcelados. Sin embargo, retrasos deliberados del “sistema de justicia” han impedido que se ejecute la orden, la diligencia se mantiene trunca y no se han presentado en su totalidad las pruebas de descargo en favor de Salgado.
A principios de enero de este año, Rogelio Ortega presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien debía evaluar si procedía o no la liberación de Nestora. Un semana antes de que venciera el plazo para que Godínez informara su decisión, los empresarios panistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace emprendieron una campaña bestial de desprestigio contra la líder comunitaria.
Erigiéndose en jueces y dictadores de los destinos de este país, ambos panistas declararon a voz en cuello que la liberación de Nestora Salgado sería “ilegal y contraria a derecho”. Además acusaron a Ortega de no tener facultades para hacer dicha solicitud y denunciaron una supuesta “negociación” entre diputados federales y locales del PRD, para sacar raja política del caso.
Montando un teatro miserable, la “terrible Señora Wallace” ha utilizado a la joven Dulce Rubí Burgos, una de las acusadoras de Nestora, en sus conferencias de prensa para echar pestes contra las policías comunitarias. La muchacha prácticamente no habla, sólo se dedica a llorar junto a la poderosa empresaria mientras ésta, dramáticamente, la abraza.
De izquierda a derecha: Alejandro Martí, líder de “México SOS”; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de “Alto al Secuestro”, y la joven Dulce Rubí Burgos. Foto: Humberto González / La Jornada
El abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, denunció que la intervención de Miranda de Wallace y Martí “desvirtuó el debate jurídico” y violaría el debido proceso de Salgado, plagado ya de un sinfín de irregularidades, pues ambos sujetos pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público.
La feroz empresaria panista Isabel Miranda de Wallace tiene un largo historial de arbitrariedades cometidas en diversos casos, con tal de salirse con la suya. Su exabrupto más reciente lo aplicó a la periodista de investigación Anabel Hernández, luego de que ésta revelara que la empresaria manipuló a su antojo el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace, presuntamente asesinado por secuestradores, y que incluso el occiso podría seguir vivo. La panista estalló contra Hernández y acusó a la revista Proceso de presionar a testigos citados en el reportaje de la periodista para que mintieran.
En su libro “México en Llamas”, Anabel Hernández dedicó un capítulo entero a exhibir las acciones ilegales de esa terrible empresaria para hacerse “justicia” por su propia mano contra personas inocentes, solapada por el régimen genocida del usurpador Felipe Calderón.
Artículo de Jesusa Cervantes publicado el 29 de enero de 2015 en la revista Proceso
Los defensores de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, confían en el que fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acusación para que ella recupere la libertad. El diputado perredista Roberto López Suárez relata las maniobras del exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien movió incluso a la señora Isabel Miranda de Wallace y a Alejandro Martí para impedir la liberación de Nestora, y de paso exhibe las turbias andanzas del exfuncionario.
Integrantes de la CRAC exigen la liberación de Nestora Salgado. Foto: Jessica Torres
Nestora Salgado García afectó el negocio del grupo criminal Los Rojos en Olinalá y detuvo la trata de personas en la región, concluye la comisión plural de diputados federales que promueve la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), quien desde el 21 de agosto de 2013 está presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.
El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.
Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.
El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.
El diputado federal López Suárez comenta que el domingo 11 –tres días después de la petición del gobernador al fiscal–, autoridades de Guerrero le advirtieron que Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, se pronunciaron contra la libertad de Nestora pues, arguyeron, “ha indignado a sus víctimas y sus familiares”.
Al conocerse la petición de Ortega Martínez, cuenta López Suárez, Martínez Chávez localizó a una de las presuntas víctimas de la comandante de la PCO para que contara a los medios las atrocidades que sufrió por parte de Nestora, quien la tuvo encarcelada para “reeducarla”. El exsubprocurador también se acercó a Miranda de Wallace y a Martí para decirles que ella es una “secuestradora peligrosa”.
Martínez Chávez, dice el legislador, fue subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero y antes fungió como abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de los bares Cadillac y Lobohombo en la Ciudad de México.
Durante un tiempo él fue defensor de giros negros en el Distrito Federal e incluso en un principio litigó en favor de 14 personas que trabajaban en el bar Cadillac, detenidas en un operativo de julio de 2013 acusadas de presunta participación en la trata de personas.
Y ese es uno de los delitos que Nestora combatió en Olinalá cuando estuvo al frente de la PCO, por considerar que era explotación sexual y laboral que afectaba a mujeres y hombres: a ellas las prostituían, a ellos los integrantes de Los Rojos los usaban para el trasiego de drogas, como sicarios y para cometer actos de extorsión.
Ella afectó la ruta del trasiego de droga y el abigeato de ese grupo criminal, recuerda López Suárez. E insiste en que Martínez Chávez está detrás de las denuncias de Miranda de Wallace. Hay elementos que nos llevan en esa dirección; uno de ellos, dice, es que el único que sabía dónde estaban las presuntas víctimas de Nestora es precisamente Martínez Chávez.
Sin embargo ellas aparecieron en la conferencia organizada el lunes 12 por Miranda y Martí para dar a conocer fragmentos de la grabación de un encuentro del 1 de julio de 2014 en el cual participaron, entre otros, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador guerrerense Iñaki Blanco y el propio Martínez Chávez, sostiene el legislador.
Asimismo entregó a Proceso la versión íntegra de lo que se dijo en esa reunión en la cual Blanco, custodiado por Martínez Chávez, se lanzó contra Nestora y defendió a sus presuntas víctimas. Ese mismo discurso fue presentado por la señora Miranda en su conferencia de prensa.
El arresto
El 27 de octubre de 2012 Nestora Salgado fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, municipio que colinda con Puebla y donde, según las autoridades federales, está asentado el grupo criminal de Los Rojos.
Diez meses después, a mediados de agosto de 2013, un grupo de ganaderos fue emboscado. Dos de ellos murieron y uno desapareció. Los familiares acudieron con el síndico procurador del ayuntamiento, Armando Patrón Jiménez, a levantar la denuncia, pero no se les atendió.
Decidieron ir con Nestora, entonces dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien sí los atendió. Y cuando fue a recoger los cuerpos de los ganaderos encontró a Patrón Jiménez en la escena del crimen, “borrando evidencias”.
Nestora lo detuvo y lo trasladó a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para que fuera juzgado. Cinco días después, en un operativo conjunto, efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la estatal la arrestaron y la acusaron de secuestro y delincuencia organizada. Liberaron al síndico y a otros 40 detenidos.
En el encuentro del 1 de julio de 2014 en Casa Guerrero con Blanco y Martínez Chávez, los legisladores perredistas y dirigentes sociales solicitaron a Aguirre Rivero la liberación de la comandante.
Según el video mostrado por el diputado López Suárez, ese día el procurador, respaldado en todo momento por Martínez Chávez, expuso: “Quiero hacer un respetuoso llamado para atender a las víctimas (de Nestora). Para que esta mesa esté completa se requiere la asistencia de las mismas y de sus abogados… Hago un respetuoso llamado porque (entre ellas) hay dos menores de edad.
“Pareciera que de repente queremos borrar y desaparecer a estas personas (las detenidas en la Casa de Justicia). Lo cierto es que al estar ellas en casas de justicia estuvieron en condiciones deplorables, con toda clase de castigos y el artículo 36 de la Ley 701 que reconoce usos y costumbres, no dice qué es lo que se entiende por sistema de justicia…
“El problema es que parte de las personas fueron sujetas a sanciones y medidas de rehabilitación (pero) tenemos un severo problema en cuanto a la aplicación del derecho. Estas personas no tuvieron oportunidad de defenderse y presentar pruebas de descargo.
“Y algo muy importante: no aparecen las supuestas víctimas u ofendidas; tampoco ha aparecido un expediente debidamente integrado para sustentar una imputación y la imposición de una sanción a estas personas.
“Reitero el caso de los menores de edad, uno de 11 y otro de 13 años. Esto me parece absurdo… ellos fueron juzgados como cualquier otra persona, sin que en ningún momento se les permitieran medios de defensa (aun cuando) ningún artículo de la ley 701 refiere que se puede solicitar dinero a cambio de que alguien sujeto a una medida de reeducación (sea liberado).”
Añadió: “Ellos temen que al ser puestos en libertad atenten contra sus personas. Nosotros, en atención a las órdenes del señor gobernador, les implementamos asistencia jurídica, psicológica y social.
“Quiero recodar que una de las personas que estuvo sometido a medidas de reeducación en la Casa de Justicia fue agredido a machetazos. Él hace imputaciones contra integrantes de la CRAC-PC, particularmente contra Nestora Salgado.”
Luego de que el funcionario, respaldado por Martínez Chávez, abogó por las supuestas víctimas, incluido el síndico Armando Patrón, Aguirre Rivero se incorporó a la reunión y declaró: “Quiero dejar muy claro que la detención (de Nestora) no fue interés del gobierno.
“De mi parte –añadió– hay la voluntad política. Si hay que trasladar a la compañera Nestora a la Ciudad de México, yo no tengo ningún problema; y si tengo que hacer alguna gestión, la haré.”
Los legisladores le mencionaron, según el video, una ley de amnistía como salida, pero le pidieron a Aguirre Rivero que su gobierno se desistiera de su acusación.
El entonces mandatario respondió: “Lo que yo no quiero es que siga en la cárcel. Para decirlo en cristiano: no me interesa. Además, ustedes han hablado con Nestora de que habrá nuevas reglas…”
“Y ella está de acuerdo”, respondieron los legisladores.
En otra parte del video se escucha a los diputados cuando le aclaran a Blanco y a Martínez Chávez que ellos no estaban ahí para tomar clases de derecho, sino para encontrar una vía política y la pronta liberación de Nestora.
La andanada de Miranda
Después de que un juez federal reconoció que Nestora Salgado fue nombrada comandante por usos y costumbres, consideró que no cometió ningún secuestro, pues sólo cumplió con sus obligaciones, y la exculpó del presunto delito de delincuencia organizada, el jueves 8 el gobernador interino Rogelio Ortega pidió a la autoridad local desistirse de esos cargos.
Entonces Miranda de Wallace y Martí exigieron a Ortega Guerrero respetar la autonomía del fiscal Godínez Muñoz en el caso de Nestora y presentaron en la conferencia de prensa del lunes 12 a una de las presuntas víctimas de la comandante: Dulce Rubí Burgos Pérez, quien dijo haber sido detenida por la CRAC-PC el 8 de junio de 2013.
“El lugar donde estuvimos era horrible, fue lo peor que nos pudo haber pasado en la vida. Había ahí menores de 13 años; nos golpeaban, nos maltrataban… Por las malas condiciones en que nos tenían nos salieron piojos.
“Yo soy una víctima de secuestro de la señora Nestora Salgado. Como víctima sólo pido que se haga justicia… Y es que el tiempo que estuvimos ahí encerradas no nos daban de comer. Nos ponían a trabajar muy duro. Yo estuve enferma los tres meses y nadie me atendió”, narró Burgos.
El martes 13, Francisco Flores Jiménez, otro de los presos en la Casa de Justicia liberados en agosto de 2013 por las fuerzas especiales, organizó una conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad de México, para dar su versión:
“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas (en alusión a Dulce Rubí). No es verdad, la señora Nestora siempre nos trató (bien), de una manera que valorizáramos las cosas, el trabajo y a los compañeros de la (Policía) Comunitaria; nos daba comida buena, de la que había”, expuso.
Sobre las menores detenidas dijo que sus madres, que hoy son las principales acusadoras de la comandante detenida, le pidieron que ingresaran a sus hijas en la Casa de Justicia, porque “no entendían”.
También reveló que el día que lo liberaron junto con el síndico Armando Patrón y otros presos, el funcionario “nos dijo a todos que denunciáramos a Nestora Salgado por secuestro. Yo me negué”.
Después de la conferencia, Flores Jiménez regresó a Olinalá. Pero tuvo que salir de la comunidad, pues Patrón los amenazó a él y a su familia y le advirtió que no siguiera hablando, comenta el diputado López Suárez.
El viernes 23, dice, Flores Jiménez pidió protección al gobierno estatal ante las amenazas de síndico. El secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, le propuso presentar una denuncia formal contra su acosador para poder ayudarle.
Asimismo, insiste, fue Martínez Chávez quien puso en contacto a las personas liberadas de la Casa de Justicia con Miranda de Wallace, “pues él fue abogado en el caso de su hijo desaparecido”.
Martínez Chávez defiende lo mismo a propietarios de giros negros, como Alejandro Iglesias Rebollo, que a las madres de Jerzy Ortiz Ponce y Said Sánchez, hijos de presuntos capos de la droga en Tepito, quienes desaparecieron en el bar Heaven en mayo de 2013.
Fue él quien formó el expediente contra los implicados en el Pemexgate al ser asignado al Ministerio Público de la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.
López Suárez reitera: detrás de Miranda de Wallace y de Martí está el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, “pues sabe que si Nestora sale libre va a detallar cómo le armaron delitos y cómo convencieron a la gente para que la acusaran de secuestro”.
Alejandro Martí ha sido mal informado sobre el caso Nestora, comenta el legislador, pero Miranda sí tendría que explicar “cuál es su relación con Martínez Chávez, vinculado con tráfico de mujeres de Europa y Centroamérica”.
Proceso buscó a Martínez Chávez en la agrupación de Miranda de Wallace para conversar con él, pero no lo encontró.
Artículo deArturo Constantinipublicado el 20 de enero de 2015 en el sitiocencos.org.
Luego de que la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, fuera exonerada por los delitos del fuero federal, corresponde al gobierno de Guerrero desestimar los cargos estatales en su contra para que pueda recuperar su libertad, aseguró Cuauhtémoc Ruíz, integrante del Comité Nestora Libre.
Detalló que es una “decisión política” del mandatario estatal, Rogelio Ortega, que la jefa del grupo de autodefensa permanezca en prisión. “Entendemos que el gobernador se sienta presionado por esta campaña sucia de la señora Wallace y a la que se han sumado Sergio Sarmiento y Alejandro Martí”.
Cabe recordar que previo a las declaraciones hechas por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, en las que criticaron la posible liberación de Nestora, a la que llamaron una “secuestradora”; el gobernador Ortega se había pronunciado a favor de la libertad de la comandanta por considerarla una presa política.
Clotilde Salgado, hermana de Nestora, aseveró por su parte que el gobierno sabe que los cargos en contra de la comandanta son falsos. “Incluso el mismo gobernador (Ángel) Aguirre ya estaba concientizándose de que realmente se estaba cometiendo una injusticia”.
“Cuando se levantó el pueblo en armas, estuvo el señor Aguirre en Olinalá e hizo una reunión con todo el pueblo”, en la que él dijo “yo le doy mi voto de confianza de la seguridad de Olinalá a Nestora Salgado… y así fue como él (el exgobernador) empezó a apoyar a la Policía Comunitaria”, relató Clotilde.
Agregó que Aguirre otorgó a la Policía Comunitaria dos camionetas y dinero para que se pudieran mover. “Él estuvo totalmente de acuerdo”, sentenció.
Campaña de calumnias
“Antes de difamar a una persona, a un ser humano, deben de primero investigar”, respondió Clotilde a las acusaciones de Wallace y Martí, a quienes les pidió que fueran a Olinalá para conocer quién es Nestora Salgado García, pues “todo lo que han dicho es mentira”.
El Comité por la Libertad de Nestora dejó en claro, en su comunicado, que la señora Wallace es una “impostora y dócil instrumento” de los peores intereses en Guerrero, del exgobernador Aguirre y su procurador Iñaki Blanco, al igual que algunos sectores empresariales y del PRI.
Cuauhtémoc Ruíz se refirió a los reportajes de la periodista de Los Angeles Press Guadalupe Lizárraga sobre el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda.
En la investigación, la periodista asegura que el crimen de Hugo Alberto no sucedió e Isabel Miranda mintió a las autoridades mexicanas y cometió perjurio en la Corte de Chicago al presentar un documento falso para inculpar a Brenda Quevedo, a quien acusaron del secuestro.
“Isabel Miranda compró testigos de cargo, entre éstos al ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, el mismo que fabricó el expediente contra Nestora Salgado imputándole delitos graves como secuestro, secuestro agravado contra dos menores de edad y delincuencia organizada. Iñaki Blanco trabaja a las órdenes de Miranda y en 2010 protegió a Hugo Alberto Wallace, quien fue visto en las afueras de Acapulco, donde se escondía”, escribió Lizárraga.
Sobre Alejandro Martí, Ruíz explicó que él sí es víctima del clima de inseguridad y tienen una actitud de respeto hacia él. Sin embargo, “pensamos que en la conferencia de prensa, donde habló en contra de Nestora Salgado, él no se situó desde esta perspectiva de familiar de una víctima, sino que puso por delante sus prejuicios de tipo social y empresarial”, por lo que “llamamos a reconsiderar su actitud de injusticia”.
“Yo sé que no fue así”
Francisco Flores Jiménez, quien estuvo ingresado en la Casa de Justicia El Paraíso un mes en proceso de reeducación, desmintió las aseveraciones de las madres de Dulce Rubí Burgos Pérez y Betsabé Rubí Baltasar Sosa, quienes acusaron a Nestora Salgado de haber secuestrado a sus hijas.
“Todo lo que dicen las chamacas no es verdad, porque la señora Nestora Salgado siempre nos trató de una manera que hay que valorizar las cosas, el trabajo”, dijo Flores. “Aparte de eso, a las mujeres le daban más preferencia”.
El joven, en el mes que estuvo en la Casa de Justicia, coincidió con las jóvenes y aseguró que ellas nunca pidieron rescate, además de que podían hacer llamadas a sus familias para que “supieran que no era como decía la gente; como ahora la mamá de las chamacas, ahí en Olinalá anduvieron diciendo que dijéramos que nos tenían secuestrados, que nos trataban como perros, y yo nunca dije eso porque, pues, no es verdad”.
A su vez, Ruíz comentó que el síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, presionó a Francisco Flores para que diera falsos testimonios acerca del tiempo que estuvo detenido.
que diera falsos testimonios acerca del tiempo que estuvo detenido.
“El abogado de Wallace fue quien encarceló a Nestora de forma ilegal, por eso ahora actúa con dolo”; lamenta Carlos de Jesús Alejandro
El diputado del PRD Carlos de Jesús Alejandro
El diputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro, afirmó que la presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, es una “ignorante” en el caso de Nestora Salgado.
Miranda de Wallace advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias para impedir que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá Nestora Salgado García, salga en libertad por un acuerdo político. Además acusó a la comisión de diputados federales que buscan su liberación de violentar la ley.
Los activistas Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, acusaron a los legisladores de incurrir en tráfico de influencias para liberar a Nestora Salgado, acusada de secuestro en el estado de Guerrero.
En entrevista telefónica, el diputado federal de Guerrero Carlos de Jesús Alejandro, aseguró que la presidenta de la organización Alto al Secuestro, actúa con dolo para defender a su abogado Ricardo Martínez Chávez, acusado de trata de personas y a quien se señala como el que metió a la cárcel de manera ilegal a Nestora Salgado, cuando fue subprocurador en Guerrero.
“Nosotros no tenemos pleito con nadie, nosotros somos de a de veras, defensores de los derechos humanos, junto con otras personas defensoras de Nestora Salgado y, en todo caso yo le diría al señor Martí que se informe, creo que a él finalmente lo engañaron”, acusó Carlos de Jesús.
Agregó: “Y en el caso de la señora Wallace, la panista, yo diría que ella si actúa con dolo porque defiende a su amigo el abogado delincuente, al antrero Ricardo Martínez Chávez “.
Por ello retó a los activistas a tratar el tema en público y puedan tener la certeza de que no existe un tráfico de influencias como lo señalaron.
Indicó que Wallace piensa que Nestora Salgado es secuestradora y narcotraficante, como los múltiples homicidas del país que han pactado con las diferentes autoridades de gobierno para continuar en la impunidad.
El diputado perredista dijo que los abogados de la organización y un grupo de académicos ya analizan los recursos jurídicos para apelar en caso de que la Fiscalía General del Estado (FGE), dé entrada a la petición de desistimiento legal a favor de Nestora Salgado, que hizo el gobernador Rogelio Ortega Martínez.
De acuerdo con el diputado federal perredista, la activista es manipulada por el ex titular de la Procuraduría General de Justicia Iñaki Blanco Cabrera y el ex sub procurador de Atención a Víctimas, Ricardo Martínez.
Explicó que ambos ex funcionarios “están preocupados” porque con la liberación de Nestora Salgado se abriría la posibilidad de que ellos fueran demandados judicialmente.
Indicó que Ricardo Martínez es el abogado personal de la señora Wallace, por lo cual existen motivos para que la activista se oponga a la excarcelación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá.
El legislador señaló que si la señora de Wallace realmente está preocupada por ver la realidad de las cosas, debe luchar por la liberación de Nestora, ya que dijo, la luchadora social impidió muchos secuestros en la región de la montaña.
Carlos de Jesús Alejandro dijo esperar que el fiscal general del estado emita una resolución justa, basada en los elementos de prueba y los expedientes.
Con ello invitó a Alejandro Martí y Isable Wallace a llevar a cabo un recorrido por la montaña de Guerrero para que constaten la situación que se vive en Guerrero, y confirmen que Nestora Salgado fue una luchadora que evitó un gran número de secuestros y logró disminuir los índices de violencia, lo cual provocó afectaciones personales de otras personas y por ello le sembraron delitos, por los cuales hoy está en un penal de máxima seguridad.
Dijo que el caso de Nestora Salgado ha tenido muchas violaciones a la ley, desde su proceso de arraigo hasta la violación a sus derechos humanos, donde no ha existido la sensibilidad por ser una indígena y una mujer.
Roberto López Suárez, diputado por el PRD habló sobre el caso de Nestora Salgado. Afirmó en entrevista con Carmen Aristegui que fue detenida sin orden de aprehensión y trasladada a un penal de máxima seguridad, porque tocó intereses políticos, ya que en 2012 desarticuló una red que organizaba secuestro de mujeres y niñas con fines de trata. Dijo que Salgado tocó intereses como la trata de personas, narcotráfico, robo de ganado y extorsiones.
Recordó que el mismo gobernador reconoció que la PGJE tenía una instrucción estrictamente personal contra Nestora. Y pidió que Isabel Miranda de Wallace, así como Alejandro Martí quienes se pronunciaron contra la liberación de Nestora Salgado se informen más, además pidió que Wallace diga ¿Cuál es su relación con Ricardo Martínez, vinculado con tráfico de mujeres de Europa y Centroamerica?
Artículo de Arturo Ángel del 15 de enero de 2015 publicado en 24 horas.
El abogado Emiliano Gómez Mont privilegia vía jurídica sobre la política; señala que los presuntos secuestrados eran detenidos
El abogado penalista Emiliano Gomez Mont, integrante del despacho jurídico que defiende a la comandanta de la Policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, aseguró que ella no secuestró a nadie y es inocente, y que las víctimas en realidad eran personas que estaban legalmente detenidas.
En entrevista concedida a 24 HORAS el litigante respondió a los cuestionamientos planteados el lunes por los activistas Alejandro Martí e Isabel Wallace, quienes acusaron que por presiones políticas, en particular de legisladores del PRD, la fiscalía del Estado se desistió de la acusación contra Salgado sin tomar en cuenta a casi 50 víctimas de plagio.
Gómez Mont aclaró que si bien existe un frente político que está actuando en favor de Salgado, la defensa tiene una ruta jurídica muy clara la cual, hasta ahora, ha demostrado que la comandante comunitaria no incurrió en delito alguno.
“Nosotros (la defensa) ya presentamos un recurso de desvanecimiento de datos por dos de los procesos locales iniciados en Guerrero siguiendo la misma línea que se obtuvo de un tribunal federal. Esto no es un recurso que dependa del gobierno local sino que es directamente en el Poder Judicial” señaló.
Este recurso, detalló Gómez Mont, se desprende de la determinación tomada el año pasado por el Tribunal Unitario del Vigésimo primer Circuito, el cual revocó el proceso que había a nivel federal por el delito de crimen organizado con fines de cometer secuestro en contra de Salgado, tras verificarse que ella si era líder de una fuerza comunitaria legalmente reconocida y actuó como tal.
La Ley 701 de Reconocimiento, derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, en su artículo 37, confirma el reconocimiento de la Policía Comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias.
Bajo esa figura jurídica se encuadra la actuación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la que Nestora Salgado era comandante para la zona del municipio de Olinalá.
“Se demostró que la actuación de Nestora fue siempre como líder de la policía. Los secuestros a los que se refieren no fueron tales sino eran detenciones que realiza esta fuerza y los rescates de cinco mil pesos que se mencionan tampoco eran tales sino las fianzas que la misma policía fijaba y esto es bajo el amparo de la ley que existe” indicó.
El litigante reconoció que son ciertos los casos de gente retenida por varias semanas en Olinalá, situación que exceden los tiempos fijados legalmente de una detención, pero dijo que eso obedece a los modelos de autogestión de estas comunidades y en todo caso, la revisión sería al marco jurídico vigente.
Apoyo de EU y despacho
Gómez Mont confirmó que autoridades consulares de Estados Unidos han intervenido en el caso debido a que Salgado cuenta con la ciudadanía estadunidense luego de que en la década pasada trabajo varios años allá. La comandante tiene de hecho calidad de residente en el suburbio de Renton, Washington.
El abogado subrayó que se trata del apoyo que ofrecería cualquier representación consular a un ciudadano suyo sometido a un proceso penal, y se enfoca solamente en un seguimiento y asistencia técnica en el caso.
Y sobre la intervención del despacho Gómez Mont, cuestionada también ayer por Martí y Wallace, el abogado aclaró que no se trata de la oficina principal sino del despacho que el encabeza. “Nosotros somos un despacho chico y tenemos interés especial en asuntos de comunidades indígenas, no hay otra explicación más que esa”, señaló.
El penalista agregó que Nestora Salgado ya nombró a otro abogado para que la represente directamente en Guerrero aunque el despacho Gómez Mont continuara participando también en la defensa.
El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, afirmó que el tema de Nestora Salgado es un caso de presos políticos y detalló que ella no cuanta con delitos federales, pero “está en una prisión federal y eso me parece una aberración”.
En entrevista radiofónica con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Ortega indicó que Nestora Salgado, alias La Comandanta, podía retener a las personas, pues pertenecía a la policía comunitaria y eso no es un delito.
«Se le acusa a la ciudadana Nestora Salgado de 50 secuestros, pero el juez la exoneró de un delito federal (…) Ella podía retener a las personas por ser policía comunitaria”, informó.
Rogelio Ortega dijo que “no se tipifica como secuestro a las personas que retiene la policía comunitaria y se paga un dinero, que no es rescate, sino una fianza”.
Después de que Miranda de Wallace y Alejandro Martí señalaran que el gobernador de Guerrero estaba pidiendo la liberación de La Comandanta, Rogelio Ortega comentó que él recibió la solicitud por parte de los familiares de la acusada y a partir de ahí se manda la carta para revisar el caso.
El mandatario mencionó que él debe checar toda la problemática del estado, por ello revisó el caso de Nestora Salgado.
«Es muy importante para mí el tema del perdón porque yo tengo la cultura cristiana, yo lo tengo muy gravado.»
mexicoporflorencecassez.wordpress.com 
